Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html


Claves para entender qué es la Justicia Transicional…

septiembre 23, 2012

Joana Lumbierres. United Explanations, 19/09/2012 – 20 septiembre 2012

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta un pasado donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

JOANA LUMBIERRES

Transcurrido más de un año desde la caída de los regímenes autoritarios de Ben Ali y Hosni Mubarak, Túnez y Egipto se encuentran en pleno proceso de transición hacia la democracia. Entre muchas de las cuestiones a las que deben enfrentarse está la de cómo afrontar las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes anteriores.

Esta cuestión no es particular de Túnez ni de Egipto, sino que surge en todo proceso de transición cuando un Estado se encamina hacia la democracia.

Una aproximación al concepto de Justicia Transicional

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta a la superación de un conflicto, una revolución o un pasado autocrático donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

Una primera reacción podría ser no encararse con ese pasado, hacer “tabula rasa” y sólo enfocar el futuro. Sin embargo, parece difícil volver a empezar y alcanzar una reconciliación sin afrontar las causas que llevaron al conflicto y sin que las víctimas se hayan visto reparadas. Los retos que debe afrontar el Estado son enormes y son cruciales cada uno de los pasos hacia la construcción de una democracia sólida. Se trata de una encrucijada donde los equilibrios deberán ser manejados con destreza ya que hay muchos intereses en juego y unas víctimas que buscaran reparación en un contexto institucional muy frágil.

Es en este contexto que entra en juego el concepto de Justicia Transicional. El Centro Internacional de Justicia Transicional, organismo clave en la materia, define la Justicia Transicional como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.”

La variedad de mecanismos que se plantean y las múltiples experiencias a las que han hecho frente los Estados han generado un gran interés entre los expertos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, quienes han debatido sobre qué es exactamente la Justicia Transicional y cuando empezó.

Las decisiones que tiene que tomar el Estado en el proceso de transición vendrán marcadas, entre otras cosas, por cómo de represivo era el régimen saliente, cómo se ha producido dicho cambio de poder- si el régimen ha sido derrocado de manera violenta o se han producido una salida negociada-, cómo ha conseguido organizarse la sociedad civil y cómo ha sido la respuesta de la Comunidad Internacional.

Los desafíos del Estado en transición

El Estado debe afrontar la reconstrucción de una sociedad que ha quedado dividida, y en la que se ven unos a otros con recelo.

La finalidad de la reconstrucción es que no se vuelvan a repetir las violaciones de derechos humanos cometidas y que el conflicto no vuelva a iniciarse. Para ello, deberán indagar en las causas que dieron lugar al conflicto y reformar aquellas instituciones que se vieron implicadas.

Eso representa un gran desafío si además se tiene en cuenta que un Estado que sale de un conflicto a menudo no cuenta con los recursos económicos, materiales y personales suficientes para atender las necesidades que en ese momento requiere la población: reconstrucción de hospitales y escuelas, acceso a alimentos de primera necesidad y a agua, reintroducción al mundo laboral. Además, sus instituciones y fuerzas de seguridad son frágiles y muchas veces aún controladas, en parte, por aquellos que causaron los abusos.

Por ello, en muchos de los procesos de transición que conocemos se ha implicado la Comunidad Internacional, que ha suplido las carencias del Estado en cuestión. Por ejemplo, en los casos de Túnez y Egipto las Naciones Unidas está ayudando a las instituciones nacionales en el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la organización de nuevas elecciones, en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad, fomentando políticas de empleo para los jóvenes, etc.

Cómo reparar a las víctimas, un tema a debate

Y en el centro de todo Proceso de Justicia Transicional: las víctimas, que tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, a que se les reparen por el daño sufrido y que los culpables sean procesados y rindan cuentas, para poder así restituirles la dignidad. Y es en este terreno donde se producen los dilemas que más han interesado a los estudiosos del  tema.

Una de las cuestiones que más se ha discutido es si en estos períodos de transición se deben conceder amnistías a los responsables de las violaciones de derechos humanos en aras de no poner en peligro el proceso de paz y la estabilidad del país. Este clásico dilema dio un giro de 180 grados cuando en el año 1998 se aprobó el Estatuto de Roma por el cual se creaba la Corte Penal Internacional que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002.

A partir de ese momento, quedó establecido que los responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, deben ser juzgados y sancionados, si es el caso. Las amnistías totales ya no son aceptadas en el Derecho Internacional. La cuestión ahora es valorar si sólo con esta persecución penal los derechos de las víctimas quedan satisfechos y éstas se sienten efectivamente reparadas.

Un destacado caso de amnistía total es el de España, muchas veces puesto como ejemplo de transición exitosa. En 1977 se dictó la famosa ley de amnistía por la cual todos los actos de intencionalidad política y cualquiera que fuera el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 eran amnistiados.

Por otra parte, difícilmente un Estado podrá juzgar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos acaecidas. En la mayoría de casos, muchos son los implicados y pocos los recursos que se pueden destinar a su enjuiciamiento. Por ello, hay que buscar formas alternativas de reparación de las víctimas. Entre estas fórmulas destacan, por la importancia que han tenido en diferentes procesos, las Comisiones de la Verdad.

Comisiones de la Verdad

Las Comisiones de la Verdad permiten a las víctimas contar su parte de la historia, descubrir qué pasó con sus seres queridos, quien estuvo implicado y profundizar en las causas que llevaron al estallido del conflicto.

El caso paradigmático de Comisión de la Verdad que contribuyó de forma decisiva a la reconciliación social fue la de Sudáfrica después del apartheid. En ese caso, a los responsables que comparecían frente a la Comisión y relataban lo ocurrido se les garantizaba que no serían perseguidos penalmente.

Muchas de esta Comisiones de la Verdad tienen un efecto catártico en la sociedad ya que permiten la construcción de un pasado común y una comprensión pública de las violaciones de derechos humanos. En algunas ocasiones los Informes que elaboran dichas Comisiones incluyen recomendaciones al Estado o son la base para posteriores persecuciones penales.

La búsqueda del equilibrio: un enfoque holístico de la Justicia Transicional

Visto lo anterior, está claro que existen múltiples instrumentos. No obstante, la Justicia Transicional debe alejarse de las concepciones que sólo abogan por las persecuciones penales o aquellas que sólo dan valor a las Comisiones de la Verdad. Más bien se trata de buscar el equilibrio entre los distintos elementos: acciones penales, las reparaciones de las víctimas – ya sean de tipo económico o simbólico en forma de disculpa pública o memoriales-, las reformas de las instituciones y la destitución de los funcionarios implicados en las violaciones y la creación de Comisiones de la Verdad.

Asimismo, es imprescindible recordar que cada proceso de transición es único y deberá circunscribirse a las particularidades del contexto concreto para poder tener unas mínimas garantías de éxito, no repetición del conflicto y máximo apoyo de los nacionales del país.

Los nuevos retos de la Justicia Transicional

Se podría considerar que hemos entrado en una nueva etapa en la concepción de la Justicia Transicional marcada por la globalización, y los importantes retos de las relaciones internacionales y el Estado de derecho en el siglo XXI: la inmigración, la lucha contra el narcotráfico, el comercio de seres humanos, el crimen organizado, etc. Nuevos actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales tienen un papel relevante en la construcción de esta nueva concepción de la Justicia Transicional.

Prueba de ello es que Naciones Unidas en los últimos tiempos ha realizado un amplio trabajo alrededor de la noción de Estado de Derecho y de Justicia Transicional, realizando incluso una terminología común sobre el tema y uniéndolo de manera inseparable a los derechos humanos. Se han superado antiguos dilemas y surgen otros. Veamos si la Comunidad Internacional es capaz de lidiar con ellos y construir una visión holística de la Justicia Transicional que tenga en cuenta todos sus elementos.

http://www.unitedexplanations.org/2012/09/19/claves-para-entender-que-es-la-justicia-transicional/#.UFj8baf_fVE.facebook


Suspenso en derechos humanos…

diciembre 11, 2011

Por

El día en que se recuerda la Declaración Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M  -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.

A pesar de los logros, Ban Ki-moon también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.

Pero las palabras se quedan en papel mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los países que los han firmado-  no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.

Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939

Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939

En el caso español llama la atención que esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así, la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.

De este modo, las víctimas del franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de 1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.

Por ello, tal día como hoy en el que las organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur, genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.

Los derechos humanos contemplan la lucha contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.

Público.es

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/10/suspenso-en-derechos-humanos/


“Asalto a la Memoria” denuncia la “impunidad” de los gobiernos posfranquistas…

mayo 22, 2011
21-05-2011 / 11:20 h

A su juicio, “el Estado ha ido aplicando una política de ‘punto final’ que ratifica la impunidad para quienes impusieron la dictadura y los que la gestionaron y se beneficiaron de ella” a través de leyes como las de Amnistía de 1977 o la de la Memoria Histórica, o el rechazo a la investigación de los crímenes políticos.

Vinyes se refiere al “carácter protector fuera de toda duda a favor de los perpetradores de la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por toda una izquierda que gozaba en aquella época de una gran autoridad moral”.

Esta Ley extendía el perdón a los delitos cometidos por las autoridades, los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, así como por motivo de la investigación de los actos incluidos en el propio texto legal.

“El modelo español de impunidad se constituye por la negativa del Estado a declarar la nulidad de las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra y por los Tribunales especiales franquistas contra la disidencia, la oposición y su entorno”, reflexiona el historiador.

Vinyes critica el comunicado del Gobierno de España de 1986 con motivo del 50 aniversario del inicio de la guerra civil, que convirtió la reconciliación en una “ideología de Estado”.

“Tras honrar a los defensores de la democracia española que pagaron con su vida su sacrificio, el comunicado recuerda también con respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, en la que también muchos sacrificaron su vida”, detalla en “Asalto a la Memoria” (Los Libros del Lince).

En su opinión, “esta declaración es similar a pedir un minuto de silencio por los judíos gaseados y otro minuto del mismo silencio para las numerosas bajas del ejército alemán de ocupación”, reflexiona.

“La cuestión es que si las instituciones con que se ha dotado este país son desposeídas de su huella humana y nadie es legado de nada, ¿cómo puede alguien sentir el orden democrático como algo propio”, se plantea Vinyes en su libro.

Este libro denuncia también la ocultación de los símbolos de la democracia republicana y de la “resistencia” en la dictadura por parte de todos los gobiernos posfranquistas.

La búsqueda de un patrimonio propio de la izquierda y el derecho legítimo de los ciudadanos a participar en la construcción y gestión de la memoria pública resulta también motivo de reflexión para el historiador.

El autor critica asimismo el mantenimiento del Valle de los Caídos como un “parque temático sobre la victoria del crimen político”, así como la “incapacidad del Estado de asumir el universo simbólico de la memoria democrática y la negativa a admitir que la democracia fue un bien adquirido coralmente y desde la calle”.

Vinyes, historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, reúne en “Asalto a la Memoria” una recopilación de sus artículos publicados en la prensa durante los últimos diez años sobre los procesos sociales de construcción y gestión de la memoria pública.

Premio Nacional del Patrimonio Cultural de la Generalitat en 2004 como comisario de la exposición “Las cárceles de Franco”, Vinyes colabora en Chile y Colombia con los organismos defensores de la Memoria Histórica frente a las recientes dictaduras.

ABC.es vía google noticias


Villarejo: “El sesgo franquista pervive en el Supremo”

febrero 3, 2011

I. Z. – Valencia – 03/02/2011

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción, no se muerde la lengua. Tiene abierta una causa en la Audiencia Provincial de Madrid por críticas anteriores y a pesar de ello ayer insistió en que “el sesgo franquista pervive en el Tribunal Supremo”. Solo así se entiende, afirmó, el proceso que se sigue contra el juez Baltasar Garzón en la Sala Segunda del alto tribunal.

Villarejo participaba en la presentación en Valencia de La solidaridad con el juez Garzón (Páramo), obra colectiva coordinada por el ex fiscal que recoge las reacciones nacionales e internacionales ante el proceso abierto contra el magistrado de la Audiencia Nacional por intentar perseguir los crímenes de la dictadura, así como los autos que dictó antes de tener que dejar el caso.

En una abarrotada sala del colegio mayor Rector Peset (a quien Villarejo recordó como una de las víctimas de la represión) de la Universitat de València, Matías Alonso, portavoz de la plataforma valenciana de apoyo al juez Garzón, recalcó la paradoja de que el magistrado vaya a ser “el único juzgado en setenta y tantos años por los crímenes del franquismo”. “No se puede aceptar la autoamnistía”, añadió el juez José María Tomás i Tío, “hacer justicia es el más fundamental de los derechos humanos”.

El País.com (Edición Comunidad Valenciana)

Fotografía del Juez Villarejo en un acto de apoyo a Garzón, del archivo de Público.es


Cuando Carrillo expuso en París, allá por 1974, la hoja de ruta del PCE…

enero 18, 2011

Una cinta hallada en el Rastro madrileño rescata la rueda de prensa que ofreció en París el dirigente comunista a periodistas españoles ante el agotamiento del  franquismo…

PÚBLICO.ES Madrid 17/01/2011

Santiago Carrillo, en una foto de archivo. MÓNICA PATXOT (PÚBLICO)

Santiago Carrillo, en una foto de archivo. MÓNICA PATXOT (PÚBLICO)

“No debe volver a haber una Guerra Civil en España”. Santiago Carrillo lo dejó claro ante los periodistas españoles que se habían desplazado en 1974 a París para entrevistar al ex secretario general del PCE. Carrillo, en la clandestinidad, había convocado una rueda de prensa para anunciar la hoja de ruta del ilegalizado partido ante el declino de la dictadura de Francisco Franco.

Ahora, la Cadena Ser ha hecho pública la grabación de ese momento histórico gracias al hallazgo, en el Rastro madrileño de una cinta magnetofónica tituladaS.Carrillo donde el dirigente comunista aboga por una Europa unida y considera al pueblo español, pese a las apariencias, “uno de los más politizados”.

Carrillo, que dos años más tarde entraría de forma clandestina en España, siendo a continuación detenido, falla en su pronóstico. “No veo al Príncipe Juan Carlos legalizando el PCE”, dijo entonces el líder comunista, quien creyó que, “con libertad de partidos”, el rey “durará menos que un merengue a la puerta de una escuela”. El partido comunista terminaría siendo legalizado por el Gobierno del presidente Adolfo Suárez el 9 de abril de 1977. El monarca, por su parte, sigue reinando. Escucha el audio:


“No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo”

diciembre 26, 2010

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

PATRICIA CAMPELO Madrid 25/12/2010

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir “un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936”.

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición “continúan” y por ello “superan la Ley de Amnistía”

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad” resultados de una práctica “generalizada y sistemática” y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, “lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar”, indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: “A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito”. La ARMH considera que los delitos de desaparición “continúan cometiéndose”, por lo que “superan la Ley de Amnistía de 1977” y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan “sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial”, según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, “ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional”.

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: “Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada”. “Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un “deber de facilitar la búsqueda a las víctimas”, es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que “el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo”.

Por último, la asociación espera “que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención” y, de este modo, “garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353359/prescribir/crimen/sigue/cometiendo/memoria/historica/desaparecidos