Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


Las leyes de Franco para oficializar el miedo…

noviembre 24, 2013

La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.

PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año.

Esta norma fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier actividad “perturbadora del orden público” fomentada por asociaciones y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se expone en el artículo dos de la ley.

La Ley de Orden Público contemplaba multas de hasta un millón de pesetas

Asimismo, otorgaba competencias a la “autoridad gubernativa y sus agentes”, es decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización del orden público.

“Fuera de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo”, explica el historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. “La propia naturaleza del franquismo es un sustancialmente represiva”, matiza. Prueba de ello eran las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma, variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500 pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.

Una ley para oficializar el miedo

En febrero de 1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se había cometido -durante los años de la Segunda República-. “Esa ley se concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al enemigo”, subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados como a quien mostrara “pasividad grave” al respecto.

En 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó

Dicha norma posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en espera de iniciarse.

En 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad de Castilla La Mancha publicado en 2007.

La legislación oprimía fundamentalmente a las mujeres 

El entramado jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936, la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República. La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.

“También se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio”, apunta Álvaro Dueñas. “Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres”, añade.

Juicios militares para delitos de contrabando

En un estado militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto régimen de racionamiento. “La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión militar, pero lo importante es cómo se aplicó: “Acabaron siendo juzgados los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas con el contrabando“, detalla Álvaro Dueñas.

Con especial dureza se aplicaron también las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.

http://www.publico.es/484494/las-leyes-de-franco-para-oficializar-el-miedo


“El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada”

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. “Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos”, aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la “restricción” de esos derechos “sea proporcionada a los fines que se persigue”. “Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos”, explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. “Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones”, recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que “toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales”, concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada


Reclaman transformar el Valle de los Caídos en un memorial para las víctimas de la dictadura.

noviembre 24, 2013

 

EFE Madrid 23/11/2013

Un momento de la concentración convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid para denunciar la permanencia del Valle de los Caídos como un mausoleo de Francisco Franco y un lugar de peregrinación del fascismo internacional.

Un momento de la concentración convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid para denunciar la permanencia del Valle de los Caídos como un mausoleo de Francisco Franco y un lugar de peregrinación del fascismo internacional.EFE/J.J.Guillen

Alrededor de 300 personas se han concentrado este sábado frente al Valle de los Caídos para exigir al Estado “que ponga fin a ese lugar de culto fascista, símbolo de la impunidad del franquismo”, y reclamar que se transforme en un memorial para las víctimas de la dictadura.

La concentración, que ha tenido lugar esta mañana y ha transcurrido con total normalidad bajo el lema Verdad, Justicia, Reparación y Antifascismo, estaba convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la Sierra y el CSO La Fabrika, y apoyada por la Coordinadora Contra la Impunidad del Franquismo y Coordinadora Antifascista.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado al Estado porque, a juicio de los convocantes, sigue protegiendo a los “criminales franquistas”. “Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad, ni la dignidad política, para cumplir con su obligación con respecto a las víctimas del franquismo. Y el Valle de los Caídos es la muestra más palpable de esa indignidad”, se ha recriminado. También se ha comparado la situación en España con otros países de su entorno, en los que “los vestigios que rememoraban los fascismos del siglo XX han sido destruidos o reutilizados” para recordar a las víctimas.

Por ello, han reivindicado, entre otras cosas, transformar el Valle de los Caídos en un espacio dedicado a la memoria de las víctimas de la dictadura, así como exhumar los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Asimismo, han reclamado que se investigue el número y el origen de las miles de personas que están sepultadas allí, además de pedir que este lugar se retire de la propaganda turística de la Comunidad de Madrid.

http://www.publico.es/484459/reclaman-transformar-el-valle-de-los-caidos-en-un-memorial-para-las-victimas-de-la-dictadura


Franco aún provoca trifulcas en el Senado 38 años después de morir

noviembre 22, 2013

Un senador socialista dice a los del PP que “no se crispen” cuando se habla del dictador y la bancada conservadora estalla en protestas y algún que otro gesto inapropiado

PÚBLICO / EUROPA PRESS Madrid 20/11/2013

El senador socialista Tonxu Rodríguez.

El senador socialista Tonxu Rodríguez.

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Ni muerto deja de dar guerra. O si se mira desde otra perspectiva, podría decirse que algunos todavía no han asumido con naturalidad su muerte. En el 38º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Pleno del Senado ha sido escenario de un cruce de reproches entre senadores del PP y el PSOE cuando se debatía en el Pleno de la Cámara la Ley de Transparencia.

Al subir a la tribuna, el senador socialista Tontxu Rodríguez comenzó su intervención pidiendo a los parlamentarios del PP que no e crisparan cuando se les habla del dictador Francisco Franco, un tema que había abordado él mismo en otro debate parlamentario sobre la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

“No se crispen cuando les he hablado dictador Franco, no pasa nada. No renieguen del pasado ni abjuren del pasado, llévenlo con dignidad”, pidió a los ocupantes de la bancada conservadora, provocando sonoras protestas. Fue en ese momento cuando, según asegura Rodríguez, el senador del PP por Lugo Dámaso López realizó un gesto “diciendo si había bebido”.

Tonxu Rodríguez asegura que el senador conservador repitió el gesto en dos ocasiones y algunos de sus compañeros del PSOE afirman haberlo visto también. Sin embargo, ante su petición de que Dámaso López lo retirara, el senador del PP dijo que había sido malinterpretado.

“No quise decir eso. Lo entendieron mal”, defendió Dámaso López ante la petición de tranquilidad del presidente de la Cámara, Pío García-Escudero. “Les pido a todos que me ayuden a llevar los debates. El senador del grupo que sea que esté interviniendo en la tribuna se merece respeto”, recordó García-Escudero.

También intervino favor del diputado socialista el secretario general de su grupo parlamentario, José Miguel Camacho, quien reconoció que los debates políticos pueden ser “muy duros” pero calificó de “falta de respeto total” el comportamiento del senador conservador.

http://www.publico.es/483714


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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Lea el Informe del Comité de la ONU sobre desapariciones del franquismo (PDF

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


Tres minutos para denunciar cuatro asesinatos

noviembre 22, 2013

Olivia Carballar / Aracena (Huelva) / 22 nov 2013

 

Sello del registro de entrada de la denuncia.
Sello del registro de entrada de la denuncia.

Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):

-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.

Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:

-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?

-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.

-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.

-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.

Registro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.

-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.

-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.

Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.

Paqui Maqueda e Isabel Carmona.

La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.

Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos  de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.

“No  esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.

Restos hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja

“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

“Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón”, han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. “Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas”, ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. “Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara”, ha defendido.

Compromís-Equo: “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así” “El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España”, ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de”asumir esta proposición”.

Según Rodríguez, “expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista”.  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado “el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma”, mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de”Libertad, justicia y reparación” de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras “infracciones graves”.

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así”, ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben “cuál será el resultado” de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral “porque no compartían el conjunto de la iniciativa”, pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que “entre todos” logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


¿Quién humilla a las víctimas y ensalza a los asesinos?

noviembre 22, 2013

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Preso del chantaje del sector más ultramontano del Partido Popular, Rajoy tomó finalmente una decisión rápida (en sólo tres días) y dio luz verde al PP para que sus dirigentes participaran en la manifestación de rechazo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que Esperanza Aguirre calificó de “infame”. No contenta con ese calificativo, la presidenta del PP de Madrid aseguró que era necesario evitar que el veredicto “humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos”.

En ese ámbito, tanto ella como su partido tienen amplia experiencia y sus acciones se corresponden mucho más fielmente con esa frase que el dictamen de los magistrados europeos contra la doctrina Parot, un dogma jurídico de más que dudosa legalidad, pues busca a todas luces sortear los límites de la Ley para alargar la estancia en prisión de condenados que ya han cumplido la pena máxima aplicable en nuestro sistema judicial. Por muy horribles que sean los crímenes cometidos, en democracia la Justicia no puede pretender venganza, ni sus más altos tribunales incurrir en detención ilegal del reo.

Lo que sí debe procurar la Justicia democrática es la reparación y rehabilitación de las víctimas… de todas las víctimas. Pero los derechistas que se manifestaron el 27 de octubre contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo escogieron el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos” porque, para ellos, como dijo Aznar: “Hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos pierden”.

Para los que somos hijos o nietos de los vencidos en la Guerra Civil y de los perseguidos por la posterior dictadura fascista, es más que evidente el afán malévolo de los que niegan cualquier tipo de justicia a las víctimas del franquismo, mientras se llenan la boca con la permanente reivindicación del necesario desagravio a las del terrorismo para justificar posiciones ultraderechistas. Igual que es de una doblez moral insultante que Javier Zarzalejos, uno de los negociadores con ETA de la era Aznar, clame ahora desde su puesto de secretario general de la FAES que la sentencia de Estrasburgo es “una herencia indeseable” de la supuesta “operación política” de Zapatero para apaciguar a la banda terrorista.

Todo ello, protagonizado por los mismos que mantienen la afrenta del desprecio y el olvido de todos los familiares y allegados de los 130.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista; que impiden la exhumación de los restos de fusilados y asesinados que permanecen en las 2.500 fosas comunes aún sin abrir en España; que obstruyen el trabajo de los tribunales que han tratado de reparar semejante ignominia e incluso han logrado apartar de la carrera judicial al magistrado que se atrevió a revisar los crímenes del franquismo; que desoyen sistemáticamente todas las reclamaciones de las Naciones Unidas para que se investiguen las desapariciones masivas de civiles durante el régimen de Franco; que incluso incumplen los tratados internacionales rubricados por España para proteger a torturadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Y no sólo eso, además promueven comportamientos neonazis y rinden continuos homenajes a los fascistas que sometieron al terror a todos aquellos que no se doblegaron a una ideología totalitaria que todavía hoy causa pavor y repudio en todo el mundo… menos en España.

El resultado de tamaña iniquidad es que la ONU acaba de exigir al Gobierno español que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. La primera respuesta ha sido una nueva burla feroz, al negar el Ministerio de Justicia de Gallardón que jamás se haya obstaculizando la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya no cabe la menor duda de que la comunidad internacional se va a movilizar definitivamente para forzar al Gobierno del PP a reconocer nuestro terrible pasado fascista, al que la derecha española no sólo añora sino que ni siquiera pretende renunciar. Cuando ese momento llegue, España habrá quedado en evidencia ante el mundo como el último reducto de la ideología que desencadenó la Segunda Guerra Mundial e instigó el Holocausto.

Entonces, junto a esa tremenda vergüenza, los españoles tendremos por fin la certeza de quiénes son los que humillan a las víctimas y ensalzan a los asesinos.

http://blogs.publico.es/eltableroglobal/quien-humilla-a-las-victimas-y-ensalza-a-los-asesinos/664


Los ‘niños de la guerra’ “ruegan” a Rajoy que recupere la subvención que les retiró Zapatero…

noviembre 22, 2013

El Centro Español de Moscú denuncia que sin la ayuda del Estado español están condenados a desaparecer. El ayuntamiento de Moscú ha denegado toda ayuda al Centro y ha reiterado la subida del alquiler de un 100%. Vladimir Putin también desoyó sus peticiones de auxilio.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 22/11/2013

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

Foto de familia de los llamados “niños de la guerra” civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

El Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE en la URSS y punto de encuentro desde 1965 de los niños de la Guerra Civil española que fueron traslados al Estado soviético, continúa en una situación agónica, cercana al cierre. La subida del alquiler del 100% por parte del Ayuntamiento de Moscú hace “prácticamente imposible el mantenimiento del Centro” y las llamadas de socorro de los hoy nonagenarios niños de la guerra son constantes. Tras pedir ayuda, sin éxito, al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Centro reclama al Gobierno que atienda su petición de recuperar la subvención de la que fue receptor hasta el año 2010, cuando se le fue retirada por “no haber sido justificada convenientemente”.

“No disponemos de la suma de dinero que nos pide el Ayuntamiento ruso y tampoco de la subvención que nos envió España durante muchos años. Así, nos será imposible seguir manteniendo abierta esta casa de todos los españoles que residen en Rusia. Necesitamos ayuda”, señalaba ayer a este medio Francisco Mansilla, presidente del Centro Español en Moscú.

En una misiva dirigida al Imserso, los niños de la guerra “ruegan” a las autoridades españolas retomar la subvención de 21.000 euros que durante tanto tiempo estuvieron recibiendo y que fue cancelada en el año 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Administración alegó que el Centro no estaba utilizando la totalidad de los fondos enviados a mantener el normal funcionamientos del Centro y sí hay a otros fines. Desde el Centro Español de Moscú explican que esos fondos fueron utilizados para pagar los “entierros y medicinas” de algunos miembros españoles del Centro Español que no tenían nada.

“La situación en Rusia es muy dura y las pensiones son muy bajas. Hubo casos de españoles que murieron y que no disponían de ningún dinero para ser enterrados y el Centro sufragó los gastos”, señala a Público Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio, y apoderado del Centro en España.

Para recuperar la subvención, el Centro Español de Moscú se ofrece a reintegrar la cantidad de dinero, más los intereses, que el Imserso considera que ha sido “mal utilizado”: 25.554 euros, en un plazo de diez años, a través de cuotas extraordinarias a los socios y donativos desinteresados de la ciudadanía. Sin embargo, la oferta del Centro, que se encuentra en una situación desesperada, no ha sido atendida por el Gobierno hasta el momento.

“Un mes después de ser enviada la carta contestó [julio] el Imserso y nos dijo que pasaba la petición a Hacienda. Desde entonces no sabemos nada. Hacienda no nos ha contestado, ni tampoco dado acuse de recibo. Nos parece hasta de mala educación”, se lamenta Dolores Cabra, que se queja de lo “inhumano” del trato de la Administración cuando antes “todos los presidentes del Gobierno y hasta el príncipe habían acudido a visitar al Centro”.

Subida de alquiler de un 100%

La situación que vive el Centro Español de Moscú, ya delicada de por sí, se ha agravado tras la decisión del ayuntamiento de Moscú de casi duplicar el precio del alquiler del local con efectos retroactivos desde el pasado enero. El coste de la sede ha pasado de 1.236 euros al mes a algo más de 2.400 euros. La única explicación del ayuntamiento de Moscú ha sido una vaga referencia a un “acuerdo suplementario” con fecha del 23 de agosto.

Ante la quiebra económica de la entidad que supondría este dramático cambio en las condiciones del arrendamiento, el Centro pidió al ayuntamiento de Moscú pagar un “alquiler simbólico” de “un rublo al mes” por el local que arrendan en el centro de la capital rusa. La histórica institución trataba de acogerse a los privilegios que el ayuntamiento moscovita sí ha concedido a otras organizaciones como el Circo de Moscú.

Sin embargo, la respuesta de Moscú llegó esta misma semana: No. El Centro debe pagar el doble de lo pagado hasta el momento desde el mes de enero de 2013. “Es tremendo que el país que los mandó para allá cuando eran niños y el país que los recogió se olviden de ellos ahora que son nonagenarios. Es una vergüenza”, prosigue Cabra.

El único alivio para las arcas del Centro Español ha llegado desde Euskadi. El Gobierno de Patxi López (PSOE) aprobó una ayuda de urgencia de 10.000 euros que fue ratificada y hecha efectivo por el Gobierno de Urkullu (PNV) tras las elecciones. “Con los 5.000 euros del segundo pago de la subvención y las aportaciones desinteresadas de los ciudadanos pagaremos la deuda contraída con el Ayuntamiento, pero en las arcas ya no queda nada. La situación es insostenible”, zanja Cabra.

 

‘Los niños de la guerra’

La larga travesía hacia el olvido de estos españoles en perpetuo exilio comenzó en 1937. Alrededor de 3.000 menores españoles llegaron a Rusia huyendo de la Guerra Civil y fueron alojados en las llamadas ‘Casas de niños españoles’, residencias donde recibían educación y alimentos. La Unión Soviética procuró una carrera universitaria al que deseara estudiar y un oficio industrial a los que prefirieron trabajar. A pesar de las circunstancias, muchos de ellos reconocen haber sido unos privilegiados por el trato recibido de las autoridades soviéticas, sobre todo si se compara con los derechos del pueblo ruso.

La tragedia, sin embargo, iba por dentro. Han vivido la Guerra Civil cuando aún eran demasiado pequeños para entender qué estaba ocurriendo, pero también padecieron el horror de la II Guerra Mundial. Muchos de ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que trabajar en la construcción de aviones y armamento militar en la Unión Soviética. Se trataba de derrocar al fascismo, y la victoria de la URSS también les acercaría a su victoria personal: regresar a casa junto a papá y a mamá.

La comunidad española de ‘niños de la guerra’ fue la única familia para la mayoría de ellos y el Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE reconvertida en centro cultural en 1965, su último suelo patrio. De los tres mil niños de la guerra que salieron de España con rumbo a la URSS durante y después de la Guerra Civil, quedan hoy en Rusia 105 personas (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades), 20 menos que a principios de enero de 2012.

Donaciones
Si quiere hacer una donación en apoyo al Centro Español de Moscú, puede hacerlo a través de la siguiente cuenta:

SOS Centro Español Moscú: CC/ 2013 064612 0200708987

La asociación acreditada para recoger fondos es Archivo, Guerra y Exilio (AGE).

http://www.publico.es/484094/los-ninos-de-la-guerra-ruegan-a-rajoy-que-recupere-la-subvencion-que-les-retiro-zapatero

 


NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN COORDINADORA X – 24

noviembre 18, 2013
24 09 2013, en el salón Manrique del NH Paseo del Prado, los delegados de la ONU para la comisión sobre desapariciones forzosas en España han recibido a los familiares y víctimas del franquismo para recoger sus testimonios. Foto Bernard Delort

24 09 2013, en el salón Manrique del NH Paseo del Prado, los delegados de la ONU para la comisión sobre desapariciones forzosas en España han recibido a los familiares y víctimas del franquismo para recoger sus testimonios.
Foto Bernard Delort

EMPLAZAMIENTO DE NN.UU. AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

En el día de hoy, 15 de noviembre de 2013, y cumpliendo con exactitud su compromiso, el Comité de NN. UU. de Personas Desaparecidas, ha hecho público su Informe que amplía y ratificada el entregado el día 30 de Septiembre al Gobierno de España al final de su estancia de trabajo.

Como uno de los primeros colectivos en reclamar la intervención de la Comisión en relación con los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y en especial por lo que afecta a las Víctimas por el Robo de Niños en España, no podemos por menos que felicitarnos y felicitar a miles de madres que han luchado con todos los vientos en contra, en primer lugar, porque tienen todo el derecho legítimo a conocer la verdad de unos hechos que les han sido sustraídos durante lustros, poniendo en duda su interminable dolor maternal por el robo criminal de algo irreparable, el amor y los años de cercanía con sus hijos. Sabemos, y ellas son conscientes, que nada ni nadie podrá reparar nunca en su plenitud el daño sufrido.

También, es necesario que sus hijos, conozcan su verdadera identidad. La que se les negó con voluntad de permanencia y el telón de la impunidad. Muchos de ellos fueron arrancados de sus brazos y otros en el paritorio, sedando a la madre para que no pudiese resistirse. A todos ellos, a día de hoy y aunque la ley de adopción ha cambiado, se les sigue negando el derecho a conocer su identidad biológica, impidiéndoles acceder a archivos protegidos por el Estado y por la Iglesia, nuevamente en maridaje.

Emplazamos desde aquí a que, en lugar de poner en duda nuestra voluntad de llegar hasta el final, y de luchar con honestidad por ello, el Estado español y su Gobierno, como Ejecutivo responsable y representativo de éste, ahora reconvenido por NN. UU., sea capaz de poner en marcha todos los mecanismos a su alcance para cumplir estos requerimientos. No es algo nuevo ni inesperado, lo venimos reiterando desde hace años, pero ahora tenemos como legitimidad añadida: la exigencia moral de la representación máxima de los Derechos Humanos con carácter universal. Por la experiencia de las estrategias de distracción e incumplimiento de este Gobierno no confiamos ni en su diligencia ni en su eficacia. Seguiremos en nuestra lucha, también demandando de la Iglesia Católica una honesta y diligente cooperación con las Víctimas, que en este caso lo es también como obligada colaboración con la Justicia del pueblo que así lo demanda.

Francisco González de Tena.

Presidente de la Federación Coordinadora X-24

F. Gonzalez de Tena a la esperade la llegada del delegado de la ONU.  24.09.2013.foto.Bernard (14

F. González de Tena a la espera de la llegada del delegado de la ONU. 24.09.2013.foto.Bernard (14


Treinta y ocho años sin él…

noviembre 17, 2013

 

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

Sigue causándome la misma felicidad que aquél lejano 20 de noviembre de 1975 y que recuerdo junto a un hoyo de tierra excavado a mano y que podría haber sido la premonición de mi futuro memorialista; pero poco tenía que ver, ¡Estábamos en la calle jugando a las canicas porque no había colegio! El caudillo había muerto. La alegre inconsciencia ignorante pudiera haber sido también premonitoria de la algarabía y satisfacción de saber que el yugo del pueblo se marchaba con sus treinta y nueve años de aplastante presencia golpista y represora.

Con doce años, uno tenía suficiente con saber que aquel señor bajito y calvo, de voz afeminada y vestido de militar era el padre de la patria, el salvador de la ignominia de las huestes rojas, el baluarte de la cristiandad y el protector de una España grande y libre. Que los estíos, eran para muchos aquellos  veranos en los campamentos con la cara al sol y la camisa nueva,  o felizmente sin el rígido orden colegial y la presencia del susodicho en las aulas mirándote inquisidoramente; y que españoles éramos todos. ¿Por qué nos íbamos a preocupar de los más de 143.353 desaparecidos forzosos y reconocidos, o los más de 450.000 exiliados, o los 250.000 encarcelados en la posguerra, etc., etc.?

Treinta y ocho años después esa figura paternal que escondía al peor de los demonios nacionales sigue estando presente en nuestras vidas, sigue dejando volar su sombra entre los pilares de aquel pretérito imperio de terror y los actuales entresijos de una administración obsoleta y polvorienta custodiada por los fieles adláteres a su figura o al Movimiento Nacional, consolidados por un Jefe de Estado que fue delfín suyo bajo juramento perpetuo (a las hemerotecas me remito) y un sistema de control mimetizado de falsas libertades y reconocimientos demócratas que velan todavía por el legado  del “atado y bien atado”.

Treinta y ocho años sin él, treinta y ocho años tardó en morirse, pero al fin la palmó. Pero lo peor de todo es que tengo la impresión de que el tiempo anda todavía detenido en aquél día en el que jugábamos felices a las canicas porque no teníamos que ir al colegio. Que las cosas poco han cambiado en lo fundamental y no sólo en la apariencia.

Dentro de tres días, el 20 de noviembre, volverán los recuerdos para todos; los del yugo y flechas, las camisas azules, las águilas imperiales rojigualdas y el brazo en saludo cesariano para campar conmemorativamente en el recuerdo y añoranza memorial de aquel tiempo pasado en el que todos éramos felizmente ciegos, tristemente vencidos o simplemente cobardes y conformistas; mientras que ellos, los acólitos al pensamiento unidireccional dirigido eran la clase predominante, realmente feliz y ahora evocadora de otros tiempos mejores. Por otro lado, los falsamente felices enarbolarán sus puños al aire junto a sus banderas tricolores, rojas o rojigualdas constitucionales, para recordar y festejar al mismo tiempo que, con su marcha, todavía queda mucha España que limpiar y sobre todo que recuperar para poder pasar ésa página pendiente de nuestra historia.

Treinta y nueve años con él, más treinta y ocho sin él y, bajo tierra sigue estando su firma en bolígrafo de color rojo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I La Memoria Viv@


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


La narrativa de las pistolas

noviembre 17, 2013

Dionisio Ridruejo (a la izquierda) realiza el saludo fascista junto a Franco ante la tumba de José Antonio Primo de Rivera, / efe

Madrid 16 NOV 2013

El catedrático José-Carlos Mainer amplía su clásico ensayo ‘Falange y literatura’ con una mirada menos benévola hacia los escritores que abrazaron el fascismo

En 1971 las palabras tenían otra carga. Una como fascismo, por ejemplo, podía hundir un proyecto. Así que José-Carlos Mainer (Zaragoza, 1944) espolvoreó con prudencia el término por su antología de escritores falangistas para sortear la censura. Gracias a cautelas como esa, su ensayo Falange y literatura salió airoso del escrutinio previo de los vigías del régimen y se convirtió en un clásico cuyas huellas pueden rastrearse en estudios y novelas posteriores. “A lo mejor ahora hubiera titulado Fascismo y literatura en España,pero no me planteé el problema para esta reedición. El libro tenía que ser fiel al título original”, precisa.

El fascismo, “una patología internacional de la conciencia política”, en palabras del catedrático de Literatura, alimentó como fenómeno cultural una “importante zona (aunque errónea) de la modernidad”. Una parte de la literatura se tiñó de misiones ineludibles, pistolas briosas y virilidades desenfundadas.

Cuatro décadas después de aquella primera edición de la editorial Labor, Mainer ha aceptado revisar —y ampliar casi hasta construir un libro nuevo, ahora en RBA— su estudio sobre los intelectuales que se embutieron en una camisa negra —a veces literal como José María Pemán o Dionisio Ridruejo— en la primera mitad del siglo XX. Ha dinamitado las cautelas de entonces y también, como él mismo confiesa en su introducción, su “benevolencia” hacia los protagonistas. “En parte había un deseo de decir que dentro del mundo de los que ganaron la guerra, ellos eran mejores. Ahora eso está más matizado. Es evidente que fue el parapeto al que se acogieron muchos que no se sentían cómodos en el catolicismo y también que Falange fue un buen escape en algún momento para personas que tenían puntos oscuros en su pasado”.

La antología comienza con piezas de precursores como Luys Santa Marina, que en 1924 publicó Tras el águila del César. Elegía del Tercio (una invención de su experiencia militar en el Rif), o Rafael Sánchez Mazas, acaso el falangista más revivido en democracia gracias a la novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que evidenció sus simpatías en el artículo que recogía la toma del poder de Mussolini en 1922: “Esta noche de sábado, del 28 de octubre, Caballo y Rey han cantado ‘las cuarenta’ a todo un naipe obscuro de demócratas, de socialistoides, de politicantes, de memos seudocontemporáneos, de crédulos, de antipatriotas y de toda la banda averiada que Italia ha padecido cincuenta años y ha hecho padecer, como engañabobos, a Españas de Ferrer o a Francias de Dreyfus”. Cierran la selección textos de Jacinto Miquelarena, Agustín de Foxá, Álvaro Cunqueiro y Ángel María Pascual, que Mainer aglutina bajo “los caminos del humor y la fantasía”.

Todos son, pero no todos están. El volumen se ha enriquecido con nuevos textos de autores como Julián Ayesta o Ángel María Pascual que no figuraban en la versión original, aunque perduran algunas ausencias. Mainer no logró la autorización de los descendientes de José María Castroviejo, escritor y director de El pueblo gallego, y de Ramiro Ledesma Ramos, el fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS), asesinado en Madrid al comienzo de la guerra, para incluir sus obras. “Castroviejo fue de las JONS, y sentimentalmente era carlista, pero elaboró una imagen de sí mismo valleinclanesca”. Mainer compara textos en los que ensalzaba el heroísmo de los civiles alemanes que soportaban los bombardeos aliados frente a otros en los que se burlaba de los civiles de París durante la ocupación nazi.

El falangismo no es un pasado cómodo. Ya no lo era en 1971, cuando la historia corría en dirección opuesta. Varios autores no le perdonaron a Mainer su inclusión en la obra. Excepcionales fueron los aplausos, aunque los hubo: Luis Felipe Vivanco y, en especial, Dionisio Ridruejo, el caso más singular por su evolución política: del desencanto fascista a la lucha por la democracia. Hubo casi tantas maduraciones como individuos. “Algunos perseveraron patéticamente en sus ideales hasta su muerte. Ernesto Giménez Caballero escribió en los noventa una carta en Abc en la que pedía ser enterrado junto a José Antonio en el Valle de los Caídos”.

Buena parte comenzó a alejarse del falangismo, y del culto a la violencia, en plena dictadura, en sintonía con la declinación del fascismo en Europa. Con desigual cargo de conciencia. “Gonzalo Torrente Ballester, que acepta mal no ser un escritor de referencia en los cuarenta y vive de lo que los periódicos del partido le proporcionan hasta que rompe discretamente a partir de los cincuenta, es el que ha borrado más deliberadamente las huellas”, señala Mainer, que considera la novela Javier Mariño —cuyo final fue modificado por el escritor— la más fascista de todas.

José María Pemán se enfundó la camisa azul en la guerra y desató el delirio de los suyos con Poema de la bestia y el ángel (1938). “Fue un caso aparte porque rápidamente vuelve al monarquismo y se va dulcificando”. También singular fue la trayectoria de Pedro Laín Entralgo, “una cabeza privilegiada que a partir de 1956, cuando cesó como rector, no perdió las prerrogativas pero fue mudando hacia un espíritu liberal”. Sus memorias, Descargo de conciencia (1976), son un ejercicio de “cautelas y ocultaciones parciales”, en opinión de Mainer.

Sostiene Andrés Trapiello en Las armas y las letras que los escritores falangistas pertenecen al grupo de los que ganaron la guerra y perdieron la literatura, aunque en opinión del poeta Luis García Montero, la literatura estaba en otra parte. José-Carlos Mainer zanja salomónico: “Las dos cosas son ciertas. El fascismo es un mal consejero. Lo peor que les pudo ocurrir fue haber ganado la guerra. Pero por supuesto la literatura estaba en los escritores del exilio”.

http://elpais.com/cultura/2013/11/16/actualidad/1384626363_153772.html


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR “SU OBLIGACIÓN” Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. “El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.

“Los presuntos autores”, añade la ONU, “deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, y las víctimas deben recibir “reparación adecuada”.

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de “un órgano específico” encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, “a más tardar el 15 de noviembre de 2014” para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

“No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia”, ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: “No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora”

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica”, ha declarado Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora”.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían “cerrado” totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. “La jurisprudencia no es ley”, pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: “nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez”. Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: “El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado”, ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que “todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales” adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de “mirar para otro lado”

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. “El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado”, afirman en un comunicado.

“Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido”. “Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”, añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del “delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html