Familiares de los desaparecidos del franquismo acusan a Caamaño de discriminarles frente a los de los niños robados

abril 3, 2011

viernes, 1 de abril, 12.14

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará una queja ante Justicia MADRID,

(EUROPA PRESS) La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha acusado este viernes al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de discriminar a los familiares de los desaparecidos del franquismo frente a los de los niños robados, y ha anunciado que presentará una queja la próxima semana ante el Ministerio.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha denunciado que el ministro de Justicia, quien –recuerda en una nota– el pasado 16 de febrero se reunió con los familiares de los niños robados del franquismo y les ofreció los recursos de análisis de ADN del Ministerio, que los familiares de los desaparecidos solicitan desde hace años, está haciendo uso de “una doble moral intolerable en una democracia”, a pesar de que considera que cumplió con su deber.

“No se puede aceptar que un ministro de Justicia actúe dependiendo del impacto mediático de unos hechos y no de la gravedad del delito”, ha apuntado Silva, según el cual “cada día mueren familiares de desaparecidos que llevan décadas esperando a que el Estado cumpla sus deberes”. “El ministro debe ofrecer ADN para los familiares de los bebés robados y también para los de los asesinados que se encuentran en fosas comunes”, ha aseverado.

En el mismo sentido, ha acusado a Caamaño de incumplir el Artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad de todos los españoles ante la Ley. Además, ha señalado que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor el pasado diciembre, tras ser ratificada por veinte países, “obliga al Estado a erradicar las desapariciones y cada día que pasa se sigue incumpliendo”.

“Desde el Estado se está negando auxilio a las familias que han sufrido el peor delito que existe en el derecho penal. El desaparecido es detenido ilegalmente, torturado, asesinado y su cadáver oculto, lo que se convierte en una tortura permanente para su familia. No ayudarle es tratarlo de modo degradante”, ha declarado.

Europa Press via Yahoo! España Noticias


“Tardé 32 años, seis meses y siete días en hallar a mi hijo”…

diciembre 12, 2010

Familias de niños robados durante el franquismo comparten éxitos y dudas

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 12/12/2010

 

Mar Soriano saluda a Carla Artés, con las fotos de sus padres, ayer en el Ateneo de Madrid.- ÁLVARO GARCÍA

Yo he encontrado a mi hijo. Me ha costado 32 años, seis meses y siete días…”. Carmen Cruz hablaba por videoconferencia desde Tenerife para una treintena de familias reunidas en el Ateneo de Madrid en unas jornadas sobre niños robados durante el franquismo y en los primeros años de la democracia. Carmen dio a luz en Bilbao en 1978. Tenía 17 años.

Dos juzgados creen que la Audiencia Nacional debe investigar estos casos

“Tuve a mi hijo en mis brazos, pero por más que me resistí, me lo quitaron”, recordaba emocionada. “El año pasado, después de muchas pistas falsas, de desanimarme muchas veces, al fin le encontré. Le he presentado a su padre, a sus hermanos… Debería haber dejado de buscar, pero siento la obligación moral de ayudar a encontrar a otros”. Lo ha hecho. Dos madres se han reunido con sus hijos gracias a ella.

En la sala escuchaban muy atentas familias que siguen buscando a sus seres perdidos. Algunas se entrevistaron recientemente con el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, quien les dijo que la justicia no podía ayudarles, pero el Gobierno sí: creando una oficina de atención a las víctimas que funcionara como un gran banco de ADN donde ir a buscar a madres, hermanos o hijos separados durante el franquismo. “El fiscal nos ha llamado y quiere volver a vernos”, animaba al resto de familias Mar Soriano, hermana de Beatriz, que cree que fue robada porque en la clínica donde nació en 1964 (O’Donnell, Madrid) a sus padres le dijeron que había muerto de otitis y que no podían darles el cuerpo porque ya la habían enterrado.

Mar relató su visita al médico que firmó el documento que le entregaron a sus padres y en el que se dice que Beatriz murió de “otitis”. No le dijo quién era ella. Se presentó como una persona que quería ayudar a esa familia. “Me dijo que cómo era posible que me involucrara con comunistas que solo querían dinero”.

Como padrinos de las jornadas intervinieron Carla Artés, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de mayo argentinas, y Paco Lobatón, que en su programa Quién sabe dónde ayudó a resolver casos parecidos. Artés explicó que espera para enero la sentencia contra el hombre que le robó su identidad, hasta que, al cumplir los 10 años, su abuela, que la había buscando por todo el mundo, le dijo quien era. “Yo tenía 10 años y lo asumí. Pero para muchos hijos que han seguido viviendo con los asesinos y torturadores de sus padres, descubrir con 30 años quiénes son es muy complejo”.

Lobatón cuenta que en su programa resolvieron 1.500 casos de desaparecidos. Recuerda uno con emoción, el de Rosa Maestre. “Lo único que teníamos era una foto suya minúscula de cuando tenía tres años. ¡Y la encontramos!”.

Fernando Magán, abogado de las familias, recordó que después de que el juez Baltasar Garzón hablara en un auto del robo de hasta 30.000 niños durante el franquismo, “muchas personas tuvieron la valentía de expresar su duda: ¿soy un niño robado?”. Mañana presenta un nuevo recurso para que la justicia se encargue de este asunto. Un segundo juzgado, el de Talavera, acaba de decir que el competente para investigar estos robos es la Audiencia Nacional.

El País.com


Entrada en vigor de convención histórica contra las desapariciones forzadas…

diciembre 9, 2010

Amnistía Internacional, 25 Noviembre 2010 – 6 Diciembre 2010

España es uno de los 20 Estados que la ha ratificado

Índice AI: PRE01/390/2010

Ante la noticia de que va a entrar en vigor un tratado histórico dirigido a impedir las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional ha pedido hoy a todos los Estados que se comprometan a poner fin a esta práctica.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entrará en vigor el 23 de diciembre, tras haberse convertido Irak el pasado miércoles en el vigésimo país que la ratifica.

La Convención tiene por objeto conseguir que se establezca la verdad de las desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

“Es un importante paso en la lucha contra las desapariciones forzadas, que causan tremendo sufrimiento a las víctimas y a sus familias y comunidades”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, estamos todavía muy lejos de haber relegado a la historia esta práctica generalizada –ha añadido Salil Shetty–. Aunque las 20 ratificaciones marcan un hito para la aplicación de la Convención, aún tiene que contraer el compromiso de ocuparse de las desapariciones forzadas casi el 90 por ciento de la comunidad internacional.”

Se produce desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por un Estado o por agentes de éste y las autoridades niegan luego que esa persona se halle recluida u ocultan su paradero, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.

Las ramificaciones de las desapariciones forzadas son graves. Las personas sometidas a ellas suelen sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En muchos casos, se mata a la víctima en secreto y se ocultan sus restos, por lo que sus familiares y sus allegados no saben que le ha ocurrido ni si está viva o muerta. Además, sometidas a presión por el temor de la gente a que se la asocie con la persona desaparecida, pueden quedar fracturadas comunidades enteras.

Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a realizar investigaciones para localizar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables y garantizar una reparación a los supervivientes y a sus familias.

La entrada en vigor de la Convención traerá, además, consigo el establecimiento de un nuevo órgano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada.

Este órgano independiente e imparcial, vigilará la aplicación de la Convención y podrá recibir denuncias de víctimas o en nombre de víctimas cuando las autoridades nacionales no cumplan con sus obligaciones para con ellas.

Sin embargo, a fin de que el Comité pueda recibir y examinar denuncias de víctimas o de sus representantes, los gobiernos de sus países deben hacer una declaración accediendo a ello. De los 20 Estados que han ratificado la Convención, 14, incluido Irak, no la han hecho.

Amnistía Internacional llevaba más de un cuarto de siglo haciendo campaña en favor del establecimiento de una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo.

“En el marco de nuestra campaña por la justicia internacional, en los próximos años emprenderemos acciones para conseguir que los demás Estados ratifiquen también la Convención sin demora y reconozcan la competencia del nuevo comité para examinar denuncias de particulares”, ha afirmado Salil Shetty.

“Instamos a todos los Estados a que revisen su legislación interna para asegurarse de que pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por este horrendo delito ante sus tribunales nacionales.”

Nota para los medios de comunicación

Los 20 Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son:

Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.

TEXTO DE LA CONVENCIÓN

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/entra-en-vigor-convencion-contra-desapariciones-forzadas-2010-11-25

Enlace a través del Foro por la Memoria:

http://www.foroporlamemoria.info/2010/12/entrada-en-vigor-de-convencion-historica-contra-las-desapariciones-forzadas/


Argentina pone otra vez a España en el brete del juicio al franquismo…

septiembre 5, 2010

  • Un juez argentino insta al Ejecutivo a informar si investiga el periodo 1936-1977
  • El Gobierno ya apeló en el primer intento que el caso no puede ser juzgado fuera.
  • Domingo, 5 de septiembre del 2010

    ALBERT OLLÉS / MADRID
    ABEL GILBERT / BUENOS AIRES

    España es un país democrático, un Estado de derecho reconocido, y en el caso de que quepa un juicio a su pasado, se encargará de hacerlo sin intermediarios. Esta fue la actitud del Gobierno cuando la justicia argentina se propuso, en abril pasado, investigar los crímenes del franquismo. Y es de suponer que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantendrá la misma actitud después de que el viernes la justicia argentina reabriera la investigación sobre los crímenes atribuidos a la dictadura y declarase nulo el archivo de la causa que, en mayo pasado, dictó la jueza federal de Buenos Aires María Servini.

    La jueza María Servini.

    Un auto de la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional federal argentina, firmado por el magistrado Horacio Holando, solicita a España que informe de si está investigando los crímenes que tuvieron lugar entre el inicio de la guerra civil, en 1936, y las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, en 1977, y que pueden atribuirse al régimen franquista.

    El requerimiento obliga al Ejecutivo a pronunciarse y, tal y como sucedió hace unos meses, fuentes gubernamentales apuntaron ayer como opción más factible la de apelar al principio jurídico internacional de subsidiariedad. Este principio sostiene que una cuestión como la que se discute debe ser resuelta por la autoridad más próxima al objeto del problema excepto cuando en ese país no se puedan garantizar los mínimos requisitos exigibles. Las mismas fuentes consideran evidente que España cuenta con un sólido Estado de Derecho, reconocido en todo el mundo, lo que le blinda ante injerencias externas.

    Como era de esperar, la decisión de la Cámara Federal argentina que anuló la orden de la jueza María Servini de archivar la denuncia de familiares de víctimas del franquismo fue saludada en Buenos Aires por organismos defensores de los derechos humanos y especialistas.

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    Información publicada en lapágina 20 de la sección dePolítica de la edición impresa del día 05 de septiembre de 2010VER ARCHIVO (.PDF

    LOS ANTECEDENTES/ 

    Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional, consideró que el fallo del tribunal de apelaciones es correcto porque «exige analizar fehacientemente» si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista. Al respecto, agregó: «Nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender en su día investigarlos».

    El pasado 14 de abril, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y dirigentes locales, presentó en Buenos Aires las primeras denuncias. El fiscal Federico Delgado le recomendó a la jueza Servini de-sestimarlas alegando que en España existían causas en curso. Los querellantes apelaron.

    Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron entonces que un juez puede investigar el delito aunque el fiscal no impulse la instrucción del caso. A su vez cuestionaron los fundamentos de la negativa de Delgado -se basaban en información obtenida en internet- y el hecho de que Servini los hiciera suyos a pesar de carecer esa postura «sustento suficiente».

    La cámara ordenó a Servini a preguntar a las autoridades españolas «si se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

    El abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella, destacó la importancia del periodo señalado por el tribunal. Recordó que Garzón fijó 1952 como límite para investigar desapariciones forzadas de personas y secuestros de niños. «Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura».

    El Periódico de Catalunya

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