Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


Las leyes de Franco para oficializar el miedo…

noviembre 24, 2013

La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.

PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año.

Esta norma fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier actividad “perturbadora del orden público” fomentada por asociaciones y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se expone en el artículo dos de la ley.

La Ley de Orden Público contemplaba multas de hasta un millón de pesetas

Asimismo, otorgaba competencias a la “autoridad gubernativa y sus agentes”, es decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización del orden público.

“Fuera de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo”, explica el historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. “La propia naturaleza del franquismo es un sustancialmente represiva”, matiza. Prueba de ello eran las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma, variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500 pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.

Una ley para oficializar el miedo

En febrero de 1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se había cometido -durante los años de la Segunda República-. “Esa ley se concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al enemigo”, subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados como a quien mostrara “pasividad grave” al respecto.

En 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó

Dicha norma posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en espera de iniciarse.

En 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad de Castilla La Mancha publicado en 2007.

La legislación oprimía fundamentalmente a las mujeres 

El entramado jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936, la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República. La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.

“También se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio”, apunta Álvaro Dueñas. “Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres”, añade.

Juicios militares para delitos de contrabando

En un estado militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto régimen de racionamiento. “La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión militar, pero lo importante es cómo se aplicó: “Acabaron siendo juzgados los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas con el contrabando“, detalla Álvaro Dueñas.

Con especial dureza se aplicaron también las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.

http://www.publico.es/484494/las-leyes-de-franco-para-oficializar-el-miedo


“El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada”

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. “Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos”, aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la “restricción” de esos derechos “sea proporcionada a los fines que se persigue”. “Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos”, explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. “Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones”, recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que “toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales”, concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada


Reclaman transformar el Valle de los Caídos en un memorial para las víctimas de la dictadura.

noviembre 24, 2013

 

EFE Madrid 23/11/2013

Un momento de la concentración convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid para denunciar la permanencia del Valle de los Caídos como un mausoleo de Francisco Franco y un lugar de peregrinación del fascismo internacional.

Un momento de la concentración convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid para denunciar la permanencia del Valle de los Caídos como un mausoleo de Francisco Franco y un lugar de peregrinación del fascismo internacional.EFE/J.J.Guillen

Alrededor de 300 personas se han concentrado este sábado frente al Valle de los Caídos para exigir al Estado “que ponga fin a ese lugar de culto fascista, símbolo de la impunidad del franquismo”, y reclamar que se transforme en un memorial para las víctimas de la dictadura.

La concentración, que ha tenido lugar esta mañana y ha transcurrido con total normalidad bajo el lema Verdad, Justicia, Reparación y Antifascismo, estaba convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la Sierra y el CSO La Fabrika, y apoyada por la Coordinadora Contra la Impunidad del Franquismo y Coordinadora Antifascista.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado al Estado porque, a juicio de los convocantes, sigue protegiendo a los “criminales franquistas”. “Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad, ni la dignidad política, para cumplir con su obligación con respecto a las víctimas del franquismo. Y el Valle de los Caídos es la muestra más palpable de esa indignidad”, se ha recriminado. También se ha comparado la situación en España con otros países de su entorno, en los que “los vestigios que rememoraban los fascismos del siglo XX han sido destruidos o reutilizados” para recordar a las víctimas.

Por ello, han reivindicado, entre otras cosas, transformar el Valle de los Caídos en un espacio dedicado a la memoria de las víctimas de la dictadura, así como exhumar los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Asimismo, han reclamado que se investigue el número y el origen de las miles de personas que están sepultadas allí, además de pedir que este lugar se retire de la propaganda turística de la Comunidad de Madrid.

http://www.publico.es/484459/reclaman-transformar-el-valle-de-los-caidos-en-un-memorial-para-las-victimas-de-la-dictadura


Franco aún provoca trifulcas en el Senado 38 años después de morir

noviembre 22, 2013

Un senador socialista dice a los del PP que “no se crispen” cuando se habla del dictador y la bancada conservadora estalla en protestas y algún que otro gesto inapropiado

PÚBLICO / EUROPA PRESS Madrid 20/11/2013

El senador socialista Tonxu Rodríguez.

El senador socialista Tonxu Rodríguez.

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Ni muerto deja de dar guerra. O si se mira desde otra perspectiva, podría decirse que algunos todavía no han asumido con naturalidad su muerte. En el 38º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Pleno del Senado ha sido escenario de un cruce de reproches entre senadores del PP y el PSOE cuando se debatía en el Pleno de la Cámara la Ley de Transparencia.

Al subir a la tribuna, el senador socialista Tontxu Rodríguez comenzó su intervención pidiendo a los parlamentarios del PP que no e crisparan cuando se les habla del dictador Francisco Franco, un tema que había abordado él mismo en otro debate parlamentario sobre la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

“No se crispen cuando les he hablado dictador Franco, no pasa nada. No renieguen del pasado ni abjuren del pasado, llévenlo con dignidad”, pidió a los ocupantes de la bancada conservadora, provocando sonoras protestas. Fue en ese momento cuando, según asegura Rodríguez, el senador del PP por Lugo Dámaso López realizó un gesto “diciendo si había bebido”.

Tonxu Rodríguez asegura que el senador conservador repitió el gesto en dos ocasiones y algunos de sus compañeros del PSOE afirman haberlo visto también. Sin embargo, ante su petición de que Dámaso López lo retirara, el senador del PP dijo que había sido malinterpretado.

“No quise decir eso. Lo entendieron mal”, defendió Dámaso López ante la petición de tranquilidad del presidente de la Cámara, Pío García-Escudero. “Les pido a todos que me ayuden a llevar los debates. El senador del grupo que sea que esté interviniendo en la tribuna se merece respeto”, recordó García-Escudero.

También intervino favor del diputado socialista el secretario general de su grupo parlamentario, José Miguel Camacho, quien reconoció que los debates políticos pueden ser “muy duros” pero calificó de “falta de respeto total” el comportamiento del senador conservador.

http://www.publico.es/483714


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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Lea el Informe del Comité de la ONU sobre desapariciones del franquismo (PDF

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


Tres minutos para denunciar cuatro asesinatos

noviembre 22, 2013

Olivia Carballar / Aracena (Huelva) / 22 nov 2013

 

Sello del registro de entrada de la denuncia.
Sello del registro de entrada de la denuncia.

Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):

-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.

Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:

-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?

-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.

-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.

-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.

Registro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.

-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.

-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.

Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.

Paqui Maqueda e Isabel Carmona.

La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.

Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos  de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.

“No  esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.

Restos hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja

“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/