La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El PSOE aboga por recurrir al derecho internacional por los crímenes franquistas

diciembre 1, 2013

Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 

EUROPA PRESS Granada 30/11/2013

Miembros de la Plataforma 'Solidarios con Garzón' concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

Miembros de la Plataforma ‘Solidarios con Garzón’ concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

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Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas del franquismo y el camino “que queda por recorrer seis años después de la entrada en vigor de la ley”. Así, en el acto, el PSOE ha abogado por recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista.

Según un comunicado, en el debate, titulado ‘El PSOE y la Memoria Histórica’, han participado el diputado socialista en el Congreso José Andrés Torres Mora, que fue ponente de la ley de Memoria Histórica de 2007; el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, y la diputada provincial Fátima Gómez, que ha presentado el acto.

Así, Torres ha destacado que la Ley de Memoria Histórica “es la ley del reconocimiento de lo que sufrieron muchas personas que fueron asesinadas, encarceladas o que tuvieron que irse al exilio por defender los derechos y libertades”, a lo que ha agregado que esta ley tenía como objetivo “recuperar el honor público de esas personas inocentes que lucharon por sus ideales y que fueron asesinadas”.

“No ha producido ningún daño, ha hecho algún bien”, ha declarado Torres

De igual forma, ha indicado que la ley también perseguía facilitar el acceso a los archivos y a la documentación de la guerra y de la dictadura, así como recuperar los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes. “Seis años después de su entrada en vigor, vemos que no ha sucedido nada de lo que decían los que se oponían a la Ley de Memoria Histórica, ha destacado Torres, para quien la norma “no ha producido ningún daño y, en todo caso, ha hecho algún bien”.

“Reparación moral de las víctimas”

Por su parte, Bracero se ha referido a “los avances” la ley de 2007 “por lo que supuso para la reparación moral de las víctimas”, pero también a sus limitaciones, entre ellas, “que no se anularan las sentencias del franquismo”.

Además, ha indicado que se ha dejado como una “labor casi privada” la financiación de las exhumaciones y la búsqueda de los restos de las víctimas de la represión. “No hubo suficiente implicación del Estado en esas labores de localización y exhumación de las víctimas”, ha precisado. En su opinión, “muchas de las víctimas siguen siendo potencialmente delincuentes, porque se ha dado un reconocimiento de ilegitimidad a las condenas pero no se han anulado y, por lo tanto, las sentencias siguen vivas”.

Al referirse a los límites de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo. “El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha puesto los deberes al indicar que deberíamos anular la Ley de Amnistía de 1977, seguir investigando en los juzgados y conseguir la anulación de las sentencias”, ha matizado.

Por último, Bracero ha matizado que “mientras no sean anuladas esas sentencias, los que dieron su vida por el socialismo, por el anarquismo y por las libertades, siguen siendo unos delincuentes y eso no lo podemos tolerar casi 80 años después de la República y después de seis años de experiencia de la Ley de Memoria Histórica”.

http://www.publico.es/486055/el-psoe-aboga-por-recurrir-al-derecho-internacional-por-los-crimenes-franquistas


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


“El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada”

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. “Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos”, aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la “restricción” de esos derechos “sea proporcionada a los fines que se persigue”. “Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos”, explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. “Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones”, recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que “toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales”, concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


¿Quién humilla a las víctimas y ensalza a los asesinos?

noviembre 22, 2013

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Preso del chantaje del sector más ultramontano del Partido Popular, Rajoy tomó finalmente una decisión rápida (en sólo tres días) y dio luz verde al PP para que sus dirigentes participaran en la manifestación de rechazo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que Esperanza Aguirre calificó de “infame”. No contenta con ese calificativo, la presidenta del PP de Madrid aseguró que era necesario evitar que el veredicto “humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos”.

En ese ámbito, tanto ella como su partido tienen amplia experiencia y sus acciones se corresponden mucho más fielmente con esa frase que el dictamen de los magistrados europeos contra la doctrina Parot, un dogma jurídico de más que dudosa legalidad, pues busca a todas luces sortear los límites de la Ley para alargar la estancia en prisión de condenados que ya han cumplido la pena máxima aplicable en nuestro sistema judicial. Por muy horribles que sean los crímenes cometidos, en democracia la Justicia no puede pretender venganza, ni sus más altos tribunales incurrir en detención ilegal del reo.

Lo que sí debe procurar la Justicia democrática es la reparación y rehabilitación de las víctimas… de todas las víctimas. Pero los derechistas que se manifestaron el 27 de octubre contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo escogieron el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos” porque, para ellos, como dijo Aznar: “Hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos pierden”.

Para los que somos hijos o nietos de los vencidos en la Guerra Civil y de los perseguidos por la posterior dictadura fascista, es más que evidente el afán malévolo de los que niegan cualquier tipo de justicia a las víctimas del franquismo, mientras se llenan la boca con la permanente reivindicación del necesario desagravio a las del terrorismo para justificar posiciones ultraderechistas. Igual que es de una doblez moral insultante que Javier Zarzalejos, uno de los negociadores con ETA de la era Aznar, clame ahora desde su puesto de secretario general de la FAES que la sentencia de Estrasburgo es “una herencia indeseable” de la supuesta “operación política” de Zapatero para apaciguar a la banda terrorista.

Todo ello, protagonizado por los mismos que mantienen la afrenta del desprecio y el olvido de todos los familiares y allegados de los 130.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista; que impiden la exhumación de los restos de fusilados y asesinados que permanecen en las 2.500 fosas comunes aún sin abrir en España; que obstruyen el trabajo de los tribunales que han tratado de reparar semejante ignominia e incluso han logrado apartar de la carrera judicial al magistrado que se atrevió a revisar los crímenes del franquismo; que desoyen sistemáticamente todas las reclamaciones de las Naciones Unidas para que se investiguen las desapariciones masivas de civiles durante el régimen de Franco; que incluso incumplen los tratados internacionales rubricados por España para proteger a torturadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Y no sólo eso, además promueven comportamientos neonazis y rinden continuos homenajes a los fascistas que sometieron al terror a todos aquellos que no se doblegaron a una ideología totalitaria que todavía hoy causa pavor y repudio en todo el mundo… menos en España.

El resultado de tamaña iniquidad es que la ONU acaba de exigir al Gobierno español que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. La primera respuesta ha sido una nueva burla feroz, al negar el Ministerio de Justicia de Gallardón que jamás se haya obstaculizando la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya no cabe la menor duda de que la comunidad internacional se va a movilizar definitivamente para forzar al Gobierno del PP a reconocer nuestro terrible pasado fascista, al que la derecha española no sólo añora sino que ni siquiera pretende renunciar. Cuando ese momento llegue, España habrá quedado en evidencia ante el mundo como el último reducto de la ideología que desencadenó la Segunda Guerra Mundial e instigó el Holocausto.

Entonces, junto a esa tremenda vergüenza, los españoles tendremos por fin la certeza de quiénes son los que humillan a las víctimas y ensalzan a los asesinos.

http://blogs.publico.es/eltableroglobal/quien-humilla-a-las-victimas-y-ensalza-a-los-asesinos/664


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR “SU OBLIGACIÓN” Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. “El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.

“Los presuntos autores”, añade la ONU, “deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, y las víctimas deben recibir “reparación adecuada”.

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de “un órgano específico” encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, “a más tardar el 15 de noviembre de 2014” para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

“No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia”, ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: “No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora”

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica”, ha declarado Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora”.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían “cerrado” totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. “La jurisprudencia no es ley”, pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: “nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez”. Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: “El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado”, ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que “todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales” adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de “mirar para otro lado”

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. “El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado”, afirman en un comunicado.

“Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido”. “Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”, añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del “delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo”.

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