Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho “el ridículo” al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”, dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que “todo era una mentira”.

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: “Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido”.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que “cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales” y que “los jueces desestimen” la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido “defectos de todo tipo”, especialmente cuando “lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento”, según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que “cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la “dignidad” de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas “solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones”; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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http://www.publico.es/485422/la-hermana-de-puig-antich-y-otras-victimas-del-franquismo-viajan-a-argentina-para-declarar-ante-la-juez

Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


La Junta se queja del rechazo de los jueces a investigar las fosas comunes

noviembre 16, 2013

Hallados en Íllora restos de dos mujeres asesinadas en la Guerra Civil

  Granada 12 NOV 2013
 
Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

Arqueólogos en la exhumación de una fosa en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. / javier barbancho

 

Los intentos de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta por localizar fosas con víctimas represaliadas de la Guerra Civil y el franquismo no están encontrando respuesta en los jueces para investigar esas muertes. La Junta ha comunicado a los juzgados en los últimos meses evidencias de asesinatos que ha descubierto en distintos lugares, como el barranco de Víznar —donde se hallaron restos óseos y armas de fuego en cinco fosas—, Órgiva o Íllora, en la provincia de Granada. Pero en todos los casos los jueces han eludido abrir una investigación para identificar a las posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido, según ha denunciado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

“Están siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, basada en la ley de Amnistía, de que esos posibles delitos están prescritos, pero nosotros lo que pedimos a los jueces es que asuman la jurisprudencia internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir”, explicó.

Un 33% más para la memoria histórica

La recuperación de la memoria histórica contará con 835.000 euros para 2014, según refleja la ley de Presupuestos andaluza. Es la dotación económica que ha recibido la Dirección General de Memoria Democrática para el próximo ejercicio, que representa un 33% más que los 627.000 euros de este año, frente al recorte general de las cuentas andaluzas.

Con ello la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende, gestionada por Izquierda Unida, consolida su apuesta por seguir impulsando el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, una labor en la que Andalucía prácticamente se ha quedado sola tras la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el actual gobierno del Partido Popular, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones”, ha recordado el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Uno de los objetivos de la consejería para 2014 pasa por aprobar la ley andaluza de Memoria Democrática y su desarrollo normativo. Y también por continuar con la localización de fosas comunes. Para ello, Memoria Democrática ha fijado como actuaciones prioritarias la zona de Víznar-Alfacar, Órgiva e Íllora, en Granada; el cementerio de San José de Cádiz; Ronda y Cañete la Real, en Málaga, y Camas, en Sevilla, intervenciones que ya ha iniciado este año.

Otra de las metas para el próximo ejercicio es la eliminación de los símbolos franquistas, para lo cual Memoria Democrática pretende firmar convenios con Ayuntamientos, así como desarrollar lugares e itinerarios de la memoria debidamente señalizados a través de acuerdos con las áreas de turismo y medio ambiente.

También está prevista la creación de un mapa de lugares de la memoria en la web de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales y la elaboración de materiales didácticos sobre memoria histórica para los centros de educación secundaria y bachillerato, entre otras líneas de actuación. Además, dentro de los planes de la consejería está construir monumentos en “lugares de especial relevancia”.

Esta actuación de los jueces es común en toda España, pero hay juristas que cuestionen la aplicación de la ley de Amnistía. Además, recientemente, Naciones Unidas pidió que se investigasen judicialmente los casos de desaparecidos del franquismo y que se dejase sin efecto la interpretación de la ley de Amnistía en la que se amparan para no ir a las fosas.

El último hallazgo se produjo hace unos días junto al cementerio de Tocón, un anejo de Íllora. Allí se han encontrado restos de dos mujeres, una de unos 22 años de edad, y la otra de unos 40, con signos “evidentes” de haber sido “torturadas y asesinadas” al inicio de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, según el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Juan Luis Castro.

A falta de ser identificadas mediante pruebas de ADN, los investigadores creen conocer el nombre de una de ellas, la más joven, Antonia Márquez, gracias a testimonios de familiares y lugareños, e incluso reconstruir lo que le ocurrió. La chica tenía un novio republicano y los falangistas encontraron en casa de ella una maleta del novio con propaganda. “La sacaron del domicilio, intentaron abusar de ella, se resistió y mordió a uno de ellos, y recibió un fuerte golpe con la culata del arma en la boca”, explica el arqueólogo. El cráneo de la joven presenta la mandíbula destrozada, según las fotos mostradas por la Junta en rueda de prensa. La otra mujer tiene el cráneo partido “probablemente por un disparo en la nuca”, según Castro.

Las dos mujeres, procedentes de Montefrío, una localidad cercana, fueron enterradas por un familiar de la más joven, lo que ha facilitado la investigación de los restos frente a otras fosas en las que los cuerpos son arrojados.

Los arqueólogos hallaron también en el cuello de una de ellas lo que parece ser un alambre con el que “pudo ser arrastrada y torturada”, estima José Luis Castro. Los investigadores avisaron el pasado domingo a la Guardia Civil de Montefrío, que se personó en el lugar y dio cuenta al juzgado de Loja para reclamar la presencia de la Policía Judicial, “pero el juez no la envió”, se queja Luis Naranjo, “pese a las evidencias de que hubo muertes violentas”. Naranjo ha subrayado, no obstante, que la Administración autonómica continuará con su labor de “recuperación de la memoria y reparación de las víctimas”.

Los equipos de investigación están consiguiendo, al menos, que las policías locales de los municipios donde encuentran los restos levanten atestados para que “las pruebas halladas sean válidas” a la espera de que, en el futuro, “cambie la tendencia judicial y se puedan investigar estos hechos”.

Aunque sin la intervención de los jueces “resulta difícil proteger los hallazgos”, como ocurrió en Órgiva, donde las obras del nuevo cementerio han podido dañar unas posibles fosas comunes junto al lugar donde se han encontrado restos óseos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/12/andalucia/1384284990_134559.html


“El franquismo sigue presente en las instituciones españolas”

mayo 26, 2013

El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo afirma que “el uso  de material antidisturbios rememora las formas de represión de la  dictadura”

JAVIER CORIABarcelona26/05/2013

 

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. FRANCESC SANS

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. FRANCESC SANS

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El pasado 24 de mayo, tuvo lugar en Barcelona un acto público en memoria de Yolanda González, la joven dirigente estudiantil que fue asesinada por un comando fascista de Fuerza Nueva en 1980, y cuyo asesino, Emilio Hellín, trabaja como asesor y perito informático para las fuerzas de seguridad del Estado, según publicó El País. Uno de los intervinientes en la reunión, fue el ex fiscal anticorrupción de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935), que se siente muy cercano a este caso y asesora a los hermanos de Yolanda.

“Acabo de estudiar [se refiere Virallejo al ensayo que escribió junto al magistrado Antonio Doñate recientemente publicado Jueces, pero no parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial] cómo el franquismo sigue presente, de muchas maneras, en la sociedad española, en las instituciones llamadas democráticas, y particularmente en la magistratura. Que una persona condenada en su día por un asesinato gravísimo, aparte de otros delitos con múltiples agravantes, y que además cumplió la pena en unas condiciones muy favorables por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ninguno de los jueces que favorecieron su fuga fuera sancionado penalmente, pese haber estado huido durante tres años y siete meses en Paraguay al servicio de la dictadura militar de Alfredo Stroessner… en fin, que todo eso ocurra, y que volvamos a reunirnos para hablar de esto demuestra que hay una auténtica pervivencia de valores autoritarios, propios del sistema totalitario franquista en ciertos sectores de la magistratura, aunque no hay que generalizar, porque hay jueces de muchas clases”.

Emilio Hellín cambió su nombre de pila por el de Luis Enrique y desde su empresa, News Technology Forensics, ha trabajado desde 2006 como asesor de criminalística de la Guardia Civil y dando cursos de rastreo informático y espionaje electrónico a la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.

¿Un crimen de Estado?

Además de los autores materiales del asesinato, Hellín y Velázquez, fueron colaboradores necesarios y condenados por ello Félix Pérez Ajero, José Ricardo Prieto, David Martínez Loza, ex guardia civil y Jefe Nacional de Seguridad del partido de Blas Piñar, Fuerza Nueva.

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión, aunque el código penal contemplaba los 30 años como pena máxima, sólo cumplió 14 años de cárcel, protagonizando dos intentos de fuga y la evasión citada a Paraguay, tras un permiso penitenciario. Cuando cometió el crimen, Hellín se refugió en casa de un policía de Victoria, y las sospechas de las vinculaciones del ultra con la policía y el ejército eran más que evidentes. En sus intentos de fuga, recibió armas y la Brigada Anticorrupción de la Policía investigó a varios funcionarios de la comisaría del distrito de Ventas, de Madrid, por facilitar cartulinas originales para falsificar el carné de identidad que Hellín utilizó para huir a Paraguay. Las armas utilizadas en el asesinato y los sofisticados aparatos de escucha que utilizaba esta banda criminal hacen pensar en las implicaciones de los aparatos del Estado, pese a ello ninguna investigación ni responsabilidad política fue depurada.

“No se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714”

Jiménez Villarejo considera que éste es uno de los problemas que tenemos pendientes de resolver y que se expresa de muchas maneras: “Todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público contra centenares de miles de españoles, republicanos, demócratas, etc., condenados injusta e ilegalmente, siguen sin ser anuladas porque el Tribunal Supremo se niega a hacerlo. Esto es una muestra del reconocimiento de la validez de la represión franquista por parte de la justicia española actual”.

“Luego hay unos datos que aparecen dispersos en los medios”, sigue Jiménez Villarejo. “Por ejemplo, el día 25 de junio está citado a declarar como imputado un periodista por haber hecho unas manifestaciones sobre la Falange Española de las JONS, y la vinculación de ese partido único de la dictadura con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Un juez le ha abierto una causa a ese periodista [Gerardo Rivas, de elplural.com] por injurias graves a la Falange. ¿Cómo a estas alturas un juez de instrucción de España puede considerar injurias el hablar de los crímenes cometidos por la sublevación militar del general Franco, y dictador después, y la Falange que eran parte del aparato represor del franquismo?”, se pregunta el ex fiscal. “Con los favores y complicidades que ha habido con Emilio Hellín, que aparte de hacerle cumplir una pena lo más corta posible y en las mejores condiciones posibles, y después de una manipulación para ocultar su identidad que podía ser conocida, parece incomprensible que fuera contratado, con dinero público, por los servicios policiales de los gobiernos democráticos”, insiste Jiménez Villarejo, que cree que el gobierno debe contestar a la proposición no de ley que han formulado los grupos parlamentarios [PSOE, CiU, Izquierda Plural y EAJ-PNV] a propuesta de los familiares”.

 Sobre la querella argentina contra los Crímenes del Franquismo, Villarejo opina que, hasta ahora, el Ministerio de Justicia, que tramita las comisiones rogatorias que tienen que atravesar primero el ámbito gubernamental y luego pasar al ámbito judicial, “ha puesto toda clase de dificultades y obstáculos para que se practiquen diligencias”. “Como las que se iban a practicar hace un mes [se refiere a las videoconferencias en el consulado de Argentina] y que no se pudieron practicar por unos supuestos problemas técnicos que yo creo que eran políticos. El gobierno español se opone frontalmente a que se investiguen aquí los crímenes del franquismo. Tengo mis reservas que todo eso llegue a buen puerto, pero ojalá que se consiga superar esos obstáculos por la justicia argentina”.

“La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo”

Desde distinto frentes, la iniciativa de Justicia Universal que están haciendo patente los más de 300 querellantes, es atacada con la consabida cantinela de que no es bueno abrir viejas heridas y que los problemas de la sociedad española hoy son otros: “Los problemas de la sociedad son muchos, entre ellos éste. Hay problemas que vienen del pasado y que persisten, y siguen siendo problemas, porque no se han afrontado en su momento y siguen presentes. Si hay más de cien mil desaparecidos distribuidos por las tierras de España, y de Catalunya también, y nadie ha hecho nada, ni siquiera la justicia, para conocer e identificar esos restos y darles un entierro digno como merecen y exigen la convenciones internacionales, pues eso es una asignatura pendiente. Un monje de Montserrat que ha estudiado el nacionalcatolicismo del franquismo, Hilario Raguer, dijo: ‘No se pueden cerrar en falso las heridas infectadas’. Esto no es una herida cualquiera, es una herida que afecta a una parte muy importante de la sociedad española, y no se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714, por ejemplo”.

Jiménez Villarejo denuncia la “corrupción generalizada del sistema político que, con sus 500 casos abiertos, está colapsando los juzgados españoles” y las acusaciones de nazismo que algunos lanzan sobre ciudadanos que ejercen el derecho a manifestación. “Eso no es admisible bajo ningún concepto, responde al estado de crispación en que vivimos, esos términos hay que aplicárselos a quien corresponda”, afirma. “La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo. En estos días están declarando numerosos Mossos d’Esquadra, ya veremos en qué queda, no lo sé, pero de entrada han sido llamados a declarar como imputados, cosa la que Infanta no ha podido hacer, por ejemplo. Los daños causados por el uso de material antidisturbios tan violento son muy graves. Son formas de represión que rememoran a las formas de represión franquista, salvando las distancias”.

http://www.publico.es/456038/


El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina…

marzo 23, 2013

Víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías.

 Buenos Aires 22 MAR 2013 –

Adriana Fernández y Darío Rivas, familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. /ALEJANDRO REBOSSIO

Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.

La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.

La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España

La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.

Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.

La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez

A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.

Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.

La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil

http://elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986587_915674.html


Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 


El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936

diciembre 4, 2012

Enero 2012 delante del TS

Fausto en medio de compañeros portando fotos de  Nuestros desaparecidos delante del TS

Fausto con la foto de su padre Valerico, en medio de compañeros portando fotos de Nuestros desaparecidos,  delante del TS en enero 2012. Foto LMV.

 

PATRICIA CAMPELOMadrid04/12/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.

La formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.

“La decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano”, sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.

En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

“A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración”

“A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”, según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se alegaba “falta de diligencia debida”. En ese caso, la respuesta calificó como “tardía” la demanda de los familiares de Dorado Luque por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender acciones legales. “Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas”, denuncia Lydia Vicente, miembro de RIS.

Para anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de “diligencia debida”, el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto español. “Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos”, lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público. “A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen ninguna consideración”.

“El TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”, añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de los caídos.

Canales, que rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de su padre pero “nadie nos atendía”. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. “Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión”, enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.

“Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”

El equipo de RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta última respuesta tendrán “muy difícil” el aprovechamiento de esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. “Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una comunicación individual al Comité de derechos humanos”, aclara Vicente.

“La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda”, apunta la abogada.

La indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité de desapariciones forzadas de la ONU.

Miembros de este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo. “Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación”, recuerda.

RIS fue invitado por Exteriores para participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que participen estas asociaciones.

España ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. “Pero una desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo”, apunta Fausto Canales.

http://www.publico.es/espana/446811/europa-cierra-la-ultima-puerta-a-las-victimas-del-franquismo#5

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

En nuestro blog podéis consultar:

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/05/%c2%a1-el-valle-de-los-caidos-atrapados-estamos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/05/22/los-restos-de-133-personas-sacados-del-valle-de-los-caidos-en-febrero-de-1980/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/06/el-valle-de-los-caidos-en-cnn/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/09/dos-jueces-devuelven-a-garzon-la-causa-contra-franquismo/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/09/03/en-pajares-de-adaja-avila-homenaje-a-diez-asesinados-por-la-barbarie-fascista-un-encuentro-lleno-de-emocion/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/10/01/el-gobierno-elaborara-un-censo-de-los-republicanos-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/12/11/fausto-canales-galardonado-v-distinciones-pablo-iglesias-de-la-ugtavila/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/

http://jordicarreno.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-y-la-lucha-interminable/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/?s=Fausto+Canales


A mi abuelo Wenceslao y a todos los represaliados por el franquismo.

octubre 3, 2012

“Fuisteis voces acalladas por defender la Libertad”
En las tapias del cementerio de Merida 2012. Foto Isabel

Queridos y anhelados abuelos, que no hemos llegado a conocer, asesinados y tirados en fosas comunes a lo largo y ancho de este País: sois hoy en día sujetos de  desaparición forzosa y lleváis 76 años así.

Desgraciadamente y es nuestro gran pesar, en 2012, no tengo buenas noticias que contaros, nuestros gobernantes que se autoproclaman representantes de nuestro Pueblo (solo representan a sus votantes y no son la mayoría de la población) hacen gala, cada día con más soberbia, de talante fascista, claramente herederos ideológicos del franquismo, y están machacando los derechos sociales que se habían conseguido. La “pobre “Ley de Memoria Histórica que a duras penas salió a delante, con enormes carencias eso sí, ya es papel mojado: el Estado no se hace cargo de la Verdad, Justicia y Reparación. Sus Tribunales han conseguido aniquilar el esfuerzo de un Juez valiente inhabilitándole y creando jurisprudencia con la que chocamos cada vez que exhumamos vuestros restos mortales archivando nuestras denuncias: Ley de amnistía, Transición y prescripción de los hechos… marginando así los compromisos de vigilancia del respeto de los Derechos Humanos  a los cuales estamos sujetos.

 El País está sumido en una gran depresión económica y social y con ese pretexto las partidas económicas destinadas a subvencionar vuestras exhumaciones han desaparecido: no habrá ni un duro más , ni para la Historiografía y su divulgación ni para los trabajos de exhumación de vuestros restos mortales , echan más tierra encima de vuestras fosas comunes, cuando no  cemento. Más amnesia, más olvido y por supuesto ningún reconocimiento ni reparación: no hay duda, son herederos ideológicos de aquellos que os asesinaron.

Hoy mismo son noticia las pretensiones de estos políticos para limitar el derecho de manifestación de un Pueblo que ya no aguanta tanto recorte en favor de los más pudientes y los bancos que son los responsables de este gran descalabro económico. Regreso a un Estado dictatorial. Mientras tanto los cuerpos de Seguridad intervienen en las manifestaciones con desmesura y desproporcionalidad, lo de aquellos polvos y estos  lodos se aplica muy bien en este caso.

Lo único bueno que os tengo que contar es nuestra inquebrantable voluntad de seguir reclamando Verdad Justicia y Reparación para vosotros y vuestros familiares. Sin subvenciones, sin apoyo Estatal, con impedimentos jurídicos y con presiones políticas pero seguimos adelante y si fuese necesario volveremos a los tiempos de la pala y el pico, entre amigos, para sacaros de las ignominiosas fosas donde yacéis. Por otra parte también intentamos a través de  una Red de Apoyo a la Querella Argentina de poner este Gobierno contra la pared y obligarle a cumplir con sus obligaciones en el Derecho Internacional. Puede que otra venga desde México y otra desde Francia. Lo intentamos, queridos abuelos.

Ahora que se nos echa encima el Otoño os recordamos otra vez más, abuelo Wenceslao, abuelos de Casavieja, aquel Otoño del 36 os asesinaron, este Otoño del 2012 seguimos con la lucha.

Abro en grande los brazos como si pudiera acogeros todos cerca de mi corazón.

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.


Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres”

septiembre 30, 2012

El exjuez de la Audiencia Nacional ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo en un multitudinario acto en Madrid en el que participaron los líderes sindicales, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, la actriz Pilar Bardem y la abogada laborista Cristina Almeida.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.EFE

Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.

“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.

El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente “vergüenza” porque no haya una “reparación” para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.

Nuevas vías en Argentina y México

“Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado”

El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.

La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.

Vergüenza

El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.

Sindicalistas en las fosas

A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.

Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: “Os hemos echado de menos mucho tiempo”

En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.

“Ley de memoria, insuficiente”

El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.

Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.

El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a “anular” las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.

Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, “siempre habrá heridas abiertas”, y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.

Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres” (enlace Público.es)


La querella contra los crímenes del franquismo continúa…

septiembre 16, 2012

Pero la jueza Servini cancela el viaje a España porque le niegan medios…

 

 A.del Campo

Ante las limitaciones de tiempo y ayudantes impuestos por la Corte Suprema argentina, los testimonios se tomarán por videoconferencia

La jueza argentina María Servini de Cubría no vendrá a España este mes como estaba previsto para entrevistar a familiares de víctimas y ciudadanos que vivieron la represión del franquismo y que se han incorporado a la querella que la magistrada está instruyendo sobre asesinatos, desapariciones y torturas. La limitación de la Corte Suprema argentina de que su estancia en nuestro país tuviera un máximo de diez días y la negativa a disponer de un secretario más para tomar declaración a los querellantes han inducido a María Servini a cancelar el viaje. La querella sigue su curso y probablemente los testimonios se presten mediante videoconferencia.

Las razones de esta cancelación de su visita a España son, según comentó a ELPLURAL.COM la abogada Ana Messuti, letrada que en España representa a los querellantes junto a otros colegas , son que la Corte Suprema argentina se ha negado a ampliar la estancia de María Servini de Cubría en España por más de diez días y ha limitado a solo un secretario el número de funcionarios judiciales que podían acompañarla. Estas condiciones no parecieron adecuadas a la jueza para la cantidad de trabajo que le espera en Madrid donde debe tomar testimonio a al menos un centenar de víctimas y represaliados. El anuncio de esta cancelación no ha desanimado en parte a los querellantes que si oficialmente sumaban 91 acciones, llegan ya a las 300 adhesiones según informan fuentes de las organizaciones de memoria histórica. “Pero la querella sigue adelante y eso es lo fundamental”, explicó a ELPLURAL.COM.

Medios limitados

La jueza había solicitado permanecer en España durante veinte días y que la acompañaran al menos dos secretarios judiciales, condiciones que veía básicas para el desempeño de su tarea. El de septiembre el máximo tribunal de su país le notificó las condiciones en que acudiría a Madrid. La resolución indicaba: “Dadas las características particulares del caso y, teniendo en cuenta que no precisa el auxilio internacional de tribunales extranjeros, no resultan de estricta aplicación los requisitos formales exigidos”.

Videoconferencias para acelerar la causa

Ana Messuti declaró a ELPLURAL.COM que “lo fundamental es que la causa sigue adelante, la cancelación del viaje no afecta al procedimiento. Esta visita era importante por lo que representaba para las víctimas, para conocer los lugares en que ocurrieron los hechos, como acudir a Paterna a conocer el sitio en que sucedieron esos hechos impresionantes, pero cuando se superen estos obstáculos es muy probable que se pueda hacer. Dado que no ha podido venir ahora se tomarán medidas equivalentes, solicitaremos que los testimonios se puedan realizar por videocoferencia. Es muy probable que sobre esta base la causa se acelere”.

Jurisdicción universal

Legalmente, la Corte Suprema argentina debe avalar los traslados de los magistrados federales a otros países para tomar declaraciones a testigos o imputados en una investigación. Argentina puede ejercitar su competencia para investigar los hechos sucedido en España en base a que la jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y todos los Estados pueden llevar adelante estas causas independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local. María Servini de Cubría encabeza desde 2010 esta causa a partir de las denuncias interpuestas en Buenos Aires por sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones humanitarias españolas y argentinas. Asesinatos, desapariciones, represaliados y torturados, esclavos del trabajo del franquismo o familiares de niños robados, componen el glosario de las víctimas que se han adherido a esta querella. Además de sus testimonios se aportan listas de nombres de personas aún vivas entre jueces, fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones denunciadas como presuntos torturadores o responsables de los crímenes de lesa humanidad que se exponen, así como de empresas que en su día utilizaron a presos del franquismo como mano de obra. Los casos denunciados cuya investigación se solicita, comprenden el período que va desde el 17 de julio de 1936 y el 15 de julio de 1977.

http://www.elplural.com/2012/09/11/la-querella-contra-los-crimenes-del-franquismo-continua-pero-la-jueza-servini-cancela-el-viaje-a-espana-porque-le-niegan-medios/


En CALERA Y CHOZAS (Toledo), ayer 18 de julio de 2012

julio 19, 2012

Ayer (18 07 2012) fuí a la exhumación en curso de esta localidad toledana, Calera y Chozas. Estas imágenes y texto que siguen son, una vez más, la prueba del asesinato en masa de personas por la barabarie franquista iniciado aquel 18 07 1936. No quiero dejar pasar por alto la idea de que  aquella “fiesta nacional” fué el inicio de la carrera al exterminio de una parte de la población española. Hombres , mujeres y niños fueron asesinados y abandonados en las fosas comunes de las  cunetas de este país y que hasta hoy 76 años después siguen repletas de cadáveres a la espera de ser arrancados de sus ignominiosos lugares del olvido.

En Calera y Chozas , cruzando testimonios e informaciónes de varias fuentes, se ha podido localizar una nueva “zanja” añadida a la ya explorada y vaciada de sus 8 cadáveres: en le caminito cementado paralelo a la tapia del cementerio;debajo del  cemento leventado se evidencia claramente la fosa de unos 10 metros de largo  con parte de 4 cráneos aflorando en el primer nivel de cata. Contando los 8 desenterrados por ahora se puede hablar de 12 cadaveres encontrados y con la aparencia de que la fosa sigue y que queda por explorar.

Debajo de un espacio “Mausoleo” dedicado a las víctimas del franquismo, instalado hace 15 años delante de las tapias del cementerio ( “para contrarrestar la consabida placa en el la pared de la iglesia de los muertos por Dios y por la Patria”,nos han comentado) se ha apodido evidenciar la continuación de la fosa

Pequeño mausoleo en recuerdo de las víctimas realizado hace 15 años

Según avance la exploración seguiremos dando información.Un abrazo fraternal. PV. R d C. R.Nota:Todas las fotos tienen derechos reservados LMV.A pesar de haber denunciado en sede judicial de Talavera la aparición de estos restos mortales, ningún Juez se ha presentado para tomar acta….


Amnistía Internacional presentará en Argentina un informe sobre víctimas del franquismo en España…

mayo 8, 2012
Amnistía Internacional entregará a un juzgado argentino un informe que “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España”.

nuevatribuna.es

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) entregará en un juzgado argentino una copia de un informe sobre casos de víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo, ha anunciado la organización no gubernamental en Madrid.

La copia del informe “Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“, será presentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que tramita la única investigación abierta sobre esos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal.

El alto tribunal consideró la decisión de Garzón “errónea” pero no prevaricadora, pero el magistrado había sido inhabilitado como juez días antes, el 9 de febrero, en otra causa, por haber ordenado escuchas entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados.

AI afirma que el informe que presentará el próximo miércoles en el juzgado de Buenos Aires “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“.

Un grupo de ex presos del franquismo viajó a la capital argentina el pasado 21 de abril para testificar ante la jueza Servini en la querella abierta por genocidio o delitos de lesa humanidad cometidos durante esa etapa en España.

La querella, presentada en abril de 2010 por “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal, y muchas víctimas del franquismo se han ido sumando a la querella en Argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitado en febrero de este año por el caso de las escuchas.

La delegación de Amnistía Internacional estará integrada por el director de AI en España, Esteban Beltrán; la directora de la organización en Argentina, Mariela Belski, y el consejero jurídico del Secretariado Internacional de AI con sede en Londres, Hugo Relva.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2012-05-07/ai-presentara-en-argentina-un-informe-sobre-victimas-del-franquismo-en-espana/2012050715553900472.html


Garzón ataca a la justicia española “agazapada en el rincón de la vergüenza”…

abril 15, 2012

El exjuez pide en un discurso enviado a varios actos de homenaje a fusilados una comisión de la verdad para los crímenes del franquismo.

Madrid 14 ABR 2012 –

Homenaje a las víctimas de la represión franquista hoy en la tapia del cementerio del Este en Madrid. / Cristóbal Manuel

Frente a la tapia del cementerio de La Almudena (Madrid) donde fueron fusiladas 2.684 personas, entre ellas las conocidas como 13 rosas, familiares y supervivientes han rendido hoy, 81 aniversario de proclamación de La República, un emocionado homenaje a las víctimas del franquismo. Durante el acto, se ha leído un discurso del exjuez Baltasar Garzón, quien ha propuesto la creación de una comisión de la verdad de los crímenes franquistas en España.

“La gran mayoría de las instituciones y en particular la justicia han permanecido silentes, agazapadas en el rincón de la vergüenza, acudiendo a los más diversos pretextos para no acudir en defensa de las víctimas”, critica Garzón. “Ahora, después de haber perseguido y privado de su jurisdicción al juez que trató de investigar esos hechos y que se atrevió a calificar los crímenes como de lesa humanidad, lo único que queda es el calvario que tendrán que sufrir para conseguir hacer mínimante efectivo el derecho a la reparación que en forma universal e indiscutible les corresponde en el escaso margen que el Tribunal Supremo les ha dejado”.

El juez añade que sigue “pidiendo justicia por la dignidad de las víctimas, contra la impunidad y contra la indiferencia de quienes quieren ser sordos y ciegos ante la necesidad de la reparación”, aunque advierte: “el tiempo se agota y el olvido anida en las mentes de quienes no quieren saber nada de la memoria”.

El discurso ha sido leído por Ana Messuti, abogada en la querella que los familiares de los fusilados interpusieron en Argentina contra los crímenes del franquismo “tras el portazo de la justicia española”. Para Garzón, esa querella se ha convertido en “el faro de esperanza”  de las víctimas españolas, “como en su día lo fue para Argentina el juicio seguido en España por los crímenes horrendos de la dictadura de las Juntas Militares. Entonces, la justicia española fue ejemplo de compromiso y responsabilidad al aplicar los principios de jurisdicción universal, pero ahora, ese lugar de excelencia, imitado en otros países,  se ha convertido en una oprobiosa negación, de hecho, de la jurisdicción universal”.

Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura presentaron la querella contra los crímenes del franquismo hace hoy dos años. “La causa no se detiene. La juez argentina vendrá en junio a España para conocer los testimonios de las víctimas”, ha dicho Messuti, antes de animar a los allí presentes (un centenar de personas) a sumarse a la querella en Buenos Aires. “No vamos a bajar los brazos”.

En el acto estaban presentes varias supervivientes del campo de concentración nazi de Ravensbruck, que al abandonar el cementerio atravesaron muy emocionadas un pasillo de aplausos dispuesto por los asistentes. Después, Ángeles, de 94 años, compañera de prisión de las 13 rosas -“Yo estaba en la celda 6 y ellas en la siete”- ha leído un poema-homenaje a las 13 chicas fusiladas  el 5 de agosto de 1939 en la tapia del cementerio, que hoy se ha cubierto de claveles rojos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334408729_020506.html

 


Baltasar Garzón: ” El lugar de la verdad, la justicia y la reparación”

abril 2, 2012

El jurista Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de los crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso

 Uno de los esqueletos hallados en la  fosa común  del cementerio

durante las labores de exhumación en  La Puebla de Cazalla (Sevilla)

 Baltasar Garzón, 1 ABR 2012 – 14:23 CET

Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.

Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de derecho.

El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas y recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“… en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.

La falsedad en la que vivimos respecto de los crímenes ha sido potenciada por la sentencia del Supremo

En todo caso, quedan otras vías para que se reconozca el derecho actual a la justicia a las víctimas, como son las del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal entendido principio de legalidad que obligaría exactamente a lo contrario, es decir, a satisfacer mínimamente aquel derecho.

Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la que regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el Estado por la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en España como consecuencia directa de la represión franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden sobre ese periodo de nuestra historia reciente.

La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación. La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con “la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.

¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica ley de la Memoria Histórica?

Realmente es difícil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecución, el asesinato, la desaparición, la sustracción de menores a sus legítimas familias y la tortura contra miles de personas, se les denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es, tratar de explicarlo fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso se investigaron aquellos crímenes o ha existido voluntad de investigarlos después, hasta el intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se puede aplicar genéricamente sin determinación de autores ni de hechos y hacerlo además para amparar crímenes contra la humanidad? ¿Acaso se ha permitido la investigación que se proponía sobre los perpetradores vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria Histórica? ¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos políticos españoles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable para estos “temas menores”.

Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad civil, son abundantes e inquietantes.

Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución afectan a la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia, claramente manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que, huyendo del análisis de fondo, se queda en la descalificación y el insulto; huir de la reforma en profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz; renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras burocráticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la corrupción, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase política, que nos encontremos en una situación económica comatosa; destruir la cooperación internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en el mundo; imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el furgón de cola de los países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del nivel ético en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y definitivo cambio de paradigmas se produzca.

Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y comprometida con la consolidación de aquellos valores de transparencia, participación, recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo a quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un modelo fracasado y obligar a mantener el más ominoso silencio.

La Comisión de la Verdad debería acoger los testimonios de las víctimas, de los causantes del dolor y de los expertos

La Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que se propone, debería, con un carácter integrador e independiente, acoger los testimonios no solo de las víctimas que aún viven y que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho a ser oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente, sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los expertos. Y, con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Con ello se conseguiría cerrar definitivamente la herida que aún sigue abierta y divide a los españoles/as.

Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron.

Las generaciones que vivimos el franquismo le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y no saben el precio que se pagó

La búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso es el mínimo ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que aún no saben el precio que se pagó, ni pueden valorar la pérdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.

El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre la violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica: “Cada país tiene que enfrentar su propia historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere, pero es un error terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su vida es cuando la venganza y el odio aparecen”.

Una Comisión de la Verdad en España es necesaria y si quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que la historia se repita.

Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina de hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como representante de la soberanía popular, para dar prioridad a una demanda, cuya realización, amén de ser justa, nos reconciliaría verdaderamente a todos.

“Hay que derribar el silencio”

Baltasar Garzón

Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas, para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de forma global a nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones populares y el patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los recibió con todo el protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé bien, porque mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en este diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de los protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los testigos es ser escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo la forma modesta del reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/03/30/actualidad/1333140803_415996.html

Nota de La A.I. LaMemoria Viva :

En este artículo Baltasar Garzón nos transmite, con la valentia que le conocemos, la energía renovada después del golpe de Estado contra su carrera judicial y contra nuestras legítimas aspiraciones que hemos visto truncadas por el Tribunal Supremo en su momento en los juicios contra el Juez y posteriormente estos días en las últimas resoluciones cerrando la vía de  investigación penal de los crímenes del franquismo . Los familiares de las víctimas del franquismo, en esta asociación por lo menos, agradecemos este relato lúcido, esperanzador y solidario y lo compartimos. Nosotros apoyamos esta iniciativa legislativa popular (de presentación de firmas en el Congreso) y en breve pondremos en estas páginas el documento que se podrá descargar para difundir esta idea de creación de una Comisión de la Verdad y conseguir las 500.000 firmas.

¡Una vez más reclamamos Verdad , Justicia y Reparación!