LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR «SU OBLIGACIÓN» Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a «cumplir su obligación» de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne «los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes». Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. «El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía».

«Los presuntos autores», añade la ONU, «deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos», y las víctimas deben recibir «reparación adecuada».

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar «en todo lo necesario» con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la «la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado».  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de «un órgano específico» encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, «a más tardar el 15 de noviembre de 2014» para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

«No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia», ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: «No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora»

«No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica», ha declarado Garzón. «España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora».

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían «cerrado» totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. «La jurisprudencia no es ley», pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: «nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez». Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: «El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado», ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que «todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales» adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de «mirar para otro lado»

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. «El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado», afirman en un comunicado.

«Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido». «Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos», añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del «delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo».

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html

Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo «se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- «Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html

Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Natalia Junquera Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. «No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste», explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a «dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico» a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique «los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo».

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a «revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista» en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura», algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central «la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público». El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a «revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo».

«Buenos y malos»

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma «sigue hablando de buenos y malos», «algo que todos debemos superar», ha añadido, tras insistir en que UPN siente «una especial empatía» por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. «Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria», ha asegurado Eloy Villanueva, «si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua». Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad «un interés partidista».

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica «siempre ha sido una prioridad» para los socialistas. Jiménez ha defendido el «espíritu de reconciliación» de la Transición y el especial «esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas», pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era «una tarea inacabada» que además, se había visto «interrumpida» por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía «asumible y de justicia».

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley «tiene más vigencia que nunca» porque en muchos hogares navarros «sigue supurando la herida» abierta en la Guerra Civil y la dictadura. «Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?», ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado «la desgarradora realidad de las cunetas» en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba «35 años tarde», iba a ser «un elemento fundamental para la reconciliación» porque «llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional». 

más información

• España se resiste aún a juzgar los crímenes del franquismo
• Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo
• La ONU reclama juzgar las desapariciones franquistas
• PSOE e IU instan al Gobierno a vaciar las fosas del franquismo

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html

La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

 José Miguel Muñoz Granada 12 NOV 2013

 

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html

Xosé Álvarez Castro: «Es injustificable que en el siglo XXI tengamos muertos en las cunetas»

El maestro e historiador presenta el libro «Pontevedra nos anos do medo», en el que analiza la represión llevada a cabo en la comarca

susana regueira | pontevedra 08.11.2013

 

El paraninfo del IES Valle Inclán acogerá el próximo día 11 la presentación de «Pontevedra nos anos do medo». Se trata de un acto organizado por la Librería Paz y Edicións Xerais para dar a conocer una obra que resume años de investigaciones centradas en la represión llevada a cabo en la comarca tras el golpe militar de 1936. «Esta zona», indica el autor, «no fue especialmente castigada, no más que otras ciudades, por ejemplo para el nivel de la ciudad Tui sufrió una represión fuerte, Ferrol también o Vigo, Pontevedra fue una ciudad en la media, lo esperado»

-Tras años de estudios y trabajos sobre la represión ¿qué conclusiones saca?

-Hay muchas, pero una destacada es el papel fundamental que tuvo la Guardia Cívica, por lo menos un sector de ella, en la represión, más posiblemente que Falange, ésta fue en los primeros tiempos. En segundo lugar hay que destacar el papel que tuvieron muchas personas que no son tan conocidas en Pontevedra como pueden ser Bóveda o los del 12 de Novembro y que precisamente eclipsaron a toda una serie de militantes obreros y agrarios que fueron también reprimidos y que es interesante darlos a conocer.

-¿Cuáles son las cifras de los paseados y fusilados en consejos?

-Tenemos datos sobre los tres años fundamentalmente, y hay que tener en cuenta que siempre son cifras mínimas, de modo que siempre tendremos la posibilidad de descubrir alguna más, y apuntan a que hay algo más de 70 paseados y después fusilados en consejos de guerra son sobre 140.

-¿Pontevedra centralizaba los consejos de guerra?

-Si, Pontevedra era la cabeza de una zona judicial, la del norte de la provincia, se celebraban aquí muchos consejos de guerra y eso llevaba consigo que también los paseos de gente que no era de Pontevedra también fuesen un número importante, los iban a buscar a la cárcel por ejemplo y lo más normal es que ya los mataran aquí.

-Se habló durante años de que la guerra civil se aprovechó para resolver rencillas etc ¿eso fue real o considera que lo que hubo es una estrategia organizada de represión?

-No, no es real, lo que no podemos negar es que en algún caso hubiese rencillas, pero en todo caso se aprovecharon y se valían de una situación política que lo facilitaba y que las víctimas fueron siempre personas comprometidas políticamente, es algo que está totalmente claro, es otro de los grandes mitos, el de que todo fue por rencillas.

-¿Es otro tópico que las víctimas no participaban políticamente?

-Otro mito efectivamente, incluso los propios familiares te lo dicen a veces «no, ellos no hicieron nada», «fueron amistades…» Y no, era gente que participó políticamente, que muchos de ellos fueron elegidos en comicios libres, muchos de ellos hicieron uso de sus derechos militando en federaciones obreras o agrarias para defender derechos de los trabajadores etc.

-¿A qué sectores afectó especialmente la represión?

-A todos los sectores, a una burguesía que militaba en partidos de lo que era el centro y centroizquierda clásica, burguesa, como Izquierda Republicana o Unión Republicana, y después a gente más de izquierda que militaba en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, que tenía bastante influencia en la Federación Agraria y la Obrera. Y en cuanto al número más a sectores obreros y agrarios.

-¿Además de los paseos, consejos etc adoptó otras formas la represión?

-Si, es que hay otras forma de represión que son las que a veces pasan desapercibidas, aquí hubo una represión de tipo económico por estudiar, es una de las grandes tareas a realizar en el futuro, aparte de las multas, de las incautaciones, había toda una serie de colectas y donativos que en teoría eran voluntarios pero en la práctica eran obligatorios y eso dio lugar a todo un entramado económico que está aún sin estudiar a fondo. Después hay una represión de tipo ideológico, la participación de la Iglesia como legitimadora del golpe militar y el control social que ejerce, sobre todo a nivel de educación; también está la represión a los funcionarios, a las mujeres, que es otro de los grandes temas ocultos, muchas veces por la propia naturaleza de la represión, que no se quiere contar ni hablar de eso, y que incluyó un modo directo sino también indirecto, por ejemplo mujeres de presos o de condenados que por encima les incautaron bienes y les impusieron multas.

-Más de 80.000 víctimas continúan sepultadas en las cunetas…

-Es algo que me parece mal, si los familiares quieren darle entierro en los cementerios creo que se les debe ayudar, hay que facilitarles todo, primero localizar los lugares y posteriormente facilitar que los puedan trasladar, no es justificable que en el siglo XXI tengamos los muertos en las cunetas.

-¿Hay en la provincia de Pontevedra ese tipo de enterramientos?

Si, muchos fueron excavados, aquí nuestra zona los sitos más próximos de los que tenemos noticia son en San Andrés de Xeve, con 5 o 6 personas, y también en Tenorio, en el cementerio, pero las fosas en los cementerios son malas de excavar porque se reaprovecha el terreno y se mezclan restos. En la provincia no quedan muchas fosas sin excavar, lo que si quedan son lugares en los que hubo enterramientos y no lo sabemos, porque sabemos de personas que si las mataron y sus cuerpos nunca aparecieron, no sabemos donde las enterraron

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/11/08/injustificable-siglo-xxi-tengamos-muertos/910626.html?utm_medium=rss

«Cartas con respuesta»: Todos somos el Valle de los Caídos

A los herederos del franquismo no les interesa el dolor de los asesinados, nunca han hecho nada y nunca lo harán. Mientras no se cierre esa herida abierta, los que claman justicia seguirán sangrando. No es justo, pero está claro que para «ellos» la justicia es solo una palabra con la que se llenan la boca y no precisamente para respetarla. Juanitadinamita

05/11/2013 –

A mí también me ha interesado mucho el artículo de Ignacio Escolar y he leído con atención los comentarios. Como de costumbre: ellos y nosotros. Ellos son los “herederos del franquismo”; nosotros, unos angelitos, que reclamamos la herencia de una República sensata, aseada y progresista, el clásico abuelito encantador, pero inventado. Pues bien, el caso es que tengo mis dudas de que ése sea el argumento de la película.

La Transición comienza hacia 1972, el día en que Vernon Walters, embajador volante de Estados Unidos, se entrevista con Franco (y muchas otras personas) para asegurarse de que el plan diseñado en Langley y en el Departamento de Estado puede funcionar en un lejano y pintoresco país como España. (Y funcionó, desde luego, al milímetro. Quien esté interesado puede leer Las claves de la transición 1973-1986 (para adultos), de Alfredo Grimaldos. Pero eso es otra historia).

Franco le dijo entonces al americano una frase que merece ser recordada: “Mi verdadero monumento no es aquella cruz en el Valle de los Caídos, sino la clase media española”.

Tenía toda la razón aquel tirano retaco y de aflautada voz que se hacía llamar Caudillo al ofrecer a Vernon Walters la clase media como garantía de que, tras su muerte, aquí no iba a pasar nada. La acogedora clase media franquista siempre elegirá el orden antes que la libertad; la reforma, frente a la ruptura; el consenso, en lugar del enfrentamiento. Así nos ha ido y así nos va. Con decir que aquí se sigue votando al PSOE sólo por miedo (a la derecha) está todo dicho. Grabados al encáustico tiene la clase media en su alma (de cántaro) los dos principios del franquismo: tú no te signifiques, y tengamos la fiesta en paz.

Pues bien, esa clase media somos nosotros, amigos. No todos, pero sí muchos de los que aquí escribimos. Hijos del desarrollismo de los sesenta y amamantados con los timoratos valores de los XXV Años de Paz, esa celebración que maquinó Fraga y presidieron juntos Franco y el que ahora es Juan Carlos I.

Los herederos del franquismo (también) somos nosotros, me temo. Y por supuesto el PSOE, un partido creado (en Suresnes) con la finalidad de expulsar de la Transición a la izquierda (los comunistas).

Ese abuelito republicano tan razonable y conciliador al que hay que adherirse y el papá franquista al que hay que rechazar componen una herencia mancomunada la mar de presentable y progresista.

Hay otra herencia, pero no viene de aquella República burguesa y bienintencionada, sino de la lucha obrera y revolucionaria, de esa otra República en la que se quemaban iglesias y se les daba su merecido a los señoritos. A ver si me explico con un ejemplo: una vez le oí decir en Gales a Antony Beevor: “La guerra la ganaron los franquistas y hubo cuarenta años de dictadura. Si la hubieran ganado los republicanos, la dictadura habría durado hasta 1989”. Es decir, hasta la caída del muro de Berlín. Ésa es la República cuya herencia nadie reclama ni siquiera a beneficio de inventario.

Hay otra herencia, pero ¿quiénes son sus herederos? Que levanten la mano.

No, desde luego, la clase media. No, nosotros. No, los partidarios del consenso y de la transacción.

La clase media, como los gases nobles, tiende a ocupar todo el espacio disponible; y el gran éxito franquista fue persuadir a una parte nada pequeña de la población de que eran clase media. En otras palabras, destruir la conciencia de clase.

Podemos retirar estatuas y hasta volar con dinamita la cruz de granito del Valle de los Caídos, pero el verdadero monumento funerario de aquel general despiadado sigue en pie. Mirad: somos nosotros.

Como en aquel famoso telegrama, bien podríamos decir: “El enemigo está dentro. Disparad contra nosotros”.

http://www.eldiario.es/cartaconrespuesta/Valle-Caidos_6_193590640.html

Josep Almudéver :“Jamás en la vida olvidaré los gritos de los fusilados”

El País, 12-11-2013 – 13 noviembre 2013

El veterano es uno de los cinco supervivientes de las Brigadas Internacionales

FERRAN BONO 12 NOV 2013

Se cruzaron por casualidad en una plaza de Marsella. Se miraron de arriba abajo y se fundieron en un abrazo. Ambos habían sido brigadistas internacionales y habían combatido contra el Ejército golpista durante la Guerra Civil española. Lo supieron enseguida porque llevaban puesto el mismo traje, el que regaló el Gobierno republicano a los brigadistas cuando tuvieron que abandonar España. “El doctor Juan Negrín nos vistió y nos dio 310 francos”, recuerda Josep Almudéver, mientras enseña la fotografía de su encuentro, en Marsella, con el tangerino Antonio Arenas. “No nos conocíamos de nada, pero al vernos vestidos con el mismo traje supimos que teníamos en común España y la República”, explica el excombatiente, de 94 años, sin inmutarse por la molesta arena de la playa de la Malva-rosa de Valencia que levanta el fuerte viento de poniente.

Tocado con una boina y con un aire al doctor Gachet que pintó Van Gogh, Almudéver espera en una terraza a unos amigos franceses y valencianos para comer en un conocido restaurante del paseo marítimo. No probarán la típica paella frente al mar. “No porque no la hagan buena aquí, ¿eh?, pero es que ya se sabe que como en casa, ninguna, y a nosotros nos sale de categoría”, interviene Antoni Simó, historiador y amigo del brigadista, al que acoge en su casa de Alcàsser, a 15 kilómetros de Valencia. Residente en Francia, Almudéver asiente y apura su refresco.

Ha sido un hombre de acción toda su vida. Y sigue sin parar, yendo allá donde le reclaman para contar su lucha en institutos, universidades y foros diversos. Nació en Marsella, fruto de otro encuentro casual. Su madre, valenciana, trabajaba en un circo de gira por Europa cuando estalló la I Guerra Mundial. En la ciudad francesa conoció al que sería su marido, que había abandonado su Alcàsser natal para eludir las represalias: intentó quemar la iglesia ante la negativa del cura a dejar bailar y celebrar una verbena.

El hispanofrancés Josep Almudéver heredó la militancia y el oficio de albañil de su padre. Cuando se declara la Guerra Civil ya vivía con su familia en Valencia y se alistó en el Ejército republicano quitándose años. Lo descubrieron y lo mandaron a casa. Volvió al frente y le hirieron. Se recuperó y vio la oportunidad de reincorporarse inmediatamente con la Brigada Garibaldi. Lo aceptaron como francés, traductor y combatiente. Y cuando los brigadistas se marcharon de España por decisión del Comité de No Intervención, se las apañó para regresar a Valencia. Era el final de la guerra. Después huyó con su padre al puerto de Alicante. Allí fue recluido en el campo de concentración de Albatera.

El tono vitalista del brigadista, que posteriormente fue maqui, se ensombrece. “No sé por qué, pero siempre me obligaban a mirar los fusilamientos de los que intentaban escapar del campo de concentración. Jamás en la vida olvidaré los gritos de los fusilados”, afirma. Mira un instante el horizonte, se reincorpora y continúa con la conversación.

Conserva una extraordinaria agilidad física y mental. Dice que conoce a algunos de los cinco brigadistas que quedan vivos, según la Asociación de Amistad con los Brigadistas Internacionales, de los más de 45.000 que llegaron a España para luchar por la República. “Yo soy de los pocos que puedo viajar. Y no voy a dejar de hacerlo mientras pueda”, concluye.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/12/actualidad/1384291082_906417.html

Guerra Civil en Mallorca ‘Perdona a mis enemigos’

El Mundo.es, 12/11/2013 – 13 noviembre 2013

Franco también fusiló a ricos. A ricos civiles e inocentes

MANUEL AGUILERA

Las cartas de dos ilustres mallorquines antes de ser fusilados:serenidad, coraje y perdón

El bando franquista les acusó de espías. La historia de los Marqués y Roses sigue hoy unida

Franco también fusiló a ricos. A ricos civiles e inocentes. En Mallorca hay dos ejemplos prácticamente desconocidos: Bernardo Marqués y Lorenzo Roses. Su delito: ser familiares lejanos del alcalde de Palma, Emili Darder, y afiliarse a su partido. Los militares creían que no eran de fiar, posibles espías de los rojos. El primero murió en el fuerte de Illetas y el segundo contra la tapia del cementerio. Ambos sin saber por qué y perdonando a sus enemigos.

Sus cartas de despedida son estremecedoras. El centinela les entregó un pequeño papel y lápiz para despedirse de este mundo. En el silencio de la noche, esperando con serenidad el último alba, dedicaron sus palabras a los que más querían: su familia. «Os ruego que no odiéis a nadie»; «Perdono a todos mis enemigos y ruego que conmigo hagan lo mismo»; «Que mis nietos estén orgullosos del nombre que les ha legado su abuelo»; «Perdóname esposa por lo mucho que te he hecho sufrir y por lo que sufrirás en este mundo»; «Educa a los hijos, cuida de mi padre, perdona a mis enemigos y vive muchos años»; «Me casé contigo con gran ilusión y la sigo conservando, te quiero lo mismo que el primer día».

Es increíble cómo el destino unió la vida y la muerte de estos dos mallorquines ilustres. Ambos eran de Sóller y amasaron fortuna gracias a sus negocios en Puerto Rico. Se hicieron a sí mismos emigrando y volvieron a Mallorca como burgueses adinerados. Compraron varias propiedades. Roses era dueño de dos fincas que ocupan la actual Palmanova y Marqués tenía varias casas en Sóller y Palma que La Falange convirtió en sus sedes. El destino quiso que se convirtieran en familiares lejanos de uno de los principales enemigos de los militares sublevados: Emili Darder, de Izquierda Republicana. Roses se casó con la hermana de la mujer del alcalde de Palma. El otro tenía un parentesco más rocambolesco: su hija estaba casada con un hermano de la mujer de Darder. No hace falta ni entenderlo, aquello sólo era una excusa para dar un escarmiento a la burguesía progresista de la isla.

Fueron detenidos y encerrados en Can Mir, un antiguo almacén de maderas ubicado en el solar del actual cine Augusta de Palma. Sufrieron juicio sumarísimo y fueron condenados a muerte por un tribunal militar. Según publicó la prensa, su delito era haber opinado y actuado «en contra del movimiento nacional». De Marqués decían que escuchaba la radio de Barcelona y que hacía señales a los aviones republicanos que atacaban Palma. A Roses le pesaba haber sido alcalde interino de Sóller durante la República pero lo curioso es que el otro bando también lo buscaba por burgués. Su casa de Barcelona había sido registrada y no podía aparecer por allí porque querían matarlo.

El primero era muy mayor, 68 años, y dejaba esposa y ocho hijos. El otro tenía 41 años, esposa y cuatro hijos. Además, su padre todavía vivía. En su carta de despedida se aprecia como le afectaba pensar en el dolor que sentiría su padre al perder un hijo de aquella manera. La calamidad no se quedaría ahí. Al mes de la ejecución de Roses, una de sus hijas moriría de difteria. Doble pena para una esposa que se llamaba Dolores.

A pesar de la tragedia, el destino quiso que estas dos familias siguieran unidas. En 1972, un nieto de Marqués se casó con una nieta de Roses y sus apellidos quedaron unidos para siempre. Ella, que se llama Dolores como su abuela, ha seguido al pie de la letra lo que su abuelo le pedía en la carta: perdonar. Dice que «a estas alturas» le parece «absurdo» buscar venganza. «Una guerra entre hermanos es algo muy triste pero debemos mirar hacia adelante». «En casa jamás se habló de la guerra ni del fusilamiento. Creo que mi padre lo borró de su mente o leyó la carta e hizo caso a mi abuelo». No obstante, reconoce que en la familia hay quien piensa diferente.

En la misma línea, Bernardo Marqués, nieto del fusilado, dice que «no hay rencor» porque no lo ha «vivido», aunque admite que en su padre y sus tíos sí lo había. «Cuando ponían el himno nacional apagaba la radio y cuando venía Franco a Palma cerraba las ventanas». Su tía Jeanne declaró al diario Baleares en 1986 que no perdonaría jamás. Incluso reconoció que se iba a casar con un falangista pero que «la sombra» de su padre se lo impidió. Hoy, la nueva generación, los bisnietos Cata y Bernardo que llevan unidos aquellos dos apellidos, viven totalmente sin rencor y mirando hacia adelante. Al final, sólo el tiempo ha conseguido que se cumpla la última voluntad que una trágica noche escribieron Marqués y Roses.

Carta de Bernardo Marqués

Hoy a las 9 de la noche he sido sacado de prisión junto a dos más y trasladado a estas fortificaciones que presumo que son Illetas. Es de noche y como lo desconozco imagino que este traslado es para consumar mis últimos momentos. Si es así, tengo valor y resignación para soportarlo. No obstante, mantengo la protesta de que soy inocente y de que todas las acusaciones responden a venganzas personales y odios de familia. Lo único que me apena es que mi esposa y mis hijos no sepan la suerte de esta tragedia. Mi deseo es que se les entreguen estas notas para que sepan que en estos momentos de angustia guardo un cariñoso recuerdo y que con ellos estarán todos mis pensamientos. Un fuerte abrazo a todos, los presentes y ausentes, a mis hijos de Puerto Rico. Mi gratitud hacia ellos y que sepan que muero teniéndolos a todos presentes. Lo único que os suplico es que seáis buenos, que viváis todos unidos y en buena armonía. Evitad siempre tener disgustos de familia. Si alguna vez hubiera alguno, recordad mi persona y evitad el disgusto. También os ruego que no odiéis a nadie. Si yo he tenido algún enemigo estoy seguro de que son muy pocos y a todos los perdono y ruego que conmigo hagan lo mismo. Muero completamente tranquilo y a nadie tengo odio ni rencor. Así me lo aconseja la divina providencia, en la que he confiado siempre y manifiesto ahora con orgullo que no temo a morir… lo afronto todo con serenidad. Lamento que algún día os harán falta mis consejos de buen padre y buen esposo… recordad mi persona y mi nombre con serenidad y hallaréis el consuelo. En estos últimos momentos dedico mis recuerdos a mi esposa, a mis hijos, a mis hijos presentes y ausentes, a mis hijos políticos y a mis nietos. A éstos últimos decirles que estén orgullosos del nombre que les ha legado su abuelo. Un abrazo y besos a todos de vuestro esposo, vuestro padre y vuestro abuelo. 4 de junio de 1937. [Es un fragmento, se ha eliminado lo privado e irrelevante]

Carta de Lorenzo Roses

Dolores esposa mía: perdóname por lo que te he hecho sufrir en este mundo. Me casé contigo con gran ilusión y la sigo conservando, te quiero lo mismo que el primer día. Reconozco que no me he portado bien contigo, que para ocultar mis faltas te he acusado a ti, pero todo eran cosas triviales, falta de conocimiento, pero jamás falta de cariño ni de ilusión. ¡Cómo te he querido, amor mío! Mi carácter rebelde, falta de disciplina por no haber tenido una madre que pudiera guiarme, me hizo crecer libre de preocupaciones y cuando no conseguía lo que quería me rebelaba. (…) Trata bien a mi padre. Quiérelo mucho y consuélalo de la pérdida de su hijo. Si Mariano no ha muerto en Barcelona y tus recursos te lo permiten, llámalo a vivir contigo para que, si puede, haga de padre de mis hijos. No tengas escrúpulos de vivir con un hombre viudo. Puede ser tu consejero y estoy seguro de que te guiará bien. (…) Disfruta todo lo que puedas de la vida, haz la vida agradable a tus hijos y a papá. Te quiero y moriré pensando en ti y en nuestros hijos. Dile a papá que me perdone y a mis hijos que perdonen a mis enemigos. Adiós esposa querida. Recibe el último beso de tu marido y perdóname por lo mucho que te he hecho sufrir y por lo que sufrirás en este mundo. Educa a los hijos, cuida de mi padre, perdona a mis enemigos y vive muchos años solo para los hijos y para rezar por tu marido. Tampoco deseo que te olvides de rezar por mi madre y hermana que en el cielo estén. Mi último beso y adiós. Te quiere tu marido. Besos para tus padres y hermana. Lorenzo. [Es un fragmento]

http://www.elmundo.es/baleares/2013/11/12/5281e9650ab7402d258b4578.htmlç