Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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Lea el Informe del Comité de la ONU sobre desapariciones del franquismo (PDF

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

“Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón”, han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. “Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas”, ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. “Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara”, ha defendido.

Compromís-Equo: “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así” “El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España”, ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de”asumir esta proposición”.

Según Rodríguez, “expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista”.  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado “el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma”, mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de”Libertad, justicia y reparación” de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras “infracciones graves”.

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así”, ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben “cuál será el resultado” de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral “porque no compartían el conjunto de la iniciativa”, pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que “entre todos” logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


Los ‘niños de la guerra’ “ruegan” a Rajoy que recupere la subvención que les retiró Zapatero…

noviembre 22, 2013

El Centro Español de Moscú denuncia que sin la ayuda del Estado español están condenados a desaparecer. El ayuntamiento de Moscú ha denegado toda ayuda al Centro y ha reiterado la subida del alquiler de un 100%. Vladimir Putin también desoyó sus peticiones de auxilio.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 22/11/2013

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

Foto de familia de los llamados “niños de la guerra” civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

El Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE en la URSS y punto de encuentro desde 1965 de los niños de la Guerra Civil española que fueron traslados al Estado soviético, continúa en una situación agónica, cercana al cierre. La subida del alquiler del 100% por parte del Ayuntamiento de Moscú hace “prácticamente imposible el mantenimiento del Centro” y las llamadas de socorro de los hoy nonagenarios niños de la guerra son constantes. Tras pedir ayuda, sin éxito, al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Centro reclama al Gobierno que atienda su petición de recuperar la subvención de la que fue receptor hasta el año 2010, cuando se le fue retirada por “no haber sido justificada convenientemente”.

“No disponemos de la suma de dinero que nos pide el Ayuntamiento ruso y tampoco de la subvención que nos envió España durante muchos años. Así, nos será imposible seguir manteniendo abierta esta casa de todos los españoles que residen en Rusia. Necesitamos ayuda”, señalaba ayer a este medio Francisco Mansilla, presidente del Centro Español en Moscú.

En una misiva dirigida al Imserso, los niños de la guerra “ruegan” a las autoridades españolas retomar la subvención de 21.000 euros que durante tanto tiempo estuvieron recibiendo y que fue cancelada en el año 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Administración alegó que el Centro no estaba utilizando la totalidad de los fondos enviados a mantener el normal funcionamientos del Centro y sí hay a otros fines. Desde el Centro Español de Moscú explican que esos fondos fueron utilizados para pagar los “entierros y medicinas” de algunos miembros españoles del Centro Español que no tenían nada.

“La situación en Rusia es muy dura y las pensiones son muy bajas. Hubo casos de españoles que murieron y que no disponían de ningún dinero para ser enterrados y el Centro sufragó los gastos”, señala a Público Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio, y apoderado del Centro en España.

Para recuperar la subvención, el Centro Español de Moscú se ofrece a reintegrar la cantidad de dinero, más los intereses, que el Imserso considera que ha sido “mal utilizado”: 25.554 euros, en un plazo de diez años, a través de cuotas extraordinarias a los socios y donativos desinteresados de la ciudadanía. Sin embargo, la oferta del Centro, que se encuentra en una situación desesperada, no ha sido atendida por el Gobierno hasta el momento.

“Un mes después de ser enviada la carta contestó [julio] el Imserso y nos dijo que pasaba la petición a Hacienda. Desde entonces no sabemos nada. Hacienda no nos ha contestado, ni tampoco dado acuse de recibo. Nos parece hasta de mala educación”, se lamenta Dolores Cabra, que se queja de lo “inhumano” del trato de la Administración cuando antes “todos los presidentes del Gobierno y hasta el príncipe habían acudido a visitar al Centro”.

Subida de alquiler de un 100%

La situación que vive el Centro Español de Moscú, ya delicada de por sí, se ha agravado tras la decisión del ayuntamiento de Moscú de casi duplicar el precio del alquiler del local con efectos retroactivos desde el pasado enero. El coste de la sede ha pasado de 1.236 euros al mes a algo más de 2.400 euros. La única explicación del ayuntamiento de Moscú ha sido una vaga referencia a un “acuerdo suplementario” con fecha del 23 de agosto.

Ante la quiebra económica de la entidad que supondría este dramático cambio en las condiciones del arrendamiento, el Centro pidió al ayuntamiento de Moscú pagar un “alquiler simbólico” de “un rublo al mes” por el local que arrendan en el centro de la capital rusa. La histórica institución trataba de acogerse a los privilegios que el ayuntamiento moscovita sí ha concedido a otras organizaciones como el Circo de Moscú.

Sin embargo, la respuesta de Moscú llegó esta misma semana: No. El Centro debe pagar el doble de lo pagado hasta el momento desde el mes de enero de 2013. “Es tremendo que el país que los mandó para allá cuando eran niños y el país que los recogió se olviden de ellos ahora que son nonagenarios. Es una vergüenza”, prosigue Cabra.

El único alivio para las arcas del Centro Español ha llegado desde Euskadi. El Gobierno de Patxi López (PSOE) aprobó una ayuda de urgencia de 10.000 euros que fue ratificada y hecha efectivo por el Gobierno de Urkullu (PNV) tras las elecciones. “Con los 5.000 euros del segundo pago de la subvención y las aportaciones desinteresadas de los ciudadanos pagaremos la deuda contraída con el Ayuntamiento, pero en las arcas ya no queda nada. La situación es insostenible”, zanja Cabra.

 

‘Los niños de la guerra’

La larga travesía hacia el olvido de estos españoles en perpetuo exilio comenzó en 1937. Alrededor de 3.000 menores españoles llegaron a Rusia huyendo de la Guerra Civil y fueron alojados en las llamadas ‘Casas de niños españoles’, residencias donde recibían educación y alimentos. La Unión Soviética procuró una carrera universitaria al que deseara estudiar y un oficio industrial a los que prefirieron trabajar. A pesar de las circunstancias, muchos de ellos reconocen haber sido unos privilegiados por el trato recibido de las autoridades soviéticas, sobre todo si se compara con los derechos del pueblo ruso.

La tragedia, sin embargo, iba por dentro. Han vivido la Guerra Civil cuando aún eran demasiado pequeños para entender qué estaba ocurriendo, pero también padecieron el horror de la II Guerra Mundial. Muchos de ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que trabajar en la construcción de aviones y armamento militar en la Unión Soviética. Se trataba de derrocar al fascismo, y la victoria de la URSS también les acercaría a su victoria personal: regresar a casa junto a papá y a mamá.

La comunidad española de ‘niños de la guerra’ fue la única familia para la mayoría de ellos y el Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE reconvertida en centro cultural en 1965, su último suelo patrio. De los tres mil niños de la guerra que salieron de España con rumbo a la URSS durante y después de la Guerra Civil, quedan hoy en Rusia 105 personas (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades), 20 menos que a principios de enero de 2012.

Donaciones
Si quiere hacer una donación en apoyo al Centro Español de Moscú, puede hacerlo a través de la siguiente cuenta:

SOS Centro Español Moscú: CC/ 2013 064612 0200708987

La asociación acreditada para recoger fondos es Archivo, Guerra y Exilio (AGE).

http://www.publico.es/484094/los-ninos-de-la-guerra-ruegan-a-rajoy-que-recupere-la-subvencion-que-les-retiro-zapatero

 


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR “SU OBLIGACIÓN” Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. “El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.

“Los presuntos autores”, añade la ONU, “deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, y las víctimas deben recibir “reparación adecuada”.

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de “un órgano específico” encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, “a más tardar el 15 de noviembre de 2014” para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

“No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia”, ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: “No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora”

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica”, ha declarado Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora”.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían “cerrado” totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. “La jurisprudencia no es ley”, pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: “nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez”. Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: “El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado”, ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que “todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales” adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de “mirar para otro lado”

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. “El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado”, afirman en un comunicado.

“Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido”. “Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”, añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del “delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


Xosé Álvarez Castro: «Es injustificable que en el siglo XXI tengamos muertos en las cunetas»

noviembre 16, 2013

El maestro e historiador presenta el libro “Pontevedra nos anos do medo”, en el que analiza la represión llevada a cabo en la comarca

susana regueira | pontevedra 08.11.2013

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El paraninfo del IES Valle Inclán acogerá el próximo día 11 la presentación de “Pontevedra nos anos do medo”. Se trata de un acto organizado por la Librería Paz y Edicións Xerais para dar a conocer una obra que resume años de investigaciones centradas en la represión llevada a cabo en la comarca tras el golpe militar de 1936. “Esta zona”, indica el autor, “no fue especialmente castigada, no más que otras ciudades, por ejemplo para el nivel de la ciudad Tui sufrió una represión fuerte, Ferrol también o Vigo, Pontevedra fue una ciudad en la media, lo esperado”

-Tras años de estudios y trabajos sobre la represión ¿qué conclusiones saca?

-Hay muchas, pero una destacada es el papel fundamental que tuvo la Guardia Cívica, por lo menos un sector de ella, en la represión, más posiblemente que Falange, ésta fue en los primeros tiempos. En segundo lugar hay que destacar el papel que tuvieron muchas personas que no son tan conocidas en Pontevedra como pueden ser Bóveda o los del 12 de Novembro y que precisamente eclipsaron a toda una serie de militantes obreros y agrarios que fueron también reprimidos y que es interesante darlos a conocer.

-¿Cuáles son las cifras de los paseados y fusilados en consejos?

-Tenemos datos sobre los tres años fundamentalmente, y hay que tener en cuenta que siempre son cifras mínimas, de modo que siempre tendremos la posibilidad de descubrir alguna más, y apuntan a que hay algo más de 70 paseados y después fusilados en consejos de guerra son sobre 140.

-¿Pontevedra centralizaba los consejos de guerra?

-Si, Pontevedra era la cabeza de una zona judicial, la del norte de la provincia, se celebraban aquí muchos consejos de guerra y eso llevaba consigo que también los paseos de gente que no era de Pontevedra también fuesen un número importante, los iban a buscar a la cárcel por ejemplo y lo más normal es que ya los mataran aquí.

-Se habló durante años de que la guerra civil se aprovechó para resolver rencillas etc ¿eso fue real o considera que lo que hubo es una estrategia organizada de represión?

-No, no es real, lo que no podemos negar es que en algún caso hubiese rencillas, pero en todo caso se aprovecharon y se valían de una situación política que lo facilitaba y que las víctimas fueron siempre personas comprometidas políticamente, es algo que está totalmente claro, es otro de los grandes mitos, el de que todo fue por rencillas.

-¿Es otro tópico que las víctimas no participaban políticamente?

-Otro mito efectivamente, incluso los propios familiares te lo dicen a veces “no, ellos no hicieron nada”, “fueron amistades…” Y no, era gente que participó políticamente, que muchos de ellos fueron elegidos en comicios libres, muchos de ellos hicieron uso de sus derechos militando en federaciones obreras o agrarias para defender derechos de los trabajadores etc.

-¿A qué sectores afectó especialmente la represión?

-A todos los sectores, a una burguesía que militaba en partidos de lo que era el centro y centroizquierda clásica, burguesa, como Izquierda Republicana o Unión Republicana, y después a gente más de izquierda que militaba en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, que tenía bastante influencia en la Federación Agraria y la Obrera. Y en cuanto al número más a sectores obreros y agrarios.

-¿Además de los paseos, consejos etc adoptó otras formas la represión?

-Si, es que hay otras forma de represión que son las que a veces pasan desapercibidas, aquí hubo una represión de tipo económico por estudiar, es una de las grandes tareas a realizar en el futuro, aparte de las multas, de las incautaciones, había toda una serie de colectas y donativos que en teoría eran voluntarios pero en la práctica eran obligatorios y eso dio lugar a todo un entramado económico que está aún sin estudiar a fondo. Después hay una represión de tipo ideológico, la participación de la Iglesia como legitimadora del golpe militar y el control social que ejerce, sobre todo a nivel de educación; también está la represión a los funcionarios, a las mujeres, que es otro de los grandes temas ocultos, muchas veces por la propia naturaleza de la represión, que no se quiere contar ni hablar de eso, y que incluyó un modo directo sino también indirecto, por ejemplo mujeres de presos o de condenados que por encima les incautaron bienes y les impusieron multas.

-Más de 80.000 víctimas continúan sepultadas en las cunetas…

-Es algo que me parece mal, si los familiares quieren darle entierro en los cementerios creo que se les debe ayudar, hay que facilitarles todo, primero localizar los lugares y posteriormente facilitar que los puedan trasladar, no es justificable que en el siglo XXI tengamos los muertos en las cunetas.

-¿Hay en la provincia de Pontevedra ese tipo de enterramientos?

Si, muchos fueron excavados, aquí nuestra zona los sitos más próximos de los que tenemos noticia son en San Andrés de Xeve, con 5 o 6 personas, y también en Tenorio, en el cementerio, pero las fosas en los cementerios son malas de excavar porque se reaprovecha el terreno y se mezclan restos. En la provincia no quedan muchas fosas sin excavar, lo que si quedan son lugares en los que hubo enterramientos y no lo sabemos, porque sabemos de personas que si las mataron y sus cuerpos nunca aparecieron, no sabemos donde las enterraron

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/11/08/injustificable-siglo-xxi-tengamos-muertos/910626.html?utm_medium=rss


Josep Almudéver :“Jamás en la vida olvidaré los gritos de los fusilados”

noviembre 16, 2013
El País, 12-11-2013 – 13 noviembre 2013

AlmudéverEl veterano es uno de los cinco supervivientes de las Brigadas Internacionales

FERRAN BONO 12 NOV 2013

Se cruzaron por casualidad en una plaza de Marsella. Se miraron de arriba abajo y se fundieron en un abrazo. Ambos habían sido brigadistas internacionales y habían combatido contra el Ejército golpista durante la Guerra Civil española. Lo supieron enseguida porque llevaban puesto el mismo traje, el que regaló el Gobierno republicano a los brigadistas cuando tuvieron que abandonar España. “El doctor Juan Negrín nos vistió y nos dio 310 francos”, recuerda Josep Almudéver, mientras enseña la fotografía de su encuentro, en Marsella, con el tangerino Antonio Arenas. “No nos conocíamos de nada, pero al vernos vestidos con el mismo traje supimos que teníamos en común España y la República”, explica el excombatiente, de 94 años, sin inmutarse por la molesta arena de la playa de la Malva-rosa de Valencia que levanta el fuerte viento de poniente.

Tocado con una boina y con un aire al doctor Gachet que pintó Van Gogh, Almudéver espera en una terraza a unos amigos franceses y valencianos para comer en un conocido restaurante del paseo marítimo. No probarán la típica paella frente al mar. “No porque no la hagan buena aquí, ¿eh?, pero es que ya se sabe que como en casa, ninguna, y a nosotros nos sale de categoría”, interviene Antoni Simó, historiador y amigo del brigadista, al que acoge en su casa de Alcàsser, a 15 kilómetros de Valencia. Residente en Francia, Almudéver asiente y apura su refresco.

Ha sido un hombre de acción toda su vida. Y sigue sin parar, yendo allá donde le reclaman para contar su lucha en institutos, universidades y foros diversos. Nació en Marsella, fruto de otro encuentro casual. Su madre, valenciana, trabajaba en un circo de gira por Europa cuando estalló la I Guerra Mundial. En la ciudad francesa conoció al que sería su marido, que había abandonado su Alcàsser natal para eludir las represalias: intentó quemar la iglesia ante la negativa del cura a dejar bailar y celebrar una verbena.

El hispanofrancés Josep Almudéver heredó la militancia y el oficio de albañil de su padre. Cuando se declara la Guerra Civil ya vivía con su familia en Valencia y se alistó en el Ejército republicano quitándose años. Lo descubrieron y lo mandaron a casa. Volvió al frente y le hirieron. Se recuperó y vio la oportunidad de reincorporarse inmediatamente con la Brigada Garibaldi. Lo aceptaron como francés, traductor y combatiente. Y cuando los brigadistas se marcharon de España por decisión del Comité de No Intervención, se las apañó para regresar a Valencia. Era el final de la guerra. Después huyó con su padre al puerto de Alicante. Allí fue recluido en el campo de concentración de Albatera.

El tono vitalista del brigadista, que posteriormente fue maqui, se ensombrece. “No sé por qué, pero siempre me obligaban a mirar los fusilamientos de los que intentaban escapar del campo de concentración. Jamás en la vida olvidaré los gritos de los fusilados”, afirma. Mira un instante el horizonte, se reincorpora y continúa con la conversación.

Conserva una extraordinaria agilidad física y mental. Dice que conoce a algunos de los cinco brigadistas que quedan vivos, según la Asociación de Amistad con los Brigadistas Internacionales, de los más de 45.000 que llegaron a España para luchar por la República. “Yo soy de los pocos que puedo viajar. Y no voy a dejar de hacerlo mientras pueda”, concluye.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/12/actualidad/1384291082_906417.html


Guerra Civil en Mallorca ‘Perdona a mis enemigos’

noviembre 16, 2013

El Mundo.es, 12/11/2013 – 13 noviembre 2013

Roses BermejoFranco también fusiló a ricos. A ricos civiles e inocentes

MANUEL AGUILERA

Las cartas de dos ilustres mallorquines antes de ser fusilados:serenidad, coraje y perdón

El bando franquista les acusó de espías. La historia de los Marqués y Roses sigue hoy unida

Franco también fusiló a ricos. A ricos civiles e inocentes. En Mallorca hay dos ejemplos prácticamente desconocidos: Bernardo Marqués y Lorenzo Roses. Su delito: ser familiares lejanos del alcalde de Palma, Emili Darder, y afiliarse a su partido. Los militares creían que no eran de fiar, posibles espías de los rojos. El primero murió en el fuerte de Illetas y el segundo contra la tapia del cementerio. Ambos sin saber por qué y perdonando a sus enemigos.

Sus cartas de despedida son estremecedoras. El centinela les entregó un pequeño papel y lápiz para despedirse de este mundo. En el silencio de la noche, esperando con serenidad el último alba, dedicaron sus palabras a los que más querían: su familia. «Os ruego que no odiéis a nadie»; «Perdono a todos mis enemigos y ruego que conmigo hagan lo mismo»; «Que mis nietos estén orgullosos del nombre que les ha legado su abuelo»; «Perdóname esposa por lo mucho que te he hecho sufrir y por lo que sufrirás en este mundo»; «Educa a los hijos, cuida de mi padre, perdona a mis enemigos y vive muchos años»; «Me casé contigo con gran ilusión y la sigo conservando, te quiero lo mismo que el primer día».

Es increíble cómo el destino unió la vida y la muerte de estos dos mallorquines ilustres. Ambos eran de Sóller y amasaron fortuna gracias a sus negocios en Puerto Rico. Se hicieron a sí mismos emigrando y volvieron a Mallorca como burgueses adinerados. Compraron varias propiedades. Roses era dueño de dos fincas que ocupan la actual Palmanova y Marqués tenía varias casas en Sóller y Palma que La Falange convirtió en sus sedes. El destino quiso que se convirtieran en familiares lejanos de uno de los principales enemigos de los militares sublevados: Emili Darder, de Izquierda Republicana. Roses se casó con la hermana de la mujer del alcalde de Palma. El otro tenía un parentesco más rocambolesco: su hija estaba casada con un hermano de la mujer de Darder. No hace falta ni entenderlo, aquello sólo era una excusa para dar un escarmiento a la burguesía progresista de la isla.

Fueron detenidos y encerrados en Can Mir, un antiguo almacén de maderas ubicado en el solar del actual cine Augusta de Palma. Sufrieron juicio sumarísimo y fueron condenados a muerte por un tribunal militar. Según publicó la prensa, su delito era haber opinado y actuado «en contra del movimiento nacional». De Marqués decían que escuchaba la radio de Barcelona y que hacía señales a los aviones republicanos que atacaban Palma. A Roses le pesaba haber sido alcalde interino de Sóller durante la República pero lo curioso es que el otro bando también lo buscaba por burgués. Su casa de Barcelona había sido registrada y no podía aparecer por allí porque querían matarlo.

El primero era muy mayor, 68 años, y dejaba esposa y ocho hijos. El otro tenía 41 años, esposa y cuatro hijos. Además, su padre todavía vivía. En su carta de despedida se aprecia como le afectaba pensar en el dolor que sentiría su padre al perder un hijo de aquella manera. La calamidad no se quedaría ahí. Al mes de la ejecución de Roses, una de sus hijas moriría de difteria. Doble pena para una esposa que se llamaba Dolores.

A pesar de la tragedia, el destino quiso que estas dos familias siguieran unidas. En 1972, un nieto de Marqués se casó con una nieta de Roses y sus apellidos quedaron unidos para siempre. Ella, que se llama Dolores como su abuela, ha seguido al pie de la letra lo que su abuelo le pedía en la carta: perdonar. Dice que «a estas alturas» le parece «absurdo» buscar venganza. «Una guerra entre hermanos es algo muy triste pero debemos mirar hacia adelante». «En casa jamás se habló de la guerra ni del fusilamiento. Creo que mi padre lo borró de su mente o leyó la carta e hizo caso a mi abuelo». No obstante, reconoce que en la familia hay quien piensa diferente.

En la misma línea, Bernardo Marqués, nieto del fusilado, dice que «no hay rencor» porque no lo ha «vivido», aunque admite que en su padre y sus tíos sí lo había. «Cuando ponían el himno nacional apagaba la radio y cuando venía Franco a Palma cerraba las ventanas». Su tía Jeanne declaró al diario Baleares en 1986 que no perdonaría jamás. Incluso reconoció que se iba a casar con un falangista pero que «la sombra» de su padre se lo impidió. Hoy, la nueva generación, los bisnietos Cata y Bernardo que llevan unidos aquellos dos apellidos, viven totalmente sin rencor y mirando hacia adelante. Al final, sólo el tiempo ha conseguido que se cumpla la última voluntad que una trágica noche escribieron Marqués y Roses.

Carta de Bernardo Marqués

Hoy a las 9 de la noche he sido sacado de prisión junto a dos más y trasladado a estas fortificaciones que presumo que son Illetas. Es de noche y como lo desconozco imagino que este traslado es para consumar mis últimos momentos. Si es así, tengo valor y resignación para soportarlo. No obstante, mantengo la protesta de que soy inocente y de que todas las acusaciones responden a venganzas personales y odios de familia. Lo único que me apena es que mi esposa y mis hijos no sepan la suerte de esta tragedia. Mi deseo es que se les entreguen estas notas para que sepan que en estos momentos de angustia guardo un cariñoso recuerdo y que con ellos estarán todos mis pensamientos. Un fuerte abrazo a todos, los presentes y ausentes, a mis hijos de Puerto Rico. Mi gratitud hacia ellos y que sepan que muero teniéndolos a todos presentes. Lo único que os suplico es que seáis buenos, que viváis todos unidos y en buena armonía. Evitad siempre tener disgustos de familia. Si alguna vez hubiera alguno, recordad mi persona y evitad el disgusto. También os ruego que no odiéis a nadie. Si yo he tenido algún enemigo estoy seguro de que son muy pocos y a todos los perdono y ruego que conmigo hagan lo mismo. Muero completamente tranquilo y a nadie tengo odio ni rencor. Así me lo aconseja la divina providencia, en la que he confiado siempre y manifiesto ahora con orgullo que no temo a morir… lo afronto todo con serenidad. Lamento que algún día os harán falta mis consejos de buen padre y buen esposo… recordad mi persona y mi nombre con serenidad y hallaréis el consuelo. En estos últimos momentos dedico mis recuerdos a mi esposa, a mis hijos, a mis hijos presentes y ausentes, a mis hijos políticos y a mis nietos. A éstos últimos decirles que estén orgullosos del nombre que les ha legado su abuelo. Un abrazo y besos a todos de vuestro esposo, vuestro padre y vuestro abuelo. 4 de junio de 1937. [Es un fragmento, se ha eliminado lo privado e irrelevante]

Carta de Lorenzo Roses

Dolores esposa mía: perdóname por lo que te he hecho sufrir en este mundo. Me casé contigo con gran ilusión y la sigo conservando, te quiero lo mismo que el primer día. Reconozco que no me he portado bien contigo, que para ocultar mis faltas te he acusado a ti, pero todo eran cosas triviales, falta de conocimiento, pero jamás falta de cariño ni de ilusión. ¡Cómo te he querido, amor mío! Mi carácter rebelde, falta de disciplina por no haber tenido una madre que pudiera guiarme, me hizo crecer libre de preocupaciones y cuando no conseguía lo que quería me rebelaba. (…) Trata bien a mi padre. Quiérelo mucho y consuélalo de la pérdida de su hijo. Si Mariano no ha muerto en Barcelona y tus recursos te lo permiten, llámalo a vivir contigo para que, si puede, haga de padre de mis hijos. No tengas escrúpulos de vivir con un hombre viudo. Puede ser tu consejero y estoy seguro de que te guiará bien. (…) Disfruta todo lo que puedas de la vida, haz la vida agradable a tus hijos y a papá. Te quiero y moriré pensando en ti y en nuestros hijos. Dile a papá que me perdone y a mis hijos que perdonen a mis enemigos. Adiós esposa querida. Recibe el último beso de tu marido y perdóname por lo mucho que te he hecho sufrir y por lo que sufrirás en este mundo. Educa a los hijos, cuida de mi padre, perdona a mis enemigos y vive muchos años solo para los hijos y para rezar por tu marido. Tampoco deseo que te olvides de rezar por mi madre y hermana que en el cielo estén. Mi último beso y adiós. Te quiere tu marido. Besos para tus padres y hermana. Lorenzo. [Es un fragmento]

http://www.elmundo.es/baleares/2013/11/12/5281e9650ab7402d258b4578.htmlç


Cinco años contra el olvido y la impunidad del franquismo…

noviembre 9, 2013

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Cinco años cumple hoy La Memoria Viv@. Parece que fue ayer cuando Pedro y yo decidimos viajar por nuestra cuenta en este camino de la recuperación de la memoria histórica, viajar juntos, incluso en la distancia compartiendo historias, espacios, confesiones, actos, actividades; y sobre todo, sueños.

Sí, sueños de conseguir pequeños logros que aportasen un granito de arena en este desierto de abandono y desmemoria histórica para con las víctimas de la Guerra Civil, la posguerra y la posterior represión franquista y que al día de hoy siguen penando en , el olvido del país, sus políticos y la propia historia, todo por arte y obra de un sistema propiciado por el sátrapa dictador golpista, sus adláteres y posteriores hijos y delfines añorantes de esa España casposa y enmohecida del pensamiento único, de la España del “Una, grande y (eufemísticamente) libre” que a base de palo largo y mano dura fue consiguiendo imponer sus criterios fascistas con el terror, la represión y el asesinato impune por gracia del caudillo y amparada en el nombre de Dios. “Todo por la patria”, y eso incluía la limpieza ideológica, el asesinato selectivo, el destierro voluntario para evitar males mayores, las desapariciones forzosas, los robos de vidas y expolios materiales, la pérdida de libertades, el acoso y derribo de todo aquél considerado sospechoso de no encajar con las retrógradas ideas de aquellos salvapatrias licenciados y duchos en todas las artes de persecución y eliminación del pensamiento libre; y que hoy en día todavía permanecen vigentes, vigilantes y activos en la premisa de cumplir los objetivos del Movimiento Nacional y sobre todo, los de su líder al dejar su impronta con el “atado y bien atado” en manos de su protegido y actual jefe de Estado.

Cinco años del nacimiento de estas páginas que han dejado un balance de más de 1.156.000 entradas, 846.462 visitas de direcciones ip, 6.409 comentarios, 3.937 artículos y casi un centenar de actos y actividades de participación de los miembros fundadores y colaboradores de esta pequeña asociación independiente. Quizá las estadísticas no sean más que números, pero detrás de cada uno de ellos, hay una historia.

Pedro Vicente Romero de Castilla y Jordi Carreño Crispín, fundadores de "La Memoria Viv@"

Pedro Vicente Romero de Castilla y Jordi Carreño Crispín, fundadores de “La Memoria Viv@”

Hace ya cuatro años de nuestro encuentro en Casavieja y cinco de la fundación, y solo puedo decir que soy el primer sorprendido por la repercusión y sobre todo por la colaboración de todos los que de un modo u otro participáis de este pequeño gran proyecto, porque en definitiva, Pedro y yo lo creamos por y para vosotros, para que nuestra plataforma pasara a ser finalmente propiedad vuestra, y cinco años después así es. Es vuestra plataforma y al de todos los olvidados, por eso solo puedo deciros: ¡Gracias a todos! Por estar ahí, con nosotros en esta lucha que es una carrera de fondo contra el tiempo y el olvido obligado e impune. ¡Salud, Memoria y República!

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A.I. La Memoria Viv@


A Dios rogando y con el mazo dando…

octubre 26, 2013

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Qué fácil es volver la vista atrás y quedarse únicamente con una parte de la historia. Aquella que ha sido interpretada y cercenada por inquisitoriales visiones y que afectan casi siempre a los perdedores históricos; ya se sabe, la historia la escriben los vencedores.

Estas semanas pasadas ha vuelto la polémica en referencia al papel que jugó la Iglesia española antes, durante y posterior al período de la Guerra Civil española a causa de la beatificación en Tarragona de los 522 religiosos considerados mártires por la institución eclesiástica y el Estado y, que se suman a los 731 ya beatificados hasta el año 2007 (En España en este último siglo se han beatificado un total de 1001 personas, es decir un 70, 02% han sido los religiosos muertos durante la Guerra Civil por las distintas facciones republicanas).

¿Y por qué no? Si la historia la escriben los vencedores y la Iglesia estuvo por acción y omisión en su mayor parte con el bando sublevado y vencedor; y si en España se ha negado desde el alzamiento nacional hasta la fecha, la legitimidad e historia del gobierno republicano y su derrocamiento a través de un golpe militar en toda regla; si se han cerrado los ojos a una brutal represión durante y posterior a la guerra con la implantación e imposición de la dictadura de franquista por obra y gracia de Dios y, si hasta el día de hoy con la llegada de nuestra descafeinada democracia se han instrumentado todas las herramientas  necesarias habidas y por haber para detener cualquier proceso y actividad de reconocimiento, reparación histórica y jurídica de los perdedores; no sé por qué, no íbamos a permitir un proceso de beatificación y reparación histórica de las víctimas del bando nacional y sus acólitos. Atado y bien atado por la mano del Caudillo y la divinidad sacra del altísimo.

En un país donde las sombras rancias del pasado siguen moviendo los hilos del futuro no es de extrañar que una institución como la Iglesia, por otro lado, institución más que privilegiada como tal (recordemos que somos constitucionalmente un país aconfesional, pero el Estado aporta y ayuda mayoritariamente a la Iglesia católica con fondos públicos desde los acuerdos alcanzados por el franquismo con la Santa Sede y posteriormente renovados y ratificados en democracia por los distintos gobiernos de la misma, tanto de izquierdas, derechas o los mal llamados de centro), consiga ésta que sus mártires sean reconocidos, beatificados y homenajeados institucionalmente por la Santa Sede, el Estado y el gobierno de la CC. AA de Cataluña y otras. Así que sotanas y hábitos aparte, algunos van al cielo por la obra y gracia del hombre que no de Dios mientras otros pudren sus vidas entre el polvo de las cunetas, cementerios, barrancos o archivos. No olvidemos pues que la Iglesia española no solo colaboró con el franquismo, fue parte indisociable de él. A dios rogando y con el mazo dando.

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Por otra parte… ¿Hubo represión republicana hacia la Iglesia? Por supuesto que sí la hubo, antes y durante el período concerniente a la guerra, y el  número de víctimas ascendió a un total documentado de 6.832 religiosos(as) repartidos del siguiente modo: 13 obispos, 282 monjas,   4.172 párrocos y curas de distinto rango, 2.364 monjes y frailes (entre ellos 259 claretianos, 226 franciscanos, 204 escolapios, 176 maristas, 165 Hermanos Cristianos, 155 agustinos, 132 dominicos y 114 jesuitas) muertos y bien registrados. (No voy a hacer un tabú de las tropelías y pecados republicanos. Las cosas fueron como fueron). Estos que al fin y al cabo también están formando parte de nuestra macabra historia están santamente enterrados y/o beatificados y reconocidos  pese  a que algunos tuvieron historiales de participación activa en la represión de los republicanos. Son en definitiva víctimas unos y actores otros recuperados para la historia; de hecho, hubo que incluso dieron la  extremaunción a la vez que algún tiro de gracia, o formaron parte de las huestes de acusadores y delatores para proporcionar los otros asesinados por el franquismo, los represaliados republicanos de acto o de facto. Un modo de conseguir billete al cielo como otro cualquiera. Eliminando al demonio rojo que se comía a los niños y mataba santos. Matar en nombre de dios siempre ha estado justificado por la historia y los hombres, y Franco no fue ninguna excepción, al contrario,  se erigió para la Iglesia en el brazo ejecutor del mismo.

¿Pero qué pasa con aquellos miembros de la Santa Iglesia que también perecieron sin ser partidarios de participar en el contubernio del Estado-fascista e Iglesia? Estos no tienen cielo, para ellos estaba reservado el servicio espiritual al pueblo y a la tierra, y por eso forman parte de ella. Tanto es así que aquí el número aquí; aunque es muy inferior a los represaliados del bando nacional, es indeterminado, ya que no todos están documentados. Otro número importante no se les considera represaliados porque estuvieron presos, fueron depurados, se exiliaron o abandonaron la fe.

Lo que sí sabemos es que de los más de 143.353 desaparecidos documentados del franquismo (se estima que sin documentar pudieran haber entre cincuenta o sesenta mil más – sólo en el Valle de los Caídos se estiman unos 30.000 republicanos sin registrar; 26.701 documentados y unos 20.000 franquistas  listados), se calcula que  medio millar de religiosos que comulgaban con Dios y su pueblo pero no con el fascismo fueron represaliados, y de estos, murieron casi un centenar (los datos no son fiables por falta de documentación, se sabe que al menos 76 religiosos fueron llevados al cadalso según constan en documentación, el resto son datos estimados por informes de búsqueda, fichas policiales y otros archivos), lo que me viene a significar que tanto en las leyes humanas como en las divinas no todos somos iguales.

Ya lo ven, también hubo y hay hábitos religiosos sin cielo, pero de estos es mejor no hablar ni en nombre de Dios. Claro está que alguien podría tener la tentación de comparar el número de un bando u otro en el macabro contador de los hombres y mujeres de dios asesinados; pero seguiría siendo una cuestión de justicia y no de cantidad, como lo es cuando el número favorece al republicanismo con sus muertos y represaliados totales que ascienden aproximadamente casi a 600.000 de los 750.000 según datos oficiales basados en los más de  800.000 documentos digitales que se corresponden a fichas policiales o autos que hacen referencia a ciudadanos leales de la II República y a los que se levantaron contra el régimen republicano según constan en el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936 y las elecciones de 1977.

España y su historia seguirán oliendo a moho mientras no seamos capaces de recuperar la historia al completo, y para ello se ha de empezar por lo básico, el reconocimiento de la historia y vidas de los perdedores, de su recuperación y dignificación institucional y de mantener el recuerdo a través de la historia de lo que aconteció, esto es válido para ambos, tanto para la república y seguidores, como para los sublevados nacionalistas y simpatizantes de su dictadura y posterior sombra en democracia. Se han de condenar en su totalidad los crímenes de guerra y contra la humanidad, se debe facilitar el conocimiento de los mismos a las generaciones venideras, eso es la recuperación de la memoria, otra cosa sería el sesgo de los acontecimientos, sus razones y la parcialidad de los hechos, tal y como sucede hoy.

Lo dicho, no todos iremos al cielo pese a que algunos incluso lleven hábitos o hayan seguido la fe cristiana.

 Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura del general Franco

octubre 23, 2013

…22/09/2008…

y a fecha de hoy, 23/10/2013, seguimos sin ser atendidos por el Estado español..

 

http://www.rtve.es/noticias/20080922/garzon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-civil-franquismo/161905.shtml


10· aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español.

octubre 23, 2013

10· aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español

Viernes 25 de octubre de 2013. 18:30h. Teatro del Institut français.

10º aniversario de la Asociación de descendientes del exilio español con Ludivina García Arias, Presidenta de la Asociación, Nicolás Sánchez Albornoz, Historiador y Profesor de Universidad, Iñaki Anasagasti Olabeaga, Senador.


Al final del evento se servirá una copa de vino Se ruega confirmación: +34 913085394/+34 666516438 asociacion_exiliados@yahoo.es
Más informaciónwww.exiliados.org

http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/n-10-aniversario-asociacion-descendientes-exilio-espanol