Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho “el ridículo” al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”, dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que “todo era una mentira”.

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: “Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido”.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que “cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales” y que “los jueces desestimen” la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido “defectos de todo tipo”, especialmente cuando “lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento”, según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que “cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la “dignidad” de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas “solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones”; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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http://www.publico.es/485422/la-hermana-de-puig-antich-y-otras-victimas-del-franquismo-viajan-a-argentina-para-declarar-ante-la-juez

Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

noviembre 16, 2013

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

  Granada 12 NOV 2013
 
Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html


“El franquismo sigue presente en las instituciones españolas”

mayo 26, 2013

El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo afirma que “el uso  de material antidisturbios rememora las formas de represión de la  dictadura”

JAVIER CORIABarcelona26/05/2013

 

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. FRANCESC SANS

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. FRANCESC SANS

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El pasado 24 de mayo, tuvo lugar en Barcelona un acto público en memoria de Yolanda González, la joven dirigente estudiantil que fue asesinada por un comando fascista de Fuerza Nueva en 1980, y cuyo asesino, Emilio Hellín, trabaja como asesor y perito informático para las fuerzas de seguridad del Estado, según publicó El País. Uno de los intervinientes en la reunión, fue el ex fiscal anticorrupción de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935), que se siente muy cercano a este caso y asesora a los hermanos de Yolanda.

“Acabo de estudiar [se refiere Virallejo al ensayo que escribió junto al magistrado Antonio Doñate recientemente publicado Jueces, pero no parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial] cómo el franquismo sigue presente, de muchas maneras, en la sociedad española, en las instituciones llamadas democráticas, y particularmente en la magistratura. Que una persona condenada en su día por un asesinato gravísimo, aparte de otros delitos con múltiples agravantes, y que además cumplió la pena en unas condiciones muy favorables por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ninguno de los jueces que favorecieron su fuga fuera sancionado penalmente, pese haber estado huido durante tres años y siete meses en Paraguay al servicio de la dictadura militar de Alfredo Stroessner… en fin, que todo eso ocurra, y que volvamos a reunirnos para hablar de esto demuestra que hay una auténtica pervivencia de valores autoritarios, propios del sistema totalitario franquista en ciertos sectores de la magistratura, aunque no hay que generalizar, porque hay jueces de muchas clases”.

Emilio Hellín cambió su nombre de pila por el de Luis Enrique y desde su empresa, News Technology Forensics, ha trabajado desde 2006 como asesor de criminalística de la Guardia Civil y dando cursos de rastreo informático y espionaje electrónico a la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.

¿Un crimen de Estado?

Además de los autores materiales del asesinato, Hellín y Velázquez, fueron colaboradores necesarios y condenados por ello Félix Pérez Ajero, José Ricardo Prieto, David Martínez Loza, ex guardia civil y Jefe Nacional de Seguridad del partido de Blas Piñar, Fuerza Nueva.

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión, aunque el código penal contemplaba los 30 años como pena máxima, sólo cumplió 14 años de cárcel, protagonizando dos intentos de fuga y la evasión citada a Paraguay, tras un permiso penitenciario. Cuando cometió el crimen, Hellín se refugió en casa de un policía de Victoria, y las sospechas de las vinculaciones del ultra con la policía y el ejército eran más que evidentes. En sus intentos de fuga, recibió armas y la Brigada Anticorrupción de la Policía investigó a varios funcionarios de la comisaría del distrito de Ventas, de Madrid, por facilitar cartulinas originales para falsificar el carné de identidad que Hellín utilizó para huir a Paraguay. Las armas utilizadas en el asesinato y los sofisticados aparatos de escucha que utilizaba esta banda criminal hacen pensar en las implicaciones de los aparatos del Estado, pese a ello ninguna investigación ni responsabilidad política fue depurada.

“No se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714”

Jiménez Villarejo considera que éste es uno de los problemas que tenemos pendientes de resolver y que se expresa de muchas maneras: “Todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público contra centenares de miles de españoles, republicanos, demócratas, etc., condenados injusta e ilegalmente, siguen sin ser anuladas porque el Tribunal Supremo se niega a hacerlo. Esto es una muestra del reconocimiento de la validez de la represión franquista por parte de la justicia española actual”.

“Luego hay unos datos que aparecen dispersos en los medios”, sigue Jiménez Villarejo. “Por ejemplo, el día 25 de junio está citado a declarar como imputado un periodista por haber hecho unas manifestaciones sobre la Falange Española de las JONS, y la vinculación de ese partido único de la dictadura con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Un juez le ha abierto una causa a ese periodista [Gerardo Rivas, de elplural.com] por injurias graves a la Falange. ¿Cómo a estas alturas un juez de instrucción de España puede considerar injurias el hablar de los crímenes cometidos por la sublevación militar del general Franco, y dictador después, y la Falange que eran parte del aparato represor del franquismo?”, se pregunta el ex fiscal. “Con los favores y complicidades que ha habido con Emilio Hellín, que aparte de hacerle cumplir una pena lo más corta posible y en las mejores condiciones posibles, y después de una manipulación para ocultar su identidad que podía ser conocida, parece incomprensible que fuera contratado, con dinero público, por los servicios policiales de los gobiernos democráticos”, insiste Jiménez Villarejo, que cree que el gobierno debe contestar a la proposición no de ley que han formulado los grupos parlamentarios [PSOE, CiU, Izquierda Plural y EAJ-PNV] a propuesta de los familiares”.

 Sobre la querella argentina contra los Crímenes del Franquismo, Villarejo opina que, hasta ahora, el Ministerio de Justicia, que tramita las comisiones rogatorias que tienen que atravesar primero el ámbito gubernamental y luego pasar al ámbito judicial, “ha puesto toda clase de dificultades y obstáculos para que se practiquen diligencias”. “Como las que se iban a practicar hace un mes [se refiere a las videoconferencias en el consulado de Argentina] y que no se pudieron practicar por unos supuestos problemas técnicos que yo creo que eran políticos. El gobierno español se opone frontalmente a que se investiguen aquí los crímenes del franquismo. Tengo mis reservas que todo eso llegue a buen puerto, pero ojalá que se consiga superar esos obstáculos por la justicia argentina”.

“La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo”

Desde distinto frentes, la iniciativa de Justicia Universal que están haciendo patente los más de 300 querellantes, es atacada con la consabida cantinela de que no es bueno abrir viejas heridas y que los problemas de la sociedad española hoy son otros: “Los problemas de la sociedad son muchos, entre ellos éste. Hay problemas que vienen del pasado y que persisten, y siguen siendo problemas, porque no se han afrontado en su momento y siguen presentes. Si hay más de cien mil desaparecidos distribuidos por las tierras de España, y de Catalunya también, y nadie ha hecho nada, ni siquiera la justicia, para conocer e identificar esos restos y darles un entierro digno como merecen y exigen la convenciones internacionales, pues eso es una asignatura pendiente. Un monje de Montserrat que ha estudiado el nacionalcatolicismo del franquismo, Hilario Raguer, dijo: ‘No se pueden cerrar en falso las heridas infectadas’. Esto no es una herida cualquiera, es una herida que afecta a una parte muy importante de la sociedad española, y no se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714, por ejemplo”.

Jiménez Villarejo denuncia la “corrupción generalizada del sistema político que, con sus 500 casos abiertos, está colapsando los juzgados españoles” y las acusaciones de nazismo que algunos lanzan sobre ciudadanos que ejercen el derecho a manifestación. “Eso no es admisible bajo ningún concepto, responde al estado de crispación en que vivimos, esos términos hay que aplicárselos a quien corresponda”, afirma. “La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo. En estos días están declarando numerosos Mossos d’Esquadra, ya veremos en qué queda, no lo sé, pero de entrada han sido llamados a declarar como imputados, cosa la que Infanta no ha podido hacer, por ejemplo. Los daños causados por el uso de material antidisturbios tan violento son muy graves. Son formas de represión que rememoran a las formas de represión franquista, salvando las distancias”.

http://www.publico.es/456038/


El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina…

marzo 23, 2013

Víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías.

 Buenos Aires 22 MAR 2013 –

Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. /ALEJANDRO REBOSSIO

Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.

La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.

La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España

La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.

Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.

La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez

A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.

Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.

La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil

http://elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986587_915674.html


Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos