Durante décadas miles de bebés en España fueron sustraídos o separados irregularmente de sus padres. EL PAÍS inicia hoy una serie sobre este tráfico de niños y ofrece el relato de las víctimas y de quienes participaron en las tramas. | Consulta el especial: Vidas robadas. | Participa en Eskup.
Hasta 1950, ocurrió en las cárceles franquistas y en los hogares de maquis o republicanas: les arrebataban a sus hijos como un método más de la represión. A partir de entonces y durante las cuatro décadas siguientes, el robo o apropiación de niños se perpetraron de forma más sutil, en clínicas y casas cuna, la mayoría ligadas a organizaciones religiosas. Las madres ya no eran presas, rojas o esposas de rojos, sino mujeres en camisón que intimidadas por un médico, aturdidas por el dolor de haber perdido supuestamente al hijo recién nacido, lamentan hoy no haber insistido más para que les enseñaran el cadáver. Generalmente eran madres solteras, muy jóvenes y con pocos recursos, incapaces de reaccionar frente a la presión de médicos, monjas y funcionarios.
«Las víctimas eran herederas de los vencidos de la guerra, personas incapaces de protestar», dice González de Tena
«El bebé estaba helado. Dijeron que había muerto, que ya lo habían bautizado y era un ángel de Dios», recuerda Elsa
En muchos casos, tales mujeres fueron inducidas o coaccionadas a dar en adopción a sus hijos a redes irregulares, fuera de cualquier control estatal. «Había un mercado que demandaba niños en adopción y hubo mucha gente que creó un sistema para satisfacer esa demanda», explica con crudeza el sociólogo Francisco González de Tena, que lleva años entrevistando a las víctimas.
Durante el último lustro, aquellos niños dados en adopción se han ido organizando a través de Internet, en un movimiento que ha estallado como un tsunami y ha forzado a la Fiscalía General del Estado a actuar. Aquellos niños -hoy ya hombres y mujeres- buscan afanosamente a sus madres biológicas. «Nos sentimos como un árbol sin raíces, como amputados», confiesa María. Esta joven fue dada en adopción en la clínica San Ramón de Madrid, una de las mayores fábricas de bebés que funcionaron hasta hace 30 años, bajo la dirección del doctor Eduardo Vela, que hoy, a sus 77 años, sigue ejerciendo. También las madres que en su día dieron a sus hijos en adopción o se los arrebataron han empezado a buscarlos. Niños que buscan a madres; madres que buscan a niños.
En una primera fase, en la posguerra, estas tramas de tráfico de bebés tuvieron no solo una cobertura legal, sino el amparo del psiquiatra de cabecera del franquismo, Nicolás Vallejo-Nájera, quien ideó una suerte de «eugenesia positiva», casi hitleriana, para «multiplicar a los selectos y dejar que perezcan los débiles». Ese siniestro plan incluía el robo de niños para entregárselos a familias del Régimen. El sociólogo González de Tena, que redactó para el juez Baltasar Garzón un informe sobre el robo de niños, asegura que tras esa primera etapa en la que los bebés eran sustraídos a puñados en las cárceles (hasta 30.000 según el cálculo del juez), llegó una fase que tuvo como víctimas principales a las madres solteras, las jóvenes o las humildes, herederas de los vencidos de la Guerra Civil, «incapaces de protestar». Superada la posguerra, el tráfico de niños continuó durante el tardofranquismo y la Transición. El nexo de unión entre un periodo y otro, el telón de fondo común, aunque sin conexión entre sí, son tramas formadas por sacerdotes, monjas, médicos ultracatólicos y probablemente jueces y notarios. La mayoría de los casos conocidos se produjeron en clínicas o casas cuna controladas por instituciones como las Hijas de la Caridad.
La Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) llevó el pasado 27 de enero al fiscal general del Estado 261 casos de supuestos robos de niños registrados en todas las comunidades, la mayoría en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Apenas un mes después ya tienen 482 más. En total, 747. Por su parte, la asociación de San Ramón, Santa Cristina y Belén ha reunido a unos 300 afectados (la mayoría son hijos que buscan a sus madres biológicas). Y la plataforma de afectados por robo de niños en clínicas de España que coordina Mar Soriano, acumula otros 400.
En casi todos los casos, a las madres les dijeron que el bebé al que acababan de dar a luz había muerto y las convencían de que ver el cadáver era un trauma innecesario. Cuando, al escuchar a otras madres, han dudado si su bebé había fallecido o se lo habían quitado, han acudido a los cementerios y muchas han comprobado que no constan en los registros, lo que indica que las tramas podían tener compinches en cementerios y funerarias. Las sospechas se han visto reforzadas ahora con el caso de una mujer de Barcelona que ha hallado viva a la hija a la que dio a luz hace 40 años. A ella le dijeron que la chiquilla había muerto al nacer, pero el ADN ha demostrado que aquello fue una gran mentira: fue dada en adopción.
La poetisa Elsa López recuerda: «Yo di a luz a una niña el 5 de febrero de 1981 en la clínica San Ramón. De repente me dijeron que la niña estaba muy malita, que tenía malformaciones, y me entregaron un envoltorio que parecía un sudario. ¡El bebé estaba helado! Luego me dijeron que había muerto y que no me preocupase porque le habían bautizado y ya era un ángel de Dios». Elsa se enteró al cabo de los años de que en San Ramón se guardaba el cadáver de un bebé en el congelador y sospecha que ese cadáver fue lo que ella vio. Desde entonces está convencida de que le robaron a una hija.
Otras veces, las menos, las monjas acallaron a jóvenes madres diciéndoles que habían dado a sus hijos a alguien con quien iban a estar «mucho mejor» que con ellas.
El trabajo estaba repartido. Había captadores de padres y captadores de niños. Mujeres con contactos y dinero, adeptas al Régimen, monjas y curas que se intercambiaban información sobre los respectivos «compromisos» adquiridos con las familias adoptivas. Las madres eran llevadas, en algunos casos, a una especie de «pisos patera», como los define González de Tena, donde culminaban el embarazo, y en otros, a las mismas instituciones religiosas donde luego iban a dar a luz. A muchas las coaccionaron durante ese periodo para que entregaran a su hijo, sin darles la oportunidad de rectificar (la ley les concedía un plazo para hacerlo). Alguna arrepentida que intentó recuperar a su bebé luchó en vano durante años hasta estrellarse contra un férreo muro formado por padres adoptivos ricos o poderosos, asesorados por buenos abogados.
El Teléfono de la Esperanza fue uno de los canales a través de los que fueron captadas muchas embarazadas, que acabaron cediendo a sus hijos en adopción, obligadas por una sociedad dominada por un fuerte nacional-catolicismo. En no pocos casos, tales procesos estuvieron rodeados de presiones, amenazas, engaños e irregularidades.
El Teléfono de la Esperanza fue creado en 1971 por fray Serafín Madrid, quien un año después murió en accidente de tráfico. Ligada a la Iglesia, esta institución pretendía «prestar soluciones de emergencia ante los nuevos problemas sociales y psicosociales» surgidos en España.
Los padres adoptivos pagaban, en concepto de gastos de hospitalización de la parturienta, entre 50.000 pesetas y 150.000 (esta última cantidad equivaldría a unos 18.000 euros de hoy). Enrique Vila, abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares asegura que el precio de los niños iba de las 50.000 pesetas al millón.
Los demandantes podían escoger si querían niño o niña. Y en el caso de las casas cuna, incluso qué niño o qué niña, pues las monjas organizaban con frecuencia desfiles de candidatos, que eran escrutados a conciencia (pelo, dientes, arqueo de las piernas) antes de elegir. Hasta la promulgación de la ley de 1970, los padres adoptivos podían inscribir a los niños como hijos propios, lo que conllevaba eliminar de un plumazo a la madre biológica y hacer que la madre adoptiva figurase en todos los papeles como la mujer que lo había engendrado en su vientre. Esos son los llamados niños apropiados.
En muchos de estos casos intervinieron personas ligadas a la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), una entidad fundada en 1969 por Gregorio Guijarro Contreras, padre adoptivo de dos gemelas y ex fiscal del Tribunal Supremo, con el respaldo del Consejo Superior de Protección de Menores y Cáritas Española.
Guijarro declaraba a EL PAÍS en julio de 1979: «Nosotros somos una asociación que ve en la adopción una solución final en esta sociedad cuando los mecanismos de encuadramiento del niño en el ámbito familiar propio no se han logrado».
En esas fechas ya se hablaba mucho de la existencia de un mercado ilegal de compraventa de bebés y de adopciones irregulares. Pero Guijarro replicaba: «Esta teoría la potencian muchas veces los propios padres adoptantes con su temor a que se conozca la situación familiar nueva que crea la adopción, aunque actualmente esta empieza a perder su carácter vergonzante. Estos padres, temerosos de que se sepa que su hijo es un niño adoptado, llegan a límites tales como simular un embarazo falso e inscribir al niño adoptado como hijo legal».
La adopción a través de la Diputación Provincial de Madrid, por ejemplo, era larga y en la mayoría de los casos, imposible. Los solicitantes solían recibir al cabo de un año o más un simple escrito denegatorio en el que se les informaba de que había «muchas solicitudes y muy pocos niños disponibles». En 1980, la Diputación tenía acumuladas 6.000 solicitudes y llevaba años sin dar en adopción ni a un solo bebé. Sin embargo, durante ese año -y los anteriores y posteriores- hubo miles de menores dados en adopción, a través de una oscura estructura que constituía «una mafia buena», según la calificó en su día uno de sus integrantes.
«En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en poder de sor María Gómez Valbuena», encargada del servicio social de la maternidad de Santa Cristina, según aseguraba Guijarro en julio de 1980. En esa fecha, sor María admitía que en solo tres años habían pasado por sus manos 3.000 peticiones de adopción y se manifestaba en contra de que tal proceso fuese gestionado por la anquilosada Diputación Provincial.
«Hoy por hoy, y tal como están las cosas, el sistema más rápido y eficaz para conseguir un niño en adopción es meterse en el bolsillo o ganarse la simpatía, de las personas relacionadas directamente con el tema. Asistentes sociales, monjitas encargadas de maternidades, etcétera. Si se logra caer mejor que los demás de su lista, el resto es fácil», reconocía abiertamente Guijarro, quien murió poco después en accidente de tráfico.
Habría que esperar a la Ley de Adopción de 1987 para que el Gobierno pusiera orden y acabara con esta red de adopciones.
Una imagen del cementerio. · Autor: Información
Escrito por jordicarreno 
La Memoria Viva 