Paisajes de una guerra: ¿Qué hacer con las huellas de la Guerra Civil en Madrid?

mayo 5, 2015

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Estima@s amig@s, a pesar del título con interrogaciónes, de esta mesa redonda /debate, desde La Memoria Viva tenemos una postura clara que casi no hace falta recordar: NO AL OLVIDO.

Espero que vengais a este evento .

¿Reconstruir, esconder, valorar?

¿Qué política cultural habría que privilegiar para integrar la guerra civil como elemento constituyente, visible y valorado de la historia española?

A partir de las huellas dejadas en el paisaje urbano de Madrid y sus alrededores se explorará cómo se construye una política de la memoria, y sus implicaciones. Contaremos con el punto de vista y la experiencia de directores de sitios memoriales franceses, enfrentados a unos responsables de la protección del patrimonio cultural español. 

http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/mesa-redonda-paisajes-guerra-hacer-huellas-guerra-civil-madrid

Jueves 07/04 a las 20:00

 Teatro del Institut français de España en Madrid – C/ Marqués de la Ensenada, 10

SRC escribiendo a libro@institutfrancais.es – En francés y castellano con traducción simultánea


Último barco al exilio

marzo 23, 2014

Al final de la Guerra Civil, hace 75 años, miles de republicanos trataban de huir desde Alicante

Pocos lo lograron. El ‘Stanbrook’ llevó a 2.638 a un incierto destino

23 MAR 2014

El buque Stanbrook, fondeado en el puerto de Orán en 1939. / Legado Rodolfo Llopis. Fundación Caja Mediterráneo

Faltaban cuatro días para el final de la Guerra Civil. El Stanbrook, un buque carbonero británico de 1.500 toneladas, había fondeado en Alicante con la orden de cargar naranjas y azafrán. En la explanada del puerto bullía una multitud agotada después de tres años de combate, miles de civiles y soldados republicanos que vieron en el puerto levantino, todavía no tomado por el bando franquista, la única puerta para huir de la represión que les esperaba.

Abrumado por la tragedia, el capitán de la nave, un galés de 47 años llamado Archibald Dickson, cambió el plan inicial de embarcar provisiones por el de evacuar a civiles. Al atardecer del 28 de marzo de 1939, el Stanbrook partió hacia Orán con la última carga civil que zarpó camino del exilio antes de acabar la contienda, 2.638 pasajeros que protagonizaron una emblemática y trágica aventura de la que el próximo viernes se cumplen 75 años.

Antonio Vilanova, pasajero del Stanbrook, dejó testimonio del desasosiego del embarque en una carta dirigida a un amigo y a la que ha tenido acceso este diario. “En la mente de todos había sensación de fuga, derrota, hundimiento moral. Cuando llegamos al barco, éramos recibidos entre las protestas de los pasajeros que ya estaban allí. Conforme subíamos, unos se acomodaban en la cubierta, otros en la bodega o en las sentinas. Faltaba sitio, pero seguía entrando gente”, relataba sobre aquel hacinamiento este funcionario aduanero que más tarde, en su exilio en México, escribiría la primera gran obra sobre los refugiados republicanos, Los olvidados.

Miedo, humedad e incertidumbre de niebla y frío. A bordo del carguero, Helia González, de cuatro años, sentada sobre un baúl con sus padres y su hermana, de 22 meses, encontró consuelo en la presencia de un señor pequeño y fornido que la había cogido en brazos para subir la pasarela del barco. Era el capitán Dickson. En la explanada del puerto, quedaba un paisaje de desamparo entre los que habían perdido el barco.

A su corta edad, Helia no sabía que partía al exilio político. Su padre, Nazario, de 28 años, había fundado Izquierda Republicana en Elche. “Era antibelicista”, sostiene Helia. “Durante la guerra escondió en su casa a un sacerdote y a su sobrina, y salvó de la quema parte del archivo de la basílica de Santa María. La mayoría de los pasajeros éramos pacifistas; no asesinos, como decían”.

El propietario del carguero, Jack Billmeir, cuya flota se multiplicó por diez gracias a la guerra española, había prohibido evacuar civiles. El capitán que desafió aquella instrucción era hijo de una modesta familia de Cardiff. Se había licenciado a los 22 años. “Un sector socialista cuestionó su heroicidad diciendo que un grupo se lo llevó ebrio de juerga a Madrid. Algunos líderes en el exilio quisieron atribuirse el mérito del rescate, pero la República fracasó en proteger a su gente”, apunta el documentalista Pablo Azorín Williams, quien ha investigado la vida del capitán.

“Como abanicos de espuma”. Así recuerda Helia, a sus 79 años, la huella en el mar de los proyectiles enemigos que sorteó el carguero al zarpar. Para eludir los ataques del Canarias, un crucero pesado de la flota nacional, el Stanbrook viró el rumbo primero a Baleares y luego al sur hacia Argelia.

Helia González (derecha), pasajera del Stanbrook, abraza a Juanita Alberich, esposa de otro de los refugiados, en un acto conmemorativo en Valencia. / José Jordán

Desde una sentina de popa, el pasajero Vilanova observaba la “incontrolable e incontrolada expedición”, sacudida por asaltos de pánico cuando falsos rumores decían que se dirigían a Melilla. La gente arrojaba al mar la documentación para no ser identificada. Se formaban colas de dos horas para beber agua. “Solo había dos evacuatorios. Dominado el pudor, fuera de la borda, deponíamos en el mar. Más que el hambre, es la nota más dura de la estancia en el barco”, explicaba en su misiva Vilanova.

El 29 de marzo, tras 22 horas de travesía, el Stanbrook ancló en el puerto de Mazalquivir, cerca de Orán. A la niña Helia le embriagó el aroma de unas rebanadas de pan sobre unos tableros en el muelle. “Era la primera vez que olía a pan tierno”, evoca la que fuera la pasajera 2.277. “Un hombre se tira de la cubierta a las bodegas y muere una mujer. Hay síntomas de anormalidad y riñas”, escribió en un diario —facilitado a este diario por su hijo Ulises— Antonio Ruiz, ingeniero madrileño de ferrocarril y oficial en el frente, que había huido junto con su hermano Pablo.

En la mente de todos había sensación de fuga, derrota, hundimiento moral”, escribió el pasajero Antonio Vilanova…

Desde el muelle, españoles residentes en Orán partieron en barcas con alimento y medicinas para los recién llegados. Arribada un mes antes por mediación de Acción Republicana, Juanita Alberich, valenciana de 20 años y embarazada de su primer hijo, buscaba a su marido, Onofre Valldecabres, director del Servicio de Inteligencia Militar. “Recuerdo que la gente tenía hambre”, evoca Juanita, de 95 años, que perdió a su hijo a los dos meses de nacer. Valldecabres fue de los primeros pasajeros en dejar el Stanbrook gracias a sus contactos como refugiado político. “No tuvo número de pasajero porque pudo eludir el listado registrado por las autoridades francesas”, señala su hija Annik Onofra, nacida en el exilio argelino.

Pese a que creyeron haber hallado la salvación en Argelia, entonces bajo el dominio francés, el destino del pasaje del Stanbrook fue muy dispar. En el primer desembarque, dos días después de atracar, tocaron tierra mujeres y niños que, como Helia, su madre y su hermana, fueron a la antigua prisión del Cardenal Cisneros. La mayoría de los hombres aguardaron a bordo más de un mes, por imposición de la Administración francesa. “Salimos llenos de miseria. Allí conocí por primera vez los trimotores, piojos de un tamaño monstruoso”, explicaba en su misiva Vilanova. A muchos les condujeron al Centre d’Hébergement —centro de alojamiento— número 2 para recibir ducha, vacunas y alimentos.

El motivo de la cuarentena no se ha resuelto 75 años después de aquella odisea. “Francia no había previsto nada. Se apuntó a que el barco había generado gastos en el puerto y debía pagarlos, o se temía una epidemia por detectarse un brote de tifus. Es un cabo que todavía queda suelto”, señala el historiador alicantino Juan Martínez Leal, quien resalta una controversia paralela. “No se sabe por qué, una hora después del Stanbrook, zarpó de Alicante sin evacuar a más civiles el Marítima, el triple de grande y con 30 pasajeros, líderes socialistas y sus familias. Hubo una gran polémica en la Federación Socialista en Orán”.

Anclado el Stanbrook en Orán, Alicante se convirtió en un gran presidio para las más de 15.000 personas venidas del frente. Desde Segorbe, en Castellón, Manuel Arroyo, chófer del Estado Mayor del Ejército de Levante, llegó la tarde del 29 de marzo a la explanada del puerto. Ya no había barcos; solo se oían ráfagas de ametralladora y cañonazos de la División Littorio, unidad italiana que reforzaba el bando nacional. “Vi a un hombre desesperado degollarse con una navaja de barbero. Lo más contagioso es el miedo”, relataba a este periódico Arroyo, de 96 años, antes de fallecer hace dos semanas. Las tropas italianas les condujeron al improvisado campo de concentración de Los Almendros y de allí, más de 3.000 hombres, entre ellos Arroyo, fueron trasladados al campo de trabajo de Albatera, diseñado en la República para la reinserción del delincuente.

Recuerdo que la gente tenía hambre”, evoca Juanita Alberich, de 95 años, que perdió a su hijo…

En Argelia, el destino de gran parte del pasaje fue también la reclusión. Exportados al campo de concentración de Boghari, en el interior del Sáhara, los hermanos Ruiz pasaron a llamarse 102 y 103, bajo la guardia senegalesa, con bayonetas caladas. “Somos 300 indocumentados e indeseables. Y todo en nombre de la Igualdad, Libertad y Fraternidad”, narra Antonio en su diario. “Un español que está en la letrina es maltratado por un guardia que sin motivo le golpea con el fusil. Otros acuden y le patean. El pobre pide auxilio. Acuden varios españoles recibidos con bayonetas y obligados a huir. Allí se quedó”. Los Ruiz pudieron huir a Francia, donde embarcaron rumbo a México en 1940.

En torno a la línea del ferrocarril Transahariano, pasajeros como Antonio Gassó, piloto de caza republicano, sufrieron en los campos de trabajo castigos como el tombeau, en los que el preso cavaba su propia tumba para permanecer en ella, saliendo solo dos veces al día para hacer sus necesidades, sin protección contra las adversidades del crudo desierto. “¡Fusiláis poco, pero matáis lentamente!”, escribió en su diario —publicado en el libro escrito por su hija Laura —desde la cárcel de Bou-Arfa—. Otros acabaron combatiendo en la II Guerra Mundial, alistados en la Legión Extranjera Francesa. La tragedia también marcó la trayectoria del capitán Dickson. Seis meses después de atracar en Orán, el considerado héroe de la odisea del Stanbrook murió con su tripulación en el mar del Norte, torpedeado por un submarino alemán, cuyo capitán, Claus Korth, había hundido naves republicanas en la guerra española.

Sobre estas líneas, la repleta cubierta del buque Stanbrook durante la travesía de Alicante a Orán, en marzo de 1939. / Legado Rodolfo Llopis. Fundación Caja Mediterráneo

Frente al drama de muchos refugiados, Juanita Alberich y Helia González, amigas en su destierro en Sidi Bel Abbes, aseguran haber vivido un “exilio privilegiado”. La vida de Juanita, residente ahora en Valencia, fue un continuo traslado. Su familia vivió en Argelia hasta 1946, cuando su marido, de la industria cerámica, fue empleado en Lorena, Francia. “Volvimos a Argelia en 1950 y salimos de nuevo hacia Lille en 1957, antes de la guerra de la independencia. Regresamos a España tras la muerte de Franco”.

La familia de Helia, que se enroló primero en una compañía de teatro española dividida tras la contienda, sobrevivió del estraperlo y de una tienda de alpargatas, el último negocio familiar en Argelia hasta partir hacia España en 1949. “Mi padre no quiso arraigar allí. En Argelia conocí la libertad. En España no se podía hablar de nada, el hambre era terrible y la represión muy dura. Ganar no debería ser vengarse”, sostiene Helia, que fue profesora de francés y funcionaria municipal en Elche hasta su retiro.

Junto al editor Rafael Arnal, Helia, que nunca volvió a pisar suelo argelino, inspiró el proyecto de la Operación Stanbrook, una expedición en barco con familiares y simpatizantes que prevé zarpar a Orán antes del verano, si la situación política tras las elecciones en Argelia no lo impide, para conmemorar aquella trágica y esperanzadora travesía que marcó el final de la Guerra Civil. “Tenemos que recordarlo porque hay muchos países en situaciones semejantes. ¿No vamos a aprender nunca?”.

http://elpais.com/politica/2014/03/21/actualidad/1395425929_742501.html


Borrar a Franco no es la solución

marzo 15, 2014

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Cada vez más España se aleja de su historia, renuncia a la justicia legal e histórica con la negación de su propio pasado, renuncia a un futuro sin complejos, libre y democrático con la aceptación de sus pretéritos acontecimientos históricos y a las efemérides negadas con la injusticia y el olvido.

La Guerra civil, la posguerra y los distintos procesos históricos de la dictadura franquista (la dictadura militar y represiva, la dictablanda o desarrollismo) no pueden quedar en meras anécdotas históricas, es una impunidad que no nos podemos permitir. El franquismo existió, y como consecuencia de él España se desangró durante y posteriormente al golpe de Estado militar africanista contra el gobierno legítimo e inoperante de la II República, Tuvo más que consecuencias políticas, económicas, sociales e históricas, tuvo desgraciadamente consecuencias humanas, vidas; y por tanto, tuvo consecuencias jurídicas irresolutas al día de hoy.

Para hacer justicia bajo mi humilde punto de vista y opinión es necesario recuperar la memoria histórica en su totalidad, es decir, mantener el recuerdo de los hechos acontecidos totalmente, lo que implicaría no únicamente a la documentación, información y difusión de los mismos, sino que también debería incluir la aplicación y el reconocimiento de las leyes internacionales al respecto de los delitos contra “lesa humanidad” de todos aquellos que estuvieran afectados por los mismos. Fomentar la conmemoración de las fechas más significativas y relacionadas con estos hechos,  y sobre todo, el mantenimiento del recuerdo a través de toda su simbología, documentación escrita, fotográfica y audiovisual, soportes artísticos, artículos y materiales, elementos sociales y antropológicos que formaron parte del período histórico. ¿Cómo? Fácil, con diferentes museos, zonas geográficamente marcadas o señaladas de interés histórico nacional, con bibliografía y sobre todo en la enseñanza a las nuevas generaciones de dicha etapa.

El Estado debería ser albacea, protector, garante y difusor de su propia historia y del derecho que a ella le asiste. Ése, es el único modo de hacer honor a la memoria histórica y al reconocimiento de la misma, a todos sus afectados y familiares, a todo un país. Para llegar al perdón no hay que olvidar, sino recordar por qué nos debemos perdón, y así, con el recuerdo permanente intentar evitar cometer los mismos errores del pasado y sobre todo sus consecuencias.

Para pasar página la solución no está en el olvido, en retirar sólo símbolos que nos ofenden más o menos, en esconder en archivos polvorientos vidas y sentencias, ocultar asesinatos en cunetas, barrancos y tumbas comunes, y en borrar de la memoria al mayor icono de esta tragedia, borrar a Franco. La solución pasa precisamente por todo lo contrario, por reconocer el mal, condenarlo, reinsertar las víctimas y su memoria y castigar jurídicamente, aunque sea por reconocimiento a los culpables de todas las tropelías e injusticias cometidas, mantener en el recuerdo y la memoria colectiva a las víctimas pero también a sus verdugos.

La historia no está completa si obviamos o cercenamos parte de ella, si además no le hacemos justicia, entonces estamos volviendo a condenar a todos los actores de la misma. Borrar a Franco y adláteres no es la solución.

 Jordi Carreño Crispín (Vicepresidente de La Memoria Viv@)


Borrar a Franco de la memoria

marzo 15, 2014

ABC, 13/03/2014 – 13 marzo 2014

La Junta ha impulsado una normativa para eliminar todo vestigio de la guerra civil y la dictadura

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, las instituciones y organismos de Andalucía tendrán 18 meses para retirar de plazas, calles y edificios los símbolos de la etapa franquista que aún perduran en numerosos rincones de la geografía andaluza. Superado ese plazo, la Junta actuará de forma subsidiaria y procederá a eliminar los vestigios.

En Sevilla capital, en el año 2000, el Gobierno municipal de coalición PSOE-IU llevó a cabo una profunda renovación del callejero y desaparecieron más de 50 nombres de la época de Franco, aunque todavía en edificios, sobre todo de los juzgados, persiste alguna simbología de ese periodo.

Izquierda Unida ha cifrado en más de un centenar los vestigios del franquismo en las calles de Málaga. Un hecho que ha sido motivo de enfrentamiento político de forma intermitente, informa P. D. Almoguera. El análisis de los mismos deja casos tan surrealistas como el del colegio José María Hinojosa de la capital. Dedicado a este poeta represaliado durante la Guerra Civil, el centro conserva en su fachada el escudo preconstitucional con el águila, el yugo y las flechas.

En los últimos tiempos se han intensificado las gestiones para eliminar algunos de estas reminiscencias a la dictadura. Meses atrás la calle Generalísimo Franco, ubicada en la barriada de Olías, ha pasado a llamarse La Ópera. La vía dedicada a Queipo de Llano en esta misma zona también ha desaparecido.

El principal vestigio en Granada del franquismo es el monolito en homenaje a Primo de Rivera, que hay ubicado en la plaza de Bibataubín. Fruto de grandes polémicas, especialmente desde la Ley de Memoria Histórica de 2006 impulsada por el Gobierno de Zapatero, el monumento parece tener las horas contadas. Recientemente, el TSJA rechazó el recurso que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la retirada del monumento que ha sido objeto en numerosas ocasiones de ataques por grupos de ultraizquierda, informa Luis Javier López.

En Córdoba se han quitado, entre otros símbolos, una placa en Correos, una placa en un busto en Subdelegación, en la Universidad… una placa en una casa particular del Realejo exaltando a un general franquista, y en cuanto a las calles los gobiernos municipales de IU se encargaron de sustituir los nombres.

En la catedral de Almería, en la Delegación de la Agencia Tributaria, en la Escuela de Artes o en el IES Celia Viñas perdura la huella del franquismo, informa Raquel Pérez. Los símbolos de la dictadura, como el yugo con el haz de flechas o el víctor, así como las alusiones a figuras como Primo de Rivera, son visibles en la capital almeriense, donde el Foro de la Memoria tiene localizadas 26 calles con nombres que aluden a esta época de la historia de España.

Jaén fue para Franco un territorio «que me quita el sueño», según informa Antonio Agudo. Lo dijo en la década de los 50 al visitar la provincia y darse cuenta de la falta de infraestructuras que sufría. Fueron muchas las obras, sobre todos embalses y pantanos, los que se levantaron durante la dictadura y que, obviamente, fueron firmados con los símbolos del régimen. Símbolos que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Lo que no ha sido retirado todavía, quizás por el pequeño tamaño o porque no salta mucho a la vista, son cientos de placas metálicas del extinto Ministerio de la Vivienda que etiquetan a otros tantos edificios con el yugo y las flechas.

En Cádiz capital destacaban hasta hace pocos años la pervivencia de escudos franquistas en el Instituto Hidrográfico , en la Comandancia de Marina, en la Delegación de Hacienda y en la sede de Correos. Jerez conserva también algunos vestigios de la época franquista: nombres de barrios como España, Federico Mayo y Eduardo Delage, informan A. García y J. Padilla.

En la Cuenca minera de Huelva se localizan algunos de los símbolos que han provocado una gran contestación, como es la Cruz de los Caídos que se ubica frente a la iglesia del municipio de Minas de Riotinto. Este escenario se reproduce también en la capital, en el que todas las calles el barrio José Antonio (Primo de Rivera) están dedicadas a falangistas de la época. En la barriada Pérez Cubillas, permanece el rótulo del Patronato de la Vivienda Francisco Franco, con su simbología, informa Rosa Font.

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140313/sevp-borrar-francode-memoria-20140313.html


Fallece Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas

diciembre 20, 2013

Fue condenada a muerte por ser miembro de las JSU, pero la pena fue conmutada por 30 años de cárcel, de los que cumplió 16

EUROPA PRESS Madrid 17/12/2013

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y  Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.EFE

Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas y llegó a ser condenada a muerte en 1939 por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), falleció la pasada madrugada a los 95 años en Madrid. Según ha declarado su hija Marisa Manchado, Torres “ha muerto muy en paz” en la residencia donde vivía desde hacía tres años, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras dormía.

Manchado ha destacado “la bondad, la falta de rencor y la falta de odio” de su madre y lamentado que esos valores no estén tan presentes hoy en día, algo que atribuye a que las generaciones actuales “no han sufrido como sufrió” la de quienes vivieron la Guerra Civil y el franquismo. “A veces hace falta tocar fondo para renacer” y “aprender a vivir en paz”, ha opinado.

Nieves Torres Serrano nació en 1918 en el municipio madrileño de Venturada. Como miembro de las JSU, durante la guerra participó en la organización de casas de juventud, y en mayo de 1939 fue detenida tras ser delatada por un compañero militante. Fue torturada en una comisaría y después trasladada a prisión, siendo condenada a muerte en agosto de ese año junto a otros compañeros acusados por el régimen franquista de la reorganización de elementos de la JSU y del PCE para cometer actos delictivos contra el orden social y jurídico. En septiembre fueron ejecutados la mayoría de los condenados (27), y solo se libraron las tres mujeres: Antonia García, Antonia Hernández y Nieves Torres, menores de edad.

El mes anterior habían sido fusiladas en Madrid trece jóvenes, parte de las cuales eran miembros de las JSU, que acabaron siendo conocidas como las Trece Rosas. De las personas implicadas en aquellos sucesos, solo sigue con vida Concha Carretero.

Poco después, la pena de muerte impuesta a Nieves Torres fue conmutada por una pena de 30 años de cárcel. En total estuvo 16 años entre rejas, pasando por distintas prisiones y saliendo en libertad a los 36.

Manchado ha afirmado que, a pesar del sufrimiento que padeció su madre, “siempre estuvo muy orgullosa” de todo lo que hizo, “vivió feliz” y “creyó mucho en la democracia”. Sin embargo, considera que “no se ha reconocido” suficientemente el papel de su madre, en parte porque las mujeres de su época “pagaron el precio de vivir en un mundo mucho más machista” que el de ahora, lo que explica, a su juicio, que las acciones de los hombres se hayan “sobrevalorado” mientras que ellas “no han existido”.

Precisamente, este miércoles se celebra en Madrid la clausura de la exposición de Javi Larrauri ‘Mujeres republicanas’, una de cuyas obras es un retrato de Nieves Torres.

http://www.publico.es/489924


Franco no habría ganado la guerra civil sin la ayuda de Hitler y Mussolini

diciembre 20, 2013

El historiador Francisco Moreno Gómez rinde homenaje a la cualificación y combatividad de los soldados republicanos en su libro ‘Trincheras de la República. La gesta de una democracia acosada por el fascismo’

RAFAEL GUERRERO Sevilla 20/12/2013

Soldados y campesinos cordobeses atrincherados en agosto de 1936 en el frente de El Carpio en la provincia de Córdoba.

Soldados y campesinos cordobeses atrincherados en agosto de 1936 en el frente de El Carpio en la provincia de Córdoba.

Treinta y cinco años de dedicación continuada a la investigación hacen de Francisco Moreno Gómez uno de los historiadores españoles más solventes y rigurosos a lo largo de sus múltiples trabajos sobre los maquis, sobre la guerra y la represión en su provincia natal de Córdoba y ahora sobre la guerra pura y dura en un libro denso -Trincheras de la República. La gesta de una democracia acosada por el fascismo, editorial El Páramo- donde rinde homenaje a la cualificación y la combatividad de los soldados republicanos.

Moreno Gómez es catedrático de instituto ya jubilado y pertenece a esa importante saga de investigadores que ha tirado del carro de la historiografía al margen del academicismo universitario. Considera que las estimaciones sobre las víctimas tanto de la guerra en los combates como de la represión se quedan cortas porque sigue sin aflorar la cifra exacta de desaparecidos. “En los frentes de batalla pudieron morir no menos de 300.000 combatientes en toda España y, tan sólo en la provincia de Córdoba, he podido documentar casi 12.000 víctimas de esa catástrofe humanitaria causada por el golpe militar franquista. Pero son datos mínimos, el máximo no se sabrá nunca. De ahí la enorme importancia de investigar, como sugiere el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU”.

No es habitual en la historiografía actual que se reconstruyan batallas, pero Francisco Moreno lo hace aportando mucha información, incluso planos de situación que facilitan el entendimiento sobre la evolución de las campañas bélicas. Una de ellas -no muy conocida- es la última gran batalla de la contienda española, que se libró entre las provincias de Córdoba y Badajoz, entre enero y febrero de 1939, cuando nadie dudaba ya de que la guerra civil estaba perdida para la República. En efecto, en la batalla de Córdoba-Extremadura intervinieron más de 160.000 combatientes (92.500 del ejército republicano y 72.000 del bando franquista). Hubo 30.000 bajas y 10.000 muertos: 8.000 militares republicanos y 2.000 sublevados. Moreno Gómez explica así el sentido de aquella postrera gran batalla: “Los republicanos rompieron el frente, lo que causó gran alarma en el cuartel general franquista. La República quiso demostrar que no se rendía dando ejemplo de coraje y dignidad”. El historiador cordobés recuerda la clave de la victoria franquista y se muestra categórico: “Cuando las fuerzas se equiparaban, la ayuda extranjera de Hitler y Mussolini deshacía el empate. De no haber sido por la ayuda del Eje Roma-Berlín, Franco no gana la guerra. La cualificación y la combatividad de los republicanos no ha sido valorada en su justo término”.

El autor se detiene en determinados episodios de la guerra civil como el que sigue a la caída de Málaga en poder de las tropas franquistas en febrero de 1937. La ciudad se convirtió en una auténtica ratonera, donde decenas y decenas de personas eran fusiladas cada noche en las tapias del cementerio de San Rafael, que alberga el segundo conjunto de fosas comunes más importante de Europa con casi 5.000 esqueletos, después de Sebrenica, en Bosnia Herzegovina. “Se organizaban matanzas de prisioneros todas las noches. Decían: A ver que salgan los de la celda 21 y cargaban el camión rumbo al cementerio”. Pero no sólo eran asesinados los malagueños, sino también los andaluces llegados semanas y meses antes a una ciudad colapsada que duplicaba su población por la presencia masiva de refugiados huyendo de la represión rebelde. Moreno documenta bastantes ejemplos de llegadas de grupos de falangistas de pueblos del occidente andaluz en manos golpistas “que iban a cazar a sus paisanos”, para detenerlos, llevárselos a sus localidades de origen y allí matarlos. “O por el camino de vuelta, como pasó con un grupo de republicanos de Morón, que fueron fusilados en La Puebla de Cazalla”.

La “carretera de la muerte”

Las cien mil personas, en su mayoría civiles, que se encaminaron apresuradamente hacia Almería por la carretera de la Costa durante los días siguiente a la toma de Málaga, tenían plenamente justificados sus temores y padecieron el ataque continuado de los sublevados: por aire bombardeados y ametrallados por la aviación italiana y desde el mar cañoneados por la marina rebelde. El médico canadiense que auxilió con su ambulancia a cientos de huidos por aquella “carretera de la muerte” considera que aquello fue el mayor crimen de guerra en España, más que las matanzas de Badajoz y que el bombardeo de Guernica. “Estamos hablando de casi cinco mil muertos”, comenta Francisco Moreno, aclarando que “en la República nunca se ametralló a los civiles que huían de los pueblos por miedo a la represión, cosa que el franquismo hizo masivamente en Málaga, pero también en 1938 en el cierre de la bolsa de La Serena y en Don Benito (Badajoz), y durante la evacuación de de Tarragona en enero de 1939, como bien recogió Robert Capa en sus fotos. Es la criminalidad de guerra de que se ocupa la justicia universal”.

Otro aspecto de la guerra escasamente abordado en el que se detiene moreno Gómez es el de los “niños o hijos de la noche”, un original fenómeno de grupos de guerrilleros que hacían peligrosas incursiones nocturnas al otro lado del frente, en la retaguardia enemiga para realizar acciones de sabotaje, para liberar detenidos, para robar ganado y víveres y para ataques sorpresa. “Formaron en todo el frente -dice Moreno Gómez- el 14º cuerpo guerrillero, estructurado y comandado por el jienense Domingo Hungría, que tenía su sede principal en Villanueva de Córdoba, con sedes también en Granada, Badajoz, Alcalá de Henares, y un centro de entrenamiento en Benimámet (Valencia)”. Estos grupos de guerrillas, que progresivamente fueron recibiendo apoyo de técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, efectuaron acciones de guerra importantes, como la voladura de un tren militar cargado de soldados italianos y la liberación de 300 presos republicanos en el fuerte de la localidad costera granadina de Carchuna. Los guerrilleros del frente sur (entre Córdoba y Extremadura) sumaron durante la contienda 239 sabotajes, 17 emboscadas, 6 incursiones, 87 trenes descarrilados, 112 vehículos destruidos y 2.300 bajas enemigas, entre muertos y heridos, con tan sólo 14 muertos propios, según precisa el investigador Francisco Moreno en su libro Trincheras de la República. Asegura que la voladora de un puente en la carretera de Peñarroya y Córdoba inspiró al mismísimo Hemingway para el argumento de su novela Por quién doblan las campanas.

http://www.publico.es/490537/franco-no-habria-ganado-la-guerra-civil-sin-la-ayuda-de-hitler-y-mussolini


Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho “el ridículo” al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”, dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que “todo era una mentira”.

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: “Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido”.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que “cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales” y que “los jueces desestimen” la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido “defectos de todo tipo”, especialmente cuando “lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento”, según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que “cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la “dignidad” de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas “solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones”; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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A qué llamamos franquismo

diciembre 1, 2013

El PSOE dejó intactos los pilares de la dictadura: el poder económico y la Iglesia

  30 NOV 2013 
 
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La anulación de la doctrina Parot por el Tribunal europeo de Derechos Humanos —si se hubiera remozado a tiempo el Código Penal de 1973, no habría habido ni doctrina ni condena— y la reciente demanda del PSOE ¡38 años desde la muerte del dictador! de que se suprima por fin del Valle de los Caídos la función de símbolo vivo del franquismo, han puesto de manifiesto que el viejo régimen sigue marcando la actualidad.

El tránsito de la dictadura a la democracia, “de la legalidad a la legalidad”, llegó con la Ley para la Reforma Política, la última “ley fundamental” del régimen y la primera del reformado. Sin participación de la débil oposición, entonces simplemente tolerada, las Cortes franquistas sentaron las bases de la nueva etapa que abría la “monarquía parlamentaria”, con dos cámaras, Congreso y Senado, elegidas por sufragio universal.

Para las primeras elecciones en junio de 1977, el último presidente del Gobierno del régimen fallecido y el primero del que estaba por nacer dictó una ley electoral, que todavía se mantiene en sus aspectos básicos, especialmente pensada para facilitar una mayoría amplia a los dos partidos de ámbito nacional más votados, restableciendo así, conscientemente o no, la alternancia que caracterizó a la restauración de 1874.

Con los resultados de las primeras elecciones en las que el pueblo español tuvo algo que decir, el modelo franquista de transición empezó a resquebrajarse, al imponer una Constitución por consenso. Pero, mientras gobernase la fracción reformista del franquismo bajo la estrecha vigilancia de un Ejército propenso a defender las viejas esencias, se comprende que no cupiese, no ya romper, es que ni siquiera distanciarse del pasado.

Al llegar al poder los socialistas refuerzan el tipo de democracia
harto restrictiva
de la transición

Pese a que se actuó con la mayor cautela, la actitud antidemocrática de una buena parte del Ejército desencadenó el 23-F; su derrota supuso también el fin del franquismo más acérrimo. El apabullante triunfo socialista de 1982, inconcebible sin la intentona, parecía garantizar el fin definitivo del franquismo, pero lamentablemente tampoco entonces se llevó a cabo la ruptura esperada.

Un libro reciente de José Ángel Sánchez Asiaín, con un gran acopio de datos, fundamenta algo básico, de lo que hasta ahora no se era consciente con la claridad necesaria: fue la élite económica —terratenientes, industriales, financieros— la que desde el mismo 14 de abril promueve y financia el golpe militar, recabando la ayuda de Salazar, Mussolini y Hitler, que endeuda a España por decenios.

A la conspiración del dinero la Iglesia católica da cobertura ideológica, constituyéndose en un apoyo determinante de la rebelión. Ni los partidos de derechas, ni las minúsculas organizaciones fascistas hubieran podido subvertir el orden republicano. Los dos agentes principales de la conspiración fueron también los mayores beneficiarios de los 40 años de dictadura.

Si franquismo significa la conjunción del poder económico y el de la Iglesia, es obvio que se remonta a etapas anteriores a la República, que habría más bien que entender como el primer intento de poner coto a ambos. En esta nueva acepción el franquismo ha existido antes de la república, y desprendido de la tramoya —partido-movimiento, sindicatos verticales, nacional sindicalismo— persiste a la muerte del dictador. El poder del dinero, lejos de declinar, ha aumentado, y a pesar de una pérdida enorme de influencia social, la Iglesia mantiene sus privilegios.

Los logros de los primeros Gobiernos socialistas —haber arrancado de raíz el viejo militarismo, desenganchándonos de una losa que arrastrábamos desde hace siglo y medio, acudiendo tanto a los fondos de reptiles, como a una política militar consecuente; sentar los rudimentos del Estado social; conseguir integrarnos en Europa— no debe acallar el hecho de que los socialistas, a la cabeza los que venían de un marxismo harto confuso, reforzaron las dos columnas del llamado franquismo, el dinero y la Iglesia.

Sin la menor querencia por una socialdemocracia, que ya habían criticado al inicio de la transición, apelando a modelos harto vagos de socialismo, al llegar al poder los socialistas de repente descubren que la única política eficiente para crear riqueza sería la neoliberal que predican Reagan y Thatcher. El keynesianismo, con su doble objetivo de combatir, mediante la intervención del Estado, el desempleo y la desigualdad —justamente las dos metas con las que la socialdemocracia se había identificado— sería agua pasada.

El poder económico, que dominó con la clase obrera encadenada, alcanza su auge con el PSOE en el Gobierno

Como sucedáneo cobija el dogma simplón de que, primero, habría que crear riqueza, algo de lo que solo sería capaz un capitalismo sin trabas —cualquier otra opción nos condenaría a repartir miseria— que luego los Gobiernos de izquierda ya se encargarían de distribuir con equidad, ignorando lo más elemental, que el reparto viene ya implícito en el modo de producir.

El poder económico que se consolidó en la restauración, que financió la aniquilación de la república, que durante la dictadura dominó con la clase obrera encadenada, logrando salir incólume en una transición hecha a la medida, alcanza su mejor momento al llegar los socialistas al Gobierno. La prioridad socialista de crear riqueza, dejando actuar a un capitalismo sin cortapisas, expande sobre todas las clases sociales el afán de enriquecerse.

En cuanto a la relación con la Iglesia, la pauta es evitar cualquier tipo de fricción. A nadie se le pasa por la cabeza, no ya cancelar el Concordato, expresión máxima del franquismo, es que ni siquiera restringir uno solo de sus privilegios. Incluso se nombra embajador en el Vaticano al antiguo alcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que más bien ejerció como representante de los intereses de la Santa Sede ante el Gobierno de España.

La reciente conferencia socialista propone, como única novedad, abolir el Concordato. Si se hubiera llevado a cabo dentro de un proceso de ruptura con el franquismo, que ni siquiera se planteó, hubiera resultado factible; reclamarlo tan lejos del poder para poder cumplir, es regalar munición a la derecha a cambio de nada.

Tan grave como la continuidad con el franquismo, conservando intactos sus dos pilares, el poder económico y el eclesiástico, fue reforzar la actitud recelosa ante la democracia que había teñido la Transición.

La refundación del PSOE, a gran velocidad y partiendo prácticamente de la nada, facilitó un fuerte control del partido desde la cúspide, que se hizo omnímodo con el reparto de cargos al llegar al Gobierno. No solo no quedó rastro de democracia interna, sino que la menor crítica que se hiciera desde sus filas, los militantes la interpretaban como un ataque personal que ponía en cuestión la posición adquirida, o la expectativa de conseguirla. Y con las cosas de comer no se juega.

Pero tanto o más que cuidar de que en casa “no se alborote el gallinero”, había que ser diligente a la hora de desmontar los movimientos sociales, que de suyo propenden a desmadrarse con iniciativas o reclamos que no encajan en la política realista y moderada que se quería poner en marcha.

La llegada del PSOE al poder, en vez de ampliar, refuerza el tipo de democracia harto restrictiva de la Transición. Así como en lo económico se aparta de los principios básicos de la socialdemocracia (papel del Estado en las políticas de empleo y de igualdad) y rompe con la unidad de acción de partido y sindicato (movimiento obrero); en lo político, repudia cualquier forma de participación social, empeñado en desmontar los movimientos vecinales y asociaciones de base, con lo que la democracia queda constreñida en su forma más escuálida de votar en los plazos previstos, aplicando sin cambio sustantivo, para mayor inri, la impresentable ley electoral heredada.

http://elpais.com/elpais/2013/11/20/opinion/1384946653_689186.html

Los resultados están a la vista.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.


La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El PSOE aboga por recurrir al derecho internacional por los crímenes franquistas

diciembre 1, 2013

Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 

EUROPA PRESS Granada 30/11/2013

Miembros de la Plataforma 'Solidarios con Garzón' concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

Miembros de la Plataforma ‘Solidarios con Garzón’ concentrados frente el Tribunal Supremo en solidaridad con el magistrado y con las víctimas de la represión franquista. Archivo EFE.

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Los socialistas de Granada han organizado una charla coloquio sobre “los avances que ha supuesto” la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas del franquismo y el camino “que queda por recorrer seis años después de la entrada en vigor de la ley”. Así, en el acto, el PSOE ha abogado por recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista.

Según un comunicado, en el debate, titulado ‘El PSOE y la Memoria Histórica’, han participado el diputado socialista en el Congreso José Andrés Torres Mora, que fue ponente de la ley de Memoria Histórica de 2007; el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, y la diputada provincial Fátima Gómez, que ha presentado el acto.

Así, Torres ha destacado que la Ley de Memoria Histórica “es la ley del reconocimiento de lo que sufrieron muchas personas que fueron asesinadas, encarceladas o que tuvieron que irse al exilio por defender los derechos y libertades”, a lo que ha agregado que esta ley tenía como objetivo “recuperar el honor público de esas personas inocentes que lucharon por sus ideales y que fueron asesinadas”.

“No ha producido ningún daño, ha hecho algún bien”, ha declarado Torres

De igual forma, ha indicado que la ley también perseguía facilitar el acceso a los archivos y a la documentación de la guerra y de la dictadura, así como recuperar los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes. “Seis años después de su entrada en vigor, vemos que no ha sucedido nada de lo que decían los que se oponían a la Ley de Memoria Histórica, ha destacado Torres, para quien la norma “no ha producido ningún daño y, en todo caso, ha hecho algún bien”.

“Reparación moral de las víctimas”

Por su parte, Bracero se ha referido a “los avances” la ley de 2007 “por lo que supuso para la reparación moral de las víctimas”, pero también a sus limitaciones, entre ellas, “que no se anularan las sentencias del franquismo”.

Además, ha indicado que se ha dejado como una “labor casi privada” la financiación de las exhumaciones y la búsqueda de los restos de las víctimas de la represión. “No hubo suficiente implicación del Estado en esas labores de localización y exhumación de las víctimas”, ha precisado. En su opinión, “muchas de las víctimas siguen siendo potencialmente delincuentes, porque se ha dado un reconocimiento de ilegitimidad a las condenas pero no se han anulado y, por lo tanto, las sentencias siguen vivas”.

Al referirse a los límites de la Ley de Memoria Histórica, ha señalado que hay que recurrir al derecho internacional para investigar los crímenes del franquismo. “El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha puesto los deberes al indicar que deberíamos anular la Ley de Amnistía de 1977, seguir investigando en los juzgados y conseguir la anulación de las sentencias”, ha matizado.

Por último, Bracero ha matizado que “mientras no sean anuladas esas sentencias, los que dieron su vida por el socialismo, por el anarquismo y por las libertades, siguen siendo unos delincuentes y eso no lo podemos tolerar casi 80 años después de la República y después de seis años de experiencia de la Ley de Memoria Histórica”.

http://www.publico.es/486055/el-psoe-aboga-por-recurrir-al-derecho-internacional-por-los-crimenes-franquistas


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Franco ocultó el mayor envenenamiento masivo de la historia de España

diciembre 1, 2013

‘Metílico, la bebida de la muerte’ es el documental recién estrenado en homenaje a las víctimas de una tragedia de que trató de ocultarse por motivos económicos y políticos hace ahora medio siglo.

EVA RODRÍGUEZ / SINC Madrid 01/12/2013

Garrafas intervenidas por la policía, como prueba en el sumario de la causa del orujo metílico. A la derecha, el bodeguero ourensano Rogelio Aguiar abandona el tribunal a la espera de conocer el fallo judicial por la intoxicación que provocó y que sabía que podía ser letal.-

Garrafas intervenidas por la policía, como prueba en el sumario de la causa del orujo metílico. A la derecha, el bodeguero ourensano Rogelio Aguiar abandona el tribunal a la espera de conocer el fallo judicial por la intoxicación que provocó y que sabía que podía ser letal.-SINC

Emilio Rodríguez se despertó una mañana de 1963 en su aldea de A Pena (Ourense), se asomó a la ventana para ver sus viñedos y todo estaba nevado. Era pleno mes de agosto. Se fue al baño, se miró al espejo y allí también nevaba. Minutos después perdía la vista para toda la vida. La noche anterior se había tomado una copa de licor café de garrafa que provenía de las bodegas de Rogelio Aguiar.

Han pasado cincuenta años de esto, un caso real con el que arranca el documental del director de cine Emilio Ruiz Barrachina. Lo acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Ourense y se emitirá próximamente en la Televisión de Galicia y en La 2 de Televisión Española.

El trabajo audiovisual narra los hechos del denominado ‘caso del metílico’, el mayor envenenamiento masivo de la historia de España provocado por metanol o alcohol metílico, y que por intereses políticos y económicos trató de ocultarse en la época. Como consecuencia, muchos de los fallecimientos fueron registrados como muertes naturales.

El mayor envenenamiento masivo de la historia de España se ocultó por intereses políticos y económicos 

“La bodega de Rogelio Aguiar no vendía el alcohol con su sello, sino que lo distribuía en garrafón a otros bodegueros para que lo embotellasen. Se sabe que compró en Madrid 75.000 litros de alcohol metílico porque, según manifestó, le dijeron que se podía consumir si se rebajaba con agua. El alcohol que compró estaba destinado a la fabricación de combustible de aviones”, explica a SINC Ruiz Barrachina.

La realidad era que el alcohol metílico costaba la mitad que el etílico y quería hacer negocio. Con esos 75.000 litros, él fabricaría un total 125.000 que pondría a la venta a bodegas de toda España en garrafas. Uno de los lugares donde llegaron primero fue Lanzarote, porque había un bodeguero en Vigo con muy buenas relaciones con Canarias.

“Es por eso que la primera persona que relaciona el consumo de determinadas botellas de alcohol con los fallecimientos y la ceguera es una farmacéutica canaria, Elisa Álvarez. A partir de ahí empieza la investigación. Pero la tragedia se extiende por toda España, y donde más incidencia tiene es en Galicia”, añade el director de cine.

Tan solo una copa de licor café o de orujo fue capaz de dejar ciego o matar a quien se la bebió

“El metanol produjo en aquel momento una tragedia que a veces se reproduce por la ignorancia de la gente. Este producto tóxico se absorbe y se metaboliza en el hígado creando ácido fórmico y formaldehído. El primero provoca problemas digestivos y síntomas de embriaguez -como una intoxicación etílica-, y el formaldehído ataca a la retina y causa la ceguera. La muerte sobreviene porque una vez absorbido pasa rápidamente a los órganos y puede provocar un coma“, declara a SINC Rosario Moyano, catedrática de toxicología de la Universidad de Córdoba.

Por esta intoxicación falleció sobre todo gente de extracto social bajo, consumidores de aguardiente o licor café de garrafa. Al ser en su mayoría personas de los pueblos y con pocos recursos, muchas de ellas se consideraron muertes naturales.

Juicio descafeinado por los intereses del franquismo

En el juicio se mezclaron los intereses económicos y políticos del franquismo. El gobierno de Franco iniciaba por entonces una costosa campaña para vender al exterior que España se había modernizado y quería ofrecer nuevas oportunidades al turismo.

“Si este caso se llegaba a conocer y saltaba a los medios internacionales, como tenía que haber sucedido, todo aquello se podía venir abajo y por eso trataron de ocultarlo”, apunta el director del documental. Por otra parte, España continuaba recibiendo dinero de EEUU y este escándalo hubiera repercutido en las relaciones con los estadounidenses.

“Lo equipararon a vender productos caducados y por ello solo se reconocen 51 muertes”, explica Ruiz Barrachina Lo que se hizo, de la manera legal que entonces creyeron más oportuna, fue plantearlo no como homicidio involuntario, sino como un juicio de atentado contra la salud pública, un mal menor. “Lo equipararon a vender productos caducados y por ello el resultado es que solo se reconocen 51 muertes“, subraya Ruiz Barrachina.

Durante el juicio hubo once imputados que fueron condenados, sin embargo, ninguno de ellos llegó a cumplir íntegra su condena. Además, las cuantiosas indemnizaciones que debían pagar a las víctimas nunca llegaron porque se declararon insolventes.

El fiscal del caso, Fernando Seoane, siempre defendió que solo con hacer un sencillo cálculo matemático de lo que pueden producir 125.000 litros de alcohol tóxico en el mercado, se podía saber la magnitud de la tragedia. Seoane estimaba que las víctimas estuvieron por encima de 5.000, entre fallecidos y personas que se quedaron ciegas.

El metílico letal de Aguiar llega a Nueva York

Debido a las enormes cantidades de alcohol metílico que vendió Rogelio Aguiar, algunas de las garrafas llegaron incluso al otro lado del Atlántico, como indica el escritor y periodista de investigación Fernando Méndez en su libro Metílico, 50 años envenenados, en el que está basada la película.

Ese año hubo una muerte masiva de vagabundos en Manhattan por alcohol metílico

“En el puerto de Nueva York fue intervenido un envío procedente de Vigo de bebidas contaminadas con alcohol metílico, según recoge el sumario del caso. Debido al descontrol de las autoridades sanitarias y de aduanas, no se sabe con exactitud qué cantidad pudo llegar realmente. Lo que sí coincide en el tiempo, primavera del 63, es la muerte masiva de vagabundos en la zona de Manhattan por alcohol metílico, con bebidas baratas que provenían de garrafón. Los diarios se hicieron eco de ello. Es mucha coincidencia”, argumenta a SINC Méndez.

Su libro está escrito a partir de una investigación de cinco años, de los más de 30.000 folios del sumario del juicio. “No sé si podría volver a abrir el caso y aportar nuevas pruebas, pero creo que las víctimas merecen por lo menos un reconocimiento social que no han tenido en los últimos 50 años”, subraya Méndez.

Un caso difícil de repetir en España

Casos de intoxicación y muerte por alcohol metílico suceden en el mundo todas las semanas. En el caso de España, se continúa produciendo ‘aguardiente de casa’ fuera del control de un consejo regulador.

En Madrid se han analizado este año 140 bebidas espirituosas. El 25% orujos de los cuales solo uno incumplía la normativa 

Sin embargo, en la actualidad los controles de calidad del alcohol pasan por procesos que hacen muy difícil que algo así pueda volver a repetirse. De ello se encargan laboratorios como el de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid.

“Nosotros actuamos de acuerdo con unas campañas analíticas que, tras la inspección y toma de muestras, se llevan a cabo en nuestro laboratorio”, apunta a SINC Emiliano Rojas Gil, adjunto al jefe de departamento del laboratorio. En total en Madrid se han analizado este año 140 bebidas espirituosas. El 25% fueron orujos, de los cuales solo uno incumplía la normativa.

“Aplicamos un reglamento que establece un contenido máximo de metanol. Los límites son, por ejemplo, 1.000 mg/L para orujos, 2.000 mg/L en brandis y 1.500 mg/L en aguardiente de hollejo de fruta. Si se sobrepasan, las bebidas están fuera de la legislación y se consideran tóxicas”, argumenta Rojas.

Este año, el caso del orujo que llegó al laboratorio con límites por encima de lo permitido se solucionó rápidamente según el protocolo de actuación. Hicieron un análisis contradictorio con la empresa, esta corrigió su sistema de producción y eliminó del mercado todo el producto. “La nueva partida ya reunía las condiciones de acuerdo con el reglamento”, asegura Rojas. Para que casos como el del metanol de Galicia no vuelvan a suceder, y se pueda hacer justica a personas como Emilio Rodríguez, sus historias no deberían caer nunca en el olvido.

http://www.publico.es/486047/franco-oculto-el-mayor-envenenamiento-masivo-de-la-historia-de-espana


Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


Las leyes de Franco para oficializar el miedo…

noviembre 24, 2013

La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.

PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año.

Esta norma fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier actividad “perturbadora del orden público” fomentada por asociaciones y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se expone en el artículo dos de la ley.

La Ley de Orden Público contemplaba multas de hasta un millón de pesetas

Asimismo, otorgaba competencias a la “autoridad gubernativa y sus agentes”, es decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización del orden público.

“Fuera de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo”, explica el historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. “La propia naturaleza del franquismo es un sustancialmente represiva”, matiza. Prueba de ello eran las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma, variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500 pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.

Una ley para oficializar el miedo

En febrero de 1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se había cometido -durante los años de la Segunda República-. “Esa ley se concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al enemigo”, subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados como a quien mostrara “pasividad grave” al respecto.

En 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó

Dicha norma posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en espera de iniciarse.

En 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad de Castilla La Mancha publicado en 2007.

La legislación oprimía fundamentalmente a las mujeres 

El entramado jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936, la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República. La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.

“También se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio”, apunta Álvaro Dueñas. “Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres”, añade.

Juicios militares para delitos de contrabando

En un estado militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto régimen de racionamiento. “La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión militar, pero lo importante es cómo se aplicó: “Acabaron siendo juzgados los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas con el contrabando“, detalla Álvaro Dueñas.

Con especial dureza se aplicaron también las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.

http://www.publico.es/484494/las-leyes-de-franco-para-oficializar-el-miedo


“El concepto de orden público debe entenderse de manera limitada”

noviembre 24, 2013

Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.

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PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. “Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos”, aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la “restricción” de esos derechos “sea proporcionada a los fines que se persigue”. “Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos”, explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. “Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones”, recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que “toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales”, concluye.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/484499/el-concepto-de-orden-publico-debe-entenderse-de-manera-limitada