Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 


Los (discutidos) nobles de Franco…

diciembre 29, 2012

El dictador nombró duques, marqueses, condes y barones

Los titulares tropiezan ahora con dificultades para ser reconocidos como los demás aristócratas

 

Una breve nota en el BOE, cuya lectura, normalmente, no levanta pasiones, provocó este mes un duro comunicado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Se trataba de una orden ministerial con la que se daba luz verde a la sucesión del marqués de Dávila, título con el que el anterior jefe del Estado recompensó en 1949 a Fidel Dávila, uno de los militares que le secundaron en la sublevación que dio inicio a la Guerra Civil en 1936. “Un acto reprochable desde cualquier punto de vista democrático, además de una forma de maltrato por parte del Estado hacia las víctimas de la dictadura”, clamó la ARMH.

Era el sexto título de nobleza, de los creados por Francisco Franco,cuya sucesión tramitaba Alberto Ruiz Gallardón desde que se hizo cargo del Departamento de Justicia, hace un año. Cuatro de los expedientes llevaban guardados en un cajón varios años, paralizados por su antecesor, el socialista Francisco Caamaño, ante las protestas de los sectores que los consideran símbolos del franquismo, condenados a desaparecer por la Ley de Memoria Histórica de finales de 2007.

Las tramitaciones congeladas eran, además de la renovación de una grandeza de España, las del duque de Mola, concedida por Franco al general Emilio Mola en 1948 (el ministro Mariano Fernández Bermejo llegó a firmar la orden previa, pero no se le expidió carta de sucesión); la del conde de El Abra, título con el que fue recompensado el empresario Alfonso Churruca Calbetón en 1969, y, sobre todo, la del marqués de Queipo de Llano, solicitada por Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del militar más denostado del bando nacional, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que lo recibió en 1950. Ya con menor polémica, Gallardón ha tramitado este año la sucesión del conde de Pallasar, creado también por Franco.

El Ministerio de Justicia alega que no ha hecho más que cumplir la ley. “Consultamos a los técnicos del Ministerio y a la Abogacía del Estado, que hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo. “Todos los Gobiernos de la Transición las han tramitado sin problemas”, añade.

“Los técnicos llegaron a la conclusión de que no había base jurídica para paralizar esas sucesiones”, explica el subsecretario de Justicia responsable de la materia, Juan Bravo

Ha pasado sin la menor oposición, en cambio, en 2011 la sucesión del conde de Fenosa, otro título concedido por Franco, pero que, debido a la modificación de la cabeza de línea, aprobada por el rey Juan Carlos I en 2001, ha pasado a engrosar los títulos creados por el Rey. No ha tenido la misma suerte el marqués de Queipo de Llano, pese a que el título, poco apreciado por el militar que lo recibió, quedó en desuso y fue rehabilitado en 1981. La iniciativa partió de su hijo, Gonzalo Queipo de Llano Martí, y se la concedió el rey Juan Carlos.

Más allá de la polémica política, sorprende que el dictador se atribuyera la capacidad de crear aristócratas, una prerrogativa asociada a los reyes. Aunque “la concesión de títulos nobiliarios es inherente al ejercicio de potestades soberanas”, explica un portavoz de la Diputación de la Grandeza, organismo experto en nobleza que asesora al Ministerio de Justicia. Y Franco ejerció durante casi 40 años esas potestades.

Una vez aprobada la ley de sucesión que definía a España como reino, el dictador hizo uso de esa potestad con notable frecuencia. Entre 1948 y 1974, un año antes de su muerte, concedió 40 títulos nobiliarios. Dieciséis fueron para militares que le secundaron en la cruzada. Las primeras dignidades, del 18 de julio de 1948, recompensaron a título póstumo a José Antonio Primo de Rivera (duque de Primo de Rivera); José Calvo Sotelo, político asesinado en vísperas de la Guerra Civil (duque de Calvo Sotelo), y Emilio Mola y Vidal (duque de Mola), además de una cuarta para el capitán general José Moscardó Ituarte, convertido en conde del Alcázar de Toledo. Más tarde les llegaría el turno a otros colaboradores en la guerra. El dictador reconoció también cerca de 200 títulos carlistas como recompensa por el apoyo del carlismo a lacruzada. Uno de ellos, el de vizconde de Barrionuevo, lo rehabilitó en 1982 el padre del exministro del Interior socialista José Barrionuevo, y la titular es ahora su hermana, Matilde Barrionuevo Peña.

Antes que Franco, Napoleón otorgó unos 3.000 títulos nobiliarios en Francia. Y en España, señala la Diputación de la Grandeza, “durante la ocupación francesa, en 1808, la Junta de Extremadura concedió el primer título no otorgado por el rey”. Más adelante, el general Serrano, regente entre 1868 y 1870; el Consejo de Regencia de España e Indias (1810-1814), y el general Espartero, regente entre 1840 y 1843, harían lo propio.

Regencias breves, nada comparables a los más de 37 años de franquismo. Un régimen asentado sobre los escombros de una guerra que dejó centenares de miles de muertos, algunos de los cuales (113.000 según la ARMH) siguen enterrados en fosas comunes. “Son títulos que tienen un matiz desagradable, es cierto”, dice Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y uno de los máximos expertos españoles en títulos nobiliarios. “La guerra está todavía muy reciente en la memoria de la gente. Los generales de Franco son vistos además como advenedizos por los nobles antiguos”.

Pero el tiempo cicatriza las heridas y proporciona una pátina de honorabilidad a todas las cosas. “La nobleza ha sido capaz de crear una conciencia de eternidad, como si esos títulos fueran la recompensa de grandes y nobles gestos, cuando no siempre ha sido así”, añade Soria. “Si uno estudia la genealogía de los grandes apellidos de la nobleza española, los Álvarez de Toledo o los Fernández de Córdoba, por poner un ejemplo, se encuentra con que son grupos de vencedores que apoyaron al bando correcto en grandes contiendas sucesorias. Pero esos mismos nobles, en su tiempo, eran advenedizos para la vieja nobleza de Castilla y León que estaba desapareciendo”.

Por no hablar de la relación entre nobleza y finanzas. “Noventa y uno de los 318 títulos nobiliarios que Felipe V otorgó en Castilla, Navarra y Aragón fueron venales, es decir, se entregaron a cambio de dinero”, dice María del Mar Felices, investigadora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Almería, que ha realizado un trabajo sobre el tema. Su adversario, el archiduque Carlos de Austria, creó más de un centenar de nobles también para recompensar a sus sostenedores, que Felipe V convalidó. Era el mejor modo de congraciarse con los que le habían combatido.

http://elpais.com/elpais/2012/12/28/gente/1356714563_151916.html


Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia…

octubre 25, 2012
Los concejales del PP exige informes al PSOE, caso por caso, y alegan un “enorme gasto para los vecinos” ante lo que consideran contrario al espíritu de la transición.
Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia.
Rita Barberá no quitará la medalla a Franco ni suprimirá honores y calles de franquistas en Valencia
Retablo de José Bellver (1942) que preside el altar mayor en la Iglesia del Carmen de Valencia. A la derecha el autor reflejó la corte celestial. A la izquierda el poder terrenal, Jaime I, reyes, emperadores y, arrodillado en primera fila con su capa verde, Francisco Franco.
A. DEL CAMPO | 23/octubre/2012
Franco seguirá ostentando la medalla de honor de Valencia junto a falangistas, miembros de acción católica, mártires de la cruzada, familiares e incondicionales del dictador que también continuarán dando nombre a diversas calles de la ciudad. La moción presentada ayer ante la Comisión de Cultura por el grupo municipal socialista que pretendía su eliminación, fue contrarrestada por otra moción del grupo popular negando la mayor. Saldría muy caro para los vecinos, dicen los de Rita, que exigen que se aporten informes históricos y jurídicos caso por caso para demostrar que la actuación de las personas referidas son contrarias a la Ley de Memoria Histórica. “Rita Barberá quiere a Valencia anclada en el franquismo”, declaró a ELPLURAL.COM Matías Alonso del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia.

“Lo han hecho para ganar tiempo, ha sido una treta”, manifestaba Matías Alonso del GRMHV autor de la solicitud de retirada de honores y nombres de calles de aquellos cuya actuación fuera contraria a la Ley de Memoria Histórica. “No tuvieron más remedio que acatar la sentencia judicial de retirar el título de hijo adoptivo a Franco, pero hasta ahí podíamos llegar. Ahora, si cualquier ciudadano plantea el cambio de un nombre por motivo de ilegalidad, tiene que gastarse el dinero y documentarlo con historiadores y juristas”.

Cumplir con la Ley
Los concejales socialistas del Ayuntamiento valenciano llevaron ayer a la Comisión de Cultura municipal una petición del Grupo de recuperación para la memoria histórica de Valencia planteándolo como propuesta de acuerdo en estos términos: “Para cumplir con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se dejen sin efecto, los nombramientos referidos en el Cuadro de Honores del Ayuntamiento de Valencia: Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos, Medallas de Oro, Medallas de Plata y Concejales Honorarios del anexo I. Para cumplir con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se cambien los nombres de calles referidas en el documento anexo II”. (Vea aquí relación de nombres presentados por el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia).

Retirar menciones de la sublevación y la represión
La propuesta se argumentaba así: “La Ley 52/2007 dice textualmente, en el punto 1 de su artículo 15, que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, por “absoluto respeto a la ley”, en palabras del vicealcalde Alfonso Grau, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia del pasado 28 de septiembre de 2012 aprobó una moción por la cual cualquier grupo político o miembro del consistorio, cuando se detecte la presencia en la ciudad de algún símbolo que atente contra la Ley 52/2007, se traslade a la Comisión de Cultura y Educación para que esta tome un acuerdo para que se cumpla la referida ley”.

La moción popular
Frente a esta propuesta de acuerdo, el grupo popular presentó otra moción en la que planteaba “en aras a conseguir un mayor rigor histórico, que siempre debe estar presente en la adopción de los acuerdos municipales se considera procedente que en orden a ejecutar el acuerdo pleno de 28 de septiembre de 2012, de cumplimiento de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, se aporten al expediente que se instruya los estudios y dictámenes previos, caso por caso, en aras a garantizar al máximo el principio de seguridad jurídica”.

El PP “coherente con el espíritu de la transición”
Sobre el cambio de nombre de calles ahora ligadas a personas pertenecientes al régimen franquista añade la moción popular la necesidad de habilitar crédito. De ahí, el Partido Popular salta a otro tema “este equipo de Gobierno Municipal es coherente con el espíritu de la Transición, en el que todas las partes implicadas aprobaron una Constitución, que resolvía las diferencias y que enterraba las heridas producidas, y que en modo alguno queremos resucitarlas, y tiempo ha habido desde la primera etapa de los ayuntamientos democráticos en abril de 1979, con gobiernos socialistas y comunistas para haber llevado a efecto tales acuerdos y que en ningún caso se plantearon, haciéndolo ahora, en estos momentos, sin ningún rigor histórico y sin aportar la más mínima documentación acreditativa que lo sustente…”

Que el grupo proponente pague la documentación
Después la moción alternativa retrocede al asunto económico de nuevo, “la decisión municipal debe ser ponderada en razón de los intereses generales, por cuanto se estaría afectando a un gran número de ciudadanos (viviendas y comercios) que tendrían la obligación de modificar la totalidad de su documentación personal y comercial (dirección postal, bancaria, etc…) Por lo que concluyen “se aporten a los respectivos expedientes individualizados que se instruyan… los pertinentes informes históricos y jurídicos de Instituciones oficiales y personas con la suficiente relevancia y rigor objetivo, y que se determinen con absoluta claridad e independencia, indicando el artículo de la mencionada Ley en que encaja el supuesto planteado, correspondiendo ello al Grupo proponente…”

Demostrar que Franco era anticonstitucional
“Es decir, que hay que demostrar con informes de expertos a concejales que han jurado la Constitución que Franco era anticonstitucional”, señalaba a este diario Matías Alonso. En cuanto al tema económico, aclaraba “cambiar las placas de unas calles no es un gasto extremado, pero lo que demuestra la tibieza del argumento económico es lo referido al cuadro de honores: No estamos hablando de una enorme placa de mármol con letras impresas, sino de una relación de personas. ¿Cuánto cuesta que un funcionario borre en un listado de ordenador una serie de nombres? ¿Es ese un gasto impactante para el erario municipal?”

“Rita quiere a Valencia anclada en el franquismo”
El Grupo de recuperación de la memoria histórica de Valencia piensa seguir adelante solicitando dictámenes de expertos en derecho e historiadores. “Ya veremos si también lo discuten a los especialistas que documenten estos temas, que todo es posible”, ironizaba Alonso. “Es crucial que los ciudadanos sepas que Rita Barberá, su alcaldesa,  se empeña en mantener lo que debía ser el orgullo de la ciudad, el cuadro de honores, anclado en el franquismo, como pretende que siga Valencia”.

http://www.elplural.com/2012/10/23/rita-barbera-no-quitara-la-medalla-a-franco-ni-suprimira-honores-y-calles-de-franquistas-en-valencia/


El franquismo pervive en Valencia…

octubre 7, 2012

Los socialistas piden al Ayuntamiento la retirada de 60 calles y menciones conmemorativas a dirigentes de la dictadura

Francisco Franco en el altar de la iglesia del Carmen de Valencia.

A partir de 1939, con la Guerra Civil recién acabada, se produjo un auténtico asalto al callejero, a los monumentos y los cuadros de honores por parte del bando vencedor. Y durante los siguientes 40 años de dictadura franquista no cesó esta práctica. Los honores a Franco y sus generales, a dirigentes falangistas y la proliferación de placas y escudos se extendieron por calles y plazas de pueblos y ciudades. 34 años después de la llegada de la democracia, los símbolos del franquismo perviven en Valencia ajenos al paso del tiempo.

Los partidos de la oposición al PP, el grupo en el gobierno, pelean desde hace años por que el Consistorio erradique estos símbolos, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007. El Gobierno de Rita Barberá ha tumbado una tras otra las mociones de PSPV, EU y Compromís en este sentido. Hasta que un tribunal obligó en julio al Ayuntamiento a retirarle el título de alcalde honorífico a Francisco Franco. Fue un recurso contencioso-administrativo que ganó Compromís después de que el PP rechazase la propuesta. En el último pleno municipal el vicealcalde, Alfonso Grau, aceptó de forma parcial una moción de EU y planteó a la oposición que si tenía conocimiento de estos honores y símbolos los llevaran a la Comisión de Cultura y si contravenían la ley, se retirarían.

El Consistorio mantiene en su cuadro de honores a generales golpistas

Los socialistas dan el primer paso. Ayer el concejal Salvador Broseta y Matías Alonso, anunciaron una moción en la que piden la retirada del callejero de Valencia de 30 nombres destacados del franquismo. El del Barón de Cárcer, primer alcalde franquista de Valencia tras la ocupación, nombrado a dedo y con el que desapareció la democracia municipal. En 1943 se otorgó a sí mismo calle y honor. Está también la calle dedicada al General Urrutia, militar sublevado en Zaragoza en 1936, o al Comandante Franco, hermano del dictador, que bombardeó varias veces Valencia. O la vía de Ramón Contreras, jerarca falangista, fundador de Falange Española junto a José Antonio Primo de Rivera. Alonso estima que en total son unas 50 calles las que contravienen la ley de Memoria. “Hemos escogido primero las que consideramos incontestables”, subrayó.

Hay otros 30 nombres que aparecen en el cuadro de honores de la ciudad de personajes ligados de forma estrecha al alzamiento militar de 1936 y al régimen posterior. Hace apenas siete días que el pleno retiró a Franco el título de alcalde honorífico, pero quedan muchos más.

Broseta hizo un somero repaso. Adolfo Rincón de Arellano, alcalde y jefe de FE y de las JONS en Valencia durante el conflicto, es también alcalde honorario. Son hijos adoptivos Antonio Aranda, general golpista que ocupó Valencia al final de la guerra, Carlos Asensio, general que ocupó Tetuán e intervino en la matanza de Badajoz, donde murieron 4.000 personas. O Ramón Laporta, jefe falangista y gobernador civil de Valencia de 1943 a 1950. La lista de honores concedidos entre 1939 y 1975 es larga.

El pleno retiró hace siete días el título de alcalde honorario a Franco

“Hasta 1939”, explicó el concejal Broseta, “las distinciones de la ciudad se otorgaban a personas del mundo de la cultura y las artes, como Joaquín Sorolla, Vicente Blasco Ibáñez, José Benlliure o Muñoz Degrain”. Broseta insistió: “Los socialistas no pretendemos que esos nombres sean borrados de la historia de la ciudad porque la historia hay que recordarla para que no se repita”, pero los honores deben dejarse sin efecto.

“Queremos que el cuadro de honores del Ayuntamiento de Valencia pueda ser expuesto en la escalera principal del edificio consistorial”, declaró Alonso, que añadió que ni el callejero ni el cuadro de honores “sigan siendo rehenes de personas que no están a favor de la democracia y la Constitución”.

Los socialistas animaron al Gobierno local que preside Barberá a que llegue a acuerdos con la oposición para eliminar todo lo que suponga un enaltecimiento de los valores del franquismo, como establece el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica. “No es bueno que esto siga así”, agregó Broseta. Y para ilustrar que el proceso de normalización no es algo superado, los socialistas mostraron una esquela publicada en diciembre de 2006 en memoria de José Corbín Carbó y de José María Corbín Ferrer, los dos falangistas. Debajo de sus nombres se podía leer: “Vilmente asesinados por las hordas demócratas-republicanas integrantes del Frente Popular (social-comunistas) en el Picadero de Paterna (Valencia) y en el buque prisión Alfonso Pérez (Santander)”.

“Este es el espíritu que hay que desterrar si queremos llegar a la reconciliación”, enfatizó Matías Alonso, quien anunció que completarán el inventario.

Piqueta contra los escudos

La capital conserva vestigios de aquella época, pero otros se han retirado. La estatua ecuestre del generalísimo abandonó el pedestal que ocupaba en la plaza del Ayuntamiento a mediados de los ochenta. Se trasladó al interior de Capitanía General y su último destino conocido son los almacenes de los cuarteles militares de Bétera.

Uno a uno y poco a poco se han desmantelado vestigios como el escudo franquista que presidía la fachada de la Capitanía General de Valencia. De ello se encargó el Ministerio de Defensa. O el escudo que presidía el Hospital Militar en Mislata. O el que había encima de la puerta del Conservatorio de Música de la capital.

Quedan, por el contrario, un puñado de símbolos pendientes de su retirada. Es el caso del escudo encima de la puerta principal del colegio público Teodoro Llorente o del colegio San Juan de Ribera. En el altar mayor de la iglesia del Carmen aparece pintado el dictador Franco, que mantiene la medalla de oro de la ciudad.

Los grupos de la oposición al Gobierno de Rita Barberá no han entrado todavía en las placas en homenaje “a los caídos por Dios y por España” en los muros de algunos templos católicos o al puñado de calles con nombres de conocidos falangistas en el grupo de viviendas conocidas como de Antonio Rueda, donde se pueden ver hoy todavía estampadas en sus fachadas escudos con yugos y flechas.

Otras localidades de la Comunidad Valenciana han pasado por un parecido proceso. La capital de La Plana le retiró al generalísimo el título de alcalde honorario a la vez que lo hizo Valencia. El alcalde de Aspe, el socialista Manuel Díez, se ha dirigido a la Diócesis de Orihuela-Alicante para reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que prohíbe la existencia de símbolos franquistas en todos los edificios públicos.

El Gobierno local de Orihuela también ha anunciado que la retirada de los elementos con referencias franquistas se hará consensuadamente.

http://politica.elpais.com/ccaa/2012/10/05/valencia/1349467821_656342.html

A mi abuelo Wenceslao y a todos los represaliados por el franquismo.

octubre 3, 2012

“Fuisteis voces acalladas por defender la Libertad”
En las tapias del cementerio de Merida 2012. Foto Isabel

Queridos y anhelados abuelos, que no hemos llegado a conocer, asesinados y tirados en fosas comunes a lo largo y ancho de este País: sois hoy en día sujetos de  desaparición forzosa y lleváis 76 años así.

Desgraciadamente y es nuestro gran pesar, en 2012, no tengo buenas noticias que contaros, nuestros gobernantes que se autoproclaman representantes de nuestro Pueblo (solo representan a sus votantes y no son la mayoría de la población) hacen gala, cada día con más soberbia, de talante fascista, claramente herederos ideológicos del franquismo, y están machacando los derechos sociales que se habían conseguido. La “pobre “Ley de Memoria Histórica que a duras penas salió a delante, con enormes carencias eso sí, ya es papel mojado: el Estado no se hace cargo de la Verdad, Justicia y Reparación. Sus Tribunales han conseguido aniquilar el esfuerzo de un Juez valiente inhabilitándole y creando jurisprudencia con la que chocamos cada vez que exhumamos vuestros restos mortales archivando nuestras denuncias: Ley de amnistía, Transición y prescripción de los hechos… marginando así los compromisos de vigilancia del respeto de los Derechos Humanos  a los cuales estamos sujetos.

 El País está sumido en una gran depresión económica y social y con ese pretexto las partidas económicas destinadas a subvencionar vuestras exhumaciones han desaparecido: no habrá ni un duro más , ni para la Historiografía y su divulgación ni para los trabajos de exhumación de vuestros restos mortales , echan más tierra encima de vuestras fosas comunes, cuando no  cemento. Más amnesia, más olvido y por supuesto ningún reconocimiento ni reparación: no hay duda, son herederos ideológicos de aquellos que os asesinaron.

Hoy mismo son noticia las pretensiones de estos políticos para limitar el derecho de manifestación de un Pueblo que ya no aguanta tanto recorte en favor de los más pudientes y los bancos que son los responsables de este gran descalabro económico. Regreso a un Estado dictatorial. Mientras tanto los cuerpos de Seguridad intervienen en las manifestaciones con desmesura y desproporcionalidad, lo de aquellos polvos y estos  lodos se aplica muy bien en este caso.

Lo único bueno que os tengo que contar es nuestra inquebrantable voluntad de seguir reclamando Verdad Justicia y Reparación para vosotros y vuestros familiares. Sin subvenciones, sin apoyo Estatal, con impedimentos jurídicos y con presiones políticas pero seguimos adelante y si fuese necesario volveremos a los tiempos de la pala y el pico, entre amigos, para sacaros de las ignominiosas fosas donde yacéis. Por otra parte también intentamos a través de  una Red de Apoyo a la Querella Argentina de poner este Gobierno contra la pared y obligarle a cumplir con sus obligaciones en el Derecho Internacional. Puede que otra venga desde México y otra desde Francia. Lo intentamos, queridos abuelos.

Ahora que se nos echa encima el Otoño os recordamos otra vez más, abuelo Wenceslao, abuelos de Casavieja, aquel Otoño del 36 os asesinaron, este Otoño del 2012 seguimos con la lucha.

Abro en grande los brazos como si pudiera acogeros todos cerca de mi corazón.

Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos.


Baltasar Garzón: ” El lugar de la verdad, la justicia y la reparación”

abril 2, 2012

El jurista Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de los crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso

 Uno de los esqueletos hallados en la  fosa común  del cementerio

durante las labores de exhumación en  La Puebla de Cazalla (Sevilla)

 Baltasar Garzón, 1 ABR 2012 – 14:23 CET

Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.

Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de derecho.

El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas y recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“… en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.

La falsedad en la que vivimos respecto de los crímenes ha sido potenciada por la sentencia del Supremo

En todo caso, quedan otras vías para que se reconozca el derecho actual a la justicia a las víctimas, como son las del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal entendido principio de legalidad que obligaría exactamente a lo contrario, es decir, a satisfacer mínimamente aquel derecho.

Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la que regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el Estado por la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en España como consecuencia directa de la represión franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden sobre ese periodo de nuestra historia reciente.

La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación. La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con “la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.

¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica ley de la Memoria Histórica?

Realmente es difícil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecución, el asesinato, la desaparición, la sustracción de menores a sus legítimas familias y la tortura contra miles de personas, se les denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es, tratar de explicarlo fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso se investigaron aquellos crímenes o ha existido voluntad de investigarlos después, hasta el intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se puede aplicar genéricamente sin determinación de autores ni de hechos y hacerlo además para amparar crímenes contra la humanidad? ¿Acaso se ha permitido la investigación que se proponía sobre los perpetradores vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria Histórica? ¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos políticos españoles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable para estos “temas menores”.

Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad civil, son abundantes e inquietantes.

Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución afectan a la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia, claramente manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que, huyendo del análisis de fondo, se queda en la descalificación y el insulto; huir de la reforma en profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz; renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras burocráticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la corrupción, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase política, que nos encontremos en una situación económica comatosa; destruir la cooperación internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en el mundo; imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el furgón de cola de los países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del nivel ético en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y definitivo cambio de paradigmas se produzca.

Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y comprometida con la consolidación de aquellos valores de transparencia, participación, recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo a quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un modelo fracasado y obligar a mantener el más ominoso silencio.

La Comisión de la Verdad debería acoger los testimonios de las víctimas, de los causantes del dolor y de los expertos

La Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que se propone, debería, con un carácter integrador e independiente, acoger los testimonios no solo de las víctimas que aún viven y que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho a ser oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente, sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los expertos. Y, con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Con ello se conseguiría cerrar definitivamente la herida que aún sigue abierta y divide a los españoles/as.

Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron.

Las generaciones que vivimos el franquismo le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y no saben el precio que se pagó

La búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso es el mínimo ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que aún no saben el precio que se pagó, ni pueden valorar la pérdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.

El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre la violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica: “Cada país tiene que enfrentar su propia historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere, pero es un error terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su vida es cuando la venganza y el odio aparecen”.

Una Comisión de la Verdad en España es necesaria y si quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que la historia se repita.

Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina de hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como representante de la soberanía popular, para dar prioridad a una demanda, cuya realización, amén de ser justa, nos reconciliaría verdaderamente a todos.

“Hay que derribar el silencio”

Baltasar Garzón

Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas, para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de forma global a nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones populares y el patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los recibió con todo el protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé bien, porque mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en este diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de los protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los testigos es ser escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo la forma modesta del reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/03/30/actualidad/1333140803_415996.html

Nota de La A.I. LaMemoria Viva :

En este artículo Baltasar Garzón nos transmite, con la valentia que le conocemos, la energía renovada después del golpe de Estado contra su carrera judicial y contra nuestras legítimas aspiraciones que hemos visto truncadas por el Tribunal Supremo en su momento en los juicios contra el Juez y posteriormente estos días en las últimas resoluciones cerrando la vía de  investigación penal de los crímenes del franquismo . Los familiares de las víctimas del franquismo, en esta asociación por lo menos, agradecemos este relato lúcido, esperanzador y solidario y lo compartimos. Nosotros apoyamos esta iniciativa legislativa popular (de presentación de firmas en el Congreso) y en breve pondremos en estas páginas el documento que se podrá descargar para difundir esta idea de creación de una Comisión de la Verdad y conseguir las 500.000 firmas.

¡Una vez más reclamamos Verdad , Justicia y Reparación!


“Absuelven a Garzón pero ensucian su causa”

febrero 27, 2012

Fotos de represaliados por el franquismo en una de las concentraciones que se produjeron en solidaridad con el juez Garzón - REUTERS

Las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica reciben con indignación la sentencia del Supremo

EDUARDO MURIEL (@eduardomuriel)MADRID27/02/2012 18:16

Las asociaciones que tratan de recuperar la memoria histórica y hacer justicia con los represaliados durante la dictadura franquista han recibido con indignación la noticia de la sentencia contra Garzón. Y es que, aunque se muestran satisfechos por la absolución del juez, lamentan que el Tribunal Supremo siga “impidiendo que se juzguen los crímenes del franquismo, de una vez para siempre”.

La sentencia del Supremo (puedes leerla aquí) establece que para que un juez pueda investigar los crímenes del franquismo se debe derogar previamente la Ley de Amnistía desde el Parlamento. “Precisamente, porque la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”, cita el texto.

Julián Rebollo, de la plataforma ‘Solidarios con Garzón’, que aglutina a un gran número de asociaciones por la memoria, colectivos sociales y partidos políticos, se muestra indignado por la conclusión del Supremo, que al mismo tiempo que absuelve a Garzón está “ensuciando su causa, porque dicen que se ha extralimitado”.

Rebollo recuerda que, tal y como establece el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad se deben juzgar “de una vez para siempre en el Supremo”. “Tiene que haber una investigación contundente, los derechos humanos son fundamentales“, lamenta Rebollo, que se pregunta “cómo todos esos crímenes, las miles de personas asesinadas pueden quedar en el olvido”.

“El Supremo vuelve a hablar de los dos bandos”

Desde el ‘Foro de Asociaciones por la Memoria Histórica’, hacen una lectura similar. “Es un varapalo tremendo el que nos dan, que corrobora muchas de las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo”, afirma José María Pedreira, presidente de la federación.

“Queremos que nuestros nietos sepan que hubo una dictadura para que no vuelva nunca”

Además, en la sentencia “vuelven a hablar de los dos bandos y legitiman con ello el régimen franquista, hablan de seguir dando por buena toda la legislación franquista al respecto y entonces no dan solución para ver por dónde podemos tirar, para buscar una salida”, lamenta Pedreira. Se refiere a la alusión de Paracuellos, “que sabemos que es un tema solucionado desde el punto de vista jurídico por el régimen franquista, resuelto desde los años 40″.

“No estamos igual que antes”

Ante la sentencia del Supremo, Julián Rebollo anuncia futuras movilizaciones, porque “ya está bien de la acción de este Tribunal, en cuyo seno hay gente del tiempo pasado y que no renuncia“. “Queremos que nuestros hijos y nietos sepan que hubo una dictadura para que no queremos que vuelva nunca“, resume Rebollo.

Sin embargo, Rebollo saca una lectura también positiva del proceso contra Garzón. “No estamos igual que antes, al menos se han oído los testimonios de la gente ante el tribunal, los gritos de los manifestantes denunciando estos crímenes”, apunta. Por eso, desde la plataforma “no damos la batalla por perdida ni ganada, es un paso más para hacer justicia algún día”.

Ciudadanos congregados hoy 27 02 2012 en Sol al conocer la sentencia del mismo día. Foto La Memoria Viva

http://www.publico.es/espana/424157/absuelven-a-garzon-pero-ensucian-su-causa


El Supremo considera que Garzón erró, pero no prevaricó, y lo absuelve

febrero 27, 2012

 

Garzón, salida del TS 08 02 2012. Foto La Memoria Viva.

José Yoldi / Julio M. Lázaro Madrid27 FEB 2012 – 15:49 CET

 El Tribunal Supremo ha absuelto al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), por seis votos a favor y uno en contra, por haber intentado abrir una investigación por los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que Garzón incurrió en un error, como es calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y que de ahí cuelgan los demás errores cometidos por el exmagistrado, aunque esos errores no constituyen delito de prevaricación.

La decisión judicial llega una semana después de que el exjuez fuese expulsado de la carrera judicial tras haber sido inhabilitado a 11 años por las escuchas del caso Gürtel. El alto tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional. Tras la condena por la trama Gürtel, el Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York

La sentencia critica los juicios de la verdad, porque aunque en Argentina y otros países se pueda realizar una investigación para acreditar lo ocurrido, en España solo es posible realizar una investigación cuando existe una persona física a la que investigar y en este caso es obvio que todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados en el plan sistemático de exterminio puesto en marcha durante la guerra estaban ya muertos. La sentencia estima que los historiadores tienen su papel y que los jueces tienen el suyo y no se pueden mezclar.

Sobre el fondo de la cuestión, el Supremo estima que hubo una objetiva desigualdad entre las víctimas de uno y otro bando, porque si bien unas fueron reconocidas y resarcidas, las otras nunca lo fueron, por lo que se estima que Garzón actuó para tratar de subsanar esa desigualdad.

La sentencia estima que los historiadores tienen su papel y que los jueces tienen el suyo y no se pueden mezclar

Sin embargo, el tribunal estima que el juez se equivocó, porque aunque en sus autos habla de desapariciones forzosas en un contexto de crímenes contra la humanidad, toma el contexto como si fuera la propia calificación de los hechos, y con la legislación vigente no se podía declarar, como hizo Garzón, que los crímenes fueran crímenes contra la humanidad que es un concepto muy posterior. Aunque puede parecer que es una grave crítica a Garzón, la sentencia destaca que España tiene un concepto muy restrictivo del principio de legalidad, por lo que esa calificación nunca podía ser aceptada.

Respecto a la ley de Amnistía, el tribunal destaca que fue un instrumento de reconciliación y no una ley de autoamnistía como las que se otorgaban algunos dictadores del cono sur. Entiende el tribunal que es una ley que está vigente y que solo el Parlamento puede derogarla si lo desea, pero nunca los jueces.

La sentencia, muy trabajada, de la que ha sido ponente Andrés Martínez Arrieta, ha contado con los votos favorables de Carlos Granados, Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, José Ramón Soriano y Julián Sánchez Melgar, además del propio Arrieta. José Manuel Maza ha formulado un voto particular en el que señala que Garzón debería de haber sido condenado. Sánchez Melgar, por su parte ha realizado un voto concurrente con la sentencia definitiva.

 Sentencia íntegra del 27 02 2012 , pinchar aquí: c38da9aeed611d25e02b591d615891a5

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330340276_898741.html


Manifestacion de este sabado 25 de febrero en PARIS, en apoyo al Juez Garzon

febrero 24, 2012

Estimados(as) amigos(as),
Adjuntamos Comunicado animando a participar en la manifestacion de este sabado 25 de febrero en Paris, en apoyo al Juez Garzon.
Nuestra organizacion apoya firmemente esta convocatoria.
Sábado 25 de febrero de 2012 de las 15 H 30 a las 17 H 30

Place Pierre Brisson (cerca Avenue Marceau) -75016 PARIS  (Métro Alma-Marceau)

Chers(Chères) amis(amies),
Nous vous adressons ci-joint communiqué invitant à participer massivement à la manifestation à Paris pour soutenir le juge espagnol Baltasar GARZON qui aura lieu :

 Samedi 25 février 2012 de 15 h 30 à 17 h 30

Place Pierre Brisson  (près de Avenue Marceau) -75016 PARIS  (Métro Alma-Marceau)

Comunic SSF llamamiento Manifest Garzon 25.02.2012

Plataforma PARIS CON GARZON


AUDIENCIA PÚBLICA EN EL TRIBUNAL SUPREMO

enero 26, 2012

a la salida del TS. Foto cedida por el autor del texto que sigue.

Algunos compañeros me han animado a publicar en el círculo más próximo una breve nota, conocedores que he asistido tanto a las tres jornadas de la audiencia pública de la pasada semana como a la celebrada hoy contra el magistrado Baltasar Garzón. La prensa de mañana será mucho más extensa y con toda seguridad más exacta, pero eso no me impedirá volcar unas rápidas impresiones de lo que ha sido un enjuiciamiento inicuo, en tres fases bien coordinadas, que nunca debió producirse en un estado de Derecho.

Comenzó la primera sesión por los crímenes del franquismo con una exposición de las cuestiones previas. Destacar que en esa intervención de Martínez-Fresneda ha tocado dos temas de interés: la descripción de la chapucera intervención del magistrado Luciano Varela, en su papel de instructor (y por demostrado reconvertido en asesor jurídico descarado de los dos grupúsculos de extrema derecha que acusan), y la queja por el rechazo reiterado a todas las pruebas requeridas por la defensa. Las dos actuaciones ha señalado el abogado defensor conducían al mismo resultado: una situación de clara indefensión de Baltasar Garzón. En base a esos dos principios, más la solicitud de una segunda instancia que no está actualmente reconocida para los procedimientos abreviados en el Tribunal Supremo (como es este caso), la defensa ha solicitado el archivo de la causa por concurrir en otros defectos insalvables.

El abogado de la acusación popular puso en evidencia cual será el punto central de su actuación: reclamar que sólo se tenga en cuenta la legislación española, aduciendo que es el único marco que ellos reconocen y en el que ha sido sustanciado todo el proceso. En una muestra de las aguas carcundas en las que esta tribu del Valle de los Caídos está empeñada en navegar contra corriente fue su referencia sorprendente al Derecho Romano ¡y hasta se remontó a Heródoto!, cuya actividad poco documentada se centró hace dos mil quinientos en la Historia oral y no en el Derecho. Ni una sola mención a la Ley de Amnistía de 1977.

La contundente exposición del ministerio público, representado por el Fiscal de Sala Luis Navajas, ha desarmado los argumentos expuestos y los intuidos de la acusación. Ha descrito paso a paso la funesta intervención del magistrado Varela llegando a afirmar que “no se ha evidenciado que de la actuación de Garzón se haya derivado daño alguno para los querellantes (el pseudo sindicato “Manos Limpias” y la fantasmal asociación “Libertad e Identidad”) y sin embargo la actuación del magistrado Luciano Varela sí ha tenido unos efectos devastadores para el magistrado Garzón”. Terminó pidiendo, en nombre del ministerio público el archivo inmediato de la causa.

A estas alturas de ambos procesos la conclusión más grosera e inmediata de los hechos expuestos en las sesiones es que no existe en ninguna de las dos causas unos perjudicados que justificasen ni de lejos las querellas que dieron lugar a estos juicios. Las causas que podrían motivar una admisión a trámite justa son tan débiles que no soportan un mínimo juicio de valor. En la primera de las causas (que ya está claro que se puso en marcha para anular todo lo descubierto en la trama de corrupción Gürtel que afectan tan de lleno al PP) el abogado iniciador de las querellas encadenadas, Ignacio Peláez, evidenció tanto en su intervención como acusación como cuando declaró como testigo a requerimiento del abogado defensor, Baena Bocanegra, que su presencia en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entrevistándose con Francisco Correa no reunía ni uno sólo de los requisitos que justificasen esa presencia. No pudo demostrar haber sido llamado por el encarcelado (ni un simple papel) ni ostentaba en esos momentos representación alguna de imputados (su personación como defensor de Uribarri se produjo días después) ni tenía el preceptivo permiso para visitar la cárcel que extiende el Colegio de Abogados ni, finalmente, contaba con la autorización obligatoria en estos casos del magistrado instructor el señor Garzón. Por tanto todas sus teatrales quejas de que se habían vulnerado sus sacrosantos derechos constitucionales a la intimidad y al secreto de las estrategias de defensa (¿de quién, si no representaba a nadie?) caían pro los suelos cuando el propio acusado en su intervención le retó a que señalara ni una sola palabra del abogado Peláez que fuera utilizada en ningún momento posterior, entre otras razones “porque las estrategias de defensa no le importaban lo más mínimo al instructor toda vez que él sabía desde el primer momento que toda la causa sería seguida en otra instancia al inhibirse él”.

Ante esta doble experiencia es obligado analizar la situación y, como antecedentes lógicos, las bases jurídicas que se han pretendido que sostenían las querellas. Lo primero que salta a la vista es la burda estrategia de adelantar el juicio de la trama Gürtel anticipándolo al que abría la serie de los acosos judiciales a Garzón. Por prudencia procesal el fiscal Navajas se abstuvo de señalar de forma explícita (aunque quedó flotando en la sala la posible imputación) el que el magistrado Varela habría incurrido en prevaricación, con resultados “catastróficos” e irremediables para la carrera judicial, el honor y la propia seguridad jurídica del magistrado Garzón. Pero la evidencia sigue ahí. El tema, teóricamente más sensible y espinoso de las escuchas en prisión de los imputados (que no directamente a sus interlocutores, abogados o mediadores), que estaba en la base del primero de los procesos sustanciado en el tiempo con una semana de antelación, debió parecerles a los interesados en el hundimiento personal y profesional de Garzón como más apetitoso para sus fines. La contundente línea de defensa del interés público en evitar el blanqueo y evasión de capitales, la claridad de los testigos policiales y la presencia en todo momento del avala del ministerio público, sin duda ha debido de alterar, esperemos que sustancialmente, lo que se preveía como una sentencia ya redactada de condena. Ahora, a la vista de todas las intervenciones en ambos juicios, lo que parece estar fuera de toda duda es que ambos tribunales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el hecho de su constancia posterior a efectos de jurisprudencia, van a tener muy difícil la redacción de las sentencias. Además las posturas contundentes en ambos juicios de la Fiscalía exigiendo poco menos que la anulación de lo actuado serán otros tantos argumentos para aumentar esa dificultad de forma honrosa para los catorce magistrados componentes de ambos tribunales.

En la sesión inaugural de la causa contra la investigación de los crímenes franquistas el montaje es tan grosero que ofende un mínimo sentido de la Justicia. Para empezar habrá que recoger la protesta implícita de la Fiscalía: ”¿cómo se atreven los querellantes a suplir las funciones del ministerio público?” Como es tradicional en la derecha reaccionaria que “disfrutamos” el patio está lleno de salva- patrias, que se consideran depositarios únicos de las esencias. Fruto de esa obnubilación es la permanente centinela de un nazi que hace mucho tiempo debería estar apartado de la sociedad, por higiene democrática, Miguel Bernard “manos sucias”. Los guardianes de esa facción, apolillada y embalsamada, le han premiado recientemente por sus “servicios a favor del franquismo”, en un homenaje en un restaurante de El Pardo. ¿La democracia no tiene nada que objetar a estos cómplices de los nazis y del fascio? Parece que toda la fuerza se distrae en enjuiciar hasta su eliminación a un magistrado que intentó proteger a las víctimas, en aplicación de algo que se quiere ignorar deliberadamente (me remito a las diatribas del abogado de la acusación, Joaquín Ruíz Infante, invocando el Derecho Romano para apuntar en dirección contraria), el Derecho Penal Internacional.

He dejado deliberadamente para el final una reflexión sobre el referente que en esta sesión se ha evitado, y que estuvo en el origen de esa reacción aparente en defensa de las “esencias”, la llamada Ley de Amnistía de 1977. En su artículo 1 reza literalmente:

I. Quedan amnistiados:

  1. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
  2. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
  3. c.     Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

Me he permitido resaltar en negrita lo que entiendo que desarma toda pretensión de impunidad del franquismo. Hay que recordar que lo que constituía en las Cortes de 1977 el núcleo duro de AP, antecedente del PP, luchó denodadamente para impedir la aprobación de esta Ley. Encabezaba ese grupo de exministros franquistas Manuel Fraga y el más tenaz opositor fue el bizco Licinio de la Fuente, cuyos argumentos han quedado en el Diario de Sesiones como una prueba irrefutable de fidelidad al Movimiento Nacional y sus principios nacionalsindicalista. ¿Cómo tiene ahora la caverna la osadía de esgrimir esta Ley como coartada y supremo argumento jurídico para amnistiar los crímenes de lesa humanidad del franquismo?. Está claro que la caverna sólo entiende de su propia impunidad eterna.

Francisco González de Tena (sociólogo)

Madrid, 24 de enero de 2012.


Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos…

enero 20, 2012

El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España

Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.

Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.

Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias. 

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..

En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.

Información adicional

Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.

Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes. 

La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.
 A. I

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/caso-garzon-nadie-debe-ser-juzgado-por-investigar-violaciones-de-derechos-humanos-1/


Suspenso en derechos humanos…

diciembre 11, 2011

Por

El día en que se recuerda la Declaración Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M  -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.

A pesar de los logros, Ban Ki-moon también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.

Pero las palabras se quedan en papel mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los países que los han firmado-  no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.

Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939

Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939

En el caso español llama la atención que esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así, la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.

De este modo, las víctimas del franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de 1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.

La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.

Por ello, tal día como hoy en el que las organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur, genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.

Los derechos humanos contemplan la lucha contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.

Público.es

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/10/suspenso-en-derechos-humanos/


Franco se saldrá con la suya…

diciembre 4, 2011

Juan Carlos Escudier

No contento con el engendro de un ley de la Memoria Histórica que salda los crímenes de la dictadura con diplomas a los represaliados y permite al Estado desentenderse de su obligación de localizar a los desaparecidos bajo las cunetas, el Gobierno decidió culminar su hazaña constituyendo una comisión de expertos para dictaminar qué se debe hacer con el Valle de los Caídos, una manera a lo Romanones de quitarse el muerto de encima. El estrambote ha sido la entrega del dictamen a un Ejecutivo en funciones, una nueva burla de quien no ha tenido arrestos para asumir sus responsabilidades.

Si esta extemporánea presentación del informe no era prueba suficiente del deseo del Gobierno socialista de hacer la estatua, su recomendación de elevar un memorial en piedra abunda en esa idea. Nada hay en él que se desconociera de antemano, empezando por la supuesta imposibilidad de identificar los restos de los republicanos enviados a Cuelgamuros, otra añagaza más porque una cosa es que dicha identificación sea muy costosa y otra que sea imposible. Si realmente se hubiera trabajado con la premisa de intentar devolver los restos a las descendientes de los allí inhumados, ¿por qué no hacerlo con los de José Antonio, sobre los que no cabe duda alguna?

Más inquietante aún es que la comisión dé por buena la propaganda franquista y proponga que el Valle de los Caídos se perpetúe como un monumento a la reconciliación, cuando en realidad debiera serlo a los horrores de la dictadura. Franco quiso hacerse enterrarse sólo junto a los suyos, y la razón del traslado de miles de asesinados por su régimen fue la oposición de los familiares del bando nacional y de muchos Ayuntamientos a vaciar sus cementerios y dejar enterrados allí sólo a los rojos.

Tan ofensivo como que Franco siga en el Valle y su momia no haya sido ya devuelta a su familia, es que la comisión establezca como requisito para el traslado la autorización de la misma Iglesia que antes le paseaba bajo palio. Se cuenta con que el PP no moverá un hueso; sólo falta saber cuánto han cobrado los señores comisionados por su sesudo memorando.

Público.es

http://blogs.publico.es/escudier/1145/franco-se-saldra-con-la-suya/


La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica…

diciembre 4, 2011

La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica

El ecosocialista Joan Saura.

Antonio Fernández  04/12/2011 

Algo huele mal en el Memorial Democrático. El Gobierno catalán investiga desde el pasado mes de febrero unas supuestas irregularidades dentro de este organismo, creado para salvaguardar la memoria histórica y bajo control directo del ecosocialista Joan Saura en el último Gobierno. Cargos de la Consejería, trabajadores del Memorial, proveedores y asesores han ido desfilando por los despachos oficiales para declarar durante este tiempo.

Paralelamente, la Sindicatura de Cuentas descubrió actuaciones sospechosas durante los últimos años que apuntan a favoritismo hacia una empresa determinada y el gasto de millones de euros que no parecen tener suficiente justificación. “Al menos de forma indiciaria, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”, dice el informe, que ha sido enviado a Fiscalía.

El informe detalla los favores realizados a la compañía Stoa Propostes Culturals i Turístiques. Esta empresa participó en la elaboración de las bases para conceder las subvenciones de la Dirección General del Memorial Democrático de la Consejería de Interior entre los años 2008 y 2010 sin ningún tipo de contrato que sustentase esta intervención. La fiscalización, no obstante, se circunscribe sólo al año 2009, cuando se destinaron al Memorial Democrático alrededor de 2 millones de euros. Stoa, además, efectuaba la valoración de los proyectos presentados. Su puntuación se sumaba a la que le concedía la propia Dirección General y se sacaba la media aritmética. Paralelamente, sin embargo, asesoraba a algunos de los entes locales que presentaban proyectos a subvencionar (y que lógicamente la propia empresa calificaba). Miembros de la Consejería y el administrador de la empresa también participaron en reuniones con posteriores beneficiarios de las ayudas públicas.

Por si esto fuera poco, Stoa fue beneficiaria de la adjudicación de varios proyectos subvencionados. En otro de los puntos, el informe de la Sindicatura señala que existen indicios “de que en la licitación del contrato por la reproducción, realización y postproducción de la exposición Derecho a la Memoria, por 203.000 euros, se podría haber favorecido a la empresa Wasabi”.

La historia es cuando menos curiosa: los técnicos de la Consejería dieron más puntuación a la empresa Mercuri Sociedad General de Producción que a Wasabi para organizar esta exposición. Pero los técnicos de Stoa le dieron la vuelta al marcador al calificar con una nota mayor a Wasabi que a Mercuri, por lo que la primera se llevó el contrato.

Empresas vinculadas

Sin embargo, todo era una trampa, ya que, según especifica la Sindicatura, “Wasabi Produccions comparte tres socios fundadores con la empresa asesora [Stoa]”. Esta particularidad implica un indicio muy serio de responsabilidad penal. Paralelamente a esta adjudicación, el mismo día se le concedió otro contrato a Stoa por 66.120 euros para “el comisariado, coordinación y contenidos” de la misma exposición. Para aparentar legalidad, a este concurso se presentaron tres empresas, dos de las cuales estaban vinculadas entre sí. Una vez adjudicado, se subcontrataron algunas de las funciones sin comunicarlo a la Administración. Además, una de estas subcontrataciones fue al director del Museo del Memorial en el Exilio (Mume), que facturó a la compañía 2.000 euros.

La guinda de las irregularidades se produjo en el año 2009, cuando tres técnicos de Stoa fueron contratados directamente por la Consejería “y formaron parte de la comisión de evaluación de los proyectos que optaban a subvención, mientras que la sociedad continuaba asesorando a los entes locales que presentaban proyectos”. Esta relación de los antiguos trabajadores de Stoa decidiendo sobre los proyectos a subvencionar, según fuentes consultadas por este diario, “hace daño a la vista. No puede ser que los ex trabajadores de una empresa evalúen los proyectos en los que participa la misma empresa que les pagaba hasta días antes. Su decisión habría de estar, necesariamente, contaminada debido a las relaciones laborales que habían tenido hasta ese momento”.

“Amistades personales”

Fuentes de la Administración catalana señalaron a El Confidencial que al margen de la denuncia por las irregularidades del año 2009, “la investigación interna sigue su curso, ya que hay cosas que estéticamente no pintan muy bien, más allá de las amistades personales que pudiera haber en adjudicaciones sospechosas”. Porque, además de la concesión de poder de decisión a una empresa determinada o el encargo de trabajos a esta misma empresa, el Gobierno quiere saber, por ejemplo, porqué se construyeron “cinco espacios de la memoria en el Ebro y de ellos sólo está abierto al público uno. Son decisiones desconcertantes de los anteriores responsables

El Periódico de Cataluña vía Google Noticias


Asociación de Memoria Histórica critica al Gobierno…

diciembre 4, 2011

[youtube=http://youtu.be/Tz6NYR32OMg]

Vídeo: Asociación para Recuperación de Memoria Histórica Europa Press

 Deja “enterrado” el informe del Valle de los Caídos

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado las palabras del ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, en las que reclamaba al líder del PP, Mariano Rajoy, que “no entierre en el cajón” el informe de la comisión sobre el futuro del Valle de los Caídos ya que precisamente ha sido su Gobierno quien ha dejado el asunto enterrado en un cajón.

   En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente de la asociación, Emilio Silva, ha valorado que este informe sobre el futuro del Valle de los Caídos “se podría haber hecho hace tiempo”. “El informe llega cuando este Gobierno habla de que otro Gobierno no lo entierre en un cajón y éste lo está dejando enterrado en un cajón”, ha recalcado.

   Por ello, Silva ha señalado que estas conclusiones se podrían haber desarrollado hace cuatro años cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica o hace siete de la creación de la Comisión para el estudio de las víctimas. “Ésto se podía haber hecho antes”, ha reiterado.

“DEBERÍA OCURRIR CON NORMALIDAD”

   Silva ha reclamado que se paguen las deudas con las familias de las 130.000 personas que están todavía en fosas comunes y murieron asesinadas por la represión. “Es una cosa que debería ocurrir con total normalidad, lo gestione la izquierda o la derecha”, ha manifestado.

   Al hilo de esto, ha valorado que nuestra democracia “todavía no ha sido capaz de poner orden en nuestro pasado. “Por ejemplo es el caso de Garzón, un ejemplo de la incapacidad que tiene todavía la sociedad española para ordenar el pasado reciente”, ha puntualizado.

   En este sentido, el presidente de la asociación ha criticado que la persona más cercana al PP en la comisión, Miguel Herrero de Miñón, haya pedido que no se realice el traslado de los restos de Franco con argumentos “un tanto vetustos”. “Los españoles estamos divididos por un montón de cosas, es un falso argumento cuando alguien no quiere defender esa situación”, ha insistido.

   “Si se lo tenemos que solicitar al Gobierno como le solicitamos al Gobierno de José María Aznar que abriera las fosas comunes o se lo hemos solicitado a Zapatero se lo solicitaremos al siguiente”, ha subrayado.

   Por otra parte, ha reconocido no entender que la Iglesia tenga que dar su visto bueno, debido a que los restos están ubicados en el interior de la Basílica. Silva ha recordado que se trata de un monumento propiedad del Estado que depende de Patrimonio Nacional y se sostiene con dinero público. “No entiendo que un Estado soberano sobre un edificio que pertenece al Patrimonio Nacional no pueda tomar esa decisión”, ha concluido.

Europa press vía Google Noticias