Borrar a Franco de la memoria

marzo 15, 2014

ABC, 13/03/2014 – 13 marzo 2014

La Junta ha impulsado una normativa para eliminar todo vestigio de la guerra civil y la dictadura

Portada del diario ABC de 1975

Portada del diario ABC de 1975

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, las instituciones y organismos de Andalucía tendrán 18 meses para retirar de plazas, calles y edificios los símbolos de la etapa franquista que aún perduran en numerosos rincones de la geografía andaluza. Superado ese plazo, la Junta actuará de forma subsidiaria y procederá a eliminar los vestigios.

En Sevilla capital, en el año 2000, el Gobierno municipal de coalición PSOE-IU llevó a cabo una profunda renovación del callejero y desaparecieron más de 50 nombres de la época de Franco, aunque todavía en edificios, sobre todo de los juzgados, persiste alguna simbología de ese periodo.

Izquierda Unida ha cifrado en más de un centenar los vestigios del franquismo en las calles de Málaga. Un hecho que ha sido motivo de enfrentamiento político de forma intermitente, informa P. D. Almoguera. El análisis de los mismos deja casos tan surrealistas como el del colegio José María Hinojosa de la capital. Dedicado a este poeta represaliado durante la Guerra Civil, el centro conserva en su fachada el escudo preconstitucional con el águila, el yugo y las flechas.

En los últimos tiempos se han intensificado las gestiones para eliminar algunos de estas reminiscencias a la dictadura. Meses atrás la calle Generalísimo Franco, ubicada en la barriada de Olías, ha pasado a llamarse La Ópera. La vía dedicada a Queipo de Llano en esta misma zona también ha desaparecido.

El principal vestigio en Granada del franquismo es el monolito en homenaje a Primo de Rivera, que hay ubicado en la plaza de Bibataubín. Fruto de grandes polémicas, especialmente desde la Ley de Memoria Histórica de 2006 impulsada por el Gobierno de Zapatero, el monumento parece tener las horas contadas. Recientemente, el TSJA rechazó el recurso que presentó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la retirada del monumento que ha sido objeto en numerosas ocasiones de ataques por grupos de ultraizquierda, informa Luis Javier López.

En Córdoba se han quitado, entre otros símbolos, una placa en Correos, una placa en un busto en Subdelegación, en la Universidad… una placa en una casa particular del Realejo exaltando a un general franquista, y en cuanto a las calles los gobiernos municipales de IU se encargaron de sustituir los nombres.

En la catedral de Almería, en la Delegación de la Agencia Tributaria, en la Escuela de Artes o en el IES Celia Viñas perdura la huella del franquismo, informa Raquel Pérez. Los símbolos de la dictadura, como el yugo con el haz de flechas o el víctor, así como las alusiones a figuras como Primo de Rivera, son visibles en la capital almeriense, donde el Foro de la Memoria tiene localizadas 26 calles con nombres que aluden a esta época de la historia de España.

Jaén fue para Franco un territorio «que me quita el sueño», según informa Antonio Agudo. Lo dijo en la década de los 50 al visitar la provincia y darse cuenta de la falta de infraestructuras que sufría. Fueron muchas las obras, sobre todos embalses y pantanos, los que se levantaron durante la dictadura y que, obviamente, fueron firmados con los símbolos del régimen. Símbolos que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Lo que no ha sido retirado todavía, quizás por el pequeño tamaño o porque no salta mucho a la vista, son cientos de placas metálicas del extinto Ministerio de la Vivienda que etiquetan a otros tantos edificios con el yugo y las flechas.

En Cádiz capital destacaban hasta hace pocos años la pervivencia de escudos franquistas en el Instituto Hidrográfico , en la Comandancia de Marina, en la Delegación de Hacienda y en la sede de Correos. Jerez conserva también algunos vestigios de la época franquista: nombres de barrios como España, Federico Mayo y Eduardo Delage, informan A. García y J. Padilla.

En la Cuenca minera de Huelva se localizan algunos de los símbolos que han provocado una gran contestación, como es la Cruz de los Caídos que se ubica frente a la iglesia del municipio de Minas de Riotinto. Este escenario se reproduce también en la capital, en el que todas las calles el barrio José Antonio (Primo de Rivera) están dedicadas a falangistas de la época. En la barriada Pérez Cubillas, permanece el rótulo del Patronato de la Vivienda Francisco Franco, con su simbología, informa Rosa Font.

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140313/sevp-borrar-francode-memoria-20140313.html


La oposición pide una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

noviembre 22, 2013

Varios grupos parlamentarios han presentado junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley al Gobierno, para que siga las recomendaciones de la ONU y exhume las 2.500 fosas comunes de nuestro país en 2 años.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 21/11/2013

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.

Representantes de los grupos parlamentarios y de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, frente al Congreso de los Diputados.A.L.M.

Registran una proposición no de ley en el Congreso para que investiguen las desapariciones del franquismo…

Varios grupos parlamentarios de la oposición de izquierda han presentado este jueves junto a la Plataforma por la Comisión de la Verdad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Mariano Rajoy responda a las peticiones de las víctimas y abra una comisión parlamentaria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

El Grupo Socialista, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromís-Equo se unen con la plataforma constituida por más de cien asociaciones de Memoria, familiares y víctimas de la dictadura para pedir al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad que en el plazo de dos años haya exhumado las cerca de 2.500 fosas comunes localizadas en nuestro país, en las que descansan decenas de miles de víctimas sin identificar. Fuentes de la citada plataforma han informado a Público de que los grupos parlamentarios firmantes han sido los responsables de consensuar esta iniciativa, y que el Partido Popular ni siquiera accedió a atenderles. 

“Libertad, justicia y reparación; ni olvido ni perdón”, han coreado las víctimas y miembros de la plataforma ante el Congreso de los Diputados. “Los argumentos del Gobierno no valen para no atender la petición de las víctimas”, ha asegurado su portavoz, Jaime Ruiz, mostrándose satisfecho por el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. “Todos los grupos conocen la iniciativa, y aunque algunos han dicho que no se unirían a nosotros en la presentación de esta proposición, otros han dicho que votarán a su favor en la Cámara”, ha defendido.

Compromís-Equo: “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así” “El derecho a la Memoria es un derecho de todos, es la Memoria de España”, ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha criticado la paralización de la Ley de Memoria Histórica emprendida por el anterior Ejecutivo socialista por parte del Gobierno de Rajoy, al que señala como responsable de”asumir esta proposición”.

Según Rodríguez, “expertos independientes deben investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y en el posterior periodo de represión franquista”.  En esta línea, la diputada del PSOE ha alabado “el trabajo y la lucha de quienes forman la plataforma”, mostrándose también satisfecha por el apoyo que ha logrado la iniciativa entre los grupos parlamentarios.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, se ha unido a las reivindicaciones de”Libertad, justicia y reparación” de la plataforma, y ha aprovechado para criticar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, que prevé la aplicación de multas de hasta 600.000 euros a quienes registren o difundan imágenes de policías o se manifiesten sin autorización, entre otras “infracciones graves”.

Por su parte, el representante de Compromís-Equo en el Hemiciclo, Joan Baldoví, ha asegurado que esta es una demanda moral. “No puede ser que 38 años después de la muerte del dictador estemos así”, ha denunciado, aunque también ha reconocido que no saben “cuál será el resultado” de esta proposición, registrada en el número 36 de Carrera de San Jerónimo al concluir la comparecencia de miembros de la plataforma y portavoces.

A pesar de las recomendaciones de la ONU o de varias ONGs de la talla de Amnistía Internacional, o de que la Justicia argentina sí haya abierto una causa por crímenes franquistas, el Gobierno ha rechazado investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas, o los robos de niños que todavía quedan por esclarecer.

En cualquier caso, y en vista de los antecedentes, la mayoría absoluta del PP en el Congreso previsiblemente impedirá que esta Proposición no de Ley prospere, y que llegue a crearse una comisión para dar respuestas a las víctimas.

El BNG registró una proposición similar este miércoles

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó este miércoles una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones realizadas al estado español por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que se investiguen las desapariciones y los crímenes de la dictadura franquista.Desde la Plataforma por la Comisión de la verdad explican que el BNG haya emprendido una acción similar de manera unilateral “porque no compartían el conjunto de la iniciativa”, pero el sentido es el mismo, afirman. Así, la plataforma considera positivas todas las iniciativas para que “entre todos” logren que el Gobierno escuche las demandas de las víctimas de la dictadura. 


Una década implicados con la memoria histórica

noviembre 17, 2013

A falta de una ley como la navarra, el Gobierno Vasco lleva diez años impulsando proyectos en defensa de las víctimas de Franco, como la excavación de fosas

RAquel Ugarriza – Sábado, 16 de Noviembre

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo.

En la primera jornada de trabajo en el barrio Montellano los científicos de Aranzadi hallaron un cuerpo. (FOTOS: ARANZADI-ASOCIACIÓN MONTELLANO)

Bilbao. La aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.

La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.

En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno Vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

Poderes públicos Desde el año 2003 el Gobierno Vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.

La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.

En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia “trasciende al ámbito privado”, por lo que considera “necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos”, afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.

“Obligación del estado” La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”.

Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas “en la buena dirección” pese a carecer de una ley específica. “Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar”. Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.

Símbolos franquistas Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios “porque el tiempo corre en contra”, apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.

las claves

· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.

· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.

· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.

Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica

http://www.noticiasdealava.com/2013/11/16/politica/una-decada-implicados-con-la-memoria-historica


Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

noviembre 16, 2013

El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU concluyó que España seguía ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia

Hoy resolverá el Comité contra la Desaparición Forzada que dictaminará, seguramente, en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre

Javier Chinchón y Lydia Vicente, miembros de Rights International Spain, analizan la postura del Gobierno español que ha cuestionado la competencia de dicho Comité respecto de las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención (23/12/2010)

Javier Chinchón Álvarez / Lydia Vicente Márquez

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

Fotografías de desaparecidos en el franquismo. / Efe

 

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención. 

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/despariciones-Franquismo-obligaciones-internacionales-Espana_0_196680950.html


Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo…

noviembre 16, 2013

El Parlamento aprueba una norma que corrige las deficiencias de la ley de memoria histórica…

El partido en el Gobierno, UPN, se abstiene y el PP vota en contra..

La comunidad creará un banco de ADN para identificar a los desaparecidos…

Madrid 14 NOV 2013

Exhumación en 2007 en el fuerte navarro de San Cristóbal, donde 221 presos republicanos fueron abatidos a tiros al intentar una fuga. Dentro de la botella, un papel recogía el nombre de la víctima. / Aranzadi

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. “No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste”, explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a “dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico” a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique “los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista” en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central “la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público”. El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a “revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo”.

“Buenos y malos”

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma “sigue hablando de buenos y malos”, “algo que todos debemos superar”, ha añadido, tras insistir en que UPN siente “una especial empatía” por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. “Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria”, ha asegurado Eloy Villanueva, “si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua”. Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad “un interés partidista”.

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica “siempre ha sido una prioridad” para los socialistas. Jiménez ha defendido el “espíritu de reconciliación” de la Transición y el especial “esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas”, pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era “una tarea inacabada” que además, se había visto “interrumpida” por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía “asumible y de justicia”.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley “tiene más vigencia que nunca” porque en muchos hogares navarros “sigue supurando la herida” abierta en la Guerra Civil y la dictadura. “Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?”, ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado “la desgarradora realidad de las cunetas” en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba “35 años tarde”, iba a ser “un elemento fundamental para la reconciliación” porque “llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384435414_019665.html


143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura del general Franco

octubre 23, 2013

…22/09/2008…

y a fecha de hoy, 23/10/2013, seguimos sin ser atendidos por el Estado español..

 

http://www.rtve.es/noticias/20080922/garzon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-civil-franquismo/161905.shtml


Martín Villa sobre la querella de crímenes del franquismo: “Secreto de sumario”

octubre 16, 2013
Europa Press, 09-10-2013 – 11 octubre 2013

martin-villa-fascista-webEn la querella Argentina se solicitan órdenes de detención internacional contra él

 MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

QUERELLA INTERPUESTA EN ARGENTINA

“Secreto de sumario”, ha respondido el exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, al ser preguntado por Europa Press sobre la querella interpuesta en Argentina en la que se solicitan órdenes de detención internacional contra él, que fue nombrado ministro tras la muerte del general Franco, así como dos ministros franquistas, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura española.

Así se ha expresado Martín Villa, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el que ha participado como ponente. Martín Villa fue ministro tras la muerte de Franco y miembro de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo para acabar siendo vicepresidente con este último.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute también a los ministros José Utrera Molina –suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los exjueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los exagentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el exescolta Celso Galván Abascal y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

El pasado mes de septiembre, la magistrada argentina María Servini dictó una resolución en la que recogía la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para Muñecas Aguilar, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

DEBATE EN EL SENADO

Precisamente hoy, representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado en el Pleno del Senado que el nuevo Código Penal profundice en el castigo a la apología del franquismo, durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.

Durante la sesión se ha debatido sobre la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-martin-villa-querella-crimenes-franquismo-secreto-sumario-20131009191913.html / A través del Foro por la Memoria


La Memoria Histórica y el día de la marmota.

septiembre 15, 2013

238memoria_historica_e_impunidad

Van pasando los días, meses y años, así hasta sumar los setenta y siete años, un mes y quince días en el que el tiempo se detuvo en el reloj republicano español desde aquel maléfico 18 de julio de 1936 en que un grupo de “salvapatrias” se levantaron en armas y con fuego y sangre impusieron su supremacía fascista ante sus propios hermanos escribiendo así las páginas más negras de nuestra historia hasta nuestros días.

 El tiempo pasa inescrutablemente y las gentes y los paisajes cambian, pero la memoria y el olvido siguen igual. Anclados en el tiempo de la vergüenza y la represión, el tiempo del asesinato impune, de la injusticia impuesta por los símbolos de Dios, la patria y el Caudillo; del exilio y la separación; de las persecuciones y las vejaciones; de los paseos nocturnos y los desaparecidos; de las cunetas, fosas y cementerios esparcidos por toda la tierra de los hijos de la piel de toro; del tiempo del silencio y el miedo; del olvido a la fuerza y la desmemoria histórica. El tiempo de borrar el pasado como si nada hubiera sucedido, como si las vidas no hubieran existido y como si todo aquello estuviese a años luz de las nuestras.

 Pero la realidad es muy diferente pese al tiempo que ha pasado, porque la sangre de aquellos que fueron vencidos sigue derramándose cada día en la memoria de sus predecesores, el dolor pasa de generación en generación, de padres y madres a hijos, y de estos a los suyos y así sucesivamente como la única herencia que pueden dejar aquellos que ya no están. Solo pueden dejarnos la memoria y la dignidad perdida por los que se marcharon, desaparecieron, perdieron todos sus bienes y la libertad o murieron defendiendo la legalidad rojigüalda y morada.

Seguimos levantándonos cada mañana viendo la soga del pasado en nuestro presente con la presencia de las reminiscencias plantadas en el sistema por el franquismo, por el silencio de los gobiernos en democracia que han obviado hacer memoria mirando hacia otro lado y a base de eufemismos, con una cobardía supina que solo es merecedora del desprecio y descrédito que el pueblo siente por unos gobernantes preocupados más por sus sillones y cuentas bancarias que por sus propios electores. Y así llegamos a los capítulos donde cualquier acto que implique el reconocimiento o la reparación del daño causado es cercenado por esos dirigentes zafios y ladinos, cobardes e hipócritas que nos mantienen la memoria anclada en el mismo día que todo empezó. Y nos despertamos una y otra vez en el mismo lugar, como si tratáramos de despertar el día de la marmota para repetir una y otra vez los mismos errores: la injusticia del olvido, la injusticia del derecho y la injusticia de la mentira y la injusticia de la impunidad.

Y así es como los memorialistas revivimos cada día nuestro particular día de la Memoria Histórica y particular día de la marmota, intentando cambiar pequeñas cosas que nos permitan despertar finalmente de la pesadilla del olvido y así podamos de una vez pasar página haciendo justicia y honor a la historia con la verdad completa y no capada por el águila imperial o el yugo y las flechas como nos han recordado estos días. Pasar página para perdonar y sin olvidar nunca lo acontecido continuar con nuestras vidas hacia un futuro diferente sin tener que repetir un día tras otro esos anhelos de “Verdad, justicia y reparación”; para seguir caminando por una España moderna.

 Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A.I. La memoria Viv@

memoria-viva


PP y PSOE impiden el derribo de una cruz franquista en Vigo

septiembre 15, 2013

El PSOE ha reconocido un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz

La cruz del monte vigués de O Castro / LALO R. VILLAR

El BNG se ha quedado soloen su pretensión de demoler la gran cruz del monte vigués de O Castro. El rechazo del PP y la abstención del PSOE han impedido que prosperase en el pleno municipal una moción nacionalista que instaba al Gobierno local a derribar la denominada Cruz de los Caídos, inaugurada por Franco en 1961. Socialistas y populares se han referido a una acuerdo del Ayuntamiento de 1981 en el que se decidió que el monumento representara a todos los caídos en la guerra civil para justificar su rechazo a la iniciativa.

La moción, defendida por la portavoz del BNG, Iolanda Veloso, instaba al gobierno local a eliminar de la ladera del monte de O Castro, enfrente mismo del Ayuntamiento, un símbolo que “no es un monumento religioso ni un homenaje a todos los caídos, sino un emblema fascista”. El BNG pretendía cumplir así la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El concejal del PSOE Carlos López Font ha reivindicado que los socialistas “siempre han estado preocupados por la memoria histórica”, y ha repasado las actuaciones del gobierno local para dar cumplimiento a la citada ley, como la retirada de símbolos de fachadas de edificios institucionales o religiosos. Sin embargo, ha apuntado que “la fijación puede convertir en un símbolo lo que no lo es”, en alusión al acuerdo de 1981. “Hoy, la cruz de O Castro es solo eso, una cruz”, ha sentenciado. En su intervención, Font ha reconocido implícitamente un pacto con el Obispado que incluía el mantenimiento de la cruz en el céntrico monte vigués, en contrapartida por la retirada de los símbolos falangistas de las iglesias. El concejal del PP Roberto Relova, mientras, se ha limitado a precisar que el grupo popular declara “un apoyo total” al acuerdo municipal de 1981.

Veloso ha replicado a PP y PSOE que el acuerdo de junio de 1981 fue un intento de “reescribir la historia”. “Tirar la cruz de O Castro es una cuestión de justicia”, ha reclamado, para lamentar que en Vigo persistan “vestigios” de la dictadura cinco años después de que se promulgara la Ley de Memoria Histórica.

La moción rechazada incluía la eliminación de distintas referencias franquistas del callejero de Vigo y su sustitución por nombres de “personas republicanas luchadoras”. Reclamaba asimismo la colocación de un panel de advertencia próximo a los restos del capitán Carrero, quien en agosto de 1936 mandó el pelotón de ejecución que acabó con la vida del alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, y de otros siete socialistas y republicanos, que indique “que fue un criminal fascista”. Otro de los puntos de la iniciativa, que el BNG ha rechazado votar por separado, como le solicitaba el PSOE, consistía en adherirse al proceso judicial en Argentina contra los delitos de genocidios cometidos por la dictadura franquista.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/09/galicia/1378749871_316642.html


‘De aquellos polvos vienen estos lodos’: los gestos franquistas no sólo son de los ‘cachorros populares’

septiembre 15, 2013

Un alcalde del PP en Ourense presume del ‘Cara al Sol’ en la sintonía de su móvil y tiene en su despacho un retrato de Franco.

El alcalde de Beade, en Ourense, Senén Pousa (PP). EFE/Archivo

Altos cargos del PP han tenido que salir a desligar al partido de los gestos franquistas  de varios dirigentes de Nuevas Generaciones que han circulado por las redes sociales y de los que ELPLURAL.COM se ha hecho eco. Ayer mismo destapábamos el pasado fascista del coordinador General de Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Parejo, que se fotografió en su adolescencia haciendo el saludo nazi. Tras ser descubierto, se justificó hablando de un error de juventud.

Un alcalde con el Cara al Sol
Sin embargo, no se trata sólo de expresiones de esa organización juvenil. Ya se sabe que de aquellos polvos vienen estos lodos. Provienen, también, de personas que ocupan cargos institucionales, como es el caso del alcalde de Beade, en Ourense, Senén Pousa, que presume de tener en su móvil como sintonía principal el Cara al sol y tiene en su despacho un retrato de Franco. La oposición pide su dimisión.

Misas en honor de Franco y retrato del dictador
Anova, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ha criticado en un comunicado los “desmanes fascistas” del alcalde de Beade, a quien acusan de “presumir” de tener “el Cara al sol” como tono de móvil, un hecho que “no se puede permitir”, porque es hacer “apología del fascismo y del dictador”, y ha recordado que a partir del próximo 1 de diciembre podrán ser sancionados los Estados que no penalicen el fascismo.

Anova ha exigido la dimisión de Senén Pousa así como la retirada de subvenciones al Ayuntamiento hasta que no se solvente esta situación y “se respete la Ley de Memoria Histórica” por un alcalde que es “conocido” en la provincia, entre otras cuestiones, por presenciar misas en honor de Franco y tener un retrato del dictador en su despacho.

Xuventudes Socialistas dice que no se puede consentir estos actos en una democracia
Para las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), “en una democracia no se puede consentir que un municipio esté en las manos de un hombre que tiene un retrato de un dictador en su despacho y se jacte de haber dado misas en los aniversarios de su muerte”, apuntan en un comunicado.

BNG pedirá la reprobación de Pousa
En el mismo sentido, el BNG anunció que presentará una iniciativa la próxima semana en el Parlamento de Galicia para pedir la reprobación del alcalde de Baralla y, por extensión, del regidor de Beade, por sus últimas declaraciones. Según la diputada del BNG en la provincia de Ourense, Tereixa Paz, es “lamentable” que se sigan aceptando este tipo de manifestaciones, que representan prácticamente “apología” del régimen franquista.

La diputada de BNG ha mostrado su “sorpresa” por la “permisividad” de la dirección del PPdeG al no condenar este tipo de actitudes que “no son aisladas”, en el seno del partido.

El alcalde dice que es una polémica creada “por unos cuantos”
El alcalde, en cambio, se lo toma con calma y se resite a entrar en la polémica, que, según afirma, ha sido creada “por unos cuantos”.  Senén Pousa ha advertido a los críticos que  él también “podría responder a algunos de forma ofensiva”. En declaraciones a EFE, ha asegurado que no le “preocupa lo que se pueda decir” de él. “Soy dueño de mi vida” y, por tanto, “sé lo que digo y lo que hago”, ha añadido.

http://www.elplural.com/2013/09/13/de-aquellos-polvos-vienen-estos-lodos-los-gestos-franquistas-no-vienen-solo-de-los-cachorros-populares/


Privatización de la memoria histórica

septiembre 15, 2013

El Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) impide a la ARMH la exhumación de una fosa común dentro del cementerio y asigna la tarea a la empresa privada Funespaña

Funespaña remite a las familias una factura de 700 euros para realizar la exhumación sin garantías en la identificación.

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar sin ninguna duda los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar, sin duda alguna, los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

Hace menos de dos años que Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo lleva 74 años enterrado en una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del Rey, en Madrid. Cuando tenía 17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su pueblo de Miguelturra en Ciudad Real para defender la República. Y poco más supieron de él. Se integró en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue disuelta en varias brigadas y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama en el frente de Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.

“Mi padre y mi madre me cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió llorando pensando dónde estaría su hijo”. Ese recuerdo es el que empuja a Carmelo y a su padre Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a Miguelturra. 74 años después.

Lo que no esperaban los familiares de dos de los tres hombres enterrados en la fosa bajo ninguna lápida ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar son los dos restantes– es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 727,62 euros y una advertencia de que su empresa “no puede garantizarle que los restos exhumados sean realmente los de su familiar”.

Cuando Carmelo recibió esta notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de Arganda ya había desestimado en dos ocasiones la intervención de los arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con pruebas de ADN.

Carmelo se había decidido a contactar con esta asociación después de casi un año de silencio administrativo del Ayuntamiento argandés desde el inicio de los trámites a comienzos de 2012. Ya en 2013, y tras la incorporación de la ARMH al proceso, el Consistorio autorizó la exhumación pero indicó que sería Funespaña, la empresa más potente de nuestro país en servicios funerarios, recientemente absorbida por Mapfre, quien procedería a ella.

La asociación que preside Emilio Silva solicitó hasta en tres ocasiones encargarse de la exhumación, avalando su actuación con un informe de intervención adaptado a los protocolos internacionales, sin coste para el Ayuntamiento ni las familias. La última negativa la recibieron a finales de junio. En ella, el servicio de letrados del Ayuntamiento, gobernado por el PP, expone los siguientes motivos: “Consta hoja del Libro de Enterramientos en el que están perfectamente identificados la fila y la sepultura donde se encuentran los cuerpos en el Antiguo Cementerio Municipal de Arganda del Rey. Por lo que no se trata de una fosa común, sino de un enterramiento regular en un cementerio público”.

En una carta de respuesta, la ARMH replica que, según Naciones Unidas, una fosa común es aquella que tiene más de un cuerpo. Y en esta se encuentran tres. El único dato que aporta el Libro de Enterramiento es el orden en el que fueron arrojados los cuerpos. Se desconoce si fueron enterrados en féretro o si se encuentran o no en contacto directo los tres inhumados.

El siguiente motivo por el que el servicio jurídico del Ayuntamiento deja fuera a la asociación memorialista es que “la muerte se produjo en el frente de Arganda durante la denominada Batalla del Jarama. Es notorio que dicha batalla, al margen de otras consideraciones políticas enfrentó a dos ejércitos regulares, por lo que está excluido los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su actuación. A saber, que se tratara el enterramiento de una fosa común, con cuerpos no identificados, y se tratara de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o por represión política con posterioridad a la misma”.

“Ponen en duda la violencia de la muerte de tres soldados. ¿Les parece poco violento desaparecer en medio de una guerra a 200 kilómetros del hogar y que tu familia desconozca tu paradero hasta hace dos años?”, contesta la asociación.

Marco A. González, vicepresidente de la ARMH, recuerda además que para dictaminar si hubo o no una muerte violenta se necesita la intervención de un antropólogo forense durante la exhumación, así como el análisis posterior de los restos cadavéricos. “¿Garantiza Funespaña las medidas de cadena de custodia y de correcta extracción de las evidencias para su análisis? ¿Se van a preocupar de localizar los posibles proyectiles de arma de fuego que acrediten que se trata de una muerte violenta?”, sigue preguntando la Asociación, sin conseguir respuestas. Tampoco eldiario.es, a la hora de publicar este artículo, ha conseguido contestación a estas cuestiones de Pilar Penalva, responsable de Funespaña en el Corredor del Henares.

“Para exhumar una fosa se necesita emplear una metodología arqueológica, pero exhumar no es simplemente excavar la fosa” escribe el prestigioso médico forense Francisco Exteberria en Diccionario de memoria histórica. “La exhumación no es sino una parte del proceso analítico que comienza en los archivos, sigue con los testimonios y finaliza en uno o varios laboratorios para, posteriormente, establecer los actos de reconocimiento público e institucional que sean pertinentes”.

La historiadora Queralt Solé, que ha estudiado las fosas comunes de la Guerra Civil, coincide con Etxebarria al analizar el caso de Arganda: “La recuperación moral no va a suceder” tal y como el Ayuntamiento está planeando hacer la exhumación. Solé ve “absolutamente fuera de lugar” la resolución del Ayuntamiento que interpreta debe de estar hecha “desde el desconocimiento del trayecto de la Ley de Memoria Histórica en estos años”. Respecto a la ARMH, Solé entiende que “están legitimados para intervenir porque las familias están pidiendo una exhumación técnica y les están negando este derecho”.

Desde el punto de vista jurídico coincide con la historiadora el profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III José María Sauca Cano, quien manifiesta “cierta sorpresa por una resolución tan restrictiva”. El artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica favorece la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas. “La Guerra Civil está incluida y un fallecimiento en el campo de batalla sigue siendo una desaparición violenta“, responde Sauca a las objeciones del Ayuntamiento de Arganda que pretenden dejar fuera la trinchera de la Batalla del Jarama como lugar de reparación de la memoria. Y, respecto a la identificación de los combatientes, “no se hizo entrega de los restos a los familiares y, por demás, parece que éstos no tuvieron noticia del lugar del enterramiento hasta fechas recientes. El hecho de que la Administración registrase la identidad de los fallecidos no resulta relevante. El dato es que sus familiares, que son quienes detentan el derecho a la memoria histórica, no lo conocían”.

En entrevista telefónica con eldiario.es, la concejala delegada de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable de Arganda, María Fernández Rufo, insiste en que al tratarse de “personas identificadas en un registro” el Ayuntamiento estaría “incumpliendo la Ley” si dejara hacer la intervención a la ARMH. “La Ley contempla los restos no identificados o los desaparecidos y estas personas están totalmente identificados con fila, sepultura, nombre, apellidos y edad”, recalca la concejala, que quiere dejar claro que “a la familia no se le niega el apoyo ni se les ha obviado” y que si los familiares quieren una identificación de los restos tras hacer la exhumación, es necesario que pidan una orden judicial.

Sobre la pertinencia o no de la intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el abogado consultado indica que no le cabe duda de que “las consideraciones del artículo 11.1 de la Ley le resultan aplicables”. “Luchar contra las voluntades es muy difícil”, valora Francisco Etxebarria. “En este caso, la voluntad del Ayuntamiento es no dar el permiso. Y con eso está todo dicho”. Si finalmente se realiza, esta fosa de Arganda del Rey sería la primera exhumación técnica realizada en la Comunidad de Madrid de víctimas de la Guerra Civil. Quizá por eso y en opinión del vicepresidente de la ARMH, los responsables políticos querían “una exhumación blanca, sin ruidos”.

Para el profesor Sauca Cano, “las equiparaciones entre ejércitos regulares, necesidad de fosa común, cuerpos no identificados, etcétera, son consideraciones de mayor o menor pertinencia de conformidad con las leyes de la guerra pero fuera del ámbito de la llamada Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, esta Ley reconoce un derecho a las víctimas y/o sus familiares precisamente para ese tipo de casos“.

http://www.eldiario.es/sociedad/Privatizacion-memoria-historica_0_173933464.html


Cuelgan un cartel de ‘Avinguda de la República’ frente a los juzgados de Palma

abril 21, 2013

Grupos de memoria histórica reclaman que se cambie el nombre de la vía,  Avenida de Alemania, por ser un país que apoyó a Franco.

EUROPA PRESSPalma de Mallorca12/04/2013

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.

Cartel colgado en la avenida Alemania de Palma de Mallorca, a la altura de los Juzgados.E.P.

Representantes de la Asociació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” como forma de reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

“Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república“, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

 http://www.publico.es/453556

Nacional MDM Y UCXR REIVINDICARÁN LA REPÚBLICA EL PRÓXIMO DOMINGO EN CORT AMP.- Cuelgan un cartel de “Avinguda de la República” en la Avenida Alemania de Palma a la altura de los Juzgados

Foto: EUROPA PRESS PALMA DE MALLORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Associació Memòria de Mallorca (MdM) y la Unitat Cívica per la República (UCXR) han colgado este viernes una placa en la avenida Alemania de Palma, a la altura de los Juzgados, en la que puede leerse “Avinguda de la República” para reclamar que se elimine de la vía el nombre de Alemania, “uno de los países fascistas a los que Franco apoyó durante la Segunda Guerra Mundial”.

   La presidenta de MdM, Antònia Oliver, ha recordado que el 12 de abril de 1931 los ciudadanos de Mallorca participaron en unas elecciones municipales que supusieron, dos días después, la proclamación de la II República “de manera democrática y pacífica”, por lo que el próximo domingo, 14 de abril, conmemorarán ese día.

   “Más que conmemorar reivindicamos la forma de gobierno de la república”, ha concretado Oliver, que ha anunciado que el próximo domingo su asociación, junto a UCXR, ha programado un acto a las 12.00 horas en la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto, al que se han suscrito partidos políticos y entidades sociales, y realizarán conciertos.

   En opinión de estas asociaciones la legalidad republicana sigue vigente, puesto que durante el pacto de la Constitución se legalizaron partidos políticos y la República, “que era legal, no se legalizó”.

   “La República fue asesinada y no fue derrocada por las urnas, sino con la fuerza de las armas”, ha criticado Oliver, que ha apuntado que estas asociaciones de Mallorca, y otras, reivindican los valores que ésta representaba, están en contra de todas las dictaduras que repriman a sus ciudadanos y apoyan a las víctimas del franquismo.

   La presidenta de MdM ha indicado que el motivo por el que han congregado a los medios frente a los Juzgados de Vía Alemania es que fueron estos Tribunales los que “negaron la exhumación de una fosa común en Calvià” y debido a que “aquí tendría que venir a declarar cualquier persona que presente indicios de haber podido cometer un delito”.

   En ese sentido, Oliver ha celebrado la imputación de la infanta Cristina y se ha mostrado sorprendida por el “hecho insólito” de que el fiscal se haya opuesto a esta imputación, ya que le “hace pensar que la justicia no es igual para todos” y se mantienen “los impuestos franquistas”.

   La presidenta de MdM ha señalado que, haciéndose eco de las peticiones de sus asociados, rechaza la monarquía borbónica, “que surgió directamente de la dictadura” y que a su parecer “ha potenciado que las estructuras de poder dictatoriales pasaran después a la democracia”.

   “En la actualidad nos encontramos con que, si ya fueron impunes los crímenes contra la humanidad franquistas, también lo es la corrupción, que está saliendo por todo porque se ha asentado durante los últimos treinta años”, ha manifestado Oliver.

   Por último, la presidenta de la Associació Memòria de Mallorca ha destacado que el próximo domingo no solo se abogará por “el recuerdo nostálgico de la República y por el homenaje a las victimas, sino que reclamarán justicia”.


La memoria de la Guerra en un frasco

marzo 30, 2013

Vídeo y foto: Rodrigo Terrasa (pinchar en el enlace)

  • 72 años después de su fusilamiento identifican el cadáver de José Celda
  • Fue ejecutado tras la Guerra y enterrado en una fosa común en Paterna
  • Esta semana las pruebas de ADN confirmaron la identidad de cuatro cuerpos
  • Todos ellos escondían en el ataúd unas botellas con su nombre en el interior
  • La hija de Celda fue la última persona que logró ayudas para la exhumación

Rodrigo Terrasa | Valencia

Actualizado sábado 30/03/2013 05:05 horas

Celda era un hombre alto. Tan alto que el día que lo fusilaron las balas le atravesaron el pecho y no la cabeza como a sus compañeros de paredón. Celda medía 1.82 cuando España era más canija que nunca, tenía el pelo grueso como hilos de alpargata, y los ojos verdes como su hija pequeña. El día que lo mataron tenía 45 años y la guerra ya había acabado.

Celda era agricultor, afiliado a Izquierda Republicana, y lo detuvieron cuando volvía con su hija de segar arroz en Canals acusado de varios asesinatos cometidos en Massamagrell, a unos 100 kilómetros de distancia. Lo juzgaron en minutos, lo condenaron a pena de muerte, pasó 11 meses en prisión y fue fusilado junto a la tapia trasera del cementerio de Paterna, en Valencia, el 14 de septiembre de 1940. Cuando lo indultaron llevaba tres años muerto. Su cadáver, junto a los de sus compañeros de muro, quedó atrapado en una fosa común. 72 años largos. Hasta hoy.

En el hoyo donde a José Celda le dieron el tiro de gracia hay ahora ‘briks’ de leche, teles rotas y juguetes viejos. La explanada donde fusilaron a más de 2.000 personas a finales de los años 30 es ahora un descampado donde los vecinos de Paterna tiran la basura porque el alcalde cerró el ecoparque el año pasado. Los algarrobos de entonces son ahora pinos.

Dentro del cementerio, la fosa está destripada. Hay una bandera republicana descolorida anudada en una de las vallas que acotan el hoyo en el que el pasado mes de septiembre comenzó la exhumación de los restos de los ejecutados tras la Guerra Civil. Este martes sus familiares supieron seis meses después que las pruebas de ADN confirmaban la identidad de José Celda Beneyto, Ramón Gandia Belda y Francisco Fenollosa Soriano. También de Manuel Gimeno Ballester, cuyo cuerpo nadie ha reclamado hasta ahora.

La lucha de su hija

Josefa Celda es alta y tiene los ojos verdes como su padre. Tiene 81 años ahora y tenía 8 cuando detuvieron a su madre por coser ropa para los soldados del Frente y cuando mataron a su padre “por defender la democracia”. Su memoria es histórica: “Los juicios de entonces no eran juicios legales. A mi padre lo detuvieron y estuvo 11 meses con la pena de muerte. Tenía el pelo negro y en ocho días se le hizo blanco“.

‘La víspera de fusilarlo mi tía me pidió que no llorara delante de mi padre. Nunca más he podido volver a llorar’

Un día antes de que lo fusilaran, la hermana de su padre llevó a Josefa a la Cárcel Modelo de Valencia. “Muchas veces no me dejaban entrar, porque no tenía edad. Si el centinela era malo, me decía: ‘Esta niña, atrás’ y me tiraba al bancal y allí me quedaba llorando. Me ponían vestidos de más mayor y eso que yo era alta…”. Aquella víspera de septiembre del 40 le dejaron pasar. “Mi tía me dijo: ‘Vas a ver a tu padre por última vez, pero delante de él que no te caiga una lágrima’. Nada más entrar mi padre se coge a la reja y me dice: ‘Hija, con las ganas que tiene el padre de abrazarte y con las ganas se va a quedar…’. A mí se me cogió una cosa en la garganta al tragarme las lágrimas que nunca más he podido volver a llorar“.

El día que mataron a José Celda, su hermana y su sobrino, se subieron a una garrofera para ver cómo lo ejecutaban. “Si los pillan, los fusilan”, dice hoy Josefa. “Había una zanja muy honda con una escalera a cada lado, arriba del paredón había piedras donde ponían a los hombres, caían detrás, allí les daban el tiro de gracia y con las camionetas los cargaban como corderos, unos encima de otros, para tirarlos a las fosas”.

[foto de la noticia]

El forense: ‘Las viudas dejaron un mandato dentro de las botellas, ‘sacadlos de aquí’. Y eso hemos hecho’

La tía Pura esperó aquella tarde hasta que mataron a Celda. Luego buscó al enterrador. Se llamaba Leoncio Badía Navarro, era republicano y lo condenaron a ser sepulturero. Pura le dio cinco duros y le pidió que enterrara a su hermano lo más arriba posible como si pudiera imaginar entonces que su ubicación sería fundamental algún día. Leoncio le dejó además cortarle un mechón de pelo a Celda que 70 años después ha sido definitivo para cotejar su ADN. El enterrador arregló el cadáver y lo introdujo en un ataúd. Detrás de su cabeza escondió una pequeña botella y dentro un papel donde estaba escrito su nombre: “José Celda Beneyto, 14 de septiembre de 1940, Massamagrell”. Otros 11 cadáveres recuperados junto al de Celda también tenían su botella.

Manuel Polo Cerdà es médico especialista en Antropología Forense y miembro del equipo que llevó a cabo las exhumaciones en Paterna. Dicen que nunca encontraron unos cadáveres mejor presentados que los que dejó Leoncio. “Haber descubierto las botellas con sus nombres es uno de los puntos más importantes de este caso. Deja de relieve el mandato que doce viudas introdujeron en cada una de las botellas, un mandato destinado a las generaciones futuras. Dentro de su dolor había sitio para una esperanza: ‘Sacadlos de aquí’. Y eso hemos hecho hasta donde hemos podido”.

La hija de Celda conserva ahora la botella con el nombre de su padre, un mechón envuelto en papel de seda envejecido y una carta que su padre escribió en prisión y vivió escondida en la orilla de su pantalón. “Ocho días después de estar enterrado la encontró mi tía. Nos decía que lo mataban inocente, que fuéramos con la cara bien alta porque no había hecho mal a nadie y que no lo olvidáramos”.

Josefa Celda fue la última persona en toda España que consiguió una de las subvenciones económicas que otorgaba el Ministerio de la Presidencia para financiar las exhumaciones de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica. A ella se la concedieron en noviembre de 2011, cuando el Gobierno de Zapatero estaba ya en funciones. Para ella, desde entonces, todo ha sido “un milagro”. En marzo de 2012, Rajoy cortó las ayudas como había prometido en campaña electoral: “Ni un euro público más para las fosas de la guerra”, anunció.

El próximo 13 de abril, se celebrará un homenaje a los fusilados en la que fue su localidad natal, Massamagrell, y el 14 de abril se volverán a enterrar en Paterna los restos de los ocho cuerpos que no han sido identificados. Los restos de José Celda descansarán con los de su esposa Manuela.

Su hija ha cumplido: “Para mí esto no es una represalia. Lo de mi padre sí que fue una represalia porque mi padre no muere en la Guerra, murió cuando ya había acabado. Nosotros no queremos venganza, no queremos nada. Sólo queremos llevar a mi padre al lado de mi madre y cuando queramos, llevarle un ramo de flores. No pedimos otra cosa, darle una sepultura digna. Él nos dijo que no le olvidáramos y si está en algún sitio viéndome, se dará cuenta de que su hija no lo ha olvidado”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/29/valencia/1364558635.html

 


Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 


Los (discutidos) nobles de Franco…

diciembre 29, 2012

El dictador nombró duques, marqueses, condes y barones

Los titulares tropiezan ahora con dificultades para ser reconocidos como los demás aristócratas

 

Una breve nota en el BOE, cuya lectura, normalmente, no levanta pasiones, provocó este mes un duro comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Se trataba de una orden ministerial con la que se daba luz verde a la sucesión del marqués de Dávila, título con el que el anterior jefe del Estado recompensó en 1949 a Fidel Dávila, uno de los militares que le secundaron en la sublevación que dio inicio a la Guerra Civil en 1936. “Un acto reprochable desde cualquier punto de vista democrático, además de una forma de maltrato por parte del Estado hacia las víctimas de la dictadura”, clamó la ARMH.

Era el sexto título de nobleza, de los creados por Francisco Franco,cuya sucesión tramitaba Alberto Ruiz Gallardón desde que se hizo cargo del Departamento de Justicia, hace un año. Cuatro de los expedientes llevaban guardados en un cajón varios años, paralizados por su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, ante las protestas de los sectores que los consideran símbolos del franquismo, condenados a desaparecer por la Ley de Memoria Histórica de finales de 2007.

Las tramitaciones congeladas eran, además de la renovación de una grandeza de España, las del duque de Mola, concedida por Franco al general Emilio Mola en 1948 (el ministro Mariano Fernández Bermejo llegó a firmar la orden previa, pero no se le expidió carta de sucesión); la del conde de El Abra, título con el que fue recompensado el empresario Alfonso Churruca Calbetón en 1969, y, sobre todo, la del marqués de Queipo de Llano, solicitada por Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del militar más denostado del bando nacional, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que lo recibió en 1950. Ya con menor polémica, Gallardón ha tramitado este año la sucesión del conde de Pallasar, creado también por Franco.

El Ministerio de Justicia alega que no ha hecho más que cumplir la ley. “Consultamos a los técnicos del Ministerio y a la Abogacía del Estado, que hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo. “Todos los Gobiernos de la Transición las han tramitado sin problemas”, añade.

“Los técnicos llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo

Ha pasado sin la menor oposición, en cambio, en 2011 la sucesión del conde de Fenosa, otro título concedido por Franco, pero que, debido a la modificación de la cabeza de línea, aprobada por el rey Juan Carlos I en 2001, ha pasado a engrosar los títulos creados por el Rey. No ha tenido la misma suerte el marqués de Queipo de Llano, pese a que el título, poco apreciado por el militar que lo recibió, quedó en desuso y fue rehabilitado en 1981. La iniciativa partió de su hijo, Gonzalo Queipo de Llano Martí, y se la concedió el rey Juan Carlos.

Más allá de la polémica política, sorprende que el dictador se atribuyera la capacidad de crear aristócratas, una prerrogativa asociada a los reyes. Aunque “la concesión de títulos nobiliarios es inherente al ejercicio de potestades soberanas”, explica un portavoz de la Diputación de la Grandeza, organismo experto en nobleza que asesora al Ministerio de Justicia. Y Franco ejerció durante casi 40 años esas potestades.

Una vez aprobada la ley de sucesión que definía a España como reino, el dictador hizo uso de esa potestad con notable frecuencia. Entre 1948 y 1974, un año antes de su muerte, concedió 40 títulos nobiliarios. Dieciséis fueron para militares que le secundaron en la cruzada. Las primeras dignidades, del 18 de julio de 1948, recompensaron a título póstumo a José Antonio Primo de Rivera (duque de Primo de Rivera); José Calvo Sotelo, político asesinado en vísperas de la Guerra Civil (duque de Calvo Sotelo), y Emilio Mola y Vidal (duque de Mola), además de una cuarta para el capitán general José Moscardó Ituarte, convertido en conde del Alcázar de Toledo. Más tarde les llegaría el turno a otros colaboradores en la guerra. El dictador reconoció también cerca de 200 títulos carlistas como recompensa por el apoyo del carlismo a lacruzada. Uno de ellos, el de vizconde de Barrionuevo, lo rehabilitó en 1982 el padre del exministro del Interior socialista José Barrionuevo, y la titular es ahora su hermana, Matilde Barrionuevo Peña.

Antes que Franco, Napoleón otorgó unos 3.000 títulos nobiliarios en Francia. Y en España, señala la Diputación de la Grandeza, “durante la ocupación francesa, en 1808, la Junta de Extremadura concedió el primer título no otorgado por el rey”. Más adelante, el general Serrano, regente entre 1868 y 1870; el Consejo de Regencia de España e Indias (1810-1814), y el general Espartero, regente entre 1840 y 1843, harían lo propio.

Regencias breves, nada comparables a los más de 37 años de franquismo. Un régimen asentado sobre los escombros de una guerra que dejó centenares de miles de muertos, algunos de los cuales (113.000 según la ARMH) siguen enterrados en fosas comunes. “Son títulos que tienen un matiz desagradable, es cierto”, dice Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y uno de los máximos expertos españoles en títulos nobiliarios. “La guerra está todavía muy reciente en la memoria de la gente. Los generales de Franco son vistos además como advenedizos por los nobles antiguos”.

Pero el tiempo cicatriza las heridas y proporciona una pátina de honorabilidad a todas las cosas. “La nobleza ha sido capaz de crear una conciencia de eternidad, como si esos títulos fueran la recompensa de grandes y nobles gestos, cuando no siempre ha sido así”, añade Soria. “Si uno estudia la genealogía de los grandes apellidos de la nobleza española, los Álvarez de Toledo o los Fernández de Córdoba, por poner un ejemplo, se encuentra con que son grupos de vencedores que apoyaron al bando correcto en grandes contiendas sucesorias. Pero esos mismos nobles, en su tiempo, eran advenedizos para la vieja nobleza de Castilla y León que estaba desapareciendo”.

Por no hablar de la relación entre nobleza y finanzas. “Noventa y uno de los 318 títulos nobiliarios que Felipe V otorgó en Castilla, Navarra y Aragón fueron venales, es decir, se entregaron a cambio de dinero”, dice María del Mar Felices, investigadora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Almería, que ha realizado un trabajo sobre el tema. Su adversario, el archiduque Carlos de Austria, creó más de un centenar de nobles también para recompensar a sus sostenedores, que Felipe V convalidó. Era el mejor modo de congraciarse con los que le habían combatido.

http://elpais.com/elpais/2012/12/28/gente/1356714563_151916.html


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