…22/09/2008…
y a fecha de hoy, 23/10/2013, seguimos sin ser atendidos por el Estado español..
MARGOT MOLINA Sevilla 28 FEB 2013
“El disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las que perdí no existirían. Eso es lo que te fue robado. Por eso hoy se te hace justicia, tu gente te quiere devolver lo que se te arrebató”. Cuando el actor Antonio Banderas pronunció ayer estas palabras, las lágrimas de casi todos los presentes, hasta ese momento más o menos contenidas, corrieron mejillas abajo sin tapujos.
Revivieron (algunos) o imaginaron (otros) cómo debieron ser esos últimos momentos de la vida del joven sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 en la manifestación que reivindicó la autonomía de Andalucía.
Banderas, García Caparrós y la pintora sevillana Carmen Laffónrecibieron ayer en Sevilla el título de Hijos Predilectos de Andalucía, la máxima distinción que concede la Junta. En el acto, que se celebró en el Teatro de la Maestranza y con la presencia del Gobierno andaluz al completo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, entregó también las 12 Medallas de Andalucía. El director de cine sevillano Alberto Rodríguez, el cantaor jiennense Manuel Gerena, la bailarina y coreógrafa jiennense María Rosa Orad, el editor catalán José Manuel Lara y el pintor granadino Miguel Rodríguez-Acosta se encuentran entre los galardonados. La lista la completan la doctora Marina Álvarez Benito, el empresario Manuel Barea, el directivo de la ONCE Patricio Cárceles, el deportista José Manuel Sierra, el periodista Enrique García y la empresaria Dolores Ascensión Gómez Ferrón.
Banderas, quien pronunció el discurso de agradecimiento en nombre de los premiados, revivió su experiencia al narrar el trágico suceso y, justamente por eso, sus palabras fueron tan sinceras y emotivas. “García Caparrós había caído abatido por un disparo que hizo diana en el corazón de todos los andaluces”. Tras estas palabras, el actor, director y productor malagueño, casado con la actriz Melanie Griffith y que reside en Hollywood, aseguró que nunca ha perdido el contacto con su tierra. “En estos momentos, Andalucía para mí es una necesidad, por eso vuelvo y nunca me separo del todo”, añadió.
El actor hilvanó un relato para pasar, casi con un lenguaje cinematográfico, por la vida y la obra de todos los premiados. Pero fue el último de la lista, García Caparrós, para quien reservó los mejores planos de esta especie de travelling.
Banderas contó lo que pasó aquel 4 de diciembre en primera persona, porque él también participó en esa manifestación cuando tenía 17 años y estaba ensayando una obra con el grupo independiente Dintel. Dejaron el ensayo y se sumaron a la multitud, a una movilización que comenzó con “sonrisas en las caras de todos” y terminó con “el reflejo del miedo”. “No lo supe entonces, pero a muy pocos metros de donde yo me encontraba, la vida de Caparrós había pasado del blanco y verde de la mañana, al negro eterno de lo irreversible”.
El actor aseguró que el discurso lo había escrito él mismo, “sobre todo en los aviones”, y que la parte de García Caparrós “fluyó de manera natural con una escritura casi automática”. Banderas hizo también referencia a la “maldita crisis” que asuela Andalucía pero, a pesar de ello, afirmó estar “lleno de esperanza”. Aunque comenzó diciendo que “el ‘yo’ es feo”, trufó su discurso con algunas referencias personales que arrancaron el aplauso del público en varias ocasiones, especialmente cuando se referían al asesinato de García Caparrós, cuya medalla recogió su hermana pequeña, Dolores, una mujer luchadora que siempre lleva consigo el DNI de Manuel José. “Lo he oído con mucha emoción, como si estuviera viendo todo lo que ocurrió”, afirmó Dolores después de la ceremonia. “Ha sido el mejor discurso del 28-F que he oído nunca”, comentaron varios asistentes al acto. Y es que Banderas hizo uso de su profesión para dotar su intervención de momentos de tensión y otros en los que dio pie a la risa.
Lo hizo especialmente al citar los méritos de la capitana de corbeta Esther Yáñez, de San Fernando, la primera mujer en ingresar en la Armada española y en dirigir un barco de guerra. “Si alguien me la hubiese presentado fuera de este contexto, yo le habría preguntado:
—¿Cómo se llama?
—Esther.
—Bonito nombre.
—¿Y de dónde es?
—De Cádiz
—Bonita tierra.
—¿Y a qué se dedica?
—Soy capitán de corbeta.
—En ese momento se me habría escapado un ‘¡Ole! Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones…”
Aunque la mayor parte de su intervención tuvo un tono serio y emotivo. “Yo no tendría vergüenza ni agallas para mirarme mañana al espejo, si solo dedicara este momento a lanzar alabanzas y piropos a la tierra a la que todos los que aquí estamos amamos profundamente”, dijo Banderas tras hacer referencia a la crisis que azota especialmente a esta comunidad.
Tras los discursos, el actor dijo que compartía la impotencia que sentían los que, paralelamente a la celebración del acto, se manifestaban en la calle. “Las cosas están pasando de castaño oscuro, se están poniendo muy agrias. Pero quiero ser optimista y espero que algún día podamos mirar atrás y ver esto como algo de lo que aprender. Tenemos que tener claro que no vamos a volver al lugar en el que estábamos: la especulación del ladrillo”.
En este sentido, Banderas aclaró que las obras en su casa de Marbella no tienen nada que ver con el procedimiento judicial abierto. Lo que se está haciendo es retranquear un muro del chalé para construir un paseo. “Pase lo que pase con la casa, no voy a protestar, aunque me la quemaran. No voy a hacer daño a mi tierra para que The Times publique que las inversiones en Andalucía no son fiables”, prometió.
A una tierra a la que Banderas siente “palpitar” y se conmueve. “En la que entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte”, confesó a un público completamente entregado.
video:
ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012
Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.
“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.
El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente «vergüenza» porque no haya una «reparación» para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.
«Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado»
El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.
La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.
El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.
A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.
Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: «Os hemos echado de menos mucho tiempo»
En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.
El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.
Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.
El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a «anular» las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.
Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, «siempre habrá heridas abiertas», y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.
Natalia Junquera Madrid 14 ABR 2012 –
Homenaje a las víctimas de la represión franquista hoy en la tapia del cementerio del Este en Madrid. / Cristóbal Manuel
Frente a la tapia del cementerio de La Almudena (Madrid) donde fueron fusiladas 2.684 personas, entre ellas las conocidas como 13 rosas, familiares y supervivientes han rendido hoy, 81 aniversario de proclamación de La República, un emocionado homenaje a las víctimas del franquismo. Durante el acto, se ha leído un discurso del exjuez Baltasar Garzón, quien ha propuesto la creación de una comisión de la verdad de los crímenes franquistas en España.
«La gran mayoría de las instituciones y en particular la justicia han permanecido silentes, agazapadas en el rincón de la vergüenza, acudiendo a los más diversos pretextos para no acudir en defensa de las víctimas», critica Garzón. «Ahora, después de haber perseguido y privado de su jurisdicción al juez que trató de investigar esos hechos y que se atrevió a calificar los crímenes como de lesa humanidad, lo único que queda es el calvario que tendrán que sufrir para conseguir hacer mínimante efectivo el derecho a la reparación que en forma universal e indiscutible les corresponde en el escaso margen que el Tribunal Supremo les ha dejado».
El juez añade que sigue «pidiendo justicia por la dignidad de las víctimas, contra la impunidad y contra la indiferencia de quienes quieren ser sordos y ciegos ante la necesidad de la reparación», aunque advierte: «el tiempo se agota y el olvido anida en las mentes de quienes no quieren saber nada de la memoria».
El discurso ha sido leído por Ana Messuti, abogada en la querella que los familiares de los fusilados interpusieron en Argentina contra los crímenes del franquismo «tras el portazo de la justicia española». Para Garzón, esa querella se ha convertido en «el faro de esperanza» de las víctimas españolas, «como en su día lo fue para Argentina el juicio seguido en España por los crímenes horrendos de la dictadura de las Juntas Militares. Entonces, la justicia española fue ejemplo de compromiso y responsabilidad al aplicar los principios de jurisdicción universal, pero ahora, ese lugar de excelencia, imitado en otros países, se ha convertido en una oprobiosa negación, de hecho, de la jurisdicción universal».
Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura presentaron la querella contra los crímenes del franquismo hace hoy dos años. «La causa no se detiene. La juez argentina vendrá en junio a España para conocer los testimonios de las víctimas», ha dicho Messuti, antes de animar a los allí presentes (un centenar de personas) a sumarse a la querella en Buenos Aires. «No vamos a bajar los brazos».
En el acto estaban presentes varias supervivientes del campo de concentración nazi de Ravensbruck, que al abandonar el cementerio atravesaron muy emocionadas un pasillo de aplausos dispuesto por los asistentes. Después, Ángeles, de 94 años, compañera de prisión de las 13 rosas -«Yo estaba en la celda 6 y ellas en la siete»- ha leído un poema-homenaje a las 13 chicas fusiladas el 5 de agosto de 1939 en la tapia del cementerio, que hoy se ha cubierto de claveles rojos.
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334408729_020506.html
El jurista Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de los crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso
Uno de los esqueletos hallados en la fosa común del cementerio
durante las labores de exhumación en La Puebla de Cazalla (Sevilla)
Baltasar Garzón, 1 ABR 2012 – 14:23 CET
Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.
Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de derecho.
El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas y recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“… en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.
La falsedad en la que vivimos respecto de los crímenes ha sido potenciada por la sentencia del Supremo
En todo caso, quedan otras vías para que se reconozca el derecho actual a la justicia a las víctimas, como son las del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal entendido principio de legalidad que obligaría exactamente a lo contrario, es decir, a satisfacer mínimamente aquel derecho.
Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la que regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el Estado por la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en España como consecuencia directa de la represión franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden sobre ese periodo de nuestra historia reciente.
La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación. La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con “la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.
¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica ley de la Memoria Histórica?
Realmente es difícil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecución, el asesinato, la desaparición, la sustracción de menores a sus legítimas familias y la tortura contra miles de personas, se les denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es, tratar de explicarlo fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso se investigaron aquellos crímenes o ha existido voluntad de investigarlos después, hasta el intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se puede aplicar genéricamente sin determinación de autores ni de hechos y hacerlo además para amparar crímenes contra la humanidad? ¿Acaso se ha permitido la investigación que se proponía sobre los perpetradores vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria Histórica? ¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos políticos españoles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable para estos “temas menores”.
Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad civil, son abundantes e inquietantes.
Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución afectan a la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia, claramente manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que, huyendo del análisis de fondo, se queda en la descalificación y el insulto; huir de la reforma en profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz; renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras burocráticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la corrupción, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase política, que nos encontremos en una situación económica comatosa; destruir la cooperación internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en el mundo; imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el furgón de cola de los países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del nivel ético en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y definitivo cambio de paradigmas se produzca.
Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y comprometida con la consolidación de aquellos valores de transparencia, participación, recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo a quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un modelo fracasado y obligar a mantener el más ominoso silencio.
La Comisión de la Verdad debería acoger los testimonios de las víctimas, de los causantes del dolor y de los expertos
La Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que se propone, debería, con un carácter integrador e independiente, acoger los testimonios no solo de las víctimas que aún viven y que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho a ser oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente, sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los expertos. Y, con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Con ello se conseguiría cerrar definitivamente la herida que aún sigue abierta y divide a los españoles/as.
Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron.
Las generaciones que vivimos el franquismo le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y no saben el precio que se pagó
La búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso es el mínimo ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que aún no saben el precio que se pagó, ni pueden valorar la pérdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.
El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre la violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica: «Cada país tiene que enfrentar su propia historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere, pero es un error terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su vida es cuando la venganza y el odio aparecen».
Una Comisión de la Verdad en España es necesaria y si quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que la historia se repita.
Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina de hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como representante de la soberanía popular, para dar prioridad a una demanda, cuya realización, amén de ser justa, nos reconciliaría verdaderamente a todos.
«Hay que derribar el silencio»
Baltasar Garzón
Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas, para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de forma global a nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones populares y el patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los recibió con todo el protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé bien, porque mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en este diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de los protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los testigos es ser escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo la forma modesta del reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/30/actualidad/1333140803_415996.html
Nota de La A.I. LaMemoria Viva :
En este artículo Baltasar Garzón nos transmite, con la valentia que le conocemos, la energía renovada después del golpe de Estado contra su carrera judicial y contra nuestras legítimas aspiraciones que hemos visto truncadas por el Tribunal Supremo en su momento en los juicios contra el Juez y posteriormente estos días en las últimas resoluciones cerrando la vía de investigación penal de los crímenes del franquismo . Los familiares de las víctimas del franquismo, en esta asociación por lo menos, agradecemos este relato lúcido, esperanzador y solidario y lo compartimos. Nosotros apoyamos esta iniciativa legislativa popular (de presentación de firmas en el Congreso) y en breve pondremos en estas páginas el documento que se podrá descargar para difundir esta idea de creación de una Comisión de la Verdad y conseguir las 500.000 firmas.
¡Una vez más reclamamos Verdad , Justicia y Reparación!
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explica en una carta remitida a todos los embajadores españoles en el extranjero los aspectos relacionados con las violaciones de derechos humanos en la dictadura.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha remitido una carta a todos los embajadores y embajadoras que representan a España en el extranjero. ( http://www.nuevatribuna.es/media/files/2012/03/15/cartaembajadas.pdf )
Después de conocer que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un argumentario a los representantes diplomáticos para ayudarles a explicar el caso Garzón ( http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/2012-02-27/el-supremo-absuelve-a-garzon-por-investigar-los-crimenes-del-franquismo/2012022712100500529.html ), la ARMH también les ha enviado algunos argumentos.
“Se trata de ayudarles a explicar el fenómeno de la impunidad, la negación a garantizar sus derechos a las víctimas de la dictadura militar del general Franco y las demandas de los familiares de los miles de desaparecidos”, señalan. También se hace mención del robo de bebés a las presas republicanas, “un delito cometido con el objetivo de purificar la raza”.
El miércoles se conoció la decisión del Tribunal Supremo de posponer de nuevo la deliberación sobre la competencia para abrir las fosas.( http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2012-03-14/el-supremo-pospone-la-deliberacion-sobre-la-competencia-de-abrir-fosas/2012031413280700636.html )
La carta, que ha sido remitida por correo electrónico, incluía una fotografía de una exhumación en un pueblo de la provincia de Burgos y la portada del diario cordobés La Voz, con fecha, 21 de agosto de 1936, en la que el titular dice: «Las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos»; como un ejemplo de un lenguaje que describe lo que es un genocidio.
( http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1936&idPublicacion=3606 )
Nota de La Memoria Viva: la carta a los embajadores se puede leer pinchando el enlace : http://www.nuevatribuna.es/media/files/2012/03/15/cartaembajadas.pdf .
A parte de los documentos que se pueden obtener a través de esa carta que enlaza con imágenes y vídeos de La ARMH, cualquier embajador puede también consultar nuestras páginas y nuestro flirk de fotos.
Tenemos que agradecer a la ARMH ( http://www.memoriahistorica.org.es ) por esta iniciativa.
Madrid. (EUROPA PRESS) El Tribunal Supremo decidirá a puerta cerrada el próximo día 14 a quién corresponde la competencia en la apertura de las fosas del franquismo. El asunto fue planteado por dos juzgados de El Escorial (Madrid) y Granada tras la inhibición de Baltasar Garzón se encontraba en suspenso desde abril de 2010 en espera de que se resolviera la causa en la que el ex juez e la Audiencia Nacional fue juzgado por investigar estos hechos.
La Sala que resolverá sobre este asunto está integrada por el presidente de lo Penal Juan Saavedra y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Perfecto Andrés Ibáñez, que será el ponente de la resolución. Dos de ellos, el ponente y Colmenero, formaron parte del tribunal que absolvió a Garzón de un delito de prevaricación del que había sido acusado por investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. En la sentencia se señala que «el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal» y que las actuaciones sobre las fosas corresponden a la Administración.
Pendiente desde 2009
El Supremo dejó en suspenso este asunto en respuesta a la cuestión de competencia planteada por el propio Garzón en junio de 2009 después de que los juzgados de instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el juzgado de instrucción número 3 de Granada rechazaran hacerse cargo de la investigación de las fosas halladas en sus respectivos territorios. Ambos órganos hicieron pública su negativa tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se había inhibido en sus investigaciones atribuyendo a los juzgados territoriales la competencia sobre la apertura de las fosas que se encontraran en su demarcación.
El Supremo alegó entonces que dado que el objeto de este asunto estaba «directamente relacionado con los hechos que se instruyen» en la causa sobre las investigaciones de Garzón sobre el franquismo era procedente suspender en espera de la conclusión de la causa contra el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. «Todo ello sin perjuicio de que durante el tiempo en el que se prolongue la suspensión, los interesados puedan ejercitar los derechos» derivados de la Ley de Memoria Histórica, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», añadió en su día el Supremo.
Valle de los caídos y Lorca
El 8 de julio de 2009, el Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial rechazó la inhibición planteada por el juez Garzón para asumir la competencia relativa a la parte de la causa sobre la memoria histórica que corresponde al partido judicial de San Lorenzo de El Escorial en relación con las exhumaciones de los restos mortales depositados en el Valle de los Caídos. Unos días antes, el 30 de junio, el juez de Granada había dado una respuesta idéntica a la Audiencia Nacional en relación con la fosa en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca. El 26 de diciembre de 2008, Garzón se había declarado incompetente para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante este periodo.
Tanto el juez de El Escorial como el de Granada rechazaron hacerse cargo del caso alegando la interconexión de los hechos que corresponden a este partido judicial con los ocurridos en el resto de España. En concreto, y antes de ser acusado por prevaricar al investigar este asunto, Garzón se inhibió en favor de los juzgados de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca. Se inhibió también en favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a «las exhumaciones solicitadas». En la mayoría de estos lugares la investigación de las fosas se mantiene paralizada.
http://www.lavanguardia.com/politica/20120309/54266333240/ts-apertura-fosas-franquismo.html
Tal como dijimos en el pronunciamiento conjunto emitido por RIS y otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos en la mañana del día de ayer, la sentencia absolutoria en el proceso contra el Juez Garzón no resuelve la cuestión de quién tiene competencia en España para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Tras un primer análisis detallado del texto de esta sentencia, debemos reconocer que nuestro primer posicionamiento se quedó muy corto. La sentencia, en esencia, lo que hace es cerrar toda posibilidad de que un tribunal español investigue dichos crímenes. Esto es, la respuesta que nos ofrece es que nadie es y será competente en España para ello.
Queremos por ello llamar la atención de la comunidad jurídica internacional, manifestando nuestro profundo rechazo y preocupación por las tesis sostenidas por el Tribunal Supremo en su sentencia respecto a cuestiones tan fundamentales como la eficacia y aplicación directa –e indirecta- del Derecho internacional en España, el carácter y naturaleza de la desaparición forzada de personas y de los crímenes contra la humanidad, o la licitud de la Ley de Amnistía. Más aun, el Tribunal Supremo niega con esta sentencia el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y a la reparación por la vía judicial de la víctimas de los crímenes de derecho internacional de la Guerra Civil y el franquismo; restringiendo, además, el rol de los jueces a meros implementadores automáticos de las normas adoptadas por el Poder Legislativo. Con todo ello, se ha conformado en España un desolador panorama para las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, quedando la absolución del Juez Garzón en un segundo plano.
Esta sentencia deja así a las víctimas huérfanas de tutela judicial en España, rechazando de plano cualquier aplicación del Derecho internacional, que también es Derecho interno español. La sentencia es igualmente, y cuanto menos, diametralmente opuesta a las tendencias actuales en la protección de los derechos humanos. El Tribunal se refiere a la “fuerza expansiva” de los derechos humanos, para agregar que sin embargo está sometido al principio de legalidad del ordenamiento jurídico español –esto es, al modo en que interpreta este principio y el “ordenamiento jurídico español” en esta oportunidad.
En relación con la acusación contra el Juez Garzón, el Tribunal Supremo concluye que “la actuación jurisdiccional del magistrado acusado, aunque haya incurrido en excesos en la aplicación e interpretación de las normas […], no alcanza la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación y no merece el reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación”. Es decir, el Tribunal Supremo no considera que el Juez Garzón llegase a prevaricar con sus actuaciones respecto de los crímenes que fueron denunciados ante la Audiencia Nacional; pero, insistimos, subraya en múltiples ocasiones que las mismas fueron jurídicamente “erróneas”.
La pregunta entonces es: ¿cuáles son pues las tesis jurídicamente adecuadas respecto a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo? La respuesta del Tribunal Supremo, en este punto, es ciertamente preocupante. Para el Alto tribunal español:
1) Respecto a una de las demandas de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, sostiene que «la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria», pero que «no forma parte del proceso penal» ni «corresponde al juez de instrucción». En otras palabras, que conocer la verdad de lo ocurrido y la suerte de los desaparecidos no es algo, en sí mismo, propio al proceso penal en España y/o a sus fines. En este punto, señala que tal labor “corresponde al Estado a través de otros organismos”; aunque parece olvidar, o quiere olvidar, que las víctimas de todos estos crímenes acudieron a la Justicia también porque, como es patente, ningún “organismo” del Estado ha atendido sus demandas durante años y años.
2)La sentencia mantiene a partir de una restrictiva interpretación del principio de legalidad penal, que los hechos denunciados no pueden ser considerados “crímenes contra la humanidad” en los años que se cometieron. Y ello porque a su juicio, “el cuerpo normativo que conformaba la legalidad penal internacional no estaba vigente al tiempo de la comisión de los hechos.” Tampoco entiende que sea posible acudir al “elemento de contexto” en este caso, en la línea en que sí fue posible en la sentencia del mismo Tribunal Supremo en la causa contra Sclingo.
3) La sentencia rechaza la posibilidad de que los hechos denunciados –en esencia, según los denunciantes, delitos de desaparición forzada de personas- tengan carácter permanente. Sostiene el Tribunal Supremo que “la argumentación sobre la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica”.
4) En consecuencia, mantiene que todos los crímenes denunciados están, en fin, prescritos.
5) Igualmente, afirma que la Ley de Amnistía de 1977 es plenamente aplicable. Y en este punto, manteniendo que si bien una ley como la española “puede ser considerada como una actuación que restringe e impide a la víctima el recurso efectivo para reaccionar frente a la vulneración de un derecho”, los compromisos internacionales que España adoptó en este sentido sólo serían aplicables a violaciones a los derechos humanos cometidas después de 1977 (con la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y aunque éste entrase en vigor, en fin, antes de aprobarse la Ley de Amnistía española).
Estos han sido los fundamentos básicos que han sostenido la sentencia del Tribunal Supremo en lo que ahora nos interesa subrayar. Nos ocuparemos de ellos en mayor detalle en análisis subsiguientes; pero en este momento es importante destacar una primera conclusión. Aunque el mismo Tribunal pretende decirnos que “la normativa internacional de protección de los derechos humanos, en permanente discusión, está propiciando importantes debates jurídicos que impiden hoy un pronunciamiento categórico sobre su extensión”, lo cierto es que el Tribunal Supremo se ha manifestado categóricamente: según su interpretación del Derecho aplicable, no hay lugar para ninguna investigación judicial en España por los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo. Todos estos crímenes estarían prescritos, cuando no amnistiados, y si las víctimas desean ver satisfechos sus derechos a la verdad y a la reparación, los tribunales penales españoles no tienen nada que decir o aportar.
En resumen y esencia, las tesis del Tribunal Supremo llevan a afirmar que cualquier investigación judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España es hoy, más que nunca, imposible.
Madrid, 27 de febrero de 2012
Hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Center for Constitutional Rights (CCR), the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Lawyers Rights Watch Canada (LRWC), el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Rights International Spain (RIS) expresan su satisfacción por la sentencia absolutoria adoptada por mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España en la causa contra el Juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso de la «Memoria Histórica». Estas organizaciones emiten al respecto el siguiente comunicado:
“Nuestras organizaciones, que incluyen observadores internacionales y nacionales que presenciaron el juicio seguido contra el Juez Baltasar Garzón, han mostrado preocupación durante el juicio celebrado las pasadas semanas y han advertido con anterioridad (https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiNmM5ZTExNWEtZmQ5Yy00NTMxLTk1ZjYtMzZhMWVjNmYwYTU2/edit?pli=1) a la comunidad internacional y a la sociedad española sobre los peligros que este proceso representaba para la independencia judicial y para el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Por ello, celebramos que el Tribunal Supremo haya absuelto al Juez Baltasar Garzón de los cargos de prevaricación en este caso. Pero al mismo tiempo, queremos recalcar nuestra profunda preocupación y rechazo por el grave daño inflingido desde la apertura de este proceso al Juez Garzón, así como al Poder Judicial en su conjunto. El Juez Garzón nunca debería haber sido enjuiciado por el solo hecho de cumplir con la obligación jurídica de investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado, de conformidad con la legalidad internacional.
Con todo, tras esta sentencia sigue sin haber respuesta a la cuestión fundamental que se encuentra en el fondo de la actuación del Juez Garzón y del procedimiento seguido contra él: ¿quien tiene competencia para la investigación de los crímenes de cometidos durante la Guerra Civil y el régimen Franquista en España?
Recordamos al Tribunal Supremo que tiene la obligación de pronunciarse acerca de la cuestión de competencia, cuya resolución supeditó de forma insólita al proceso por prevaricación contra el Juez Garzón, y que en consecuencia está pendiente desde hace más de dos años. Nuestras organizaciones instan al Tribunal Supremo a que determine, de acuerdo con el mandato constitucional y con plena observancia de los principios del Derecho internacional, cuál es el tribunal competente para investigar y, de este modo, asegurar un remedio efectivo para las 114,266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la Guerra Civil y el subsiguiente régimen franquista. Asimismo, instamos al Tribunal Supremo a que confirme la vigencia de las normas y de los principios de Derecho nacional e internacional aplicables a la investigación y a la reparación de estos y de otros graves crímenes de derecho internacional.
Junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, urgimos a España a derogar la ley de amnistía de 1977, puesto que viola las obligaciones internacionales contraídas por España desde ese mismo año, y así asumidas en la Constitución española (artículos 1.1, 9, 10.2, 95 y 96). Nuestras organizaciones instan además a las autoridades españolas a cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar las medidas necesarias para asegurar que existe responsabilidad por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional que amenazan la paz y la seguridad colectiva. De conformidad con el cumplimiento efectivo y la plena observancia del derecho internacional, las autoridades españolas deben actuar para garantizar de manera efectiva la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.”
ERNESTO EKAIZER27/02/2012 20:35
El magistrado Andrés Martínez Arrieta, ponente en el caso de memoria histórica contra Baltasar Garzón, presentó la semana pasada, el jueves, día 23 de febrero, su texto. Según fuentes fidedigna, dijo que si los otros seis magistrados no estaban de acuerdo, pues tendrían que buscar otro ponente. Era una manera de decir que su proyecto de sentencia era absolutoria. Este desenlace hubiese sido innecesario si, como parecía, la mayoría de la sala hubiera votado en las cuestiones previas, el pasado 31 de enero, anular el juicio por las presuntas irregularidades de la instrucción.
La reconstrucción de las horas que precedieron a la decisión del tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de continuar es una novela de no ficción para la cual cabría un premio importante. Porque arroja luz sobre la causa general emprendida por el Tribunal Supremo contra Garzón.
Y en esa reconstrucción hay una figura por la cual el abogado y novelista John Grisham, autor de bestsellers judiciales, estaría dispuesto a pagar, si hiciese falta. Ya sabemos que la realidad supera ficción. O si se prefiere, la realidad o la vida del Supremo imita, que diría Oscar Wilde, al arte o la ficción.
Esa figura es el ex magistrado Adolfo Prego. Este es el hombre que arropó en 1987, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dos magistrados al Tribunal Supremo: Luciano Varela y Manuel Marchena. Dos instructores de causas contra Garzón (víctimas del franquismo y cursos de Nueva York, respectivamente) y miembros del tribunal que le ha ha juzgado (grabaciones realizadas sobre las conversaciones entre los acusados presos del caso Gürtel y sus abogados, dos de ellos imputados y otros tres sin imputación alguna) y condenado a once años de inhabilitación por el delito de prevaricación.
Prego abandonó su plaza en el Tribunal Supremo en septiembre pasado para ocupar un puesto en un bufete privado. ¿Y entonces qué pinta en esta historia? Pintó en sus antecedentes y ha pintado de manera privada y discreta a modo de mano invisible. «O la voz invisible», como bromea un ex magistrado.
¿Voz invisible? Cuando los magistrados de la sala que enjuiciaba los crímenes del franquismo mostraron cierta «debilidad» a la hora de considerar que quizá fuese mejor aprovechar las cuestiones previas para anular el juicio, Prego movilizó sus razonamientos a través del teléfono. Finalmente, cuatro magistrados votaron por continuar el juicio y tres en contra.
Según varias fuentes consultadas, el ex magistrado persuadió finalmente a uno de los jueces de la sala, Miguel Colmenero, ponente a su vez de la causa de las grabaciones en prisión, de que sería un desastre admitir las cuestiones previas porque ello suponía dejar al magistrado instructor Luciano Varela, también miembro de la sala de las grabaciones, a los pies de los caballos.
La relación de Prego con Colmenero es de una gran amistad y se remonta a los tiempos de su coincidencia común en Segovia. Prego fue titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Segovia desde 1983 hasta 1986 y más tarde ascendió ejerció a presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, entre 1995 y 1998. Ese año, Prego y Miguel Colmenero, fiscal jefe en Segovia, pasaron al Tribunal Supremo, como magistrado y fiscal respectivamente. Prego pasaría más tarde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Colmenero sería magistrado del Tribunal Supremo. Ambos se reencontrarían en el Supremo con el regreso de Prego, al abandonar el CGPJ.
Prego arropó especialmente a Varela y a Marchena para el Supremo desde su posición en el CGPJ. Aunque de ideas aparentemente opuestas, y con puntos de vista diferentes ambos coincidieron en la implantación de la ley de jurado. Para Prego el nombramiento de Varela, presuntamente progresista, era una manera de compensar la candidatura de Marchena, conservador, al Supremo.
Prego fue apartado en junio de 2011 del tribunal que debía juzgar a Garzón al ser aceptada su recusación. En septiembre de 2011 solicitó una excedencia voluntaria para pasar a la actividad privada en el conocido bufete del abogado Ramón Hermosilla. Y su lugar en el tribunal que debía juzgar la instrucción de la causa de las víctimas del franquismo fue ocupado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que asumió la ponencia. Martínez Arrieta, que sí apoyó la sentencia condenatoria en el caso de las grabaciones de Gürtel, elaboró una sentencia absolutoria en el caso de las victimas del franquismo que entregó el pasado jueves a los miembros del tribunal.
Fuentes solventes señalan que Prego consistió influir en la idea de que el juicio contra Garzón debía al menos celebrarse porque anularlo en la fase cuestiones previas hubiera supuesto tal varapalo para el instructor, Luciano Varela, y para los miembros de la sala que habían admitido y resuelto los recursos en el proceso de instrucción que la sala segunda del Tribunal Supremo como tal quedaría dañada.
Fotos de represaliados por el franquismo en una de las concentraciones que se produjeron en solidaridad con el juez Garzón - REUTERS
Las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica reciben con indignación la sentencia del Supremo
EDUARDO MURIEL (@eduardomuriel)MADRID27/02/2012 18:16
Las asociaciones que tratan de recuperar la memoria histórica y hacer justicia con los represaliados durante la dictadura franquista han recibido con indignación la noticia de la sentencia contra Garzón. Y es que, aunque se muestran satisfechos por la absolución del juez, lamentan que el Tribunal Supremo siga «impidiendo que se juzguen los crímenes del franquismo, de una vez para siempre».
La sentencia del Supremo (puedes leerla aquí) establece que para que un juez pueda investigar los crímenes del franquismo se debe derogar previamente la Ley de Amnistía desde el Parlamento. «Precisamente, porque la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento», cita el texto.
Julián Rebollo, de la plataforma ‘Solidarios con Garzón’, que aglutina a un gran número de asociaciones por la memoria, colectivos sociales y partidos políticos, se muestra indignado por la conclusión del Supremo, que al mismo tiempo que absuelve a Garzón está «ensuciando su causa, porque dicen que se ha extralimitado».
Rebollo recuerda que, tal y como establece el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad se deben juzgar «de una vez para siempre en el Supremo». «Tiene que haber una investigación contundente, los derechos humanos son fundamentales«, lamenta Rebollo, que se pregunta «cómo todos esos crímenes, las miles de personas asesinadas pueden quedar en el olvido».
Desde el ‘Foro de Asociaciones por la Memoria Histórica’, hacen una lectura similar. «Es un varapalo tremendo el que nos dan, que corrobora muchas de las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo», afirma José María Pedreira, presidente de la federación.
«Queremos que nuestros nietos sepan que hubo una dictadura para que no vuelva nunca»
Además, en la sentencia «vuelven a hablar de los dos bandos y legitiman con ello el régimen franquista, hablan de seguir dando por buena toda la legislación franquista al respecto y entonces no dan solución para ver por dónde podemos tirar, para buscar una salida», lamenta Pedreira. Se refiere a la alusión de Paracuellos, «que sabemos que es un tema solucionado desde el punto de vista jurídico por el régimen franquista, resuelto desde los años 40″.
Ante la sentencia del Supremo, Julián Rebollo anuncia futuras movilizaciones, porque «ya está bien de la acción de este Tribunal, en cuyo seno hay gente del tiempo pasado y que no renuncia«. «Queremos que nuestros hijos y nietos sepan que hubo una dictadura para que no queremos que vuelva nunca«, resume Rebollo.
Sin embargo, Rebollo saca una lectura también positiva del proceso contra Garzón. «No estamos igual que antes, al menos se han oído los testimonios de la gente ante el tribunal, los gritos de los manifestantes denunciando estos crímenes», apunta. Por eso, desde la plataforma «no damos la batalla por perdida ni ganada, es un paso más para hacer justicia algún día».
Ciudadanos congregados hoy 27 02 2012 en Sol al conocer la sentencia del mismo día. Foto La Memoria Viva
http://www.publico.es/espana/424157/absuelven-a-garzon-pero-ensucian-su-causa
Los denunciantes pedirán al tribunal que resuelva de urgencia la competencia sobre las fosas
Natalia Junquera Madrid27 FEB 2012 – 13:33 CET33
No puede haber grandes celebraciones por la sentencia absolutoria de Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, manifiestan varios juristas y colectivos de víctimas. El tiempo transcurrido desde que se presentaron las primeras denuncias por estos crímenes, en 2006, hasta hoy, cuando el juez que decidió investigarlos ha sido absuelto por ello, han causado un daño irreparable al proceso. Muchas de las víctimas del franquismo han muerto en estos cinco años y medio.
Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe anticorrupción. «Se cumple un plan perfectamente calculado y preconcebido. Este debería haber sido el primer juicio y ha sido el último, deliberadamente. El Supremo le absuelve cuando ya le ha apartado injustamente de la carrera judicial. Cinco años y medio más tarde, ¿qué hacen ahora las víctimas del franquismo? La mayoría de los jueces con fosas en su jurisdicción han archivado las denuncias de Garzón. Que hayan dejado pasar tanto tiempo para absolverle es una ofensa a la inteligencia jurídica».
El ex fiscal jefe anticorrupción cree que la absolución deja al juez Varela, instructor de la causa, en una situación muy delicada, «como un incompetente y un perfecto ignorante. Debe ser objeto de una crítica inmisericorde por empeñarse en llevar este proceso hacia adelante con el fiscal en contra y haciendo pactos espúreos con la acusación de Manos Limpias». «Todo este proceso ha sido un disparate jurídico».
«Es imposible estar contento porque ha pasado mucho tiempo y se han cometido muchas atrocidades en el camino. Pese a todo, me alegro porque este fallo supone un espaldarazo a una decisión histórica y una buena noticia para las víctimas del franquismo. Esta causa debería reabrirse en la Audiencia Nacional».
José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado del Tribunal Supremo, opina que esta causa contra Garzón «nunca se debió abrir con unos fundamentos jurídicos tan débiles. El escrito de admisión de las querellas fue inadmisible. Y todavía más escandaloso es que haya terminado celebrándose un juicio. Aunque ha servido para que las víctimas del franquismo pudieran ser escuchadas.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Me parece muy desproporcionado todo lo que han montado para votar seis contra uno. Creo que deja al juez Varela en un papel delicadísimo», asegura. «Los denunciantes pedirán mañana a la justicia que resuelva el conflicto de competencia de urgencia . Detrás de esto hay gente muy mayor. Muchos han muerto en estos años. El Tribunal Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo y tiempo es precisamente algo que no tienen los familiares de las víctimas. Se han destruido muchas pruebas durante este proceso porque ha muerto gente cuyo testimonio podía llevarnos a abrir fosas del franquismo».
Luis García Montero, portavoz de la Plataforma Solidarios con Garzón, ha anunciado que en los próximos meses, se va a organizar «un gran homenaje” al exjuez, además de un encuentro nacional de todas las organizaciones de represaliados y de víctimas del franquismo «para seguir en la lucha». El poeta ha valorado con «alegría macabra» este procedimiento, dirigido contra Garzón y en el cual se ha dado a las víctimas la oportunidad de contar su «historia» delante de un tribunal. «Nos ha conmocionado oír sus historias», ha afirmado en declaraciones a Europa Press. García Montero sospechaba que Garzón sería absuelto por investigar los crímenes del franquismo ya que “se trataba” de apartarle de la carrera, lo que el Supremo acordó en la causa de las escuchas de la Gürtel.
Reed Brody, observador internacional enviado por Human Rights Watch al juicio. «Al declarar este caso improcedente, el Tribunal Supremo ha conseguido evitar un escándalo de mayores proporciones. La investigación de hechos de tortura y desapariciones no puede ser considerada un delito. España debería cumplir el pedido de las Naciones Unidas y derogar la ley de amnistía de 1977, además de brindar asistencia a los familiares de las víctimas del franquismo en su prolongada búsqueda de justicia y verdad». «Sin embargo, la condena que ya fue dictada contra Garzón constituye de por sí un serio revés. Aunque Garzón ya no podrá volver a ejercer como juez, no es él quien más se ha perjudicado con este resultado .La decisión perjudica particularmente la reputación del poder judicial español y a aquellas personas -ya sea en España, detenidas en Guantánamo o en otros países de todo el mundo donde no existe justicia- que sabían que podían contar con que al menos un juez independiente aplicaría las normas de derechos humanos sin temor a las consecuencias políticas».
María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, ha asegurado que el PP respeta la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. «Desde el partido respetamos las sentencias sea cual sea el sentido de las mismas», ha afirmado.
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, se ha pronunciado en línea similar. Ha señalado que en un Estado de Derecho, con plena independencia de sus poderes, el Gobierno respeta cualquier resolución que dicta cualquier organismo jurisdiccional en España. Gallardón ha agregado que, al margen del criterio personal que cualquier ciudadano puede adoptar ante una resolución, hay que tener la seguridad y la garantía de que el Supremo es el organismo que identifica los valores de independencia del poder judicial y que aplica las leyes que aprueban los legisladores, cumpliendo el mandato democrático de los ciudadanos.
El ministro también ha dicho que ninguna de las críticas «injustificadas» lanzadas contra el alto tribunal por el proceso seguido contra Garzón por la causa del franquismo le ha hecho perder el prestigio que tiene ante los ciudadanos. El exalcalde de Madrid ha añadido que, dentro y fuera del país, la justicia española es percibida como «fuerte» e «independiente» y con la capacidad de poder resolver los conflictos en los que se haya producido una vulneración de la legalidad vigente.
Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha mostrado la satisfacción de su partido por la sentencia. «Unas sentencias nos gustan más que otras y esta, en concreto, nos satisface», ha precisado. Valenciano ha puntualizado que el PSOE siempre ha creído que la justicia debía investigar los crímenes del franquismo. No obstante, ha hecho hincapié en que «cualquier sentencia de los tribunales es respetada por el Partido Socialista. Faltaría más».
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330346017_452257.html
José Yoldi / Julio M. Lázaro Madrid27 FEB 2012 – 15:49 CET
El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), por seis votos a favor y uno en contra, por haber intentado abrir una investigación por los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que Garzón incurrió en un error, como es calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y que de ahí cuelgan los demás errores cometidos por el exmagistrado, aunque esos errores no constituyen delito de prevaricación.
La decisión judicial llega una semana después de que el exjuez fuese expulsado de la carrera judicial tras haber sido inhabilitado a 11 años por las escuchas del caso Gürtel. El alto tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional. Tras la condena por la trama Gürtel, el Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York
La sentencia critica los juicios de la verdad, porque aunque en Argentina y otros países se pueda realizar una investigación para acreditar lo ocurrido, en España solo es posible realizar una investigación cuando existe una persona física a la que investigar y en este caso es obvio que todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados en el plan sistemático de exterminio puesto en marcha durante la guerra estaban ya muertos. La sentencia estima que los historiadores tienen su papel y que los jueces tienen el suyo y no se pueden mezclar.
Sobre el fondo de la cuestión, el Supremo estima que hubo una objetiva desigualdad entre las víctimas de uno y otro bando, porque si bien unas fueron reconocidas y resarcidas, las otras nunca lo fueron, por lo que se estima que Garzón actuó para tratar de subsanar esa desigualdad.
La sentencia estima que los historiadores tienen su papel y que los jueces tienen el suyo y no se pueden mezclar
Sin embargo, el tribunal estima que el juez se equivocó, porque aunque en sus autos habla de desapariciones forzosas en un contexto de crímenes contra la humanidad, toma el contexto como si fuera la propia calificación de los hechos, y con la legislación vigente no se podía declarar, como hizo Garzón, que los crímenes fueran crímenes contra la humanidad que es un concepto muy posterior. Aunque puede parecer que es una grave crítica a Garzón, la sentencia destaca que España tiene un concepto muy restrictivo del principio de legalidad, por lo que esa calificación nunca podía ser aceptada.
Respecto a la ley de Amnistía, el tribunal destaca que fue un instrumento de reconciliación y no una ley de autoamnistía como las que se otorgaban algunos dictadores del cono sur. Entiende el tribunal que es una ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero nunca los jueces.
La sentencia, muy trabajada, de la que ha sido ponente Andrés Martínez Arrieta, ha contado con los votos favorables de Carlos Granados, Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, José Ramón Soriano y Julián Sánchez Melgar, además del propio Arrieta. José Manuel Maza ha formulado un voto particular en el que señala que Garzón debería de haber sido condenado. Sánchez Melgar, por su parte ha realizado un voto concurrente con la sentencia definitiva.
Sentencia íntegra del 27 02 2012 , pinchar aquí: c38da9aeed611d25e02b591d615891a5
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330340276_898741.html
Estimados(as) amigos(as),
Adjuntamos Comunicado animando a participar en la manifestacion de este sabado 25 de febrero en Paris, en apoyo al Juez Garzon.
Nuestra organizacion apoya firmemente esta convocatoria.
Sábado 25 de febrero de 2012 de las 15 H 30 a las 17 H 30
Place Pierre Brisson (cerca Avenue Marceau) -75016 PARIS (Métro Alma-Marceau)
Chers(Chères) amis(amies),
Nous vous adressons ci-joint communiqué invitant à participer massivement à la manifestation à Paris pour soutenir le juge espagnol Baltasar GARZON qui aura lieu :
Samedi 25 février 2012 de 15 h 30 à 17 h 30
Place Pierre Brisson (près de Avenue Marceau) -75016 PARIS (Métro Alma-Marceau)
Comunic SSF llamamiento Manifest Garzon 25.02.2012
Plataforma PARIS CON GARZON
Los socialistas Españoles de la Región parisina se han quedado estupefactos ante la sentencia condenatoria de Baltasar Garzón pronunciada por el Tribunal Supremo español este 09 de febrero de 2012.
Es costumbre y regla de comportamiento de los socialistas respetar, por lealtad institucional, al conjunto del sistema judicial español. También es para los miembros de este Partido, un principio fundamental respetar y acatar las sentencias incluso cuando estamos en desacuerdo.
Pero difícilmente podemos respetar esta sentencia condenatoria contra el Juez Garzón que marca un precedente peligroso en la persecución por el sistema judicial español, con fines evidentemente políticos, de un Juez honesto, responsable y reconocido profesional. Dicha sentencia pone seriamente en duda la credibilidad de todos los magistrados que participaron en este caso y, por consecuencia, del Tribunal Supremo y sistema judicial en su conjunto.
Queremos expresar a la sociedad nuestra profunda preocupación por el funcionamiento de la Justicia en España, que parece volver 70 años hacia atrás. Una Justicia donde los Abogados de imputados por corrupción consiguen la condena de un juez instructor que no hizo otra cosa que su trabajo, reconocido y continuado en el mismo caso por otros jueces instructores, ¡antes de que el propio caso de corrupción sea juzgado por los Tribunales!
Esta sentencia no sólo es absurda. Simboliza la persecución política contra el Juez Garzón. Es el perfecto ejemplo de prevaricación fundamento jurídico tan absurdamente utilizado para tratar de justificar las acusaciones artificiales contra el Juez Garzón.
Sabemos que la inmensa mayoría de los Españoles han comprendido que el objetivo de esta y posteriores sentencias condenatorias no es otro que el de intentar hacer callar a todos los que buscan la verdad sobre las víctimas del franquismo y el inmenso dolor sufrido por sus familiares a los que se niega el simple derecho de enterrar con dignidad a sus padres y abuelos.
Desde aquí queremos trasladar nuestro más profundo sentimiento de solidaridad con el Juez Baltasar Garzón, con su familia y con el mundo de todos los profesionales del Derecho que han recibido esta sentencia como un insulto a su trabajo.
En nombre de la Comisión Ejecutiva del PSOE PARIS
José ROJAS
Secretario de Comunicación y Portavoz del PSOE-París
Paris, 10 de febrero de 2012