Franco no habría ganado la guerra civil sin la ayuda de Hitler y Mussolini

El historiador Francisco Moreno Gómez rinde homenaje a la cualificación y combatividad de los soldados republicanos en su libro ‘Trincheras de la República. La gesta de una democracia acosada por el fascismo’

RAFAEL GUERRERO Sevilla 20/12/2013

Soldados y campesinos cordobeses atrincherados en agosto de 1936 en el frente de El Carpio en la provincia de Córdoba.

Treinta y cinco años de dedicación continuada a la investigación hacen de Francisco Moreno Gómez uno de los historiadores españoles más solventes y rigurosos a lo largo de sus múltiples trabajos sobre los maquis, sobre la guerra y la represión en su provincia natal de Córdoba y ahora sobre la guerra pura y dura en un libro denso -Trincheras de la República. La gesta de una democracia acosada por el fascismo, editorial El Páramo- donde rinde homenaje a la cualificación y la combatividad de los soldados republicanos.

Moreno Gómez es catedrático de instituto ya jubilado y pertenece a esa importante saga de investigadores que ha tirado del carro de la historiografía al margen del academicismo universitario. Considera que las estimaciones sobre las víctimas tanto de la guerra en los combates como de la represión se quedan cortas porque sigue sin aflorar la cifra exacta de desaparecidos. «En los frentes de batalla pudieron morir no menos de 300.000 combatientes en toda España y, tan sólo en la provincia de Córdoba, he podido documentar casi 12.000 víctimas de esa catástrofe humanitaria causada por el golpe militar franquista. Pero son datos mínimos, el máximo no se sabrá nunca. De ahí la enorme importancia de investigar, como sugiere el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU».

No es habitual en la historiografía actual que se reconstruyan batallas, pero Francisco Moreno lo hace aportando mucha información, incluso planos de situación que facilitan el entendimiento sobre la evolución de las campañas bélicas. Una de ellas -no muy conocida- es la última gran batalla de la contienda española, que se libró entre las provincias de Córdoba y Badajoz, entre enero y febrero de 1939, cuando nadie dudaba ya de que la guerra civil estaba perdida para la República. En efecto, en la batalla de Córdoba-Extremadura intervinieron más de 160.000 combatientes (92.500 del ejército republicano y 72.000 del bando franquista). Hubo 30.000 bajas y 10.000 muertos: 8.000 militares republicanos y 2.000 sublevados. Moreno Gómez explica así el sentido de aquella postrera gran batalla: «Los republicanos rompieron el frente, lo que causó gran alarma en el cuartel general franquista. La República quiso demostrar que no se rendía dando ejemplo de coraje y dignidad». El historiador cordobés recuerda la clave de la victoria franquista y se muestra categórico: «Cuando las fuerzas se equiparaban, la ayuda extranjera de Hitler y Mussolini deshacía el empate. De no haber sido por la ayuda del Eje Roma-Berlín, Franco no gana la guerra. La cualificación y la combatividad de los republicanos no ha sido valorada en su justo término».

El autor se detiene en determinados episodios de la guerra civil como el que sigue a la caída de Málaga en poder de las tropas franquistas en febrero de 1937. La ciudad se convirtió en una auténtica ratonera, donde decenas y decenas de personas eran fusiladas cada noche en las tapias del cementerio de San Rafael, que alberga el segundo conjunto de fosas comunes más importante de Europa con casi 5.000 esqueletos, después de Sebrenica, en Bosnia Herzegovina. «Se organizaban matanzas de prisioneros todas las noches. Decían: A ver que salgan los de la celda 21 y cargaban el camión rumbo al cementerio». Pero no sólo eran asesinados los malagueños, sino también los andaluces llegados semanas y meses antes a una ciudad colapsada que duplicaba su población por la presencia masiva de refugiados huyendo de la represión rebelde. Moreno documenta bastantes ejemplos de llegadas de grupos de falangistas de pueblos del occidente andaluz en manos golpistas «que iban a cazar a sus paisanos», para detenerlos, llevárselos a sus localidades de origen y allí matarlos. «O por el camino de vuelta, como pasó con un grupo de republicanos de Morón, que fueron fusilados en La Puebla de Cazalla».

La «carretera de la muerte»

Las cien mil personas, en su mayoría civiles, que se encaminaron apresuradamente hacia Almería por la carretera de la Costa durante los días siguiente a la toma de Málaga, tenían plenamente justificados sus temores y padecieron el ataque continuado de los sublevados: por aire bombardeados y ametrallados por la aviación italiana y desde el mar cañoneados por la marina rebelde. El médico canadiense que auxilió con su ambulancia a cientos de huidos por aquella «carretera de la muerte» considera que aquello fue el mayor crimen de guerra en España, más que las matanzas de Badajoz y que el bombardeo de Guernica. «Estamos hablando de casi cinco mil muertos», comenta Francisco Moreno, aclarando que «en la República nunca se ametralló a los civiles que huían de los pueblos por miedo a la represión, cosa que el franquismo hizo masivamente en Málaga, pero también en 1938 en el cierre de la bolsa de La Serena y en Don Benito (Badajoz), y durante la evacuación de de Tarragona en enero de 1939, como bien recogió Robert Capa en sus fotos. Es la criminalidad de guerra de que se ocupa la justicia universal».

Otro aspecto de la guerra escasamente abordado en el que se detiene moreno Gómez es el de los «niños o hijos de la noche», un original fenómeno de grupos de guerrilleros que hacían peligrosas incursiones nocturnas al otro lado del frente, en la retaguardia enemiga para realizar acciones de sabotaje, para liberar detenidos, para robar ganado y víveres y para ataques sorpresa. «Formaron en todo el frente -dice Moreno Gómez- el 14º cuerpo guerrillero, estructurado y comandado por el jienense Domingo Hungría, que tenía su sede principal en Villanueva de Córdoba, con sedes también en Granada, Badajoz, Alcalá de Henares, y un centro de entrenamiento en Benimámet (Valencia)». Estos grupos de guerrillas, que progresivamente fueron recibiendo apoyo de técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, efectuaron acciones de guerra importantes, como la voladura de un tren militar cargado de soldados italianos y la liberación de 300 presos republicanos en el fuerte de la localidad costera granadina de Carchuna. Los guerrilleros del frente sur (entre Córdoba y Extremadura) sumaron durante la contienda 239 sabotajes, 17 emboscadas, 6 incursiones, 87 trenes descarrilados, 112 vehículos destruidos y 2.300 bajas enemigas, entre muertos y heridos, con tan sólo 14 muertos propios, según precisa el investigador Francisco Moreno en su libro Trincheras de la República. Asegura que la voladora de un puente en la carretera de Peñarroya y Córdoba inspiró al mismísimo Hemingway para el argumento de su novela Por quién doblan las campanas.

http://www.publico.es/490537/franco-no-habria-ganado-la-guerra-civil-sin-la-ayuda-de-hitler-y-mussolini

Tres minutos para denunciar cuatro asesinatos

Olivia Carballar / Aracena (Huelva) / 22 nov 2013

 

Sello del registro de entrada de la denuncia.

Diez menos veinte de la mañana. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Aracena (Huelva):

-”Somos miembros de una asociación de memoria histórica, yo soy la vicepresidenta, y veníamos a denunciar el hallazgo de unos cuerpos que hemos encontrado en una fosa común en el cementerio de Encinasola”, expone Paqui Maqueda a una funcionaria que mira a la pantalla de un ordenador.

Silencio. Medio minuto después, la funcionaria responde sin apartar la vista de la pantalla:

-”Esa asociación supongo que estará constituida. ¿Tiene usted la acreditación de ser la representante?

-”No, yo no tengo la acreditación. La denuncia está firmada por el presidente”, aclara Maqueda, acompañada por Isabel Carmona, también de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

-”Ah, entonces van a presentar una denuncia escrita, ¿no?”, continúa aliviada la funcionaria, que gira su rostro por primera vez hacia las dos mujeres.

-”Sí”, confirman mostrándole la denuncia.

-”Ah, entonces no tengo que hacer esto. Entonces ya está. Yo le doy el sello de entrada y ya está. Vamos para fuera”, avisa la funcionaria, que coge los papeles, los sella y los devuelve a Maqueda.

Registro de entrada: 20 de noviembre de 2013, reza el sello azul.

-”¿Nada más? ¿Se pondrán en contacto con nosotros?”, pregunta Maqueda algo descolocada.

-”Lo tiene que ver la juez y ella ya resolverá lo que sea”, concluye la funcionaria, inmutable ante la denuncia de un hallazgo de cuatro personas asesinadas. Vuelve a su escritorio, junto a un par de sillas forradas con camisetas en las que se puede leer: “Sin justicia no hay derechos”.

Poco más de tres minutos. Ni una pregunta. Ni una aclaración. Nada. Paqui e Isabel salen tristes, apesadumbradas. No esperaban mucho más, pero no por ello deja de dolerles menos. “¿Será posible? ¿Será posible? Esta es la justicia de este país. Menos atención que si hubiéramos denunciado que nos han robado la cartera”, susurran a las puertas del juzgado. Paqui, en unos días, contará también esta paradoja en Argentina, ante la jueza que lleva la causa contra el franquismo.

La AMHyJA defiende en su denuncia la obligación del Estado de investigar los crímenes de la dictadura y se remite, entre otros, a textos de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica y el auto del Tribunal Supremo de 2012, que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”.

Con la denuncia acompañan el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, que inició la exhumación el pasado 7 de noviembre. Hasta el momento se han localizado tres esqueletos casi completos y un cuarto del que se visualiza sólo el cráneo. “En dos de los cuatro sujetos nos encontramos ante posiciones inverosímiles en cualquier registro funerario y arqueológico peninsular desde el medievo: decúbito prono o bocabajo, con flexiones de los miembros y distorsiones que rompen el protocolo ritual estándar”, dice el informe. En dos de ellos han sido detectados elementos de balística y una fractura perimorten en otro, “cuya confirmación justificaría la intervención judicial ante unos hechos violentos no conocidos“. Ha sido identificado también un proyectil Mauser. Las posiciones revelan, según el documento, una separación en el tiempo de las ejecuciones. Todos son hombres adultos, el más joven en torno a los 20 años. “El espacio intervenido no agota las posibilidades de localización de otros restos  de similares características”, añade el texto. El Mapa de Fosas de Andalucía señala un cálculo de 33 víctimas.

“No  esperamos nada de estas estructuras que no se han democratizado. No confiamos en la Justicia en este tema. Ya hemos vivido la sentencia del Supremo”, afirma Rafael López, presidente de la asociación. Las denuncias presentadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta están siendo archivadas por los jueces. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno: “El grupo tuvo que abandonar hasta los todoterrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz”.

“Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Los huesos no pudieron finalmente identificarse por el deterioro y el caso fue archivado. Los restos supuestamente pertenecían a Sixto Caro, un joven de unos 20 años a quien su hermana le llevaba comida en su escondite en la montaña. Según Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, este juzgado también fue uno de las primeros en inscribir en el registro civil a un desaparecido, después de que la solicitud fuera denegada en otros anteriormente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/tres-minutos-para-denunciar-cuatro-asesinatos/

LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR «SU OBLIGACIÓN» Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a «cumplir su obligación» de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne «los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes». Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. «El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía».

«Los presuntos autores», añade la ONU, «deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos», y las víctimas deben recibir «reparación adecuada».

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar «en todo lo necesario» con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la «la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado».  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de «un órgano específico» encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, «a más tardar el 15 de noviembre de 2014» para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

«No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia», ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: «No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora»

«No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica», ha declarado Garzón. «España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora».

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían «cerrado» totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. «La jurisprudencia no es ley», pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: «nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez». Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: «El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado», ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que «todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales» adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de «mirar para otro lado»

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. «El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado», afirman en un comunicado.

«Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido». «Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos», añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del «delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo».

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html

Beatos y cínicos…

JOSÉ MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ* 14/10/2013

Vaya por delante que en mis investigaciones no me he tropezado nunca con ninguno de los religiosos beatificados el pasado 12 de octubre en Tarragona. Y de veras que lo lamento, aunque de todas formas existe un problema operativo: las declaraciones de los testigos en las causas de beatificación son secretas y los historiadores no pueden verlas. De tal forma que sería imposible contrastarlas con otras y con diversas fuentes documentales. Ese secretismo, que sería inadmisible en una disciplina científica como la historia, sigue siendo practicado por la Iglesia católica. Así, por ejemplo, si la Iglesia nos dice que fulanito murió «perdonando a sus verdugos», tendremos que utilizar la «fe» para creerlo, pues no podremos contrastar al testigo que supuestamente presenció la muerte del beato y, por tanto, contradecir o negar su testimonio. Es una práctica vieja esta del secretismo en la Iglesia. Siempre les ha ido bien con ella y no tienen, por tanto, que cambiarla.

Además, esas cosas para la Iglesia son terrenales y es cuestión de darles tiempo. A veces, incluso, consideran que deben de reconocer algo y entonces no tienen inconveniente en confesar ciertos errores de la Iglesia, como ocurrió con Galileo. El problema, claro, es que cuando llegó esta confesión de la mano del papa Wojtyla, Galileo llevaba más de tres siglos muerto y, no obstante, la comisión que creo el mismo papa determinó que la postura de la Iglesia había sido la correcta y que Galileo anduvo equivocado, postura que el siguiente papa Ratzinger ratificó íntegramente. Y eso en el caso de Galileo. No sabemos que habría hecho el papa Francisco que, en otro gran ejercicio de fe para los contrarios, nos dice ahora que nunca ha sido de derecha.

En nuestro país tampoco la Iglesia fue nunca de derecha durante la Segunda República y la dictadura. Es cierto. Su posición se situó en la extrema derecha y así continuó durante años hasta que la descomposición de su gran aliado, el franquismo, le hizo adoptar precipitadamente posturas más acordes con los tiempos que se avecinaban. Como decía el historiador Ricard Vynes: la Iglesia no colaboró con el franquismo, la Iglesia formó parte del franquismo. La beligerancia de la Iglesia la colocó con claridad junto a los militares golpistas y terratenientes y, como ellos, recibió la violenta contestación de la exacerbación popular desatada por el golpe. No había ninguna diferencia en la fe de los militares golpistas, los falangistas, requetés o patronos y terratenientes con los religiosos. ¿Y estos serán llamados mártires y aquellos simplemente muertos? Fueron más, muchos más aquellos que los religiosos muertos. ¿Por qué después de conspirar unidos, de combatir unidos a la República, ese interés en diferenciar sus muertos de otros?

Como les decía, no he podido investigar esos religiosos beatificados en Tarragona, no es el ámbito territorial en el que desarrollo mi trabajo, pero sí he tropezado con otros casos de religiosos muertos, incluso algunos de ellos también beatos.

Constantina, por ejemplo, fue el pueblo sevillano donde más se atentó contra la vida de religiosos. De los catorce religiosos que murieron en la provincia de Sevilla (menos de los que los franquistas mataron en el País Vasco), tres fueron asesinados en aquel pueblo. El problema es cómo explicar por qué dos sacerdotes más (uno de ellos especialmente querido en el pueblo por su amistad con los pobres) y las religiosas del convento de la Doctrina Cristiana, fueron respetados sin que nadie atentara contra ellos. ¿Es que la fe de los tres primeros era distinta de los demás? No. Por supuesto que no. La «persecución» no se llevó a cabo contra la Iglesia o contra la fe, sino contra algunos miembros de la Iglesia, que es bastante diferente. En Morón de la Frontera, después del golpe, se llevó a cabo la detención de más de treinta derechistas y entre ellos tres salesianos. Un cuarto no fue molestado, al igual que los otros ocho religiosos que había en el pueblo y tampoco sufrieron agresión física alguna las monjas Jerónimas del convento de Santa María, las Concepcionistas del convento de San Juan de Dios y las monjas de la Caridad del Hospital Municipal. ¿Se estaba persiguiendo la «fe» de los tres salesianos detenidos únicamente? ¿Y el resto? ¿Eran descreídos, quizá? Las medias verdades siempre suelen terminar en grandes mentiras. Pero hay más.

Dos de los salesianos que resultaron muertos (el tercero sobrevivió) fueron declarados mártires de la fe en la masiva beatificación de 2007. Pero no murieron por su fe, ni mucho menos, incluso uno de ellos, el salesiano José Blanco Salgado, estuvo disparando contra los trabajadores desde el cuartel de la Guardia Civil (es obvio que pese a lo que diga el papa Francisco, no es muy imitable este mártir). Su muerte fue miserablemente provocada por el teniente de la Guardia Civil José Chamizo para intentar él mismo salvarse con los suyos, obligando a un grupo a salir del cuartel para poder escapar a fuego limpio por otra calle. ¿Dónde están los testimonios de la beatificación de estas personas? Me gustaría verlos, porque la información de la que disponemos (publicada y documentada) no guarda relación alguna con el martirio de estos hombres. Y estos casos en absoluto pueden negar que otros religiosos hayan sido asesinados por el mero hecho de serlo, pero evidencian la forma en que se han llevado a cabo los masivos procedimientos de beatificación. Los crímenes cometidos contra religiosos, como contra cualquier persona, fueron abominables, pero hay que saber medir el alcance y la utilización de todos ellos. Los debates tienen que ser claros, públicos y documentados, lo demás es historia sagrada, no historia.

Por cierto, todavía la Iglesia de Morón tiene pendiente una deuda, una gran deuda con los cuatrocientos cuarenta vecinos muertos y ochenta y cinco en paradero desconocido identificados que ocasionaron los sublevados. Total, algunos dirán que qué son 525 víctimas moronenses comparadas con la inmensidad del océano. Pues yo les diré lo que son: tres más que los 522 beatos del 12 de octubre, y estamos hablando solamente de un pueblo andaluz, con beatos y todo, donde la Iglesia sigue en silencio. ¿Olvido? ¿Cinismo? Será sencillamente que necesitan más de tres siglos como con Galileo. Y dicho sea de paso, ¿qué hace un ministro de justicia en un acto como ese cuando el gobierno que representa no cumple una Ley como la de Memoria Histórica? ¿No quedamos que es un acto exclusivamente «religioso» como dice la Conferencia Episcopal?

¿Para cuándo la Iglesia arrodillada ante las víctimas de la sublevación y la dictadura? Señor Rouco ¿está usted ahí?

*Investigador e historiador

http://www.publico.es/474646/beatos-y-cinicos

 

Imagen de archivo:

Cielo para los mártires y tierra para las otras víctimas.

Julián Casanova

A la Iglesia católica española le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la guerra civil. Como el Partido Popular no puede oficialmente rendir culto a las víctimas de los rojos y el Ejercito, afortunadamente, está ahora para otros menesteres, la Iglesia católica española continúa siendo la única institución que, ya en pleno siglo XXI, mantiene viva la memoria de los vencedores de la guerra. Repasemos la historia y volvamos después a la actualidad.

El 1 de julio de 1937 la jerarquía de la Iglesia católica española selló oficialmente el pacto de sangre con la causa del general Franco. Ese día vio la luz la “Carta de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España”. Redactada, a petición de Franco, por el cardenal Isidro Gomá, la apoyaron con su firma todos los obispos españoles, menos Mateo Múgica y Francesc Vidal i Barraquer, que se encontraban en ese momento en Italia. Múgica, obispo de Vitoria, había sido expulsado de su diócesis unos meses antes por la Junta de Defensa de Burgos por haber “amparado con excesiva transigencia a los sacerdotes nacionalistas” y excusó su firma alegando precisamente que no estaba en su puesto. Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, que había podido escapar de la violencia anticlerical del verano de 1936, le dijo a Gomá que ese documento colectivo podría servir de pretexto “para nuevas represalias y violencias” y para “colorear las ya cometidas” y que además le molestaba, en clara alusión a Franco, “aceptar sugerencias de personas extrañas a la Jerarquía en asuntos de su incumbencia”.

Nada nuevo, desde el punto de vista doctrinal, había en esa “Carta” que no hubiera sido ya dicho por obispos, sacerdotes y religiosos en los doce meses que habían pasado desde la sublevación militar. Pero la resonancia internacional fue tan grande, editada inmediatamente en francés, italiano e inglés, que muchos aceptaron para siempre la versión maniquea y manipuladora que la Iglesia transmitió de la guerra, del “plebiscito armado”: que el “Movimiento Nacional” encarnaba las virtudes de la mejor tradición cristina y el Gobierno republicano todos los vicios inherentes al comunismo ruso.

Además de insistir en el bulo de que el “alzamiento militar” había frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la típica apología del orden, tranquilidad y justicia que reinaban en el territorio “nacional”, los obispos incorporaban un asunto de capital importancia, que todavía hoy es la posición oficial de la jerarquía: la Iglesia fue “víctima inocente, pacífica, indefensa” de esa guerra y “antes de perecer totalmente en manos del comunismo”, apoyó la causa que garantizaba “los principios fundamentales de la sociedad”. La Iglesia era “bienhechora del pueblo” y no “agresora”. Los agresores eran los otros, los que habían provocado esa revolución “comunista”, “antiespañola” y “anticristiana”.

La “Carta colectiva” consiguió la adhesión de los episcopados de treinta y dos países  y de unos novecientos obispos. El respaldo sin contemplaciones al bando rebelde sirvió de argumento definitivo para los católicos y gentes de orden del mundo entero. Fundamentalmente porque iba acompañado de un descarado silencio acerca de la violencia exterminadora que los militares habían puesto en marcha desde el primer momento de la sublevación. La “Carta” demonizaba al enemigo, al que sólo movía la voluntad de persecución religiosa, y codificaba definitivamente el apadrinamiento de la guerra como cruzada santa y justa contra la disgregación patriótico-religiosa emprendida por la República.

Franco y la Iglesia católica salieron notablemente reforzados. La conversión de la guerra en un conflicto puramente religioso, en el que quedaban al margen los aspectos políticos y sociales, justificó la violencia ya consumada y legitimó a Franco para seguir matando. El entonces director de Propaganda del bando franquista, Javier Conde, le transmitió al jesuita Constantino Bayle, hombre de confianza de Gomá, lo satisfechos que estaban en los círculos políticos y militares con aquel milagroso documento: “Diga Ud. Al Señor Cardenal que se lo digo yo, práctico en estos menesteres: que más ha logrado él con la “Carta colectiva” que los demás con todos nuestros afanes”.

El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dio a la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a ser los vencedores de la guerra, anuló cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos y atizó las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.

El decreto de la Jefatura de Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba “día de luto” nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera ese día de noviembre de 1936, y establecía, “previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas”, que “en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombre de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista”.

Tal fue el origen de la colocación en las iglesias de placas conmemorativa de los “caídos”. Y aunque no aparecía así en el decreto, todas esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, “mártires de la Cruzada” todos ellos. Los otros muertos, los miles y miles de rojos e infieles asesinados, no existían, porque no se les registraba o se falseaba la causa de la muerte, asunto en el que los obispos y curas tuvieron una responsabilidad destacadísima.

Acabada la guerra, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado, mientras se pasaba un tupido velo por la “limpieza” que en nombre de ese mismo Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien.

Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de los mártires. Bajo aquellos “días luminosos” de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos pueblos y ciudades, desde los cementerios y lugares de martirio a las capillas e iglesias elegidas para el descanso eterno de sus restos.

La Iglesia católica española quiso, no obstante, perpetuar la memoria de sus mártires con algo más que ceremonias fúnebres y monumentos y reclamó, apoyada por los dirigentes franquistas, su beatificación, un camino que tardó casi cuatro décadas en recorrerse y que, paradójicamente, empezó a encontrar frutos varios años después de muerto Franco, con la democracia ya implantada en la sociedad española. Pío XII se había opuesto a una beatificación indiscriminada y masiva de miles de “caídos por Dios y por España” y una actitud similar adoptaron sus sucesores Juan XXIII y Pablo VI, quien ordenó incluso la paralización de los procesos canónicos que desde el final de la guerra estaban llegando al Vaticano.

Las cosas cambiaron con Juan Pablo II. En marzo de 1982 comunicó a los obispos españoles que iba a impulsar la beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España. El 29 de marzo de 1987 beatificó a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936. Fueron las primeras beatificaciones de mártires de la cruzada. A partir de ese momento, se aceleró la conclusión de procesos anteriormente paralizados y se abrieron otros muchos.

A la jerarquía eclesiástica española, sin embargo, los mil beatificados desde entonces le parecen pocos y reclaman que sean elevados a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil eclesiásticos “martirizados” y unos tres mil seglares de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales, a quienes se quiere aplicar la misma categoría. La Iglesia católica española tendrá este domingo, 13 de octubre de 2013,  522  nuevos “mártires de la fe”, en una ceremonia de beatificación masiva que la Conferencia Episcopal ha preparado con todo detalle.

Nada ni nadie le impide a la Iglesia católica recordar y honrar a sus mártires. Pero con esas ceremonias de beatificación, la Iglesia católica sigue humillando a los familiares de los decenas de miles de asesinados por los franquistas, quienes todavía no han encontrado la reparación moral ni el reconocimiento jurídico y político después de tantos años de vergonzosa marginación. A la jerarquía de la Iglesia católica no le gustó la Ley de Memoria Histórica ni tampoco quiso que un parlamento democrático aprobara un reconocimiento público y solemne a las víctimas del franquismo. Prefiere su memoria, la de sus mártires, la que sigue reservando el honor para unos y el silencio y la humillación para otros. Como hizo siempre la dictadura de Franco.

http://www.juliancasanova.es/cielo-para-los-martires-y-tierra-para-las-otras-victimas/

Un historiador localiza 43 enterramientos de fusilados en un cementerio a punto de ser desmantelado

El historiador José Luis Gutiérrez ha adelantado estos datos a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente clausura. La Dirección General de Memoria Democrática se compromete a la realización de catas científicas para poder proceder, en su caso, a las exhumaciones…

Olivia Carballar / Sevilla / 10 oct 2013

Certificado de defunción de Carmen Mora.

Oficio: su casa. Filiación: Juventudes Socialistas Unificadas. Fecha del consejo de guerra: 3 de abril de 1937. Fecha de su asesinato: 19 de abril de 1937. Fecha de su enterramiento: 20 de abril de 1937. Sepultura: 58, fila 1 patio 5, línea San Lucas. Tenía sólo 22 años. Era hija del alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) Amador Mora Rojas, muerto durante la guerra en zona republicana. Su madre y un hermano también fueron asesinados. Se llamaba Carmen Mora. Fue condenada a muerte como autora de un delito de rebelión militar tras asistir uniformada como miembro de las milicias de Juventudes Socialistas Unificadas al mitin que se celebró en Cádiz con la presencia de Largo Caballero por la UGT y Vicente Ballester por la CNT, un acto de demostración de fuerza de la unidad obrera. Su proceso duró 24 días. O lo que es lo mismo: en 24 días se llevaron su vida por delante.

Ella y 42 hombres más están en el cementerio municipal de San José, en Cádiz, según reza en los certificados de enterramiento localizados por el historiador José Luis Gutiérrez. ”Certifico que el cadáver (…) está enterrado en un féretro de madera de pino forrado de paño habiendo ocurrido la defunción a consecuencia de la enfermedad pasado por las armas“, se puede leer en la mayoría de los casos. Son nuevos nombres de desaparecidos de la guerra civil que dejan patente una vez más la importancia de las investigaciones locales para evitar que la historia muera enterrada o destruida por excavadoras en un cementerio. Gutiérrez ha adelantado estos datos de su estudio, que prevé finalizar antes de que acabe el año, a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante el inminente cierre del cementerio municipal. De momento, sólo ha recibido un acuse de recibo de IU.

Según fuentes del consistorio gaditano, que ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, pondrán todos los medios disponibles para que se puedan realizar las exhumaciones. “Ahora mismo estamos en la fase previa, en la delimitación de fosas y en la realización de catas científicas para verificar la existencia de restos de fusilados. A partir de ahí, pasaríamos a las exhumaciones”, explica el director de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

La investigación de José Luis Gutiérrez, encargada por el Grupo de Trabajo Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT y financiada por la Junta, investiga la puesta en marcha de la justicia militar franquista a partir de marzo de 1937: el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a las aplicaciones de los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos. “Llega la denuncia, no se admite ningún recurso, se abre una indagatoria en la que se le pregunta al acusado por sus antecedentes, qué hacía el 18 de julio, qué cargos ocupaba… Luego se piden los informes a la Guardia Civil, Falange, ayuntamientos, juzgado municipal… Se toma declaración a los testigos de cargo y el acusado puede dar tres nombres de testigos de descargo. El juez ordena al ayuntamiento que advierta en un edicto a los vecinos de que tienen la obligación de comparecer ante el instructor y decir lo que sepan. El juez realiza un auto y el último que decide es el general jefe, en este caso Queipo de Llano”, resume Gutiérrez.

Y todo este paripé sostenido por personas con formación jurídica, jueces que incluso luego ocuparon puestos de relevancia en la demoracia. Felipe Rodríguez Franco, por ejemplo, es el ponente de la sentencia de uno de los 43 fusilados en Cádiz, en concreto de Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Rodríguez Franco, con solo veintitantos años, ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Que un juez que firma sentencias de muerte, miembro de los consejos de guerra franquistas, siguiera en la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona el historiador.

En la provincia de Cádiz existían dos consejos de guerra. Desde que comenzaron sus actuaciones se celebraron, según la investigación de Gutiérrez, un mínimo de 456 vistas en las que comparecieron 1.303 detenidos. “De la instrucción de los expedientes, de la fiscalía, la defensa y la redacción, como ponentes, de las sentencias se encargaron al menos 22 abogados, jueces de instrucción, fiscales y magistrados de la Audiencia Provincial habilitados como miembros “honorarios” de la milicia golpista. El tribunal lo compusieron militares encabezados por quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Guerra Permanente”, añade.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/23713/ (A través del Foro por la Memoria)

TV-3 busca republicanos en el Valle de los Caídos

Los familiares luchan por sacar sus restos del monumento del dictador

Martes, 19 de marzo del 2013

SONIA GARCÍA GARCÍA. BARCELONA

A finales de los años 50, las carreteras de España se llenaron de camiones que circulaban cargados con unas cajas misteriosas. El destino era Cuelgamuros, un paraje a 60 kilómetros de Madrid, y la tétrica carga estaba compuesta por los restos de miles de soldados y civiles víctimas de la guerra civil española. Este es el punto de partida del documental Avi, et trauré d’aquí!, producción de Montserrat Armengou y Ricard Belis que hoy estrena el programa de Televisió de Catalunya Sense ficció.

Los cuerpos se llevaron sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares», explica Armengou (galardonada, junto con Belis, con el Premi Nacional de Periodisme del 2002 por el trabajo de investigación Els nens perduts del franquisme). Y esta paradoja es en la que incide la periodista: «que muchos republicanos hayan ido a dar con sus huesos, y nunca mejor dicho, a un lugar construido por Franco».

«Avi, et trauré d’aquí! aborda la lucha de los hijos y de los nietos por recuperar el cuerpo de sus deudos», explica Armengou. Este es el caso de Joan Pinyol, nieto de un republicano que fue exhumado y trasladado «al monumento a un dictador». Durante años, la familia le estuvo llevando flores al cementerio de Lleida, pero gracias a una investigación de la historiadora Queralt Solé supo que «el abuelo estaba enterrado junto a su verdugo».

EL TESTIMONIO DE GARZÓN // La periodista remarca que Avi, et trauré d’aquí! es una investigación histórica, pero que refleja muy bien el presente y el futuro, «porque todo ese dolor, ese sufrimiento con los deudos, no se ha reparado». Y añade que las víctimas están en situación de desamparo, ya que España es un país donde no ha habido políticas institucionales de recuperación de la memoria. «Y muchas veces la reparación que pueden tener las víctimas les viene de una cosa tan simple como aparecer en un documental que se haga eco de lo que pasó», añade.

Armengou y Belis entrevistaron a afectados, políticos y expertos, como el exjuez Baltazar Garzón, cuya orden de exhumación de las tumbas, según los autores, «fue un elemento definitivo para que su caso terminara donde terminó». En el documental, Garzón afirma que tocar el Valle de los Caídos, y exigir que se abrieran las urnas para que los familiares pudieran tener acceso «despertó todas las alarmas y se produjo un toque a arrebato importante».

En la presentación del documental, al que asistieron algunos de los protagonistas, la historiadora Queralt Solé y Tàrio Rubio -el único trabajador del cementerio por aquellos años-, sus autores explicaron que hubo también autoridades que se negaron a hablar. Por último, la producción plantea si se debe dejar el mausoleo tal y como fue concebido o si debe convertirse en un memorial para las víctimas.

El trabajo recupera material inédito de personas que, a finales de la década de los 70, exhumaron, por su cuenta y riesgo, a sus familiares. Los reporteros agradecieron a Televisió de Catalunya ser la única cadena que ha hecho una apuesta fuerte y decidida por la recuperación de la memoria histórica «de manera continuada».

http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/tv-3-busca-republicanos-valle-los-caidos-2344200

16 Julio 36: extraño «accidente» del general Balmes

Por: EL PAÍS16/02/2012

Por Ángel Viñas

La publicación, el año pasado, de mi libro La conspiración del general Franco,  generó una cierta agitación en la Red. En las páginas y blogs de la derecha y de la extrema derecha se me puso como chupa de dómine. No es de extrañar. En el primer capítulo establecí la tesis de que el comandante militar de Las Palmas, el general Amado Balmes, había sido asesinado por orden del general Franco, su inmediato superior.

Teniendo en cuenta la posterior carrera de Franco centrarse en un asesinato parece, a primera vista, una extravagancia. Sin embargo, en él se dieron cita circunstancias muy particulares. Se produjo en tiempo de paz. Con independencia de que la declaración del estado de guerra, hecha por Franco en Canarias el 18 de julio, fuese totalmente ilegal, la acción no podía cubrirla. El Código Penal entonces vigente (y que Franco mantuvo hasta los años cuarenta) establecía los supuestos que definen un asesinato. Casi todos ellos eran de aplicación al caso.

Aunque los rumores sobre el extraño accidente se desencadenaron desde el primer momento, ningún autor se había metido de lleno a examinar las circunstancias en que se produjo. Al hacerlo, hube de ligar el asesinato con la línea conspirativa que había llevado al vuelo del famoso Dragon Rapide. Su ida a Gando y solo a Gando en vez de a Los Rodeos en Tenerife donde vivía Franco se veló siempre con argumentos falaces.

El Franco que apareció en mi investigación es diferente a la imagen que de él se tiene hoy en la literatura, en la cual habría estado dudando hasta que el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio le hizo pasar a la acción. Franco, por el contrario, se decidió a ello hacia mitad de junio. Entre los problemas operativos con que tropezó figuraba la eventual reacción de la poderosa guarnición de Las Palmas, que comandaba Balmes, viejo conocido suyo. Es verosímil que ya la hubiese tanteado a finales de mayo en su primera visita oficial a Gran Canaria. Ciertamente, conectó con varios oficiales y jefes que posteriormente se sublevaron.  A principios de julio, en una fecha indeterminada, Franco se entrevistó secretamente con Balmes y no logró convencerle. Esto “obligaba” a eliminarle. Lo que Franco entonces necesitaba era un avión para escapar desde Gando, adonde se trasladaría para presidir el entierro.  ¿Por qué tenía prisa? Porque debía ponerse al frente del Ejército de Marruecos, cuya sublevación era inminente.

Para el franquismo, reconocer que su Caudillo se había estrenado en la paz con un asesinato hubiera sido inconcebible. Desde 1936 hasta fecha reciente no han dejado de sembrarse falsas pistas para ocultar lo sucedido. Numerosos papeles relacionados con el vuelo del Dragon Rapide han desaparecido. La fecha de su llegada a Gando se manipuló. A Balmes se le presentó como decidido partidario de la sublevación. Se le imputó la extraña costumbre de desencasquillar la pistola apoyándola en el bajo vientre. Todo ello fantasías indocumentadas.

En una versión revisada de mi libro he agregado nuevos datos que refuerzan mi tesis. En primer lugar, gracias al decidido apoyo de la familia Balmes, he aclarado la molesta cuestión de la negativa de Franco a conceder a la viuda la pensión completa que hubiera correspondido a su marido por fallecer en acto de servicio. En 1937 se le denegó. He esclarecido el nerviosismo que debió apoderarse de Franco en los días anteriores al golpe y que llevó al general Orgaz, medio desterrado en Las Palmas, a tratar de obtener un avión alemán de Lufthansa. La llegada a Gando, el 14 de julio del Dragon Rapide y no como siempre se ha sostenido al día siguiente, obvió tal necesidad. He profundizado –y corregido-  la personalidad del capitán (no comandante) Pollard, pasajero del avión, ex oficial de la Inteligencia Militar británica. He contado con nuevos informes de patólogos e incluso de la Policía Científica.

Han quedado identificadas las peculiares condiciones del militar que, en mi opinión, asesinó a Balmes. La matriz de su hoja de servicios es ya, de por sí, extremadamente significativa en julio de 1936. Su interés se acentúa en la guerra civil. Se trata de alguien sobre el cual se extendió, contra viento y marea, la larga mano protectora de Franco. Contra los informes negativos que respecto a él había recogido el SIPM. Contra la petición del juez instructor que intervino en la preparación de un consejo de guerra que se le abrió (posteriormente me he enterado de que no se trataba de uno cualquiera: fue el general Jesualdo de la Iglesia, un purasangre de la peor especie y antecesor del tristemente famoso coronel Eymar al frente de un juzgado, secreto, para la persecución del comunismo y el espionaje). Contra la propia sentencia del consejo que se vio obligado, a petición –obviamente impuesta- del mismo fiscal, a repetir la vista. Contra la segunda sentencia, menor que la primera, pero que fue incluso disminuida por el Cuartel General. En definitiva, un caso cuando menos sorprendente, aunque también es verdad que después, y durante muchos años, el inmarcesible Caudillo dejó de sonreirle. No de forma definitiva. Lo recuperó en los años sesenta.

He ampliado el número de documentos que debieron existir pero que han desaparecido. Tanto en España como, ¡quién lo iba a pensar!, en la propia Inglaterra. Para ciertos servicios, lo que hubo detrás del vuelo del Dragon Rapide es algo que todavía puede quemar.

Dejemos a los franquistas en sus certidumbres. Ni sus historiadores de postín, ni sus alevines, han sido capaces de aportar pruebas documentales en contra. Cuando lo intentan, fracasan. En la página web franquista por excelencia afirman que el teniente coronel Galtier, que sucedió brevemente a Balmes y comunicó a Franco lo sucedido, era un defensor de la República. No podía formar parte de la conspiración que me he inventado. Poco después lo fusilaron. Mentira. Galtier siguió en el Ejército. Ascendió y pasó al retiro en 1943.  Ni siquiera saben investigar.

Ángel Viñas es el autor de La conspiración del general Franco (Crítica).

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/02/el-extrano-accidente-del-general-balmes-el-16-de-julio-de-1936.html

La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica…

El ecosocialista Joan Saura.

Antonio Fernández  04/12/2011 

Algo huele mal en el Memorial Democrático. El Gobierno catalán investiga desde el pasado mes de febrero unas supuestas irregularidades dentro de este organismo, creado para salvaguardar la memoria histórica y bajo control directo del ecosocialista Joan Saura en el último Gobierno. Cargos de la Consejería, trabajadores del Memorial, proveedores y asesores han ido desfilando por los despachos oficiales para declarar durante este tiempo.

Paralelamente, la Sindicatura de Cuentas descubrió actuaciones sospechosas durante los últimos años que apuntan a favoritismo hacia una empresa determinada y el gasto de millones de euros que no parecen tener suficiente justificación. “Al menos de forma indiciaria, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”, dice el informe, que ha sido enviado a Fiscalía.

El informe detalla los favores realizados a la compañía Stoa Propostes Culturals i Turístiques. Esta empresa participó en la elaboración de las bases para conceder las subvenciones de la Dirección General del Memorial Democrático de la Consejería de Interior entre los años 2008 y 2010 sin ningún tipo de contrato que sustentase esta intervención. La fiscalización, no obstante, se circunscribe sólo al año 2009, cuando se destinaron al Memorial Democrático alrededor de 2 millones de euros. Stoa, además, efectuaba la valoración de los proyectos presentados. Su puntuación se sumaba a la que le concedía la propia Dirección General y se sacaba la media aritmética. Paralelamente, sin embargo, asesoraba a algunos de los entes locales que presentaban proyectos a subvencionar (y que lógicamente la propia empresa calificaba). Miembros de la Consejería y el administrador de la empresa también participaron en reuniones con posteriores beneficiarios de las ayudas públicas.

Por si esto fuera poco, Stoa fue beneficiaria de la adjudicación de varios proyectos subvencionados. En otro de los puntos, el informe de la Sindicatura señala que existen indicios “de que en la licitación del contrato por la reproducción, realización y postproducción de la exposición Derecho a la Memoria, por 203.000 euros, se podría haber favorecido a la empresa Wasabi”.

La historia es cuando menos curiosa: los técnicos de la Consejería dieron más puntuación a la empresa Mercuri Sociedad General de Producción que a Wasabi para organizar esta exposición. Pero los técnicos de Stoa le dieron la vuelta al marcador al calificar con una nota mayor a Wasabi que a Mercuri, por lo que la primera se llevó el contrato.

Empresas vinculadas

Sin embargo, todo era una trampa, ya que, según especifica la Sindicatura, “Wasabi Produccions comparte tres socios fundadores con la empresa asesora [Stoa]”. Esta particularidad implica un indicio muy serio de responsabilidad penal. Paralelamente a esta adjudicación, el mismo día se le concedió otro contrato a Stoa por 66.120 euros para “el comisariado, coordinación y contenidos” de la misma exposición. Para aparentar legalidad, a este concurso se presentaron tres empresas, dos de las cuales estaban vinculadas entre sí. Una vez adjudicado, se subcontrataron algunas de las funciones sin comunicarlo a la Administración. Además, una de estas subcontrataciones fue al director del Museo del Memorial en el Exilio (Mume), que facturó a la compañía 2.000 euros.

La guinda de las irregularidades se produjo en el año 2009, cuando tres técnicos de Stoa fueron contratados directamente por la Consejería “y formaron parte de la comisión de evaluación de los proyectos que optaban a subvención, mientras que la sociedad continuaba asesorando a los entes locales que presentaban proyectos”. Esta relación de los antiguos trabajadores de Stoa decidiendo sobre los proyectos a subvencionar, según fuentes consultadas por este diario, “hace daño a la vista. No puede ser que los ex trabajadores de una empresa evalúen los proyectos en los que participa la misma empresa que les pagaba hasta días antes. Su decisión habría de estar, necesariamente, contaminada debido a las relaciones laborales que habían tenido hasta ese momento”.

“Amistades personales”

Fuentes de la Administración catalana señalaron a El Confidencial que al margen de la denuncia por las irregularidades del año 2009, “la investigación interna sigue su curso, ya que hay cosas que estéticamente no pintan muy bien, más allá de las amistades personales que pudiera haber en adjudicaciones sospechosas”. Porque, además de la concesión de poder de decisión a una empresa determinada o el encargo de trabajos a esta misma empresa, el Gobierno quiere saber, por ejemplo, porqué se construyeron “cinco espacios de la memoria en el Ebro y de ellos sólo está abierto al público uno. Son decisiones desconcertantes de los anteriores responsables

El Periódico de Cataluña vía Google Noticias

Financiados siete proyectos sobre memoria histórica…

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE PRESIDENCIA:

Las ayudas del Gobierno central rondan los 250.000 euros en total. En toda España se han otorgado fondos para 178 iniciativas de recuperación.

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A. IBÁÑEZ 04/12/2011

El Ministerio de Presidencia ha aprobado esta semana conceder definitivamente las ayudas económicas para sufragar proyectos de recuperación de la Memoria Histórica. De los más de cinco millones de euros destinados para 178 proyectos en toda España, algo más de 250.000 euros se destinarán a siete proyectos aragoneses. La mayoría de los proyectos están relacionados con la exhumación de varias fosas y la identificación de restos humanos.

Otros proyectos que tendrán financiación tienen como objetivo realizar estudios y prospecciones con fines culturales sobre los hechos históricos de la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de la Guerra Civil y que se desarrolló en los límites provinciales de Tarragona y Zaragoza. Otros tres proyectos se han rechazado por incumplir los criterios que establecía la convocatoria de las ayudas. Todos los beneficiarios de estas ayudas van a tener un año para culminar sus trabajos.

Desde hace cinco años, el Gobierno central ha invertido más de 24 millones en la recuperación de la Memoria Histórica, un programa de dignificación y reparación de los daños a las víctimas que será revisado con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, crítico con este proyecto de ley aprobado por Zapatero.

Uno de los planes aragoneses que recibirá más cuantía, con un total de 60.000 euros, es la exhumación de cinco fosas comunes en la localidad turolense de Olba, a cargo de la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo. Otros 39.000 irán destinados a la localización y exhumación de los restos de otra fosa común en la comarca del Campo de Belchite, donde hay soldados enterrados. En este caso no se financiará la identificación de los restos a través del ADN. Otros 20.000 euros serán para las excavaciones de una fosa en el cementerio de Calatayud y otros 40.000, cuyo beneficiario es la Asociación Rebellar, se invertirán en la exhumación de los restos de un vecino de Sos del Rey Católico y otro de Los Pintanos.

Asimismo, la Asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938, recibirá 49.014 euros para iniciar la segunda fase de la localización y documentación de restos de soldados muertos en la zona de Fayón y Mequinenza durante la batalla del Ebro. Además, 43.000 euros irán para dos proyectos documentales y de investigación de recuperación de parajes en los que se produjo la batalla del Ebro, entre Tarragona y Zaragoza.

 El Periósico de Aragón vía Google Noticias

Diccionario contra el olvido…

El profesor Escudero reúne en un libro los conceptos imprescindibles de la memoria

DIEGO BARCALA MADRID 20/11/2011

xhumación de una fosa común el pasado julio en Gumiel de Izán (Burgos). Mónica patxot

El Diccionario de la Real Academia de Historia presentado el pasado mayo sólo contribuyó a generar una gran polémica por expandir la sombra sobre las biografías más polémicas de la España del siglo XX por un precio al erario de 6,4 millones de euros. El Diccionario de la Memoria Histórica. Conceptos contra el olvido (editorial Catarata), coordinado por el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero Alday, pretende fijar los conceptos básicos generados por la memoria histórica. Su precio: 14 euros.

«Es el fenómeno político más relevante acaecido en España en los últimos tiempos», define Escudero en el prólogo. «Hay conceptos de los que hablamos hoy que hace diez años eran desconocidos para todos. Argumentos sobre la Transición y la democracia que están en la voz de la gente», describe el coordinador del manual. Escudero es consciente de que muchos de los temas explicados han sido analizados por la historiografía, pero advierte: «La Historia, muchas veces, no ha pasadode las bibliotecas a la calle».

Martín Pallín: «La amnesia puede llevar a la pérdida de la dignidad»

El libro trata de definir conceptos como represión, nacionalcatolicismo, transición, amnistía, impunidad, exhumaciones, desapariciones o símbolos, a través de artículos de expertos en Historia, Derecho, Sociología o Política como el juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, el historiador Francisco Espinosa o el médico forense Francisco Etxeberria.

Fosas como instrumentos

«Las fosas comunes de los derrotados han pasado de ser vertederos políticos, emocionales o simbólicos, artefactos progresivamente averiados de la maquinaria del terror franquista, a convertirse en lugares de memoria de una gran complejidad y visibilidad, en inquietantes instrumentos de movilización del debate público», explica en el capítulo de Lugares de la memoria el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz.

«La Historia, a veces, no ha llegado a la calle», dice el autor del manual

El movimiento memorialista, que gran parte de la sociedad vincula al debate de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 o a la apertura de la primera fosa de la represión franquista mediante métodos científicos en 2000, se remonta a la inmediata muerte de Francisco Franco, según el periodista Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «La Unión de Excombatientes y la Asociación de Expresos y Represaliados, inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones el 5 de diciembre de 1978 y el 1 de septiembre de 1979, respectivamente, son grupos que reivindican derechos propios y mantienen el recuerdo de su lucha contra la dictadura», describe.

Pero es el caso del juez Baltasar Garzón el que lleva a la calle «debates que hemos traído de la Justicia argentina, como la amnistía, justicia transicional o desaparición forzada», explica Escudero. «Los alumnos que vienen a mi clase de Transición y Memoria Histórica han pasado antes por Derecho Constitucional. Y ahora vienen preguntando por la ley de amnis-tía», ejemplifica el autor.

«Amnistía procede etimológicamente de la palabra griega amnesia, que significa olvido», escribe el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que es el autor del libro que más ajusta su contribución al formato enciclopédico. «La amnesia es una enfermedad que les puede llevar a la pérdida de la memoria y, lo que es peor, de la dignidad», concluye el magistrado jubilado.

http://www.publico.es/espana/407893/diccionario/olvido

 

La Guardia Civil y la jueza de Almadén visitan fosa común de Chillón (Ciudad Real)…

 

Foto: EUROPA PRESS/ARMH

 

 

CIUDAD REAL, 27 Oct. (EUROPA PRESS) –

   Este jueves, un representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha notificado en el cuartel de la Guardia Civil de Almadén (Ciudad Real) la aparición de restos humanos en el lugar donde se están llevando a cabo la exhumación de una fosa común donde esperan encontrarse los restos de nueve de hombres.

   Al mediodía, un grupo de guardias civiles ha acordonado la zona de la fosa en espera de la llegada de la jueza de Almadén y de un equipo de la policía judicial que ha recabado información de los hechos, como dicta la ley, ha informado la ARMH en nota de prensa.

   Tras la toma de datos la jueza del juzgado de Almadén ha tomado la decisión de permitir que la ARMH continúe las labores de exhumación y la mantenga informada de toda la información que genere la apertura de la fosa y la recuperación de los restos.

   Se trata, según la Asociación, de una de las pocas ocasiones en que un juzgado cumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal y acude al lugar donde se encuentran restos humanos con signos de violencia que previsiblemente tienen relación con la represión de la dictadura franquista, que asesinó a esos hombres semanas después de terminada la guerra civil.

   Las labores de exhumación continuarán siempre que la climatología lo permita con el fin de extraer los cuerpos para que los familiares tengan la oportunidad de darles una sepultura digna.

Europa Press vía Google Noticias

“Mi abuela intentó evitar que se lo llevaran”…

Por Memoria Pública

29 sep 2011

Nacido en Rociana del Condado (Huelva) alrededor de 1907, Juan Bort Picón, tonelero de profesión, murió fusilado el 7 de septiembre de 1936 en un lugar aún por determinar.

“Los falangistas lo montaron en un coche y lo llevaron a Almonte. Su esposa intentó evitarlo poniéndose ante el coche, pero le dijeron que igual les daba matar a uno que a dos. Fue asesinado porque era un comunista más o menos destacado”, cuenta su nieto Francisco Palomo, de 42 años. Dejó a su muerte una esposa embarazada, Carmen Padilla, que al poco tiempo alumbró una niña, Juana Bort Padilla, de 73 años ahora, y en cuyo nombre continúa luchando Francisco Palomo. No es fácil. Toda la familia tiene dudas entre si está enterrado en La Palma o en Niebla.

“Mi abuela siempre dijo que era en La Palma, aunque no podemos saberlo. Es sobre todo una lucha simbólica”, asegura. La forma de saberlo, dice, es investigar ambas fosas. “Pero no podrá ser. Se han archivado los dos casos”, asegura Palomo, que aún confía en la vía administrativa.

El juzgado de La Palma, apoyado por la fiscalía, archivó la investigación. La Asociación Andaluza de la Memoria Histórica lo recurrió ante la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso con los mismos argumentos que el juzgado: la prescripción del delito. El juzgado de Moguer tampoco investiga la fosa de Niebla.

Incluido en el reportaje de Pere Rusiñol, Diego Barcala y Ángel Munárriz publicado en la edición de Público del 30 de mayo de 2010

Público.es (Memoria Pública)

Hallada en Jerez la segunda fosa más grande hasta el momento con entre 300 y 600 cadáveres…

Solo a través de medios de comunicación extranjeros se podía llegar a esta noticia, 24 horas después de su conocimiento.

Memoria Histórica | Rubén G. Herrera – Tercera Información | 29-09-2011 |

«Una fosa común que podría contener centenares de víctimas de la represión franquista fue descubierta en Jerez de la Frontera y convertirse de este modo en la segunda fosa mayor hallada hasta el momento en España», anunciaron el 28 de septiembre los defensores de la [recuperación de la memoria histórica.

Edurne Rubio, portavoz del Foro por la Memoria, una de las asociaciones dedicadas a descubrir las fosas donde yacen miles de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior represión franquista, señaló: «se calcula que hay centenares, se estima que podría haber unos 600 cuerpos».

La fosa podría ser la segunda mayor descubierta en España, después que en 2008, según datos oficiales, se descubriera una fosa con 2.840 cuerpos en San Rafael, en la provincia de Málaga.

La fosa ahora descubierta se encontraría en un lugar conocido como el Cortijo del Marrufo, en el término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y los cuerpos pertenecerían, según los investigadores, a ejecutados durante la Guerra Civil.

«Se han hecho catas (prospecciones) y se han descubierto cuerpos a una profundidad pequeña, de 30 o 40 cm», añadió Rubio, antes de agregar que también se pasó un detector de metales por la zona, que permitió la recuperación de restos de proyectiles.

El descubrimiento de esta fosa es fruto de diez años de «investigaciones, recogidas de testimonios orales», concluyó la portavoz.

El gobierno español publicó en mayo pasado un mapa con más de 2.000 fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la represión franquista, en el marco de la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, destinada a rehabilitar a las víctimas de la dictadura franquista (1939-1975) y que incluye ayudas para la localización y apertura de fosas.

En la Guerra Civil y los primeros años del franquismo desaparecieron unas 114.000 personas, según datos de la investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.

Por esas pesquisas, el magistrado fue suspendido de sus funciones y será juzgado por el Tribunal Supremo español tras ser denunciado por grupos de ultraderecha que estiman que Garzón actuó sin tener competencia para ello.

Gracias a las redes sociales se conocía esta noticia en España, publicada en el diario argentino Los Andes, Le Point, Publico de Portugal o el ABC estadounidense. Ni siquiera el diario español Público dio urgencia en conocer este tema. Y solo pasado este tiempo, se publicaba en El País, donde aparecían otras declaraciones:

Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y nieto y sobrino de dos fusilados en la zona. «Creemos que aquí puede estar una de las mayores fosas comunes de España en campo abierto, fuera de un cementerio: entre 300 y 600 personas».

José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. «El cortijo de El Marrufo fue, entre noviembre de 1936 y marzo de 1937, un centro de detención, tortura y ejecución equivalente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina». «Durante esos meses fueron detenidas una media de entre ocho y diez personas al día».

Fernando Sigler, coordinador de la investigación, que ha tenido una subvención de 55.900 euros del Ministerio de la Presidencia. «En todo el valle del Sauceda vivían por aquel entonces unas 2.000 personas».

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 http://www.memoriahistorica.org/

 http://www.losandes.com.ar/notas/20…

Tercera Información:

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article29167

Los restos encontrados en una fosa coinciden con el informe genético: «El ADN confirma al panadero de Medranda»…

Guadalajara – Provincia | G. García 21:16 | 0 Comentarios

En unas semanas podría estar listo el informe antropológico que finalice el proceso de los restos del que fuera panadero de Medranda en la Guerra Civil. El Foro por la Memoria Histórica y los familiares de Severiano Clemente aplauden el desenlace, tras certificar que el esqueleto encontrado pertenece a Severiano Clemente con las pruebas de ADN practicadas.

Los familiares, amigos y miembros del Foro por la Memoria Histórica se muestran muy satisfechos con las novedades sobre la identidad del panadero de Medranda, cuyos restos se hallaron el pasado mes de agosto en término de La Toba. A la investigación histórica que ha venido realizando esta Fundación Estatal por la Memoria Histórica, que apuntaban a que el panadero se encontraba en ese lugar, le ha llegado ahora la confirmación genética, pues el ADN de Severiano Clemente coincidía con los restos hallados en agosto en un paraje de la localidad vecina a Medranda.

Los trabajos de búsqueda en la fosa de La Toba se llevaron a cabo el pasado mes de agosto. / Foto: Nacho Izquierdo

Miguel Muga, abogado de la Federación Estatal por la Memoria Histórica, afirma que se acaba de confirmar que sí que era el panadero el que estaba enterrado en esa fosa. “Esto, lo que hace es confirmar lo que sabíamos que ya habíamos investigado previamente. El Foro por la Memoria de Guadalajara había hecho un estudio con tiempo y ahora ya los familiares tienen la absoluta tranquilidad de que eran los restos del panadero”.  Lo habitual en estos casos es realizar también un informe antropológico para determinar las circunstancias de la muerte y cómo se produjo, aparte del análisis de ADN, que tiene más importancia si no se confirma éste, aunque ya no es el caso. No obstante, los trabajos en este sentido continúan adelante y es posible que en este próximo mes de octubre se concluya igualmente ese estudio antropológico. La encargada del mismo, Elena García, señala que “aparte de diagnosticar la edad y que todo cuadre con el informe genético, veremos si fue un tiro en el cráneo y demás”. Cuando éste se emita se añadirá al histórico, al genético y al arqueológico –igualmente, a punto de concluir–. “Estamos muy contentos de que el informe genético haya sido positivo porque ya lo sospechábamos”, matiza la antropóloga.

Homenajes
Una vez esté todo resuelto llegará el momento del enterramiento de los restos de Clemente en el cementerio de Medranda y allí se llevarán a cabo diferentes homenajes al que fuese panadero de la localidad. Alfredo Clemente, nieto de Severiano, se muestra muy satisfecho con la resolución del caso, aunque dice que se lo esperaba porque “estaba el solo en el sitio”. En cualquier caso, “lo importante era este informe, aunque siempre cabía la posibilidad de que no fuese él, pero así está bien”, añade.

Los homenajes y el enterramiento se realizarán pronto. “No sabemos si será en este 2011, pero cuanto antes terminemos con todo mejor. Había que encontrarlo y que esté ya en un cementerio, que es donde tenía que estar”, recalca el nieto.
El material genético estaba muy bien conservado y se ha podido acelerar el proceso, gracias a la tarea de los voluntarios del Foro por la Memoria Histórica.

Buena respuesta
Según los miembros del Foro de Guadalajara, la situación ahora “cambia mucho las cosas al tener ya la certeza absoluta de que se trataba de esta persona”. Mientras, los representantes de esta fundación aseguran que están “a la espera de que la jueza de Sigüenza nos remita el recurso que presentamos, por el que ella se desentendía del tema, ya que decía que la Ley de Memoria Histórica ya se ocupa de los desaparecidos en la guerra y no procedía que se judicialice la exhumación de fosas, ya regulado de manera administrativa. Como es crimen de guerra es imprescriptible, aunque haya leyes de punto final que no dejan investigar estos casos y creemos que ya procede. Está recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, indica Xulio García.
Junto a la exhumación de los restos de Severiano, se desarrollará un acto en la Casa de la Cultura de Medranda, dando cuenta del informe histórico ya completo, también del informe jurídico y se procederá al enterramiento y al homenaje en la tumba.

Proyectos en marcha
El Foro de Guadalajara por la Memoria Histórica cuenta con proyectos para los próximos meses como la publicación de un segundo libro sobre la represión franquista en Guadalajara, añadido al publicado en 2010, además de la recopilación de datos para buscar más fosas y otro mucho trabajo por delante.
A nivel nacional hay varias fosas pendientes de descubrir, como en la finca gaditana de Marrufo,utilizada como lugar de detención y fusilamiento; también de Toledo en primavera y otro estudio en Asturias, que está muy avanzado. “Dependerá de cómo lleguen las subvenciones”.

http://eldiadigital.es/not/32819/el_adn_confirma_al_panadero_de_medranda/