Las leyes de Franco para oficializar el miedo…

noviembre 24, 2013

La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.

PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2013

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Portada del Bando de Guerra de julio del 36, primera norma de la España franquista.

Una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año.

Esta norma fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier actividad “perturbadora del orden público” fomentada por asociaciones y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se expone en el artículo dos de la ley.

La Ley de Orden Público contemplaba multas de hasta un millón de pesetas

Asimismo, otorgaba competencias a la “autoridad gubernativa y sus agentes”, es decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización del orden público.

“Fuera de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo”, explica el historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. “La propia naturaleza del franquismo es un sustancialmente represiva”, matiza. Prueba de ello eran las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma, variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500 pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.

Una ley para oficializar el miedo

En febrero de 1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se había cometido -durante los años de la Segunda República-. “Esa ley se concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al enemigo”, subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados como a quien mostrara “pasividad grave” al respecto.

En 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó

Dicha norma posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en espera de iniciarse.

En 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad de Castilla La Mancha publicado en 2007.

La legislación oprimía fundamentalmente a las mujeres 

El entramado jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936, la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República. La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.

“También se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio”, apunta Álvaro Dueñas. “Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres”, añade.

Juicios militares para delitos de contrabando

En un estado militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto régimen de racionamiento. “La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión militar, pero lo importante es cómo se aplicó: “Acabaron siendo juzgados los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas con el contrabando“, detalla Álvaro Dueñas.

Con especial dureza se aplicaron también las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.

http://www.publico.es/484494/las-leyes-de-franco-para-oficializar-el-miedo


Asociación de Memoria Histórica critica al Gobierno…

diciembre 4, 2011

[youtube=http://youtu.be/Tz6NYR32OMg]

Vídeo: Asociación para Recuperación de Memoria Histórica Europa Press

 Deja “enterrado” el informe del Valle de los Caídos

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado las palabras del ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, en las que reclamaba al líder del PP, Mariano Rajoy, que “no entierre en el cajón” el informe de la comisión sobre el futuro del Valle de los Caídos ya que precisamente ha sido su Gobierno quien ha dejado el asunto enterrado en un cajón.

   En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente de la asociación, Emilio Silva, ha valorado que este informe sobre el futuro del Valle de los Caídos “se podría haber hecho hace tiempo”. “El informe llega cuando este Gobierno habla de que otro Gobierno no lo entierre en un cajón y éste lo está dejando enterrado en un cajón”, ha recalcado.

   Por ello, Silva ha señalado que estas conclusiones se podrían haber desarrollado hace cuatro años cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica o hace siete de la creación de la Comisión para el estudio de las víctimas. “Ésto se podía haber hecho antes”, ha reiterado.

“DEBERÍA OCURRIR CON NORMALIDAD”

   Silva ha reclamado que se paguen las deudas con las familias de las 130.000 personas que están todavía en fosas comunes y murieron asesinadas por la represión. “Es una cosa que debería ocurrir con total normalidad, lo gestione la izquierda o la derecha”, ha manifestado.

   Al hilo de esto, ha valorado que nuestra democracia “todavía no ha sido capaz de poner orden en nuestro pasado. “Por ejemplo es el caso de Garzón, un ejemplo de la incapacidad que tiene todavía la sociedad española para ordenar el pasado reciente”, ha puntualizado.

   En este sentido, el presidente de la asociación ha criticado que la persona más cercana al PP en la comisión, Miguel Herrero de Miñón, haya pedido que no se realice el traslado de los restos de Franco con argumentos “un tanto vetustos”. “Los españoles estamos divididos por un montón de cosas, es un falso argumento cuando alguien no quiere defender esa situación”, ha insistido.

   “Si se lo tenemos que solicitar al Gobierno como le solicitamos al Gobierno de José María Aznar que abriera las fosas comunes o se lo hemos solicitado a Zapatero se lo solicitaremos al siguiente”, ha subrayado.

   Por otra parte, ha reconocido no entender que la Iglesia tenga que dar su visto bueno, debido a que los restos están ubicados en el interior de la Basílica. Silva ha recordado que se trata de un monumento propiedad del Estado que depende de Patrimonio Nacional y se sostiene con dinero público. “No entiendo que un Estado soberano sobre un edificio que pertenece al Patrimonio Nacional no pueda tomar esa decisión”, ha concluido.

Europa press vía Google Noticias


Mantener los títulos a franquistas puede vulnerar la ley…

septiembre 24, 2011

Un juez anula un pleno en el que el PP se negó a retirar honores a un sublevado

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 23/09/2011

No se puede decidir sin más, por el mero hecho de ser capaz (disponer de mayoría absoluta), que no se retiran honores a un militar franquista. Antes es necesario consultar a expertos, porque la medida podría vulnerar el artículo 15 de la ley de memoria histórica, que prohibe símbolos que supongan “la exaltación” de la Guerra Civil o la dictadura. Así lo ha dispuesto el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara en una sentencia que estima parcialmente un recurso de Izquierda Unida contra el rechazo de los 13 concejales del PP de Guadalajara a la moción que presentaron con el PSOE para retirar el título de “Hijo predilecto presente” a José Boixareu Rivera, un capitán franquista.

 El fallo anula el pleno en que se rechazó la moción “por no ser conforme a derecho”, y obliga al Ayuntamiento a incoar un expediente que decida, con informes de expertos en la mano, si mantener dicho título supone hoy “la exaltación del sublevamiento militar contra un Gobierno democrático”, como sostienen IU, PSOE y el Foro por la Memoria, o “un homenaje a la entrega de un vecino de Guadalajara y a su comportamiento heroico”, como mantiene el PP.

Boixareu fue nombrado “hijo predilecto presente” de la ciudad en julio de 1939, “por su brillante y heroico comportamiento” en la ocupación de Vichfred (Lleida), según la documentación de la época.

El encargado de asuntos jurídicos del Ayuntamiento, Luis García, opina: “Yo nací en 1978 y no tengo ni idea de quién era Boixareu, ni me interesa. No sé si era demócrata. ¿Lo era el general Prim, que tiene tantas calles en España? Este país tiene problemas más importantes, como el paro”. El PP no ha decidido aún si recurrirá la sentencia.

Para José Luis Maximiliano (IU), la sentencia “es una victoria inicial frente a la actitud intransigente y de complicidad con el franquismo del PP”.

Otros Ayuntamientos del PP se han negado a retirar este tipo de honores. En Valencia, por ejemplo, Franco sigue siendo “alcalde honorífico”. En A Coruña, otra asociación recurrirá al Tribunal Superior para defender el acuerdo plenario por el que en 2009 Millán Astray dejó de ser “hijo predilecto”; el actual alcalde, Carlos Negreira (PP), da esa distinción por anulada, pero la hija del militar golpista sigue pleiteando

http://www.elpais.com/articulo/espana/Mantener/titulos/franquistas/puede/vulnerar/ley/elpepiesp/20110923elpepinac_13/Tes


El Senado aprueba que los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo puedan ser inscritos en el Registro Civil…

junio 18, 2011

Comisión de Justicia acuerda extender la nacionalidad a los nietos de mujeres exiliadas que perdieron la suya al casarse con un extranjero.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este jueves una enmienda al proyecto de Ley del Registro Civil presentada por el PSOE que insta a facilitar la inscripción de defunción de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

La iniciativa, que ha recibido los votos en contra del PP, será de nuevo debatida el próximo miércoles en el Pleno de la Cámara Alta junto al resto de enmiendas presentadas por los grupos a este proyecto de ley, famoso por plantear que el encargado del Registro Civil decida el orden de los apellidos que ha de darse a los hijos en caso de desacuerdo entre los progenitores.

La Comisión de Justicia, reunida este jueves para dictaminar el proyecto de ley del Registro Civil, ha incluido así una nueva disposición adicional por la que encomienda a practicar la inscripción de defunción de las personas desaparecidas durante la contienda y la dictadura siempre que “de las pruebas aportadas pueda inferirse razonablemente su fallecimiento”. En concreto, se valorarán las circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia.

El Grupo Socialista pretende así atender una reivindicación histórica de los familiares de las víctimas de la guerra Civil con el fin de facilitar el acceso al expediente registral de manera más rápida y económica que la actualmente contemplada en la Ley.

Hasta ahora, existen dos vías para poder regularizar esta situación. La primera se refiere al expediente judicial de jurisdicción voluntaria, un “complejo y costoso” procedimiento que se tramita ante el juez de primera instancia y requiere de asistencia letrada y de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la prensa.

La segunda vía está basada en el expediente administrativo, que en su regulación actual ofrece mayores dificultades de prueba pues está pensado para toda clase de supuestos. Es necesario acreditar el fallecimiento de manera indubitada y absoluta.

TODOS LOS VOTOS A FAVOR
Por otra parte, la Comisión de Justicia ha dado todo su apoyo a otra enmienda propuesta por los socialistas que plantea extender la nacionalidad a los nietos de las exiliadas españolas que perdieron la suya tras contraer matrimonio en el extranjero.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, sobre las medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, permitió que los hijos y nietos de los exiliados pudieran adquirir por opción la nacionalidad española, que no les pudieron transmitir sus padres o abuelos porque se vieron obligados o forzados a perderla para rehacer sus vidas en los países de acogida.

Los socialistas justifican que en la práctica esta norma beneficia a los nietos de las exiliadas que conservaron la nacionalidad española tras casarse con un extranjero después de 1954. Sin embargo, termina dispensando “peor trato a los nietos de la abuela que perdió la nacionalidad española”.

“Con la enmienda se amplía el ámbito de aplicación de la norma para el caso de nietos de abuelas exiliadas que no transmitieron la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre”, mantienen.

Si el proyecto de Ley del Registro Civil culmina con éxito su tramitación parlamentaria, estas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que el grueso de la norma lo hará a los tres años, según una enmienda transaccional que han firmado los grupos parlamentarios.

Diario Siglo XXI


Villarejo: “El sesgo franquista pervive en el Supremo”

febrero 3, 2011

I. Z. – Valencia – 03/02/2011

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción, no se muerde la lengua. Tiene abierta una causa en la Audiencia Provincial de Madrid por críticas anteriores y a pesar de ello ayer insistió en que “el sesgo franquista pervive en el Tribunal Supremo”. Solo así se entiende, afirmó, el proceso que se sigue contra el juez Baltasar Garzón en la Sala Segunda del alto tribunal.

Villarejo participaba en la presentación en Valencia de La solidaridad con el juez Garzón (Páramo), obra colectiva coordinada por el ex fiscal que recoge las reacciones nacionales e internacionales ante el proceso abierto contra el magistrado de la Audiencia Nacional por intentar perseguir los crímenes de la dictadura, así como los autos que dictó antes de tener que dejar el caso.

En una abarrotada sala del colegio mayor Rector Peset (a quien Villarejo recordó como una de las víctimas de la represión) de la Universitat de València, Matías Alonso, portavoz de la plataforma valenciana de apoyo al juez Garzón, recalcó la paradoja de que el magistrado vaya a ser “el único juzgado en setenta y tantos años por los crímenes del franquismo”. “No se puede aceptar la autoamnistía”, añadió el juez José María Tomás i Tío, “hacer justicia es el más fundamental de los derechos humanos”.

El País.com (Edición Comunidad Valenciana)

Fotografía del Juez Villarejo en un acto de apoyo a Garzón, del archivo de Público.es


Más de un centenar de personas se concentran en O Castro para exigir la retirada de la cruz franquista…

noviembre 28, 2010

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) –

Más de un centenar de personas se concentraron esta tarde en el monte do Castro, para exigir la retirada de la cruz franquista de este enclave y dar así cumplimiento a la ley de memoria histórica impulsada por el PSOE.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, quienes “no acaban de entender” porqué el regidor municipal, Abel Caballero, no se ha decido a la retirada de este símbolo, a pesar de que “gente de su equipo de Gobierno y de su partido” apoyan la retirada.

“La Ley de Memoria es muy clara, solo los elementos artísticos tienen que ser autorizados por un organismo superior para definir de que forma hay que trasladarlo. En este caso no, es de hormigón y está en un parque público, no en una Iglesia”, explican.

De este modo, han recordado que presentaron 4.046 firmas en apoyo a su retirada y que Caballero “no contestó” a las demandas de este colectivo. “Sabemos que hay gente que está perfectamente identificada. Tenemos un proyecto y no vamos a parar. Tenemos claro que hay una Ley de Memoria Histórica que es de obligado cumplimiento”, señalan.

Europa Press vía Google noticias

 


La Ley de la Memoria Histórica…

noviembre 23, 2010

Alfonso García
23-11-2010 0

La llamada Ley de la Memoria Histórica tendrá que aplicarse por haber sido aprobada legalmente, no podría ser de otra forma; y quien no esté de acuerdo en cómo se aplica, debería recurrir a los tribunales de justicia en defensa de su opinión. Esta ha sido la decisión de las hijas de Juan Canalejo y del general Millán Astray, en relación con el cambio de denominación de las correspondientes calle y plaza.

Los fieles y la Orden Benedictina que han pretendido en vano participar en la Santa Misa en la Basílica del Valle de Cuelgamuros, han recurrido el cierre.

Estas actitudes no pueden parecer ni bien ni mal: suponen el ejercicio del derecho a discrepar de formal legal y civilizada, para que sea la justicia quien decida.

Desde este respeto a la legalidad, yo me permito manifestar mi opinión personal en algo tan concreto como la supresión –cito textualmente– de placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, de la sublevación y de la represión de la dictadura (artículo 15 de la ley). A más de 70 años de distancia de los hechos, cuando una inmensa mayoría de la población española desconoce quienes fueron las personas que figuran en las placas de algunas de nuestras calles, ¿puede alguien considerar que suponen exaltación de la sublevación unos nombres que nada significan para la inmensa mayoría de los españoles?

En cuanto a la Basílica del Valle de Cuelgamuros, el artículo 16, dice textualmente: 1.- El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. 2.- En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil o del franquismo. Debe estar muy justificado por razones de seguridad el cierre de la Basílica, para que, sin incumplir la ley, se impida el culto.

Cito de pasada algunas expresiones de la exposición de motivos de la ley citada, a cuya luz debe interpretarse jurídicamente el texto dispositivo: espíritu de reconciliación y concordia, respeto al pluralismo, voluntad de reencuentro y clara vocación integradora.

Reitero lo dicho: respeto a la legalidad vigente –nos guste o no nos guste– y proclamación del derecho a recurrir ante los tribunales por parte de quien considere que su aplicación no se cohonesta con el texto articulado o con el espíritu de la norma.

Xornal de Galicia.com vía google noticias

NOTA:

Dado la pluralidad de estás páginas, y en consecuencia, y siguiendo su línea editorial, os publicamos este artículo aparecido en Xornal de Galicia con respecto a la aplicación de La Ley de La Memoria Histórica y el derecho, el cual nos parece interesante para que podáis aportar vuestra opinión y comentarios.

La Memoria Viv@


La Asociación de Memoria Histórica de Lena…

noviembre 10, 2010

Las iniciativas para «restañar» las heridas del recuerdo…

GERMÁN MAYORA PRESIDENTE ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE LENA Desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica se formaron en todo el país una serie de opiniones que hicieron que se consumieran, como se suele decir, ríos de tinta, comentando sobre su conveniencia , idoneidad y oportunidad, pero sobre manera, las soluciones que esta Ley pudiera dar, después de más de setenta años desde que ocurrieron los hechos y que con ella en vigor, se duda de que se puedan aclarar enigmas existentes sobre el paradero de muchas personas. No se pretende entrar en polémica, por nada ni con nadie, porque todos los que en aquella época vivieron y sufrieron lo acontecido, de cualquier color, con la pérdida de familiares, no buscan el «revolver el pasado», como muchas personas opinan, tampoco pretenden venganza, pues en todos ellos el denominador común es que algo como lo ocurrido en aquellos años jamás se vuelva a repetir. Pero sí hay que hacer una reparación con los vencidos que, a diferencia de los vencedores, no tuvieron la oportunidad de buscar y recoger a sus muertos, pues por las circunstancias de los tiempos debieron de permanecer callados y llorar en silencio la muerte y desaparición de los suyos.

Es pues, la Ley de Memoria Histórica, quien de una manera, en nuestra opinión, viene a paliar esta considerable diferencia, entre unos y otros, a pesar del tiempo transcurrido. Pretende «restañar» heridas del recuerdo, heridas que aún hoy cuando un hijo evoca como y cuando a su padre o madre se lo llevaron para desaparecer y nunca más volverlo a ver, le dejen de asomar las lágrimas de la desesperación y surjan, simplemente, las del recuerdo cariñoso.

Y es con este convencimiento con el que se forma la Asociación, naciendo al amparo del artículo 22 de la Constitución, Ley Orgánica de 1/2002 de marzo y de la Ley de Memoria Histórica 52/2007del 20 de diciembre, al igual que otras muchas en Asturias y en el resto del país. El que aquí exista una asociación, de este tipo, tiene entre otras explicaciones una sencilla y lógica. Nuestro concejo de Lena, entre los 78 de Asturias, es de los que por circunstancias de situación se encuentra entre los que más número de fosas tiene en su territorio. No quiere decir esto que las 26 fosas contabilizadas (hasta la fecha), con sus restos, correspondan todas a las gentes de nuestro concejo, pero lo que si sabe es que hay un total de 356 desaparecidos. Datos que gentes con mucho esfuerzo y tesón, dedicando su tiempo libre, y en colaboración con las diferentes Administraciones, fueron recopilando hasta confeccionar estas largas listas de muertos y desaparecidos que se acerca al medio millar. Así se conocerá donde, cuando y como perdieron su vida y, de esta manera, sus descendientes podrán de ellos saber y si, así lo consideran, dar a sus restos sepultura, junto a los suyos, en el lugar que les corresponda. Haciendo honor, aunque con muchos años de retraso, a que se les respete un natural derecho, al igual que al resto de los ciudadanos, que por su condición, les fue usurpado.

Por tanto, se crea en Lena la Asociación. Con entusiasmo y voluntad de un grupo de personas que entendemos de la necesaria colaboración con los familiares y con los derechos, que aún hoy tienen los muertos y desaparecidos. El apoyo de la Administración Local, y de los grupos políticos del arco municipal, nos anima a comenzar y desde hace poco tiempo a funcionar con el simple objetivo de ponernos al servicio de quien nos necesite. Además, podemos ser, entre otras cuestiones, la intermediaria con las distintas administraciones y el Ministerio de Justicia, para quienes tengan interés por conocer e incluso exhumar, si es su deseo, los restos de familiares que en una de las fosas existentes se puedan encontrar. Decir, para conocimiento público, que nos hallamos en el edificio del Ayuntamiento, desde las 11 hasta las 13 horas, los viernes, y que solicitamos participación, colaboración e información, toda la que nos puedan dar, sobre lugares y hechos acaecidos en esos pasados trágicos años.

 

La Asociación de Memoria Histórica de Lena

 

La Nueva España

 


Asociación de La Palma pide una reunión con el alcalde para agilizar la apertura de la fosa…

octubre 17, 2010

Proponen una modificación de la Ley para que las CCAA puedan obligar a los ayuntamientos a autorizar las exhumaciones de fosas.


HUELVA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica de La Palma del Condado (Huelva), Ignacio Ávila, ha asegurado este domingo que solicitará formalmente una reunión con el alcalde de la localidad, Juan Carlos Lagares (PP), para intentar conseguir del regidor un acercamiento de posturas y agilizar los trámites para la apertura de la fosa ubicada en la localidad.

En declaraciones a Europa Press, Ávila ha incidido en la importancia de la colaboración del ente local, el cual debe autorizar la apertura de la fosa, que se encuentra convertida en un parque “sin que el Ayuntamiento haga nada”.

Asimismo, ha aclarado que el consistorio “sólo tendría que otorgar la autorización” y ha insistido en que la Asociación “se encargaría de buscar todas las subvenciones necesarias” para llevar a cabo los trabajos. “Estas subvenciones las concede la Junta de Andalucía y del Gobierno central”, ha añadido.

En esta mismo sentido, Ávila ha propuesto que dentro de la Ley de Memoria Histórica se añada un apartado al objeto de que “las Comunidades Autónomas puedan obligar a los ayuntamientos a autorizar la apertura de fosas”, en especial de las ubicadas fuera de los cementerios, como es el caso de la de La Palma del Condado.

“Las que están dentro de los cementerios están más cuidadas pero la de La Palma está cubierta de césped y sin cuidar”, ha matizado.

Del mismo modo, ha remarcado que “la única esperanza” de la Asociación es que en las próximas elecciones cambie el Gobierno municipal, por lo que se mostró convencido de que un cambio de postura del Ayuntamiento de La Palma será “muy difícil”.

Además, Ávila ha recordado que la fosa se encuentra señalizada para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la misma, a la par que ha incidido en la relevancia del sistema, –promovido por la Diputación–, que permite la consulta por Internet del archivo digitalizado de los consejos de guerra instruidos a onubenses entre 1936 y 1943, ya que gracias a estos archivos, se demuestra “la ubicación de la fosa, así como se conocen los nombres y apellidos de los que fueron fusilados y enterrados en este lugar en 1937”.

La Asociación de la Memoria Histórica de La Palma del Condado era antes conocida como la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña pero ahora se ha constituido una nueva asociación, aunque “en colaboración con todas las de la provincia”.

Europa Press vía google noticias

El Vicepresidente de la Asociación por la Memoria Histórica del Condado-Campiña, D. Ignacio Ávila Pinto...(fotografía de Haciendo Memoria:http://nachoavila.blogspot.com/)


Alcaldía y PSOE enfrentados por aplicar la Ley de Memoria Histórica en Los Corrales…

octubre 17, 2010

Toribio considera prioritario realizar mejoras en las calles del casco urbano mientras que los socialistas apelan al cumplimiento de acuerdos plenarios…

 

Urbanización de La Condesa, una de las más grandes de Los Corrales de Buelna. :: CAVIA

 

17.10.10 –

NACHO CAVIA | LOS CORRALES DE BUELNA

 


¿Qué es prioritario para los ciudadanos de Los Corrales de Buelna, solucionar el problema del grave deterioro de las aceras en la urbanización La Condesa o dar vía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?. Esa es la cuestión en torno a la que giran los últimos enfrentamientos entre el equipo de gobierno municipal que preside Mercedes Toribio Ruiz (PP), y el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Óscar del Val. Éste último apela al cumplimiento de un acuerdo plenario que no acaba de formalizarse, especialmente en el cambio de nombre de una decena de calles sobre el que había un principio de acuerdo, o al menos una aproximación de posturas.
Mercedes Toribio mantiene lo que viene diciendo desde el inicio del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica: que no es prioritaria o al menos que no lo es frente a lo que considera necesidades acuciantes de los ciudadanos.
Y ahí vuelven a enfrentarse los dos portavoces. Porque Mercedes Toribio apela a que es más urgente el arreglo de las aceras de la urbanización La Condesa, una de las zonas más populosas y desde luego la más céntrica de Los Corrales de Buelna, diseñada por el concejal y también arquitecto Óscar del Val. En la actualidad, según la alcaldesa de Los Corrales, el mal estado de estas aceras está costando mucho dinero a las arcas municipales en concepto del pago de indemnizaciones a las personas que sufren daños personales.
Con cierta ironía, el portavoz socialista y arquitecto contesta que él dibujó rectas las aceras y que quizás el problema reside en que en los últimos dieciséis años el Ayuntamiento de Los Corrales no ha hecho nada por arreglar zonas públicas como es el caso de esas calles.
Para Mercedes Toribio sería conveniente conocer qué es más importante para los ciudadanos, mientras que para Óscar del Val la cuestión es que con ese debate se intenta desviar la atención consiguiendo retrasar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ocultando así una mala gestión del gobierno popular.
Medio millón de euros
La alcaldesa de Los Corrales señala una cifra: medio millón de euros que el Ayuntamiento necesita para solucionar el deterioro de las aceras de La Condesa. Óscar del Val aporta un hecho: ni se aplica la ley, ni se mejoran las aceras, ni se convoca ninguna de las comisiones donde tratar alguno de esos dos temas.
Eso sí, la alcaldesa ha señalado que se convocará la Comisión Especial de Aplicación de la Ley de Memoria Histórica cuando llegue el momento. Todo hay que decirlo, sin coste para las arcas municipales, porque los concejales renunciaron a cobrar por asistencia a esa comisión especial.

El Diario Montañés vía google noticas

LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRSE…

Una vez más aparece la controversia de la adecuación o no sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Por desgracia y en los tiempos que corren, puede parecer  para aquellos que sufren de amnesia histórica o no tienen familiares afectados por la represión franquista, o si los tienen les importa un comino, una frivolidad el utilizar recursos públicos en la aplicación de susodicha ley.

Para que no queden dudas al respecto, me gustaría enumerar una serie de circunstancias y de factores que argumentan el por qué es conveniente que la Ley de la Memoria Histórica (sin entrar en más disquisiciones de si es o no una ley apropiada) se aplique en su totalidad y en todo el Estado.

Si nos atenemos al derecho y la justicia sobran argumentos, pero el principal sería que las leyes están precisamente para ser cumplidas y no discutidas y puestas en entredicho continuamente dependiendo de a quiénes o no favorecen. Y en el caso de que no se consideren adecuadas, hay mecanismos legislativos y jurídicos para poder modificar o derogar las mismas. Pero mientras no sea así, éstas deben ser cumplidas sin excepción y excusas, sino se está cometiendo una falta o delito premeditado, además de poner en riesgo todo el sistema de libertades, derecho y justicia.

Claro está que todo tiene un origen, y las leyes no van a ser menos, por eso cuando se legisla y se aprueba una ley, ésta debe ir acompañada de los medios necesarios para que su aplicación sea factible y real con el fin de no hacer inoperante la misma, es decir, debe contar con las herramientas necesarias para su práctica y uso, tanto humanas como materiales y económicas, si no es así, es que algo falla en el sistema.

Un país que se pretende moderno, democrático y sobre todo aspirante a ser una potencia europea y mundial en muchos aspectos, no puede ni debe obviar su historia, el derecho y los acuerdos internacionales que tiene firmados y ratificados con los diversos entes jurídicos y legislativos mundiales, saltándose todas las recomendaciones y leyes que a éste efecto se le han hecho desde los diversos estamentos y que van en contra del Constitucionalismo Internacional. Y cuanto menos, no puede moralmente exigir a otros países el cumplimiento internacional de leyes si él mismo es incapaz de aplicarse el cuento.

Como colofón final, no me gustaría pasar por alto lo que a mi modo de entender es más importante que los puntos anteriores, y que no es más que el derecho de las víctimas y sus familiares a ser reconocidos, a que sea condenado y por tanto reparado el mal causado por el régimen absolutista, dictatorial y criminal de Franco, el cual aplicó el concepto de limpieza ideológica premeditado, planificado y sistemático después de haberse alzado ilegalmente contra un gobierno electo y legitimado por el sufragio universal y haber sido precursor y provocador de una Guerra Civil. Debería ser el propio Estado el valedor y encargado de proteger a las víctimas, así como el promotor de trabajar para recuperar la memoria histórica del país en su totalidad, creando los espacios, museos, archivos y políticas educativas que mantengan vivo el recuerdo de un pasado que no debería repetirse nunca. Y para ello hay que recordar y divulgar la propia historia, no como un modo de venganza y escarnio de lo acontecido, sino con el sentido pedagógico y educativo que requiere un acontecimiento tan importante en los anales de nuestra historia. ¿Se imaginan a una Alemania anclada en el olvido del nazismo y la II Guerra Mundial?

España tiene una importante deuda histórica, jurídica y moral con ella misma, y un país que arrastra un lastre pretérito tan pesado  es muy difícil que avance hacia un futuro con buen ritmo y paso, sobre todo, cuando es incapaz tan siquiera de hacer cumplir sus propias leyes. Lo dicho controversias a parte, las leyes están para cumplirse.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


La reconciliación como ideología…

agosto 12, 2010

TRIBUNA: RICARD VINYES.

En la difícil relación que algunos Estados tienen con su turbulento pasado, la figura de la víctima permite crear espacios neutros y ‘museos ecuménicos’ donde se borran los conflictos y triunfa la memoria administrativa.

En un libro clásico de Alexander y Margarete Mitscherlich, Fundamentos del comportamiento colectivo: La imposibilidad de sentir duelo -fechada en 1967 la edición original y traducida por primera vez al castellano en 1973-, ambos psicoanalistas ofrecían el primer diagnóstico sobre la conducta de la sociedad alemana desde el fin de la II Guerra Mundial hasta mediados de los años sesenta en relación con su pasado contemporáneo. Sostenían que aquella sociedad había buscado en el esfuerzo sobrehumano de la recuperación industrial y económica de posguerra el rechazo de asumir, en su subconsciente colectivo, los crímenes del nazismo.

El ‘sujeto-víctima’ deviene una institución moral y jurídica que actúa como tótem nacional

Los autores se preguntaban por qué no se habían examinado los comportamientos de sus conciudadanos alemanes durante la República de Weimar y el Tercer Reich “de un modo suficiente y crítico. Desde luego, al decir esto no nos referimos a los conocimientos de ciertos especialistas, sino a la deficiente difusión de esos conocimientos en la conciencia política de nuestra vida pública”. Y añadían: “Utilizamos la transición y el Estado democrático para producir bienestar, pero apenas para producir conocimiento”. No se referían a la erudición profesional -insisten mucho en este aspecto-, sino al conocimiento de los orígenes y del proceso de crecimiento ético -la conciencia- de una ciudadanía. Situaban la ética política no solo en la historia, sino en la responsabilidad de la ciudadanía y, por tanto, del Estado de derecho.

En Valls, un ángel del monumento a la victoria de 1939 convive con versos de Salvador Espriu

Años más tarde -en 1990-, Alejandro González Poblete, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, en una carta dirigida a la Comisión Rettig proponía de qué manera debía entender el Estado una política pública de reparación: “Entendemos la reparación como un proceso individual y colectivo de crecimiento y de apropiación de una mejor calidad de vida, que implica la dignificación moral y social de la persona y del grupo familiar dañado por la represión. Sin perjuicio de la principal obligación del Estado de asumir la reparación de las víctimas, corresponde a la sociedad toda reconocer la necesidad de esa reparación y contribuir a ella,

que no se crea que medidas indemnizatorias del Estado son suficientes para cumplir con el objeto reparatorio”. Al igual que los Mitscherlich, cuando hablaban textualmente de la “conciencia política de nuestra vida pública”, González Poblete vinculaba también calidad de vida y bienestar con la socialización de un reconocimiento público de los desastres de la dictadura.

Pero actuar de esta manera requiere una decisión política del Estado de derecho: requiere acordar cuál es su origen ético y proceder en consecuencia. Una decisión que siempre ha instalado una querella en los procesos de transición y en la democracia posterior.

En España, ni el conocimiento y responsabilidades de la devastación humana y ética que había provocado el franquismo, ni la restitución social y moral de la resistencia, ni el deseo de información y debate que sobre aquel pasado inmediato iba expresando la ciudadanía más participativa, fueron nunca considerados por el Estado parte constitutiva del bienestar social de muchos ciudadanos. Ni tampoco como una pregunta que interrogaba sobre la base ético-institucional del Estado; es más, esas demandas siempre fueron juzgadas como un peligro de destrucción de la convivencia, por lo que debían ser apaciguadas para el bien de la ciudadanía. El Estado debía inhibirse para evitar cualquier conflicto, sin tener presente que así como no hay instituciones sin ciudadanos que las sustenten, tampoco hay ciudadanía sin conciencia ni conflicto.

Esa denegación del Estado y sus distintos administradores, ha conllevado un discurso cuyo núcleo es la equiparación y unificación de valores, y para ello ha recurrido a la institucionalización de un nuevo sujeto, la víctima. Más que una persona (una biografía, un proyecto), el sujeto-víctima constituye un lugar de encuentro con el que el Estado genera el espacio de consenso moral sustentado en el sufrimiento impuesto; por ese camino el sujeto-víctima deviene una institución moral y jurídica que actúa como tótem nacional. Un espacio que reúne a todos, desde el principio de que todos los muertos, torturados u ofendidos son iguales. Algo que resulta tan indiscutible empíricamente como inútil y desconcertante a efectos de comprensión histórica, al disipar la causa y el contexto que produjo el daño al ciudadano. Ese aprovechamiento del sujeto-víctimagenera un espacio en el que se disuelven todas las fronteras éticas, estableciendo un vacío que el Estado ha colmado con una memoria administrativa derivada de la ideología de la reconciliación, que nada tiene que ver con la reconciliación como proyecto político.

Un proyecto político es algo que surge del conflicto histórico y de la necesidad de resolverlo del modo más satisfactorio para todos aunque no contente a todos, por lo que requiere discusión, negociación, acuerdo relativo y una decisión mayoritariamente compartida. El proyecto político de la reconciliación tiene, siempre, su expresión práctica y emblemática en el Parlamento y la Constitución. Ambas instituciones expresan los grados de reconciliación logrados durante la transición a la democracia y tras ella, pero en ningún caso esas instituciones sustituyen a la sociedad y las memorias que la sociedad contiene.

En cambio, una ideología -por ejemplo la de la reconciliación-, lejos de asentarse en la realidad pretende crear la realidad, o a lo sumo evitarla. Es un instrumento de asimilación, su vocación es devorar cualquier elemento antagónico y expandir las certezas absolutas en que se sostiene. La ideología no tiene capacidad de diálogo porque no nace para eso, y la memoria por ella creada, la memoria administrativa o buena memoria, tampoco, porque es una memoria deliberadamente única, sustitutiva.

Además, la ideología de la reconciliación y el consenso requiere espacios simbólicos de reproducción y difusión propia. Uno de los efectos de esa necesidad es que a menudo ha implementado la dramatización figurativa -sorprendentemente llamada tambiénmuseificación- de espacios relativos a la memoria, en muchos casos vinculados a grandes negocios de la industria cultural o turística, a su vez relacionada con intereses locales. Ha creado ritos, simbologías y arquitecturas, escenarios y textos. Ha creado un nuevo tipo de museo en el que la colección no está constituida necesariamente por objetos, sino por ideas. Son museos ecuménicos.

Con esa expresión me refiero al escenario de múltiples formatos en el que es asumida y representada la igualdad de todas las confesiones (opciones, ideas, éticas, políticas…) con el resultado de constituir un espacio altamente autoritario, pues lejos de presentar la pluralidad de memorias, las diluye en el relato de un éxito colectivo -la reconciliación, que ha dejado de ser un proyecto político para convertirse en un mero discurso ideológico- y que es presentado como la única memoria posible, la buena memoria.

El museo ecuménico (un edificio, un espacio, una exposición, un texto en un panel, una placa de homenaje…) es un área de disolución de memorias y conflictos en la que a través del uso ahistórico de la víctima, la impunidad equitativa ofrece su propia expresión simbólica. Hay ejemplos estupendos en toda Europa -en Verdún, en Bonn, en Budapest-. Es lo que sucede con los espacios de la batalla del Ebro, un contundente ejemplo delecumenismo simple a propósito de una guerra escenificada como técnica de enfrentamiento, no como prolongación de relaciones sociales y políticas. O lo que sucede con numerosos monumentos franquistas que, presentes aún en muchas ciudades, han sido mutados por las autoridades locales generando curiosos palimpsestos para la posteridad: por ejemplo -solo uno- en la ciudad de Valls (Tarragona), donde el Consistorio instaló en el monumento a la Victoria una placa con versos del poeta Salvador Espriu que invocan la comprensión y tolerancia, bajo un irreductible y amenazante ángel de los de 1939 alzando su espada de guardián de algo, y a su vez protegido, unos metros más arriba, por una enorme, siniestra e inevitable cruz de piedra. Disolución de memorias en espacios y formas diversas. Museos ecuménicos.

Ricard Vinyes es historiador.

El País.com (Opinión)


La Asociación para la Memoria Histórica halla una fosa en Valdemorilla (León) con los restos de un hombre…

agosto 12, 2010

La ARMH estudia la posibilidad de denunciar a los jueces que no acudan a las fosas e incumplan la Ley de Enjuiciamiento Criminal…

IZAGRE (LEÓN), 11 Ago. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hallado hoy una fosa situada en una tierra de labor cercana a la localidad de Valdemorilla, en el municipio leonés de Izagre, en la que según los primeros indicios se encuentran los restos de Eduardo Romero Modino, un campesino vecino de Villaverde de Sandoval (León).

El hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda en un área que había sido señalada por diversos testigos, tras lo cual la ARMH denunció el descubrimiento del enterramiento ilegal, por lo que la Guardia Civil realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, según informaron a Europa Press fuentes de la Asociación.

El 9 de septiembre de 1936 Eduardo Romero, de 23 años, fue detenido en Villamoros de Mansilla (León) por un grupo de pistoleros de Falange, para ser fusilado junto a la cuneta de la carretera que une las localidades de Albires y Valdemorilla. El paraje pasó desde entonces a ser conocido como ‘la finca del muerto’, por el hecho de que popularmente se conocía que allí había sido asesinado y enterrado.

La ARMH tramitó la denuncia referente al hallazgo de la fosa con la esperanza de que acudiera el juez correspondiente, como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos en los que aparecen o son encontrados restos humanos con signos de violencia.

Ante la “reiterada negativa” de los jueces a acudir a las fosas de la represión franquista, la Asociación estudia la posibilidad de denunciar a los jueces que “evadan su responsabilidad”, puesto que con ello “niegan los familiares de los desaparecidos una de las normativas fundamentales” que recoge la Constitución en su Artículo 24 sobre el derecho a una tutela judicial efectiva: (24.1) “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

Los trabajos de exhumación son dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y en ellos participan varios voluntarios. Las tareas de identificación se llevarán a cabo en el laboratorio que la ARMH tiene en el campus de Ponferrada (León) y correrán a cargo del antropólogo forense José Luis Prieto.

Europa Press vía google noticias