El Gobierno agasaja a un teniente del franquismo y de la División Azul

diciembre 20, 2013

El martes, dos mandos del Ejército visitaron a Pérez Casado en su domicilio para entregarle un «presente» por las navidades. Amaiur registra una pregunta requiriendo al Ejecutivo explicaciones por el homenaje a un militar que «fue un voluntario nazi»

IÑIGO ADURIZ Madrid 19/12/2013

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un imagen de archivo.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un imagen de archivo.- EFE

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El Gobierno que acabó con las ayudas para la memoria histórica y que sigue haciendo caso omiso al informe de la ONU que le insta a buscar a los desaparecidos durante la dictadura de Franco, también reconoce la trayectoria profesional de aquellos que lucharon por el régimen franquista. Esta misma semana altos mandos del Ejército han homenajeado a uno de esos militares que centraron toda su labor profesional al servicio de la dictadura. 

Según recoge la propia página web del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa que dirige Pedro Morenés, el teniente de Infantería Germán Pérez Casado, que tiene 99 años, recibió en su domicilio este mismo martes la visita del jefe de Fuerzas Pesadas, el general Alcañiz, y del presidente de la Hermandad de Veteranos en Burgos, el general González Bueno, «con motivo de las próximas fiestas navideñas». Se trata, tal y como explica el texto de la página del militar «más veterano de Burgos».

A renglón seguido, Defensa realiza un breve resumen de la trayectoria profesional de Pérez Casado. Explica que nació en octubre de 1914,  y que «estuvo destinado en Seo de Urgel, Cartagena, Cádiz, Bilbao y Burgos», antes de recorrer «prácticamente toda la geografía durante su época de militar en activo».

¿Un hecho «ultra»?

Pero además, el propio Ejército reconoce que durante el encuentro se entregó al militar «un presente conmemorativo», a pesar de que en la década de los años 40 «fue componente de la División Azul», unidad de voluntarios nazis de la Segunda Guerra Mundial. «El veterano rememoró las experiencias vividas durante su dilatada carrera militar», añade la citada web.

Ante esta información, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu ha registrado este jueves una batería de preguntas (ver PDF) a las que Público ha tenido acceso, instando al Gobierno a que de explicaciones ante semejante agasajo «a un militar franquista que para más inri fue un voluntario nazi». Cuestiona el parlamentario independentista si «merece algún tipo de reconocimiento» recordar a esa persona que, insiste, luchó junto a las tropas de Hitler. Y pregunta si el Gobierno considera que este tipo de homenajes «ayudan a cumplir» lo que reivindicó en septiembre la Comisión Europea: «la importancia de preservar la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios». 

Iñarritu recuerda también que en noviembre trascendió la existencia de un documento interno de Defensa que destacaba que «se temía que se pudieran reactivar sectores ultras del Ejército». Así, pregunta al Ejecutivo si considera que el caso de Pérez Casado «se encuadra dentro de los hechos de carácter ultra a prevenir.

http://www.publico.es/490359


Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho «el ridículo» al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo», dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que «todo era una mentira».

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: «Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido».

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que «cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales» y que «los jueces desestimen» la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido «defectos de todo tipo», especialmente cuando «lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento», según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que «cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio».

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la «dignidad» de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas «solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones»; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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http://www.publico.es/490719/hernando-pp-dice-que-las-victimas-del-franquismo-han-hecho-el-ridiculo-al-denunciarle


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

«Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón», han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. «Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas», ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. «Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara», ha defendido.

Compromís-Equo: «No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así» «El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España», ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de»asumir esta proposición».

Según Rodríguez, «expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista».  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado «el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma», mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de»Libertad, justicia y reparación» de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras «infracciones graves».

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. «No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así», ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben «cuál será el resultado» de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral «porque no compartían el conjunto de la iniciativa», pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que «entre todos» logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


Los ‘niños de la guerra’ «ruegan» a Rajoy que recupere la subvención que les retiró Zapatero…

noviembre 22, 2013

El Centro Español de Moscú denuncia que sin la ayuda del Estado español están condenados a desaparecer. El ayuntamiento de Moscú ha denegado toda ayuda al Centro y ha reiterado la subida del alquiler de un 100%. Vladimir Putin también desoyó sus peticiones de auxilio.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 22/11/2013

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

Foto de familia de los llamados «niños de la guerra» civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

El Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE en la URSS y punto de encuentro desde 1965 de los niños de la Guerra Civil española que fueron traslados al Estado soviético, continúa en una situación agónica, cercana al cierre. La subida del alquiler del 100% por parte del Ayuntamiento de Moscú hace «prácticamente imposible el mantenimiento del Centro» y las llamadas de socorro de los hoy nonagenarios niños de la guerra son constantes. Tras pedir ayuda, sin éxito, al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Centro reclama al Gobierno que atienda su petición de recuperar la subvención de la que fue receptor hasta el año 2010, cuando se le fue retirada por «no haber sido justificada convenientemente».

«No disponemos de la suma de dinero que nos pide el Ayuntamiento ruso y tampoco de la subvención que nos envió España durante muchos años. Así, nos será imposible seguir manteniendo abierta esta casa de todos los españoles que residen en Rusia. Necesitamos ayuda», señalaba ayer a este medio Francisco Mansilla, presidente del Centro Español en Moscú.

En una misiva dirigida al Imserso, los niños de la guerra «ruegan» a las autoridades españolas retomar la subvención de 21.000 euros que durante tanto tiempo estuvieron recibiendo y que fue cancelada en el año 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Administración alegó que el Centro no estaba utilizando la totalidad de los fondos enviados a mantener el normal funcionamientos del Centro y sí hay a otros fines. Desde el Centro Español de Moscú explican que esos fondos fueron utilizados para pagar los «entierros y medicinas» de algunos miembros españoles del Centro Español que no tenían nada.

«La situación en Rusia es muy dura y las pensiones son muy bajas. Hubo casos de españoles que murieron y que no disponían de ningún dinero para ser enterrados y el Centro sufragó los gastos», señala a Público Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio, y apoderado del Centro en España.

Para recuperar la subvención, el Centro Español de Moscú se ofrece a reintegrar la cantidad de dinero, más los intereses, que el Imserso considera que ha sido «mal utilizado»: 25.554 euros, en un plazo de diez años, a través de cuotas extraordinarias a los socios y donativos desinteresados de la ciudadanía. Sin embargo, la oferta del Centro, que se encuentra en una situación desesperada, no ha sido atendida por el Gobierno hasta el momento.

«Un mes después de ser enviada la carta contestó [julio] el Imserso y nos dijo que pasaba la petición a Hacienda. Desde entonces no sabemos nada. Hacienda no nos ha contestado, ni tampoco dado acuse de recibo. Nos parece hasta de mala educación», se lamenta Dolores Cabra, que se queja de lo «inhumano» del trato de la Administración cuando antes «todos los presidentes del Gobierno y hasta el príncipe habían acudido a visitar al Centro».

Subida de alquiler de un 100%

La situación que vive el Centro Español de Moscú, ya delicada de por sí, se ha agravado tras la decisión del ayuntamiento de Moscú de casi duplicar el precio del alquiler del local con efectos retroactivos desde el pasado enero. El coste de la sede ha pasado de 1.236 euros al mes a algo más de 2.400 euros. La única explicación del ayuntamiento de Moscú ha sido una vaga referencia a un «acuerdo suplementario» con fecha del 23 de agosto.

Ante la quiebra económica de la entidad que supondría este dramático cambio en las condiciones del arrendamiento, el Centro pidió al ayuntamiento de Moscú pagar un «alquiler simbólico» de «un rublo al mes» por el local que arrendan en el centro de la capital rusa. La histórica institución trataba de acogerse a los privilegios que el ayuntamiento moscovita sí ha concedido a otras organizaciones como el Circo de Moscú.

Sin embargo, la respuesta de Moscú llegó esta misma semana: No. El Centro debe pagar el doble de lo pagado hasta el momento desde el mes de enero de 2013. «Es tremendo que el país que los mandó para allá cuando eran niños y el país que los recogió se olviden de ellos ahora que son nonagenarios. Es una vergüenza», prosigue Cabra.

El único alivio para las arcas del Centro Español ha llegado desde Euskadi. El Gobierno de Patxi López (PSOE) aprobó una ayuda de urgencia de 10.000 euros que fue ratificada y hecha efectivo por el Gobierno de Urkullu (PNV) tras las elecciones. «Con los 5.000 euros del segundo pago de la subvención y las aportaciones desinteresadas de los ciudadanos pagaremos la deuda contraída con el Ayuntamiento, pero en las arcas ya no queda nada. La situación es insostenible», zanja Cabra.

 

‘Los niños de la guerra’

La larga travesía hacia el olvido de estos españoles en perpetuo exilio comenzó en 1937. Alrededor de 3.000 menores españoles llegaron a Rusia huyendo de la Guerra Civil y fueron alojados en las llamadas ‘Casas de niños españoles’, residencias donde recibían educación y alimentos. La Unión Soviética procuró una carrera universitaria al que deseara estudiar y un oficio industrial a los que prefirieron trabajar. A pesar de las circunstancias, muchos de ellos reconocen haber sido unos privilegiados por el trato recibido de las autoridades soviéticas, sobre todo si se compara con los derechos del pueblo ruso.

La tragedia, sin embargo, iba por dentro. Han vivido la Guerra Civil cuando aún eran demasiado pequeños para entender qué estaba ocurriendo, pero también padecieron el horror de la II Guerra Mundial. Muchos de ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que trabajar en la construcción de aviones y armamento militar en la Unión Soviética. Se trataba de derrocar al fascismo, y la victoria de la URSS también les acercaría a su victoria personal: regresar a casa junto a papá y a mamá.

La comunidad española de ‘niños de la guerra’ fue la única familia para la mayoría de ellos y el Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE reconvertida en centro cultural en 1965, su último suelo patrio. De los tres mil niños de la guerra que salieron de España con rumbo a la URSS durante y después de la Guerra Civil, quedan hoy en Rusia 105 personas (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades), 20 menos que a principios de enero de 2012.

Donaciones
Si quiere hacer una donación en apoyo al Centro Español de Moscú, puede hacerlo a través de la siguiente cuenta:

SOS Centro Español Moscú: CC/ 2013 064612 0200708987

La asociación acreditada para recoger fondos es Archivo, Guerra y Exilio (AGE).

http://www.publico.es/484094/los-ninos-de-la-guerra-ruegan-a-rajoy-que-recupere-la-subvencion-que-les-retiro-zapatero

 


El PP y la Guerra Civil

agosto 31, 2013
El País, – 30 agosto 2013

SOLEDAD CALÉSEl portavoz del partido en el Gobierno hace suya la versión del conflicto de la propaganda franquista

EL PAÍS 30 AGO 2013 –

Nunca sabremos si Rafael Hernando, portavoz del PP, tuvo envidia del éxito de Carlos Floriano con  sus comparaciones entre catedráticos y registradores, si le salió de natural ante las cámaras de Cuatro esa frase de que “las consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos”, o si simplemente exhibió la versión más retrógrada de su partido justo cuando los suyos habían iniciado investigaciones para expulsar a aquellos que siguen utilizando los símbolos fascistas.

Se extendió luego, además, sobre indoctas consideraciones sobre la bandera republicana. Por la tarde, y a la vista de la que se le vino encima, quiso rectificar. Y lo hizo de esta manera tan poco gallarda: “Es un hecho que el colapso de la Segunda República, el golpe militar y la posterior Guerra Incivil provocó la mayor tragedia de nuestra historia”.

No está claro cuáles son los requisitos para ser portavoz del PP, pero a la vista de sus éxitos en las últimas 48 horas, está claro que la incontinencia y la irreflexión son cualidades muy apreciadas por la dirección de ese partido para ejercer dicha tarea. La frase de Hernando no es ni siquiera provocativa. Es tan solo la demostración palpable de alguien que presume de su ignorancia. Lleva Hernando muchos años —ya lo hizo con provecho para su carrera en la etapa de Aznar— ejerciendo este papel de pendenciero profesional. Pero este tono camorrista, si nunca debe aplaudirse, es claramente escandaloso cuando se sumerge, además, en aspectos tan sensibles para la convivencia entre españoles.

Dejemos a un lado la consideración sobre las banderas, propia de alguien que desprecia lo que dice el propio texto legal, ya de por sí bastante grave. Lo importante es el seguimiento, por convicción o interés, de esa falacia que quieren imponer los llamados historiadores neofranquistas —equivocada definición: ni son historiadores y son puros franquistas— de culpar a la República de la sangrienta Guerra Civil.

Una vergüenza, porque es la única manera que tiene la extrema derecha de justificar la aberración del golpe militar del general Franco. ¿Eso es lo que hace Hernando, defender el levantamiento? ¿Es esa versión de la historia la que aún hoy, casi 80 años después, mantiene el PP?

http://elpais.com/elpais/2013/08/29/opinion/1377804026_409259.html


Gobiernos de PP y PSOE han financiado con 80.000 euros a excombatientes de Franco que ayudaron a Hitler

mayo 19, 2013

Infolibre, 17/05/2013 – 18 mayo 2013

fascistas hijos de puta

La Hermandad nacional de la División Azul ha recibido subvenciones públicas de forma ininterrumpida desde el año 2000

 La delegada del Gobierno en Cataluña homenajeó a la agrupación de excombatientes durante la celebración del aniversario de la Guardia Civil

IBON URÍA

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Pere Aragonés ha denunciado que la Hermandad nacional de la División Azul recibe subvenciones del Estado. En concreto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entregó a esta asociación un total de 3.579 euros según una resolución del pasado 14 de diciembre de 2012, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de enero de 2013.

La denunciada por el diputado Aragonés no es la única ocasión en la que la agrupación, que reúne a los excombatientes franquistas que ayudaron a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, recibe fondos del Estado. De hecho, y bajo el epígrade “Atención a personas mayores”, la Hermandad ha recibido dinero público año tras año y de forma initerrumpida desde el 2000 hasta sumar 77.390,19 euros. Las subvenciones públicas de mayor cuantía se entregaron entre 2005 y 2010, cuando alcanzaron los 6.697 cada año.

La polémica llega un día después de que este miércoles se conociera que la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, homenajeó a la Hermandad durante la celebración del 169 aniversario de la Guardia Civil en Cataluña. Los antiguos integrantes de la División Azul acudieron al acto vestidos con uniformes falangistas y recibieron de manos de la delegada un diploma.

La Hermandad nacional de la División Azul, registrada como fundación cultural privada desde marzo de 1991, tiene entre otros objetivos recordar y homenajear “a los que perdieron sus vidas, defendiendo sus ideales y su fe encuadrados en la División Azul”. La Hermandad también busca establecer relaciones con otras organizaciones afines, como la Verband Deutscher Soldaten.

Subvenciones estatales otorgadas a la Hermandad nacional de la División Azul

14 de diciembre de 2012: 3.579 euros – BOE 22/01/2013.

16 de noviembre de 2011: 5.792 euros – BOE 07/12/2011.

25 de octubre de 2010: 6.697 euros – BOE 16/11/2010.

25 de noviembre de 2009: 6.697 euros – BOE 15/12/2009.

5 de septiembre de 2008: 6.697 euros – BOE 30/10/2008.

11 de septiembre de 2007: 6.697 euros – BOE 01/10/2007.

27 de noviembre de 2006: 6.697 euros – BOE 09/01/2007.

21 de octubre de 2005: 6.697 euros – BOE 28/11/2005.

17 de septiembre de 2004: 6.440 euros – BOE 10/11/2004.

6 de octubre de 2003: 6.252 euros – BOE 05/11/2003.

4 de noviembre de 2002: 6.130 euros – BOE 30/11/2002.

25 de octubre de 2001: 6010,12 euros – BOE 12/12/2001.

14 de septiembre de 2000: 3005,07 euros – BOE 28/10/2000.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/17/gobiernos_del_el_psoe_financian_los_combatientes


El Gobierno impide a las víctimas del franquismo declarar ante la juez argentina…

mayo 9, 2013

La magistrada suspende las videoconferencias con los represaliados por una llamada del embajador argentino manifestándole el “malestar” del Ejecutivo español

Madrid9 MAY 2013
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Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. / ALEJANDRO REBOSSIO

Todo estaba preparado. En Madrid y en Buenos Aires. La juez agentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios de las víctimas. Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos meses de la muerte de Franco, entraron en el consulado argentino de Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media esperando, les comunicaron que las videoconferencias con la juez se habían suspendido. La razón: el Gobierno había manifestado su malestar por el procedimiento y paralizado las declaraciones.

Según explicó la propia juez en un escrito, con todo ya preparado para empezar a tomar declaración a las víctimas, recibió una llamada del embajador argentino en España comunicándole que el Gobierno le había trasladado su “malestar” por el procedimiento. En concreto, le dijo que el director de asuntos consulares español le había comunicado que el procedimiento que iban a iniciar podía ser nulo y que para tomar declaración a las víctimas, como se disponía a hacer, tenía que solicitar una comisión rogatoria. Ante la amenaza de una queja formal ante la embajada argentina, según fuentes jurídicas, la juez decidió suspender las videoconferencias.

La nota verbal que el director de asuntos consulares español ha hecho llegar a la embajada argentina en Madrid asegura, efectivamente, que para poder llevar a cabo la toma de declaraciones, y en virtud del convenio bilateral de extradición y asistencia judicial en material penal firmado el 3 de marzo de 1987, la juez debía comunicarlo debidamente al Gobierno español y solicitar una comisión rogatoria.

“Esto es un maltrato. Otro más”, se lamenta una de las víctimas

“Esto es un maltrato. Otro más”, lamentaba Fausto Canales, una de las víctimas del franquismo que debía contar su historia hoy a la juez.

Las víctimas, que acudieron a la justicia argentina después de que el juez Baltasar Garzón fuera procesado –y finalmente absuelto- por abrir una causa contra el franquismo, han solicitado a la juez la imputación de una decena de cargos de la dictadura, entre ellos, José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o Rodolfo Martín Villa. Aunque la suspensión de las declaraciones es un nuevo varapalo, prometen seguir haciendo presión para que su causa avance ahora desde Buenos Aires.

http://elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368046281_884061.html

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La ley de los secretos para siempre…

mayo 9, 2013

Un centenar de investigadores pide la difusión de 10.000 documentos históricos clasificados

Villa Bens,10-1-1958.- Guerra de Ifni. Un buque anfibio descarga material para las tropas españolas en las proximidades de Cabo Juby.  / EFE

Los historiadores británicos pueden hurgar en los papeles más escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) —acaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conservó y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores— pero los españoles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron clasificados por tratarse de información sensible.

La anterior ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.

Material reservado

 

Actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente (1946-68).

Repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias en las provincias de Ifni y Sáhara (1939-1955).

Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la defensa nacional (1939-55)

Dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46)

Entregas de material aéreo por Estados Unidos (1955)

Organización y despliegue de unidades durante la Guerra Civil.

Su iniciativa no llegó a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. “El trabajo interno se dejó hecho”, indicaron, antes de achacar a una cuestión de “calendario” la paralización de la medida.

El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.

La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.

http://elpais.com/cultura/2013/05/08/actualidad/1368039741_142440.html


Los tiempos cambian. ¿Monarquía o República?

abril 21, 2013

O mantenemos las sombras del pasado franquista y de las monarquías absolutistas o apostamos por una concepción de Estado moderno y adaptado a los nuevos retos de la era socialmente tecnológica. Sólo la unión hace la fuerza.

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No voy a repetir la historia de la huída de Alfonso XIII, como tampoco lo haré con una lectura histórica de cómo supuso la misma el advenimiento de la II República española a través de unas elecciones municipales, que por sus resultados, supusieron el sentimiento y lectura de plebiscito de unas elecciones generales entre las facciones afines a la república a causa del pesimismo y mal hacer de los dirigentes todavía anclados en el imperialismo pretérito de lo que fue España imperialista, y ya no era; y ante todo, el desánimo de un pueblo mayoritariamente inculto, agrícola, subdesarrollado y agotado por la miseria e incapacidad de los distintos gobiernos y dictaduras de la época regente de Alfonso XIII, y que  apoyándose en los gobiernos y directorios militares, la Iglesia y las clases más pudientes que paseaban las aureolas victoriosas del bagaje que les produjo las guerras carlistas en su espalda, negaron la máxima del desarrollo con sus miedos, conservadurismo y absolutismo para   sumarse a la posibilidad de subir al tren de la Revolución Industrial e ideológica que ya corría por toda Europa, y que como resultado, cedió el paso a lo que la historia ya nos ha dejado escrito para los anales de la misma como una lección pendiente del pueblo español. Ser pioneros del desarrollo europeo desde la caída del Imperio donde nunca se ponía el sol.

Si quiero hacer una pequeña reflexión de la incapacidad y la cobardía de la estirpe borbónica a lo largo de su historia, y que por más que se pretenda lavar la cara al ensalzar la del actual Jefe de Estado, no es más que la consecuencia de sus más que dilatadas historias de sus cronológicos desaciertos y efeméricos mandatos (me refiero a todos los borbones) en su que hacer de regentes ungidos por la gracia de Dios, o del sistema de imposición “dedocrático” del padre dictador de la España de… ¡Una, grande y libre! Como es el último caso. Y que aprovechando la huída de su abuelo y por ende la de toda la familia real por miedo al sentirse desafectado por su propio pueblo; en vez de afrontar con valentía e inteligencia la oportunidad que le brindaba la historia de crear una nueva época de libertades y desarrollo reforzando así la institución monárquica con fórmulas mixtas como la inglesa, holandesa, belga, etc., o incluso, de la capacidad teórica de la mente avispada, inteligente y subversiva del  su padre Don Juan, que en su rebeldía y patriotismo fue incapaz de recopilar apoyos internos y externos durante su exilio con un programa de modernización y apoyo total de la ayuda exterior en una época en la que se les temía más al comunismo y el socialismo que al propio fascismo (y a las pruebas y hechos históricos me remito con acciones como las de América, Francia e Inglaterra), no le quedó otra más que dejar que la vuelta de la corona fuese pactada entre él mismo y el sátrapa Caudillo golpista con la esperanza de recuperar e instaurar la Institución Monárquica en libertad, aprovechando así el halo monárquico y de corte militarista de Franco para así reinstaurar la institución monárquica bajo la custodia de los militares menos preparados y más sangrientos, los africanistas, después de haber ordenado este el país con una guerra santa y un régimen de limpieza y adoctrinamiento ideológico pleno que garantizase su supervivencia y dominio, en su persona o en la del Príncipe Juan Carlos.

Alfonso XIII dejó pues, un vacío político, una desorganización estatal y por supuesto el abandono de todo el  pueblo español,  que en su ignorancia no supo valorar ni prever aquellas circunstancias y todos sus hechos- Dejándose caer en manos de una menos capaz República llena de ilusiones, dogmática, llena de colores dispares incapaces de crear un arco iris de libertad y esperanza conjunta, y que en sus incompetentes luchas intestinas por la supremacía republicana sólo consiguió la inestabilidad, la inseguridad, la utopía y allanó el terreno de aquellos militares salvapatrias y que sólo necesitaron del apoyo miedoso de las clases altas y de las bendiciones eclesiásticas como último reducto europeo del catolicismo arcaico. Con el dinero y Dios a su lado ¿Qué poder iba a tener el pueblo? ¿Qué fututo tenía la II República? Visto lo sucedido, no hay nada más que decir.

Ochenta y dos años después las cosas han cambiado en apariencia, nos vendieron las migajas de una democracia y libertad amparadas por una Constitución inmovilista y garante de la impunidad monárquica, así el Borbón puede ejercer de lo que es, el Rey absolutista modernizado en una figura diplomática y decorativa que sigue utilizando su derecho de pernada sistemáticamente aunque no se deba ni pueda decir, con amores y amoríos de corona y Corinnas, cacerías elitistas y paseos entre baños de multitud con la carta crediticia de haber salvado la democracia de aquellos infames militares de los que él era el máximo responsable; y todo ello aderezado y ornamentado con la imagen de familia real campechana, unida y feliz, deportista y culta (que a excepción de la reina bosteza en los actos culturales) y que tiene más polvo y miseria debajo de la alfombra real que aquellos colchones de paja pulgosos de la posguerra, y es que tengo la sensación de que el lema borbónico es… “mejor vivir de rodillas y coronados que de pie y orgullosos en el exilio de la Zarzuela”. (No me importa que se queden si trabajan y no cuestan dinero y prebendas a cargo del erario público).

Quizá ha llegado el tiempo y el momento justo de modernizar el país, de darle la opción de elegir entre la soberanía de la corona y el  pueblo soberano de una Constitución acorde con los tiempos que corren y correrán, y dejar por fin que sean las urnas por voz del pueblo las que decidan y legitimen Monarquía sí, o Monarquía no,  que todo tiene su tiempo, o a la III República, en cuyo caso debería ya prepararse para el futuro sin demagogia ni rémoras y errores pasados y, con todas sus opciones intactas de partidos conservadores y progresistas, sin la sombra pretérita de aquella añorada II República que fue tan romántica como ineficiente, irrealista e incapaz.

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Jordi Carreño Crispín (escrito para la LMV)

Vicepresidente de La A.I. Memoria Viv@


Memoria crítica

marzo 30, 2013

El saber mejora y libera, la ignorancia embrutece…

Alumnos del Instituto-Escuela de Barcelona durante una fiesta de fin de curso en 1932.

26 MAR 2013

En España algo que nunca ha faltado son los defensores de la ignorancia. Tradicionalmente, solían pertenecer a los gremios más reaccionarios, y por lo tanto más interesados en la sumisión analfabeta de las mayorías. Nada como la ignorancia para asegurar la fe en los milagros y la reverencia hacia los terratenientes, y para asegurarles a estos las masas de jornaleros dispuestos a trabajar a cambio de salarios de limosna en sus latifundios, y en caso necesario a dejarse poner uniformes y a servir de carne de cañón en las guerras, marcando el paso en los desfiles ante el Santísimo y la bandera a los sones de un pasodoble patriótico. Predicadores de los catecismos socialistas utópicos del siglo XIX alentaban con una misma elocuencia las cooperativas obreras y la instrucción pública, y las primeras mujeres rebeldes que reclamaban la igualdad con valentía inaudita celebraban el aprendizaje y el conocimiento como herramientas necesarias para conseguirla.

Los socialistas y los anarquistas competían fieramente y a veces violentamente entre sí, e imaginaban paraísos obreros incompatibles, pero tenían en común una pasión idéntica por la educación. El saber mejoraba y liberaba; la ignorancia embrutecía. La reacción levantaba iglesias, cuarteles, conventos, plazas de toros; ser progresista —noble palabra liberal que en nuestra juventud quedó encogida y amputada y caricaturizada en el término “progre”— significaba, prioritariamente, levantar escuelas e institutos de enseñanza media desde los cuales irradiara el entusiasmo del conocimiento, la eficacia práctica y cívica de la racionalidad. Aprender mejoraba la vida de las personas y fomentaba la prosperidad del país, al permitir el despliegue colectivo de las formas más variadas del talento individual. En medio de las nieblas místicas del 98, inteligencias tan apegadas a la realidad de las cosas como la de Joaquín Costa, Giner de los Ríos y Santiago Ramón y Cajal proponían remedios muy semejantes para sacar al país del atraso y la abismal injusticia: escuela y despensa, regadíos, preparación técnica y científica, trabajo fértil y no humillante, estudio. A la II República le dio tiempo a hacer pocas cosas, pero algunas de las prioritarias fueron las escuelas y los institutos, y unos planes de bachillerato tan rigurosos que ni el franquismo pudo desguazarlos del todo. Que los matarifes del ejército sublevado en julio de 1936 se dieran tanta prisa en ejecutar a los maestros de escuela es el indicio de otro orden de prioridades.

Una de las sorpresas más desagradables de la democracia fue que la izquierda abandonara su viejo fervor por la instrucción pública

Una de las sorpresas más desagradables de la democracia fue que la izquierda abandonara su viejo fervor por la instrucción pública para sumarse a la derecha en la celebración de la ignorancia. Y así se ha dado la paradoja de que al mismo tiempo que se cumplía el sueño de la escolarización universal triunfaba una sorda conspiración para volverla inoperante. La izquierda política y sindical decidió, misteriosamente, que la ignorancia era liberadora y el conocimiento, cuando menos, sospechoso, incluso reaccionario, hasta franquista. En otra época los argumentos contra el saber oscilaban entre un amor roussoniano por el niño como buen salvaje y una afición maoísta por convertir la mente en una pizarra en blanco en la que se inscribirían con más facilidad las consignas políticas. Ahora, como no podía ser menos, los celebradores del analfabetismo feliz echan mano de las nuevas tecnologías: ¿Quién necesita aprender nada, si todo el conocimiento está fácilmente, risueñamente disponible, con solo teclear en un teléfono móvil? Gracias a Internet, ejercitar y alimentar la memoria es una tarea tan obsoleta como aprender a cazar con arcos y flechas. Lo que hace falta no es embutir en los cerebros infantiles o juveniles “contenidos” que en muy poco tiempo se quedarán anticuados, y a los que en cualquier caso se puede acceder sin ninguna dificultad, sino alentar “actitudes”, otra palabra fetiche en esa lengua de brujos. Que el niño no aprenda, sino que aprenda a aprender, repiten, que desarrolle su creatividad, espíritu crítico, a ser posible transversalmente, etcétera.

Tanta palabrería de sonsonete científico encubre nociones extraordinariamente primitivas sobre la inteligencia y sobre la memoria: como si ésta fuera un fardo que pesará más cuanto más se cargue en ella, un almacén en el que los conocimientos aguardan a ser reclamados, como se recupera un archivo en un ordenador. Ni la curiosidad, ni el espíritu crítico, ni la tan celebraba creatividad se sustentan en el vacío. En los estudios más competentes sobre el funcionamiento de la inteligencia creativa se descubre cada vez más el valor de lo que se llama “working memory”: la memoria que trabaja, la memoria activa, la que compara ágilmente una experiencia inmediata con otras anteriores o con ejemplos aprendidos en los repertorios culturales, la que al poner juntos elementos en apariencia lejanos entre sí descubre conexiones y posibilidades nuevas. Es una poderosa y muy bien adiestrada memoria visual la que permite a un artista vislumbrar lo excepcional en lo común, lo semejante en lo que parecía diverso —y también a distinguir entre lo verdaderamente nuevo y la moneda falsa de la moda, y a saber que en la plena originalidad hay siempre un fondo inmemorial de experiencia del mundo—.

Que tanta información sea ahora accesible es una razón para instruirnos en el rigor del conocimiento, no para desdeñarlo como innecesario

El conocimiento histórico o científico no son fardos inertes que estarán esperando a ser consultados en la Wikipedia, igual que un aparador inútil que acumula polvo en un guardamuebles. Lo que sabemos del pasado sucede en el presente, porque nos ayuda en la tarea imperiosa de intentar comprenderlo, y por lo tanto nos pone en guardia contra las manipulaciones y los groseros embustes a los que son tan aficionadas las castas políticas y los ideólogos. Sin una conciencia histórica informada y activa no hay manera de valorar lo que sucede ahora mismo, porque no hay términos de comparación con lo que sucedía hace muy poco o hace mucho; y tan necesaria como la conciencia histórica es un grado solvente de conciencia geográfica: la idea tribal de que el lugar de uno es el centro del mundo tendrá menos fervorosos adeptos si en la escuela y en el instituto se enseña la amplitud y la variedad de los paisajes y de las formas de vida.

Que tanta información sea ahora inmediatamente accesible es una razón más para instruirnos en el rigor del conocimiento, no para desdeñarlo como innecesario: igual que la sensibilidad literaria se educa leyendo, y el oído escuchando, y la mirada viendo arte, la inteligencia crítica se afila aprendiendo a distinguir la información sólida y contrastada de la propaganda, el bulo y la calumnia. El saber despierta el apetito de saber más; la ignorancia sólo alimenta ignorancia y desgana.

En la izquierda, cualquier crítica del estado actual de la educación activa como un anticuerpo la acusación de nostalgia del franquismo. La derecha se ríe con esa sonrisa cínica del ministro de Educación: ellos van a lo suyo, a desmantelar lo público y favorecer los intereses privados y el dominio de la Iglesia, y en cualquier caso siempre tienen medios para costear estudios de élite y másteres a sus hijos. Es la clase trabajadora la que paga el precio de tantos años de despropósitos. De nuevo la ignorancia es el mayor obstáculo para salir de la pobreza. Quizás no falta mucho tiempo para que aparezcan de nuevo visionarios que vayan predicando por los barrios populares la utopía liberadora de la instrucción pública.

http://www.antoniomuñozmolina.es

http://elpais.com/cultura/2013/03/26/actualidad/1364312572_805278.html


Los (discutidos) nobles de Franco…

diciembre 29, 2012

El dictador nombró duques, marqueses, condes y barones

Los titulares tropiezan ahora con dificultades para ser reconocidos como los demás aristócratas

 

Una breve nota en el BOE, cuya lectura, normalmente, no levanta pasiones, provocó este mes un duro comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Se trataba de una orden ministerial con la que se daba luz verde a la sucesión del marqués de Dávila, título con el que el anterior jefe del Estado recompensó en 1949 a Fidel Dávila, uno de los militares que le secundaron en la sublevación que dio inicio a la Guerra Civil en 1936. “Un acto reprochable desde cualquier punto de vista democrático, además de una forma de maltrato por parte del Estado hacia las víctimas de la dictadura”, clamó la ARMH.

Era el sexto título de nobleza, de los creados por Francisco Franco,cuya sucesión tramitaba Alberto Ruiz Gallardón desde que se hizo cargo del Departamento de Justicia, hace un año. Cuatro de los expedientes llevaban guardados en un cajón varios años, paralizados por su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, ante las protestas de los sectores que los consideran símbolos del franquismo, condenados a desaparecer por la Ley de Memoria Histórica de finales de 2007.

Las tramitaciones congeladas eran, además de la renovación de una grandeza de España, las del duque de Mola, concedida por Franco al general Emilio Mola en 1948 (el ministro Mariano Fernández Bermejo llegó a firmar la orden previa, pero no se le expidió carta de sucesión); la del conde de El Abra, título con el que fue recompensado el empresario Alfonso Churruca Calbetón en 1969, y, sobre todo, la del marqués de Queipo de Llano, solicitada por Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del militar más denostado del bando nacional, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que lo recibió en 1950. Ya con menor polémica, Gallardón ha tramitado este año la sucesión del conde de Pallasar, creado también por Franco.

El Ministerio de Justicia alega que no ha hecho más que cumplir la ley. “Consultamos a los técnicos del Ministerio y a la Abogacía del Estado, que hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo. “Todos los Gobiernos de la Transición las han tramitado sin problemas”, añade.

“Los técnicos llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo

Ha pasado sin la menor oposición, en cambio, en 2011 la sucesión del conde de Fenosa, otro título concedido por Franco, pero que, debido a la modificación de la cabeza de línea, aprobada por el rey Juan Carlos I en 2001, ha pasado a engrosar los títulos creados por el Rey. No ha tenido la misma suerte el marqués de Queipo de Llano, pese a que el título, poco apreciado por el militar que lo recibió, quedó en desuso y fue rehabilitado en 1981. La iniciativa partió de su hijo, Gonzalo Queipo de Llano Martí, y se la concedió el rey Juan Carlos.

Más allá de la polémica política, sorprende que el dictador se atribuyera la capacidad de crear aristócratas, una prerrogativa asociada a los reyes. Aunque “la concesión de títulos nobiliarios es inherente al ejercicio de potestades soberanas”, explica un portavoz de la Diputación de la Grandeza, organismo experto en nobleza que asesora al Ministerio de Justicia. Y Franco ejerció durante casi 40 años esas potestades.

Una vez aprobada la ley de sucesión que definía a España como reino, el dictador hizo uso de esa potestad con notable frecuencia. Entre 1948 y 1974, un año antes de su muerte, concedió 40 títulos nobiliarios. Dieciséis fueron para militares que le secundaron en la cruzada. Las primeras dignidades, del 18 de julio de 1948, recompensaron a título póstumo a José Antonio Primo de Rivera (duque de Primo de Rivera); José Calvo Sotelo, político asesinado en vísperas de la Guerra Civil (duque de Calvo Sotelo), y Emilio Mola y Vidal (duque de Mola), además de una cuarta para el capitán general José Moscardó Ituarte, convertido en conde del Alcázar de Toledo. Más tarde les llegaría el turno a otros colaboradores en la guerra. El dictador reconoció también cerca de 200 títulos carlistas como recompensa por el apoyo del carlismo a lacruzada. Uno de ellos, el de vizconde de Barrionuevo, lo rehabilitó en 1982 el padre del exministro del Interior socialista José Barrionuevo, y la titular es ahora su hermana, Matilde Barrionuevo Peña.

Antes que Franco, Napoleón otorgó unos 3.000 títulos nobiliarios en Francia. Y en España, señala la Diputación de la Grandeza, “durante la ocupación francesa, en 1808, la Junta de Extremadura concedió el primer título no otorgado por el rey”. Más adelante, el general Serrano, regente entre 1868 y 1870; el Consejo de Regencia de España e Indias (1810-1814), y el general Espartero, regente entre 1840 y 1843, harían lo propio.

Regencias breves, nada comparables a los más de 37 años de franquismo. Un régimen asentado sobre los escombros de una guerra que dejó centenares de miles de muertos, algunos de los cuales (113.000 según la ARMH) siguen enterrados en fosas comunes. “Son títulos que tienen un matiz desagradable, es cierto”, dice Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y uno de los máximos expertos españoles en títulos nobiliarios. “La guerra está todavía muy reciente en la memoria de la gente. Los generales de Franco son vistos además como advenedizos por los nobles antiguos”.

Pero el tiempo cicatriza las heridas y proporciona una pátina de honorabilidad a todas las cosas. “La nobleza ha sido capaz de crear una conciencia de eternidad, como si esos títulos fueran la recompensa de grandes y nobles gestos, cuando no siempre ha sido así”, añade Soria. “Si uno estudia la genealogía de los grandes apellidos de la nobleza española, los Álvarez de Toledo o los Fernández de Córdoba, por poner un ejemplo, se encuentra con que son grupos de vencedores que apoyaron al bando correcto en grandes contiendas sucesorias. Pero esos mismos nobles, en su tiempo, eran advenedizos para la vieja nobleza de Castilla y León que estaba desapareciendo”.

Por no hablar de la relación entre nobleza y finanzas. “Noventa y uno de los 318 títulos nobiliarios que Felipe V otorgó en Castilla, Navarra y Aragón fueron venales, es decir, se entregaron a cambio de dinero”, dice María del Mar Felices, investigadora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Almería, que ha realizado un trabajo sobre el tema. Su adversario, el archiduque Carlos de Austria, creó más de un centenar de nobles también para recompensar a sus sostenedores, que Felipe V convalidó. Era el mejor modo de congraciarse con los que le habían combatido.

http://elpais.com/elpais/2012/12/28/gente/1356714563_151916.html


Del Valle de los Caídos al Ibex 35

noviembre 18, 2012

37 años después de la muerte de Franco, las empresas que se enriquecieron con la construcción de su mausoleo están entre las más poderosas e influyentes del país…

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 18/11/2012

El Valle de los Caídos durante su construcción

El Valle de los Caídos durante su construcción

El régimen les dio poder, patrimonio y mano de obra casi esclava. La transición y la democracia, benevolente como con un hijo pródigo, no les pidió explicaciones por su pasado ni por el origen de sus riquezas. Su pasado se diluyó en el presente de la España democrática como un azucarillo en agua hirviendo y el futuro quedó a sus pies. Son las grandes empresas que apoyaron a Franco ensu cruzada, se beneficiaron de las concesiones estatales, utilizaron mano de obra casi esclava de presos republicanos y sentaron en sus consejos de administración a los exministros del régimen. Esta es la historia de los que una vez que el caudillo de España murió se autodefinieron como “demócratas de toda la vida”.

En agosto de 1936, el diario británico The Sunday Express publicó: “Franco se mantiene en la lucha. Pero, ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece.Ese hombre es Juan March”.

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresarios y Franco, juntos al resto de golpistas, encontró en Juan March al mecenas de su cruzada. March aseguró la vida de los familiares de los militares rebeldes, financió los aviones que trasladó a Franco al norte de África con la inestimable ayuda de varios responsables del diario ABC y negoció con alemanes e italianos la compra de armamento. ¿A cambio de qué?

“A cambio, en plena guerra civil, desde el cuartel general de Burgos, obtuvieron el control del sector bancario, su statu quo, las claves de la economía, el monopolio del sector financiero”, escribe Mariano Sánchez en la obra publicada en 2005 ‘Los banqueros de Franco’.

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresariosEste pacto de Franco con March y el resto de banqueros significó la primera gran traición del general a los principios de Falange: la Banca no sería nacionalizada. Lo importante para el Generalísimo no era mantener su integridad ideológica. Franco no tenía ideología. El caudillo tenía poder político, adquirido mediante las armas, y no lo iba a perder bajo ningún concepto y mucho menos por programas políticos.

Al amparo de la dictadura franquista, Juan March realizó diversas operaciones financieras de gran calibre, como la compra de la Barcelona Traction, tras la que fundó Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A (FECSA), quien se hizo con la práctica totalidad de la producción eléctrica en Cataluña.  FECSA construyó centrales térmicas y entró en el campo de la energía nuclear, motivado por las crisis del petróleo de los años 70.

Así, participó, junto con Électricité de France, Hidroeléctrica de Cataluña y ENHER en la construcción de la central nuclear de Vandellós, puesta en servicio en 1972. En 1983, FECSA instaló en solitario la central nuclear de Ascó, que comenzó a funcionar en 1983.

El rastro de March en el presente

 Todas estas operaciones convierten a FECSA en una empresa al alza, que comienza a cotizar en el IBEX 35 de la Bolsa española. Su camino en solitario llega hasta 1996 cuando el Grupo Endesa se hace con el 75% de las acciones de la compañía y su control absoluto.

Juan March falleció en 1962 pero sus nietos han sabido cumplir su legado. En 1988 la revista Forbes sitúa a los March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, creador de El Corte Inglés, y los Botín. Su notoriedad en la democracia española y en las finanzas internacionales es ya indiscutible.

“La Fundación March, creada en 1955, cuenta con un patrimonio superior a los 15.000 millones de pesetras y recibe una inversión anual que rebasa los 1.000 millones. En la actualidad el patrimonio de los March se sitúa entre en el medio billón de pesetas, participan en el accionariado de 150 empresas y comandan un grupo empresarial que ha sido vanguardia en España en cuanto a bancos de negocios y que goza de una gran liquidez”, escribe Mariano Sánchez en su obra Los banqueros de Franco.

Entre la larga lista de empresas en las que la familia March está presente en el accionariado hay algunas muy reconocibles para el gran público como la constructora ACS (18,3%), presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Acerinox (24,2%), una de las compañías líder a nivel mundial en la fabricación de acero inoxidable o la empresa de seguridad Prosegur (10,0%).

La construcción del Valle de los Caídos

Ningún otro símbolo como el Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimen. Una obra faraónica que costó a las arcas públicas a lo largo de sus veinte años de construcción 2.421 millones de pesetas de la época, según datos de Mariano Sánchez. “Para entender la magnitud de la obra conviene comparar el coste con otras partidas de los Presupuestos. Así, hasta 1970 el Estado había dedicado 2.339 millones de pesetas para Educación, explica Mariano Sánchez, autor de obras como Los Franco S.A. o Los banqueros de Franco a Público.

El Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimenFranco eligió el 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria de la entonces conocida como “Victoria de las armas de España”, para dar a conocer su proyecto. Fernando Olmeda, autor de El Valle de los Caídos. Una memoria de España, recoge en su obra las palabras pronunciadas aquel mismo día por  el coronel Valentín Galarza, subsecretario del a jefatura del Estado, en la lectura al Decreto que dispone la construcción del futuro monumento:

“La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suele conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que legaron una España mejor”.

La ejecución del gran sueño del generalísimo requirió un enorme financiero, pero sobre todo de personal. En 1942 el régimen se da cuenta de que además de obreros libres será necesario emplear batallones de presos en un país que continúa desangrando tras la cruenta guerra civil. Ese mismo año llega al Valle la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95. Los presos visten gorro a rayas azules y blancas con una P que les identifica como presos. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, cifró en 20.000 los presos republicanos que participaron a precios muy por debajo del mercado y en condiciones de semiesclavitud en la construcción del sueño de Franco.

Los presos «alquilados»

Fernando Olmeda recoge en su obra dos testimonios de presos republicanos que detallan las condiciones de la obra. Trinitario Rubio lo describe de la siguiente manera:”Picábamos un metro cúbico de piedra, cargábamos vagonetas y empujábamos entre varios. Trabajábamos en condiciones difíciles, nos trataban de hijos de puta y rojos, cosa peor que los malos tratos”.

Segundo Fernández, de familia de agricultores de izquierdas, y condenado por tres consejos de guerra, resume en una frase su experiencia en la construcción del Valle de los Caídos: “Raro era el día que no morían uno o dos, y hasta tres, más por el hambre que por accidentes, porque la construcción del túnel casi no había empezado”.

La utilización de presos políticos como mano de obra ahorró al régimen 780 millones de euros

Nicolás Sánchez-Albornoz, director del Instituto Cervantes de 1991 a 1996 y condenado a trabajos forzados por el régimen en 1947, puso cifras al negocio redondo de las empresas y el régimen de Franco con los presos trabajadores. «El Valle era un gran negocio«, explica, «los que estábamos condenados a trabajar allí estábamos alquilados a las empresas que hacían la obra, Huarte y Banús, por 10,50 pesetas al día. A nosotros nos daban 50 céntimos a cada uno. Los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados», según recoge José María Calleja en un artículo publicado en el diario El País. De esta manera, Sánchez-Albornoz, actual miembro de la RAE, confiesa que estuvo “alquilado” a la empresa Huarte y Banús.

El periodista Isaías Lafuente se atrevió a cuantificar en su libro Esclavos por la Patria los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de obras: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. en su libro Esclavos por la patria.

Las empresas adjudicatarias y su beneficio

En sus inicios la obra se adjudica a tres grandes empresas, San Román, filial de Agromán, se encargará de la perforación de la roca para abrir en ella el agujero gigante que albergará la cripta,Estudios y Construcciones Molan se ocupará de la construcción del monasterio y Banús, gestionada por los dos hermanos Juan y José, se responsabilizará de la carretera que unirá la entrada con el Risco de la Nava.

Estas tres empresas, junto a la constructora Huarte y Cía que se uniría a las obras en 1952, dispusieron de mano de obra semiesclava para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. Así, en 1943 Agromán disponía de 250 presos republicanos trabajando en el Monumento, 100 en las obras de el Escorial Aguas y Escorial Arca de Juan y otros 140 en diversas obras repartidas en cuarteles y monasterios.

Banús, por su parte, disponía de 125 presos trabajando en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos, 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín (Madrid) y a 50 más en la base militar de Torrejón. En total llega a haber 141 batallones de presos republicanos repartidos por diferentes obras sólo en 1943, según recoge Olmeda en su obra.

¿Qué ha sido de estas empresas?

En 1943 había 141 batallones de presos republicanos realizando trabajos forzadosLa constructora Huarte, que acumulaba en 1975 un volumen de venta de 16.000 millones de pesetas, se fusionó en 1998 con Obrascón. Un año después, se incorpora al grupo la empresa Lain conformando el gigante constructor Obrascón- Huarte- Laín u OHL, como es más conocido. El grupo está presidido por Juan-Miguel Villar Mir, más conocido por haberse presentado a las elecciones a presidente del Real Madrid de fútbol. Aunque en su currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista como haber sido Director General de Empleo en 1964 o presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967.

Por su parte, la constructora Agromán fue fundada por José María Aguirre Gonzalo y José San Román en 1926, en tiempos de Primo de Rivera.  Gracias a sus negocios, Aguirre Gonzalo saltó pronto al mundo de la banca y presidió el Banco Guipuzcoano desde 1956 hasta que falleció en 1988. Además, ocupó la presidencia del Banco Español de Crédito desde 1970 hasta 1983 y del Banesto,  desde 1970 a 1984. No obstante, la estirpe familiar no terminó ahí ya que su hijo José María Aguirre González le sustituyó en el cargo de presidente del Banco Guipuzcoano hasta 1999.En 2010, este banco fue absorbido por el Banco Sabadell.  

Tras la construcción de la carretera, los hermanos Banús siguieron caminos diferentes siempre bajo el amparo del régimen. José Banús, conocido como el constructor del régimen, es el artifice de barrios emblemáticos de Madridi como el de la Concepción o el Barrio del Pilar, donde urbanizó una gran extensión de terreno, y de cuyos pisos sacaba un beneficio de unas 115.000 pesetas. De Madrid saltó a la Costa del Sol donde, en el verano de 1970, inauguró su proyecto más ambicioso: Puerto Banús. Su estrecha relación el régimen queda patente no sólo en sus negocios sino en sus distinciones: medalla al Mérito en el Trabajo, la gran cruz del Mérito Civil y la medalla de oro al Mérito Turístico. Sus descendientes heredaron un gran imperio con origen en la construcción del Valle de los Caídos y su amistad con el régimen de Franco.

Por otro lado, su hermano Juan Banús se quedó en Madrid y en su currículum figura la construcción de la lujosa ciudad satélite de Mirasierra, opulentas viviendas rodeadas de comercios y zonas de asueto. Sus hijos Juan y Antonio Banús Ferré tomaron el testigo inmobiliario de su padre y de su tío, especializándose cada uno en diferentes proyectos.

Juan Banús, fallecido en 2000, era el responsable de la lujosa área marbellí de Puerto Banús, lugar de veraneo de la jet set y de la familia real saudí, entre otras personalidades, mientras que Antonio Banús es propietario de un importante número de franquicias de la firma de moda italiana Benetton en España, gestor del hotel de cinco estrellas Mirasierra Suites y dueño de la bodega El Carabal, situada en Cáceres. Además, Antonio Banús posee el 100% del capital del grupo promotor inmobiliario Juban.

No obstante, en la larga lista de empresas que se beneficiaron de la barata mano de obra de presos republicanos figuran otras muchas sociedades que no participaron en la construcción del Valle de los Caídos o que su gran negocio con el régimen fue otro. Es el caso de Dragados y Construcciones, hoy también inversa en ACS, la constructora de Florentino Pérez.

Sin descuidar a amigos y los ministros

Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchos de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad.

La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco

Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra Los Franco S.A., las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del Imperio de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

También llama la atención la puerta giratoria que unía a los ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. De los 119 ministros de franco, 22 de ellos se sentaron en 29 consejos de administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en cajas de ahorros. Otros ocho ex ministros fueron presidentes y/o consejeros del Banco de España. En total, 43 ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario.

Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirve como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del ministro de Comercio en el penúltimo gobierno de Franco de igual nombre, como director General de Negocios de Repsol.

No obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima horneada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos comoRodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano.

José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que  fue director gerente de la agencia de noticias EFE y embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América.

http://www.publico.es/espana/446028/del-valle-de-los-caidos-al-ibex-35


PROPUESTA DE CAMBIO DE PARADIGMA EN VIVIENDAS EN ESPAÑA.

noviembre 6, 2012

Autor de la propuesta: Dr. Francisco González de Tena (paco_tena@hotmail.com)

CONCEPTOS GENERALES A TENER EN CUENTA

Placa en un edificio de 1957

Desde la irrupción del falangista y arquitecto José Luis de Arrese al frente del inicial Ministerio de la Vivienda en 1957, por elevación de lo que había sido el Instituto Nacional de Zonas Devastadas (más tarde I.N.Vivienda), se implantó la política de control social que acreditó en las llamadas Cortes franquistas: “Transformar un país de proletarios en un país de propietarios”. De aquellos viejos intereses de la oligarquía especulativa se viene arrastrando un sesgo diferencial que tanto ha influido en la actual situación de callejón sin salida al problema de la vivienda, hipotecada y desahuciada, con la que se enfrentan cientos de miles de familias angustiadas en estos momentos en España. Lo que comenzó siendo una obra para dotar de viviendas a familias, esencialmente las desplazadas a las grandes urbes y con especial impacto sobre el problema del chabolismo, liberando al mismo tiempo miles de metros cuadrados en sitios estratégicos alrededor de las grandes ciudades. No fue causalidad que irrumpieran en esos momentos los especuladores mejor situados junto al Régimen.

José Luis Arrese Magra.

Varios objetivos se unieron en esa estrategia, junto al indudable beneficio privado que se sigue ahora padeciendo. El control social arriba mencionado era, evidentemente, un tema central del franquismo, aunque en este caso además con la estrategia añadida de fijar la población en un espacio urbano más fácilmente controlable, en su doble vertiente de atemperar la movilidad social y lastrar la movilidad geográfica. Las migraciones inevitables desde el campo a las ciudades con mayor dinamismo estaban, por tanto, planificadas en lo que se conocieron como “polos de desarrollo”, forma eufemística para identificar la planificación característica de las dictaduras de economías al servicio de una planificación centralista.

La población española en régimen de alquiler de viviendas era superior al 60% en esos años, llegando muy cerca del 80% si se tiene en cuenta los

habitáculos y el chabolismo de los extrarradios. Si se contempla ahora el porcentaje de distribución alquiler / propiedad estaríamos justo al revés, muy alejados de los parámetros europeos. Esta situación supone un lastre para las movilidades sociales y geográficas ahora exigibles, lo que se ha demostrado como unas taras muy importantes para relanzar la economía. El argumento utilizado reiteradamente, tanto por los promotores privados como por los planificadores franquistas, era que “por el precio de un alquiler puedes tener una vivienda en propiedad”. Esto se ha evidenciado como una trampa insoportable para unas economías familiares degradadas y sujetas a ataques combinados económico / financieros.

El espíritu de la socialdemocracia, vista como un peligro cierto por parte del franquismo, propugnaba la superación de las fronteras en concordancia con el internacionalismo asumido por las izquierdas. En ese espíritu de futuro la movilidad de los trabajadores era casi una exigencia inherente al horizonte deseable. Se comprenderá la lógica de “una familia / una vivienda en propiedad”, con la secuela inevitable de una hipoteca casi vitalicia, como estrategia alternativa del franquismo frente a su enemiga emergente.

En un ambiente tan manipulable y proclive a la titularidad inmobiliaria, los parámetros estaban dados para una especulación galopante, en manos de los promotores y oportunistas, además de allanar el camino a la gran banca internacional que vio desde el primer momento el campo abonado para inflar al límite una trampa que se ha demostrado cuasi mortal.

Cuando el momento de dar el salto se mostró propicio, el castillo de naipes era perfectamente vulnerable al asalto de los eufemísticamente llamados “mercados”, que no son otros que las redes especulativas financieras de alcance internacional.

Llegados a la situación de un número muy importante de viviendas vacías, entre las promociones inacabadas y entregadas a los bancos y cajas en pago de las deudas impagables y los desahucios producidos por impago de las hipotecas, nos estamos acercando a la pavorosa cifra de medio millón.

UN PLAN DE SUMA CERO

En los años de la locura especulativa en España se ha vivido una dramática y colosal versión del antiguo juego del “baile de la silla”, en el momento en el que la música dejó de sonar cientos de miles de frustrados bailarines se encontraron materialmente sentados en el suelo y sin la ansiada única silla en la que sentar a su familia ante una mesa vacía. Todos miramos furiosos buscando a los culpables sin reparar que han estado todo el tiempo entre nosotros.

A las pocas fechas de aquél sueño rejuvenecedor del 15-M, sin duda también contagiado de la bocanada de aire fresco, aporté mi grano de arena en forma de propuesta para intentar lo que ya era un drama colosal: los desahucios encadenados unos a otros como los chorizos a los que tan reiteradamente se aludían en las algaradas callejeras. Esta propuesta, ya un poco retocada tras meses de intentar ser oído (y que por extraños caminos ha llegado a ser un punto de referencia sin mencionar su origen), es la que vuelvo a presentar de forma sucinta en las próximas líneas.

Primera evidencia: los bancos no son agencias inmobiliarias, aunque ahora se afanen a la fuerza por intentar desprenderse de sus activos tóxicos, es decir la masa inmobiliaria que lastran sus balances, valorados muy por encima del teórico valor real actual de mercado. Esa enorme diferencia tiene un nombre, que nadie quiere pronunciar, se llama riesgo hipotecario intencionadamente asumido en las alocadas tasaciones inmobiliarias. Visto desde esa óptica es indudable que los únicos responsables son los gestores bancarios, por cierto generosamente compensados en lugar de exigírseles responsabilidades patrimoniales e incluso penales. El siguiente error de esos gestores bancarios fue ignorar los repetidos avisos de que la insolvencia no era algo puntual que afectaba a unas cuantas familias con pocas previsiones sobre sus respectivas economías familiares, sino que era la consecuencia lógica derivada de una contaminación económica que venía de mucho antes del fatídico otoño de 2008. La pregunta que vale millones es, ¿no se ha evidenciado suficientemente que los que deben responder de ese monstruoso diferencial son las cúpulas bancarias?

Segunda evidencia: si el Estado acudió con generosos fondos públicos en socorro de los bancos con riesgo de quiebra (incluso sistémico), es lógico preguntarse, ¿no son los ciudadanos contribuyentes, en razón de esas aportaciones al Estado, los verdaderos accionistas de una parte sustantiva de esa banca socorrida in extremis? En otras palabras, la banca en su parte más vulnerable ha sido nacionalizada, para bien y para mal. Y corresponde al Estado, en el ejercicio responsable de esa representatividad, ejercer un control directo y proporcional sobre esa banca; por mucho que moleste a los que huyen como de la peste del anverso de la idea privatizadora, de tan gratas resonancias para los neoliberales.

Tercera evidencia: el derecho a una vivienda digna, no sólo es un principio constitucional casi olvidado bajo la hojarasca leguleya, sino un derecho humano básico. Así parece que lo han entendido, por delante de los políticos, algunos jueces haciendo honor a vieja técnica legal de estar atentos a la realidad social sobre la que deben actuar. La Ley Hipotecaria, promulgada para una sociedad de la que nos separa más de un siglo, no puede ser una norma de hierro a aplicar sin más. Pero cuando se ha producido esa saludable, aunque parcial y tardía reacción de una parte de la judicatura, ya estamos enfilando al parecer sin remedio al medio millón de familias expulsadas o en riesgo de serlo de sus viviendas sin alternativas.

A estas tres evidencias hay que añadir el coste oneroso e irrecuperable que representa, para las entidades financieras (y de paso para erosionar aún más las cuentas de resultados que debemos soportar entre todos) el mantenimiento ocioso y degradado de ese inmenso parque inmobiliario vacío, y además con costes de mantenimiento, y vigilancia para evitar saqueos, a veces en urbanizaciones inacabadas.

Para darle una salida a todo este caótico panorama se pone en marcha lo que se ha venido en llamar “banco malo”, Agencia Estatal de Liquidación de Activos. Lo cierto es que se trata de un atajo que resultará otra ruina añadida. Se pasarán a esta Agencia, procedentes de los balances bancarios, aquellos inmuebles calificados como activos tóxicos. Su valoración, a la baja como ha ocurrido en similares circunstancias en otros países, sólo podrá beneficiar a los inversores oportunistas, nacionales e internacionales. Y de

esa valoración depreciada se derivarán sin duda cuantiosos beneficios, otra vez en manos de los especuladores. Es decir, privatizaremos las ganancias tras haber, una vez más, socializado las pérdidas de unas tramposas y ruinosas gestiones bancarias, y algo más.

Por si todo esto fuese poco los anteriores propietarios de esas viviendas, despojados de todos sus recursos y patrimonio, arrastrarán por mor de esa antigua Ley Hipotecaria, de forma vitalicia y con intereses de demora a nivel de usura, la carga de unas viviendas de las que fueron despojados.

UNA PROPUESTA RAZONABLE

Trataré de simplificar en líneas generales mi propuesta, ya esbozada hace más de un año.

a) Cuando se demuestre que el impago hipotecario ha sido debido a unas circunstancias sobrevenidas, que han superado de forma evidente la buena fe contractual del hipotecado, se articulará la salida prevista en la Ley aunque lo fue de forma excepcional en su origen: la dación en pago del inmueble. Éste pasaría a ser de titularidad de la entidad financiera a todos los efectos legales y la deuda, con este mecanismo, quedaría anulada.

b) En negociación a tres bandas, es decir prestatario, prestamista y el Estado por medio de sus Agencias de mediación (representación del Banco de España, en su calidad de supervisor, o alguna de las instancias de reciente creación como la de Alquiler o la mencionada de Liquidación de Activos), se fijarían una condiciones razonables de alquiler social, en primera instancia a los desahuciados o, como alternativa, a familias en demanda de vivienda en alquiler de los anteriores desalojos. El alquiler debería estar gestionado por la Agencia Estatal de Alquiler para evitar en lo posible los problemas. Como es lógico el importe neto del alquiler se destinaría a la entidad bancaria o a quien detente la titularidad inmobiliaria.

Con este mecanismo se obtienen las siguientes ventajas:

1) Los desahuciados tienen una buena oportunidad, si han actuado de buena fe, de seguir viviendo en su hogar a cambio de un alquiler social razonable. Pierden la propiedad, pero ese era el riesgo menor. En el peor de los casos existiría una oportunidad de reposición para otra familia anterior en similares circunstancias de desalojo.

2) Las entidades financieras, o la Agencia constituida como banco para asumir esos inmuebles (y por lo mismo en su sustitución) reciben un interés por el capital inmobiliario, evitando la subasta. Equivale al riesgo estatal derivado de los fallos en la vigilancia y control bancario.

3) Se cambia de raíz el paradigma de propiedad inmobiliaria, como única forma de vivienda, por la forma extensiva de alquiler, más dinámica, en todos los aspectos, y equiparada al estándar europeo.

4) Se evita el ciclo continuista de especulación inmobiliaria, ahora en manos de muy posibles oportunistas que no garantizan en ningún caso la puesta en circulación en forma de alquiler y menos a precio social. La anunciada sangría fiscal que supone el que los inversores extranjeros del banco malo obtendrán ventajosos beneficios fiscales, puede ser conjurada o al menos controlada en su dimensión.

Hay un peligroso asunto no mencionado en estas notas. Los doscientos millones de metros cuadrados, inicialmente destinados a la especulación urbanística (ahora abortada, al menos temporalmente) que han quedado evidenciados el Exposuelo (foro celebrado en Madrid recientemente) no podrán ser desarrollados nunca, con lo que 50.000 millones ya se pueden dar por perdidos de forma definitiva como inversión especulativa. Ese lastre va a pesar y mucho. Nos podemos legítimamente preguntar ¿se ha abandonado de forma casi definitiva en España la posibilidad de una explotación racional, ecológica, rentable y vital para nuestra economía presente, y sobre todo futura, en energías renovables? Apuntábamos como una verdadera potencia mundial en ese campo vital para la supervivencia de la humanidad y ahora parece que se han enterrado todos los proyectos bajo siete llaves con el signo inevitable de las gaviotas carroñeras.

Nota de la Memoria Viva: Las imagenes son inicitiva de nuestra edición.

Otro analisis de Luis Bilbao Larrondo (Historiador) en : http://www.otxarkoaga.com/afo/2011/10/28/etxebizitza-vivienda/ en cuyas páginas he recogido la fotografía de José Luis de Arrese.


Armas químicas: España busca dejar atrás su historia negra

septiembre 23, 2012

La antigua fábrica de armas químicas vela ahora por su eliminación

DAVID BOLLERO Londres 22/09/2012 15:25

Franco, en la guerra del Rif.

Franco, en la guerra del Rif.

España firmó la Convención de Armas Químicas en 1993, ratificándola en 1997 y formando parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya (Países Bajos), en 1997. Desde entonces, se ha convertido en uno de los pilares de la organización, no sólo en cuanto a financiación sino también en su operativa. Nieves García, secretaria de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ), explica que «del presupuesto anual de unos 75 millones de euros que maneja la organización, España aporta dos millones al año, siendo el octavo contribuyente».

Paralelamente, nuestro país cuenta con uno de los 20 laboratorios certificados por la OPAQ para poder analizar y contra analizar agentes químicos tóxicos. Se trata del Laboratorio de Verificación de ‘La Marañosa’, conocido como LAVEMA, dependiente del Instituto Tecnológico ‘La Marañosa’ (ITM) del ministerio de Defensa en San Martín de la Vega (Madrid).

Este laboratorio juega un papel fundamental a la hora de inspeccionar y detectar armas químicas o sustancias precursoras de este tipo de armamento. La OPAQ cuenta con una base de datos de datos analíticos única a nivel internacional, homologada y examinada por expertos en la materia, con información sobre más de 3.400 compuestos vinculados a las armas químicas. Nieves García señala que este «laboratorio del Ministerio de Defensa, acreditado por la OPAQ para emitir informes vinculantes en caso de necesidad por el uso de agresivos químicos, debe aprobar unos exámenes todos los años si quiere seguir conservando su acreditación».

La secretaria de ANPAQ, organismo presidido por la subsecretaría de Asuntos Exteriores y con vicepresidencia en la subsecretaría del ministerio de Defensa, explica que «nosotros nos ocupamos de los aspectos técnicos de la Convención de Armas Químicas, principalmente de lo que afecta a las empresas españolas que utilizan ciertas sustancias químicas de doble uso, o que fabrican sustancias químicas orgánicas de diferente índole», desde productos farmacéuticos, a colorantes, esencias, etc.

No proliferación en España

Aunque Nieves García asegura que, cuando se ratificó la Convención, España no era poseedor de armas químicas, las inspecciones sí le afectan en su actividad comercial e industrial, puesto que muchos de los 3.400 compuestos químicos contemplados por la OPAQ se utilizan en procesos productivos con destino a uso civil. Se trata de las denominadas «sustancias de doble uso», que siendo empleados por la industria y los centros de investigación para actividades lícitas también pueden desviarse de estos usos para la fabricación ilegal de armas químicas. Es el caso de las sustancias ignífugas con que impregnan los rellenos de tapizados de sillas y butacas o el aislante de los tubos de aire acondicionado. Jaime Alejandre, experto en armas químicas, explica que»simplificándolo mucho, el fosgeno que se usa para el relleno de las butacas, basta mezclarlo con cloro para obtener gas mostaza».

Este es el motivo por el que la industria pasa exhaustivos exámenes de la OPAQ, tutelados por ANPAQ. En el caso español, García indica que nuestro país ya ha pasado más de medio centenar de inspecciones sin ninguna incidencia destacable. Sólo en España, el número de instalaciones bajo control alcanza potencialmente las 8.000.

Las inspecciones, llevadas a cabo por entre 3 y 5 inspectores de diferentes nacionalidades, son anunciadas por la OPAQ con 48 horas de antelación y, tal y como explica García, son extraordinariamente intrusivas para así descartar que no se hayan producido desvíos de sustancias químicas para otros fines que los declarados por esa instalación: «Se meten hasta la cocina revisando facturas de compra y venta, partes de producción, visitando plantas piloto, almacenes», explica, llegando incluso a plantear ciertas tensiones por cuestiones de propiedad industrial en las que ANPAQ ha de arbitrar.

Los 3.400 compuestos vinculados a las armas químicas que conforman la base de datos de la OPAQ han sido divididos en tres grupos que van desde los agresivos químicos totalmente prohibidos -salvo en los casos de sustancias necesarias para la protección de la propia sociedad, investigación médica o farmacéutica-, los de uso legítimo que afecta a pocos sectores como el farmacéutico, tinturas y textil (materiales ignífugos) y un tercero, mucho más amplio que va desde los detergentes, a productos de belleza e higiene, cementos o pilas.

En el cado del primer grupo (sustancias prohibidas) y siempre y cuando sea para fines de investigación, médicos o farmacéuticos, la Convención permite su producción en cantidades superiores a 100 gramos y hasta 10 kilogramos al año en laboratorios previamente aprobados por la Autoridad Nacional. Si las cantidades son inferiores a 100 gramos al año, no es necesaria la autorización previa ni hay obligación de declaración.

Legionarios españoles soportando cabezas cortadas de rifeños en 1922.

Guerra química en El Rif

«El olor del humo de las jaimas recuerda el de la leña en las chimeneas del invierno. En seguida otro olor cáustico, agrio, y el boticario que aparece con sus barbas y sus gafas de concha, tapada la boca con un pañuelo mugriento: hiperita, coño, hiperita. Han tirao más abajo con gases». Es un pasaje del libro Imán (1930) de Ramón J. Sender, basada en sus vivencias como soldado durante la guerra en Marruecos entre 1922 y 1924.

El texto sirve para introducir la leyenda negra del ITM, remontándose a sus orígenes cuando fue levantada en 1923 con el nombre de Fábrica Nacional La Marañosa o Fábrica Alfonso XIII, en honor al monarca de la época. Desde allí y con asesoramiento alemán, el Gobierno de Primo de Riverafabricaría las armas químicas que emplearía el ejército español en la guerra del Rif y que, para muchos, supone la primera vez en la Historia en que se emplean armas químicas contra población civil.

En otro pasaje del libro de J. Sender se puede leer «además de la locura tiene llagas de hiperita. El viento llevó gases del 5 de julio en Tizzi Asa y resultaron con llagas casi todos los soldados de la línea de blocaos del tractocarril». El doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Hernández Holgado, señala cómo «el bombardeo con gases tóxicos de la población civil beréber del Protectorado español apenas tuvo eco en los medios de difusión de la época, tanto españoles como extranjeros», no siendo hasta épocas más recientes cuando algunos estudios han arrojado luz sobre los hechos. Yperita (gas mostaza), fosgeno y cloropicrina son los gases tóxicos utilizados por España en la guerra del Rif.

En su libro Miseria del Militarismo (2003), Hernández Holgado desvela cómo jugó un papel fundamental en la trama el antiguo jefe del Servicio Alemán de Guerra Química, Von Stoltzenberg, a través del cual y «a espaldas del Comité Internacional creado en Versalles para fiscalizar el desarme alemán», se realizaron las gestiones pertinentes para que España comprara los agentes tóxicos sobrantes de la I Guerra Mundial. El historiador describe la estrategia, que «consistía en lanzar las bombas de gas en las áreas más pobladas y a las horas en las que más víctimas podían producir, de modo que el bombardeo de los zocos de las aldeas se convirtió en una rutina».

Desde entonces, el tema ha sido sistemáticamente evitado, sino silenciado, alegando en muchos casos que los bombardeos se habrían producido antes del Protocolo de Ginebra (1925) que, paradójicamente, prohibía el primer uso (que no la producción) de armas químicas, es decir, un país sólo las podía utilizar en respuesta a otro ataque químico, pero no iniciarlo.

En 1999 se fundaría la Asociación de Defensa de las Víctimas de la Guerra del Gas Químico en el Rif y hace siete años, el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, no sólo pidió perdón a los rifeños y al resto de la población marroquí, sino que instó al Gobierno español a investigar los efectos de esta guerra química. Por su parte, este mismo verano, el ministro marroquí de Exteriores, Saadedín al Otmani, avanzó ante su parlamento la intención de abrir un diálogo con España para aclarar el uso de armas químicas durante la Guerra del Rif.

Mientras, diversos colectivos vecinales y ecologistas reclaman el cierre de las instalaciones de La Marañosa por entender que constituye un grave riesgo medio ambiental, más aun considerando su enclave en un parque natural.

El mejillón como arma letal

La naturaleza también produce agentes químicos tóxicos, como las ricinas o la saxitoxina. En el caso de la saxitoxina, el ser humano puede intoxicarse al ingerir, fundamentalmente, mejillones, almejas, vieiras y berberechos. Se trata de una neurotoxina estable al calor, filtrado y retenido por estos bivalvos, que puede desencadenar lo que se denomina intoxicación paralizante por mariscos (PSP).

Así, entre 5 y 30 minutos después de la ingesta de marisco con saxitoxina, pueden comenzar a aparecer síntomas como hormigueo en la boca y extremidades, afectación del tubo digestivo que pueden durar días, dolor de cabeza, mareos, vómitos y diarreas. En los casos más graves también pueden aparecer cuadros de ataxia (perturbación de las funciones del sistema nervioso), disfonía, disfagia (dificultad de tragar), parálisis muscular y dificultad respiratoria e, incluso, muerte por parálisis respiratoria entre las 2 y 24 horas posteriores a la ingestión.

Estas biotoxinas aparecen en los bivalvos como resultado de su acumulación tras alimentarse de algunas especies de fitoplancton. Conocidas como mareas rojas, Nieves García explica que «para su detección son necesarias pequeñas cantidades de sustancia patrón que sólo se fabrican en Canadá y EEUU». La secretaria de ANPAQ precisa que incluso estás cantidades que se han de importar, «se autorizan caso a caso», controlando la cantidad que se hace de él en cada aplicación.


El Rey y Rajoy condecoran a los muertos de “Annual”; a los de Franco, ni pío…

septiembre 23, 2012

Enric Sopena. El Plural, 21-09-2012 – 22 septiembre 2012

¿Por qué se celebrará tamaño festín el 1 de octubre?. Nuevo traspiés del Rey

Nuevo traspiés del Rey. La Comisión del Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10 fue recibida hace dos días por el monarca en el Palacio Real, con motivo de la concesión de la Laureada de San Fernando, una decisión aprobada por el Consejo de Ministros el día 1 de junio del año en curso.

Hace noventa años, ese Regimiento protagonizó el terrible “desastre de Annual”, una batalla colonial que provocó la muerte de 550 militares españoles en el verano de 1921, cuando intentaban replegarse ante los implacables ataques de los defensores tribales, militares o no, de Marruecos.

El abuelo de Margallo… y el bisabuelo
Entre los muertos que ahora serán condecorados estaba el abuelo paterno del actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. El bisabuelo también murió en la primera guerra del Rif, entre 1893 a 1894. Aquella guerra fue conocida en los cuarteles como la Guerra de Margallo.

El amigo íntimo de Rajoy
Y ha sido Margallo -amigo íntimo desde hace muchos años de Mariano Rajoy- el que ha promovido, junto al ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, aristócrata y empresario del negocio de las armas, tan solemne numerito. Este acto castrense se realizará con gran pompa, por todo lo alto, sin apenas precedentes. Desde la Transición al 2012 no ha habido una sola condecoración de este género. Sólo la hubo en 1943, recién acabada la guerra civil y con el dictador Francisco Franco en El Pardo.

¿El 1 de octubre?
Insistimos. Nuevo error grave de Don Juan Carlos I. ¿Por qué se celebrará tamaño festín el 1 de octubre de 2012? El 1 de octubre de 1936 fue investido Jefe del Estado el general Franco, un militar de alta graduación, un golpista sanguinario que liquidó a sangre y fuego a la II República. Pero nunca las miles y miles de víctimas del franquismo han sido condecoradas o, al menos, oficialmente respetadas. A las víctimas de Franco, ni pío.

La expulsión de Garzón
Todavía, respecto a muchas de las víctimas, no se sabe donde reposan sus huesos. El juez Baltasar Garzón fue expulsado de su carrera judicial, entre otros argumentos insólitos, por intentar la investigación de las víctimas republicanas, asesinadas por bandas falangistas o por militares truhanes. La guerra civil no la ganó, sin embargo, Franco. El dictador venció gracias al apoyo de Adolf Hitler y de Benito Mussolini.

Los soldaditos pobres
En las guerras coloniales, tratando de invadir Marruecos, murieron muchos militares, de sargentos para arriba, ciertamente. Mientras tanto, la mayoría de los soldaditos españoles eran obligados a ir a esas guerras. Los soldaditos pobres, naturalmente. Los hijos de los ricos se salvaban del peligro porque la mayoría de las familias acomodadas -tan patriotas siempre- pagaban al Gobierno.

El prólogo de la dictadura del general Primo de Rivera
El desastre de Annual, 1921, fue el prólogo de la dictadura de Primo de Rivera. De allí salieron no pocos de los generales llamados africanos. Subían en el escalafón con gran rapidez, como es el caso de Franco y de otros de sus conmilitones. El abuelo de Margallo murió en Melilla.

El informe Picasso
El abuelo del actual Rey, Alfonso XIII, estuvo en el punto de mira de un informe denominado Picasso [por el general del mismo nombre], en el que salían presuntos delitos del monarca y del conde Romanones en cuanto a negocios de armas y otros negocios prósperos, aunque sospechosos, en aquella época. El Parlamento no pudo pronunciarse acerca del dossier mencionado, porque la dictadura del general Primo de Rivera cerró el Congreso de los Diputados. He aquí otra metedura de pata de Don Juan Carlos I.

Un Gobierno de amiguetes
En fin, el Gobierno Rajoy está demostrando una vez más su escaso arraigo a la democracia. Es un Gobierno, por lo demás, de amiguetes, como se demuestra con el papel de Margallo en este episodio. Alabar hazañas bélicas en una guerra colonial es lamentable. El Gobierno de Marruecos se siente lógicamente humillado por semejante recordatorio.

El primo de Mohamed VI
¿Se acuerda el Rey de que él acostumbraba a jactarse, durante algunos conflictos bilaterales, de ser el primo de Mohamed VI y hasta de conseguir apaciguar a las dos partes? Pues ahora no lo parece. Dice Margallo que eran héroes. Los héroes, Sr. Margallo, no son quienes hacen la guerra, sino los que la impiden.

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

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