Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

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Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que «no quedaba probada» la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de «peligro social»

«Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio», asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de «peligro social». Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

«Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro», defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. «En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?», se pregunta. «Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel», remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. «Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos», avanza Antonelli. «La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado», añade. «Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas», reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

«Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos», subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. «Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado», recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. «He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos», explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

«Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente»

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

«Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes», asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. «Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días», concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 

El policía que vivió los dos lados de la tortura…

El comisario Creix, retenido y golpeado durante la guerra, regresó a Barcelona para vengarse como torturador franquista.

Antonio Juan Creix, condecorado por el gobernador civil de Vizcaya, Fulgencio Collen 1970.EFE

BRAIS BENÍTEZ BARCELONA 12/09/2010

Un nombre compuesto, Antonio Juan. Un apellido, Creix. Y un cargo sombrío, comisario. En la época franquista, esas palabras fueron sinónimo de represión. La terrorífica fama negra de Antonio Juan Creix queda resumida en el hecho de que fue el único mando de la policía política franquista depurado antes de la muerte del dictador. Acabó su carrera de policía de la forma más ignominiosa, con un expediente disciplinario y una sanción de tres años de empleo y sueldo.

El periodista Antoni Batista, doctor en Ciencias de la Comunicación y profesor de Periodismo en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha recuperado la historia del temido comisario Creix en La carta. No fue el comunismo, al que combatió toda su vida, lo que acabó con el comisario. Fueron sus propios compañeros, aquellos que lo habían loado y ensalzado como un héroe del movimiento, los que decidieron acabar con él a la vista de la inevitable Transición. Creix, que durante la dictadura se había hecho tristemente célebre por apresar y torturar a los enemigos reales o imaginarios del franquismo, llegó a representar un grave inconveniente para los sectores moderados del régimen en el pacto que se avecinaba.

Antoni Batista traza la biofrafía de Creix en La Carta, que lleva el subtítulo de Historia de un comisario franquista (Debate). El periodista catalán decidió indagar en el papel que desempeñó el comisario Creix durante la dictadura porque «en todas las fichas policiales y documentos a los que tenía acceso tenía preminencia un policía, el comisario Creix». «Aparecía cuando accedí a la ficha franquista del poeta Salvador Espriu, que acababa de morir en 1985; en los archivos del Gobierno Civil; y también cuando accedí a los documentos de la Brigada Social guardados en un inmenso almacén cercano a la Jefatura de la Vía Laietana», añade Batista.

En un libro anterior, La Brigada Social, Batista habló de Creix, pero se quedó con las ganas «de seguirle la pista a un policía que fue sin ninguna duda el arquetipo de la policía política del franquismo».

El Comisario Creix había nacido en Jerez de la Frontera, en 1914, en un ambiente de ultraderecha, y creció en el centro de los militares africanistas que engendraron el golpe de Estado de 1936. Se hizo policía en la Barcelona republicana, lo que para él era «zona roja», pero su filiación política le llevó a enrolarse en el espionaje de Franco, en el Servicio de Información Militar.

Víctima y verdugo

La guerra le pilló en Barcelona, y tenía veinticuatro años cuando fue detenido por los rojos’ en agosto de 1938. Trasladado a la parte alta de la ciudad junto a sus compañeros, sufrió torturas continuas. Años más tarde, en 1941, regresó a la capital catalana y pidió ser adscrito a la Brigada de Investigación Social, creada para reprimir todas las ideas que el franquismo dejó fuera de la ley, entra ellas el comunismo, que para Creix fue el causante de sus males. Desde su nuevo puesto, «hizo lo que a él le hicieron, se lo hizo a quienes se lo hicieron», detalla el libro.

«No he abordado el libro hasta ahora porque necesitaba un tiempo que pusiera distancia, no quería escribir contra’ sino sobre’ Creix. Quise entender qué pensaba él, por qué actuaba como actuaba y explicármelo psicológicamente para expresarlo a mis lectores». Antoni Batista logró ese distanciamiento y esa comprensión tras dialogar con el hijo de Creix. «Con él tuve la visión de la otra cara del policía, la del hombre y el padre, y tuve acceso a otra documentación del ámbito privado que no estaba ni en los Gobiernos Civiles ni en las Jefaturas por las que pasó», argumenta.

Batista repasa el ascenso de Creix desde policía raso a jefe superior de Policía de Andalucía. Durante esa trayectoria, muchos fueron los que sufrieron el acoso y las torturas del comisario: dirigentes del PCE/PSUC como Miguel Núñez, con el que el autor mantiene una intensa relación, o Joan Comorera; anarquistas como Quico Sabaté o José Luis Facerías; intelectuales como Manuel Vázquez Montalbán, Luís Goytisolo, Salvador Espriu o Joan Oliver; así como dirigentes de ETA condenados a muerte en el proceso de Burgos, una pena que se conmutó a 30 años, y una de sus últimas detenciones más sonadas, la de Eleuterio Sánchez, «El Lute».

Los castigos más usados en los años de Creix

El electricista. Los electrodos sobre cuerpos mojados era una de las formas de tormento de aquellos «años de la victoria».

El corro. El método tradicional de los primeros años. Un grupo de policías pegando a mansalva, a mano y a porra.

La cigüeña. Se ponía al detenido en cuclillas, a veces desnudo para culminar la humillación. Se le esposaba las manos juntas por detrás de las rodillas y se le tenía así lo que aguantara, para golpearlo cuando se desplomaba.

El tambor. Consistía en colocar sobre la cabeza un cubo de aluminio, y golpearlo con las porras. Los tímpanos se hacían trizas, la sordera era una secuela inevitable, y el dolor, infernal.

La bañera. Un método basado en la asfixia: meter la cabeza del detenido en un cubo de agua, con el habitual plus de humillación después de que un torturador orinara o escupiera. El sadismo la ha perfeccionado cambiando el agua por una bolsa de basura apretada al cuello.

El Cristo. Consistía en tumbar en decúbito supino al detenido, con los brazos en cruz, y golpearle con todo tipo de instrumentos.

El quirófano. En una mesa tendían a la víctima de cintura para abajo, dejando el medio cuerpo superior suspendido en el aire. Mantener una horizontal imposible era la única manera de evitar el terrible dolor en la columna y la hiperemia cerebral.

Público.es

Una investigación pendiente…

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta información –particularmente los “expedientes policiales”– refleje la intensa y sistemática actuación represiva de la Brigada Político-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposición democrática. Representaba, además de otros cuerpos policiales, la institucionalización de la represión bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.
La Brigada Político-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisarías o centros de detención habilitados –sin poner al detenido a disposición judicial–, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos políticos que había en España a principios de 1961. Su actuación fue denunciada en su día por Justicia Democrática, haciendo constar la presencia de un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, la persistencia de “torturas policiales en régimen de expresa impunidad” y que “las brigadas político-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”.
Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifestó que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se referían al periodo 1975-1977. El estudio exigirá acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a un pasado remoto”. Será difícil determinar el alcance de dicha destrucción. En el Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial constituida en 2004 se dice que “ni la contienda en sí, ni la Transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación”.
No es este el criterio del profesor Reig Tàpia, quien sostiene que “desde fechas anteriores a las últimas elecciones generales previniendo lo que parecía una
inevitable victoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos”. Pero, ciertamente, destrucción hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamación de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: “Hay que tener en cuenta que con la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc”. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigación que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisión Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Histórica, afirmaba “la absoluta primacía de los archivos como fuente de conocimiento del pasado histórico, no solamente para los historiadores, sino también para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares”. Y, en segundo lugar, porque es una muestra más del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos “el derecho de acceso a los fondos documentales” depositados en los archivos públicos.
Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tomás y Valiente: “El derecho de todos a una información veraz no es sólo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que un derecho individual de cada español, es un derecho fundamental…”.Y reclamaba su plena satisfacción de manera generosa frente a una interpretación tan restrictiva que representara su denegación.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Ilustración de Jordi Duró

Público.es