La lucha por la inocencia de Miguel Hernández…

diciembre 19, 2010

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Cívica por la Memoria Histórica de Alicante ha hallado un sumario paralelo en el juicio de Miguel Hernández, que contiene documentación favorable al poeta que no fue tomada en cuenta en el juicio y que podría constituir «una vía» para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite el recurso de la familia y declarara nula su condena a muerte.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, los miembros de la comisión, Manuel Parra y Carlos Candela, han destacado este jueves que han encontrado en el Archivo Militar del Ejército un sumario paralelo al juicio a Miguel Hernández, en el que consta un aval de un afamado e influyente falangista, que no fue tenido en cuenta en el juicio.

Según han explicado, cuando Miguel Hernández fue apresado por primera vez, se produjo un error administrativo que le permitió volver a Orihuela (Alicante), donde estuvo libre durante quince días. Sin embargo, un funcionario judicial lo denunció y se inició un proceso paralelo por parte del juez militar de la zona.

No obstante, según han añadido, al tener en conocimiento en Madrid de la localización de Miguel Hernández, pidieron el traslado del poeta y de la documentación recabada, pero desde Orihuela no enviaron la documentación, por lo que no fue tomada en cuenta.

Así, según la comisión, esto afectó al derecho de defensa de Miguel Hernández y la nueva documentación es una vía para que el Tribunal Supremo acepte a trámite el recurso de anulación. Esta documentación prueba «nuevos hechos» no juzgados en su momento, que permitirían que el TS lo admitiera.

«BROCHE DE ORO»

Manuel Parra ha destacado que la heredera del poeta, María José Hernández, ha manifestado que la anulación de la pena de muerte sería «el broche de oro» a la celebración del Centenario de Miguel Hernández.

No obstante, la comisión ha resaltado que no sólo para la familia, sino para «todo el pueblo español» sería una buena noticia que «se anulara al inicua condena» al poeta.

De hecho, han resaltado que 92 instituciones o asociaciones y 1.315 firmas de particulares exigen esta anulación de la condena a muerte dictada por los tribunales militares franquistas. Precisamente, este jueves la comisión cívica ha entregado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante la relación de firmas y adhesiones.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

Nuevos datos para anular la condena a Miguel Hernández

Cien entidades, contra la sentencia a muerte del poeta

EZEQUIEL MOLTÓ – Alicante – 17/12/2010

El segundo proceso judicial abierto al poeta Miguel Hernández en Orihuela, tras su primer arresto por el franquismo, y la declaración del Gobierno de reparación de su memoria, son los argumentos jurídicos que esgrime la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo exigiendo la nulidad de la condena a muerte del literato. Los expertos en la figura de Hernández destacan que no se pueden mantener dos procesos en paralelo y por el mismo delito y, además, que el Gobierno en su declaración reconoce la injusticia de la condena.

    Miguel Hernández

    Miguel Hernández

    «Es paradójico, conmemoramos el centenario de un poeta que todavía está condenado a muerte», dijo ayer Luis Pesquera, miembro de la Comisión.

En junio pasado, los herederos de Miguel Hernández presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pedían la «revisión y nulidad» de la sentencia a muerte del poeta. «Esperamos en breve tener copia del informe que ha elaborado la fiscalía», admitió el abogado Carlos Candela, quien confía en que en «tres o cuatro meses» el Supremo decida sobre el recurso.

El profesor de Filosofía de Derecho de Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero confesó que la mayor dificultad radica en «la mala calidad» de la Ley de Memoria Histórica, que, según dijo, «no reconoce la nulidad de estas condenas, aunque admita que son injustas e ilegítimas». Pero siguen siendo válidas, y la única manera de anularlas es con un recurso de revisión avalado con «hechos nuevos».

La Comisión Cívica presentó ayer en el registro de la Subdelegación del Gobierno de Alicante el listado de las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a la petición de revisión y nulidad de la sentencia militar, todavía vigente, del 18 de enero de 1940 por la que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Entre el centenar de instituciones que se suman a esta iniciativa destaca la adhesión de las Cortes Valencianas, las tres Diputaciones, 40 Ayuntamientos, decenas de centros educativos y otras instituciones académicas y culturales. Además, los promotores de la iniciativa adjuntan 1.315 firmas de particulares. «Es un clamor universal y existe un convencimiento unánime de la falta de actividad delictiva del poeta», sentenció Manuel Parra.

El País.com (España) – Google noticias

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El archivo de la represión…

diciembre 11, 2010

FÉLIX POBLACIÓN

El Gobierno de España va a solicitar a la Unesco que el archivo de la represión franquista, ubicado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sea declarado Memoria de la Humanidad. Conformarían esa memoria los tres millones y medio de fichas policiales que, una vez concluida la Guerra Civil, contribuyeron a generar la dura y masiva represión que caracterizó a la dictadura. Si se tiene en cuenta que la población de nuestro país apenas superaba entonces los 26 millones de habitantes, la magnitud proporcional de ese archivo es ciertamente considerable.

La puesta en marcha de tan exhaustiva, intensa y profusa tarea represora partió de la creación en 1938 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por parte del bando rebelde. Su objeto fue apropiarse de la incautación de todo tipo de material documental, verificada por el ejército franquista a medida que avanzaba militarmente y dominaba aquellos territorios conquistados a la República. En su mayor parte pertenecía a instituciones, asociaciones y demás entidades comprometidas con la defensa del régimen legal y democráticamente constituido. Posteriormente (1944), ese órgano administrativo pasó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargada de elaborar esos tres millones y medio de fichas en los que constaban los antecedentes políticos de quienes iban a comparecer en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En ese fichero se encuentran todos aquellos ciudadanos que, con anterioridad al golpe de Estado de 1936 o durante el desarrollo del conflicto armado, estaban afiliados a sindicatos obreros, partidos de izquierda, logias masónicas, asociaciones laicas, ateneos libertarios, casas del pueblo y demás entidades consideradas delictivas a partir de la imposición del régimen franquista. Bastaba una carta, un carné, una fotografía de grupo, una colaboración en un periódico, o hasta la posesión de un boleto en una rifa significada por su carácter ideológico, para ingresar en ese fichero. También se especifica en cada tarjeta el desempeño militar ejercido durante la Guerra Civil.
Tan escrupulosa y concienzuda labor represora contó con el asesoramiento de la Gestapo y las SS, según un acuerdo suscrito en julio de 1938 por el general Martínez Anido y Himmler, algo en lo que Franco estaba muy interesado desde el año anterior. Su objetivo era crear una policía política similar a la impuesta por el nazismo en Alemania, calificada por los Tribunales de Núremberg como “la más perversa y cruel de las conocidas en el siglo XX”. Según cuenta Ros Agudo en su libro La guerra secreta de Franco, Himmler visitó España en 1940 y el Estado franquista reconoció su colaboración con la concesión de la Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas.

La vida de más de tres millones de españoles y sus respectivas familias quedó marcada en la larga posguerra por la existencia de esas fichas, cuya existencia y significación ignoraron muchos de los afectados. Para no pocos, esa documentación comportó la muerte ante los pelotones de fusilamiento, epílogo funesto que siguió a la resentida y cruel paz proclamada por los vencedores, mientras que para una gran mayoría supuso años de cárcel, destierro e inhabilitación profesional. Bien está, por lo tanto, que un material que tantísimo sufrimiento amordazado gestó en los hogares de los vencidos ocupe por fin el lugar que merece en la Memoria de la Humanidad, pues sólo la memoria de quienes se opusieron a la privación de la democracia y la libertad debe ser reconocida como honroso patrimonio del ser humano.

Sucede, sin embargo, que la declaración del archivo de la represión franquista como Memoria de la Humanidad tendría que soportar una insólita paradoja por su lugar de emplazamiento. Ciertamente, Salamanca y su Centro Documental de la Memoria Histórica son la ciudad y entidad más idóneas para que dicho archivo esté localizado y sea motivo de recordación y difusión. Pero la capital del Tormes es hasta el día de hoy una de las pocas en España que dispensa a Francisco Franco el título de alcalde de honor y medalla de oro de la ciudad, gracias a la resistencia del Partido Popular que la gobierna y que por cuatro veces se opuso con su voto a la propuesta del Partido Socialista para que se le retirara al dictador tal título y concesión, según se acaba de hacer en Ávila con la abstención del PP. Asimismo, la efigie de Franco tallada en piedra figura entre los medallones de reyes y otras figuras eminentes de la historia que caracterizan las arcadas de la Plaza Mayor, sin que el alcalde de la ciudad parezca dispuesto a cumplir con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. (Cada 20-N, el medallón es preservado con un plástico a modo de envase al vacío, para evitar los potenciales botes de pintura/protesta que pueda originar su permanencia).

Estamos, por lo tanto, ante la inconcebible y esperpéntica paradoja de que el archivo de la represión, sito en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, pueda ser declarado Memoria de la Humanidad por la Unesco y que el Ayuntamiento del Partido Popular de Salamanca siga dispensando honras al represor, artífice máximo de ese archivo con la colaboración de las agencias de represión “más perversas y crueles del siglo XX”.

Félix Población es Escritor y periodista

Ilustración de Mikel Casal

Público.es vía google noticias

 


PROCESO DE BURGOS: «Es triste que 40 años después sigamos discutiendo sobre ETA y la violencia»

diciembre 4, 2010

Antton Karrera fue uno de los 16 militantes de ETA del Proceso de Burgos. Hoy se cumplen cuatro décadas del inicio de un juicio que, según el dirigente de EB, probó que «el franquismo era una dictadura fascista»

03.12.10 –

ANTTON IPARRAGUIRRE | SAN SEBASTIÁN.

Antton Karrera. :: LOBO ALTUNA

Antton Karrera, coordinador de Ezker Batua-Berdeak en Gipuzkoa, fue uno de los dieciséis miembros de ETA que fueron detenidos en 1969 -él lo fue el 15 de marzo-, y que fue juzgado en el proceso de Burgos, del que hoy se cumplen cuarenta años de su inicio.
Karrera subrayó ayer, en declaraciones a este periódico, que «en la actividad normal no me acuerdo mucho del proceso de Burgos, pero si empiezo a recordar podría pasarme horas hablando». En su opinión, «Franco pretendía juzgar todo lo que significaba ETA, descabezar la organización y dar un escarmiento al mundo que representaba». Afirma que entre los compañeros de banquillo había de todo, «desde dos curas -Julen Kalzada y Juan Etxabe-, hasta dirigentes de ETA». Sin embargo, considera que la vista «resultó todo lo contrario a lo que quería Franco. Lo controlamos y lo convertimos en un juicio político, en el que ninguno de los dieciséis procesados improvisó durante su declaración».
Destaca que la repercusión en la calle fue contundente y visible con la huelga general que se convocó en esos días en Euskadi, al igual que las movilizaciones de protesta en varias ciudades españolas y en el extranjero. Karrera asegura que «el juicio supuso un éxito porque significó mucho tanto a nivel de Euskadi, como de España y el mundo». «Fue una prueba de la debilidad del franquismo y demostró lo que significaba, una dictadura fascista», agrega. En su opinión, también constituyó «un paso para la consolidación de la democracia posteriormente».
Karrera, que tenía entonces 28 años, admite que aquellos días temieron por sus vidas «ya que había seis procesados que fueron condenados a muerte, y podía haber algunos más, y luego ser ejecutados».
Tampoco olvida que dos días antes del inicio de la vista fue secuestrado en San Sebastián el cónsul alemán Eugene Beihl, que sería liberado el 24 de diciembre. El dirigente de EB recuerda que los 16 procesados fueron reunidos en el sótano de la Capitanía General de Burgos para debatir sobre este asunto. «Ganamos los que votamos a favor de condenar el secuestro, porque perjudicaba a las movilizaciones y porque estábamos en contra de la violencia. Considerábamos que la lucha armada no era el camino, como defendieron los que respaldaron el secuestro», afirma. «Es triste que cuarenta años después seguimos discutiendo sobre lo mismo», asevera. Señala que muchos de los que en aquellos años eran miembros de ETA ahora pertenecen a partidos que van del PNV al PSE, «e incluso del PP».
De entre los recuerdos, le ha quedado marcado que en su celda había 16 grados bajo cero, y que con aquella gélida temperatura jugaban al fútbol en el patio y no podían ducharse porque las cañerías estaban congeladas. También rememora que al ser detenido sufrió torturas, «mientras negaba que fuera de ETA», y estuvo nueve días incomunicado, sin que su familia conociera su arresto.
El tribunal militar hizo públicas las sentencias el 28 de diciembre, y Karrera fue condenado a doce años de prisión por un delito de «rebelión militar». Ayer recordaba que salió de la cárcel el 3 de marzo de 1976, «precisamente el mismo día de la matanza de Vitoria».
Con la llegada de la democracia y tras la Ley de Amnistía, el resto de procesados fueron excarcelados en 1977. Cinco de los seis condenados a muerte fueron expulsados a Bruselas en mayo de 1977, y el sexto, Xabier Izko de la Iglesia, fue extrañado a Oslo en junio de ese año. Fueron amnistiados al año siguiente.

LAS CONDENAS

Teo Uriarte: Dos condenas a muerte y 60 años de prisión.
Jokin Goristidi: Dos condenas a muerte y 30 años de prisión.
Xabier Izko de la Iglesia: Dos condenas a muerte y 27 años de prisión.
Mario Onaindia: Una condena a muerte y 51 años de prisión.
Javier Larena: Una condena de muerte y 30 años de prisión.
José María Dorronsoro: Una condena a muerte.
Víctor Arana: 70 años de prisión.
Josu Abrizketa: 62 años de prisión.
Enrique Gesalaga: 50 años de prisión.
Juan Etxabe: 37 años de prisión.
Gregorio López Irasuegi: 30 años de prisión.
Julen Kalzada: 18 años de prisión.
Itziar Aizpurua: 15 años de prisión.
Juana Dorronsoro: 15 años de prisión.
Antton Karrera: 12 años de prisión.
Arantxa Arruti: Absuelta.