Tres minutos para denunciar cuatro asesinatos

noviembre 22, 2013

Olivia Carballar / Aracena (Huelva) / 22 nov 2013

 

Sello del registro de entrada de la denuncia.
Sello del registro de entrada de la denuncia.

Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):

-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.

Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:

-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?

-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.

-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.

-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.

Registro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.

-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.

-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.

Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.

Paqui Maqueda e Isabel Carmona.

La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.

Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos  de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.

“No  esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.

Restos hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja

“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

noviembre 16, 2013

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

  Granada 12 NOV 2013
 
Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html


Privatización de la memoria histórica

septiembre 15, 2013

El Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) impide a la ARMH la exhumación de una fosa común dentro del cementerio y asigna la tarea a la empresa privada Funespaña

Funespaña remite a las familias una factura de 700 euros para realizar la exhumación sin garantías en la identificación.

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar sin ninguna duda los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar, sin duda alguna, los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

Hace menos de dos años que Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo lleva 74 años enterrado en una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del Rey, en Madrid. Cuando tenía 17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su pueblo de Miguelturra en Ciudad Real para defender la República. Y poco más supieron de él. Se integró en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue disuelta en varias brigadas y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama en el frente de Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.

“Mi padre y mi madre me cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió llorando pensando dónde estaría su hijo”. Ese recuerdo es el que empuja a Carmelo y a su padre Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a Miguelturra. 74 años después.

Lo que no esperaban los familiares de dos de los tres hombres enterrados en la fosa bajo ninguna lápida ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar son los dos restantes– es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 727,62 euros y una advertencia de que su empresa “no puede garantizarle que los restos exhumados sean realmente los de su familiar”.

Cuando Carmelo recibió esta notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de Arganda ya había desestimado en dos ocasiones la intervención de los arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con pruebas de ADN.

Carmelo se había decidido a contactar con esta asociación después de casi un año de silencio administrativo del Ayuntamiento argandés desde el inicio de los trámites a comienzos de 2012. Ya en 2013, y tras la incorporación de la ARMH al proceso, el Consistorio autorizó la exhumación pero indicó que sería Funespaña, la empresa más potente de nuestro país en servicios funerarios, recientemente absorbida por Mapfre, quien procedería a ella.

La asociación que preside Emilio Silva solicitó hasta en tres ocasiones encargarse de la exhumación, avalando su actuación con un informe de intervención adaptado a los protocolos internacionales, sin coste para el Ayuntamiento ni las familias. La última negativa la recibieron a finales de junio. En ella, el servicio de letrados del Ayuntamiento, gobernado por el PP, expone los siguientes motivos: “Consta hoja del Libro de Enterramientos en el que están perfectamente identificados la fila y la sepultura donde se encuentran los cuerpos en el Antiguo Cementerio Municipal de Arganda del Rey. Por lo que no se trata de una fosa común, sino de un enterramiento regular en un cementerio público”.

En una carta de respuesta, la ARMH replica que, según Naciones Unidas, una fosa común es aquella que tiene más de un cuerpo. Y en esta se encuentran tres. El único dato que aporta el Libro de Enterramiento es el orden en el que fueron arrojados los cuerpos. Se desconoce si fueron enterrados en féretro o si se encuentran o no en contacto directo los tres inhumados.

El siguiente motivo por el que el servicio jurídico del Ayuntamiento deja fuera a la asociación memorialista es que “la muerte se produjo en el frente de Arganda durante la denominada Batalla del Jarama. Es notorio que dicha batalla, al margen de otras consideraciones políticas enfrentó a dos ejércitos regulares, por lo que está excluido los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su actuación. A saber, que se tratara el enterramiento de una fosa común, con cuerpos no identificados, y se tratara de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o por represión política con posterioridad a la misma”.

“Ponen en duda la violencia de la muerte de tres soldados. ¿Les parece poco violento desaparecer en medio de una guerra a 200 kilómetros del hogar y que tu familia desconozca tu paradero hasta hace dos años?”, contesta la asociación.

Marco A. González, vicepresidente de la ARMH, recuerda además que para dictaminar si hubo o no una muerte violenta se necesita la intervención de un antropólogo forense durante la exhumación, así como el análisis posterior de los restos cadavéricos. “¿Garantiza Funespaña las medidas de cadena de custodia y de correcta extracción de las evidencias para su análisis? ¿Se van a preocupar de localizar los posibles proyectiles de arma de fuego que acrediten que se trata de una muerte violenta?”, sigue preguntando la Asociación, sin conseguir respuestas. Tampoco eldiario.es, a la hora de publicar este artículo, ha conseguido contestación a estas cuestiones de Pilar Penalva, responsable de Funespaña en el Corredor del Henares.

“Para exhumar una fosa se necesita emplear una metodología arqueológica, pero exhumar no es simplemente excavar la fosa” escribe el prestigioso médico forense Francisco Exteberria en Diccionario de memoria histórica. “La exhumación no es sino una parte del proceso analítico que comienza en los archivos, sigue con los testimonios y finaliza en uno o varios laboratorios para, posteriormente, establecer los actos de reconocimiento público e institucional que sean pertinentes”.

La historiadora Queralt Solé, que ha estudiado las fosas comunes de la Guerra Civil, coincide con Etxebarria al analizar el caso de Arganda: “La recuperación moral no va a suceder” tal y como el Ayuntamiento está planeando hacer la exhumación. Solé ve “absolutamente fuera de lugar” la resolución del Ayuntamiento que interpreta debe de estar hecha “desde el desconocimiento del trayecto de la Ley de Memoria Histórica en estos años”. Respecto a la ARMH, Solé entiende que “están legitimados para intervenir porque las familias están pidiendo una exhumación técnica y les están negando este derecho”.

Desde el punto de vista jurídico coincide con la historiadora el profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III José María Sauca Cano, quien manifiesta “cierta sorpresa por una resolución tan restrictiva”. El artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica favorece la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas. “La Guerra Civil está incluida y un fallecimiento en el campo de batalla sigue siendo una desaparición violenta“, responde Sauca a las objeciones del Ayuntamiento de Arganda que pretenden dejar fuera la trinchera de la Batalla del Jarama como lugar de reparación de la memoria. Y, respecto a la identificación de los combatientes, “no se hizo entrega de los restos a los familiares y, por demás, parece que éstos no tuvieron noticia del lugar del enterramiento hasta fechas recientes. El hecho de que la Administración registrase la identidad de los fallecidos no resulta relevante. El dato es que sus familiares, que son quienes detentan el derecho a la memoria histórica, no lo conocían”.

En entrevista telefónica con eldiario.es, la concejala delegada de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable de Arganda, María Fernández Rufo, insiste en que al tratarse de “personas identificadas en un registro” el Ayuntamiento estaría “incumpliendo la Ley” si dejara hacer la intervención a la ARMH. “La Ley contempla los restos no identificados o los desaparecidos y estas personas están totalmente identificados con fila, sepultura, nombre, apellidos y edad”, recalca la concejala, que quiere dejar claro que “a la familia no se le niega el apoyo ni se les ha obviado” y que si los familiares quieren una identificación de los restos tras hacer la exhumación, es necesario que pidan una orden judicial.

Sobre la pertinencia o no de la intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el abogado consultado indica que no le cabe duda de que “las consideraciones del artículo 11.1 de la Ley le resultan aplicables”. “Luchar contra las voluntades es muy difícil”, valora Francisco Etxebarria. “En este caso, la voluntad del Ayuntamiento es no dar el permiso. Y con eso está todo dicho”. Si finalmente se realiza, esta fosa de Arganda del Rey sería la primera exhumación técnica realizada en la Comunidad de Madrid de víctimas de la Guerra Civil. Quizá por eso y en opinión del vicepresidente de la ARMH, los responsables políticos querían “una exhumación blanca, sin ruidos”.

Para el profesor Sauca Cano, “las equiparaciones entre ejércitos regulares, necesidad de fosa común, cuerpos no identificados, etcétera, son consideraciones de mayor o menor pertinencia de conformidad con las leyes de la guerra pero fuera del ámbito de la llamada Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, esta Ley reconoce un derecho a las víctimas y/o sus familiares precisamente para ese tipo de casos“.

http://www.eldiario.es/sociedad/Privatizacion-memoria-historica_0_173933464.html


Clase de Historia a pie de fosa

marzo 30, 2013

PARA VER EL VÍDEO PINCHAR SOBRE EL ENLACE (Hay que tener java instalado)

  • En el antiguo cementerio de San Rafael está la fosa más grande de España
  • Desde octubre de 2006, han levantado más de 2.400 cuerpos
  • “Los testimonios orales hablan de que les tiraban sin más”, dice un arqueólogo
  • “Esto no es lo que está en los libros”, decían unos chavales que visitaron las fosas

AMAYA GARCÍA | MÁLAGA

Actualizado lunes 15/12/2008 13:51 horas

No hay palabras para describir la estampa. Unos cuerpos encima de otros. Sin orden ni concierto. De la tapia al olvido. Un botón, una suela de zapato o una hebilla son los únicos detalles de lo que alguna vez representó una vida. “Los testimonios orales hablan de que les tiraban sin más. Cuando encontramos cierto orden es simplemente porque así aprovechaban más el espacio”, cuenta Andrés.

Es la novena fosa en la que trabaja en San Rafael y estar cara a cara con la historia no siempre es fácil. “Detrás de cada cuerpo sabes que hay una familia”. A pie de obra están siete técnicos desde el 16 de octubre de 2006 que empezaron las excavaciones. “Aquí tenemos contabilizados 4.371 fusilados, con nombres y apellidos. Y se sigue buscando información”. Es la fosa más grande de España. Hasta la fecha han levantado más de 2.400 cuerpos.

“Lo primero que se hace es analizar los rasgos”, cuenta Andrés, mientras a su espalda tres personas limpian con brochas algunos restos bajo la lona. “Vemos si es hombre o mujer. Con los datos que recabamos, las observaciones y los objetos encontrados rellenamos una ficha”. Tras esto se procede a levantar los cuerpos y se depositan cada uno en una caja. “Se sigue una metodología arqueológica”.

“Mira, esta persona tiene una bala en la rótula“, señala Andrés. “Gran parte de la munición era italiana, lo que confirma el papel de este país en la toma de Málaga”. Las tropas franquistas entraron en la ciudad andaluza el 8 de febrero de 1937.

Sólo queremos una sepultura digna

El cielo está encapotado y el barro tras las lluvias de los últimos días se va secando poco a poco. De la puerta del cementerio a la fosa del patio civil, “de diez metros de largo por tres de ancho”, se suceden los agujeros con enormes montones de tierra al lado. José Dorado, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, se conoce el lugar como la palma de su mano. “Estas personas murieron por defender una libertad y una democracia. Sólo queremos darles una sepultura digna”.

Y eso que las identificaciones se presentan “muy complicadas”, señala Andrés. El mal estado de los cuerpos, el hecho de que no todos los asesinados tengan familia directa, los estragos de la cal… “El ADN es una opción, pero hay que ser realista”. Pese a todo, las familias reclaman al Gobierno que agilice el decreto que deberá regular la identificación de los cadáveres.

Aún recuerda Pepe la última visita de unos chavales de 17 ó 18 años de un instituto de Alhaurín de la Torre. “Esto no es lo que está en los libros”, decían. “No es lo mismo que te cuente esto un profesor a verlo con tus propios ojos”. Y aquí las puertas están abiertas para todo el que quiera venir.

Al padre de José, 74 años, le fusilaron el 17 de marzo de 1937. Y por él empezó su batalla. Un día de difuntos, hace unos años, vino a poner flores a su madre y a su suegra. “Luego me acerqué a la zona donde sabía que estaba mi padre”. Sin embargo, se encontró la puerta del cementerio cerrada.

Allí le informaron de que los restos de las personas enterradas en nichos y tumbas en San Rafael se los habían llevado a otro cementerio. “Y los fusilados de las fosas, ¿qué pasa con ellos?”, constestó Pepe. Aquí comenzó su lucha. Hoy compartida con las 500 personas que forman el colectivo.

Reunión de familiares

Acudió al Ayuntamiento, habló con todos los grupos políticos, llamó a asociaciones de otras partes de España, dejó su teléfono en el cementerio para contactar con más familias que estuvieran en su situación… “Hasta di una rueda de prensa”. En 2003, todos estos esfuerzos dieron como resultado la asociación que hoy preside. “Nos reuníamos el primer jueves de cada mes”.

Desde entonces la cuestión ha avanzado mucho. Ya han firmado dos convenios -el tercero se cierra en unos días-, en los que el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, la Junta de Andalucía (PSOE) y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han apoyado la causa. “Cada uno da 80.000 euros, menos el Gobierno que, en el último convenio, aportó 100.000”. Tienen claro que la ayuda es bienvenida tenga el color que tenga. “Hay que lograr que se anulen los juicios del franquismo”, afirma José, cuestión que se quedó fuera de la Ley de Memoria histórica.

Detrás de todo este capítulo de la historia, hay horas y horas de investigación en archivos y cárceles. A Francisco Espinosa, hijo de represaliado, se le debe buena parte de esa labor. “Ahora estamos indagando sobre las cajas que salieron de aquí para llenar los nichos del Valle de los Caídos en Madrid”. Saben que el 5 de marzo de 1959 se llevaron 34.

A unos metros de las casetas donde reposan miles de cuerpos, Rafa, voluntario de 52 años, sigue desenterrando la historia. “Aquí tiene que venir todo el mundo”. Confiesa que durante años ha sido “un desconocedor” de lo que fueron aquellos años de represión. Ha llevado a sus hijos a la fosa. “Es positivo que la gente conozca la verdadera Historia”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/09/espana/1228810520.html


CALERA Y CHOZAS, 10/02/2013: La Casa del Pueblo vuelve a ser Casa del Pueblo.

febrero 12, 2013

En vísperas del 77 aniversario de la victoria del Frente Popular, este 10 de febrero del 2013,  la Casa del Pueblo de Calera y Chozas (Toledo) abarrotada de familiares de víctimas del franquismo, de amigos y compañeros de otras asociaciones de Memoria, ha sido el escenario de un homenaje a los desaparecidos de su pueblo..

La Asociación de Familiares de Republicanos Desaparecidos, AFAREDES, ha entregado a los descendientes de las víctimas de la represión franquista en esta localidad, los restos mortales de los 28 cuerpos rescatados este verano de las fosas comunes próximas al cementerio para posteriormente enterrarlos dignamente, esta vez dentro del cementerio, en un mausoleo elevado en su memoria.

El respeto y la dignidad han marcado en todo momento todas las intervenciones tanto las de los organizadores como las de los de los familiares que han dado testimonio, emocionados, doloridos, de los hechos ocurridos a sus ascendientes.

Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos estaban ahí, en esa Casa del Pueblo de sus antecesores, con lágrimas al borde de sus ojos y a su vez satisfechos, esperando algo que les fue denegado durante tantos años: la recuperación los restos mortales de sus familiares asesinados y tirados a cinco fosas comunes por los fascistas.” El sueño de una niña de 7 años, el sueño de mi madre”, ha dicho una bisnieta.

La música, interpretada por dos jóvenes mujeres, se deslizaba sobre una partitura soportada por la intensa vibración que flotaba en el aire… El himno de Riego, La Internacional…

28 pequeños féretros numerados de “individuo 1” a “individuo28”, con la tricolor pegada en su frontal, adornados con un hermoso conjunto floral tricolor también, presidieron el acto. La sala, sede del Psoe local, decorada con banderas, carteles, fotos y el listado de los desaparecidos se vistió otra vez de Casa del Pueblo.

A la salida de la sala un pasillo compuesto de amigos y lugareños recibió el cortejo fúnebre aplaudiendo al paso de los familiares que portaban cada féretro dirigiéndose al camposanto.

En el camino de acceso al cementerio desde la vieja acacia, al lado de la fosa del mismo nombre, hasta la entrada del mismo, cerca de las otras fosa/zanjas, otro pasillo de amigos para la fila de féretros portados por familiares, a su paso aplausos y los nombres de los desaparecidos en voz alta. Ahí antes de entrar hacia el mausoleo se plantó una acacia nueva, un árbol de La Memoria. De una acacia a otra, el trazado de las infames fosas comunes transformado en un espacio de recuerdo y respeto.

El hermoso mausoleo dentro del cementerio, solamente entreabierto para dejar pasar uno por uno los 28 féretros, acogió esos 28 restos mortales. La placa de mármol que lo recubre tiene nombres y apellidos.¡ Ya era hora!

Desde estas páginas de La Memoria Viva este pequeño reportaje a modo de modesto tributo a todos los desaparecidos de Calera y Chozas y a sus familiares.

Un abrazo fraternal y emocionado. Pedro Vicente Romero de Castilla, por  La A. I.. La Memoria Viva.

Nota: En nuestras páginas hemos informado sobre la exhumación en CALERA Y CHOZAS (Toledo) , pinchando en los enlaces siguientes podreis consultar todos los detalles en el orden cronológico inverso ( del último al primero):

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/15/calera-y-chozas-28-restos-mortales-de-victimas-de-la-represion-franquista/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/10/calera-y-chozas-se-localiza-otra-fosa-mas/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/10/calera-y-chozas-las-ultimas-exhumaciones/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/08/calera-y-chozas-26-cadaveres-descubiertos-a-fecha-de-hoy-7-de-agosto-2012/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/01/calera-y-chozas-otra-fosa-comun-localizada-hoy-01-08-2012/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/08/01/calera-y-chozas-contra-76-anos-de-silencio-oficial-21-cadaveres-de-victimas-del-franquismo-salen-del-olvido/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/26/calera-y-chozas-muy-cerca-de-los-huesos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/23/calera-y-chozas-verdad-justicia-y-reparacion/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/19/en-calera-y-chozas-toledo-ayer-18-de-julio-de-2012/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/18/calera-y-chozas-toledo-18-07-2012-nuevas-localizaciones-de-fosa-salen-12-cuerpos-a-la-luz-del-dia/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/06/calera-y-chozas-ya-son-cinco-la-fosa-se-agranda/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/04/calera-y-chozas-ya-hemos-encontrado-cuatro-cuerpos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/07/03/fosa-de-calera-y-chozas-toledo-sale-a-la-luz-el-primer-cadaver-con-signos-de-violencia/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/06/26/labores-realizadas-para-la-localizacion-de-fosas-comunes-en-calera-y-chozas-toledo/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/06/17/calera-y-chozas-toledo-exhumacion-en-una-fosa-comun-el-18-06-2012/

(Todas las fotografías que siguen “Derechos reservados La Memoria Viva”)