La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios «claves» para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. «Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla», destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El PSOE aboga por recurrir al derecho internacional por los crímenes franquistas

diciembre 1, 2013

Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre «los avances que ha supuesto» la Ley de Memoria Histórica de 2007 

EUROPA PRESS Granada 30/11/2013

Miembros de la Plataforma 'Solidarios con Garzón' concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

Miembros de la Plataforma ‘Solidarios con Garzón’ concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

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Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre «los avances que ha supuesto» la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas del franquismo y el camino «que queda por recorrer seis años después de la entrada en vigor de la ley». Así, en el acto, el PSOE ha abogado por recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista.

Según un comunicado, en el debate, titulado ‘El PSOE y la Memoria Histórica’, han participado el diputado socialista en el Congreso José Andrés Torres Mora, que fue ponente de la ley de Memoria Histórica de 2007; el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, y la diputada provincial Fátima Gómez, que ha presentado el acto.

Así, Torres ha destacado que la Ley de Memoria Histórica «es la ley del reconocimiento de lo que sufrieron muchas personas que fueron asesinadas, encarceladas o que tuvieron que irse al exilio por defender los derechos y libertades», a lo que ha agregado que esta ley tenía como objetivo «recuperar el honor público de esas personas inocentes que lucharon por sus ideales y que fueron asesinadas».

«No ha producido ningún daño, ha hecho algún bien», ha declarado Torres

De igual forma, ha indicado que la ley también perseguía facilitar el acceso a los archivos y a la documentación de la guerra y de la dictadura, así como recuperar los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes. «Seis años después de su entrada en vigor, vemos que no ha sucedido nada de lo que decían los que se oponían a la Ley de Memoria Histórica, ha destacado Torres, para quien la norma «no ha producido ningún daño y, en todo caso, ha hecho algún bien».

«Reparación moral de las víctimas»

Por su parte, Bracero se ha referido a «los avances» la ley de 2007 «por lo que supuso para la reparación moral de las víctimas», pero también a sus limitaciones, entre ellas, «que no se anularan las sentencias del franquismo».

Además, ha indicado que se ha dejado como una «labor casi privada» la financiación de las exhumaciones y la búsqueda de los restos de las víctimas de la represión. «No hubo suficiente implicación del Estado en esas labores de localización y exhumación de las víctimas», ha precisado. En su opinión, «muchas de las víctimas siguen siendo potencialmente delincuentes, porque se ha dado un reconocimiento de ilegitimidad a las condenas pero no se han anulado y, por lo tanto, las sentencias siguen vivas».

Al referirse a los límites de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo. «El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha puesto los deberes al indicar que deberíamos anular la Ley de Amnistía de 1977, seguir investigando en los juzgados y conseguir la anulación de las sentencias», ha matizado.

Por último, Bracero ha matizado que «mientras no sean anuladas esas sentencias, los que dieron su vida por el socialismo, por el anarquismo y por las libertades, siguen siendo unos delincuentes y eso no lo podemos tolerar casi 80 años después de la República y después de seis años de experiencia de la Ley de Memoria Histórica».

http://www.publico.es/486055/el-psoe-aboga-por-recurrir-al-derecho-internacional-por-los-crimenes-franquistas


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

«Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina», ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

«Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía», dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el «interés público nacional».

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


«El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada»

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. «Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos», aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la «restricción» de esos derechos «sea proporcionada a los fines que se persigue». «Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos», explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. «Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones», recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que «toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales», concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, «exhaustiva e imparcial», que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio «exhaustiva e imparcial» que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España «para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado». Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas «que tengan en cuenta su extrema gravedad», ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que «la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo», indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


¿Quién humilla a las víctimas y ensalza a los asesinos?

noviembre 22, 2013

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Preso del chantaje del sector más ultramontano del Partido Popular, Rajoy tomó finalmente una decisión rápida (en sólo tres días) y dio luz verde al PP para que sus dirigentes participaran en la manifestación de rechazo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que Esperanza Aguirre calificó de “infame”. No contenta con ese calificativo, la presidenta del PP de Madrid aseguró que era necesario evitar que el veredicto “humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos”.

En ese ámbito, tanto ella como su partido tienen amplia experiencia y sus acciones se corresponden mucho más fielmente con esa frase que el dictamen de los magistrados europeos contra la doctrina Parot, un dogma jurídico de más que dudosa legalidad, pues busca a todas luces sortear los límites de la Ley para alargar la estancia en prisión de condenados que ya han cumplido la pena máxima aplicable en nuestro sistema judicial. Por muy horribles que sean los crímenes cometidos, en democracia la Justicia no puede pretender venganza, ni sus más altos tribunales incurrir en detención ilegal del reo.

Lo que sí debe procurar la Justicia democrática es la reparación y rehabilitación de las víctimas… de todas las víctimas. Pero los derechistas que se manifestaron el 27 de octubre contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo escogieron el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos” porque, para ellos, como dijo Aznar: “Hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos pierden”.

Para los que somos hijos o nietos de los vencidos en la Guerra Civil y de los perseguidos por la posterior dictadura fascista, es más que evidente el afán malévolo de los que niegan cualquier tipo de justicia a las víctimas del franquismo, mientras se llenan la boca con la permanente reivindicación del necesario desagravio a las del terrorismo para justificar posiciones ultraderechistas. Igual que es de una doblez moral insultante que Javier Zarzalejos, uno de los negociadores con ETA de la era Aznar, clame ahora desde su puesto de secretario general de la FAES que la sentencia de Estrasburgo es “una herencia indeseable” de la supuesta “operación política” de Zapatero para apaciguar a la banda terrorista.

Todo ello, protagonizado por los mismos que mantienen la afrenta del desprecio y el olvido de todos los familiares y allegados de los 130.000 desaparecidos víctimas de la represión franquista; que impiden la exhumación de los restos de fusilados y asesinados que permanecen en las 2.500 fosas comunes aún sin abrir en España; que obstruyen el trabajo de los tribunales que han tratado de reparar semejante ignominia e incluso han logrado apartar de la carrera judicial al magistrado que se atrevió a revisar los crímenes del franquismo; que desoyen sistemáticamente todas las reclamaciones de las Naciones Unidas para que se investiguen las desapariciones masivas de civiles durante el régimen de Franco; que incluso incumplen los tratados internacionales rubricados por España para proteger a torturadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Y no sólo eso, además promueven comportamientos neonazis y rinden continuos homenajes a los fascistas que sometieron al terror a todos aquellos que no se doblegaron a una ideología totalitaria que todavía hoy causa pavor y repudio en todo el mundo… menos en España.

El resultado de tamaña iniquidad es que la ONU acaba de exigir al Gobierno español que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. La primera respuesta ha sido una nueva burla feroz, al negar el Ministerio de Justicia de Gallardón que jamás se haya obstaculizando la investigación de los crímenes del franquismo.

Ya no cabe la menor duda de que la comunidad internacional se va a movilizar definitivamente para forzar al Gobierno del PP a reconocer nuestro terrible pasado fascista, al que la derecha española no sólo añora sino que ni siquiera pretende renunciar. Cuando ese momento llegue, España habrá quedado en evidencia ante el mundo como el último reducto de la ideología que desencadenó la Segunda Guerra Mundial e instigó el Holocausto.

Entonces, junto a esa tremenda vergüenza, los españoles tendremos por fin la certeza de quiénes son los que humillan a las víctimas y ensalzan a los asesinos.

http://blogs.publico.es/eltableroglobal/quien-humilla-a-las-victimas-y-ensalza-a-los-asesinos/664


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR «SU OBLIGACIÓN» Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a «cumplir su obligación» de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne «los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes». Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. «El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía».

«Los presuntos autores», añade la ONU, «deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos», y las víctimas deben recibir «reparación adecuada».

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar «en todo lo necesario» con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la «la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado».  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de «un órgano específico» encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, «a más tardar el 15 de noviembre de 2014» para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

«No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia», ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: «No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora»

«No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica», ha declarado Garzón. «España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora».

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían «cerrado» totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. «La jurisprudencia no es ley», pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: «nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez». Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: «El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado», ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que «todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales» adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de «mirar para otro lado»

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. «El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado», afirman en un comunicado.

«Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido». «Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos», añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del «delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo».

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo «se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- «Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html


Cinco años contra el olvido y la impunidad del franquismo…

noviembre 9, 2013

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Cinco años cumple hoy La Memoria Viv@. Parece que fue ayer cuando Pedro y yo decidimos viajar por nuestra cuenta en este camino de la recuperación de la memoria histórica, viajar juntos, incluso en la distancia compartiendo historias, espacios, confesiones, actos, actividades; y sobre todo, sueños.

Sí, sueños de conseguir pequeños logros que aportasen un granito de arena en este desierto de abandono y desmemoria histórica para con las víctimas de la Guerra Civil, la posguerra y la posterior represión franquista y que al día de hoy siguen penando en , el olvido del país, sus políticos y la propia historia, todo por arte y obra de un sistema propiciado por el sátrapa dictador golpista, sus adláteres y posteriores hijos y delfines añorantes de esa España casposa y enmohecida del pensamiento único, de la España del “Una, grande y (eufemísticamente) libre” que a base de palo largo y mano dura fue consiguiendo imponer sus criterios fascistas con el terror, la represión y el asesinato impune por gracia del caudillo y amparada en el nombre de Dios. “Todo por la patria”, y eso incluía la limpieza ideológica, el asesinato selectivo, el destierro voluntario para evitar males mayores, las desapariciones forzosas, los robos de vidas y expolios materiales, la pérdida de libertades, el acoso y derribo de todo aquél considerado sospechoso de no encajar con las retrógradas ideas de aquellos salvapatrias licenciados y duchos en todas las artes de persecución y eliminación del pensamiento libre; y que hoy en día todavía permanecen vigentes, vigilantes y activos en la premisa de cumplir los objetivos del Movimiento Nacional y sobre todo, los de su líder al dejar su impronta con el “atado y bien atado” en manos de su protegido y actual jefe de Estado.

Cinco años del nacimiento de estas páginas que han dejado un balance de más de 1.156.000 entradas, 846.462 visitas de direcciones ip, 6.409 comentarios, 3.937 artículos y casi un centenar de actos y actividades de participación de los miembros fundadores y colaboradores de esta pequeña asociación independiente. Quizá las estadísticas no sean más que números, pero detrás de cada uno de ellos, hay una historia.

Pedro Vicente Romero de Castilla y Jordi Carreño Crispín, fundadores de "La Memoria Viv@"

Pedro Vicente Romero de Castilla y Jordi Carreño Crispín, fundadores de «La Memoria Viv@»

Hace ya cuatro años de nuestro encuentro en Casavieja y cinco de la fundación, y solo puedo decir que soy el primer sorprendido por la repercusión y sobre todo por la colaboración de todos los que de un modo u otro participáis de este pequeño gran proyecto, porque en definitiva, Pedro y yo lo creamos por y para vosotros, para que nuestra plataforma pasara a ser finalmente propiedad vuestra, y cinco años después así es. Es vuestra plataforma y al de todos los olvidados, por eso solo puedo deciros: ¡Gracias a todos! Por estar ahí, con nosotros en esta lucha que es una carrera de fondo contra el tiempo y el olvido obligado e impune. ¡Salud, Memoria y República!

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A.I. La Memoria Viv@


Víctimas de primera y víctimas de segunda

octubre 26, 2013

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España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas

 RAMÓN LOBOA, 24/10/2013

Anda caliente el asunto de Estrasburgo y de la ya fenecida Doctrina Parot. En España ha provocado una tormenta de sentimientos, no de ideas; es lo habitual: insultos, demagogias en vez de hechos. La etarra Inés del Río ha salido de prisión tras 26 años en la cárcel, pero muchos hablan de impunidad. Fue juzgada y condenada conforme a las leyes vigentes. Está judicialmente en paz, aunque no sus víctimas, que para ellas no hay reparación posible. Se puede discutir si aquellas leyes eran justas, proporcionadas, suficientes. Son preguntas que deberían formularse a los legisladores de entonces. El Tribunal de Derechos Humanos no ha tumbado la ley en sí misma, o su interpretación, sino su aplicación con carácter retroactivo.

La socióloga serbia Milena Dragicevic me explicó en Belgrado que uno de los problemas de los Balcanes es que estaba habitado por pueblos de tradición oral, donde los mitos se transmitían de generación en generación. El progreso había reemplazado aquella tradición oral, casi familiar, por su divulgación en masa a través de la televisión. El nuevo medio repite la verdad histórica mítica mezclada con otra nueva convertida en verdad incuestionable. Decía Dragicevic que Gutemberg nunca pasó por los Balcanes: la costumbre de la lectura, la comprobación de los hechos, la demostración empírica.

España es como los Balcanes: una olla de mentiras, medias verdades, odio y mitos. No existe un relato común. Lejos de buscar uno se le añaden los mitos periféricos.

Los críticos de la sentencia de Estrasburgo blanden el dolor de las víctimas para airear su escándalo. Sienten que esas víctimas les pertenecen, son parte de su discurso. Hablamos de las víctimas de ETA porque para ellos las víctimas del franquismo son invisibles, inexistentes. España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas.

Argumentan que lo ocurrido en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo es una herida que no se debe reabrir. España tiene unos 130.000 desaparecidos forzosos documentados, el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya. Más del doble que la suma de los desaparecidos de Guatemala, Argentina y Chile.

Veremos qué dice Estrasburgo en el fututo sobre este asunto. La sentencia sobre la matanza de Katyn, en 1940, es una pista que ha pasado desapercibida en la prensa española. El tribunal de la UE ha condenado a la Rusia de Vladimir Putin por no investigar aquellos hechos: el asesinato de 20.000 oficiales polacos.

Clarificar la memoria colectiva, asentar un relato común, es uno de los deberes del Estado para sostener la cohesión de ese mismo Estado; también para acompañar a las víctimas sin importar su afiliación, ayudarles a recorrer el duelo, a recobrar en la medida de lo posible su vida. Ese relato común, que ahora debería estar construyéndose en el País Vasco, es difícil de alcanzar, pero sin él es imposible una verdadera reconciliación, la única manera de poner fin a un conflicto.

Argentina, Chile y Sudáfrica resolvieron su pasado con comisiones de la verdad. Es célebre la argentina dirigida por el escritor Ernesto Sábato. En los dos primeros países se aprobaron leyes de amnistía que eran contrarias a las leyes internacionales rubricadas por los mismos países. Sucede también en España.

Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La desaparición, tampoco; es un delito permanente mientras no se descubran los restos.

Sudáfrica creó una comisión de la verdad dirigida por Desmond Tutu. No fue su condición de religioso, de líder espiritual –es obispo anglicano–, la clave, sino su relevancia como referente moral indiscutible. Fueron sesiones ejemplares y emocionantes; un intento honesto de cerrar heridas, de escuchar la verdad, de generar paz a las víctimas.

A Alemania le impusieron la condena del nazismo, el relato común que se estudia en las escuelas. Negar el Holocausto está penado en numerosos países europeos. A nadie se le ocurre negar en estos dos países los crímenes del apartheid y del nazismo.

Aleksandar Vuco, psiquiatra serbio experto en traumas colectivos, sostenía en el caso de su país que era urgente una generación de dirigentes políticos con el coraje de decir la verdad a sus conciudadanos: Serbia empezó cuatro guerras balcánicas en los años noventa y las perdió todas. La verdad es la mejor cura, el mejor instrumento para superar el pasado y ganar el futuro.

El magistrado español José Ricardo de Prada fue juez en el tribunal de Derechos Humanos de Sarajevo. Sostiene que en una lucha como Bosnia-Herzegovina, donde los crímenes fueron masivos, es imposible una justicia completa, capaz de llegar a cada víctima. Se calcula que en Bosnia hay 10.000 criminales de guerra. A pesar del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, que juzga a los jefes, y del tribunal de Sarajevo, habrá miles que quedarán impunes. Es un precio difícil de digerir para las víctimas, como lo es ahora la derogación de la Doctrina Parot.

La justicia o la sensación de justicia se logra con el procesamiento de los jefes, como son los casos de Radovan Karadzic y Ratko Mladic en Bosnia. También es esencial escuchar el relato de las víctimas. En Sierra Leona, una comisión de la verdad impulsada por la ONU recorrió el país para recolectar los relatos sobre los diez años de guerra civil. De ese viaje surgió un gran informe sobre la guerra, pero solo unos miles de los cientos de miles de víctimas pudieron contar su historia, sentir que se hacía justicia.

Las víctimas silenciadas del franquismo no han podido contar su historia; sigue enterrada en cientos de fosas comunes. Justicia no es juzgar a los que ya murieron, sino reparar a los vivos, permitirles devolver el nombre y la dignidad a los asesinados. Las víctimas de ETA tienen a sus deudos, hubo entierros, han podido narrar su dolor. Los criminales fueron detenidos, juzgados y condenados. No hay motivo para sentir tanta injusticia. Sí lo hay para sentir dolor, rabia, incluso odio.

La clase política española, sobre todo el PP, ha utilizado a esas víctimas en beneficio político. Las han secuestrado. No a todas, que hay muchas madres andaluzas de guardias civiles que no tienen derecho a un foco reservado a las víctimas útiles para la estrategia de la tensión permanente. El PP auspició y alentó ocho manifestaciones contra Zapatero. El domingo habrá otra en Madrid. La utilización política de una parte sustancial de las víctimas de ETA impide a esas víctimas vivir el duelo, que se suavice el dolor extremo de los primeros días. Se las tiene a fuego lento para que el odio no amaine. Son dos veces víctimas.

Si se lee a Américo Castro se comprobará que la tara es anterior al franquismo; procede de la Edad Media donde no se resolvió la cuestión del Estado, sus fronteras interiores. Este es un país en el que siempre vencieron las sombras a las luces. El problema esencial, como el de los Balcanes, pasa por Gutemberg.

El etnólogo y antropólogo serbio Ivan Colovic escribió La mitología en el lenguaje político. En él desnuda la manipulación de Slobodan Milosevic y del nacionalismo que destruyó Yugoslavia. Debería ser de lectura obligada en España; también en Catalunya y en el País Vasco. El único problema es que está en inglés, un idioma poco hablado en el país de las sombras.

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/10/23/victimas_primera_victimas_segunda_8935_1023.html


143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura del general Franco

octubre 23, 2013

…22/09/2008…

y a fecha de hoy, 23/10/2013, seguimos sin ser atendidos por el Estado español..

 

http://www.rtve.es/noticias/20080922/garzon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-civil-franquismo/161905.shtml


10· aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español.

octubre 23, 2013

10· aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español

Viernes 25 de octubre de 2013. 18:30h. Teatro del Institut français.

10º aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español con Ludivina García Arias, Presidenta de la Asociación, Nicolás Sánchez Albornoz, Historiador y Profesor de Universidad, Iñaki Anasagasti Olabeaga, Senador.


Al final del evento se servirá una copa de vino Se ruega confirmación: +34 913085394/+34 666516438 asociacion_exiliados@yahoo.es
Más informaciónwww.exiliados.org

http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/n-10-aniversario-asociacion-descendientes-exilio-espanol


Martín Villa sobre la querella de crímenes del franquismo: “Secreto de sumario”

octubre 16, 2013
Europa Press, 09-10-2013 – 11 octubre 2013

martin-villa-fascista-webEn la querella Argentina se solicitan órdenes de detención internacional contra él

 MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –

QUERELLA INTERPUESTA EN ARGENTINA

“Secreto de sumario”, ha respondido el exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, al ser preguntado por Europa Press sobre la querella interpuesta en Argentina en la que se solicitan órdenes de detención internacional contra él, que fue nombrado ministro tras la muerte del general Franco, así como dos ministros franquistas, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura española.

Así se ha expresado Martín Villa, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el que ha participado como ponente. Martín Villa fue ministro tras la muerte de Franco y miembro de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo para acabar siendo vicepresidente con este último.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute también a los ministros José Utrera Molina –suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los exjueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los exagentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el exescolta Celso Galván Abascal y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

El pasado mes de septiembre, la magistrada argentina María Servini dictó una resolución en la que recogía la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para Muñecas Aguilar, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

DEBATE EN EL SENADO

Precisamente hoy, representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado en el Pleno del Senado que el nuevo Código Penal profundice en el castigo a la apología del franquismo, durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.

Durante la sesión se ha debatido sobre la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-martin-villa-querella-crimenes-franquismo-secreto-sumario-20131009191913.html / A través del Foro por la Memoria


La Memoria Histórica y el día de la marmota.

septiembre 15, 2013

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Van pasando los días, meses y años, así hasta sumar los setenta y siete años, un mes y quince días en el que el tiempo se detuvo en el reloj republicano español desde aquel maléfico 18 de julio de 1936 en que un grupo de “salvapatrias” se levantaron en armas y con fuego y sangre impusieron su supremacía fascista ante sus propios hermanos escribiendo así las páginas más negras de nuestra historia hasta nuestros días.

 El tiempo pasa inescrutablemente y las gentes y los paisajes cambian, pero la memoria y el olvido siguen igual. Anclados en el tiempo de la vergüenza y la represión, el tiempo del asesinato impune, de la injusticia impuesta por los símbolos de Dios, la patria y el Caudillo; del exilio y la separación; de las persecuciones y las vejaciones; de los paseos nocturnos y los desaparecidos; de las cunetas, fosas y cementerios esparcidos por toda la tierra de los hijos de la piel de toro; del tiempo del silencio y el miedo; del olvido a la fuerza y la desmemoria histórica. El tiempo de borrar el pasado como si nada hubiera sucedido, como si las vidas no hubieran existido y como si todo aquello estuviese a años luz de las nuestras.

 Pero la realidad es muy diferente pese al tiempo que ha pasado, porque la sangre de aquellos que fueron vencidos sigue derramándose cada día en la memoria de sus predecesores, el dolor pasa de generación en generación, de padres y madres a hijos, y de estos a los suyos y así sucesivamente como la única herencia que pueden dejar aquellos que ya no están. Solo pueden dejarnos la memoria y la dignidad perdida por los que se marcharon, desaparecieron, perdieron todos sus bienes y la libertad o murieron defendiendo la legalidad rojigüalda y morada.

Seguimos levantándonos cada mañana viendo la soga del pasado en nuestro presente con la presencia de las reminiscencias plantadas en el sistema por el franquismo, por el silencio de los gobiernos en democracia que han obviado hacer memoria mirando hacia otro lado y a base de eufemismos, con una cobardía supina que solo es merecedora del desprecio y descrédito que el pueblo siente por unos gobernantes preocupados más por sus sillones y cuentas bancarias que por sus propios electores. Y así llegamos a los capítulos donde cualquier acto que implique el reconocimiento o la reparación del daño causado es cercenado por esos dirigentes zafios y ladinos, cobardes e hipócritas que nos mantienen la memoria anclada en el mismo día que todo empezó. Y nos despertamos una y otra vez en el mismo lugar, como si tratáramos de despertar el día de la marmota para repetir una y otra vez los mismos errores: la injusticia del olvido, la injusticia del derecho y la injusticia de la mentira y la injusticia de la impunidad.

Y así es como los memorialistas revivimos cada día nuestro particular día de la Memoria Histórica y particular día de la marmota, intentando cambiar pequeñas cosas que nos permitan despertar finalmente de la pesadilla del olvido y así podamos de una vez pasar página haciendo justicia y honor a la historia con la verdad completa y no capada por el águila imperial o el yugo y las flechas como nos han recordado estos días. Pasar página para perdonar y sin olvidar nunca lo acontecido continuar con nuestras vidas hacia un futuro diferente sin tener que repetir un día tras otro esos anhelos de “Verdad, justicia y reparación”; para seguir caminando por una España moderna.

 Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A.I. La memoria Viv@

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La mujer, la memoria histórica y las dos caras de la moneda.

julio 20, 2013

Dos historias diferentes, un mismo padecer y sufrimiento. ¿Quién es el culpable? Da lo mismo, lo importante ahora es escucharlas a ellas para poder entenderlas; y quizás, los demás aprendamos algo y nos sirva para empatizar e iniciar ese proceso tan esperado de reparación, reconciliación, pero sin odios, sin olvido y con perdón. Dos mujeres dos historias, mil mujeres mil historias, millones de mujeres son la historia de un país, de nuestro país.

Hay un hecho innegable en la historia de nuestro país, hay una época de la misma a la que podemos considerar la etapa más oscura de ella; y eso, que ya desde tiempos pretéritos nuestra historia se escribe con sangre.

La “Guerra Civil” (a mí siempre me pareció un eufemismo y prefiero denominarla la…”Guerra incivilizada”) como todas las historias tiene un hechos irrefutables, los que sucedieron; pero los motivos, circunstancias, implicaciones y las visones que llevaron a esos acontecimientos pueden variar según le haya ido el baile a unos u otros, lo que sí está claro, es que hay como en casi todas las cosas de la vida difeerntes lecturas o  visiones, es como una moneda; y por tanto siempre hay dos caras. Pero, al fin y al cabo, la historia siempre la escriben los vencedores y,  los vencidos son las víctimas de estos mismos. Aún así, eso no significa que no hayan damnificados en ambas facciones, las vencidas y leales a la legitimidad vigente lo fueron en mayor número y forma y los partidarios de los golpistas salvapatrias también sufrieron en las zonas dominadas por el ejército popular republicano su particular calvario. Ambos sufrieron en sus propias carnes la insidia de la violencia, la sinrazón y el oscurantismo del ser humano, sea por interés, por dogma o váyase usted a saber el porqué ; y lo que es peor, por sendas partes se cometieron injusticias en inocentes, entre ellos los niños y, sobre todo las mujeres de este país. Eso no exime de responsabilidad a ninguno de los dos bandos, el golpista, y el gubernamental que tuvo el soporte de una mayoría de la población civil. La barbarie y la injusticia no entienden de colores.

Pero la “ilegitimidad del golpe de Estado”, la “represión salvaje” llevada a cabo durante y posteriormente a la Guerra Civil por los vencedores créó un nuevo orden con la instauración de un sistema de control civil basado en la falta de libertades, miedo, represión, adoctrinamiento  y el sistema de imposiciones entretejido en todos los estratos del poder por el llamado Movimiento Nacional, que han dejado a España sin poder cerrar una de sus etapas históricas más lamentables. No pretendo hacer juicio de valor al respecto, aunque haya dado mi visión a favor de la República de soslayo; entre otras cosas, porque el vencido es el que paga los platos rotos y el número de casos de violencia, represión, vejaciones, adoctrinamiento, exiliados, encarcelados, etc., ya sabemos a quién le corresponde por desgracia en saldo mayoritario y negativo. Ésa, también es una realidad. Como las de las cuentas, barrancos y fosas comunes sin reconocer todavía. Eso crea un hecho diferencial y agravio comparativo entre unos y otros que hay que solventar para pasar página.

Pero hoy os voy a presentar dos historias de las muchas que acontecieron en aquella España desde los fatídicos 17 y 18 de julio de 1936 y que se engloban en el período del enfrentamiento entre el bando sublevado y los defensores del gobierno legal de la II República (no voy a entrar a analizar las circunstancias, modos y formas que llevaron a tales hechos, simplemente me remito a lo objetivamente acontecido y demostrado por los datos y los hechos históricos); ya que posteriormente, el intervalo de espacio que supuso la posguerra con sus diferentes ciclos; desde la dictadura más cruel a la mal llamada «dictablanda» o era menos represiva del régimen franquista y que fue un intento aperturista del régimen caudillista de Franco que coincidió con su declive y final hasta llegar a la muerte del dictador y posterior transición a la democracia. Acciones que dejaron su impronta hasta el día de hoy.

Teniendo al día de hoy esta  cuenta pendiente por saldar todavía, me refiero al Estado con TODAS las víctimas de la Guerra, posguerra y represión franquista o republicana (aunque en este caso casi fue saldada). Y que nunca se saldará, ni habrá perdón si no se inicia un verdadero proceso de reparación y reconciliación con voluntad política. El tiempo ha pasado y todos nos merecemos descansar en paz, libertad y fraternalmente, pero sin olvidar lo acontecido. Es el único modo de que no vuelva a repetir.

Como siempre la moneda tiene dos caras, pero en esta moneda memorialista ambas caras son femeninas, quizás sea el modo de comprender mejor que la guerra las hacemos los hombres y que el coste lo pagan nuestras hacedoras. Insisto, la memoria no puede ser recuperada sino es completamente, y para ello, se deben reconocer y juzgar los hechos desde las dos facciones independientemente del resultado final que fue muy desfavorable por goleada al gobierno tricolor.

La memoria histórica en boca de las mujeres que la padecieron tanto o más que los combatientes, la memoria de las olvidadas, sufridas, vejadas, abandonadas, olvidadas, violadas, encarceladas, maltratadas, asesinadas, asustadas, huídas, etc., etc. Nuestras bisabuelas, abuelas, madres, tías, hermanas, las de ellas… las que en tiempo de guerra son dobles víctimas, las mujeres. ¡Por la justicia, verdad, reparación y la memoria…! Vaya en esta fecha tan señalada después de 77 años del alzamiento o golpe de Estado, del inicio de la “Guerra Incivil” mi más sincero y sentido homenaje a ellas, a todas las que fueron víctimas sin importarme si fueron rojas o azules, sólo el daño que padecieron. A ellas la historia no las juzgará, los juzgará a ellos, y con alguna excepción algunas serán oídas y recordadas, pero la mayoría seguirán olvidadas y muchas de ellas morirán en el silencio de sus malos sueños y temores sin que nadie se lo haya reconocido.

Soy memorialista, republicano confeso; pero ante todo soy un ser humano que cree en la libertad, la justicia y la igualdad, y hasta en esto, ellas pierden… ¡Por las mujeres, por todas las mujeres que padecieron la crueldad e inconsciencia del hombre! Sirva esto como mi pqueño homenaje a todas.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la Memoria Viv@

1ª HISTORIA:

Ibón S.Rosales jueves, 18/07/13

La niña de la Guerra Civil que creció haciendo de espía para los franquistas…

  • A sus 93 años, María José del Pino recuerda el inicio de la Guerra Civil Española en el 77 aniversario del alzamiento nacional.
  • Llevó información a un prófugo franquista, soportó bombardeos y lo que llama «el amor libre de la República», esta es su historia.

 

Maria José del Pino Ferrer a los 17 años

María José del Pino tiene 93 años, pero aún recuerda con nitidez cómo un día hace hoy 77 años vio que, con patadas y empujones, sacaban de casa a sus vecinos en Málaga para nunca volver a verlos. Se los llevaron a dar ‘el paseo’. Su destino, una cuneta. Su final, una bala en la nuca. Había comenzado la Guerra civil.

El ejército liderado por el General Francisco Franco, que se levantó en armas contra el gobierno de la II República entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Málaga pasó los nueve primeros meses con el bando republicano, nueve duros y catastróficos meses para esta abuela de familia conservadora.

«Mataron a dos amigos, los Barceló. Les pillaron repartiendo propaganda falangista y no lo dudaron ni un momento. Tenían solo 17 años», cuenta tranquila sentada en el sillón del salón de su casa en Madrid, donde lleva viviendo en Madrid desde que se casó con su ya fallecido marido, un oficial del ejército del aire.

Poco a poco, el miedo se fue extendiendo por las calles de la ciudad andaluza. María José tenía pavor dentro y fuera de casa. No había apenas comida. Los milicianos habían robado todas las gallinas de su casa para alimentar al ejército republicano. Ella y sus hermanos caminaban hasta la playa para coger los peces que se salían de las redes de los pescadores, los llevaban a su casa en cubos y su madre los cocinaba.

Además, estaban los bombardeos. «Íbamos a casa de nuestros vecinos los holandeses. Era el sitio más seguro al que podíamos acudir porque tenían la bandera holandesa». A María José aún le brillan los ojos, al recordarlo. «Empezábamos a sentir un ruido, y mi madre ya no soltaba el rosario en toda la noche…».

María José del Pino Ferrer en su casa de Moncloa

Durante aquellos meses María José, que aún no había cumplido la mayoría de edad, incluso tuvo que hacer de espía para el bando Nacional. “Mi padre tenía un amigo escondido en un bidón de agua que solo podía salir de noche. De día le buscaban para matarle», recuerda.

Todas las noches, apagaban las luces de casa y su padre se ponía los cascos de galena para escuchar la radio franquista, con extrema precaución, si te cogían los republicanos te mataban.

Su padre tomaba nota de los sitios por donde estaban pasando las tropas sublevadas y qué zonas de España estaban ya tomadas por el ejército. Después, le daba esas notas a su hija que se las escondía en el escote. Su cometido al día siguiente era llevarlas hasta el bidón de agua donde estaba el amigo de su padre escondido.

El ‘amor libre’ de la República

María José sufrió también en sus carnes lo que llama «el amor libre de la República». Según cuenta, consistía en que, si a un chico le gustabas, éste te llevaba consigo y te convertías en su propiedad, obligada a todo lo que él quisiera.

Un día se encontraba sentada en el tranvía cuando un joven miliciano comenzó a mirarla. Los ojos del chico recorrían su cuerpo de arriba abajo y su sonrisa la asustó. Comenzó a ponerse muy nerviosa. Se cambió de asiento, pero la persiguió, y comenzó a decirle que se fuera con él.

Asustada pero valiente, esperó a que el tranvía redujera la velocidad en una curva y saltó. No miró atrás, comenzó a correr todo lo que sus piernas le dejaron.

Una liberación

Pero el momento en el que más miedo pasó, y vio la muerte más de cerca, fue el día en que los nacionales ‘liberaron’ Málaga. Queipo de Llano, locutor de la radio franquista, anunció que las tropas estaban ya a las puertas de Málaga. A la anciana todavía se le ponen los pelos de punta cuando lo cuenta: «Nuestro mayor miedo era que hicieran la guerra dentro de la ciudad».

Estaba toda su familia con sus amigos holandeses, esperando. Empezaron a escuchar un ruido extraño. No eran bombas ni disparos. El ruido se hizo cada vez más audible y fue entonces cuando escucharon unos gritos: ‘¡Viva España, malagueños salgan de sus casas!’. Eran tanques, el ejército de Franco estaba entrando a la ciudad.

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2ª HISTORIA:

‘Las silenciadas’, la otra voz de la guerrilla antifranquista…

  • El documental ‘Las Silenciadas’ rescata a las mujeres de la resistencia
  • El director Pablo Ces da protagonismo a seis de ellas y a sus familias
  • La figura femenina fue clave tanto como enlace como de guerrilleras armadas
  • La Historia de España obvia la contribución de la mujer a la guerrilla
  • La historiadora Aurora Marco ha recogido sus testimonios en un libro

Natalia Puga | Vilagarcía de Arousa

Actualizado domingo 01/05/2011

Consuelo Rodríguez López, ‘Chelo’, pertenecía a una familia gallega de nueve miembros: sus padres y siete hermanos. La represión franquista posterior a la Guerra Civil le arrebató a sus padres (fueron asesinados tras la contienda) y a cuatro hermanos. Estas dramáticas circunstancias le hicieron reaccionar y pasarse al otro lado, al de la resistencia. Se convirtió en un enlace entre la ‘guerrilla’, que permanecía oculta en el monte con el resto de los opositores al régimen, pero acabó siendo identificada también por la Guardia Civil, de forma que se vio obligada a huir y esconderse en las montañas de Lugo. Allí le esperaban más desgracias. Participó en varios tiroteos y en uno de ellos falleció en sus brazos su ‘marido del bosque’. Después se exilió en Francia, donde vivió oculta hasta el fin de la dictadura.

‘Chelo’ tiene 91 años y sigue viva, pero no ha vuelto a Galicia. Sigue viviendo en Francia y allí le ha trasladado a su hijo sus experiencias y sufrimientos. Los testimonios de ambos son el nudo central del primer largometraje documental que se ha atrevido a narrar esa parte oculta de la historia de España, la de la resistencia, desde la óptica de la mujer. Porque ellas también jugaron un papel muy importante para que en Galicia los opositores al régimen mantuviesen una guerrilla activa hasta bien entrados los años 50, pero «apenas existe documentación sobre estas figuras claves en este momento histórico». A partir de las investigaciones de Aurora Marco, su madre, el joven director Pablo Ces les ha dado voz en un audiovisual con un título que resume perfectamente cómo fue la vida de estas mujeres, ‘As Silenciadas’ (‘Las Silenciadas’).

Esta mujer y sus desgarradores testimonios pueden aportar mucho a la historia de España. «Yo tengo 32 años y lo que me enseñaron en la escuela no tiene nada que ver con lo que aprendí ahora, a mí me enseñaron que la guerra en Galicia había sido rápida, pero fue uno de los sitios en donde más duró, hasta bien entrados los 50«, relata Pablo Ces, que da a una de las pocas guerrilleras que siguen vivas un protagonismo especial no sólo en su documental, sino también su página web. Una frase de ‘Chelo’ es su carta de presentación.

Familia de Consuelo Rodríguez López, 'Chelo', en O Barco de Valdeorras.

Familia de Consuelo Rodríguez López, ‘Chelo’, en O Barco de Valdeorras.

«Para mí fue un orgullo participar en aquella lucha. Fui varios años enlace y después pase a la guerrilla del monte, con armas y luchando con ellos. No queríamos el fascismo, luchábamos por la libertad, contra Franco. Los fascistas nunca nos pondrán en el lugar que nos corresponde, siempre nos rebajarán. Las guerrilleras éramos como todas las mujeres y nada teníamos que ver con la imagen que tenían de nosotras. Sabíamos cuál era nuestra lucha. Éramos dueñas de nuestros actos y no teníamos que dar explicaciones a nadie», describe esta particular heroína que se integró en el primer grupo organizado de guerrilleros que surgió en la España de la época: la Federación de Guerrillas León-Galicia.

Historias de vida

Su vida no es la única que protagoniza ‘Las Silenciadas’. Pablo Ces, que ha visto realidad su proyecto gracias a la productora gallega Mr Misto Films, ha querido recuperar «historias de vida de numerosas mujeres que vivieron en la clandestinidad y apoyaron el movimiento guerrillero. Por defenderlo, fueron duramente represaliadas: muerte, cárcel, tortura física y psicológica, exilio…». Recoge tres perfiles: «las que sufrieron la represión por ser la mujer de, las que eran enlaces o guerrilleras de llano y las que se echaron al monte y cogieron las armas».

Antonia Rodríguez y Clarisa Rodríguez, violada y asesinada estando embarazada.

Antonia Rodríguez y Clarisa Rodríguez, violada y asesinada estando embarazada.

La familia Valle Valle es otra de las protagonistas. Clotilde Valle, la cuñada del guerrillero ‘Bailarín’ cuenta la historia de la mujer del combatiente, su suegra, sus tres hermanas y su prima, que sufrieron represalias por estar emparentadas con él. «Sufrimos mucho, pasábamos mucho miedo porque cuando nos mandaban ir al cuartel ya pensábamos que podía pasar cualquier cosa», describe.

Dos enlaces de la zona de Meira, Clarisa Rodríguez y Carmen Geres, son las siguientes protagonistas. Una de ellas fue asesinada en unas circunstancias escalofriantes: «La llevaron para interrogarla y cuando apareció el cadáver estaba embarazada, la violaron y luego la mataron y dejaron en una cuneta. Nos cuenta la historia su hijo», explica el director.

Borradas de la historia

«Hubo un gran sector de la población que apoyó a esta guerrilla, si no no habría durado lo que duró y todo esto se desconoce. Mucho menos se sabe de las mujeres, que hicieron tanto labores de intendencia (trasladaban cartas, notas, armas; avisaban de los movimientos de la Guardia Civil, abrían casas de apoyo…) como algunas llegaron a coger los fusiles. A pesar de ser la columna vertebral de la resistencia antifranquista, siguen siendo ignoradas o olvidadas», indica. En este sentido, el documental, además de innovador, es pionero, pues hasta el momento la documentación que había en Galicia al respecto se limitaba a un libro reciente sobre la guerrillera Enriqueta Otero Blanco, María Dolores, y a algunas notas sueltas sobre otras resistentes.

Carmen Fernández Seguín, en la cárcel de Segovia.

Carmen Fernández Seguín, en la cárcel de Segovia.

«No hay ningún trabajo de conjunto que aborde su participación en aquellos años de la década de 1940, porque el silencio y los condicionantes de género ocultaron o borraron su historia», indican desde Mister Misto, por eso Pablo Ces ha querido aportar «un granito arena para que salga a la luz la historia, para que se sepa lo que ocurrió, sin levantar polvaredas, no para levantar heridas, sino para cerrarlas».

Carmen Rodríguez Nogueira es otra de sus historias. En su caso, «no fue enlace, pero le fusilaron al marido por ser republicano y los amigos del marido empezaron a ir por su casa para esconderse», cuenta. «Al final sufrió torturas y estuvo en la cárcel. Entrevistamos a su hijo y a sus nietas y fue muy emotivo, en especial cuando nos cuentan que de las palizas que le dieron tenía el cuerpo tan destrozado que con solo tocarle le salían cardenales».

El hijo de Carmen Fernández, enlace y guerrillera, relata los 13 años de su madre en prisión. Y el hermano pequeño de la familia de Os Buzos de Mugardos, Guillermo Gallego Abeledo, cuenta cómo sus tres hermanas mayores y su madre colaboraron con la guerrilla y acabaron pasando diez y doce años en la cárcel, para luego exiliarse.

El hilo conductor de todas estas historias son los historiadores Bernardo Maiz y Aurora Marco, que van hilvanando estas vidas con los acontecimientos ocurridos en la época de la posguerra en Galicia. La cinta se proyectó este sábado 30 de abril en la sede de la productora Mr Misto en el municipio de Vilagarcía de Arousa. La entrada era gratuita, «al terminar la proyección pone a disposición del público la ‘caldereta’, para aportar la cantidad de la entrada voluntaria según el gusto del espectador», cuenta Ces.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/01/galicia/1304248966.html