Familiares de los desaparecidos del franquismo acusan a Caamaño de discriminarles frente a los de los niños robados

abril 3, 2011

viernes, 1 de abril, 12.14

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará una queja ante Justicia MADRID,

(EUROPA PRESS) La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha acusado este viernes al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de discriminar a los familiares de los desaparecidos del franquismo frente a los de los niños robados, y ha anunciado que presentará una queja la próxima semana ante el Ministerio.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha denunciado que el ministro de Justicia, quien –recuerda en una nota– el pasado 16 de febrero se reunió con los familiares de los niños robados del franquismo y les ofreció los recursos de análisis de ADN del Ministerio, que los familiares de los desaparecidos solicitan desde hace años, está haciendo uso de “una doble moral intolerable en una democracia”, a pesar de que considera que cumplió con su deber.

“No se puede aceptar que un ministro de Justicia actúe dependiendo del impacto mediático de unos hechos y no de la gravedad del delito”, ha apuntado Silva, según el cual “cada día mueren familiares de desaparecidos que llevan décadas esperando a que el Estado cumpla sus deberes”. “El ministro debe ofrecer ADN para los familiares de los bebés robados y también para los de los asesinados que se encuentran en fosas comunes”, ha aseverado.

En el mismo sentido, ha acusado a Caamaño de incumplir el Artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad de todos los españoles ante la Ley. Además, ha señalado que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor el pasado diciembre, tras ser ratificada por veinte países, “obliga al Estado a erradicar las desapariciones y cada día que pasa se sigue incumpliendo”.

“Desde el Estado se está negando auxilio a las familias que han sufrido el peor delito que existe en el derecho penal. El desaparecido es detenido ilegalmente, torturado, asesinado y su cadáver oculto, lo que se convierte en una tortura permanente para su familia. No ayudarle es tratarlo de modo degradante”, ha declarado.

Europa Press via Yahoo! España Noticias


¿Unos Pactos de la Moncloa 2.0?

febrero 3, 2011

Expertos explican las diferencias con el acuerdo suscrito en la Transición…

IÑIGO ADURIZ MADRID 03/02/2011 08:30

Firma de los Pactos de la Moncloa en 1977.efe

Firma de los Pactos de la Moncloa en 1977.efe

El pacto económico y social con más importancia y más contenido desde los Pactos de la Moncloa”. En esos términos definió José Luis Rodríguez Zapatero el Acuerdo Social y Económico suscrito ayer por el Gobierno, los empresarios y los líderes sindicales de UGT y CCOO.

¿Pero se puede equiparar la trascendencia del pacto sobre las pensiones con la de los acuerdos alcanzados por todos los partidos políticos en 1977? Todos los expertos consultados por este diario aseguran que no. Tanto por el diferente contexto histórico en el que se adoptaron las dos medidas, como por su incomparable calado.

La diferencia “fundamental”, a juicio del exministro de Educación y catedrático de Sociología José María Maravall,es que los Pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos “entre el Gobierno y toda la oposición, y los agentes sociales se limitaron a apoyarlas y, ahora, los que arriman el hombro son los sindicatos”. En su opinión, la oposición no ha querido formar parte de las reformas “por interés electoral y ha querido que no resulten efectivas para desgastar a Zapatero”.

Maravall reconoce la diferencia en las consecuencias de las dos reformas, pero resalta la importancia de ambas. “Ahora no toca definir el modelo económico, como se hizo en 1977 cuando los Pactos de la Moncloa fueron el anticipo del apartado económico de la Constitución. Con el nuevo acuerdo, se intenta garantizar la confianza de los mercados hacia España en un contexto global”, recalca.

Más contundente, el director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), Ángel Laborda, sostiene que “la comparación no se aguanta”. Argumenta que el contenido de los Pactos de la Moncloa fue “mucho más grande”, porque “establecieron los cimientos de la modernización de la economía española”. Y la importancia del acuerdo de ayer radica, a su juicio, en que “ha roto el tabú de poder realizar reformas económicas sin la confrontación con los sindicatos”.

Para el sociólogo de la Uned Jaime Pastor, la equiparación de ambos acuerdos es “discutible”. “Ahora el problema no es que se esté instaurando un nuevo régimen democrático, sino que hay que hacer frente a una crisis provocada por el mercado financiero”, señala.

Recortar derechos

No obstante, Pastor sí encuentra una “analogía” entre ambos pactos. “Hay un aspecto común, que es el retroceso que suponen ambos acuerdos en los derechos conquistados por los trabajadores”, indica. En 1977, agrega, “se quiso frenar la dinámica de aumentos salariales estableciendo unos límites”. Y ahora “se produce un nuevo ataque con la ampliación de la edad de jubilación”.

En su opinión, el acuerdo suscrito ayer “fuerza la paz social”, pero realmente supone situar a España en una situación de “pánico respecto a su futuro”.

La equiparación de los dos acuerdos también es “excesiva”, a juicio de José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Sí reconoce, en cambio, que la situación económica del país es grave ahora y lo fue en el 77. Hace 33 años, porque España estaba inmersa en el proceso hacia la democracia. Y, ahora, porque “se ha revelado la debilidad de la economía española”.

Herce echa en falta que ante las reformas actuales “la complicidad de las fuerzas políticas” no haya sido “plena”. También que el Acuerdo Económico y Social no sea una “iniciativa de profundo calado político” como fue la de los Pactos de la Moncloa, sino que se circunscriba prácticamente en exclusiva a las pensiones.

El alcance del pacto suscrito por el Gobierno y por los agentes sociales “es más limitado”, en opinión de Juan Jesús González, profesor de Sociología la Uned, porque no han participado todos las formaciones políticas españolas. “Hubiera tenido más recorrido temático si hubiera sido un acuerdo entre partidos”, advierte.

Público.es


Una sentencia del Supremo puede influir en el tribunal que juzgue a Garzón…

noviembre 20, 2010

La Sala Tercera tumba el acuerdo de que los eméritos no enjuicien aforados…

JULIO M. LÁZARO – Madrid – 20/11/2010

José Antonio Martín Pallín.-

Una sentencia del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo, adoptada por unanimidad, puede dar un vuelco a los procesos que se siguen en la Sala de lo Penal contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y otros aforados -diputados, senadores, etcétera- que están siendo investigados en el alto tribunal. La sentencia reconoce el derecho de los magistrados eméritos -los que siguen ejerciendo al llegar a la edad de jubilación- a participar en las salas de admisión de asuntos, en el enjuiciamiento de aforados y en los plenos jurisdiccionales, de los que habían sido excluidos.

En consecuencia, podrían entrar a formar parte de alguno de los tribunales que juzgue a Garzón, en el muy probable caso de que sus actuales componentes sean recusados por la defensa del magistrado.

De momento es solo una posibilidad, pues la aplicación de la sentencia tendrá que realizarla la propia Sala de lo Penal, y en buena medida dependerá de cómo y cuándo quiera hacerlo. Pero en la práctica podría ser perfectamente posible que alguno de los magistrados eméritos entrasen a formar parte de alguna de las tres secciones de la Sala de lo Penal que conoce de las causas contra Garzón. En la Sala de lo Penal hay tres magistrados eméritos: Enrique Bacigalupo, José Antonio Martín Pallín y Siro Francisco García Pérez (los tres de talante progresista). Martín Pallín no podría formar parte en ningún caso del proceso a Garzón por investigar los crímenes del franquismo debido a su activa campaña en contra del caso. Pero Bacigalupo o Siro García sí podrían tener que hacerlo, en el caso de que el Supremo se decida alguna vez a señalar ese juicio, pendiente desde hace seis meses.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso, adoptada por unanimidad por los 30 magistrados que integran el Pleno, estima un recurso del magistrado emérito de la Sala de lo Penal José Antonio Martín Pallín, que ha conseguido tumbar sendos acuerdos de la Sala de Gobierno del Supremo y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. De paso, ha tirado por tierra buena parte de los informes del presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, sobre los que se sustentaron dichos acuerdos.

Siguiendo las tesis de Martín Pallín, la sentencia no considera justificada la exclusión de magistrados eméritos del funcionamiento de las Salas Especiales, de las de admisión, de los incidentes de recusación y de los plenos de las salas jurisdiccionales. “Resulta poco razonable”, asegura, “que se admita la presencia de eméritos en sala no jurisdiccional porque su experiencia y conocimientos se consideran decisivos, y en cambio esa experiencia no sea necesaria cuando se trata de asuntos jurisdiccionales”.

La Sala explica también que la exclusión de eméritos puede en determinados supuestos afectar al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley del artículo 24.2 de la Constitución, por lo que, en definitiva, estima el recurso de Martín Pallín y declara que los eméritos pueden ejercer con plena jurisdicción.

El País.com

http://www.elpais.com/articulo/espana/sentencia/Supremo/puede/influir/tribunal/juzgue/Garzon/elpepunac/20101120elpepinac_10/Tes


La Asociación para la Memoria Histórica halla una fosa en Valdemorilla (León) con los restos de un hombre…

agosto 12, 2010

La ARMH estudia la posibilidad de denunciar a los jueces que no acudan a las fosas e incumplan la Ley de Enjuiciamiento Criminal…

IZAGRE (LEÓN), 11 Ago. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hallado hoy una fosa situada en una tierra de labor cercana a la localidad de Valdemorilla, en el municipio leonés de Izagre, en la que según los primeros indicios se encuentran los restos de Eduardo Romero Modino, un campesino vecino de Villaverde de Sandoval (León).

El hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda en un área que había sido señalada por diversos testigos, tras lo cual la ARMH denunció el descubrimiento del enterramiento ilegal, por lo que la Guardia Civil realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, según informaron a Europa Press fuentes de la Asociación.

El 9 de septiembre de 1936 Eduardo Romero, de 23 años, fue detenido en Villamoros de Mansilla (León) por un grupo de pistoleros de Falange, para ser fusilado junto a la cuneta de la carretera que une las localidades de Albires y Valdemorilla. El paraje pasó desde entonces a ser conocido como ‘la finca del muerto’, por el hecho de que popularmente se conocía que allí había sido asesinado y enterrado.

La ARMH tramitó la denuncia referente al hallazgo de la fosa con la esperanza de que acudiera el juez correspondiente, como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos en los que aparecen o son encontrados restos humanos con signos de violencia.

Ante la “reiterada negativa” de los jueces a acudir a las fosas de la represión franquista, la Asociación estudia la posibilidad de denunciar a los jueces que “evadan su responsabilidad”, puesto que con ello “niegan los familiares de los desaparecidos una de las normativas fundamentales” que recoge la Constitución en su Artículo 24 sobre el derecho a una tutela judicial efectiva: (24.1) “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

Los trabajos de exhumación son dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y en ellos participan varios voluntarios. Las tareas de identificación se llevarán a cabo en el laboratorio que la ARMH tiene en el campus de Ponferrada (León) y correrán a cargo del antropólogo forense José Luis Prieto.

Europa Press vía google noticias