CINE | JUEGO DE ESPÍAS

diciembre 4, 2014

El Jueves 04 de Diciembre a las 20:00, en el Teatro del Institut français de Madrid. Con la presencia de Germán Roda, y del nieto de uno de los espías protagonistas de la historia, el espía Juan Astier. 

Cartel Juego de Espias

Cartel Juego de Espias

SINOPSIS:

Documental basado en el libro de Ramón J. Campo, La Estación Espía

En 1940, España sufría una durísima postguerra y Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Inteligencia Británico escogió el paso fronterizo de la estación internacional de Canfranc (Huesca) para recopilar e intercambiar informaciones cruciales para la contienda bélica.

De este modo montó una red de espías formada por vascos, aragoneses y franceses que informaron acerca de los movimientos de las tropas alemanas y el paso de mercancías (el oro requisado por los nazis) que entraban y salían de España.

Establecieron una conexión semanal entre Canfranc, Zaragoza y San Sebastián para llevar los mensajes al consulado inglés de la capital donostiarra que cada lunes, los remitía por valija diplomática a Madrid. Gracias a las informaciones de esta red de espías se ayudó a la derrota de los nazis y su expulsión de los terrenos ocupados.

Estos acontecimientos históricos se entrelazan con los testimonios de los familiares de los hasta ahora anónimos espías. Y se realizan una serie de secuencias dramatizadas, siempre fieles a los acontecimientos descubiertos por el escritor. En especial a lo relacionado con la desarticulación de dichas redes de espionaje. Y el juicio y sentencia que acabó con el encarcelamiento de 30 espías condenados por un Tribunal Especial contra el Espionajes en 1943.


Borrar a Franco no es la solución

marzo 15, 2014

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Cada vez más España se aleja de su historia, renuncia a la justicia legal e histórica con la negación de su propio pasado, renuncia a un futuro sin complejos, libre y democrático con la aceptación de sus pretéritos acontecimientos históricos y a las efemérides negadas con la injusticia y el olvido.

La Guerra civil, la posguerra y los distintos procesos históricos de la dictadura franquista (la dictadura militar y represiva, la dictablanda o desarrollismo) no pueden quedar en meras anécdotas históricas, es una impunidad que no nos podemos permitir. El franquismo existió, y como consecuencia de él España se desangró durante y posteriormente al golpe de Estado militar africanista contra el gobierno legítimo e inoperante de la II República, Tuvo más que consecuencias políticas, económicas, sociales e históricas, tuvo desgraciadamente consecuencias humanas, vidas; y por tanto, tuvo consecuencias jurídicas irresolutas al día de hoy.

Para hacer justicia bajo mi humilde punto de vista y opinión es necesario recuperar la memoria histórica en su totalidad, es decir, mantener el recuerdo de los hechos acontecidos totalmente, lo que implicaría no únicamente a la documentación, información y difusión de los mismos, sino que también debería incluir la aplicación y el reconocimiento de las leyes internacionales al respecto de los delitos contra “lesa humanidad” de todos aquellos que estuvieran afectados por los mismos. Fomentar la conmemoración de las fechas más significativas y relacionadas con estos hechos,  y sobre todo, el mantenimiento del recuerdo a través de toda su simbología, documentación escrita, fotográfica y audiovisual, soportes artísticos, artículos y materiales, elementos sociales y antropológicos que formaron parte del período histórico. ¿Cómo? Fácil, con diferentes museos, zonas geográficamente marcadas o señaladas de interés histórico nacional, con bibliografía y sobre todo en la enseñanza a las nuevas generaciones de dicha etapa.

El Estado debería ser albacea, protector, garante y difusor de su propia historia y del derecho que a ella le asiste. Ése, es el único modo de hacer honor a la memoria histórica y al reconocimiento de la misma, a todos sus afectados y familiares, a todo un país. Para llegar al perdón no hay que olvidar, sino recordar por qué nos debemos perdón, y así, con el recuerdo permanente intentar evitar cometer los mismos errores del pasado y sobre todo sus consecuencias.

Para pasar página la solución no está en el olvido, en retirar sólo símbolos que nos ofenden más o menos, en esconder en archivos polvorientos vidas y sentencias, ocultar asesinatos en cunetas, barrancos y tumbas comunes, y en borrar de la memoria al mayor icono de esta tragedia, borrar a Franco. La solución pasa precisamente por todo lo contrario, por reconocer el mal, condenarlo, reinsertar las víctimas y su memoria y castigar jurídicamente, aunque sea por reconocimiento a los culpables de todas las tropelías e injusticias cometidas, mantener en el recuerdo y la memoria colectiva a las víctimas pero también a sus verdugos.

La historia no está completa si obviamos o cercenamos parte de ella, si además no le hacemos justicia, entonces estamos volviendo a condenar a todos los actores de la misma. Borrar a Franco y adláteres no es la solución.

 Jordi Carreño Crispín (Vicepresidente de La Memoria Viv@)


Borrar a Franco de la memoria

marzo 15, 2014

ABC, 13/03/2014 – 13 marzo 2014

La Junta ha impulsado una normativa para eliminar todo vestigio de la guerra civil y la dictadura

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, las instituciones y organismos de Andalucía tendrán 18 meses para retirar de plazas, calles y edificios los símbolos de la etapa franquista que aún perduran en numerosos rincones de la geografía andaluza. Superado ese plazo, la Junta actuará de forma subsidiaria y procederá a eliminar los vestigios.

En Sevilla capital, en el año 2000, el Gobierno municipal de coalición PSOE-IU llevó a cabo una profunda renovación del callejero y desaparecieron más de 50 nombres de la época de Franco, aunque todavía en edificios, sobre todo de los juzgados, persiste alguna simbología de ese periodo.

Izquierda Unida ha cifrado en más de un centenar los vestigios del franquismo en las calles de Málaga. Un hecho que ha sido motivo de enfrentamiento político de forma intermitente, informa P. D. Almoguera. El análisis de los mismos deja casos tan surrealistas como el del colegio José María Hinojosa de la capital. Dedicado a este poeta represaliado durante la Guerra Civil, el centro conserva en su fachada el escudo preconstitucional con el águila, el yugo y las flechas.

En los últimos tiempos se han intensificado las gestiones para eliminar algunos de estas reminiscencias a la dictadura. Meses atrás la calle Generalísimo Franco, ubicada en la barriada de Olías, ha pasado a llamarse La Ópera. La vía dedicada a Queipo de Llano en esta misma zona también ha desaparecido.

El principal vestigio en Granada del franquismo es el monolito en homenaje a Primo de Rivera, que hay ubicado en la plaza de Bibataubín. Fruto de grandes polémicas, especialmente desde la Ley de Memoria Histórica de 2006 impulsada por el Gobierno de Zapatero, el monumento parece tener las horas contadas. Recientemente, el TSJA rechazó el recurso que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la retirada del monumento que ha sido objeto en numerosas ocasiones de ataques por grupos de ultraizquierda, informa Luis Javier López.

En Córdoba se han quitado, entre otros símbolos, una placa en Correos, una placa en un busto en Subdelegación, en la Universidad… una placa en una casa particular del Realejo exaltando a un general franquista, y en cuanto a las calles los gobiernos municipales de IU se encargaron de sustituir los nombres.

En la catedral de Almería, en la Delegación de la Agencia Tributaria, en la Escuela de Artes o en el IES Celia Viñas perdura la huella del franquismo, informa Raquel Pérez. Los símbolos de la dictadura, como el yugo con el haz de flechas o el víctor, así como las alusiones a figuras como Primo de Rivera, son visibles en la capital almeriense, donde el Foro de la Memoria tiene localizadas 26 calles con nombres que aluden a esta época de la historia de España.

Jaén fue para Franco un territorio «que me quita el sueño», según informa Antonio Agudo. Lo dijo en la década de los 50 al visitar la provincia y darse cuenta de la falta de infraestructuras que sufría. Fueron muchas las obras, sobre todos embalses y pantanos, los que se levantaron durante la dictadura y que, obviamente, fueron firmados con los símbolos del régimen. Símbolos que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Lo que no ha sido retirado todavía, quizás por el pequeño tamaño o porque no salta mucho a la vista, son cientos de placas metálicas del extinto Ministerio de la Vivienda que etiquetan a otros tantos edificios con el yugo y las flechas.

En Cádiz capital destacaban hasta hace pocos años la pervivencia de escudos franquistas en el Instituto Hidrográfico , en la Comandancia de Marina, en la Delegación de Hacienda y en la sede de Correos. Jerez conserva también algunos vestigios de la época franquista: nombres de barrios como España, Federico Mayo y Eduardo Delage, informan A. García y J. Padilla.

En la Cuenca minera de Huelva se localizan algunos de los símbolos que han provocado una gran contestación, como es la Cruz de los Caídos que se ubica frente a la iglesia del municipio de Minas de Riotinto. Este escenario se reproduce también en la capital, en el que todas las calles el barrio José Antonio (Primo de Rivera) están dedicadas a falangistas de la época. En la barriada Pérez Cubillas, permanece el rótulo del Patronato de la Vivienda Francisco Franco, con su simbología, informa Rosa Font.

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140313/sevp-borrar-francode-memoria-20140313.html


Fallece Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas

diciembre 20, 2013

Fue condenada a muerte por ser miembro de las JSU, pero la pena fue conmutada por 30 años de cárcel, de los que cumplió 16

EUROPA PRESS Madrid 17/12/2013

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y  Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.

Nieves Torres (d), junto con Carmen Cuesta (i) y Nieves Torres (d), y Concha Carretero (c), compañeras de prisión de las Trece Rosas, en una imagen de 2004.EFE

Nieves Torres, represaliada del franquismo que compartió celda con las Trece Rosas y llegó a ser condenada a muerte en 1939 por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), falleció la pasada madrugada a los 95 años en Madrid. Según ha declarado su hija Marisa Manchado, Torres “ha muerto muy en paz” en la residencia donde vivía desde hacía tres años, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras dormía.

Manchado ha destacado “la bondad, la falta de rencor y la falta de odio” de su madre y lamentado que esos valores no estén tan presentes hoy en día, algo que atribuye a que las generaciones actuales “no han sufrido como sufrió” la de quienes vivieron la Guerra Civil y el franquismo. “A veces hace falta tocar fondo para renacer” y “aprender a vivir en paz”, ha opinado.

Nieves Torres Serrano nació en 1918 en el municipio madrileño de Venturada. Como miembro de las JSU, durante la guerra participó en la organización de casas de juventud, y en mayo de 1939 fue detenida tras ser delatada por un compañero militante. Fue torturada en una comisaría y después trasladada a prisión, siendo condenada a muerte en agosto de ese año junto a otros compañeros acusados por el régimen franquista de la reorganización de elementos de la JSU y del PCE para cometer actos delictivos contra el orden social y jurídico. En septiembre fueron ejecutados la mayoría de los condenados (27), y solo se libraron las tres mujeres: Antonia García, Antonia Hernández y Nieves Torres, menores de edad.

El mes anterior habían sido fusiladas en Madrid trece jóvenes, parte de las cuales eran miembros de las JSU, que acabaron siendo conocidas como las Trece Rosas. De las personas implicadas en aquellos sucesos, solo sigue con vida Concha Carretero.

Poco después, la pena de muerte impuesta a Nieves Torres fue conmutada por una pena de 30 años de cárcel. En total estuvo 16 años entre rejas, pasando por distintas prisiones y saliendo en libertad a los 36.

Manchado ha afirmado que, a pesar del sufrimiento que padeció su madre, “siempre estuvo muy orgullosa” de todo lo que hizo, “vivió feliz” y “creyó mucho en la democracia”. Sin embargo, considera que “no se ha reconocido” suficientemente el papel de su madre, en parte porque las mujeres de su época “pagaron el precio de vivir en un mundo mucho más machista” que el de ahora, lo que explica, a su juicio, que las acciones de los hombres se hayan “sobrevalorado” mientras que ellas “no han existido”.

Precisamente, este miércoles se celebra en Madrid la clausura de la exposición de Javi Larrauri ‘Mujeres republicanas’, una de cuyas obras es un retrato de Nieves Torres.

http://www.publico.es/489924


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Prisioneros por la gracia de Dios…

noviembre 24, 2013

Un centenar de curas ‘rojos’ pasaron en el franquismo por la cárcel para religiosos de Zamora

La juez argentina que investiga los crímenes de la dictadura escuchará su caso en Buenos Aires

El franquismo, en el banquillo

DESCARGABLE : Texto íntegro de la querella por los crímenes del franquismo

Madrid 22 NOV 2013
 
Cuatro de las personas que estuvieron presas en la cárcel de Zamora. / txetxu berruezo
 
Ya ni se acuerdan de la última vez que pisaron una iglesia, aunque una vez pertenecieron a ella. Alberto Gabikagogeaskoa (76 años), Juan Mari Zulaika (71), Julen Kalzada (78) y Josu Naberan (72) fueron curas en la dictadura franquista, cuatro del centenar que entre 1968 y 1977 habitaron la única prisión española para sacerdotes: la cárcel concordataria de Zamora, creada “para aislar [del resto de religiosos y de los presos políticos] a los curas que se habían salido del redil, los que no apoyaban que la Iglesia fuera del brazo de Franco, los que habían tomado contacto con las barriadas obreras y se habían situado del lado del pobre, del oprimido”, explica el catedrático de historia Julián Casanova (La Iglesia de Franco, 2001).

Gabikagogeaskoa, Zulaika, Kalzada y Naberan se han sumado con otros 12 compañeros a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. De los 16, solo dos siguieron siendo curas al salir en libertad. Franco, aquel caudillo por la gracia de Dios, y la cárcel aniquilaron su vocación religiosa. Por eso a estos cuatro hombres que un día vistieron sotana les cuesta recordar la última vez que pisaron una iglesia.

“Yo iba a un colegio de frailes. A los 10 años nos pasaron un papel preguntándonos si queríamos ir al seminario. Yo puse que sí. Es la decisión que ha marcado mi vida”, explica Zulaika. “Después empecé a tener dudas, a leer teología de la liberación…, la cárcel precipitó mi salida de la Iglesia. Los obispos nos vendieron vilmente”.

El concordato firmado en 1953 entre España y el Vaticano establecía que los curas no podían ir a una cárcel convencional. “Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa (…) o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares”. Varios de los sacerdotes que terminaron en la prisión de Zamora habían sido recluidos antes en conventos, pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la Iglesia porque no era fácil encontrar conventos dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos no imponían la suficiente disciplina. Gabikagogeaskoa recuerda, por ejemplo, recibir peregrinaciones de visitas en el que fue recluido, en Dueñas. Él fue el preso que inauguró, en julio de 1968, la cárcel concordataria de Zamora. Zulaika y Felipe Izaguirre, que la primera semana de diciembre representará en Buenos Aires a todos los curas de este penal ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, fueron el segundo y tercer ingreso después de una noche muy larga. “Nos detuvieron en Eibar, en una manifestación. Nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola, por todas partes. Después, nos trasladaron a la cárcel de Martutene y allí nos desnudaron y nos hicieron inclinar, para humillarnos. Y de ahí nos mandaron a Zamora. Aquello me pareció un garaje con barrotes”, recuerda Zulaika. “¡Cuando les vi se me abrió el cielo!”, confiesa Gabikagogeaskoa, que había tenido la cárcel para él solo un día entero.

La cárcel concordataria era un pabellón aparte en la prisión provincial y los sacerdotes estaban separados de los presos políticos y comunes. En el pabellón solo había curas, pero no todos estaban allí por delitos políticos. “Había un cura que decían que había acuchillado a alguien, otro que había ayudado a practicar un aborto, y otro por homosexual”, recuerda Gabikagogeaskoa. “A mí me habían caído seis meses y un día por una homilía subversiva en la que hablaba de la tortura en las cárceles vascas”. Cuando salió, en noviembre de 1968, participó en un encierro de curas en el seminario de Derio para pedir al Vaticano “una Iglesia pobre, dinámica e indígena”, y en mayo de 1969, en pleno estado de excepción, en una huelga de hambre en la sede del obispado de Bilbao. “Me cayeron 12 años por dejar de comer cuatro días”. Gabikagogeaskoa pasó siete años preso en Zamora.

La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el impago de las cuantiosas multas —10.000, 25.000 pesetas…— impuestas por participar en protestas obreras, celebrar el Aberri Eguna o insistir en pronunciar sus homilías en euskera —la mayoría de los sacerdotes presos en Zamora eran vascos—, pero también fueron sometidos a 6 juicios sumarísimos y 15 del Tribunal de Orden Público (TOP). Dos del centenar de religiosos encarcelados fueron condenados por colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970). La antigua prisión es hoy un edificio abandonado que Daniel Monzón utilizó en 2008 para rodar la película Celda 211.

Los inviernos eran duros — “las tuberías se congelaban”, recuerda Gabikagogeaskoa— y los veranos casi peores — “el calor era insoportable”—. Los funcionarios les despertaban a las ocho de la mañana —“¿por qué tan pronto? ¿Para tener más tiempo para no hacer nada?”—. Zulaika, Gabikagogeaskoa, Naberan y Kalzada no recuerdan ya sus nombres, solo los motes —“a uno le llamábamos Koipe porque era muy aceitoso, sobón; a otro Hammurabi, porque caminaba como si fuera un emperador egipcio…”—. La comida era poca y mala así que hacían despensa común con lo que traían las visitas —“con las que hablábamos a gritos, a través de una doble malla y vigilados por un guardia que escuchaba todo”—. Para pasar el rato inventaron un deporte —“el balonbrazo, que consistía en tirar una pelota contra una pared”—. Hacían eucaristías con pan de la cárcel y algunos empezaron carreras universitarias, aunque solo les dejaron hacer el primer curso.

No había mucho para leer. “Solo llegaban El Diario de Zamora y Marca, en tiras, llenos de ventanas, porque recortaban todas las noticias políticas”, recuerda Naberan. “Un día, los funcionarios llegaron con un brazalete negro y no nos quisieron decir quién había muerto, pero nos enteramos por el Marca. Se habían olvidado de recortar la reseña del Celta-Barcelona que decía que se había guardado un minuto de silencio por la muerte de Carrero Blanco”.

Pero la mejor forma de pasar el rato fue siempre pensar en escapar. “Esa es la obligación del preso”, ríe Naberan. “No pensábamos en otra cosa. Recogíamos todo lo que creíamos que nos podía servir… hasta que se nos ocurrió lo del túnel”. Decidieron hacerlo en el lavadero porque era un cuarto cerrado con llave y lleno de serrín. “Hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”, recuerda Naberan.

El trabajo estaba dividido. “Había picadores dentro del túnel. Otros cogíamos la tierra en cajas de leche y nos deshacíamos de ella tirándola poco a poco por las duchas para no atascar nada, con mucho riesgo porque ni las duchas ni los váteres tenían puerta. Y el tercer grupo entretenía a los vigilantes utilizando la psicología del funcionario. Por ejemplo, con uno que era muy orgulloso, organizamos un campeonato de pimpón y le dejaban ganar siempre para que siempre quisiera jugar. Con otro daban charlas de control de natalidad… El día que vigilaba Balzegas no trabajábamos en el túnel. Era muy listo”, recuerda Gabikagogeaskoa.

Casi les sale bien. “Un día vino corriendo al lavadero un funcionario. El que estaba cavando el túnel se quedó dentro. Solo nos dio tiempo a taparlo, pero cuando llegó el vigilante todo estaba lleno de polvo. El funcionario estaba mosca y fue a por refuerzos. En ese momento sacamos al que estaba dentro del túnel. Volvieron los funcionarios. Pensaban que teníamos una radio escondida. No daban crédito cuando vieron el túnel. Ya se veía el otro lado. De hecho, habíamos programado la fuga para tres días después”, recuerda Naberan. Él, Gabikagogeaskoa, y Kalzada se autoinculparon para que no castigaran a nadie más.

Poco después, hicieron un motín para forzar que les trasladaran con los presos políticos. “Empezamos quemando los colchones. García Salve [Francisco, jesuita y militante del PCE] rompió todos los cristales de la cárcel. Tiramos la tele por la ventana y todo”, recuerda Naberan. Les enviaron 75 días a celdas de castigo. “De dos pasos y medio”, precisa Gabikagogeaskoa. Y entonces iniciaron una huelga de hambre. “De vez en cuando venía un médico a asustarnos diciendo que íbamos a morir. Al final nos llevaron a Madrid. Pensábamos que habíamos ganado, que nos trasladaban con otros presos políticos, pero adonde nos llevaron fue al hospital y, luego, de vuelta a la cárcel de Zamora”.

El último en salir de la prisión fue Kalzada, en marzo de 1976. Una vez fuera, uno tras otro, se fueron secularizando. “Yo me había hecho cura porque pensaba que era la forma de ser idealista. Pero cuando quedé libre ya no veía futuro a la Iglesia. Se había abrazado a la dictadura. No había nada que hacer”, explica Gabikagogeaskoa. “La Iglesia nos había decepcionado y cuando salí de la cárcel sentí la libertad como nunca. Quería disfrutarla al máximo”, añade Naberan.

Tenían casi 40 años cuando quedaron libres. Sus primeras y únicas novias se convirtieron en sus esposas. Uno de ellos vivió en pecado con su pareja un año antes de casarse. Todos lo hicieron por lo civil. Trabajaron de contables, de informáticos, de traductores de euskera, de maestros… Cuentan que en sus pesadillas más recurrentes no sueñan que les queda una asignatura pendiente, sino que siguen siendo curas.

A sus setenta y tantos han decidido sumarse a una querella que se tramita a 10.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires. “Quiero que se haga memoria, que le den un tirón de orejas al Estado. Es ofensivo que haya una beatificación masiva de mártires y se olviden del otro bando. En Euskadi hubo 17 curas fusilados”, afirma Zulaika. Ahora buscan a sus familiares para sumarlos a la querella. “Nos unimos a este proceso para que haya un juicio que evite la impunidad y ayude a una reconciliación, a que la gente tenga conciencia de lo que pasó y sepa cómo la Iglesia colaboró con Franco en la represión”, afirma Izaguirre, que fue torturado en una comisaría de San Sebastián. Antes de salir de la cárcel ya había escrito a Roma para borrarse de la Iglesia.

http://elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385148173_926551.html


La ONU exige a España que deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no juzgar al franquismo

noviembre 22, 2013

Reclama una investigación de oficio, “exhaustiva e imparcial”, que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 15/11/2013

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

Manifestación en 2012 frente al Tribunal Supremo contra la impunidad del franquismo y en apoyo a Baltasar Garzón/Efe

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Lea el Informe del Comité de la ONU sobre desapariciones del franquismo (PDF

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La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha reclamado a nuestro país una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.

El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España “para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”. Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.

Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas “que tengan en cuenta su extrema gravedad”, ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.

Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que el Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, así como que sostuviese que “la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo”, indicó el Supremo en una resolución de 2012.

Tras estas reflexiones, el Comité hace las siguientes exhortaciones a España:

— Que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

— Que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

— Que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía.

— Que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y seasensible a cuestiones de género. 

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la jurisdicción militar en todos los casos y solo puedan ser investigadas por la justicia ordinaria.

— Que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad, cuyos miembros sean sospechosos de la comisión de una desaparición forzada, no participen en la investigación.

— Que vele por que se asegure el auxilio judicial necesario, incluyendo el suministro de todas las pruebas que obren en su poder, a las autoridades de otros Estados que así lo soliciten en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada.

— Que considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

— Que adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de establecer una definición de víctima que esté en conformidad con la que figura en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención, y que asegure que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aun cuando no se haya iniciado un proceso penal. 

— Que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

— Que prevea de forma expresa el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada y a asegurarse que todas las víctimas puedan gozar plena y efectivamente deese derecho. El Comité invita al Estado parte a considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. 

— Que intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad. Al respecto, le recomienda que intensifique también sus esfuerzos a fin de garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados, tanto por vía administrativa como judicial.

http://www.publico.es/482582


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