Borrar a Franco de la memoria

marzo 15, 2014

ABC, 13/03/2014 – 13 marzo 2014

La Junta ha impulsado una normativa para eliminar todo vestigio de la guerra civil y la dictadura

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, las instituciones y organismos de Andalucía tendrán 18 meses para retirar de plazas, calles y edificios los símbolos de la etapa franquista que aún perduran en numerosos rincones de la geografía andaluza. Superado ese plazo, la Junta actuará de forma subsidiaria y procederá a eliminar los vestigios.

En Sevilla capital, en el año 2000, el Gobierno municipal de coalición PSOE-IU llevó a cabo una profunda renovación del callejero y desaparecieron más de 50 nombres de la época de Franco, aunque todavía en edificios, sobre todo de los juzgados, persiste alguna simbología de ese periodo.

Izquierda Unida ha cifrado en más de un centenar los vestigios del franquismo en las calles de Málaga. Un hecho que ha sido motivo de enfrentamiento político de forma intermitente, informa P. D. Almoguera. El análisis de los mismos deja casos tan surrealistas como el del colegio José María Hinojosa de la capital. Dedicado a este poeta represaliado durante la Guerra Civil, el centro conserva en su fachada el escudo preconstitucional con el águila, el yugo y las flechas.

En los últimos tiempos se han intensificado las gestiones para eliminar algunos de estas reminiscencias a la dictadura. Meses atrás la calle Generalísimo Franco, ubicada en la barriada de Olías, ha pasado a llamarse La Ópera. La vía dedicada a Queipo de Llano en esta misma zona también ha desaparecido.

El principal vestigio en Granada del franquismo es el monolito en homenaje a Primo de Rivera, que hay ubicado en la plaza de Bibataubín. Fruto de grandes polémicas, especialmente desde la Ley de Memoria Histórica de 2006 impulsada por el Gobierno de Zapatero, el monumento parece tener las horas contadas. Recientemente, el TSJA rechazó el recurso que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la retirada del monumento que ha sido objeto en numerosas ocasiones de ataques por grupos de ultraizquierda, informa Luis Javier López.

En Córdoba se han quitado, entre otros símbolos, una placa en Correos, una placa en un busto en Subdelegación, en la Universidad… una placa en una casa particular del Realejo exaltando a un general franquista, y en cuanto a las calles los gobiernos municipales de IU se encargaron de sustituir los nombres.

En la catedral de Almería, en la Delegación de la Agencia Tributaria, en la Escuela de Artes o en el IES Celia Viñas perdura la huella del franquismo, informa Raquel Pérez. Los símbolos de la dictadura, como el yugo con el haz de flechas o el víctor, así como las alusiones a figuras como Primo de Rivera, son visibles en la capital almeriense, donde el Foro de la Memoria tiene localizadas 26 calles con nombres que aluden a esta época de la historia de España.

Jaén fue para Franco un territorio «que me quita el sueño», según informa Antonio Agudo. Lo dijo en la década de los 50 al visitar la provincia y darse cuenta de la falta de infraestructuras que sufría. Fueron muchas las obras, sobre todos embalses y pantanos, los que se levantaron durante la dictadura y que, obviamente, fueron firmados con los símbolos del régimen. Símbolos que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Lo que no ha sido retirado todavía, quizás por el pequeño tamaño o porque no salta mucho a la vista, son cientos de placas metálicas del extinto Ministerio de la Vivienda que etiquetan a otros tantos edificios con el yugo y las flechas.

En Cádiz capital destacaban hasta hace pocos años la pervivencia de escudos franquistas en el Instituto Hidrográfico , en la Comandancia de Marina, en la Delegación de Hacienda y en la sede de Correos. Jerez conserva también algunos vestigios de la época franquista: nombres de barrios como España, Federico Mayo y Eduardo Delage, informan A. García y J. Padilla.

En la Cuenca minera de Huelva se localizan algunos de los símbolos que han provocado una gran contestación, como es la Cruz de los Caídos que se ubica frente a la iglesia del municipio de Minas de Riotinto. Este escenario se reproduce también en la capital, en el que todas las calles el barrio José Antonio (Primo de Rivera) están dedicadas a falangistas de la época. En la barriada Pérez Cubillas, permanece el rótulo del Patronato de la Vivienda Francisco Franco, con su simbología, informa Rosa Font.

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140313/sevp-borrar-francode-memoria-20140313.html


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

“Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón”, han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. “Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas”, ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. “Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara”, ha defendido.

Compromís-Equo: “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así” “El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España”, ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de”asumir esta proposición”.

Según Rodríguez, “expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista”.  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado “el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma”, mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de”Libertad, justicia y reparación” de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras “infracciones graves”.

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así”, ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben “cuál será el resultado” de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral “porque no compartían el conjunto de la iniciativa”, pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que “entre todos” logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura del general Franco

octubre 23, 2013

…22/09/2008…

y a fecha de hoy, 23/10/2013, seguimos sin ser atendidos por el Estado español..

 

http://www.rtve.es/noticias/20080922/garzon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-civil-franquismo/161905.shtml


Martín Villa sobre la querella de crímenes del franquismo: “Secreto de sumario”

octubre 16, 2013
Europa Press, 09-10-2013 – 11 octubre 2013

martin-villa-fascista-webEn la querella Argentina se solicitan órdenes de detención internacional contra él

 MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

QUERELLA INTERPUESTA EN ARGENTINA

“Secreto de sumario”, ha respondido el exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, al ser preguntado por Europa Press sobre la querella interpuesta en Argentina en la que se solicitan órdenes de detención internacional contra él, que fue nombrado ministro tras la muerte del general Franco, así como dos ministros franquistas, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura española.

Así se ha expresado Martín Villa, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el que ha participado como ponente. Martín Villa fue ministro tras la muerte de Franco y miembro de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo para acabar siendo vicepresidente con este último.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute también a los ministros José Utrera Molina –suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los exjueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los exagentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el exescolta Celso Galván Abascal y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

El pasado mes de septiembre, la magistrada argentina María Servini dictó una resolución en la que recogía la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para Muñecas Aguilar, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

DEBATE EN EL SENADO

Precisamente hoy, representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado en el Pleno del Senado que el nuevo Código Penal profundice en el castigo a la apología del franquismo, durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.

Durante la sesión se ha debatido sobre la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-martin-villa-querella-crimenes-franquismo-secreto-sumario-20131009191913.html / A través del Foro por la Memoria


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 282 seguidores