Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo «se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- «Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html

Claves para entender qué es la Justicia Transicional…

Joana Lumbierres. United Explanations, 19/09/2012 – 20 septiembre 2012

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta un pasado donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

JOANA LUMBIERRES

Transcurrido más de un año desde la caída de los regímenes autoritarios de Ben Ali y Hosni Mubarak, Túnez y Egipto se encuentran en pleno proceso de transición hacia la democracia. Entre muchas de las cuestiones a las que deben enfrentarse está la de cómo afrontar las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes anteriores.

Esta cuestión no es particular de Túnez ni de Egipto, sino que surge en todo proceso de transición cuando un Estado se encamina hacia la democracia.

Una aproximación al concepto de Justicia Transicional

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta a la superación de un conflicto, una revolución o un pasado autocrático donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

Una primera reacción podría ser no encararse con ese pasado, hacer “tabula rasa” y sólo enfocar el futuro. Sin embargo, parece difícil volver a empezar y alcanzar una reconciliación sin afrontar las causas que llevaron al conflicto y sin que las víctimas se hayan visto reparadas. Los retos que debe afrontar el Estado son enormes y son cruciales cada uno de los pasos hacia la construcción de una democracia sólida. Se trata de una encrucijada donde los equilibrios deberán ser manejados con destreza ya que hay muchos intereses en juego y unas víctimas que buscaran reparación en un contexto institucional muy frágil.

Es en este contexto que entra en juego el concepto de Justicia Transicional. El Centro Internacional de Justicia Transicional, organismo clave en la materia, define la Justicia Transicional como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.”

La variedad de mecanismos que se plantean y las múltiples experiencias a las que han hecho frente los Estados han generado un gran interés entre los expertos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, quienes han debatido sobre qué es exactamente la Justicia Transicional y cuando empezó.

Las decisiones que tiene que tomar el Estado en el proceso de transición vendrán marcadas, entre otras cosas, por cómo de represivo era el régimen saliente, cómo se ha producido dicho cambio de poder- si el régimen ha sido derrocado de manera violenta o se han producido una salida negociada-, cómo ha conseguido organizarse la sociedad civil y cómo ha sido la respuesta de la Comunidad Internacional.

Los desafíos del Estado en transición

El Estado debe afrontar la reconstrucción de una sociedad que ha quedado dividida, y en la que se ven unos a otros con recelo.

La finalidad de la reconstrucción es que no se vuelvan a repetir las violaciones de derechos humanos cometidas y que el conflicto no vuelva a iniciarse. Para ello, deberán indagar en las causas que dieron lugar al conflicto y reformar aquellas instituciones que se vieron implicadas.

Eso representa un gran desafío si además se tiene en cuenta que un Estado que sale de un conflicto a menudo no cuenta con los recursos económicos, materiales y personales suficientes para atender las necesidades que en ese momento requiere la población: reconstrucción de hospitales y escuelas, acceso a alimentos de primera necesidad y a agua, reintroducción al mundo laboral. Además, sus instituciones y fuerzas de seguridad son frágiles y muchas veces aún controladas, en parte, por aquellos que causaron los abusos.

Por ello, en muchos de los procesos de transición que conocemos se ha implicado la Comunidad Internacional, que ha suplido las carencias del Estado en cuestión. Por ejemplo, en los casos de Túnez y Egipto las Naciones Unidas está ayudando a las instituciones nacionales en el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la organización de nuevas elecciones, en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad, fomentando políticas de empleo para los jóvenes, etc.

Cómo reparar a las víctimas, un tema a debate

Y en el centro de todo Proceso de Justicia Transicional: las víctimas, que tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, a que se les reparen por el daño sufrido y que los culpables sean procesados y rindan cuentas, para poder así restituirles la dignidad. Y es en este terreno donde se producen los dilemas que más han interesado a los estudiosos del  tema.

Una de las cuestiones que más se ha discutido es si en estos períodos de transición se deben conceder amnistías a los responsables de las violaciones de derechos humanos en aras de no poner en peligro el proceso de paz y la estabilidad del país. Este clásico dilema dio un giro de 180 grados cuando en el año 1998 se aprobó el Estatuto de Roma por el cual se creaba la Corte Penal Internacional que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002.

A partir de ese momento, quedó establecido que los responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, deben ser juzgados y sancionados, si es el caso. Las amnistías totales ya no son aceptadas en el Derecho Internacional. La cuestión ahora es valorar si sólo con esta persecución penal los derechos de las víctimas quedan satisfechos y éstas se sienten efectivamente reparadas.

Un destacado caso de amnistía total es el de España, muchas veces puesto como ejemplo de transición exitosa. En 1977 se dictó la famosa ley de amnistía por la cual todos los actos de intencionalidad política y cualquiera que fuera el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 eran amnistiados.

Por otra parte, difícilmente un Estado podrá juzgar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos acaecidas. En la mayoría de casos, muchos son los implicados y pocos los recursos que se pueden destinar a su enjuiciamiento. Por ello, hay que buscar formas alternativas de reparación de las víctimas. Entre estas fórmulas destacan, por la importancia que han tenido en diferentes procesos, las Comisiones de la Verdad.

Comisiones de la Verdad

Las Comisiones de la Verdad permiten a las víctimas contar su parte de la historia, descubrir qué pasó con sus seres queridos, quien estuvo implicado y profundizar en las causas que llevaron al estallido del conflicto.

El caso paradigmático de Comisión de la Verdad que contribuyó de forma decisiva a la reconciliación social fue la de Sudáfrica después del apartheid. En ese caso, a los responsables que comparecían frente a la Comisión y relataban lo ocurrido se les garantizaba que no serían perseguidos penalmente.

Muchas de esta Comisiones de la Verdad tienen un efecto catártico en la sociedad ya que permiten la construcción de un pasado común y una comprensión pública de las violaciones de derechos humanos. En algunas ocasiones los Informes que elaboran dichas Comisiones incluyen recomendaciones al Estado o son la base para posteriores persecuciones penales.

La búsqueda del equilibrio: un enfoque holístico de la Justicia Transicional

Visto lo anterior, está claro que existen múltiples instrumentos. No obstante, la Justicia Transicional debe alejarse de las concepciones que sólo abogan por las persecuciones penales o aquellas que sólo dan valor a las Comisiones de la Verdad. Más bien se trata de buscar el equilibrio entre los distintos elementos: acciones penales, las reparaciones de las víctimas – ya sean de tipo económico o simbólico en forma de disculpa pública o memoriales-, las reformas de las instituciones y la destitución de los funcionarios implicados en las violaciones y la creación de Comisiones de la Verdad.

Asimismo, es imprescindible recordar que cada proceso de transición es único y deberá circunscribirse a las particularidades del contexto concreto para poder tener unas mínimas garantías de éxito, no repetición del conflicto y máximo apoyo de los nacionales del país.

Los nuevos retos de la Justicia Transicional

Se podría considerar que hemos entrado en una nueva etapa en la concepción de la Justicia Transicional marcada por la globalización, y los importantes retos de las relaciones internacionales y el Estado de derecho en el siglo XXI: la inmigración, la lucha contra el narcotráfico, el comercio de seres humanos, el crimen organizado, etc. Nuevos actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales tienen un papel relevante en la construcción de esta nueva concepción de la Justicia Transicional.

Prueba de ello es que Naciones Unidas en los últimos tiempos ha realizado un amplio trabajo alrededor de la noción de Estado de Derecho y de Justicia Transicional, realizando incluso una terminología común sobre el tema y uniéndolo de manera inseparable a los derechos humanos. Se han superado antiguos dilemas y surgen otros. Veamos si la Comunidad Internacional es capaz de lidiar con ellos y construir una visión holística de la Justicia Transicional que tenga en cuenta todos sus elementos.

http://www.unitedexplanations.org/2012/09/19/claves-para-entender-que-es-la-justicia-transicional/#.UFj8baf_fVE.facebook

Suspenso en derechos humanos…

Por Patricia Campelo

El día en que se recuerda la Declaración Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M  -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.

A pesar de los logros, Ban Ki-moon también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.

Pero las palabras se quedan en papel mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los países que los han firmado-  no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.

Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939

En el caso español llama la atención que esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así, la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.

De este modo, las víctimas del franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de 1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.

Por ello, tal día como hoy en el que las organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur, genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.

Los derechos humanos contemplan la lucha contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.

Público.es

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/10/suspenso-en-derechos-humanos/

«Asalto a la Memoria» denuncia la «impunidad» de los gobiernos posfranquistas…

21-05-2011 / 11:20 h

A su juicio, «el Estado ha ido aplicando una política de ‘punto final’ que ratifica la impunidad para quienes impusieron la dictadura y los que la gestionaron y se beneficiaron de ella» a través de leyes como las de Amnistía de 1977 o la de la Memoria Histórica, o el rechazo a la investigación de los crímenes políticos.

Vinyes se refiere al «carácter protector fuera de toda duda a favor de los perpetradores de la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por toda una izquierda que gozaba en aquella época de una gran autoridad moral».

Esta Ley extendía el perdón a los delitos cometidos por las autoridades, los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, así como por motivo de la investigación de los actos incluidos en el propio texto legal.

«El modelo español de impunidad se constituye por la negativa del Estado a declarar la nulidad de las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra y por los Tribunales especiales franquistas contra la disidencia, la oposición y su entorno», reflexiona el historiador.

Vinyes critica el comunicado del Gobierno de España de 1986 con motivo del 50 aniversario del inicio de la guerra civil, que convirtió la reconciliación en una «ideología de Estado».

«Tras honrar a los defensores de la democracia española que pagaron con su vida su sacrificio, el comunicado recuerda también con respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, en la que también muchos sacrificaron su vida», detalla en «Asalto a la Memoria» (Los Libros del Lince).

En su opinión, «esta declaración es similar a pedir un minuto de silencio por los judíos gaseados y otro minuto del mismo silencio para las numerosas bajas del ejército alemán de ocupación», reflexiona.

«La cuestión es que si las instituciones con que se ha dotado este país son desposeídas de su huella humana y nadie es legado de nada, ¿cómo puede alguien sentir el orden democrático como algo propio», se plantea Vinyes en su libro.

Este libro denuncia también la ocultación de los símbolos de la democracia republicana y de la «resistencia» en la dictadura por parte de todos los gobiernos posfranquistas.

La búsqueda de un patrimonio propio de la izquierda y el derecho legítimo de los ciudadanos a participar en la construcción y gestión de la memoria pública resulta también motivo de reflexión para el historiador.

El autor critica asimismo el mantenimiento del Valle de los Caídos como un «parque temático sobre la victoria del crimen político», así como la «incapacidad del Estado de asumir el universo simbólico de la memoria democrática y la negativa a admitir que la democracia fue un bien adquirido coralmente y desde la calle».

Vinyes, historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, reúne en «Asalto a la Memoria» una recopilación de sus artículos publicados en la prensa durante los últimos diez años sobre los procesos sociales de construcción y gestión de la memoria pública.

Premio Nacional del Patrimonio Cultural de la Generalitat en 2004 como comisario de la exposición «Las cárceles de Franco», Vinyes colabora en Chile y Colombia con los organismos defensores de la Memoria Histórica frente a las recientes dictaduras.

ABC.es vía google noticias

Villarejo: «El sesgo franquista pervive en el Supremo»

I. Z. – Valencia – 03/02/2011

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción, no se muerde la lengua. Tiene abierta una causa en la Audiencia Provincial de Madrid por críticas anteriores y a pesar de ello ayer insistió en que «el sesgo franquista pervive en el Tribunal Supremo». Solo así se entiende, afirmó, el proceso que se sigue contra el juez Baltasar Garzón en la Sala Segunda del alto tribunal.

Villarejo participaba en la presentación en Valencia de La solidaridad con el juez Garzón (Páramo), obra colectiva coordinada por el ex fiscal que recoge las reacciones nacionales e internacionales ante el proceso abierto contra el magistrado de la Audiencia Nacional por intentar perseguir los crímenes de la dictadura, así como los autos que dictó antes de tener que dejar el caso.

En una abarrotada sala del colegio mayor Rector Peset (a quien Villarejo recordó como una de las víctimas de la represión) de la Universitat de València, Matías Alonso, portavoz de la plataforma valenciana de apoyo al juez Garzón, recalcó la paradoja de que el magistrado vaya a ser «el único juzgado en setenta y tantos años por los crímenes del franquismo». «No se puede aceptar la autoamnistía», añadió el juez José María Tomás i Tío, «hacer justicia es el más fundamental de los derechos humanos».

El País.com (Edición Comunidad Valenciana)

Fotografía del Juez Villarejo en un acto de apoyo a Garzón, del archivo de Público.es

Cuando Carrillo expuso en París, allá por 1974, la hoja de ruta del PCE…

Una cinta hallada en el Rastro madrileño rescata la rueda de prensa que ofreció en París el dirigente comunista a periodistas españoles ante el agotamiento del  franquismo…

PÚBLICO.ES Madrid 17/01/2011

Santiago Carrillo, en una foto de archivo. MÓNICA PATXOT (PÚBLICO)

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«No debe volver a haber una Guerra Civil en España». Santiago Carrillo lo dejó claro ante los periodistas españoles que se habían desplazado en 1974 a París para entrevistar al ex secretario general del PCE. Carrillo, en la clandestinidad, había convocado una rueda de prensa para anunciar la hoja de ruta del ilegalizado partido ante el declino de la dictadura de Francisco Franco.

Ahora, la Cadena Ser ha hecho pública la grabación de ese momento histórico gracias al hallazgo, en el Rastro madrileño de una cinta magnetofónica tituladaS.Carrillo donde el dirigente comunista aboga por una Europa unida y considera al pueblo español, pese a las apariencias, «uno de los más politizados».

Carrillo, que dos años más tarde entraría de forma clandestina en España, siendo a continuación detenido, falla en su pronóstico. «No veo al Príncipe Juan Carlos legalizando el PCE», dijo entonces el líder comunista, quien creyó que, «con libertad de partidos», el rey «durará menos que un merengue a la puerta de una escuela». El partido comunista terminaría siendo legalizado por el Gobierno del presidente Adolfo Suárez el 9 de abril de 1977. El monarca, por su parte, sigue reinando. Escucha el audio:

http://www.cadenaser.com/

Público.es

«No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo»

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

PATRICIA CAMPELO Madrid 25/12/2010

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

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• Nuevo esfuerzo internacional para acabar con las desapariciones forzadas

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir «un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936».

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición «continúan» y por ello «superan la Ley de Amnistía»

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como «crímenes de lesa humanidad» resultados de una práctica «generalizada y sistemática» y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, «lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar», indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: «A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito». La ARMH considera que los delitos de desaparición «continúan cometiéndose», por lo que «superan la Ley de Amnistía de 1977» y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan «sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial», según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, «ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional».

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: «Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada». «Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos».

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un «deber de facilitar la búsqueda a las víctimas», es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que «el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo».

Por último, la asociación espera «que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención» y, de este modo, «garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista».

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353359/prescribir/crimen/sigue/cometiendo/memoria/historica/desaparecidos

Tres años de «Memoria Histórica» institucional…

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitud hacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible.

Grupo Memoria Libertaria Valladolid | 20-12-2010   www.kaosenlared.net/noticia/tres-anos-memoria-historica-institucional

Foto: Kaos en la red: http://www.kaosenlared.net%2Fnoticia%2F148317%2Ftres-anos-memoria-historica-institucional.

La llamada Ley de «Memoria Histórica», propuesta por el actual gobierno, entró en vigor tras ser publicada el 26 de diciembre de 2007 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llevamos pues tres años de «Memoria Histórica» institucional y, pese a ello, no sólo sigue siendo una materia pendiente la rehabilitación institucional (jurídica) de las víctimas de la represión franquista sino que la búsqueda de las «enterradas en cunetas» continúa realizándose con cuentagotas y sin ser asumida oficialmente por el Estado.

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitudhacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible. No sólo porque, a pesar de sus declaraciones y propuestas aparentemente favorables a ellas, en la práctica ha actuado con lentitud y tibieza sino también de forma totalmente contradictoria o negativa cuando se ha tratado de su reparación moral y política.

Tal es el balance de estos tres años de vigencia de dicha Ley. En vez de actos concretos, para responder a las principales reivindicaciones morales, políticas y jurídicas de las Asociaciones de Memoria y de los familiares de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno se ha limitado a gestos y anuncios publicitarios que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones. Gestos y anuncios publicitarios cuyo único objetivo es el de hacer creer que se está haciendo o se quiere hacer algo en favor de ellas y del reconocimiento político-histórico de su lucha; pero que, en realidad, se hacen para seguir escamoteando las reivindicaciones morales, políticas y jurídica.

Gestos y anuncios publicitarios, para salvar las apariencias y dejar pasar el tiempo. Como esta iniciativa para que la UNESCO consideré como «Memoria de la Humanidad» el Archivo de la represión franquista que se encuentra actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. O esta otra similar: la proposición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de crear una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños, para que «estos niños o sus familiares puedan tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos».

Un desfase total entre las palabras y los hechos del Gobierno, y ello por su porfía en no enajenarse las «simpatías» de los poderes fácticos y del PP. Así se ha podido ver, recientemente, con el destino a dar al único gran monumento que sobrevive de los construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX: la monumental Cruz y a la basílica del Valle de los Caídos. Pues, mientras varios Foros por la Memoria piden la voladura de esa gigantesca cruz, la desacralización de la basílica y que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y entregados a sus familiares, Jáuregui, el flamante ministro de Presidencia, informa que las obras de rehabilitación de la basílica, en las que se han invertido más de 100.000 euros, están llegando a su fin y que los monjes benedictinos pronto podrán dar nuevamente misas en ella. Además, para ratificar la equidistancia política implícita en la Ley de «Memoria Histórica», Jáureguiprecisa que, de acuerdo con dicha ley, el Ejecutivo tiene la intención de servirse de ese recinto para «honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política, de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles».

Las cifras de la Ley de «memoria Histórica»

Siguiendo en esta línea, de sacrificar la ética y la justicia a las «circunstancias» políticas e históricas y a los costos monetarios, Jáuregui acaba de presentar el balance de la aplicación de esta Ley, anunciando que en el próximo trimestre se pondrá en marcha «un portal de Memoria Histórica» y será accesible por internet «el mapa de las fosas». Afirmando, además, que esta Ley ha permitido a 151.400 hijos y nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española y a 21 brigadistas internacionales obtenerla. También ha informado que 849 personas (viudas, hijos y demás familiares de españoles fallecidos en la guerra civil) se han beneficiado de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social. Que otras 57 han obtenido indemnizaciones por concepto de haber sufrido prisión y 382 se han beneficiado de la exención del pago del IRPF por esas indemnizaciones. Que de las 183 solicitudes recibidas en la Comisión de Evaluación para la indemnización a familiares de ejecutados, 48 han sido concedidas, y que de las 143 solicitudes de indemnización para quienes fueron internados por su condición de homosexuales, 82 fueron resueltas positivamente, 44 negativamente y 13 no fueron admitidas, mientras que otras 4 siguen en tramitación. A lo que se debe agregar las 2.196 personas que se han podido beneficiar de las prestaciones aprobadas para los llamados «niños de la guerra» que fueron desplazadas al exterior durante la guerra civil.

A este balance contable, de prestaciones monetarias para las víctimas o familiares de las víctimas del franquismo, de estos tres años de «Memoria Histórica» institucional, Jáuregui ha añadido con mucho énfasis los 855 títulos honoríficos expedidos por el Ministerio de Justicia como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, resaltando que entre ellas había personalidades tan conocidas como el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys o el poeta Miguel Hernández. Concluyendo su informe afirmando que hasta el día de hoy se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos relacionados con la «recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral de las víctimas», y que, para 2011, el Gobierno prevé dedicar a esos proyectos 5.253.850 euros, aunque, con una enmienda presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos, podrá contarse con un millón de euros más.

El precio de la «Memoria Histórica»

Así pues, tanto para el Gobierno del Sr. Zapatero como para el PSOE, la recuperación de la “Memoria Histórica” debe ser compatible con la amnesia deliberada que hizo posible la “Transición” y con la España que la Dictadura y la “Transición” han forjado. Por eso, para ellos, esta recuperación debe quedar limitada a esas prestaciones materiales y a esos títulos honoríficos. Nada de revisión de juicios y anulación de sentencias. Nada de cambiar el entramado jurídico de la Dictadura que no se cambió al momento de la “Transición”. Por eso, hace poco, los «socialistas» con la ayuda de los «populares» han tumbado una moción de ERC reclamando al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo, por sí mismo o bien a través de la Fiscalía del Estado, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo. Sentencias declaradas “ilegítimas” por la Ley de Memoria Histórica; perocuya “ilegitimidad” es puramentesimbólica, puesto que tal declaración no anula la jurisprudencia en vigor, en la que sigue presente como testimonio de su pasado franquista.

El Gobierno y los socialistas saben que no se pide la nulidad por temor a consecuencias judiciales, puesto que la Ley de amnistía de 1976 las hace imposibles. Que se pide porque es una vergüenza que tal estigma figure aún en una jurisprudencia que se pretende democrática.

Lo saben, y por eso el Gobierno se ve obligado a recurrir a malabarismos retóricos para justificar su cobardía moral y política a poner fin a esa vergüenza. Malabarismos retóricos que han obligado al ministro de Justicia, Caamaño, a recurrir a un sofisma para pretender que la petición de anulación de juicios del franquismo es un «imposible jurídico»:puesto que : «La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos». O sea que, para él y el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos dichos juicios y, en consecuencia, no tiene sentido alguno pedir su anulación. Pero que no tenga sentido para ellos no quiere decir que no lo tenga para los que fueron víctimas de tales juicios, para sus familiares y para cuantos lo consideran un deshonor impropio de una Democracia que se pretende, además, un modelo de Estado de Derecho.

¿Cómo pues no indignarse ante tal falta de ética y de responsabilidad política de un Gobierno y un Partido que, además de proclamarse demócratas, se reclaman del socialismo? Un Gobierno y un Partido que ya desde la constitución de la comisión nombrada por la Presidencia del Gobierno, para preparar el borrador de la Ley de Memoria Histórica, le señalaron a ésta que su misión no era de recuperación de la memoria histórica sino de “reconocimiento de las víctimas de la guerra civil” para “cerrar las heridas que ésta había producido en los dos bandos” -como lo ha reconocido recientemente el historiador José Álvarez Junco, encargado de redactar dicho borrador.

Pues bien, e independientemente de que poner a los “vencedores” de la guerra civil en el mismo plano que los “vencidos” es mostrar una enorme insensibilidad ética y democrática, ¿cómo olvidar que fueron aquellos quienes se vieron obligados a aceptar la soberanía popular por la que luchaban éstos? ¿Por qué pues imponer ahora una equiparación simétrica de las dos Españas que los “vencedores” negaron bárbaramente a los “vencidos” durante casi cuarenta años? ¿Acaso no son las heridas de los vencidos las que siguen sin cerrar?

Es obvio que sí; pero sabemos que, desde el proceso transicional, la estrategia política de los socialistas ha sido la del olvido de la memoria y de la rentabilidad institucional que proporcionaba el nuevo Régimen. No debemos extrañarnos pues que, para ellos, la recuperación de la Memoria Histórica quede reducida al balance contable presentado por Jáuregui, y que los 19.475.985 euros gastados en estos tres años, más los 5.253.850 o 6.253.850 euros para 2011, sea el precio de la Memoria Histórica made in PSOE. Aunque siendo honestos, debemos reconocer que ese es también el precio de nuestra renuncia a la verdaderarecuperación de la memoria histórica.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article214

 

«Nos avergonzaba matar»

Eduardo Uriarte, condenado en el juicio de Burgos y amnistiado en 1977, recuerda 40 años después por qué fue clave un proceso del que la dictadura quiso hacer una causa ejemplar

LUIS R. AIZPEOLEA 05/12/2010

La decisión de matar a Melitón Manzanas se tomó en nuestro entorno. Pero nunca supimos ni quisimos saber quién había sido su autor. Nos daba vergüenza matar porque no lo teníamos asumido y porque todavía aquella organización repudiaba el asesinato». Así se pronuncia Eduardo Uriarte a los 40 años del Proceso de Burgos, que juzgó en un tribunal militar constituido en la capital castellana a 16 militantes de ETA por el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, la policía política del dictador Franco, el 2 de agosto de 1968.

 

Seis de los acusados en el proceso de Burgos. Arriba, Arana, Gorostidi y Onaindia. Abajo, Abrisketa, Larena y Gesalaga.-

Para seis de ellos, incluido Uriarte, que entonces tenía 24 años, el fiscal militar pidió la pena de muerte. Los otros cinco condenados a la pena máxima fueron Francisco Javier Izko, Mario Onaindia, José María Dorronsoro, Jokin Gorostidi y Francisco Javier Larena.

El juicio se inició el 3 de diciembre de 1970 y terminó el 30 del mismo mes. Los condenados a muerte fueron indultados por el dictador. El Proceso de Burgos marcó un hito en la historia del franquismo. La dictadura quiso aprovechar el que fue el primer atentado mortal asumido por una ETA que tenía menos de 10 años de existencia para reforzar el régimen autoritario y neutralizar a las corrientes democráticas que emergían en la sociedad española.

Pero se le volvió en contra. Hubo movilizaciones inéditas contra la dictadura en las calles españolas, sobre todo en el País Vasco, donde tuvo gran seguimiento una huelga general. La Iglesia española se despegó del régimen y este recibió presiones de los países democráticos europeos que pidieron el indulto a Franco. Nunca hasta entonces la oposición a la dictadura había alcanzado aquellos niveles de protesta, que llevó a declarar el estado de excepción en el País Vasco y posteriormente en toda España.

«Si ETA hubiera abandonado la violencia en la transición, habría sido un referente del antifranquismo»

Eduardo Uriarte recuerda que aquella ETA no tenía que ver con la de ahora. De hecho, la decisión de matar al jefe de la Brigada Político Social no fue el resultado de una estrategia, sino la venganza por la muerte del líder de ETA Txabi Etxebarrieta, de 25 años, el 7 de junio de 1968 por la Guardia Civil. «Nos roían las ganas de venganza y, sobre todo, la necesidad de dar una respuesta que demostrara que ETA no estaba acabada».

Todos los procesados en Burgos fueron detenidos en 1969, y en la etapa que pasaron en la cárcel hasta la celebración del juicio, en diciembre de 1970, la mayoría evolucionó desde el nacionalismo a posiciones de izquierdas, muy en boga tras el mayo de 1968, y alejadas del recurso al terrorismo. «Evolucionamos en la cárcel. El nacionalismo presente en ETA se había dejado seducir por el discurso marxista y antiimperialista. En nuestros discursos en la sala del juicio abogábamos por la solidaridad internacionalista y a veces nos declaramos marxistas-leninistas, lo que molestó a los nacionalistas del exterior».

Uriarte está convencido de que el régimen de Franco trató de utilizar el incipiente uso de la violencia de aquella ETA para demonizar a la oposición democrática con un enorme despliegue propagandístico de sus acciones en los medios de comunicación, controlados por el régimen.

«Pero el resultado fue contrario a sus intereses. Logró que para mucha gente, no solo en el País Vasco, los jóvenes de ETA fuéramos unos héroes contra la dictadura cuando la realidad era que ETA en ese momento era una organización muy debilitada y dividida internamente». También contribuyó a este resultado la estrategia de los procesados de plantear un juicio político. «Había que aprovechar la ocasión para denunciar ante el mundo la dictadura de Franco». El Proceso de Burgos dio tal prestigio a ETA que aumentó muchísimo su afiliación, recuerda Uriarte.

Uriarte tiene claro que el juicio de Burgos marcó «el principio del fin de la caída del régimen de Franco, que vivía una contradicción insalvable, entre un liberalismo económico y un régimen autoritario». Un sector del régimen, liderado por el almirante Carrero Blanco, quiso utilizar el proceso para garantizar la continuidad del régimen tras la muerte de Franco y mostrar a Estados Unidos que España se encontraba ante una seria amenaza que requería una respuesta política autoritaria.

El régimen cometió además otro profundo error, señala Uriarte, porque no solo respondió con represión desproporcionada -las fuerzas de orden público mataron a tiros a un manifestante de 19 años, Roberto Pérez Jáuregui, e hirieron de bala a otros-, sino que recuperó el discurso más fascista de los años de posguerra. Entonces, Europa descubrió que la España de Franco era una asignatura pendiente tras la victoria aliada contra el fascismo. Europa pidió clemencia a Franco, e incluso lo hizo el presidente de Estados Unidos Richard Nixon. También se sumó a esta petición el Vaticano, y la Iglesia española, al hilo del proceso, comenzó a desmarcarse del régimen. Un sector del Ejército reconocería posteriormente que se había sentido utilizado.

Los procesados contaron con las simpatías de la izquierda española. Entre sus abogados figuraron socialistas, como Gregorio Peces-Barba y José Manuel Moreno Lombardero, y comunistas, como Josep Solé Barberá.

La otra cara de la moneda fue la puesta en marcha del mecanismo de la violencia. «Es verdad que allí se incubó el virus de los elementos perversos que posteriormente hemos conocido y sufrido. La ETA posterior al Proceso de Burgos se quedó con lo peor de nosotros al hacer de la violencia el centro de su política e ideología». Uriarte sitúa el inicio del terrorismo de ETA en el atentado de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol de Madrid, en septiembre de 1974. Costó la vida a 14 personas e hirió a decenas.

Los condenados a muerte en el Proceso de Burgos pasaron siete años en la cárcel. Fueron amnistiados en 1977, tras la reinstauración de la democracia. De los seis, dos de ellos ya han fallecido: Onaindia, en 2003, y Gorostidi, en 2006.

Solo uno de los 16 condenados, Jesús Abrisketa, volvió a ingresar en ETA. Una mayoría se vinculó a la extinta Euskadiko Ezkerra y algunos prolongaron su travesía hasta el PSE, como Onaindia y Uriarte. Una minoría -Gorostidi, Itziar Aizpurua y Julen Kalzada- se unió a Herri Batasuna. Uriarte lo explica así: «Todo lo que nos sucedió, incluido el Proceso de Burgos, fue una catarsis para casi todos nosotros. Salimos bastante tocados por la experiencia vivida. Aunque jugamos el papel de héroes en el proceso, reflexionamos sobre la tragedia que supone la violencia».

Cuarenta años despúes, Uriarte cree que hay que entender el proceso en el contexto de la dictadura. «No es sorprendente que en un país en efervescencia un grupo de jóvenes cayera en la dinámica de la violencia frente a una dictadura que negaba a los ciudadanos los derechos más elementales». Y respecto a ETA, «si hubiera tenido la difícil clarividencia de haber abandonado su actividad violenta al inicio de la transición, hubiera sido una referencia de la resistencia al franquismo». No lo hizo. «Fue más un movimiento nacionalista radical que antifranquista. Y al final ha sentido la humillación de ser rechazada por todos los demócratas a escala internacional».

El País.com Domingo

PROCESO DE BURGOS: «Es triste que 40 años después sigamos discutiendo sobre ETA y la violencia»

Antton Karrera fue uno de los 16 militantes de ETA del Proceso de Burgos. Hoy se cumplen cuatro décadas del inicio de un juicio que, según el dirigente de EB, probó que «el franquismo era una dictadura fascista»

03.12.10 –

ANTTON IPARRAGUIRRE | SAN SEBASTIÁN.

Antton Karrera. :: LOBO ALTUNA

Antton Karrera, coordinador de Ezker Batua-Berdeak en Gipuzkoa, fue uno de los dieciséis miembros de ETA que fueron detenidos en 1969 -él lo fue el 15 de marzo-, y que fue juzgado en el proceso de Burgos, del que hoy se cumplen cuarenta años de su inicio.

Karrera subrayó ayer, en declaraciones a este periódico, que «en la actividad normal no me acuerdo mucho del proceso de Burgos, pero si empiezo a recordar podría pasarme horas hablando». En su opinión, «Franco pretendía juzgar todo lo que significaba ETA, descabezar la organización y dar un escarmiento al mundo que representaba». Afirma que entre los compañeros de banquillo había de todo, «desde dos curas -Julen Kalzada y Juan Etxabe-, hasta dirigentes de ETA». Sin embargo, considera que la vista «resultó todo lo contrario a lo que quería Franco. Lo controlamos y lo convertimos en un juicio político, en el que ninguno de los dieciséis procesados improvisó durante su declaración».

Destaca que la repercusión en la calle fue contundente y visible con la huelga general que se convocó en esos días en Euskadi, al igual que las movilizaciones de protesta en varias ciudades españolas y en el extranjero. Karrera asegura que «el juicio supuso un éxito porque significó mucho tanto a nivel de Euskadi, como de España y el mundo». «Fue una prueba de la debilidad del franquismo y demostró lo que significaba, una dictadura fascista», agrega. En su opinión, también constituyó «un paso para la consolidación de la democracia posteriormente».

Karrera, que tenía entonces 28 años, admite que aquellos días temieron por sus vidas «ya que había seis procesados que fueron condenados a muerte, y podía haber algunos más, y luego ser ejecutados».

Tampoco olvida que dos días antes del inicio de la vista fue secuestrado en San Sebastián el cónsul alemán Eugene Beihl, que sería liberado el 24 de diciembre. El dirigente de EB recuerda que los 16 procesados fueron reunidos en el sótano de la Capitanía General de Burgos para debatir sobre este asunto. «Ganamos los que votamos a favor de condenar el secuestro, porque perjudicaba a las movilizaciones y porque estábamos en contra de la violencia. Considerábamos que la lucha armada no era el camino, como defendieron los que respaldaron el secuestro», afirma. «Es triste que cuarenta años después seguimos discutiendo sobre lo mismo», asevera. Señala que muchos de los que en aquellos años eran miembros de ETA ahora pertenecen a partidos que van del PNV al PSE, «e incluso del PP».

De entre los recuerdos, le ha quedado marcado que en su celda había 16 grados bajo cero, y que con aquella gélida temperatura jugaban al fútbol en el patio y no podían ducharse porque las cañerías estaban congeladas. También rememora que al ser detenido sufrió torturas, «mientras negaba que fuera de ETA», y estuvo nueve días incomunicado, sin que su familia conociera su arresto.

El tribunal militar hizo públicas las sentencias el 28 de diciembre, y Karrera fue condenado a doce años de prisión por un delito de «rebelión militar». Ayer recordaba que salió de la cárcel el 3 de marzo de 1976, «precisamente el mismo día de la matanza de Vitoria».

Con la llegada de la democracia y tras la Ley de Amnistía, el resto de procesados fueron excarcelados en 1977. Cinco de los seis condenados a muerte fueron expulsados a Bruselas en mayo de 1977, y el sexto, Xabier Izko de la Iglesia, fue extrañado a Oslo en junio de ese año. Fueron amnistiados al año siguiente.

LAS CONDENAS

Teo Uriarte: Dos condenas a muerte y 60 años de prisión.

Jokin Goristidi: Dos condenas a muerte y 30 años de prisión.

Xabier Izko de la Iglesia: Dos condenas a muerte y 27 años de prisión.

Mario Onaindia: Una condena a muerte y 51 años de prisión.

Javier Larena: Una condena de muerte y 30 años de prisión.

José María Dorronsoro: Una condena a muerte.

Víctor Arana: 70 años de prisión.

Josu Abrizketa: 62 años de prisión.

Enrique Gesalaga: 50 años de prisión.

Juan Etxabe: 37 años de prisión.

Gregorio López Irasuegi: 30 años de prisión.

Julen Kalzada: 18 años de prisión.

Itziar Aizpurua: 15 años de prisión.

Juana Dorronsoro: 15 años de prisión.

Antton Karrera: 12 años de prisión.

Arantxa Arruti: Absuelta.

El Diario Vasco.com

 

74 años de oprobio y treinta y cinco de olvido democrático…

Francisco Franco y Juan Carlos de Borbón

 

74 años de oprobio y treinta y cinco de olvido democrático

Ayer se conmemoraba el 35 aniversario de la muerte del dictador, golpista y asesino regidor de los destinos de nuestro país durante casi cuarenta años. Nada nuevo en el horizonte con respecto a una parte de nuestra historia empolvada y enquistada por la cobardía, inoperancia y desidia de nuestra clase política y los diferentes Gobiernos supuestamente democráticos; pero sobre todo, por la habilidad del sátrapa Caudillo que dejó como bien dijo…”atado y bien atado” el destino y futuro de nuestra nación.

Planificó con astucia malévola la instauración monárquica de asignación autocrática; a mi parecer y personalmente, creo que es más acertada la acepción de… “dedocrática”.

Con la misma se nos vendió el cambio político, social y económico que nos permitía  pasar de la vida en blanco y negro, a la vida en color, eso sí, a cambio de unas migajas de renuncia, olvido y legitimidad soberana a elegir el futuro de nuestro país, por una teórica libertad y democracia descafeinada tal y como demuestran los hechos una vez pasado el tiempo. Y  que por supuesto, exigió para ello la renuncia del ideal republicano sin opción alguna, para así poder perpetuar la institución monárquica ante todas y sobre todas las cosas.

Esa renuncia transicional y que no valoraré ahora, ya que nunca he sido partidario de evaluar las situaciones y decisiones anteriores realizadas por otros, sobre todo, cuando uno no es consciente todavía o no tiene la capacidad  ni la posibilidad de tener todos los elementos de juicio y valor para determinar si ésa fue o no la mejor decisión; si quiero al menos dejar constancia,  de que independientemente del esfuerzo y valía de aquellos políticos y padres de nuestra Constitución y Ley de Amnistía de 1977 (que  al menos sí tuvieron capacidad de diálogo y entendimiento), obviaron algo tan importante como  es que…” al final el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio”, y que al día de hoy,  queda más que demostrado  que el borrón y cuenta nueva enmascarado en una mala “Ley de la Memoria Histórica”  (Ley 52/2007 y que teóricamente debería ser ejercida en sus principios: Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura), no sirven de nada.

Al menos,  si previamente no ha habido un proceso de verdadera “Recuperación de la Memoria Histórica” que permita el conocimiento, difusión y mantenimiento de la misma, a través de la reparación, el  resarcimiento de la memoria de todos aquellos que de un modo u otro fueron asesinados, perseguidos  o represaliados por ideología,  con las anulaciones de las sentencias y juicios sumarios o  con deficiencias procesales e indefensión de las víctimas,  y sobre todo con el mantenimiento de su recuerdo.

Pero  sobre todo, de todos aquellos que  durante y después de la Guerra Civil provocada por el irracional  golpe de Estado militar, y mal llamado “Alzamiento Nacional” de 1936;  y  de su posterior y brutal represión bajo régimen dictatorial, y que  fueron víctimas sistemáticas y gratuitas de una persecución implacable, premeditada y ordenada por Francisco Franco,  que además  fue obedecida, compartida y ejecutada  por sus cómplices y acólitos incondicionales sin la menor duda y con excelencia puesta en el trabajo; y que al día de hoy, no sólo es obviada y no reconocida, sino que además campa en la total impunidad jurídica e histórica.

Ése borrón y cuenta nueva quedó en evidencia ayer por milésima vez en Cuelgamuros, donde la razón de la justicia y el derecho, se quisieron ver apagados por la provocación de la fuerza bruta y el pensamiento único, con los insultos y amenazas de aquellos que se sienten tan demócratas que utilizan el vuelo de la gaviota para proclamar su libertad,  y el del águila imperial para demostrarnos quiénes son realmente y cómo desean imponer  sus criterios.

Sigue habiendo dos  Españas,  y éstas no son de colores, ni rojo ni azul, sino que por desgracia,  ésta es…, la de los enterrados y glorificados, y la de los olvidados bajo el suelo y en los archivos polvorientos. Setenta y cuatro años de oprobio y treinta y cinco de supuesta libertad y olvido democrático, esa es la realidad para los republicanos.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@

 

 

Una investigación pendiente…

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta información –particularmente los “expedientes policiales”– refleje la intensa y sistemática actuación represiva de la Brigada Político-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposición democrática. Representaba, además de otros cuerpos policiales, la institucionalización de la represión bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.
La Brigada Político-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisarías o centros de detención habilitados –sin poner al detenido a disposición judicial–, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos políticos que había en España a principios de 1961. Su actuación fue denunciada en su día por Justicia Democrática, haciendo constar la presencia de un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, la persistencia de “torturas policiales en régimen de expresa impunidad” y que “las brigadas político-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”.
Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifestó que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se referían al periodo 1975-1977. El estudio exigirá acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a un pasado remoto”. Será difícil determinar el alcance de dicha destrucción. En el Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial constituida en 2004 se dice que “ni la contienda en sí, ni la Transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación”.
No es este el criterio del profesor Reig Tàpia, quien sostiene que “desde fechas anteriores a las últimas elecciones generales previniendo lo que parecía una
inevitable victoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos”. Pero, ciertamente, destrucción hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamación de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: “Hay que tener en cuenta que con la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc”. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigación que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisión Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Histórica, afirmaba “la absoluta primacía de los archivos como fuente de conocimiento del pasado histórico, no solamente para los historiadores, sino también para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares”. Y, en segundo lugar, porque es una muestra más del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos “el derecho de acceso a los fondos documentales” depositados en los archivos públicos.
Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tomás y Valiente: “El derecho de todos a una información veraz no es sólo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que un derecho individual de cada español, es un derecho fundamental…”.Y reclamaba su plena satisfacción de manera generosa frente a una interpretación tan restrictiva que representara su denegación.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Ilustración de Jordi Duró

Público.es

Si algo nos ha enseñado nuestro país es cómo cercenar la historia del mismo…

Fotografía Europa press

La historia como disciplina científica de investigación de hechos ya sucedidos no debería entrar en más valoraciones que aquellas que demuestran, recuerdan y enseñan acontecimientos que forman parte de nuestro pasado, unas veces para bien, y otras, para estimular y recordarnos de un modo pedagógico lo nefasto de nuestros actos. Y para ello, no puede amputar partes de la misma.

Ahora bien, tampoco  se puede ni se debe recurrir a ella con ningún tipo de finalidad política, social o de cualquier otra índole que no sea precisamente como he apuntado, la de enseñarnos a evocar, y sobre todo,  la de formarnos en la visión del futuro con el objetivo de no cometer los errores del pasado.

La historia debe ser la garante de nuestra propia memoria, eso sí, siempre sin olvido,  por lo tanto, sin partidismos, sin revisionismos aleatorios, sin venganzas ideológicas y sin más pretensiones que las de conseguir avanzar sin retroceder nunca sobre las actuaciones pretéritas, las cuales, no  nos llevan más que a anclarnos en un tiempo que ya no tiene solución mirando hacia atrás, sólo la tiene si miramos hacia delante.

No hay que olvidar nunca, y para eso está ella, para recordarnos el pasado.  Nos ha de servir de guía para aprender de sus acaecimientos y,  así poder pasar página y seguir caminando hacia el futuro. Y para ello si que es necesario obviar  el dicho de que…“cualquier tiempo pasado fue mejor”. Como también es conveniente no detenerse en la complacencia de que todo tiempo pasado es simplemente eso, sólo el pasado de un tiempo pretérito y caduco. Para  intentar  que de éste modo sea precisamente el futuro un tiempo prometedor, un tiempo donde se pueden resolver los yerros cometidos anteriormente.

Tampoco es posible si no es de un modo científicamente objetivo, en el que la memoria histórica  ha de ser sólo el resultado de hechos cronológicos lejanos, y por tanto, obvie el que se pueda  borrar cualquier parte o suceso de los mismos.

Que haga justicia y reconocimiento de un modo honesto a los sucesos, debería ser su objetivo.  Y no  las lecturas que se hagan de los mismos dependiendo de los puntos de vista;  y sobre todo,  de un modo que permita la equidad en el mantenimiento del recuerdo, sea cual sea, no dejando caer en el saco del olvido a partes imprescindibles de los episodios acontecidos. Otra cosa serán los  posteriores análisis y reflexiones que hagamos de los anales que la componen, y ahí es indudablemente donde surgirán  las diferentes lecturas, visiones y opiniones de la misma.

Con la historia no se pude jugar a contentar a unos sí y a otros no. No hay valoraciones que permitan descartar que tiempos son los que deben o pueden  formar parte  de ella y cuales no;  y menos, quienes forman o no también, como parte de la misma, porque al fin y al cabo,  todos formamos parte  de ella de un modo u otro.

Es por eso que desde la muerte del dictador  este país tiene una deuda con su historia y con aquellos que formaron parte de ella, sobre todo con los vencidos. Los republicanos olvidados por imperativo legal. España debería  solventar de modo valiente, sin miedo y honestamente de una vez por todas este capítulo de su historia que  ocupa casi tres cuartas partes de un siglo que pretende eliminar de un plumazo como si nada hubiera sucedido. Y eso no es la verdad, como tampoco es racional, no es justo y menos  conveniente para el avance de una nación que se pretende moderna, democrática y que además actúa internacionalmente como paladín de todo aquello que ella misma es incapaz de hacer con su propia historia, con las leyes y los acuerdos internacionales que tiene firmados y corroborados. Una incongruencia más de nuestra estirpe íbera.

Se creó una Ley de la Memoria histórica insuficiente, partidista, no consensuada y que obviaba a una de las partes más importantes de sus miembros y antecedentes, creando  así  más frustración y resentimiento que beneficios, que era  para lo que se debería haber creado; y cuyo objetivo principal  debería haber sido “la recuperación de la memoria histórica del país” de verdad.

Hoy con la creación de este nuevo Museo Militar se vuelve a caer en el mismo error, el de pretender contentar a todo el mundo. Y precisamente la historia no está para contentar a nadie, sólo debería enseñarnos a caminar sin vivir anclados en los lastres pasados. La historia no debe juzgar, no debe ser ni inclusiva ni exclusiva, no debe ser parcial o imparcial, simplemente debe ser lo que es. o mejor dicho lo que fue…HISTORIA.  Y para ello debe ser objetiva, aséptica y pragmática. No olvidemos que es una disciplina científica y de investigación de las humanidades.

Así  una vez más la historia es fragmentada  tal y como demuestra la creación del nuevo Museo Militar de Toledo, que  inicia de este modo su andadura cometiendo el mismo craso error que llevan cometiendo los distintos gobiernos  en democracia al obviar partes importantes de su historia, y en este caso concreto, tanto de sus ejércitos como de sus actos, es decir, coartando una parte importante. ¿Qué pretenden enseñarnos entonces? Lo cierto…, es que si algo nos ha enseñado nuestro país es cómo cercenar la historia del mismo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@

La UJI analiza los obstáculos de la memoria histórica en un curso de verano…

elperiodic.com

Dar precisión científica al período de represión franquista después de la contienda civil y analizar las deficiencias de la transición democrática de cara a la restitución de la dignidad y la memoria de la II República y de la resistencia antifranquista es uno de los objetivos del curso de verano República, represión y transición postfranquista: los obstáculos de la memoria histórica que se realiza los días 12, 13 y 14 de julio en la Llotja del Cànem de Castelló de la Plana. El curso será inaugurado a las 10 horas por el vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria Wenceslao Rambla.

El curso, dirigido por el profesor Andrés Piqueras Infante, del Departamento de Filosofía y Sociología, busca dar luz a las razones del olvido de la represión y de la inacción del Estado democrático sobre las fosas comunes y sobre el conocimiento del pasado en general para recuperar la memoria histórica. El curso se completará con la exposición del Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló «La memòria de les víctimes a les comarques de Castelló», un trabajo de investigación realizado con la recogida de documentación y de testimonios orales a centenares de familias con el objetivo de recuperar, dignificar i reparar moralmente con esta muestra a unas personas durante muchos años condenadas a la invisibilidad y al silencio.

En la primera de las jornadas se realizará una contextualización histórica del periodo de la república, la dictadura y la represión; en el segundo día se hablará sobre la negación de la memoria histórica, la transición española y la memoria en el ámbito de Castelló, y se hará una presentación y exposición del Foro por la Memoria Histórica de Ávila. En la última jornada se hablará del ideal republicano hoy en día y el destierro de la fraternidad en la sociedad española postfranquista. El curso cuenta con una amplia participación del Grup de Recerca per la Memòria Històrica de Castelló de la Plana.

Guerra Civil española

Diarios y fotografías de un brigadista en el bando republicano.

el periodic vía google noticias

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En torno a la memoria histórica: La vía penal contra el franquismo, un riesgo…

– Profesores cercanos a la izquierda advierten de que es difícil, cuando no «peligroso», iniciar un proceso contra los represores del régimen anterior.

– Bastida, favorable a que las reparaciones se circunscriban a los opositores a Franco, mientras Aláez estima que la ley incluye a todas las víctimas.

Oviedo, L. Á. VEGA

«Todos los que han sido asesinados sin procedimiento legal merecen reparación»Benito Aláez Profesor Derecho Constitucional

¿Fue la ley de Amnistía realmente una ley de amnesia, destinada únicamente a tapar los crímenes del franquismo? ¿Deben ser rehabilitadas únicamente las víctimas del régimen anterior, dejando de lado a quienes fueron asesinados en la zona republicana, muchos de los cuales ya fueron honrados al final de la guerra? ¿Todos los represaliados del franquismo luchaban por la democracia? ¿Es la derecha actual heredera del franquismo? Desde determinados sectores de la izquierda se está contestando afirmativamente a todas estas cuestiones, y no sólo con el fin de salvar la carrera del juez Baltasar Garzón, sino con la intención de enmendar una Transición que consideran viciada. LA NUEVA ESPAÑA ha planteado estas mismas preguntas a varios profesores asturianos cercanos a la izquierda. Aunque éstos puedan coincidir en parte con la visión arriba apuntada, introducen significativos matices y, lo que es más importante, insisten en la peligrosidad de reavivar la vía penal para enjuiciar los desmanes de esa quiebra histórica que fueron la Guerra Civil y el franquismo.

l Ley de Amnistía. Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida, «la ley no fue de amnesia, sino de borrón y cuenta nueva, y beneficiaba a gente del franquismo, pero también a ETA». Según el profesor, «eso ha permitido que algunos de los que participaron en la represión estén hoy en policías locales u ocupen cargos en el Cuerpo Nacional de Policía». En opinión de Bastida, la ley «cumplió su papel, y ahora corresponde a la ciudadanía decidir si pasa página».

Para el profesor de Derecho Constitucional Benito Aláez, «el significado jurídico de la ley de Amnistía es bastante discutido». Del tenor literal de la norma, se desprende que estaba destinada «tanto para los opositores como para los funcionarios y las autoridades del régimen». La suscripción a tratados anteriores sobre derechos humanos «implicaría para algunos juristas la posibilidad de reabrir los procesos por los crímenes de la época franquista», pero en este punto, indica el profesor, «tanto la judicatura como la doctrina están divididas».

Los historiadores, añade el profesor, tampoco se ponen de acuerdo sobre los objetivos de la ley. «Hay quien señala que se buscaba cerrar el pasado y abrir el futuro, que la exculpación de los crímenes del franquismo era un objetivo secundario y que se hizo para amnistiar a los presos políticos, pero otros historiadores demuestran que el objetivo de algunos participantes en el proceso para sacar adelante esa ley era preservar a los represores», señala.

l Rehabilitaciones. El profesor Francisco Bastida sostiene que en este momento «se está tratando de reparar a las víctimas del franquismo, y ésas sólo están en un lado». Las otras, indicó, «ya fueron reparadas de manera suficiente». Bastida reconoce que «se ha hecho mucho por las víctimas del franquismo, pero no por recuperar los cadáveres». En su opinión, «debe haber una reparación, sin que se califique a quienes la pretenden de cainitas o guerracivilistas». Aunque también considera que aprovechar ese proceso «para llegar a la vía penal y darle a la moviola es peligroso».

El profesor Aláez considera, sin embargo, que el contenido de la ley de Memoria Histórica es meridiano, puesto que fue pensada «para abarcar a cualquier víctima del proceso de ruptura histórico». En su opinión, «quien quiera ver que sólo puede repararse a unas víctimas determinadas, únicamente las del franquismo, no ha leído la ley, que no se orienta hacia ningún bando». También indica Aláez que la ley de Memoria «no permite revisar los juicios, sino reparar la memoria moral de quienes sufrieron algún crimen».

l Credenciales democráticas. Francisco Bastida considera que «quizás es demasiado amplio considerar a todos los represaliados del franquismo como héroes de la democracia y la libertad». Efectivamente, «mucha gente no se enfrentaba al franquismo por instaurar una democracia, aunque la gente que pasó primero ante el Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería, que el nombre se las trae, y posteriormente ante el de Orden Público, sí que eran defensores y ejercían lo que hoy son las libertades, y es evidente que, si no héroes, sí que son víctimas de la dictadura, que han pagado muy caro su intento de ejercer ese derecho».

Para Benito Aláez, «no cabe hacer juicios de valor y de intenciones respecto a las víctimas». Y es que «cuando una persona es asesinada, el disvalor se produce independientemente de la presunta cualidad moral de la víctima». Por ello, «todos los que han sido asesinados sin procedimiento legal merecen una reparación, independientemente de que fueran buenos o malos ciudadanos, buenos o malos creyentes o buenos o malos padres».

l La herencia de Franco. Para el profesor Bastida, «ayuda poco a distanciar al PP del franquismo el hecho de que algunos de sus dirigentes, como Esperanza Aguirre, frivolicen sobre las cuestiones de la memoria histórica, o de que hayan tirado contra el Poder Judicial, con críticas despiadadas a magistrados como Garzón o Bacigalupo». En opinión del catedrático, todo ese «sectarismo» hace que «se le vaya identificando con el franquismo». Para Bastida, el procesamiento de Garzón «es excesivo».

Aláez sostiene que «del mismo modo que se dice que la derecha es heredera del franquismo, también podría postularse que la izquierda actual procede del marxismo y el leninismo, lo que resulta un tanto injusto, porque las ideas y los programas evolucionan, y así como la derecha ha girado al centro, también lo ha hecho la izquierda». No obstante, Aláez sí que advierte «vestigios» del franquismo cuando el PP critica las manifestaciones pro Garzón, lo que denota «desconfianza hacia la participación ciudadana». Claro que también en el PSOE cabe encontrar vestigios de un pasado no democrático, como cuando «Montilla parece dudar del funcionamiento imparcial del Constitucional».

«Las víctimas a manos de los republicanos ya fueron reparadas de forma suficiente»
Francisco Bastida
Catedrático Derecho Constitucional

«Todos los que han sido asesinados sin procedimiento legal merecen reparación»
Benito Aláez
Profesor Derecho Constitucional

lne.es (La Nueva España)