El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia
Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre
Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)
Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez
Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe
Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.
Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.
En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.
En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.
Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.
Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.
Las preguntas eran:
1.- Cómo «se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.
Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:
Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.
En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.
La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.
Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención.
La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.
Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.
La Memoria Viva 
Ni a Garzón le interesa llevar mi caso, me contestó una abogada Beatriz, pero veo que ha pasado 3 meses y no les interesa, porque NO HAY DINERO, y de eso que puedo tener SI ME HAN ROBADO HASTA MI PRESTIGIO??. me han INJURIADO, DIFAMADO, ETC. sin poderme defender desde que nací, mi padre ME CREYÓ, pero el resto de la Sociedad NO. Me ha costado todo mas que a los demás y como estoy en Cataluña, repito y no me canso y lo diré cuantas veces sean necesarias: SOY CHARNEGA, EMIGRANTE MUERTA DE HAMBRE, QUE HE VENIDO A CATALUÑA PARA QUITARLES MI PUESTO DE TRABAJO A UN CATALAN Y QUE LES TENGO QUE DAR LAS GRACIAS POR SER Y EXISTIR, hay más de esas aseveraciones patologicas QUE ME PONEN EN EL MISMO SACO QUE LES DEA LA GANA Y PRETENDEN AHORA VERME COMO ASOCIAL, y que mierda debo yo a LA SOCIEDAD QUE ME DEJO SIN PADRE?? Aquí soy charnega a pesar que domino el catalán mejor que muchos de ellos, y en donde nací que soy POLACA, ya podéis ver donde se ME ROBA Y EN CALIDAD DE QUÉ. Me insultan y YO TENGO QUE SER COMO TODO EL MUNDO Y ADMITIR QUE SE ME ROBE, PORQUE PODRÍA SER PEOR, me cago en todo, ¿Peor? así que quieren hacer como con mi padre, MATARME. No hace falta ser muy inteligente y DIOS ME DIO UNA BRILLANTE INTELIGENCIA, el resto lo pusieron aquellos que me tildan de lo QUE SON ELLOS, psicópatas, pederastas, asesinos y ladrones. QUE NADIE SE LLAME A ENGAÑO, todo para ROBAR. He escrito como he dicho a la Santa Sede y ESOY POR ABJURAR DE UNA RELIGIÓN, que me bautiza y luego ME DESAMPARA y me impide la entrada en la catedral donde se realizó EL SACRAMENTO, con el negocio que han creído que PUEDEN CONTINUAR y que YO DEJE DE MOLESTARLES CUANDO ELLOS NO SE MOLESTARON PARA NADA EN AMPARARME oyendo y creyendo a los que les interesó para SUS NEGOCIOS MACABROS, ni en el colegio me dejaron SER LO QUE QUISE SER, M O N J A.
Soy LIDER de nacimiento LA SOCIEDAD AHOGÓ Y QUISO MATAR ESE LIDERAZGO. Y ahora están en que TENGO QUE SER ASOCIAL POR OBLIGACIÓN, no tienen vergüenza, ni conciencia ni ética, NI MORAL. Se lo que digo y no me importa quien lo lea. Así como los Tabuencas han extendido su versión y han sido admirados y demás… que lo han dicho hasta en VENEZUELA, porque una tía se encargó de decirlo, entonces no lo entendí, pero AHORA DESDE QUE RECUERDO que vengan con el OLVIDA Y PERDONA y los envió a la mierda. Como se puede ver soy todo lo mal educada que me da la gana y de buena educación para quien lo merece. Sin contemplación estoy con los PEDERASTAS Y ASESINOS, que han tenido muy buena vida para la que me han dado y MENOS A MI PADRE, que sufrió MAS QUE JESUCRISTO EN LA CRUZ. Que me tengo que medir las palabras?? lo haré CUANDO SE HAGA JUSTICIA, que veo que de eso es APLICADA EN MI CONTRA Y EN CONTRA DE DERECHO HUMANO. El sentido COMÚN, es mejor no aplicarlo en esta Sociedad, que demuestra que LO COMÚN ES SER PSICOPATA. Gentuza de gentes y gentuza de país. ¿Donde hay que darle al botón para que desaparezca ESPAÑA del mapa? porque le doy YO. Más Papistas que el Papa, es España y EL NIDO DONDE SE ALIMENTA EL VATICANO. Hasta el PAPA TIENE QUE BAJAR SU CABEZA ANTE MI, POR LO QUE ME HICIERON.
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Ojala que diciendo las verdades contundentes de forma mas clara imposible se den por enterados de tanta ignominia cometida.Mi padre decia: pobrecito aquel que espere Justicia de la justicia! Deseo de alma que no se confirme!
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