Sábado 21/11/2019 «Tiraña en la memoria» y jueves 28 de Noviembre 2019, Jornada: La represión franquista en el ferrocarril

A iniciativa del grupo de Memoria Histórica del Museo del Ferrocarril se ha presentado,este sábado 23/11/2019  «Tiraña en la memoria» (80 años construyendo vida y danzando el dolor) creación escénica del alumnado de la escuela Social de Circo y Danza  en el seno del Espacio Social La Caracola ( http://www.espaciocaracola.es) ), espectáculo realizado por unos 30 jovenes de 5 a 17 años, sobre la represión franquista en Asturias: 30 alumnas, una fosa común y un pasado por investigar. ( https://www.artsocial.cat/articulo/tirana-en-la-memoria-sobre-fosas-comunes-cuerpos-vida-y-movimiento-candela-guerrero/ ) . Una historia de como descubrir sus raices y poner a danzar el dolor de las cunetas. La energia y la ternura de estas jovenes me provocaron lagrimas corriendo por mis mejillas durante toda la obra. Tengo que agradecer por tan emocionante espectáculo a todas ellas, a su directora Candela Guerrero y a todo el equipo de Tiraña en la memoria.

«El tiempo pasa, el recuerdo no se borra. No os olvidamos» pone en una placa grande en el espacio de la Fosa recuperada como espacio de recuerdo.

La Caracola Iniciativas Sociales

 

Para seguir con la recuperación de la Memoria, este jueves 28/112019 tendrá lugar en este mismo Museo del Ferrocarril de Madrid,   una jornada coordinada por Miguel Muñoz Rubio de ponencias relacionadas con la depuración/represión de los ferroviarios durante el golpe de estado franquista y posterior dictadura:

«La represión franquista en el ferrocarril»

Diptico_Jornada_MemoriaHistorica

Escultura en Atocha Renfe, homenaje a los ferroviarios represaliados por el franquismo.

 

24/10/2019: LA RESIGNIFICACION

Queridos abuelos, Wenceslao y Eustaquio.

Allí donde estéis, el lugar de los hombres justos.

Os escribo otra vez y en este caso para contaros que ayer 24/10/2019, por fin, tuvo lugar el acontecimiento que desde tantos años esperábamos, esperabais. Se sacó del triste mausoleo de Cuelgamuros a la momia del dictador cuya estancia en ese monumento insultaba desde hace 44 años la Memoria de vuestros compatriotas republicanos allí secuestrados, nos insultaba también a nosotros, a nuestra Democracia.

El agravio ha sido reparado, gracias a la pujanza de las asociaciones de Memoria Histórica, de particulares y de la decisión política del Gobierno (Psoe) en funciones. Se ha borrado la vergüenza de un país con un monumento pretexto a exaltaciones para los nostálgicos del tirano y de su dictadura. Hoy nuestro espacio democrático está un poco mejor.

Ahora toca seguir luchando para que muchos de mis compañeros puedan recuperar los restos mortales de sus seres queridos que aún yacen en los columbarios adosados a los altares de la basílica. Son 12800, sin nombre ni apellidos, solo identificados por una triste inscripción en sus cajas de pino indicando de dónde venían: los pueblos de procedencia, de las fosas comunes que fueron saqueadas, sin conocimiento de sus familiares; los asesinos, ellos si sabían perfectamente el lugar donde les habían dejado tirados y por orden del sátrapa se los llevaron en 1959 al monstruoso monumento, ideado por el dictador para gloria suya y la de los sus seguidores. (No consiguieron rellenar los columbarios con solo los fallecidos por su “Cruzada”, unos 22300, ellos identificados a su ingreso y constan en los documentos del patronato creado ad hoc.). Esta anomalía, agravada en 1975 con la sepultura del abyecto verdugo en medio de la basílica, ha empezado ayer a ser rectificada y ser el principio de la reconversión de ese espacio en un lugar de Memoria.

Tengo en la retina las imágenes ( de TV) que ayer han dado la vuelta al mundo y en esta misiva solo os pondré las que son significativas, las otras que nos han provocado alegría y rabia a la vez, se quedaran en los medios de comunicación.

Vuestro nieto, con todo el respeto y cariño que os merecéis, se despide de vosotros con un abrazo lleno de vuestra Memoria.

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos

Madrid a 25/10/2019.

Las autoridades, presentes para levantar acta ( Ministra Dolores Delgado)

¡Más solos que la una!

Eustaquio Ramos Muñoz , último alcalde republicano de Jaraíz de la Vera. Encarcelado en 1939

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198 procedente de Aldeaseca.

(Las imágenes del 24/10/2019 son captura de pantalla de la retransmisión en “Al rojo vivo” La Sexta.

La foto de la caja 196, cortesía de Pedro Fausto Canales, que contiene los restos de su padre y de 6 más del mismo pueblo, localizada en los columbarios detrás del altal  del Santo Sepulcro. Ver en este blog todo lo concerniente a este tema.

Los retratos son propiedad de la familia Romero de Castilla y  de la familia Ramos .)

Entrada en vigor, el 24 de julio del 2019, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura

Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

• Publicado en DOE núm. 16 de 24 de Enero de 2019 y BOE núm. 38 de 13 de Febrero de 2019
• Vigencia desde 24 de Julio de 2019

 

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Planteamientos generales.- Entre los motivos que justifican la aprobación de esta <!–LE0000253344_20180826–>ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura ocupa un lugar principal la necesidad de llevar a su máximo desarrollo en la Comunidad Autónoma extremeña las disposiciones recogidas en la <!–LE0000253344_20180826–>Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y establecen medidas, llamadas de «Memoria Histórica», a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante guerra civil y la dictadura.

Dicha ley, aun constituyendo un verdadero hito jurídico, ha tenido no pocas limitaciones en su aplicación, especialmente en materia de justicia y reparación de los daños sufridos por las personas represaliadas.

Otra razón justificadora de esta norma autonómica se halla en la necesidad de confeccionar una ley ajustada también a la legislación y los acuerdos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos suscritos por España, y acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el tratamiento dado en nuestro país a los «crímenes de guerra» u otras violaciones de los derechos individuales y las libertades públicas en el tiempo de la Guerra Civil y el Franquismo.

En última instancia, un nuevo motivo importante reside en la necesidad de impulsar el diseño, la planificación y el desarrollo de aquellas labores encaminadas a recuperar la Memoria Histórica y Democrática guiándose por los principios de Verdad, Dignidad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que aconsejan no solo la ONU sino todos los organismos defensores de los derechos humanos.

…»

Ver contenido in extenso en :

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/636454-l-1-2019-de-21-ene-ca-extremadura-memoria-historica-y-democratica.html#disde

o pinchando este enlace  Ley de M H y D Extremadura

Para que nadie nos tape la boca. Foto tapia cementerio de Mérida. Derechos reservados LMV.

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.

III JORNADA-HOMENAJE

 

 

 

 

Panteones de héroes frente a las fosas de los vencidos…

Fosa común en el cementerio de San Fernando (Sevilla). // LAURA LEÓN

Dice Antonio Gala que, para conocer un pueblo,  es fundamental visitar el mercado y el cementerio. Son testigos mudos de la vida cotidiana y de la historia de cualquier municipio. Así sucede en Sevilla. Las calles del cementerio de San Fernando, una necrópolis de más de 270.000 metros cuadrados en el barrio de San Jerónimo, son elocuentes. Son el documento incómodo de una sociedad que quedó quebrada el 18 de julio de 1936, trazando una línea indeleble entre vencedores y vencidos. “Recoge perfectamente la doble historia del golpe militar y la represión”, explica el investigador José María García Márquez, “panteones y mausoleos de héroes, junto a vencidos en fosas comunes”.

El investigador José Díaz Arriaza ha censado el número de cuerpos depositados en fosas comunes dentro del camposanto sevillano entre 1936 y 1958. Y calcula que hay un total de 28.977 cadáveres en ellas, 3.540 correspondiente a ejecutados, víctimas de la represión directa de los sublevados. Cadáveres hacinados sin orden. “En las fosas del cementerio de Sevilla no solo se enterraban fusilados. Se usó como una forma más de enterramiento depositando en ellas cuerpos de indigentes, fetos, suicidas, fallecidos en hospitales, etc”. Así lo detalló el investigador en el Centro Cívico de Ranilla, en Sevilla, que desde principios de marzo acoge las jornadas Exhumando cuerpos, recuperando dignidades. Se trata, en cualquier caso, de cifras aproximadas, dada la dificultad de documentar los enterramientos.

Solo en los años de la Guerra Civil, se sepultaron 5.615 a cadáveres en las fosas del camposanto -de los 25.435 cuerpos sepultados-. Fue uno de los momentos álgidos, pero no el único: años más tarde, a principios de los 40, las consecuencias del hambre provocaron un repunte en este tipo de enterramientos y al final de esa misma década llegó el tercero, fruto de las “condiciones sociales de violencia e insalubridad” del momento. El horror de la guerra, la dureza de la posguerra y el terror de la dictadura. “Muchas veces nos quedamos en los fusilamentos por bandos de guerra o por consejo, o si acaso, muertos en prisión. Una represión directa”, explicó Díaz, “pero después hay una represión soterrada”. Es difícil clarificar las cifras de represaliados y definir las causas reales de muerte de las víctimas. Pasa, por ejemplo, con los ahogados: ”Un ahogado en el río en el mes de julio vale, y en septiembre, hasta en octubre. ¿Pero en el mes de enero?”, sostuvo el historiador, ”Cuando encuentras a un ahogado y a otro y a otro… ¿Qué son? ¿Suicidios? ¿Palizas y después lo tiraron al río?”.

La primera fosa de San Fernando se comenzó a utilizar en el año 1853, el primer año del cementerio: allí depositaron los cuerpos de un matrimonio procedente de la parroquia de Santa María La Blanca, en el centro de la ciudad, víctimas de una calentura cuando ambos rondaban los 40. Pero fue a partir de 1936, tras el levantamiento militar, cuando se aceleró la actividad en las fosas. La de Pico Reja, un espacio triangular de cuatro metros de profundidad, se abrió en el costado derecho del camposanto: “Durante el mes de julio de 1936, esta será la fosa donde se fueron arrojando los cadáveres de las víctimas causadas por la sublevación”, explicó Díaz. No tardaría mucho en llenarse: el 6 de agosto de ese mismo año, el administrador del cementerio comunicaba al alcalde Ramón de Carranza que la zanja ya estaba próxima a su límite. El investigador estima que allí se depositaron un número de cuerpos no inferior a 1.104: solo 253 están inscritos en los libros de partidas de enterramiento: fallecidos por aplicación del bando de guerra;  ejecutados por sentencia de consejo; heridos por arma de fuego, bomba o metralla; víctimas del enfrentamiento por las tropas, etc. El padre de la patria andaluza, Blas Infante, podría estar allí.

La segunda fosa de la guerra, la del Monumento, empezó a utilizarse en septiembre de 1936. Allí se homenajea cada año, el día 14 de abril, a los fusilados. “Suponemos que se empezaron a depositar cadáveres desde los inicios de septiembre”, explica Díaz, “y el 25 de noviembre de 1939 el administrador del cementerio comunicaba al alcalde que estaba agotada”. Sin embargo, matiza, se siguió utilizando hasta finales del mes de enero de 1940. Allí descansan no menos de 7.401 cuerpos.

Después llegaría la fosa Antigua, un largo pasillo de 25 metros de longitud por unos siete y medio de ancho, donde se enterraron alrededor de 5.621 cadáveres. Su construcción obligó a reutilizar otra zanja en desuso ante los problemas de espacio en el camposanto, utilizándose hasta junio de 1942. Ese mismo año se construyó la fosa de la Rotonda – 10.838 cadáveres- , utilizada hasta 1952. Después llegó la ampliación del cementerio y, con ella, la construcción de dos nuevas fosas. En la primera  -2.153 cuerpos hasta 1955- descansan los cadáveres de los últimos condenados por consejo de guerra. Sobre la segunda -1.860 cuerpos de 1955 a 1958- se construyó un edificio para servicios del cementerio para el año 2009 -los restos hallados fueron incinerados-.

En paralelo, Díaz cree que hay otras dos fosas en la zona del cementerio de judíos y disidentes, donde también fueron enterradas algunas víctimas. Allí están los restos de cuatro víctimas de la represión franquista, militantes de la CNT procedentes de Francia, que se enfrentaron a la Guardia Civil en 1952 en las calles del barrio sevillano de Nervión. ”La prensa local informó de este suceso desvirtuando los hechos para anunciarlo como un delito común y tratando a los protagonistas como un grupo de malhechores con antecedentes criminales”, explica Díaz.

TESTIGO DEL HORROR

El trabajo de Díaz recoge el horror que acompañaba a los enterramientos. Incluso circula información, explicó el historiador, sobre la posibilidad de que algunos de ellos fuesen sepultados vivos, como denunció el capellán del Hospital de San Lázaro ante los servicios religiosas del cementerio. Así se lo comunicó una persona que huyó de Sevilla a las autoridades republicanas en Málaga en 1937: “Con un grupo de los nuestros, no se preocuparon de rematarlos y al día siguiente, el capellán fue a protestar ante el general Queipo de Llano. Fue asesinado un día después”. Para Díaz, es más que probable que la situación fuese frecuente, dados los testimonios. Algunas víctimas fueron rematadas a pie de zanja, incluso por el propio sepulturero.

El título de la investigación, Ni localizados, ni olvidados, resume la situación actual del cementerio de San Fernando. “Ojalá sea posible cambiarlo cuando antes por otro más esperanzador y justo, localizados y honrados”, defendió el historiador. Pero recuperar la memoria de las víctimas, en este caso, parece un trabajo complicado. La mezcla de los restos, el número de cadáveres o la falta de documentación provocan que una eventual exhumación resulte compleja . “No tiene que ser óbice para hacer lo que haya que hacer, son problemas técnicos”, defiende el historiador José María García Márquez. En el cementerio de San Rafael, en Málaga, se han exhumado 2.840 cadáveres de represaliados de unas 4.400 víctimas repartidas por ocho fosas comunes, aunque en este caso todas acogían restos de fusilados. En Andalucía todavía quedan unas 600 fosas sin abrir de las 614 localizadas.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/panteones-heroes-frente-fosas-vencidos/

Tres minutos para denunciar cuatro asesinatos

Olivia Carballar / Aracena (Huelva) / 22 nov 2013

 

Sello del registro de entrada de la denuncia.

Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):

-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.

Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:

-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?

-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.

-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.

-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.

Registro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.

-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.

-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.

Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.

La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.

Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos  de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.

“No  esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.

“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/

Una década implicados con la memoria histórica

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia «trasciende al ámbito privado», por lo que considera «necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos», afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

«Obligación del estado» La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos «no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado».

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas «en la buena dirección» pese a carecer de una ley específica. «Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar». Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios «porque el tiempo corre en contra», apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica

Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Natalia Junquera Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. «No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste», explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a «dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico» a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique «los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo».

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a «revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista» en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura», algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central «la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público». El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a «revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo».

«Buenos y malos»

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma «sigue hablando de buenos y malos», «algo que todos debemos superar», ha añadido, tras insistir en que UPN siente «una especial empatía» por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. «Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria», ha asegurado Eloy Villanueva, «si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua». Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad «un interés partidista».

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica «siempre ha sido una prioridad» para los socialistas. Jiménez ha defendido el «espíritu de reconciliación» de la Transición y el especial «esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas», pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era «una tarea inacabada» que además, se había visto «interrumpida» por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía «asumible y de justicia».

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley «tiene más vigencia que nunca» porque en muchos hogares navarros «sigue supurando la herida» abierta en la Guerra Civil y la dictadura. «Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?», ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado «la desgarradora realidad de las cunetas» en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba «35 años tarde», iba a ser «un elemento fundamental para la reconciliación» porque «llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional». 

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La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

 José Miguel Muñoz Granada 12 NOV 2013

 

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html

Xosé Álvarez Castro: «Es injustificable que en el siglo XXI tengamos muertos en las cunetas»

El maestro e historiador presenta el libro «Pontevedra nos anos do medo», en el que analiza la represión llevada a cabo en la comarca

susana regueira | pontevedra 08.11.2013

 

El paraninfo del IES Valle Inclán acogerá el próximo día 11 la presentación de «Pontevedra nos anos do medo». Se trata de un acto organizado por la Librería Paz y Edicións Xerais para dar a conocer una obra que resume años de investigaciones centradas en la represión llevada a cabo en la comarca tras el golpe militar de 1936. «Esta zona», indica el autor, «no fue especialmente castigada, no más que otras ciudades, por ejemplo para el nivel de la ciudad Tui sufrió una represión fuerte, Ferrol también o Vigo, Pontevedra fue una ciudad en la media, lo esperado»

-Tras años de estudios y trabajos sobre la represión ¿qué conclusiones saca?

-Hay muchas, pero una destacada es el papel fundamental que tuvo la Guardia Cívica, por lo menos un sector de ella, en la represión, más posiblemente que Falange, ésta fue en los primeros tiempos. En segundo lugar hay que destacar el papel que tuvieron muchas personas que no son tan conocidas en Pontevedra como pueden ser Bóveda o los del 12 de Novembro y que precisamente eclipsaron a toda una serie de militantes obreros y agrarios que fueron también reprimidos y que es interesante darlos a conocer.

-¿Cuáles son las cifras de los paseados y fusilados en consejos?

-Tenemos datos sobre los tres años fundamentalmente, y hay que tener en cuenta que siempre son cifras mínimas, de modo que siempre tendremos la posibilidad de descubrir alguna más, y apuntan a que hay algo más de 70 paseados y después fusilados en consejos de guerra son sobre 140.

-¿Pontevedra centralizaba los consejos de guerra?

-Si, Pontevedra era la cabeza de una zona judicial, la del norte de la provincia, se celebraban aquí muchos consejos de guerra y eso llevaba consigo que también los paseos de gente que no era de Pontevedra también fuesen un número importante, los iban a buscar a la cárcel por ejemplo y lo más normal es que ya los mataran aquí.

-Se habló durante años de que la guerra civil se aprovechó para resolver rencillas etc ¿eso fue real o considera que lo que hubo es una estrategia organizada de represión?

-No, no es real, lo que no podemos negar es que en algún caso hubiese rencillas, pero en todo caso se aprovecharon y se valían de una situación política que lo facilitaba y que las víctimas fueron siempre personas comprometidas políticamente, es algo que está totalmente claro, es otro de los grandes mitos, el de que todo fue por rencillas.

-¿Es otro tópico que las víctimas no participaban políticamente?

-Otro mito efectivamente, incluso los propios familiares te lo dicen a veces «no, ellos no hicieron nada», «fueron amistades…» Y no, era gente que participó políticamente, que muchos de ellos fueron elegidos en comicios libres, muchos de ellos hicieron uso de sus derechos militando en federaciones obreras o agrarias para defender derechos de los trabajadores etc.

-¿A qué sectores afectó especialmente la represión?

-A todos los sectores, a una burguesía que militaba en partidos de lo que era el centro y centroizquierda clásica, burguesa, como Izquierda Republicana o Unión Republicana, y después a gente más de izquierda que militaba en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, que tenía bastante influencia en la Federación Agraria y la Obrera. Y en cuanto al número más a sectores obreros y agrarios.

-¿Además de los paseos, consejos etc adoptó otras formas la represión?

-Si, es que hay otras forma de represión que son las que a veces pasan desapercibidas, aquí hubo una represión de tipo económico por estudiar, es una de las grandes tareas a realizar en el futuro, aparte de las multas, de las incautaciones, había toda una serie de colectas y donativos que en teoría eran voluntarios pero en la práctica eran obligatorios y eso dio lugar a todo un entramado económico que está aún sin estudiar a fondo. Después hay una represión de tipo ideológico, la participación de la Iglesia como legitimadora del golpe militar y el control social que ejerce, sobre todo a nivel de educación; también está la represión a los funcionarios, a las mujeres, que es otro de los grandes temas ocultos, muchas veces por la propia naturaleza de la represión, que no se quiere contar ni hablar de eso, y que incluyó un modo directo sino también indirecto, por ejemplo mujeres de presos o de condenados que por encima les incautaron bienes y les impusieron multas.

-Más de 80.000 víctimas continúan sepultadas en las cunetas…

-Es algo que me parece mal, si los familiares quieren darle entierro en los cementerios creo que se les debe ayudar, hay que facilitarles todo, primero localizar los lugares y posteriormente facilitar que los puedan trasladar, no es justificable que en el siglo XXI tengamos los muertos en las cunetas.

-¿Hay en la provincia de Pontevedra ese tipo de enterramientos?

Si, muchos fueron excavados, aquí nuestra zona los sitos más próximos de los que tenemos noticia son en San Andrés de Xeve, con 5 o 6 personas, y también en Tenorio, en el cementerio, pero las fosas en los cementerios son malas de excavar porque se reaprovecha el terreno y se mezclan restos. En la provincia no quedan muchas fosas sin excavar, lo que si quedan son lugares en los que hubo enterramientos y no lo sabemos, porque sabemos de personas que si las mataron y sus cuerpos nunca aparecieron, no sabemos donde las enterraron

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/11/08/injustificable-siglo-xxi-tengamos-muertos/910626.html?utm_medium=rss

Un historiador localiza 43 enterramientos de fusilados en un cementerio a punto de ser desmantelado

El historiador José Luis Gutiérrez ha adelantado estos datos a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente clausura. La Dirección General de Memoria Democrática se compromete a la realización de catas científicas para poder proceder, en su caso, a las exhumaciones…

Olivia Carballar / Sevilla / 10 oct 2013

Certificado de defunción de Carmen Mora.

Oficio: su casa. Filiación: Juventudes Socialistas Unificadas. Fecha del consejo de guerra: 3 de abril de 1937. Fecha de su asesinato: 19 de abril de 1937. Fecha de su enterramiento: 20 de abril de 1937. Sepultura: 58, fila 1 patio 5, línea San Lucas. Tenía sólo 22 años. Era hija del alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) Amador Mora Rojas, muerto durante la guerra en zona republicana. Su madre y un hermano también fueron asesinados. Se llamaba Carmen Mora. Fue condenada a muerte como autora de un delito de rebelión militar tras asistir uniformada como miembro de las milicias de Juventudes Socialistas Unificadas al mitin que se celebró en Cádiz con la presencia de Largo Caballero por la UGT y Vicente Ballester por la CNT, un acto de demostración de fuerza de la unidad obrera. Su proceso duró 24 días. O lo que es lo mismo: en 24 días se llevaron su vida por delante.

Ella y 42 hombres más están en el cementerio municipal de San José, en Cádiz, según reza en los certificados de enterramiento localizados por el historiador José Luis Gutiérrez. ”Certifico que el cadáver (…) está enterrado en un féretro de madera de pino forrado de paño habiendo ocurrido la defunción a consecuencia de la enfermedad pasado por las armas“, se puede leer en la mayoría de los casos. Son nuevos nombres de desaparecidos de la guerra civil que dejan patente una vez más la importancia de las investigaciones locales para evitar que la historia muera enterrada o destruida por excavadoras en un cementerio. Gutiérrez ha adelantado estos datos de su estudio, que prevé finalizar antes de que acabe el año, a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante el inminente cierre del cementerio municipal. De momento, sólo ha recibido un acuse de recibo de IU.

Según fuentes del consistorio gaditano, que ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, pondrán todos los medios disponibles para que se puedan realizar las exhumaciones. “Ahora mismo estamos en la fase previa, en la delimitación de fosas y en la realización de catas científicas para verificar la existencia de restos de fusilados. A partir de ahí, pasaríamos a las exhumaciones”, explica el director de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

La investigación de José Luis Gutiérrez, encargada por el Grupo de Trabajo Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT y financiada por la Junta, investiga la puesta en marcha de la justicia militar franquista a partir de marzo de 1937: el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a las aplicaciones de los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos. “Llega la denuncia, no se admite ningún recurso, se abre una indagatoria en la que se le pregunta al acusado por sus antecedentes, qué hacía el 18 de julio, qué cargos ocupaba… Luego se piden los informes a la Guardia Civil, Falange, ayuntamientos, juzgado municipal… Se toma declaración a los testigos de cargo y el acusado puede dar tres nombres de testigos de descargo. El juez ordena al ayuntamiento que advierta en un edicto a los vecinos de que tienen la obligación de comparecer ante el instructor y decir lo que sepan. El juez realiza un auto y el último que decide es el general jefe, en este caso Queipo de Llano”, resume Gutiérrez.

Y todo este paripé sostenido por personas con formación jurídica, jueces que incluso luego ocuparon puestos de relevancia en la demoracia. Felipe Rodríguez Franco, por ejemplo, es el ponente de la sentencia de uno de los 43 fusilados en Cádiz, en concreto de Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Rodríguez Franco, con solo veintitantos años, ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Que un juez que firma sentencias de muerte, miembro de los consejos de guerra franquistas, siguiera en la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona el historiador.

En la provincia de Cádiz existían dos consejos de guerra. Desde que comenzaron sus actuaciones se celebraron, según la investigación de Gutiérrez, un mínimo de 456 vistas en las que comparecieron 1.303 detenidos. “De la instrucción de los expedientes, de la fiscalía, la defensa y la redacción, como ponentes, de las sentencias se encargaron al menos 22 abogados, jueces de instrucción, fiscales y magistrados de la Audiencia Provincial habilitados como miembros “honorarios” de la milicia golpista. El tribunal lo compusieron militares encabezados por quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Guerra Permanente”, añade.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/23713/ (A través del Foro por la Memoria)

Privatización de la memoria histórica

El Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) impide a la ARMH la exhumación de una fosa común dentro del cementerio y asigna la tarea a la empresa privada Funespaña

Funespaña remite a las familias una factura de 700 euros para realizar la exhumación sin garantías en la identificación.

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar, sin duda alguna, los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

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Hace menos de dos años que Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo lleva 74 años enterrado en una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del Rey, en Madrid. Cuando tenía 17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su pueblo de Miguelturra en Ciudad Real para defender la República. Y poco más supieron de él. Se integró en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue disuelta en varias brigadas y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama en el frente de Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.

«Mi padre y mi madre me cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió llorando pensando dónde estaría su hijo». Ese recuerdo es el que empuja a Carmelo y a su padre Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a Miguelturra. 74 años después.

Lo que no esperaban los familiares de dos de los tres hombres enterrados en la fosa bajo ninguna lápida ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar son los dos restantes– es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 727,62 euros y una advertencia de que su empresa «no puede garantizarle que los restos exhumados sean realmente los de su familiar».

Cuando Carmelo recibió esta notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de Arganda ya había desestimado en dos ocasiones la intervención de los arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con pruebas de ADN.

Carmelo se había decidido a contactar con esta asociación después de casi un año de silencio administrativo del Ayuntamiento argandés desde el inicio de los trámites a comienzos de 2012. Ya en 2013, y tras la incorporación de la ARMH al proceso, el Consistorio autorizó la exhumación pero indicó que sería Funespaña, la empresa más potente de nuestro país en servicios funerarios, recientemente absorbida por Mapfre, quien procedería a ella.

La asociación que preside Emilio Silva solicitó hasta en tres ocasiones encargarse de la exhumación, avalando su actuación con un informe de intervención adaptado a los protocolos internacionales, sin coste para el Ayuntamiento ni las familias. La última negativa la recibieron a finales de junio. En ella, el servicio de letrados del Ayuntamiento, gobernado por el PP, expone los siguientes motivos: «Consta hoja del Libro de Enterramientos en el que están perfectamente identificados la fila y la sepultura donde se encuentran los cuerpos en el Antiguo Cementerio Municipal de Arganda del Rey. Por lo que no se trata de una fosa común, sino de un enterramiento regular en un cementerio público».

En una carta de respuesta, la ARMH replica que, según Naciones Unidas, una fosa común es aquella que tiene más de un cuerpo. Y en esta se encuentran tres. El único dato que aporta el Libro de Enterramiento es el orden en el que fueron arrojados los cuerpos. Se desconoce si fueron enterrados en féretro o si se encuentran o no en contacto directo los tres inhumados.

El siguiente motivo por el que el servicio jurídico del Ayuntamiento deja fuera a la asociación memorialista es que «la muerte se produjo en el frente de Arganda durante la denominada Batalla del Jarama. Es notorio que dicha batalla, al margen de otras consideraciones políticas enfrentó a dos ejércitos regulares, por lo que está excluido los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su actuación. A saber, que se tratara el enterramiento de una fosa común, con cuerpos no identificados, y se tratara de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o por represión política con posterioridad a la misma».

«Ponen en duda la violencia de la muerte de tres soldados. ¿Les parece poco violento desaparecer en medio de una guerra a 200 kilómetros del hogar y que tu familia desconozca tu paradero hasta hace dos años?», contesta la asociación.

Marco A. González, vicepresidente de la ARMH, recuerda además que para dictaminar si hubo o no una muerte violenta se necesita la intervención de un antropólogo forense durante la exhumación, así como el análisis posterior de los restos cadavéricos. «¿Garantiza Funespaña las medidas de cadena de custodia y de correcta extracción de las evidencias para su análisis? ¿Se van a preocupar de localizar los posibles proyectiles de arma de fuego que acrediten que se trata de una muerte violenta?», sigue preguntando la Asociación, sin conseguir respuestas. Tampoco eldiario.es, a la hora de publicar este artículo, ha conseguido contestación a estas cuestiones de Pilar Penalva, responsable de Funespaña en el Corredor del Henares.

«Para exhumar una fosa se necesita emplear una metodología arqueológica, pero exhumar no es simplemente excavar la fosa» escribe el prestigioso médico forense Francisco Exteberria en Diccionario de memoria histórica. «La exhumación no es sino una parte del proceso analítico que comienza en los archivos, sigue con los testimonios y finaliza en uno o varios laboratorios para, posteriormente, establecer los actos de reconocimiento público e institucional que sean pertinentes».

La historiadora Queralt Solé, que ha estudiado las fosas comunes de la Guerra Civil, coincide con Etxebarria al analizar el caso de Arganda: «La recuperación moral no va a suceder» tal y como el Ayuntamiento está planeando hacer la exhumación. Solé ve «absolutamente fuera de lugar» la resolución del Ayuntamiento que interpreta debe de estar hecha «desde el desconocimiento del trayecto de la Ley de Memoria Histórica en estos años». Respecto a la ARMH, Solé entiende que «están legitimados para intervenir porque las familias están pidiendo una exhumación técnica y les están negando este derecho».

Desde el punto de vista jurídico coincide con la historiadora el profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III José María Sauca Cano, quien manifiesta «cierta sorpresa por una resolución tan restrictiva». El artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica favorece la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas. «La Guerra Civil está incluida y un fallecimiento en el campo de batalla sigue siendo una desaparición violenta«, responde Sauca a las objeciones del Ayuntamiento de Arganda que pretenden dejar fuera la trinchera de la Batalla del Jarama como lugar de reparación de la memoria. Y, respecto a la identificación de los combatientes, «no se hizo entrega de los restos a los familiares y, por demás, parece que éstos no tuvieron noticia del lugar del enterramiento hasta fechas recientes. El hecho de que la Administración registrase la identidad de los fallecidos no resulta relevante. El dato es que sus familiares, que son quienes detentan el derecho a la memoria histórica, no lo conocían».

En entrevista telefónica con eldiario.es, la concejala delegada de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable de Arganda, María Fernández Rufo, insiste en que al tratarse de «personas identificadas en un registro» el Ayuntamiento estaría «incumpliendo la Ley» si dejara hacer la intervención a la ARMH. «La Ley contempla los restos no identificados o los desaparecidos y estas personas están totalmente identificados con fila, sepultura, nombre, apellidos y edad», recalca la concejala, que quiere dejar claro que «a la familia no se le niega el apoyo ni se les ha obviado» y que si los familiares quieren una identificación de los restos tras hacer la exhumación, es necesario que pidan una orden judicial.

Sobre la pertinencia o no de la intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el abogado consultado indica que no le cabe duda de que «las consideraciones del artículo 11.1 de la Ley le resultan aplicables». «Luchar contra las voluntades es muy difícil», valora Francisco Etxebarria. «En este caso, la voluntad del Ayuntamiento es no dar el permiso. Y con eso está todo dicho». Si finalmente se realiza, esta fosa de Arganda del Rey sería la primera exhumación técnica realizada en la Comunidad de Madrid de víctimas de la Guerra Civil. Quizá por eso y en opinión del vicepresidente de la ARMH, los responsables políticos querían «una exhumación blanca, sin ruidos».

Para el profesor Sauca Cano, «las equiparaciones entre ejércitos regulares, necesidad de fosa común, cuerpos no identificados, etcétera, son consideraciones de mayor o menor pertinencia de conformidad con las leyes de la guerra pero fuera del ámbito de la llamada Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, esta Ley reconoce un derecho a las víctimas y/o sus familiares precisamente para ese tipo de casos«.

http://www.eldiario.es/sociedad/Privatizacion-memoria-historica_0_173933464.html

El ‘crowdfunding’ permite exhumar los restos de un represaliado del franquismo

La familia del represaliado del franquismo reúne 6.850 euros gracias a 299 donaciones a través de Internet

• La familia de un fusilado en 1938 recauda fondos en Internet para exhumarle

Lorena Ortega Castellón 30 AGO 2013 –

 Imagen de José Valls, fusilado en 1938.

A José Valls Casanova lo fusilaron un 2 de septiembre de 1938 en Borriol (Castellón). Tenía 48 años. Su hija Antonia, que tenía once cuando le mataron, lo explica en un video para captar la ayuda de desconocidos con la que exhumar su cuerpo. “Ahora está enterrado como un perro”, dice. La familia sabe que yace junto a otro represaliado del franquismo en una zona del cementerio del pueblo porque así se lo dijo el enterrador a Antonia a los pocos días del fusilamiento. Su hija, la única viva, tiene ahora 86 años y su deseo era sacar a su padre de la fosa para enterrarlo junto a su madre. Pero la esperanza de juntarlos se quebró con la retirada de las subvenciones a los proyectos de recuperación de la memoria histórica. Sin fondos, sólo quedaba el camino de la solidaridad. Y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) acudió al ‘crowdfunding’ con la sorpresa de recaudar en pocos días los 6.850 euros necesarios para los trabajos que realizarán, también de forma altruista, un grupo de quince voluntarios. “La solidaridad ha funcionado y esto demuestra que existe una sensibilidad y apoyo que no ha tenido el Gobierno”, explica Matías Alonso, portavoz del GPRMH en la Comunidad Valenciana. En la tarde del jueves obtuvieron el permiso del Ayuntamiento de Borriol, el único que les faltaba para iniciar los trabajos.

La fosa común de Borriol será la primera que se exhume con las donaciones de personas anónimas (299 han apoyado la campaña), con el esfuerzo de voluntarios y el empeño de la familia. “Un trabajo como este necesita de entre 20.000 a 40.000 euros, lo vamos a hacer sin cobrar (salvo un mínimo importe en dos casos) y con la manutención de los familiares”, explica Miguel Mezquida, director del grupo de arqueólogos. En un principio, incluso se habían planteado vivir en la casa de los Valls. “Finalmente nos han buscado una casa rural en la que alojarnos durante la semana que durarán los trabajos”, apunta.

Carlos Balaguer es bisnieto de José Valls. Apenas ha hablado durante todo este proceso porque su objetivo era cumplir el deseo de Antonia y sacar a su padre de la fosa común en la que yace junto a Luis Meseguer. Los únicos que fueron fusilados a primera hora de ese 2 de septiembre de 1938 en Borriol. “Estamos muy agradecidos al alcalde (Adelino Santamaría, del PP) por su apoyo. Ya se lo hemos dicho a Antonia, está muy contenta”, dice parcamente. No quiere remover más la historia ni hablar de su bisabuelo, del que solo sabe lo que de él pone en el proceso sumarísimo. “Y ahí ponían cualquier cosa”. Los silencios en casa se encargaron de borrar la memoria.

Balaguer pudo leer en ese proceso que a su bisabuelo lo detuvieron junto a otros siete vecinos el 12 de junio de 1938, el mismo día en que las tropas franquistas entraron en el pueblo. “Los familiares saben que era una persona comprometida, de izquierdas, y poco más”, detalla Matías Alonso. El procedimiento sumarísimo se instruyó el 28 de junio. El 19 de julio su sentencia a muerte se hizo firme. Sus familiares explican que José Valls y Luis Meseguer fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser fusilados. El lugar exacto se lo contó quien fue el enterrador a Antonia poco después del ajusticiamiento: un camino que dividía el cementerio.

A sus 86 años, y cuando se van a cumplir 75 años del crimen, Antonia verá cumplido su sueño. Su nieto Carlos respira: “Ahora, después de tanto tiempo, lo podrá ver”.

http://elpais.com/ccaa/2013/08/30/valencia/1377878328_182450.html

España que olvidas…España que mientes.

España, piel de toro… tu sangre corre bajo tu tierra

y tus hijos duermen en las cunetas, los barrancos,

en las fosas de las vergüenza… ¡Vida Perra!

Enterrados están por el manto del tiempo.

Tus hijos vivos siguen arrastrando el yugo y las flechas,

engañados, traicionados… ¡Fusilados por la Transición!

Delfín coronado, que prometió libertad en aquellas fechas

y mantuvo el juramento de fidelidad a su ayo… ¡Traición!

Escondes tus vergüenzas entre archivos, papeles, tierra;

y prostituyes tu historia magnificando al traidor…y olvidando

a los que en nombre de la libertad lucharon por ti.

España que olvidas, olvidas a tus hijos, sus vidas e historias.

España que mientes, tu futuro es dejar las heridas abiertas.

España… ¡Qué pena! No poder correr libres todas las memorias.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@

14 04 2013. Madrid. de Cibeles a Sol. Foto LMV.

Clase de Historia a pie de fosa

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• En el antiguo cementerio de San Rafael está la fosa más grande de España
• Desde octubre de 2006, han levantado más de 2.400 cuerpos
• «Los testimonios orales hablan de que les tiraban sin más», dice un arqueólogo
• «Esto no es lo que está en los libros», decían unos chavales que visitaron las fosas

AMAYA GARCÍA | MÁLAGA

Actualizado lunes 15/12/2008 13:51 horas

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No hay palabras para describir la estampa. Unos cuerpos encima de otros. Sin orden ni concierto. De la tapia al olvido. Un botón, una suela de zapato o una hebilla son los únicos detalles de lo que alguna vez representó una vida. «Los testimonios orales hablan de que les tiraban sin más. Cuando encontramos cierto orden es simplemente porque así aprovechaban más el espacio», cuenta Andrés.

Es la novena fosa en la que trabaja en San Rafael y estar cara a cara con la historia no siempre es fácil. «Detrás de cada cuerpo sabes que hay una familia». A pie de obra están siete técnicos desde el 16 de octubre de 2006 que empezaron las excavaciones. «Aquí tenemos contabilizados 4.371 fusilados, con nombres y apellidos. Y se sigue buscando información». Es la fosa más grande de España. Hasta la fecha han levantado más de 2.400 cuerpos.

«Lo primero que se hace es analizar los rasgos», cuenta Andrés, mientras a su espalda tres personas limpian con brochas algunos restos bajo la lona. «Vemos si es hombre o mujer. Con los datos que recabamos, las observaciones y los objetos encontrados rellenamos una ficha». Tras esto se procede a levantar los cuerpos y se depositan cada uno en una caja. «Se sigue una metodología arqueológica».

«Mira, esta persona tiene una bala en la rótula«, señala Andrés. «Gran parte de la munición era italiana, lo que confirma el papel de este país en la toma de Málaga». Las tropas franquistas entraron en la ciudad andaluza el 8 de febrero de 1937.

Sólo queremos una sepultura digna

El cielo está encapotado y el barro tras las lluvias de los últimos días se va secando poco a poco. De la puerta del cementerio a la fosa del patio civil, «de diez metros de largo por tres de ancho», se suceden los agujeros con enormes montones de tierra al lado. José Dorado, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, se conoce el lugar como la palma de su mano. «Estas personas murieron por defender una libertad y una democracia. Sólo queremos darles una sepultura digna».

Y eso que las identificaciones se presentan «muy complicadas», señala Andrés. El mal estado de los cuerpos, el hecho de que no todos los asesinados tengan familia directa, los estragos de la cal… «El ADN es una opción, pero hay que ser realista». Pese a todo, las familias reclaman al Gobierno que agilice el decreto que deberá regular la identificación de los cadáveres.

Aún recuerda Pepe la última visita de unos chavales de 17 ó 18 años de un instituto de Alhaurín de la Torre. «Esto no es lo que está en los libros», decían. «No es lo mismo que te cuente esto un profesor a verlo con tus propios ojos». Y aquí las puertas están abiertas para todo el que quiera venir.

Al padre de José, 74 años, le fusilaron el 17 de marzo de 1937. Y por él empezó su batalla. Un día de difuntos, hace unos años, vino a poner flores a su madre y a su suegra. «Luego me acerqué a la zona donde sabía que estaba mi padre». Sin embargo, se encontró la puerta del cementerio cerrada.

Allí le informaron de que los restos de las personas enterradas en nichos y tumbas en San Rafael se los habían llevado a otro cementerio. «Y los fusilados de las fosas, ¿qué pasa con ellos?», constestó Pepe. Aquí comenzó su lucha. Hoy compartida con las 500 personas que forman el colectivo.

Reunión de familiares

Acudió al Ayuntamiento, habló con todos los grupos políticos, llamó a asociaciones de otras partes de España, dejó su teléfono en el cementerio para contactar con más familias que estuvieran en su situación… «Hasta di una rueda de prensa». En 2003, todos estos esfuerzos dieron como resultado la asociación que hoy preside. «Nos reuníamos el primer jueves de cada mes».

Desde entonces la cuestión ha avanzado mucho. Ya han firmado dos convenios -el tercero se cierra en unos días-, en los que el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, la Junta de Andalucía (PSOE) y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han apoyado la causa. «Cada uno da 80.000 euros, menos el Gobierno que, en el último convenio, aportó 100.000». Tienen claro que la ayuda es bienvenida tenga el color que tenga. «Hay que lograr que se anulen los juicios del franquismo», afirma José, cuestión que se quedó fuera de la Ley de Memoria histórica.

Detrás de todo este capítulo de la historia, hay horas y horas de investigación en archivos y cárceles. A Francisco Espinosa, hijo de represaliado, se le debe buena parte de esa labor. «Ahora estamos indagando sobre las cajas que salieron de aquí para llenar los nichos del Valle de los Caídos en Madrid». Saben que el 5 de marzo de 1959 se llevaron 34.

A unos metros de las casetas donde reposan miles de cuerpos, Rafa, voluntario de 52 años, sigue desenterrando la historia. «Aquí tiene que venir todo el mundo». Confiesa que durante años ha sido «un desconocedor» de lo que fueron aquellos años de represión. Ha llevado a sus hijos a la fosa. «Es positivo que la gente conozca la verdadera Historia».

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/09/espana/1228810520.html