Víctimas de la dictadura, asociaciones de memoria histórica, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personajes del mundo de la cultura se dan cita en Madrid para poner en marcha la Plataforma por la Comisión de la Verdad que tratará de impulsar la investigación de los crímenes del franquismo
ALEJANDRO TORRÚSMadrid26/05/2013
Los participantes en el acto de presentación de la Plataforma Comisión de la Verdad. REBECA MATEOS HERRAIZ (Periodismo Humano)
El cerco a la impunidad del franquismo cada vez es mayor y la sed de verdad, justicia y reparación de víctimas y sociedad comienza a ser ya insostenible. A la causa abierta en la Justicia argentina que investiga los crímenes cometidos por la dictadura franquista se ha sumado este domingo la creación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que pone en marcha una campaña nacional e internacional para denunciar ante las instituciones españolas, europeas y ante la propia ONU el desamparo jurídico y político que sufren todavía hoy las víctimas de la dictadura, así como el incumplimiento sistemático de la legislación internacional sobre derechos humanos por parte del Estado español.
«Esta es una convocatoria por la democracia y por la verdad. Para que un sistema democrático sea fuerte debe estar asentado en una base firme y real y nuestra democracia actual tiene una base falsa y débil. Debemos investigar y asentar nuestra democracia en una base real de repudio contra la dictadura y el fascismo y la defensa de los derechos humanos«, ha señalado la abogada Cristina Almeida en el acto celebrado este domingo en el auditorio de Comisiones Obreras en Madrid.
Razones no faltan para la constitución de la plataforma y la búsqueda de ayuda en el exterior. Los datos de la represión franquista son escalofriantes: 120.000 víctimas de desapariciones forzadas, 30.000 niños robados y una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar. Ante estos datos, lo único que el Estado español ha realizado es una Ley de Memoria Histórica calificada de «tibia e insuficiente» por las víctimas y el intento de juzgar los crímenes de la dictadura por parte del juez Baltasar Garzón, que acabó con su expulsión de la magistratura.
«Para que un sistema democrático sea fuerte debe estar asentado en una base firme y real» Por ello, el presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, ha lanzado un llamamiento a la Justicia internacional para que intervenga en España a través del derecho de Justicia universal. «Cuando nos planteamos exigir la creación de una Comisión de la Verdad es porque en España nos han cerrado todas las vías, a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU», explica Ruiz.
Es precisamente a este organismo a quien se encomienda la Plataforma para la creación de una Comisión de la Verdad que establezca qué crímenes se cometieron, por qué se cometieron, quiénes fueron sus víctimas y sus responsables, tal y como la propia ONU viene recomendando a España desde el año 2010. «¿Por qué ha sido posible en Argentina o en Guatemala y aquí no? Nos costará mucho trabajo. Tendremos que quitar muchos prejuicios pero el establecimiento de esta Comisión es fundamental para constituir un núcleo de verdad oficial que recoja los crímenes de la dictadura», ha añadido Ruiz.
Objetivo de la Comisión de la Verdad
La puesta en marcha de esta Comisión de la Verdad, una reclamación histórica de las asociaciones de memoria, tiene por objetivo final «construir la memoria de las víctimas» que complemente la memoria oficial del Estado y cierre, de una vez por todas, las heridas abiertas. «La creación de una Comisión de la Verdad no es un invento nuestro. Es un instrumento que la ONU pone al servicio de los pueblos para que se investiguen, se reparen y se cierren las heridas abiertas. ‘¿Por qué necesitamos esta Comisión?’ Se preguntará mucha gente. El motivo es claro: decenas de miles de personas siguen enterradas en las cunetas sin que nadie sepa dónde exactamente», ha señalado a un auditorio repleto el abogado de UGT Manuel de la Rocha.
«La creación de una Comisión de la Verdad no es un invento nuestro. Es un instrumento que la ONU pone al servicio de los pueblos»De hecho, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ya ha enviado diversas preguntas al Gobierno del Partido Popular que deben ser resueltas de cara a su más que probable visita a España durante el próximo mes de noviembre. Esta visita podría significar el impulso definitivo para la creación de esta Comisión.
En este sentido, la profesora titular de Derecho Penal de la UCM Araceli Manjón asegura que la creación de una Comisión de la Verdad es fundamental para construir la «memoria de las víctimas» en cualquier país que haya sufrido una guerra civil, una dictadura o un genocidio. «En nuestro caso hemos sufrido las tres», ha aseverado al tiempo que explicaba que no hay ninguna norma jurídica que imposibilite la creación de este órgano.
«Una vez que la Ley de Memoria ha sido abortado por el actual Gobierno por vía presupuestaria y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insultado a las víctimas diciéndoles que sus reclamaciones han sido realizadas demasiado tarde, la única opción que nos queda desde España es la constitución de esta comisión», ha señalado Manjón.
Naciones Unidas define estas comisiones como: «Organismos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años», ha recordado Jorge Rodríguez, representante de la Asociación Española de Defensa de los Derechos Humanos. «A este respecto cabe recordar que los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben por muchos años que pasen», ha añadido.
Asimismo, la Plataforma se propone como objetivos la exhumación de los restos de las víctimas por cuenta del Estado; la reparación de las víctimas vivas; completar el mapa de fosas y censos de víctimas; la rehabilitación de los exiliados; la devolución de los patrimonios expoliados por el franquismo; la tipificación como delito de la exaltación de la dictadura franquista; y la derogación de toda la legislación y disposiciones legales que impiden o limitan el acceso ala documentación y archivos del periodo franquista.
«Malos actores»
A la presentación de esta campaña internacional también han acudido representantes del mundo de la cultura, como la actriz María Barranco, de los medios de comunicación, como el director de Público Carlos Enrique Bayo, y hasta cuarenta diversas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo.
«España es segundo país del mundo con más muertos en las cunetas después de Camboya»»España es segundo país del mundo con más muertos en las cunetas después de Camboya. Sin embargo, en ese país sí que se juzgó a los genocidas que cometieron esos crímenes y aquí no se ha hecho», ha señalado Carlos Enrique Bayo, que ha destacado el papel que juega la sección de Memoria Pública dentro del periódico: «Es una iniciativa como no ha habido ninguna otra en España. Estamos intentado poner en contacto a los supervivientes, defensores y familiares de las víctimas y, con la ayuda de los descendientes, poner en claro lo que ocurrió con las víctimas que están en nuestras cunetas».
Por otro lado, la actriz María Barranco ha puesto la nota de color al acto con un discurso irónico en el que ha criticado la hipocresía de la clase política, su falta de rigor al utilizar la palabra verdad y sus malas actuaciones a la hora de justificar sus decisiones. «Son malos actores y la verdad es que yo ya me estoy cansando. Nos queda mucho por hacer y no va a haber quien nos pare en nuestra lucha», ha sentenciado la actriz con una bandera republicana atada al cuello.
Escrito por jordicarreno 
Sobre la querella argentina contra los Crímenes del Franquismo, Villarejo opina que, hasta ahora, el Ministerio de Justicia, que tramita las comisiones rogatorias que tienen que atravesar primero el ámbito gubernamental y luego pasar al ámbito judicial, «ha puesto toda clase de dificultades y obstáculos para que se practiquen diligencias». «Como las que se iban a practicar hace un mes [se refiere a las videoconferencias en el consulado de Argentina] y que no se pudieron practicar por unos supuestos problemas técnicos que yo creo que eran políticos. El gobierno español se opone frontalmente a que se investiguen aquí los crímenes del franquismo. Tengo mis reservas que todo eso llegue a buen puerto, pero ojalá que se consiga superar esos obstáculos por la justicia argentina».
ampliar foto
La Memoria Viva 
