“Los fusiles de la madre Carrar” de Bertolt Brecht (representación teatral en Madrid)

abril 29, 2016

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La Madre Carrar, después de haber perdido a su marido en la guerra civil española, disimula su mal trago y no quiere ni oír mencionar la lucha social.

Es por tal razón que esconde los fusiles de su difunto marido, y prohíbe a sus hijos seguir los combativos pasos de su padre. Por desgracia, los “generales” entienden sin cuartel a los niños de los “rojos” hasta “lograr la desaparición de esta peste de la superficie de la tierra.”

El mayor de los niños de la madre Carrar, ocupado en la pesca para alimentar a su familia, será asesinado por los militares. Sin más. Entonces, sólo la madre Carrar tomará conciencia de que la lucha contra el fascismo debe continuar, y desentierra los fusiles al mismo tiempo que su conciencia social, para actuar de manera fiel al combate de su marido y de todos los que luchan por la República.

Brecht escribe Los fusiles de la Madre Carrar con la guerra civil española como tela de fondo, y de rebote con el nazismo y el fascismo de los que tiene que escapar, como contexto histórico. Bajo la firma del mismo autor, los comediantes y artistas militantes, exiliados en París, tiñen su texto con emoción, ahogan las lágrimas de rabia causadas por los desentendidos.

Los “neutrales” rehúsan levantarse contra el avance del totalitarismo hacia las fronteras, dejando abiertas las puertas al fascismo y al nazismo en Europa.

A medida que uno avanza en el texto de Brecht, descubrimos un significado subyacente en cada una de las frases, que de entrada se parecen a una conversación animada entre militantes. La compañía confiere, así, una gran importancia a los silencios, indicados en las notas puestas en escena.

Esta aproximación de la obra no coincide con el pensamiento teórico brechtiano, pero da la prioridad al sentido de las palabras, y a los sentimientos que guían a los comediantes. Interpretar a Brecht no debe implicar ningún vacío sentimental, al contrario: los actores tienen que lograr conmover al espectador, sin olvidar transmitir el mensaje político y social de la obra.

El jueves 5 de mayo a las 20:00h en el Teatro del Institut français de Madrid. (Sobretitulado en castellano)

C/ Marques de la Ensenada , nº10. Madrid 28004.Mº Colón.

 

Por la Compañía del Teatro de l’Épée de BoisVenta anticipada on line: 10€. En taquilla 30 minutos antes de la representación: 12€.

http://www.institutfrancais.es/madrid/espectaculos/teatro-fusiles-madre-carrar-bertolt-brecht

 


CINE | JUEGO DE ESPÍAS

diciembre 4, 2014

El Jueves 04 de Diciembre a las 20:00, en el Teatro del Institut français de Madrid. Con la presencia de Germán Roda, y del nieto de uno de los espías protagonistas de la historia, el espía Juan Astier. 

Cartel Juego de Espias

Cartel Juego de Espias

SINOPSIS:

Documental basado en el libro de Ramón J. Campo, La Estación Espía

En 1940, España sufría una durísima postguerra y Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Inteligencia Británico escogió el paso fronterizo de la estación internacional de Canfranc (Huesca) para recopilar e intercambiar informaciones cruciales para la contienda bélica.

De este modo montó una red de espías formada por vascos, aragoneses y franceses que informaron acerca de los movimientos de las tropas alemanas y el paso de mercancías (el oro requisado por los nazis) que entraban y salían de España.

Establecieron una conexión semanal entre Canfranc, Zaragoza y San Sebastián para llevar los mensajes al consulado inglés de la capital donostiarra que cada lunes, los remitía por valija diplomática a Madrid. Gracias a las informaciones de esta red de espías se ayudó a la derrota de los nazis y su expulsión de los terrenos ocupados.

Estos acontecimientos históricos se entrelazan con los testimonios de los familiares de los hasta ahora anónimos espías. Y se realizan una serie de secuencias dramatizadas, siempre fieles a los acontecimientos descubiertos por el escritor. En especial a lo relacionado con la desarticulación de dichas redes de espionaje. Y el juicio y sentencia que acabó con el encarcelamiento de 30 espías condenados por un Tribunal Especial contra el Espionajes en 1943.


Borrar a Franco no es la solución

marzo 15, 2014

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Cada vez más España se aleja de su historia, renuncia a la justicia legal e histórica con la negación de su propio pasado, renuncia a un futuro sin complejos, libre y democrático con la aceptación de sus pretéritos acontecimientos históricos y a las efemérides negadas con la injusticia y el olvido.

La Guerra civil, la posguerra y los distintos procesos históricos de la dictadura franquista (la dictadura militar y represiva, la dictablanda o desarrollismo) no pueden quedar en meras anécdotas históricas, es una impunidad que no nos podemos permitir. El franquismo existió, y como consecuencia de él España se desangró durante y posteriormente al golpe de Estado militar africanista contra el gobierno legítimo e inoperante de la II República, Tuvo más que consecuencias políticas, económicas, sociales e históricas, tuvo desgraciadamente consecuencias humanas, vidas; y por tanto, tuvo consecuencias jurídicas irresolutas al día de hoy.

Para hacer justicia bajo mi humilde punto de vista y opinión es necesario recuperar la memoria histórica en su totalidad, es decir, mantener el recuerdo de los hechos acontecidos totalmente, lo que implicaría no únicamente a la documentación, información y difusión de los mismos, sino que también debería incluir la aplicación y el reconocimiento de las leyes internacionales al respecto de los delitos contra “lesa humanidad” de todos aquellos que estuvieran afectados por los mismos. Fomentar la conmemoración de las fechas más significativas y relacionadas con estos hechos,  y sobre todo, el mantenimiento del recuerdo a través de toda su simbología, documentación escrita, fotográfica y audiovisual, soportes artísticos, artículos y materiales, elementos sociales y antropológicos que formaron parte del período histórico. ¿Cómo? Fácil, con diferentes museos, zonas geográficamente marcadas o señaladas de interés histórico nacional, con bibliografía y sobre todo en la enseñanza a las nuevas generaciones de dicha etapa.

El Estado debería ser albacea, protector, garante y difusor de su propia historia y del derecho que a ella le asiste. Ése, es el único modo de hacer honor a la memoria histórica y al reconocimiento de la misma, a todos sus afectados y familiares, a todo un país. Para llegar al perdón no hay que olvidar, sino recordar por qué nos debemos perdón, y así, con el recuerdo permanente intentar evitar cometer los mismos errores del pasado y sobre todo sus consecuencias.

Para pasar página la solución no está en el olvido, en retirar sólo símbolos que nos ofenden más o menos, en esconder en archivos polvorientos vidas y sentencias, ocultar asesinatos en cunetas, barrancos y tumbas comunes, y en borrar de la memoria al mayor icono de esta tragedia, borrar a Franco. La solución pasa precisamente por todo lo contrario, por reconocer el mal, condenarlo, reinsertar las víctimas y su memoria y castigar jurídicamente, aunque sea por reconocimiento a los culpables de todas las tropelías e injusticias cometidas, mantener en el recuerdo y la memoria colectiva a las víctimas pero también a sus verdugos.

La historia no está completa si obviamos o cercenamos parte de ella, si además no le hacemos justicia, entonces estamos volviendo a condenar a todos los actores de la misma. Borrar a Franco y adláteres no es la solución.

 Jordi Carreño Crispín (Vicepresidente de La Memoria Viv@)


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Las leyes de Franco para oficializar el miedo…

noviembre 24, 2013

La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.

PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año.

Esta norma fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier actividad “perturbadora del orden público” fomentada por asociaciones y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se expone en el artículo dos de la ley.

La Ley de Orden Público contemplaba multas de hasta un millón de pesetas

Asimismo, otorgaba competencias a la “autoridad gubernativa y sus agentes”, es decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización del orden público.

“Fuera de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo”, explica el historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. “La propia naturaleza del franquismo es un sustancialmente represiva”, matiza. Prueba de ello eran las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma, variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500 pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.

Una ley para oficializar el miedo

En febrero de 1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se había cometido -durante los años de la Segunda República-. “Esa ley se concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al enemigo”, subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados como a quien mostrara “pasividad grave” al respecto.

En 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó

Dicha norma posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en espera de iniciarse.

En 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad de Castilla La Mancha publicado en 2007.

La legislación oprimía fundamentalmente a las mujeres 

El entramado jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936, la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República. La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.

“También se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio”, apunta Álvaro Dueñas. “Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres”, añade.

Juicios militares para delitos de contrabando

En un estado militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto régimen de racionamiento. “La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión militar, pero lo importante es cómo se aplicó: “Acabaron siendo juzgados los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas con el contrabando“, detalla Álvaro Dueñas.

Con especial dureza se aplicaron también las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.

http://www.publico.es/484494/las-leyes-de-franco-para-oficializar-el-miedo


Treinta y ocho años sin él…

noviembre 17, 2013

 

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

Sigue causándome la misma felicidad que aquél lejano 20 de noviembre de 1975 y que recuerdo junto a un hoyo de tierra excavado a mano y que podría haber sido la premonición de mi futuro memorialista; pero poco tenía que ver, ¡Estábamos en la calle jugando a las canicas porque no había colegio! El caudillo había muerto. La alegre inconsciencia ignorante pudiera haber sido también premonitoria de la algarabía y satisfacción de saber que el yugo del pueblo se marchaba con sus treinta y nueve años de aplastante presencia golpista y represora.

Con doce años, uno tenía suficiente con saber que aquel señor bajito y calvo, de voz afeminada y vestido de militar era el padre de la patria, el salvador de la ignominia de las huestes rojas, el baluarte de la cristiandad y el protector de una España grande y libre. Que los estíos, eran para muchos aquellos  veranos en los campamentos con la cara al sol y la camisa nueva,  o felizmente sin el rígido orden colegial y la presencia del susodicho en las aulas mirándote inquisidoramente; y que españoles éramos todos. ¿Por qué nos íbamos a preocupar de los más de 143.353 desaparecidos forzosos y reconocidos, o los más de 450.000 exiliados, o los 250.000 encarcelados en la posguerra, etc., etc.?

Treinta y ocho años después esa figura paternal que escondía al peor de los demonios nacionales sigue estando presente en nuestras vidas, sigue dejando volar su sombra entre los pilares de aquel pretérito imperio de terror y los actuales entresijos de una administración obsoleta y polvorienta custodiada por los fieles adláteres a su figura o al Movimiento Nacional, consolidados por un Jefe de Estado que fue delfín suyo bajo juramento perpetuo (a las hemerotecas me remito) y un sistema de control mimetizado de falsas libertades y reconocimientos demócratas que velan todavía por el legado  del “atado y bien atado”.

Treinta y ocho años sin él, treinta y ocho años tardó en morirse, pero al fin la palmó. Pero lo peor de todo es que tengo la impresión de que el tiempo anda todavía detenido en aquél día en el que jugábamos felices a las canicas porque no teníamos que ir al colegio. Que las cosas poco han cambiado en lo fundamental y no sólo en la apariencia.

Dentro de tres días, el 20 de noviembre, volverán los recuerdos para todos; los del yugo y flechas, las camisas azules, las águilas imperiales rojigualdas y el brazo en saludo cesariano para campar conmemorativamente en el recuerdo y añoranza memorial de aquel tiempo pasado en el que todos éramos felizmente ciegos, tristemente vencidos o simplemente cobardes y conformistas; mientras que ellos, los acólitos al pensamiento unidireccional dirigido eran la clase predominante, realmente feliz y ahora evocadora de otros tiempos mejores. Por otro lado, los falsamente felices enarbolarán sus puños al aire junto a sus banderas tricolores, rojas o rojigualdas constitucionales, para recordar y festejar al mismo tiempo que, con su marcha, todavía queda mucha España que limpiar y sobre todo que recuperar para poder pasar ésa página pendiente de nuestra historia.

Treinta y nueve años con él, más treinta y ocho sin él y, bajo tierra sigue estando su firma en bolígrafo de color rojo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I La Memoria Viv@


Cielo para los mártires y tierra para las otras víctimas.

octubre 16, 2013
Julián Casanova

mime002A la Iglesia católica española le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la guerra civil. Como el Partido Popular no puede oficialmente rendir culto a las víctimas de los rojos y el Ejercito, afortunadamente, está ahora para otros menesteres, la Iglesia católica española continúa siendo la única institución que, ya en pleno siglo XXI, mantiene viva la memoria de los vencedores de la guerra. Repasemos la historia y volvamos después a la actualidad.

El 1 de julio de 1937 la jerarquía de la Iglesia católica española selló oficialmente el pacto de sangre con la causa del general Franco. Ese día vio la luz la “Carta de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España”. Redactada, a petición de Franco, por el cardenal Isidro Gomá, la apoyaron con su firma todos los obispos españoles, menos Mateo Múgica y Francesc Vidal i Barraquer, que se encontraban en ese momento en Italia. Múgica, obispo de Vitoria, había sido expulsado de su diócesis unos meses antes por la Junta de Defensa de Burgos por haber “amparado con excesiva transigencia a los sacerdotes nacionalistas” y excusó su firma alegando precisamente que no estaba en su puesto. Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, que había podido escapar de la violencia anticlerical del verano de 1936, le dijo a Gomá que ese documento colectivo podría servir de pretexto “para nuevas represalias y violencias” y para “colorear las ya cometidas” y que además le molestaba, en clara alusión a Franco, “aceptar sugerencias de personas extrañas a la Jerarquía en asuntos de su incumbencia”.

Nada nuevo, desde el punto de vista doctrinal, había en esa “Carta” que no hubiera sido ya dicho por obispos, sacerdotes y religiosos en los doce meses que habían pasado desde la sublevación militar. Pero la resonancia internacional fue tan grande, editada inmediatamente en francés, italiano e inglés, que muchos aceptaron para siempre la versión maniquea y manipuladora que la Iglesia transmitió de la guerra, del “plebiscito armado”: que el “Movimiento Nacional” encarnaba las virtudes de la mejor tradición cristina y el Gobierno republicano todos los vicios inherentes al comunismo ruso.

Además de insistir en el bulo de que el “alzamiento militar” había frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la típica apología del orden, tranquilidad y justicia que reinaban en el territorio “nacional”, los obispos incorporaban un asunto de capital importancia, que todavía hoy es la posición oficial de la jerarquía: la Iglesia fue “víctima inocente, pacífica, indefensa” de esa guerra y “antes de perecer totalmente en manos del comunismo”, apoyó la causa que garantizaba “los principios fundamentales de la sociedad”. La Iglesia era “bienhechora del pueblo” y no “agresora”. Los agresores eran los otros, los que habían provocado esa revolución “comunista”, “antiespañola” y “anticristiana”.

La “Carta colectiva” consiguió la adhesión de los episcopados de treinta y dos países  y de unos novecientos obispos. El respaldo sin contemplaciones al bando rebelde sirvió de argumento definitivo para los católicos y gentes de orden del mundo entero. Fundamentalmente porque iba acompañado de un descarado silencio acerca de la violencia exterminadora que los militares habían puesto en marcha desde el primer momento de la sublevación. La “Carta” demonizaba al enemigo, al que sólo movía la voluntad de persecución religiosa, y codificaba definitivamente el apadrinamiento de la guerra como cruzada santa y justa contra la disgregación patriótico-religiosa emprendida por la República.

Franco y la Iglesia católica salieron notablemente reforzados. La conversión de la guerra en un conflicto puramente religioso, en el que quedaban al margen los aspectos políticos y sociales, justificó la violencia ya consumada y legitimó a Franco para seguir matando. El entonces director de Propaganda del bando franquista, Javier Conde, le transmitió al jesuita Constantino Bayle, hombre de confianza de Gomá, lo satisfechos que estaban en los círculos políticos y militares con aquel milagroso documento: “Diga Ud. Al Señor Cardenal que se lo digo yo, práctico en estos menesteres: que más ha logrado él con la “Carta colectiva” que los demás con todos nuestros afanes”.

El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dio a la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a ser los vencedores de la guerra, anuló cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos y atizó las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.

El decreto de la Jefatura de Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba “día de luto” nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera ese día de noviembre de 1936, y establecía, “previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas”, que “en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombre de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista”.

Tal fue el origen de la colocación en las iglesias de placas conmemorativa de los “caídos”. Y aunque no aparecía así en el decreto, todas esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, “mártires de la Cruzada” todos ellos. Los otros muertos, los miles y miles de rojos e infieles asesinados, no existían, porque no se les registraba o se falseaba la causa de la muerte, asunto en el que los obispos y curas tuvieron una responsabilidad destacadísima.

Acabada la guerra, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado, mientras se pasaba un tupido velo por la “limpieza” que en nombre de ese mismo Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien.

Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de los mártires. Bajo aquellos “días luminosos” de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos pueblos y ciudades, desde los cementerios y lugares de martirio a las capillas e iglesias elegidas para el descanso eterno de sus restos.

La Iglesia católica española quiso, no obstante, perpetuar la memoria de sus mártires con algo más que ceremonias fúnebres y monumentos y reclamó, apoyada por los dirigentes franquistas, su beatificación, un camino que tardó casi cuatro décadas en recorrerse y que, paradójicamente, empezó a encontrar frutos varios años después de muerto Franco, con la democracia ya implantada en la sociedad española. Pío XII se había opuesto a una beatificación indiscriminada y masiva de miles de “caídos por Dios y por España” y una actitud similar adoptaron sus sucesores Juan XXIII y Pablo VI, quien ordenó incluso la paralización de los procesos canónicos que desde el final de la guerra estaban llegando al Vaticano.

Las cosas cambiaron con Juan Pablo II. En marzo de 1982 comunicó a los obispos españoles que iba a impulsar la beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España. El 29 de marzo de 1987 beatificó a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936. Fueron las primeras beatificaciones de mártires de la cruzada. A partir de ese momento, se aceleró la conclusión de procesos anteriormente paralizados y se abrieron otros muchos.

A la jerarquía eclesiástica española, sin embargo, los mil beatificados desde entonces le parecen pocos y reclaman que sean elevados a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil eclesiásticos “martirizados” y unos tres mil seglares de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales, a quienes se quiere aplicar la misma categoría. La Iglesia católica española tendrá este domingo, 13 de octubre de 2013,  522  nuevos “mártires de la fe”, en una ceremonia de beatificación masiva que la Conferencia Episcopal ha preparado con todo detalle.

Nada ni nadie le impide a la Iglesia católica recordar y honrar a sus mártires. Pero con esas ceremonias de beatificación, la Iglesia católica sigue humillando a los familiares de los decenas de miles de asesinados por los franquistas, quienes todavía no han encontrado la reparación moral ni el reconocimiento jurídico y político después de tantos años de vergonzosa marginación. A la jerarquía de la Iglesia católica no le gustó la Ley de Memoria Histórica ni tampoco quiso que un parlamento democrático aprobara un reconocimiento público y solemne a las víctimas del franquismo. Prefiere su memoria, la de sus mártires, la que sigue reservando el honor para unos y el silencio y la humillación para otros. Como hizo siempre la dictadura de Franco.

http://www.juliancasanova.es/cielo-para-los-martires-y-tierra-para-las-otras-victimas/