80 y más…14/04/2020

mayo 11, 2020

El texto que sigue lo escribí el 14 de abril de 2020 para rendir homenaje a l@s Nuestr@s el día de la República . Lo publico solamente hoy 11 de mayo al haber comprobado que la situación aquí denunciada no ha sido corregida (5800 fallecidos en los Geriátricos de la CC.AA. de Madrid… ).De antemano y para que no se pueda dudar, mi sincero reconocimiento a tod@s l@s sanitari@s que luchan a pecho descubierto contra esta pandemia.

 

80 y más…

14/04/2020

 

Fueron niños o adolescentes durante la 2º República, sufrieron la guerra y la perdida de familiares asesinados ,desaparecidos , los bombardeos, las heridas , las penurias alimentarias, el exilio, el estigma marcándoles de “rojos·, las vejaciones.

Los bienes familiares confiscados.

Con sus madres en las cárceles, y también deportados.

Lo perdieron todo: su adolescencia y su niñez se estancaron; luego sobrevivieron bajo el jugo de 40 años de dictadura y nos dieron la vida.

Fraguaron el tiempo Democrático y se instaló el “Estado de bienestar”, fruto de sus escaseces y de su trabajo.

Envejecieron y en momentos de crisis económica nos ayudaron con sus míseras pensiones.

Ell@s de 80 y más…son ahora la diana preferida de la Covid19.

Descubrimos en estos meses que sus vidas se van por centenas, miles, en Centros Geriátricos (donde un@s cuantos valientes se confinan con ell@s), en sus casas, sol@s. Resulta que ya no tienen prioridad, por ser frágiles, por sus dolencias físicas y mentales por su corta esperanza de vida, lo que les queda, son viejos…

¡Desagradecidos y desgraciados somos al permitir que esto ocurra!

Algo ha fallado…Una Sanidad Pública desbordada, un olvido voluntario por parte de ciertas Autoridades.

Algunas veces, pocas, vemos en las noticias “un 80 y más…”saliendo de un hospital curado. Yo aplaudo y lloro a la vez.

¡VIVAN en NUESTRA MEMORIA!

 Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos


HOMENAJE A MARCOS ANA . 14 DE DICIEMBRE 2016. 19H.

diciembre 13, 2016

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CINE | JUEGO DE ESPÍAS

diciembre 4, 2014

El Jueves 04 de Diciembre a las 20:00, en el Teatro del Institut français de Madrid. Con la presencia de Germán Roda, y del nieto de uno de los espías protagonistas de la historia, el espía Juan Astier. 

Cartel Juego de Espias

Cartel Juego de Espias

SINOPSIS:

Documental basado en el libro de Ramón J. Campo, La Estación Espía

En 1940, España sufría una durísima postguerra y Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Inteligencia Británico escogió el paso fronterizo de la estación internacional de Canfranc (Huesca) para recopilar e intercambiar informaciones cruciales para la contienda bélica.

De este modo montó una red de espías formada por vascos, aragoneses y franceses que informaron acerca de los movimientos de las tropas alemanas y el paso de mercancías (el oro requisado por los nazis) que entraban y salían de España.

Establecieron una conexión semanal entre Canfranc, Zaragoza y San Sebastián para llevar los mensajes al consulado inglés de la capital donostiarra que cada lunes, los remitía por valija diplomática a Madrid. Gracias a las informaciones de esta red de espías se ayudó a la derrota de los nazis y su expulsión de los terrenos ocupados.

Estos acontecimientos históricos se entrelazan con los testimonios de los familiares de los hasta ahora anónimos espías. Y se realizan una serie de secuencias dramatizadas, siempre fieles a los acontecimientos descubiertos por el escritor. En especial a lo relacionado con la desarticulación de dichas redes de espionaje. Y el juicio y sentencia que acabó con el encarcelamiento de 30 espías condenados por un Tribunal Especial contra el Espionajes en 1943.


Borrar a Franco no es la solución

marzo 15, 2014

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Cada vez más España se aleja de su historia, renuncia a la justicia legal e histórica con la negación de su propio pasado, renuncia a un futuro sin complejos, libre y democrático con la aceptación de sus pretéritos acontecimientos históricos y a las efemérides negadas con la injusticia y el olvido.

La Guerra civil, la posguerra y los distintos procesos históricos de la dictadura franquista (la dictadura militar y represiva, la dictablanda o desarrollismo) no pueden quedar en meras anécdotas históricas, es una impunidad que no nos podemos permitir. El franquismo existió, y como consecuencia de él España se desangró durante y posteriormente al golpe de Estado militar africanista contra el gobierno legítimo e inoperante de la II República, Tuvo más que consecuencias políticas, económicas, sociales e históricas, tuvo desgraciadamente consecuencias humanas, vidas; y por tanto, tuvo consecuencias jurídicas irresolutas al día de hoy.

Para hacer justicia bajo mi humilde punto de vista y opinión es necesario recuperar la memoria histórica en su totalidad, es decir, mantener el recuerdo de los hechos acontecidos totalmente, lo que implicaría no únicamente a la documentación, información y difusión de los mismos, sino que también debería incluir la aplicación y el reconocimiento de las leyes internacionales al respecto de los delitos contra “lesa humanidad” de todos aquellos que estuvieran afectados por los mismos. Fomentar la conmemoración de las fechas más significativas y relacionadas con estos hechos,  y sobre todo, el mantenimiento del recuerdo a través de toda su simbología, documentación escrita, fotográfica y audiovisual, soportes artísticos, artículos y materiales, elementos sociales y antropológicos que formaron parte del período histórico. ¿Cómo? Fácil, con diferentes museos, zonas geográficamente marcadas o señaladas de interés histórico nacional, con bibliografía y sobre todo en la enseñanza a las nuevas generaciones de dicha etapa.

El Estado debería ser albacea, protector, garante y difusor de su propia historia y del derecho que a ella le asiste. Ése, es el único modo de hacer honor a la memoria histórica y al reconocimiento de la misma, a todos sus afectados y familiares, a todo un país. Para llegar al perdón no hay que olvidar, sino recordar por qué nos debemos perdón, y así, con el recuerdo permanente intentar evitar cometer los mismos errores del pasado y sobre todo sus consecuencias.

Para pasar página la solución no está en el olvido, en retirar sólo símbolos que nos ofenden más o menos, en esconder en archivos polvorientos vidas y sentencias, ocultar asesinatos en cunetas, barrancos y tumbas comunes, y en borrar de la memoria al mayor icono de esta tragedia, borrar a Franco. La solución pasa precisamente por todo lo contrario, por reconocer el mal, condenarlo, reinsertar las víctimas y su memoria y castigar jurídicamente, aunque sea por reconocimiento a los culpables de todas las tropelías e injusticias cometidas, mantener en el recuerdo y la memoria colectiva a las víctimas pero también a sus verdugos.

La historia no está completa si obviamos o cercenamos parte de ella, si además no le hacemos justicia, entonces estamos volviendo a condenar a todos los actores de la misma. Borrar a Franco y adláteres no es la solución.

 Jordi Carreño Crispín (Vicepresidente de La Memoria Viv@)


Borrar a Franco de la memoria

marzo 15, 2014

ABC, 13/03/2014 – 13 marzo 2014

La Junta ha impulsado una normativa para eliminar todo vestigio de la guerra civil y la dictadura

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, las instituciones y organismos de Andalucía tendrán 18 meses para retirar de plazas, calles y edificios los símbolos de la etapa franquista que aún perduran en numerosos rincones de la geografía andaluza. Superado ese plazo, la Junta actuará de forma subsidiaria y procederá a eliminar los vestigios.

En Sevilla capital, en el año 2000, el Gobierno municipal de coalición PSOE-IU llevó a cabo una profunda renovación del callejero y desaparecieron más de 50 nombres de la época de Franco, aunque todavía en edificios, sobre todo de los juzgados, persiste alguna simbología de ese periodo.

Izquierda Unida ha cifrado en más de un centenar los vestigios del franquismo en las calles de Málaga. Un hecho que ha sido motivo de enfrentamiento político de forma intermitente, informa P. D. Almoguera. El análisis de los mismos deja casos tan surrealistas como el del colegio José María Hinojosa de la capital. Dedicado a este poeta represaliado durante la Guerra Civil, el centro conserva en su fachada el escudo preconstitucional con el águila, el yugo y las flechas.

En los últimos tiempos se han intensificado las gestiones para eliminar algunos de estas reminiscencias a la dictadura. Meses atrás la calle Generalísimo Franco, ubicada en la barriada de Olías, ha pasado a llamarse La Ópera. La vía dedicada a Queipo de Llano en esta misma zona también ha desaparecido.

El principal vestigio en Granada del franquismo es el monolito en homenaje a Primo de Rivera, que hay ubicado en la plaza de Bibataubín. Fruto de grandes polémicas, especialmente desde la Ley de Memoria Histórica de 2006 impulsada por el Gobierno de Zapatero, el monumento parece tener las horas contadas. Recientemente, el TSJA rechazó el recurso que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la retirada del monumento que ha sido objeto en numerosas ocasiones de ataques por grupos de ultraizquierda, informa Luis Javier López.

En Córdoba se han quitado, entre otros símbolos, una placa en Correos, una placa en un busto en Subdelegación, en la Universidad… una placa en una casa particular del Realejo exaltando a un general franquista, y en cuanto a las calles los gobiernos municipales de IU se encargaron de sustituir los nombres.

En la catedral de Almería, en la Delegación de la Agencia Tributaria, en la Escuela de Artes o en el IES Celia Viñas perdura la huella del franquismo, informa Raquel Pérez. Los símbolos de la dictadura, como el yugo con el haz de flechas o el víctor, así como las alusiones a figuras como Primo de Rivera, son visibles en la capital almeriense, donde el Foro de la Memoria tiene localizadas 26 calles con nombres que aluden a esta época de la historia de España.

Jaén fue para Franco un territorio «que me quita el sueño», según informa Antonio Agudo. Lo dijo en la década de los 50 al visitar la provincia y darse cuenta de la falta de infraestructuras que sufría. Fueron muchas las obras, sobre todos embalses y pantanos, los que se levantaron durante la dictadura y que, obviamente, fueron firmados con los símbolos del régimen. Símbolos que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Lo que no ha sido retirado todavía, quizás por el pequeño tamaño o porque no salta mucho a la vista, son cientos de placas metálicas del extinto Ministerio de la Vivienda que etiquetan a otros tantos edificios con el yugo y las flechas.

En Cádiz capital destacaban hasta hace pocos años la pervivencia de escudos franquistas en el Instituto Hidrográfico , en la Comandancia de Marina, en la Delegación de Hacienda y en la sede de Correos. Jerez conserva también algunos vestigios de la época franquista: nombres de barrios como España, Federico Mayo y Eduardo Delage, informan A. García y J. Padilla.

En la Cuenca minera de Huelva se localizan algunos de los símbolos que han provocado una gran contestación, como es la Cruz de los Caídos que se ubica frente a la iglesia del municipio de Minas de Riotinto. Este escenario se reproduce también en la capital, en el que todas las calles el barrio José Antonio (Primo de Rivera) están dedicadas a falangistas de la época. En la barriada Pérez Cubillas, permanece el rótulo del Patronato de la Vivienda Francisco Franco, con su simbología, informa Rosa Font.

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140313/sevp-borrar-francode-memoria-20140313.html


Fallece Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas

diciembre 20, 2013

Fue condenada a muerte por ser miembro de las JSU, pero la pena fue conmutada por 30 años de cárcel, de los que cumplió 16

EUROPA PRESS Madrid 17/12/2013

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y  Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.EFE

Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas y llegó a ser condenada a muerte en 1939 por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), falleció la pasada madrugada a los 95 años en Madrid. Según ha declarado su hija Marisa Manchado, Torres “ha muerto muy en paz” en la residencia donde vivía desde hacía tres años, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras dormía.

Manchado ha destacado “la bondad, la falta de rencor y la falta de odio” de su madre y lamentado que esos valores no estén tan presentes hoy en día, algo que atribuye a que las generaciones actuales “no han sufrido como sufrió” la de quienes vivieron la Guerra Civil y el franquismo. “A veces hace falta tocar fondo para renacer” y “aprender a vivir en paz”, ha opinado.

Nieves Torres Serrano nació en 1918 en el municipio madrileño de Venturada. Como miembro de las JSU, durante la guerra participó en la organización de casas de juventud, y en mayo de 1939 fue detenida tras ser delatada por un compañero militante. Fue torturada en una comisaría y después trasladada a prisión, siendo condenada a muerte en agosto de ese año junto a otros compañeros acusados por el régimen franquista de la reorganización de elementos de la JSU y del PCE para cometer actos delictivos contra el orden social y jurídico. En septiembre fueron ejecutados la mayoría de los condenados (27), y solo se libraron las tres mujeres: Antonia García, Antonia Hernández y Nieves Torres, menores de edad.

El mes anterior habían sido fusiladas en Madrid trece jóvenes, parte de las cuales eran miembros de las JSU, que acabaron siendo conocidas como las Trece Rosas. De las personas implicadas en aquellos sucesos, solo sigue con vida Concha Carretero.

Poco después, la pena de muerte impuesta a Nieves Torres fue conmutada por una pena de 30 años de cárcel. En total estuvo 16 años entre rejas, pasando por distintas prisiones y saliendo en libertad a los 36.

Manchado ha afirmado que, a pesar del sufrimiento que padeció su madre, “siempre estuvo muy orgullosa” de todo lo que hizo, “vivió feliz” y “creyó mucho en la democracia”. Sin embargo, considera que “no se ha reconocido” suficientemente el papel de su madre, en parte porque las mujeres de su época “pagaron el precio de vivir en un mundo mucho más machista” que el de ahora, lo que explica, a su juicio, que las acciones de los hombres se hayan “sobrevalorado” mientras que ellas “no han existido”.

Precisamente, este miércoles se celebra en Madrid la clausura de la exposición de Javi Larrauri ‘Mujeres republicanas’, una de cuyas obras es un retrato de Nieves Torres.

http://www.publico.es/489924


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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Lea el Informe del Comité de la ONU sobre desapariciones del franquismo (PDF

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

“Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón”, han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. “Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas”, ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. “Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara”, ha defendido.

Compromís-Equo: “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así” “El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España”, ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de”asumir esta proposición”.

Según Rodríguez, “expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista”.  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado “el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma”, mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de”Libertad, justicia y reparación” de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras “infracciones graves”.

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así”, ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben “cuál será el resultado” de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral “porque no compartían el conjunto de la iniciativa”, pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que “entre todos” logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


Los ‘niños de la guerra’ “ruegan” a Rajoy que recupere la subvención que les retiró Zapatero…

noviembre 22, 2013

El Centro Español de Moscú denuncia que sin la ayuda del Estado español están condenados a desaparecer. El ayuntamiento de Moscú ha denegado toda ayuda al Centro y ha reiterado la subida del alquiler de un 100%. Vladimir Putin también desoyó sus peticiones de auxilio.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 22/11/2013

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

Foto de familia de los llamados “niños de la guerra” civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

El Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE en la URSS y punto de encuentro desde 1965 de los niños de la Guerra Civil española que fueron traslados al Estado soviético, continúa en una situación agónica, cercana al cierre. La subida del alquiler del 100% por parte del Ayuntamiento de Moscú hace “prácticamente imposible el mantenimiento del Centro” y las llamadas de socorro de los hoy nonagenarios niños de la guerra son constantes. Tras pedir ayuda, sin éxito, al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Centro reclama al Gobierno que atienda su petición de recuperar la subvención de la que fue receptor hasta el año 2010, cuando se le fue retirada por “no haber sido justificada convenientemente”.

“No disponemos de la suma de dinero que nos pide el Ayuntamiento ruso y tampoco de la subvención que nos envió España durante muchos años. Así, nos será imposible seguir manteniendo abierta esta casa de todos los españoles que residen en Rusia. Necesitamos ayuda”, señalaba ayer a este medio Francisco Mansilla, presidente del Centro Español en Moscú.

En una misiva dirigida al Imserso, los niños de la guerra “ruegan” a las autoridades españolas retomar la subvención de 21.000 euros que durante tanto tiempo estuvieron recibiendo y que fue cancelada en el año 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Administración alegó que el Centro no estaba utilizando la totalidad de los fondos enviados a mantener el normal funcionamientos del Centro y sí hay a otros fines. Desde el Centro Español de Moscú explican que esos fondos fueron utilizados para pagar los “entierros y medicinas” de algunos miembros españoles del Centro Español que no tenían nada.

“La situación en Rusia es muy dura y las pensiones son muy bajas. Hubo casos de españoles que murieron y que no disponían de ningún dinero para ser enterrados y el Centro sufragó los gastos”, señala a Público Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio, y apoderado del Centro en España.

Para recuperar la subvención, el Centro Español de Moscú se ofrece a reintegrar la cantidad de dinero, más los intereses, que el Imserso considera que ha sido “mal utilizado”: 25.554 euros, en un plazo de diez años, a través de cuotas extraordinarias a los socios y donativos desinteresados de la ciudadanía. Sin embargo, la oferta del Centro, que se encuentra en una situación desesperada, no ha sido atendida por el Gobierno hasta el momento.

“Un mes después de ser enviada la carta contestó [julio] el Imserso y nos dijo que pasaba la petición a Hacienda. Desde entonces no sabemos nada. Hacienda no nos ha contestado, ni tampoco dado acuse de recibo. Nos parece hasta de mala educación”, se lamenta Dolores Cabra, que se queja de lo “inhumano” del trato de la Administración cuando antes “todos los presidentes del Gobierno y hasta el príncipe habían acudido a visitar al Centro”.

Subida de alquiler de un 100%

La situación que vive el Centro Español de Moscú, ya delicada de por sí, se ha agravado tras la decisión del ayuntamiento de Moscú de casi duplicar el precio del alquiler del local con efectos retroactivos desde el pasado enero. El coste de la sede ha pasado de 1.236 euros al mes a algo más de 2.400 euros. La única explicación del ayuntamiento de Moscú ha sido una vaga referencia a un “acuerdo suplementario” con fecha del 23 de agosto.

Ante la quiebra económica de la entidad que supondría este dramático cambio en las condiciones del arrendamiento, el Centro pidió al ayuntamiento de Moscú pagar un “alquiler simbólico” de “un rublo al mes” por el local que arrendan en el centro de la capital rusa. La histórica institución trataba de acogerse a los privilegios que el ayuntamiento moscovita sí ha concedido a otras organizaciones como el Circo de Moscú.

Sin embargo, la respuesta de Moscú llegó esta misma semana: No. El Centro debe pagar el doble de lo pagado hasta el momento desde el mes de enero de 2013. “Es tremendo que el país que los mandó para allá cuando eran niños y el país que los recogió se olviden de ellos ahora que son nonagenarios. Es una vergüenza”, prosigue Cabra.

El único alivio para las arcas del Centro Español ha llegado desde Euskadi. El Gobierno de Patxi López (PSOE) aprobó una ayuda de urgencia de 10.000 euros que fue ratificada y hecha efectivo por el Gobierno de Urkullu (PNV) tras las elecciones. “Con los 5.000 euros del segundo pago de la subvención y las aportaciones desinteresadas de los ciudadanos pagaremos la deuda contraída con el Ayuntamiento, pero en las arcas ya no queda nada. La situación es insostenible”, zanja Cabra.

 

‘Los niños de la guerra’

La larga travesía hacia el olvido de estos españoles en perpetuo exilio comenzó en 1937. Alrededor de 3.000 menores españoles llegaron a Rusia huyendo de la Guerra Civil y fueron alojados en las llamadas ‘Casas de niños españoles’, residencias donde recibían educación y alimentos. La Unión Soviética procuró una carrera universitaria al que deseara estudiar y un oficio industrial a los que prefirieron trabajar. A pesar de las circunstancias, muchos de ellos reconocen haber sido unos privilegiados por el trato recibido de las autoridades soviéticas, sobre todo si se compara con los derechos del pueblo ruso.

La tragedia, sin embargo, iba por dentro. Han vivido la Guerra Civil cuando aún eran demasiado pequeños para entender qué estaba ocurriendo, pero también padecieron el horror de la II Guerra Mundial. Muchos de ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que trabajar en la construcción de aviones y armamento militar en la Unión Soviética. Se trataba de derrocar al fascismo, y la victoria de la URSS también les acercaría a su victoria personal: regresar a casa junto a papá y a mamá.

La comunidad española de ‘niños de la guerra’ fue la única familia para la mayoría de ellos y el Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE reconvertida en centro cultural en 1965, su último suelo patrio. De los tres mil niños de la guerra que salieron de España con rumbo a la URSS durante y después de la Guerra Civil, quedan hoy en Rusia 105 personas (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades), 20 menos que a principios de enero de 2012.

Donaciones
Si quiere hacer una donación en apoyo al Centro Español de Moscú, puede hacerlo a través de la siguiente cuenta:

SOS Centro Español Moscú: CC/ 2013 064612 0200708987

La asociación acreditada para recoger fondos es Archivo, Guerra y Exilio (AGE).

http://www.publico.es/484094/los-ninos-de-la-guerra-ruegan-a-rajoy-que-recupere-la-subvencion-que-les-retiro-zapatero

 


Treinta y ocho años sin él…

noviembre 17, 2013

 

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

Sigue causándome la misma felicidad que aquél lejano 20 de noviembre de 1975 y que recuerdo junto a un hoyo de tierra excavado a mano y que podría haber sido la premonición de mi futuro memorialista; pero poco tenía que ver, ¡Estábamos en la calle jugando a las canicas porque no había colegio! El caudillo había muerto. La alegre inconsciencia ignorante pudiera haber sido también premonitoria de la algarabía y satisfacción de saber que el yugo del pueblo se marchaba con sus treinta y nueve años de aplastante presencia golpista y represora.

Con doce años, uno tenía suficiente con saber que aquel señor bajito y calvo, de voz afeminada y vestido de militar era el padre de la patria, el salvador de la ignominia de las huestes rojas, el baluarte de la cristiandad y el protector de una España grande y libre. Que los estíos, eran para muchos aquellos  veranos en los campamentos con la cara al sol y la camisa nueva,  o felizmente sin el rígido orden colegial y la presencia del susodicho en las aulas mirándote inquisidoramente; y que españoles éramos todos. ¿Por qué nos íbamos a preocupar de los más de 143.353 desaparecidos forzosos y reconocidos, o los más de 450.000 exiliados, o los 250.000 encarcelados en la posguerra, etc., etc.?

Treinta y ocho años después esa figura paternal que escondía al peor de los demonios nacionales sigue estando presente en nuestras vidas, sigue dejando volar su sombra entre los pilares de aquel pretérito imperio de terror y los actuales entresijos de una administración obsoleta y polvorienta custodiada por los fieles adláteres a su figura o al Movimiento Nacional, consolidados por un Jefe de Estado que fue delfín suyo bajo juramento perpetuo (a las hemerotecas me remito) y un sistema de control mimetizado de falsas libertades y reconocimientos demócratas que velan todavía por el legado  del “atado y bien atado”.

Treinta y ocho años sin él, treinta y ocho años tardó en morirse, pero al fin la palmó. Pero lo peor de todo es que tengo la impresión de que el tiempo anda todavía detenido en aquél día en el que jugábamos felices a las canicas porque no teníamos que ir al colegio. Que las cosas poco han cambiado en lo fundamental y no sólo en la apariencia.

Dentro de tres días, el 20 de noviembre, volverán los recuerdos para todos; los del yugo y flechas, las camisas azules, las águilas imperiales rojigualdas y el brazo en saludo cesariano para campar conmemorativamente en el recuerdo y añoranza memorial de aquel tiempo pasado en el que todos éramos felizmente ciegos, tristemente vencidos o simplemente cobardes y conformistas; mientras que ellos, los acólitos al pensamiento unidireccional dirigido eran la clase predominante, realmente feliz y ahora evocadora de otros tiempos mejores. Por otro lado, los falsamente felices enarbolarán sus puños al aire junto a sus banderas tricolores, rojas o rojigualdas constitucionales, para recordar y festejar al mismo tiempo que, con su marcha, todavía queda mucha España que limpiar y sobre todo que recuperar para poder pasar ésa página pendiente de nuestra historia.

Treinta y nueve años con él, más treinta y ocho sin él y, bajo tierra sigue estando su firma en bolígrafo de color rojo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I La Memoria Viv@


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


LA ONU INSTA A ESPAÑA A CUMPLIR “SU OBLIGACIÓN” Y BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

noviembre 16, 2013

Naciones Unidas cree que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo

Propone a España la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

El País / NATALIA JUNQUERA / 15-11-2013

Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS

España se examinó los pasados 5  y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. “El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (…) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.

“Los presuntos autores”, añade la ONU, “deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”, y las víctimas deben recibir “reparación adecuada”.

El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño,  pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados. 

Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.  El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de “un órgano específico” encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.

Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.

La ONU ha dado a España un plazo de un año, “a más tardar el 15 de noviembre de 2014” para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.

El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).

“No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia”, ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.

Garzón: “No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora”

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica”, ha declarado Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora”.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían “cerrado” totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. “La jurisprudencia no es ley”, pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: “nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez”. Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.

Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU

Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: “El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado”, ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.

Amnistía Internacional espera que “todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales” adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.

Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de “mirar para otro lado”

También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. “El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado”, afirman en un comunicado.

“Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido”. “Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos”, añaden.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del “delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.html


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html