80 y más…14/04/2020

mayo 11, 2020

El texto que sigue lo escribí el 14 de abril de 2020 para rendir homenaje a l@s Nuestr@s el día de la República . Lo publico solamente hoy 11 de mayo al haber comprobado que la situación aquí denunciada no ha sido corregida (5800 fallecidos en los Geriátricos de la CC.AA. de Madrid… ).De antemano y para que no se pueda dudar, mi sincero reconocimiento a tod@s l@s sanitari@s que luchan a pecho descubierto contra esta pandemia.

 

80 y más…

14/04/2020

 

Fueron niños o adolescentes durante la 2º República, sufrieron la guerra y la perdida de familiares asesinados ,desaparecidos , los bombardeos, las heridas , las penurias alimentarias, el exilio, el estigma marcándoles de “rojos·, las vejaciones.

Los bienes familiares confiscados.

Con sus madres en las cárceles, y también deportados.

Lo perdieron todo: su adolescencia y su niñez se estancaron; luego sobrevivieron bajo el jugo de 40 años de dictadura y nos dieron la vida.

Fraguaron el tiempo Democrático y se instaló el “Estado de bienestar”, fruto de sus escaseces y de su trabajo.

Envejecieron y en momentos de crisis económica nos ayudaron con sus míseras pensiones.

Ell@s de 80 y más…son ahora la diana preferida de la Covid19.

Descubrimos en estos meses que sus vidas se van por centenas, miles, en Centros Geriátricos (donde un@s cuantos valientes se confinan con ell@s), en sus casas, sol@s. Resulta que ya no tienen prioridad, por ser frágiles, por sus dolencias físicas y mentales por su corta esperanza de vida, lo que les queda, son viejos…

¡Desagradecidos y desgraciados somos al permitir que esto ocurra!

Algo ha fallado…Una Sanidad Pública desbordada, un olvido voluntario por parte de ciertas Autoridades.

Algunas veces, pocas, vemos en las noticias “un 80 y más…”saliendo de un hospital curado. Yo aplaudo y lloro a la vez.

¡VIVAN en NUESTRA MEMORIA!

 Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos


MÉRIDA, 11/08/2019, acto homenaje en memoria de los emeritenses asesinados por las tropas fascistas a partir del 11 de agosto de 1936

agosto 11, 2019

En el Campo Santo de la ciudad, delante le mausoleo dedicado a los emeritenses asesinados/as, se ha realizado un acto contra el olvido por la Justicia y  la Reparación.

Unos 50 familiares de las víctimas del fascismo, acompañados por el alcalde socialista, Antonio Rodríguez Osuna han recordado a los suyos.

Varios testimonios han sido escuchados, la emoción latente y la música tocada por un violinista han impregnado el ambiente de solemnidad, solo interrumpida por los aplausos a cada intervención.

( Más detalles en los enlaces aquí abajo.)

Quiero agradecer la presencia del Alcalde de Mérida por el PSOE , de Libertad Sanchez Gil por la asociación de RMH de Mérida y Comarca , de los familiares de las víctimas de los reporteros de Canal Extremadura y del El diario.es (Pepe Aroca).

 

Las imágenes y videos dirán más que mis escuetas palabras.

Un saludo fraternal .Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos

NO AL OLVIDO.

VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN

https://www.eldiario.es/eldiarioex/Merida-recordado-represion-franquista-justicia_0_930207140.html  ( de José L. Aroca )

http://www.canalextremadura.es/extremadura-noticias-1/extremadura-noticias-1-110819?fbclid=IwAR3eJIm1TWV3XcPxBICuO-MnHSUio9DYw-4QiBuPJvVkzChhEyWb9X5OZKo

 

 

Fotografías PV Romero de Castilla Ramos para la Memoria Viva


Entrada en vigor, el 24 de julio del 2019, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura

julio 25, 2019

Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

  • Publicado en DOE núm. 16 de 24 de Enero de 2019 y BOE núm. 38 de 13 de Febrero de 2019
  • Vigencia desde 24 de Julio de 2019

 

Planteamientos generales.- Entre los motivos que justifican la aprobación de esta <!–LE0000253344_20180826–>ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura ocupa un lugar principal la necesidad de llevar a su máximo desarrollo en la Comunidad Autónoma extremeña las disposiciones recogidas en la <!–LE0000253344_20180826–>Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y establecen medidas, llamadas de «Memoria Histórica», a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante guerra civil y la dictadura.

Dicha ley, aun constituyendo un verdadero hito jurídico, ha tenido no pocas limitaciones en su aplicación, especialmente en materia de justicia y reparación de los daños sufridos por las personas represaliadas.

Otra razón justificadora de esta norma autonómica se halla en la necesidad de confeccionar una ley ajustada también a la legislación y los acuerdos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos suscritos por España, y acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el tratamiento dado en nuestro país a los «crímenes de guerra» u otras violaciones de los derechos individuales y las libertades públicas en el tiempo de la Guerra Civil y el Franquismo.

En última instancia, un nuevo motivo importante reside en la necesidad de impulsar el diseño, la planificación y el desarrollo de aquellas labores encaminadas a recuperar la Memoria Histórica y Democrática guiándose por los principios de Verdad, Dignidad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que aconsejan no solo la ONU sino todos los organismos defensores de los derechos humanos.

…”

Ver contenido in extenso en :

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/636454-l-1-2019-de-21-ene-ca-extremadura-memoria-historica-y-democratica.html#disde

o pinchando este enlace  Ley de M H y D Extremadura

Para que nadie nos tape la boca. Foto tapia cementerio de Mérida. Derechos reservados LMV.

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.


CAMPO DE CONCENTRACIÓN Y CASTIGO DE VERNET D´ARIEGE: 6226 DEPORTADOS.

abril 28, 2017

Hemos recibido por email la siguiente información.

Escalofriante pero que debemos conocer.

Gracias a L´Amicale des Anciens Internés Politiques et Resistants del campo de concentración de Vernet d´Ariege.

Os dejo el texto original y los dos PDF que acompañan este enorme trabajo de investigación de la AIPRde VD.

Los contactos por email y teléphono se encuentran en bajo de página.

Lors des recherches effectuées aux Archives Départementales de l’Ariège sous la houlette de l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du Vernet d’Ariège, nous avons répertorié 55 convois de déportation partis du camp de concentration du Vernet d’Ariège & personnes déportées entre le 25 juillet 1940 & le 30 juin 1944, date de la fermeture de ce camp de concentration le plus répressif de France. 

La date du 25 juillet 1940 a attiré notre attention. En effet, si on étudie la chronologie de cette période, à savoir :

· 22 juin 1940, signature de la convention d’armistice

· 10 juillet 1940, Pétain reçoit les pleins pouvoirs

· 25 juillet 1940, convoi de 178 étrangers indésirables remis aux autorités allemandes à Chalon-sur-Saône

Nous pouvons en déduire qu’une des premières mesures politiques du gouvernement de l’État Français Fasciste a été de livrer ces 178 internés politiques aux autorités allemandes. C’est le premier convoi de déportation de France qui est parti du camp de concentration du Vernet d’Ariège, ce 25 juillet 1940. Cet acte marque le début de la COLLABORATION française avec l’occupant allemand.

Ce convoi d’hommes était composé de : 125 Allemands, 12 Autrichiens, 12 Belges, 10 Polonais, 10 Tchécoslovaques, 2 Apatrides allemands, 2 Luxembourgeois, 2 Sarrois, 1 Estonien, 1 Français, 1 de nationalité indéterminée.

Vous trouverez en PJ

· un texte de présentation & d’argumentation de nos dernières recherches

· un tableau présentant les 55 convois & les 6226 déportations recensées

 @mic@lement

Raymond Cubells, président de l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du Vernet d’Ariège, téléphone : 06.79.90.30.48


“NOS ENCARGAMOS DE TODO”. ROBO Y TRÁFICO DE NIÑOS EN ESPAÑA”.

marzo 24, 2014

Portada libro

invitación niños robados Madrid

 26 de marzo a las 19:00 h

Círculo de Bellas Artes- Sala Valle Inclán – C/ Alcalá, 42 – Madrid

La sistemática aparición en los medios de comunicación y la abundante bibliografía que hasta hoy se ha publicado sobe ese drama social, el robo de niños en clínicas y hospitales de maternidad de toda España, ha puesto el foco lógicamente en los casos más dramáticos y llamativos. Ha sido una aportación valiosa para dar a conocer un inmenso drama silenciado durante años. Faltaba un estudio que fuera un paso más allá y ofreciera algunas claves sociales imprescindibles para valorar este problema de Estado. Solo alguien involucrado personal y directamente desde el primer momento con estos casos podía, y debía, llenar ese hueco con un análisis necesario.

El ensayo “Nos encargamos de todo”. Robo y tráfico de niños en España” será sin duda ese referente. También será un texto provocador y sin duda molesto para sectores muy poderosos. Su oportunidad es inevitable por las circunstancias que marcan este momento histórico. Con las presencia ya materializada por parte de las Agencias de NN. UU. de Derechos Humanos en su apartado de Personas Desaparecidas y con el Parlamento Europeo admitiendo a trámite estos casos como delitos permanentes de ámbito supranacional, ya hay movimientos evidentes en el Gobierno de España que apuntan a que se han puesto en marcha estrategias para intentar, al menos, disponer de coartadas que justifiquen el lamentable papel de inacción ante lo que ya es sin paliativos un escándalo internacional. Esta afirmación no es gratuita a juzgar por el interés demostrado por los medios de comunicación extranjeros y la sistemática presencia de periodistas que nos asaltan casi de continuo con este tema.

El texto del que es autor el doctor en Sociología y actual presidente de la Federación Coordinadora X 24 (de asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España), Francisco González de Tena, está publicado por la editorial Clave Intelectual y estará en las librerías a partir del próximo lunes día 17. El interés previo que ha despertado tiene mucho que ver con ese intento de comprender claves esenciales que están en el origen del problema social, en sus circunstancias y en la multitud de cuestiones que lastran su comprensión y visión general, más allá de los datos dramáticos y puntuales de cada uno de los casos más llamativos. El libro plantea preguntas claves, que van a resultar muy incómodas en un momento tan crítico para la política desarrollada por el ministerio de Justicia de España. Plantear preguntas no es nada inocente, sobre todo cuando en el propio texto hay material suficiente para que cada lector pueda llegar a sus propias conclusiones. Hasta cierto punto ese es el papel más legítimo de la Política y, en este caso de la Sociología Retrospectiva. Evidenciado un conflicto o problema social tratar de hacerse las preguntas oportunas sobre su origen, las causas que lo motivaron y las posibles vías para su esclarecimiento, aunque se quede en el plano más modesto y realista


Borrar a Franco no es la solución

marzo 15, 2014

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Cada vez más España se aleja de su historia, renuncia a la justicia legal e histórica con la negación de su propio pasado, renuncia a un futuro sin complejos, libre y democrático con la aceptación de sus pretéritos acontecimientos históricos y a las efemérides negadas con la injusticia y el olvido.

La Guerra civil, la posguerra y los distintos procesos históricos de la dictadura franquista (la dictadura militar y represiva, la dictablanda o desarrollismo) no pueden quedar en meras anécdotas históricas, es una impunidad que no nos podemos permitir. El franquismo existió, y como consecuencia de él España se desangró durante y posteriormente al golpe de Estado militar africanista contra el gobierno legítimo e inoperante de la II República, Tuvo más que consecuencias políticas, económicas, sociales e históricas, tuvo desgraciadamente consecuencias humanas, vidas; y por tanto, tuvo consecuencias jurídicas irresolutas al día de hoy.

Para hacer justicia bajo mi humilde punto de vista y opinión es necesario recuperar la memoria histórica en su totalidad, es decir, mantener el recuerdo de los hechos acontecidos totalmente, lo que implicaría no únicamente a la documentación, información y difusión de los mismos, sino que también debería incluir la aplicación y el reconocimiento de las leyes internacionales al respecto de los delitos contra “lesa humanidad” de todos aquellos que estuvieran afectados por los mismos. Fomentar la conmemoración de las fechas más significativas y relacionadas con estos hechos,  y sobre todo, el mantenimiento del recuerdo a través de toda su simbología, documentación escrita, fotográfica y audiovisual, soportes artísticos, artículos y materiales, elementos sociales y antropológicos que formaron parte del período histórico. ¿Cómo? Fácil, con diferentes museos, zonas geográficamente marcadas o señaladas de interés histórico nacional, con bibliografía y sobre todo en la enseñanza a las nuevas generaciones de dicha etapa.

El Estado debería ser albacea, protector, garante y difusor de su propia historia y del derecho que a ella le asiste. Ése, es el único modo de hacer honor a la memoria histórica y al reconocimiento de la misma, a todos sus afectados y familiares, a todo un país. Para llegar al perdón no hay que olvidar, sino recordar por qué nos debemos perdón, y así, con el recuerdo permanente intentar evitar cometer los mismos errores del pasado y sobre todo sus consecuencias.

Para pasar página la solución no está en el olvido, en retirar sólo símbolos que nos ofenden más o menos, en esconder en archivos polvorientos vidas y sentencias, ocultar asesinatos en cunetas, barrancos y tumbas comunes, y en borrar de la memoria al mayor icono de esta tragedia, borrar a Franco. La solución pasa precisamente por todo lo contrario, por reconocer el mal, condenarlo, reinsertar las víctimas y su memoria y castigar jurídicamente, aunque sea por reconocimiento a los culpables de todas las tropelías e injusticias cometidas, mantener en el recuerdo y la memoria colectiva a las víctimas pero también a sus verdugos.

La historia no está completa si obviamos o cercenamos parte de ella, si además no le hacemos justicia, entonces estamos volviendo a condenar a todos los actores de la misma. Borrar a Franco y adláteres no es la solución.

 Jordi Carreño Crispín (Vicepresidente de La Memoria Viv@)


La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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http://www.publico.es/485422/la-hermana-de-puig-antich-y-otras-victimas-del-franquismo-viajan-a-argentina-para-declarar-ante-la-juez

Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El PSOE aboga por recurrir al derecho internacional por los crímenes franquistas

diciembre 1, 2013

Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 

EUROPA PRESS Granada 30/11/2013

Miembros de la Plataforma 'Solidarios con Garzón' concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

Miembros de la Plataforma ‘Solidarios con Garzón’ concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

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Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas del franquismo y el camino “que queda por recorrer seis años después de la entrada en vigor de la ley”. Así, en el acto, el PSOE ha abogado por recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista.

Según un comunicado, en el debate, titulado ‘El PSOE y la Memoria Histórica’, han participado el diputado socialista en el Congreso José Andrés Torres Mora, que fue ponente de la ley de Memoria Histórica de 2007; el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, y la diputada provincial Fátima Gómez, que ha presentado el acto.

Así, Torres ha destacado que la Ley de Memoria Histórica “es la ley del reconocimiento de lo que sufrieron muchas personas que fueron asesinadas, encarceladas o que tuvieron que irse al exilio por defender los derechos y libertades”, a lo que ha agregado que esta ley tenía como objetivo “recuperar el honor público de esas personas inocentes que lucharon por sus ideales y que fueron asesinadas”.

“No ha producido ningún daño, ha hecho algún bien”, ha declarado Torres

De igual forma, ha indicado que la ley también perseguía facilitar el acceso a los archivos y a la documentación de la guerra y de la dictadura, así como recuperar los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes. “Seis años después de su entrada en vigor, vemos que no ha sucedido nada de lo que decían los que se oponían a la Ley de Memoria Histórica, ha destacado Torres, para quien la norma “no ha producido ningún daño y, en todo caso, ha hecho algún bien”.

“Reparación moral de las víctimas”

Por su parte, Bracero se ha referido a “los avances” la ley de 2007 “por lo que supuso para la reparación moral de las víctimas”, pero también a sus limitaciones, entre ellas, “que no se anularan las sentencias del franquismo”.

Además, ha indicado que se ha dejado como una “labor casi privada” la financiación de las exhumaciones y la búsqueda de los restos de las víctimas de la represión. “No hubo suficiente implicación del Estado en esas labores de localización y exhumación de las víctimas”, ha precisado. En su opinión, “muchas de las víctimas siguen siendo potencialmente delincuentes, porque se ha dado un reconocimiento de ilegitimidad a las condenas pero no se han anulado y, por lo tanto, las sentencias siguen vivas”.

Al referirse a los límites de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo. “El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha puesto los deberes al indicar que deberíamos anular la Ley de Amnistía de 1977, seguir investigando en los juzgados y conseguir la anulación de las sentencias”, ha matizado.

Por último, Bracero ha matizado que “mientras no sean anuladas esas sentencias, los que dieron su vida por el socialismo, por el anarquismo y por las libertades, siguen siendo unos delincuentes y eso no lo podemos tolerar casi 80 años después de la República y después de seis años de experiencia de la Ley de Memoria Histórica”.

http://www.publico.es/486055/el-psoe-aboga-por-recurrir-al-derecho-internacional-por-los-crimenes-franquistas


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


“El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada”

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. “Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos”, aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la “restricción” de esos derechos “sea proporcionada a los fines que se persigue”. “Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos”, explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. “Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones”, recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que “toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales”, concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN COORDINADORA X – 24

noviembre 18, 2013
24 09 2013, en el salón Manrique del NH Paseo del Prado, los delegados de la ONU para la comisión sobre desapariciones forzosas en España han recibido a los familiares y víctimas del franquismo para recoger sus testimonios. Foto Bernard Delort

24 09 2013, en el salón Manrique del NH Paseo del Prado, los delegados de la ONU para la comisión sobre desapariciones forzosas en España han recibido a los familiares y víctimas del franquismo para recoger sus testimonios.
Foto Bernard Delort

EMPLAZAMIENTO DE NN.UU. AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

En el día de hoy, 15 de noviembre de 2013, y cumpliendo con exactitud su compromiso, el Comité de NN. UU. de Personas Desaparecidas, ha hecho público su Informe que amplía y ratificada el entregado el día 30 de Septiembre al Gobierno de España al final de su estancia de trabajo.

Como uno de los primeros colectivos en reclamar la intervención de la Comisión en relación con los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y en especial por lo que afecta a las Víctimas por el Robo de Niños en España, no podemos por menos que felicitarnos y felicitar a miles de madres que han luchado con todos los vientos en contra, en primer lugar, porque tienen todo el derecho legítimo a conocer la verdad de unos hechos que les han sido sustraídos durante lustros, poniendo en duda su interminable dolor maternal por el robo criminal de algo irreparable, el amor y los años de cercanía con sus hijos. Sabemos, y ellas son conscientes, que nada ni nadie podrá reparar nunca en su plenitud el daño sufrido.

También, es necesario que sus hijos, conozcan su verdadera identidad. La que se les negó con voluntad de permanencia y el telón de la impunidad. Muchos de ellos fueron arrancados de sus brazos y otros en el paritorio, sedando a la madre para que no pudiese resistirse. A todos ellos, a día de hoy y aunque la ley de adopción ha cambiado, se les sigue negando el derecho a conocer su identidad biológica, impidiéndoles acceder a archivos protegidos por el Estado y por la Iglesia, nuevamente en maridaje.

Emplazamos desde aquí a que, en lugar de poner en duda nuestra voluntad de llegar hasta el final, y de luchar con honestidad por ello, el Estado español y su Gobierno, como Ejecutivo responsable y representativo de éste, ahora reconvenido por NN. UU., sea capaz de poner en marcha todos los mecanismos a su alcance para cumplir estos requerimientos. No es algo nuevo ni inesperado, lo venimos reiterando desde hace años, pero ahora tenemos como legitimidad añadida: la exigencia moral de la representación máxima de los Derechos Humanos con carácter universal. Por la experiencia de las estrategias de distracción e incumplimiento de este Gobierno no confiamos ni en su diligencia ni en su eficacia. Seguiremos en nuestra lucha, también demandando de la Iglesia Católica una honesta y diligente cooperación con las Víctimas, que en este caso lo es también como obligada colaboración con la Justicia del pueblo que así lo demanda.

Francisco González de Tena.

Presidente de la Federación Coordinadora X-24

F. Gonzalez de Tena a la esperade la llegada del delegado de la ONU.  24.09.2013.foto.Bernard (14

F. González de Tena a la espera de la llegada del delegado de la ONU. 24.09.2013.foto.Bernard (14


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR “SU OBLIGACIÓN” Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. “El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.

“Los presuntos autores”, añade la ONU, “deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, y las víctimas deben recibir “reparación adecuada”.

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de “un órgano específico” encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, “a más tardar el 15 de noviembre de 2014” para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

“No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia”, ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: “No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora”

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica”, ha declarado Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora”.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían “cerrado” totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. “La jurisprudencia no es ley”, pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: “nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez”. Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: “El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado”, ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que “todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales” adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de “mirar para otro lado”

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. “El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado”, afirman en un comunicado.

“Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido”. “Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”, añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del “delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html