Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos…

enero 20, 2012

El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España

Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.

Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.

Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias. 

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..

En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.

Información adicional

Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.

Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes. 

La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.
 A. I

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/caso-garzon-nadie-debe-ser-juzgado-por-investigar-violaciones-de-derechos-humanos-1/


Piden que se investiguen desapariciones de la Guerra Civil por la entrada en vigor de una convención de la ONU…

enero 4, 2011

MADRID/TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo) ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investigue las desapariciones que se produjeron en 1936 en el Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), al considerar que el tribunal es competente para abrir un procedimiento por estos hechos debido a la entrada en vigor de una convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.

El colectivo ha presentado este lunes un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que defiende su competencia para abrir un procedimiento judicial sobre estos hechos –tal y como hizo su antecesor, Baltasar Garzón, que por esta actuación será juzgado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación–, y recurre en reforma su decisión de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera.

El recurso, elaborado por el abogado Fernando Magán, recuerda que el pasado 23 de diciembre entró en vigor en España la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que recoge que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” al tratarse de “un delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político”.

Tras recordar que los hechos del Cortijo El Marrufo “no han sido esclarecidos judicialmente”, la asociación señala que el artículo 20 de la Convención establece que el Estado Parte garantizará a los allegados de la persona privada de libertad “el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición”. “Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia”, añade.

“PLAN PRECONCEBIDO”

A su entender, esta disposición impone a la Audiencia Nacional “la obligación de continuar practicando diligencias” para esclarecer estos hechos, que la asociación enmarca en “un plan único, preconcebido y sistemático” llevado a cabo por el general Franco y los sublevados para “destruir las instituciones del Estado y ocasionar el exterminio radical de una parte importante de la población nacional española, como solución final a la democracia entonces vigente”.

Según la asociación, los hechos del Cortijo El Marrufo constituyeron “una bárbara masacre” contra hombres, mujeres y niños que intentaban alcanzar una zona segura en la provincia de Málaga y fueron interceptados por tropas mercenarias que cruzaron el Estrecho y se adentraban en el territorio peninsular. Según las cifras manejadas por este colectivo, estos hechos tendrían conexión con las desapariciones que se produjeron en toda España durante la Guerra Civil, que se elevarían a un total de 156.232.

Europapress vía google noticias


Bruselas se abstiene de juzgar la memoria histórica del Este de Europa…

diciembre 26, 2010

Seis países solicitaron a la Comisión que equiparara la negación del Holocausto con la de los crímenes cometidos por los antiguos regímenes comunistas

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO – Bruselas – 24/12/2010

Un grupo de húngaros ondea la enseña nacional sobre un tanque soviético en Budapest en 1956.- AP

La Comisión Europea ha rechazado una petición de seis países de la Europa Central y Oriental de sancionar la negación de los crímenes cometidos por el comunismo del mismo modo que en algunos países europeos es delito negar el Holocausto. El Ejecutivo comunitario reconoce que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado” es un deber colectivo, pero remite la papeleta a los Gobiernos de la Unión, que deberían ser quienes por unanimidad decidan incluir aquellas atrocidades en la lista de los sancionables a escala comunitaria. La imposibilidad de alcanzar semejante consenso deja las cosas como están: cada país puede adoptar para sí mismo la legislación que considere.

    Comisión Europea

    Búlgaros, húngaros, letones, lituanos, checos y rumanos firman la petición

La UE recomienda “mantener viva la memoria de los horrores”

Los ministros de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía enviaron recientemente una carta a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, en la que reclamaban una iniciativa legislativa para castigar la “aprobación pública, minusvaloración o negación de los crímenes totalitarios”.

La carta fue promovida por el jefe de la diplomacia lituana, Audronius Azubalis, quien, como muchos políticos de países antaño sometidos al dominio de la Unión Soviética, se lamenta de que los europeos estén perfectamente al tanto de las atrocidades cometidas por los nazis (Alemania, Austria, Francia y Hungría incluso han criminalizado la negación del Holocausto) e ignoren las perpetradas por los comunistas. La negación o condonación de tales delitos “debe ser sometida a los mismos estándares [que se aplican a los crímenes nazis] para evitar el resurgimiento de la ideología totalitaria”, dicen los signatarios.

Karel Schwarzenberg, ministro checo perteneciente a una familia aristocrática acosada por el comunismo, mantiene que los crímenes de los totalitarismos son perfectamente equiparables, que Hitler y Stalin fueron asesinos de masas y que quienes colaboraron con ellos fueron cómplices.

La carta era la última manifestación de un activismo de base que se encarnó en abril del año pasado en una resolución del Parlamento Europeo, jurídicamente no vinculante, en la que se dice que “Europa no estará unida hasta que sea capaz de establecer una visión común sobre su historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes fascistas y comunistas como un legado común”. Condenaban, además, sus euroseñorías “todos los crímenes contra la humanidad (…) perpetrados por todos los regímenes totalitarios y autoritarios” y pedían que el 23 de agosto se convirtiera en “Día Europeo conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios”.

Los propios Gobiernos de la Unión dieron a finales de 2008 dos años de plazo a la Comisión para que evaluara si hacía falta un instrumento jurídico específico para abordar la cuestión. Bruselas encargó entonces un estudio sobre cómo se trata en los Veintisiete la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa y ese trabajo de casi 500 páginas, dirigido por el politólogo español Carlos Closa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha servido ahora de base al informe de la Comisión que frustra las expectativas de los seis ministros.

Closa y sus colaboradores establecen con lujo de detalles que los distintos países emplean un amplio abanico de métodos e instrumentos para tratar con la memoria de los totalitarismos; que cada Estado ha adoptado su propia combinación de legislación y políticas para abordar la cuestión, y que el negacionismo sobre uno u otro extremo suscita diferente respuestas: once países no tienen legislación sobre el particular y solo dos (República Checa y Polonia) consideran delito negar los crímenes del comunismo.

Recuerda la Comisión que el artículo 83 del Tratado de Lisboa fija claramente las infracciones penales y sanciones en ámbitos delictivos que pueden ser objeto de directivas (terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de moneda, delincuencia informática y organizada) y hace notar que “la condonación, negación o flagrante trivialización públicas del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra infligidos a grupos de personas identificados por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico no entra en esas áreas”.

El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los Gobiernos de los Veintisiete: “La relación de áreas [sobre la que se puede preparar una directiva] puede ser ampliada por unanimidad por el Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo en función de la evolución de los delitos”. Y cierra el caso: “En estos momento las condiciones no se cumplen” para adoptar una iniciativa que satisfaga a los seis ministros.

Expuesta la argumentación jurídica, la Comisión concluye que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado es nuestro deber colectivo como señal de tributo y respeto a todas las víctimas que han sufrido y perecido y como un modo de asegurarse de que no volverá a ocurrir”.

El País.com vía google noticias

 


“No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo”

diciembre 26, 2010

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

PATRICIA CAMPELO Madrid 25/12/2010

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir “un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936”.

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición “continúan” y por ello “superan la Ley de Amnistía”

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad” resultados de una práctica “generalizada y sistemática” y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, “lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar”, indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: “A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito”. La ARMH considera que los delitos de desaparición “continúan cometiéndose”, por lo que “superan la Ley de Amnistía de 1977” y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan “sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial”, según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, “ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional”.

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: “Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada”. “Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un “deber de facilitar la búsqueda a las víctimas”, es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que “el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo”.

Por último, la asociación espera “que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención” y, de este modo, “garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353359/prescribir/crimen/sigue/cometiendo/memoria/historica/desaparecidos


Tres años de “Memoria Histórica” institucional…

diciembre 21, 2010

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitud hacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible.

Grupo Memoria Libertaria Valladolid | 20-12-2010   www.kaosenlared.net/noticia/tres-anos-memoria-historica-institucional

La llamada Ley de “Memoria Histórica”, propuesta por el actual gobierno, entró en vigor tras ser publicada el 26 de diciembre de 2007 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llevamos pues tres años de “Memoria Histórica” institucional y, pese a ello, no sólo sigue siendo una materia pendiente la rehabilitación institucional (jurídica) de las víctimas de la represión franquista sino que la búsqueda de las “enterradas en cunetas” continúa realizándose con cuentagotas y sin ser asumida oficialmente por el Estado.

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitudhacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible. No sólo porque, a pesar de sus declaraciones y propuestas aparentemente favorables a ellas, en la práctica ha actuado con lentitud y tibieza sino también de forma totalmente contradictoria o negativa cuando se ha tratado de su reparación moral y política.

Tal es el balance de estos tres años de vigencia de dicha Ley. En vez de actos concretos, para responder a las principales reivindicaciones morales, políticas y jurídicas de las Asociaciones de Memoria y de los familiares de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno se ha limitado a gestos y anuncios publicitarios que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones. Gestos y anuncios publicitarios cuyo único objetivo es el de hacer creer que se está haciendo o se quiere hacer algo en favor de ellas y del reconocimiento político-histórico de su lucha; pero que, en realidad, se hacen para seguir escamoteando las reivindicaciones morales, políticas y jurídica.

Gestos y anuncios publicitarios, para salvar las apariencias y dejar pasar el tiempo. Como esta iniciativa para que la UNESCO consideré como “Memoria de la Humanidad” el Archivo de la represión franquista que se encuentra actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. O esta otra similar: la proposición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de crear una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños, para que “estos niños o sus familiares puedan tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos”.

Un desfase total entre las palabras y los hechos del Gobierno, y ello por su porfía en no enajenarse las “simpatías” de los poderes fácticos y del PP. Así se ha podido ver, recientemente, con el destino a dar al único gran monumento que sobrevive de los construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX: la monumental Cruz y a la basílica del Valle de los Caídos. Pues, mientras varios Foros por la Memoria piden la voladura de esa gigantesca cruz, la desacralización de la basílica y que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y entregados a sus familiares, Jáuregui, el flamante ministro de Presidencia, informa que las obras de rehabilitación de la basílica, en las que se han invertido más de 100.000 euros, están llegando a su fin y que los monjes benedictinos pronto podrán dar nuevamente misas en ella. Además, para ratificar la equidistancia política implícita en la Ley de “Memoria Histórica”, Jáureguiprecisa que, de acuerdo con dicha ley, el Ejecutivo tiene la intención de servirse de ese recinto para “honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política, de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles”.

Las cifras de la Ley de “memoria Histórica”

Siguiendo en esta línea, de sacrificar la ética y la justicia a las “circunstancias” políticas e históricas y a los costos monetarios, Jáuregui acaba de presentar el balance de la aplicación de esta Ley, anunciando que en el próximo trimestre se pondrá en marcha “un portal de Memoria Histórica” y será accesible por internet “el mapa de las fosas”. Afirmando, además, que esta Ley ha permitido a 151.400 hijos y nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española y a 21 brigadistas internacionales obtenerla. También ha informado que 849 personas (viudas, hijos y demás familiares de españoles fallecidos en la guerra civil) se han beneficiado de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social. Que otras 57 han obtenido indemnizaciones por concepto de haber sufrido prisión y 382 se han beneficiado de la exención del pago del IRPF por esas indemnizaciones. Que de las 183 solicitudes recibidas en la Comisión de Evaluación para la indemnización a familiares de ejecutados, 48 han sido concedidas, y que de las 143 solicitudes de indemnización para quienes fueron internados por su condición de homosexuales, 82 fueron resueltas positivamente, 44 negativamente y 13 no fueron admitidas, mientras que otras 4 siguen en tramitación. A lo que se debe agregar las 2.196 personas que se han podido beneficiar de las prestaciones aprobadas para los llamados “niños de la guerra” que fueron desplazadas al exterior durante la guerra civil.

A este balance contable, de prestaciones monetarias para las víctimas o familiares de las víctimas del franquismo, de estos tres años de “Memoria Histórica” institucional, Jáuregui ha añadido con mucho énfasis los 855 títulos honoríficos expedidos por el Ministerio de Justicia como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, resaltando que entre ellas había personalidades tan conocidas como el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys o el poeta Miguel Hernández. Concluyendo su informe afirmando que hasta el día de hoy se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos relacionados con la “recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral de las víctimas”, y que, para 2011, el Gobierno prevé dedicar a esos proyectos 5.253.850 euros, aunque, con una enmienda presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos, podrá contarse con un millón de euros más.

El precio de la “Memoria Histórica”

Así pues, tanto para el Gobierno del Sr. Zapatero como para el PSOE, la recuperación de la “Memoria Histórica” debe ser compatible con la amnesia deliberada que hizo posible la “Transición” y con la España que la Dictadura y la “Transición” han forjado. Por eso, para ellos, esta recuperación debe quedar limitada a esas prestaciones materiales y a esos títulos honoríficos. Nada de revisión de juicios y anulación de sentencias. Nada de cambiar el entramado jurídico de la Dictadura que no se cambió al momento de la “Transición”. Por eso, hace poco, los “socialistas” con la ayuda de los “populares” han tumbado una moción de ERC reclamando al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo, por sí mismo o bien a través de la Fiscalía del Estado, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo. Sentencias declaradas “ilegítimas” por la Ley de Memoria Histórica; perocuya “ilegitimidad” es puramentesimbólica, puesto que tal declaración no anula la jurisprudencia en vigor, en la que sigue presente como testimonio de su pasado franquista.

El Gobierno y los socialistas saben que no se pide la nulidad por temor a consecuencias judiciales, puesto que la Ley de amnistía de 1976 las hace imposibles. Que se pide porque es una vergüenza que tal estigma figure aún en una jurisprudencia que se pretende democrática.

Lo saben, y por eso el Gobierno se ve obligado a recurrir a malabarismos retóricos para justificar su cobardía moral y política a poner fin a esa vergüenza. Malabarismos retóricos que han obligado al ministro de Justicia, Caamaño, a recurrir a un sofisma para pretender que la petición de anulación de juicios del franquismo es un “imposible jurídico”:puesto que : “La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos”. O sea que, para él y el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos dichos juicios y, en consecuencia, no tiene sentido alguno pedir su anulación. Pero que no tenga sentido para ellos no quiere decir que no lo tenga para los que fueron víctimas de tales juicios, para sus familiares y para cuantos lo consideran un deshonor impropio de una Democracia que se pretende, además, un modelo de Estado de Derecho.

¿Cómo pues no indignarse ante tal falta de ética y de responsabilidad política de un Gobierno y un Partido que, además de proclamarse demócratas, se reclaman del socialismo? Un Gobierno y un Partido que ya desde la constitución de la comisión nombrada por la Presidencia del Gobierno, para preparar el borrador de la Ley de Memoria Histórica, le señalaron a ésta que su misión no era de recuperación de la memoria histórica sino de “reconocimiento de las víctimas de la guerra civil” para “cerrar las heridas que ésta había producido en los dos bandos” -como lo ha reconocido recientemente el historiador José Álvarez Junco, encargado de redactar dicho borrador.

Pues bien, e independientemente de que poner a los “vencedores” de la guerra civil en el mismo plano que los “vencidos” es mostrar una enorme insensibilidad ética y democrática, ¿cómo olvidar que fueron aquellos quienes se vieron obligados a aceptar la soberanía popular por la que luchaban éstos? ¿Por qué pues imponer ahora una equiparación simétrica de las dos Españas que los “vencedores” negaron bárbaramente a los “vencidos” durante casi cuarenta años? ¿Acaso no son las heridas de los vencidos las que siguen sin cerrar?

Es obvio que sí; pero sabemos que, desde el proceso transicional, la estrategia política de los socialistas ha sido la del olvido de la memoria y de la rentabilidad institucional que proporcionaba el nuevo Régimen. No debemos extrañarnos pues que, para ellos, la recuperación de la Memoria Histórica quede reducida al balance contable presentado por Jáuregui, y que los 19.475.985 euros gastados en estos tres años, más los 5.253.850 o 6.253.850 euros para 2011, sea el precio de la Memoria Histórica made in PSOE. Aunque siendo honestos, debemos reconocer que ese es también el precio de nuestra renuncia a la verdaderarecuperación de la memoria histórica.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article214

 


El archivo de la represión…

diciembre 11, 2010

FÉLIX POBLACIÓN

El Gobierno de España va a solicitar a la Unesco que el archivo de la represión franquista, ubicado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sea declarado Memoria de la Humanidad. Conformarían esa memoria los tres millones y medio de fichas policiales que, una vez concluida la Guerra Civil, contribuyeron a generar la dura y masiva represión que caracterizó a la dictadura. Si se tiene en cuenta que la población de nuestro país apenas superaba entonces los 26 millones de habitantes, la magnitud proporcional de ese archivo es ciertamente considerable.

La puesta en marcha de tan exhaustiva, intensa y profusa tarea represora partió de la creación en 1938 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por parte del bando rebelde. Su objeto fue apropiarse de la incautación de todo tipo de material documental, verificada por el ejército franquista a medida que avanzaba militarmente y dominaba aquellos territorios conquistados a la República. En su mayor parte pertenecía a instituciones, asociaciones y demás entidades comprometidas con la defensa del régimen legal y democráticamente constituido. Posteriormente (1944), ese órgano administrativo pasó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargada de elaborar esos tres millones y medio de fichas en los que constaban los antecedentes políticos de quienes iban a comparecer en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En ese fichero se encuentran todos aquellos ciudadanos que, con anterioridad al golpe de Estado de 1936 o durante el desarrollo del conflicto armado, estaban afiliados a sindicatos obreros, partidos de izquierda, logias masónicas, asociaciones laicas, ateneos libertarios, casas del pueblo y demás entidades consideradas delictivas a partir de la imposición del régimen franquista. Bastaba una carta, un carné, una fotografía de grupo, una colaboración en un periódico, o hasta la posesión de un boleto en una rifa significada por su carácter ideológico, para ingresar en ese fichero. También se especifica en cada tarjeta el desempeño militar ejercido durante la Guerra Civil.
Tan escrupulosa y concienzuda labor represora contó con el asesoramiento de la Gestapo y las SS, según un acuerdo suscrito en julio de 1938 por el general Martínez Anido y Himmler, algo en lo que Franco estaba muy interesado desde el año anterior. Su objetivo era crear una policía política similar a la impuesta por el nazismo en Alemania, calificada por los Tribunales de Núremberg como “la más perversa y cruel de las conocidas en el siglo XX”. Según cuenta Ros Agudo en su libro La guerra secreta de Franco, Himmler visitó España en 1940 y el Estado franquista reconoció su colaboración con la concesión de la Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas.

La vida de más de tres millones de españoles y sus respectivas familias quedó marcada en la larga posguerra por la existencia de esas fichas, cuya existencia y significación ignoraron muchos de los afectados. Para no pocos, esa documentación comportó la muerte ante los pelotones de fusilamiento, epílogo funesto que siguió a la resentida y cruel paz proclamada por los vencedores, mientras que para una gran mayoría supuso años de cárcel, destierro e inhabilitación profesional. Bien está, por lo tanto, que un material que tantísimo sufrimiento amordazado gestó en los hogares de los vencidos ocupe por fin el lugar que merece en la Memoria de la Humanidad, pues sólo la memoria de quienes se opusieron a la privación de la democracia y la libertad debe ser reconocida como honroso patrimonio del ser humano.

Sucede, sin embargo, que la declaración del archivo de la represión franquista como Memoria de la Humanidad tendría que soportar una insólita paradoja por su lugar de emplazamiento. Ciertamente, Salamanca y su Centro Documental de la Memoria Histórica son la ciudad y entidad más idóneas para que dicho archivo esté localizado y sea motivo de recordación y difusión. Pero la capital del Tormes es hasta el día de hoy una de las pocas en España que dispensa a Francisco Franco el título de alcalde de honor y medalla de oro de la ciudad, gracias a la resistencia del Partido Popular que la gobierna y que por cuatro veces se opuso con su voto a la propuesta del Partido Socialista para que se le retirara al dictador tal título y concesión, según se acaba de hacer en Ávila con la abstención del PP. Asimismo, la efigie de Franco tallada en piedra figura entre los medallones de reyes y otras figuras eminentes de la historia que caracterizan las arcadas de la Plaza Mayor, sin que el alcalde de la ciudad parezca dispuesto a cumplir con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. (Cada 20-N, el medallón es preservado con un plástico a modo de envase al vacío, para evitar los potenciales botes de pintura/protesta que pueda originar su permanencia).

Estamos, por lo tanto, ante la inconcebible y esperpéntica paradoja de que el archivo de la represión, sito en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, pueda ser declarado Memoria de la Humanidad por la Unesco y que el Ayuntamiento del Partido Popular de Salamanca siga dispensando honras al represor, artífice máximo de ese archivo con la colaboración de las agencias de represión “más perversas y crueles del siglo XX”.

Félix Población es Escritor y periodista

Ilustración de Mikel Casal

Público.es vía google noticias

 


Entrada en vigor de convención histórica contra las desapariciones forzadas…

diciembre 9, 2010

Amnistía Internacional, 25 Noviembre 2010 – 6 Diciembre 2010

España es uno de los 20 Estados que la ha ratificado

Índice AI: PRE01/390/2010

Ante la noticia de que va a entrar en vigor un tratado histórico dirigido a impedir las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional ha pedido hoy a todos los Estados que se comprometan a poner fin a esta práctica.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entrará en vigor el 23 de diciembre, tras haberse convertido Irak el pasado miércoles en el vigésimo país que la ratifica.

La Convención tiene por objeto conseguir que se establezca la verdad de las desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

“Es un importante paso en la lucha contra las desapariciones forzadas, que causan tremendo sufrimiento a las víctimas y a sus familias y comunidades”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, estamos todavía muy lejos de haber relegado a la historia esta práctica generalizada –ha añadido Salil Shetty–. Aunque las 20 ratificaciones marcan un hito para la aplicación de la Convención, aún tiene que contraer el compromiso de ocuparse de las desapariciones forzadas casi el 90 por ciento de la comunidad internacional.”

Se produce desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por un Estado o por agentes de éste y las autoridades niegan luego que esa persona se halle recluida u ocultan su paradero, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.

Las ramificaciones de las desapariciones forzadas son graves. Las personas sometidas a ellas suelen sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En muchos casos, se mata a la víctima en secreto y se ocultan sus restos, por lo que sus familiares y sus allegados no saben que le ha ocurrido ni si está viva o muerta. Además, sometidas a presión por el temor de la gente a que se la asocie con la persona desaparecida, pueden quedar fracturadas comunidades enteras.

Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a realizar investigaciones para localizar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables y garantizar una reparación a los supervivientes y a sus familias.

La entrada en vigor de la Convención traerá, además, consigo el establecimiento de un nuevo órgano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada.

Este órgano independiente e imparcial, vigilará la aplicación de la Convención y podrá recibir denuncias de víctimas o en nombre de víctimas cuando las autoridades nacionales no cumplan con sus obligaciones para con ellas.

Sin embargo, a fin de que el Comité pueda recibir y examinar denuncias de víctimas o de sus representantes, los gobiernos de sus países deben hacer una declaración accediendo a ello. De los 20 Estados que han ratificado la Convención, 14, incluido Irak, no la han hecho.

Amnistía Internacional llevaba más de un cuarto de siglo haciendo campaña en favor del establecimiento de una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo.

“En el marco de nuestra campaña por la justicia internacional, en los próximos años emprenderemos acciones para conseguir que los demás Estados ratifiquen también la Convención sin demora y reconozcan la competencia del nuevo comité para examinar denuncias de particulares”, ha afirmado Salil Shetty.

“Instamos a todos los Estados a que revisen su legislación interna para asegurarse de que pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por este horrendo delito ante sus tribunales nacionales.”

Nota para los medios de comunicación

Los 20 Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son:

Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.

TEXTO DE LA CONVENCIÓN

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/entra-en-vigor-convencion-contra-desapariciones-forzadas-2010-11-25

Enlace a través del Foro por la Memoria:

http://www.foroporlamemoria.info/2010/12/entrada-en-vigor-de-convencion-historica-contra-las-desapariciones-forzadas/


José Cabañas: ´Los jueces que eluden investigar el franquismo incurren en prevaricación´

diciembre 5, 2010

“El Gobierno ha dado un trato justo a las víctimas del terrorismo pero poco ha hecho por los represaliados” . “Los políticos se mueven por la presión del movimiento de la memoria”

Hasta el momento, ninguno de los seis juzgados gallegos en los que el juez Baltasar Garzón delegó las investigaciones del franquismo -Aranga, Mondoñedo, Portomarín, Baiona, O Porriño y San Andrés de Xeve- han acatado el requerimiento del magistrado. Para el historiador José Cabañas, que mañana presentará ‘La Bañeza 1936. La vorágine de julio’ en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña, los jueces que no investigan los ‘paseos’ del régimen de Franco pueden incurrir en “prevaricación”

R. PRIETO A CORUÑA

¿Cómo surgió el libro La Bañeza 1936. La vorágine de julio?

-Siendo descendiente, nieto y sobrino, de dos de las 17 víctimas del franquismo habidas en mi pueblo. Jiménez de Jamuz, desde el interés particular y familiar en saber de lo sucedido a los tuyos vas entrando en el interés colectivo, pasando de la memoria particular a la pública. Vas conociendo la falsificación histórica perpetrada y el silencio, el desconocimiento y el olvido de lo sucedido y empiezas a sentir la necesidad de contar lo que vas descubriendo. Como por ejemplo que entre los muchos represaliados con prisión de aquella tierra estaba un coruñés de Arzúa, Manuel Saavedra Carril, de 44 años, casado, médico de Villamontán de la Valduerna. Es un intento de restaurar en lo posible la verdad y poner en su merecido y justo lugar la bonhomía de las víctimas y la desfachatez de los verdugos.

-La ley de memoria histórica aprobada hace ya tres años, ¿ha sido suficiente?

-Ha sido y sigue siendo insuficiente, aunque ha supuesto un paso en el camino. Insuficiente también desde el punto de vista comparativo con el trato dado a las otras víctimas, a las de la violencia republicana, y de la equidad entre unas y otras víctimas. Y también con el justo y adecuado tratamiento dado a las actuales víctimas del terrorismo y lo poco que se ha hecho hasta la fecha por las víctimas del terrorismo de Estado que sin duda fue la violencia del franquismo. Hay deficiencias estruendosas, como que todavía queden tantos asesinados en las cunetas y tantas injustas e ilegítimas sentencias de la justicia al revés del franquismo sin anular.

-De no haber sido por la investigación de los historiadores y colectivos de la memoria histórica, ¿habría habido esta ley?

La ley y las actuaciones de los políticos han ido siempre a remolque y movidas por la presión y las reivindicaciones del movimiento de memoria.

-¿El Gobierno debería asumir la exhumación de las fosas?

-Desde luego. Y no solo por que el franquismo recuperó y honró a sus víctimas con medios y dinero público en un escenario de atroces penurias en los años de la posguerra sino también por las de la legislación internacional en derechos humanos y de las víctimas de sus incumplimientos.

-Para los que no están de acuerdo con la apertura de fosas, investigar el pasado solo abre heridas.

-De ningún modo. Quienes venimos participando desde hace años en exhumaciones de víctimas del franquismo solo encontramos en los familiares de tales víctimas sentimientos de perdón a los victimarios, de piedad, sentimientos de humanitarismo como es el de enterrar dignamente a los muertos, y sensaciones de serenidad y de sosiego personal y familiar después de cerrar con ellas una etapa dolorosa y un duelo por sus deudos suspendido e irrealizado por tantos años. Nunca hemos visto en nadie el más leve sentimiento de revancha, ni siquiera de resentimiento. Las exhumaciones no abren heridas, sino que vienen a cerrar las sangrantes que por mucho tiempo han permanecido y permanecen en tantas familias de represaliados del franquismo.

-¿Cuándo darán por cerrado este capítulo de la historia de España?

Cuando se puedan dar por cumplidas, al menos en un grado suficiente, las exigencias que la legislación internacional en derechos humanos señala para situaciones históricas como las que se dieron en nuestro país: las de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, cuando de modo suficiente se de a conocer la verdad de lo sucedido; las sentencias de la injusticia del franquismo sean anuladas, y no quede ni un solo asesinado en nuestros montes y cunetas.

-Los juzgados territoriales de Galicia en los que Garzón ha delegado la investigación de las desapariciones del franquismo han dado carpetazo a los asuntos. ¿Qué le parece que ningún juzgado gallego haya abierto investigación por estos hechos?

-Cuando en Galicia y en cualquier otro lugar se exhuma una fosa común y aparecen unos restos humanos con signos de violencia, la justicia viene habitualmente, y salvo contadas excepciones, incumpliendo la obligación de intervenir con una investigación sobre los hechos que dieron pie a la existencia allí de dichos restos que señala la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto sí que pudiera suponer prevaricación por parte de quienes desde los juzgados competentes omiten tales actuaciones. Por el contrario, la Justicia de nuestro país ha encausado por prevaricación al único juez que tímidamente y con mesura pretendió abrir un proceso por la represión franquista.

-¿La Audiencia Nacional debería investigar estos hechos o se trata de un delito que ya prescribió?

La Audiencia Nacional o la Instancia que corresponda de la Justicia española debería de hacerse cargo de la investigación de unos hechos delictivos que serían imprescriptibles y no amnistiables, por serlo de genocidio y de lesa humanidad. Tal es la tesis que han mantenido y mantienen muchos y muy reconocidos juristas como Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, o Jiménez Villarejo, ex fiscal general.

La Opinión de Coruña.es


‘Damnatio memoriae’ y desmemoria histórica…

noviembre 28, 2010

La proximidad de los hechos no nos permite juzgarlos con objetividad, distancia y en su contexto histórico

26.11.2010 –

PEDRO MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ PROFESOR TITULAR DE FILOLOGÍA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
'Damnatio memoriae' y desmemoria histórica
GASPAR MEANA

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre lo terrible que debía de ser en la antigua Roma una sentencia de ‘damnatio memoriae’ o «condena de la memoria». La dictaba el Senado contra una personalidad notable de la vida pública cuya actuación, ‘post mortem’, reprobaba. Su aplicación suponía la consideración del individuo como enemigo del Estado, la anulación de los honores recibidos en vida y la destrucción de cuantos indicios quedaran de su existencia en la tierra. Hay muchos ejemplos del rigor con que se llevaba a cabo tal ‘damnatio’: inscripciones de todo tipo dedicadas a un nombre borrado, pinturas familiares en que falta la cara del afectado, monedas con nombres raspados e ilegibles, noticias de la quema de sus obras, prohibición de usar su nombre, etcétera. Empleóse contra todo tipo de personajes públicos de infausto recuerdo o malquerencia posterior; sobre todo, contra emperadores o ministros, mandatarios únicos: Sejano, Nerón, Galba, Otón, Domiciano, Cómodo y otros muchos. También contra algunas mujeres, como la famosa Mesalina, cónyuge del emperador Claudio, más reputada por su furor uterino que por sus cualidades como esposa de tan alto dirigente. Pero en la práctica rara vez se logró borrar del todo la memoria del condenado; unas veces porque fue restituido a la muerte de su detractor, otras porque, tratándose de esos personajes, era del todo imposible consumar el cometido: perduraron muchas monedas, referencias de escritores o la propia fama, transmitida boca a boca y luego registrada.
Si miramos hacia tiempos y países más actuales, observamos que todos los dictadores anhelan perpetuarse en estatuas, libros, monedas, nombres de calles o monumentos, quizá sabedores de lo que les espera después. Cuando caen, por las buenas o las malas, y las cosas vuelven a su sitio, los pueblos suelen restituir lo que el tirano les cambió o quitó. Pero no por eso dejan de formar parte de una historia que, como toda ella, debe ser recordada y mucho. Por ejemplo, no hay que olvidar a Hitler, ni a Mussolini, ni a Franco; tampoco a Stalin, Ceausescu, Pinochet, Fujimori o Fidel Castro, entre otros. Recordarlos deber ser un estímulo para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones como las que en su día los propiciaron, incluso con el apoyo de sus pueblos. A la hora, sin embargo, de los desagravios conviene andar con tiento, si aún quedan cercanos, pues suelen levantarse ampollas de unos o de otros. Así, en España, la reciente Ley de la Memoria Histórica, pese a sus buenas intenciones de «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles», no parece haber acertado ni en la oportunidad ni en la forma. En la oportunidad porque, tal como todos los días noticia la prensa, su aplicación muestra que las heridas, efectivamente, no están cerradas. Y, lejos de restañar, al hurgar en ellas se ve que sangran más. Y eso, pese a que parecía que ya nadie se acordaba o quería acordarse de ellas. Y cuando digo «nadie» me refiero a la memoria colectiva, pues en muchas familias hay todavía, entre los suyos, alguna víctima no resarcida, o de unos o de otros. Por otro lado, están las formas. Hasta ahora se habían ido aplicando disposiciones concretas tendentes a reparar daños personales y situaciones injustas. Tal vez hubiera sido un camino más seguro, por la discreción que entrañan, que el de toda una señora ley, proclamada a bombo y platillo, cuyo ámbito de actuación se circunscribe al periodo de la Guerra Civil y el franquismo. Se demuestra así que la proximidad de los hechos no nos permite juzgarlos con objetividad, distancia y en su contexto histórico.
Si repasamos algunos hechos más lejanos, en cambio, no dejaremos de sorprendernos de lo tolerantes que somos con el pasado. Así, por ejemplo, en Oviedo existe una plaza dedicada a Primo de Rivera, padre. Su cambio de nombre se discute; pero, ojo, no entra en la ley, ya que su protagonismo es anterior a la Guerra Civil y al franquismo. La memoria de tal dirigente está muy vinculada a la de su cómplice Alfonso XIII, rey complaciente, blando, tornadizo y de más capricho que criterio. Aunque, en realidad, el primer Directorio, al menos, gozó del visto bueno de todos en la época, pues la situación era caótica. ¿Merecería el rey Alfonso XIII una ‘damnatio memoriae’ por consentir a un golpista? La abuela de Alfonso XIII, Isabel II, fue reina y causa por ello nada menos que de la primera Guerra Carlista. No tuvo la culpa, claro. Pero no fue una reina modelo. De hecho, acabó en el exilio después del éxito de la Revolución de 1868 y, tras ella y el efímero rey Amadeo I, llegó la I República, proclamada por monárquicos. Sin embargo, su recuerdo pervive en nombres de obras (como el canal que impulsó en Madrid), calles, parques o indirectamente en pintorescas manifestaciones gastronómicas, como el famoso Desarme ovetense que cada 19 de octubre conmemora la ingenua pérdida de armas de las tropas carlistas en la ciudad, a la manera, ‘mutatis mutandis’, del caballo de Troya. (Ojo, carlistas, si alguno habéis: no comáis garbanzos ese día, pues no está bien celebrar la causa del rival). Luego, gracias a otro golpista, el general Arsenio Martínez Campos, se restituyó la monarquía actual en la persona de Alfonso XII, en quien la reina había abdicado en París. Paz y gloria. ¿Se ha planteado cambiar, por ejemplo, el nombre de la calle Isabel II en Madrid, acordado en 1838? ¿Y derribar la estatua ecuestre del golpista que acabó con la democrática I República? Más atrás nos encontramos a ese gran alcalde de Madrid, a costa del dinero de todos, el absoluto ilustrado rey Carlos III. Y los españoles vamos a la capital y veneramos la famosa Puerta de Alcalá, construida a instancias de quien, entre otros méritos, firmó la ‘Pragmática Sanción’, o sea, nada menos que la expulsión de los jesuitas de España: golpe definitivo a la educación patria. ¿Quién arrebataría al Museo del Prado su retrato pintado por Goya? ¿Y sus numerosas calles, como la de, sin ir más lejos, Gijón?
Todavía antes de todo esto podemos buscar agravios en la figura del mismísimo fundador de la Universidad de Oviedo, Fernando Valdés Salas, Gran Inquisidor de España, promotor del más famoso ‘Índice de libros prohibidos’, perseguidor de los de Erasmo, redactor de las ‘Instrucciones al Santo Oficio’, instructor de procesos contra luteranos… ¿Habrá que perdonarle esos pecadillos, como decía Fermín Canella, al defender la estatua que se asienta en el patio del Edificio Histórico, en conmemoración del 3er Centenario de la Universidad, a cambio de valorar su mecenazgo en esta y otras empresas culturales o, por el contrario, habremos de condenarlo al exilio del olvido?
Hay muchos ejemplos de que la Historia está llena de oprobios. Pero no molestan cuando quedan lejos. ¿No sería mejor dejar, entonces, que algunas cosas maceren en paz y atender solo a aquello que es urgente? Tiempo habrá para revisarlo todo y ponerlo, cuando enfríe, en su sitio. Está claro que a nosotros nos quema.


“La Ley de Memoria Histórica es una ley de punto final, un cálculo político”

noviembre 23, 2010
Panfleto del PCE. Imprenta Lenin. 15/12/1937.
ISABEL G. CABALLERO

Coordinador del Archivo Digital de la Guerra Civil Española y de la Dictadura Franquista (el mayor que se conoce en el mundo) de la Universidad de California, San Diego, el profesor de Literatura Luis Martín-Cabrera cuenta lo que ha supuesto este proyecto que incluye 124 testimonios orales de víctimas del franquismo. Asegura que se ha emocionado con algunas de estas entrevistas: “Es imposible escuchar estas historias sin que se te mueva algo dentro”, dice.
NUEVATRIBUNA.ES 21.11.2010

Nuevatribuna.es: Su principal tarea ha sido adaptar tecnológicamente el archivo inicial de la colección de Herbert Southword aportando testimonios audiovisuales para que puedan estar disponibles en Internet. Cuéntenos cómo es esa colección privada y qué documento histórico recopilado por este historiador resaltaría.

Luis Martín-Cabrera: Bueno, en primer lugar, la colección es ahora pública, pertenece a una universidad pública la Universidad de California, San Diego (UCSD). En su momento, era la colección privada del periodista e historiador Herbert Southword. Fue el historiador y profesor de esta misma universidad Gabriel Jackson quien convenció a Southword de que donara los materiales a la biblioteca y, a partir de ese momento, la colección ha ido adquiriendo nuevos materiales para complementar la donación inicial. Tal vez resulte muy exótico que la Universidad de California, San Diego tenga esta colección, pero lo cierto es que UCSD tiene una conexión histórica muy fuerte con España. Carlos Blanco Aguinaga, profesor de literatura e hijo de exiliados vascos es profesor emérito del departamento de Literatura y también fueron profesores aquí Claudio Guillén, hijo del poeta Jorge GuillénDiego Catalán, uno de los grandes expertos en el romancero español. Ramón J. Sender, autor del Réquiem por un campesino español fue profesor también de nuestra vecina Universidad San Diego State University. Tiene sentido que eligieran este lugar, al fin y al cabo la región San Diego/Tijuana es el lugar donde el Norte se junta y choca con el sur.

En una colección tan grande es difícil elegir un documento específico, si tuviera que resaltar algo, resaltaría la colección de panfletos del Partido Comunista Español durante la defensa de Madrid. los panfletos son a veces de una cuartilla o más pequeños y contienen desde arengas políticas a instrucciones específicas para proteger a la población civil de los bombardeos de la aviación franquista y sus aliados fascistas. En conjunto, estos panfletos son un testimonio a la valentía y el coraje político del PCE durante la guerra. Aprovecho para decir que hay en estos panfletos una tesis de historia cultural esperando a que alguien quiera emprender esta tarea.

N.T: ¿Qué grado de conocimiento tiene la opinión pública norteamericana de la Guerra Civil española?

L.M.C: Estados Unidos es un país muy heterogéneo y con un acceso profundamente desigual a la cultura y la educación por culpa del racismo y el clasismo estructurales. En círculos universitarios yo diría que hay un conocimiento más o menos general de la Guerra Civil y una conciencia clara de la brutalidad de la represión franquista. Esto es así porque casi todos los departamentos de español y de historia contemporánea ofrecen cursos sobre la Guerra Civil (cosa por cierto que no pasa en España). En círculos políticos comprometidos, que los hay, hay una gran admiración por el anarquismo español durante la guerra, en parte impulsada, por figuras como Noam Chomsky y un gran desconocimiento del papel del Partido Comunista Español, en parte por la guerra fría. Al mismo tiempo, gracias a los veteranos de la Abraham Lincoln Brigade, a películas comoThe Good Fight o a escritores como los afroamericanos Langston HughesPaul Robertson, hay una admiración muy profunda hacia la lucha del pueblo español contra el fascismo y una conciencia clara de que fue el único pueblo que se resistió activamente el avance del fascismo en Europa.

La población civil en general, sobre todo las personas sin acceso a la educación superior y la cultura, casi nunca han oído hablar de la Guerra Civil. Hace un par de años un grupo de estudiantes de mi clase de la Guerra Civil hizo un pequeño documental entrevistando a profesores y estudiantes de enseñanza media, la Guerra Civil figuraba en el currículo como una nota a pie de página que nunca cubrían. Fue el año además que salió El Laberinto del Fauno pero ninguno de los estudiantes ni de los profesores relacionaba la película con los sucesos históricos que narra. Creo que este desconocimiento es en buena medida impuesto, porque el apoyo tácito primero y explícito más tarde de los Estados Unidos a Franco rompe con la narrativa maestra de la II Guerra Mundial como la guerra buena dónde los norteamericanos derrotaron al fascismo. Si los Estados Unidos estaban contra el fascismo ¿por qué apoyaron rápidamente a un dictador con vínculos tan claros con HitlerMussolini?

N.T: ¿Qué objetivos se planteó cuando le hicieron la propuesta? ¿Con qué problemas se encontró?

L.M.C: Los objetivos eran limitados, ya sabíamos que llegábamos tarde y que muchas personas no podrían ser entrevistadas porque fallecieron en el más absoluto abandono. La verdad es que me parece increíble retrospectivamente que a nadie se le haya ocurrido hacer esto, si no en el año 75, al menos si en los 80 con un gobierno socialdemócrata en el poder. El gran desafío era encontrar financiación privada, el dinero público que recibimos siempre fue concebido como un puente para conseguir financiación privada, pero en mitad del proceso estalló la crisis y fue imposible encontrar una fundación privada que se adecuara al perfil político del proyecto y que quisiera dar el dinero (no estábamos dispuestos a aceptar tampoco dinero que traicionara el espíritu y la identidad de los entrevistados).

Pero más allá de eso, el problema es que en Estados Unidos y en España, aunque en menor medida, la universidad abdica de su función pública y esto tiene consecuencias desastrosas. Hay proyectos que, como este, que jamás van a ser financiados con dinero privado. ¿A qué filántropo le interesan estas historias de luchadores anti-fascistas, de anarquistas, de comunistas, de testigos de violencia extrema? El discurso hegemónico de los derechos humanos quiere VICTIMAS pasivas, vida abstracta, una condena general de la violencia sin pensar en las consecuencias políticas que tiene ahora ni en los culpables, les interesa una aproximación utilitaria a la memoria para solidificar la reconciliación por encima de la justicia y por encima de la necesidad imperante de remover conciencias y hacer preguntas incómodas.

N.T: De las grabaciones que se han hecho, ¿qué testimonio o testimonios se te han quedado grabados en su retina?, ¿cuál ha sido el perfil de los entrevistados?

L.M.C: Para mí fue impactante una entrevista que hicimos este verano en Santa Coloma de Gramenet a Antonio Nieto(todavía no está en la página web), militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Antonio creció en San Fernando, Cádiz, su padre fue militante comunista, después de la Guerra Civil vivían, como muchos otros en Andalucía, en la pobreza más extrema. Las autoridades franquistas decidieron en los años cuarenta retirarle la custodia de los hijos a los padres y mandarles a un hogar de Auxilio Social para reeducarles en los valores del franquismo, en este hogar Antonio fue abusado por uno de los curas. Cuando sale del hospicio se alista en el ejército, en la marina. Tras el servicio militar, abandona el ejército y se pone a trabajar de soldador en un taller de Barcelona, allí oyendo por las noches Radio Tirana desde Albania, empieza a politizarse cada vez más hasta que entra en el FRAP. Si no recuerdo mal, es detenido mientras planeaba con su célula tirar unos cócteles molotov durante una visita deCarrero Blanco a la ciudad. En Via Laietana lo torturan brutalmente y de ahí empieza a pasar por casi todas las cárceles del Franquismo, La Modelo en Barcelona, el Penal de Burgos etc. Cuando terminamos la entrevista era muy difícil marcharse. Antonio, como muchas otras personas que hemos entrevistado, fue extremadamente generoso y nos invitó a comer. Para mí, y él me lo confirmó después, era como si nos conociéramos de toda la vida. La lección que extraemos de estas experiencias es que la poca democracia que hay en España no se la debemos a Suárez o al Rey, sino a los miles de militantes como Antonio que lo dieron todo para tumbar a la dictadura y hoy están completamente olvidados.

Otro testimonio que fue muy impactante fue el de Felicidad García BienzobasEmilio Silva, Presidente de la ARMH, me había insistido mucho en que fuera yo quien entrevistara a Felicidad, porque era de Candelario, un pueblo cerca del mío, Béjar, en la provincia de Salamanca. Yo, con los líos de la coordinación me olvidé un poco del asunto, pero uno de los fines de semana que fui a visitar a mi familia a Béjar no me podía quitar el nombre Bienzobas de la cabeza y no sabía por qué hasta que llegué a Madrid y miré la agenda. Felicidad fue detenida en Candelario al principio de la guerra, su padre y su tío eran miembros del Partido Comunista en Salamanca y, por eso, toda la familia fue detenida por la Falange de Béjar y trasladados al Palacio Ducal donde fueron interrogados y torturados. A Felicidad, que no tenía más de 14 años, la acusaron de haberse vestido de de la II República y de llevar las uñas pintadas de rojo (¡Cómo si el color de las uñas tuviera algo que ver con la ideología!). Felicidad vio como torturaban a su padre en ese Palacio Ducal que después se transformó en el Instituto de Enseñanza Media, dónde yo curse mis estudios y dónde, por cierto, no hay ni una mísera placa que reconozca que eso fue un centro de tortura. Sin caer en el discurso emotivo fácil, debo decir que cuando llegué a casa me eché a llorar desconsoladamente. Es imposible escuchar estas historias sin que se te mueva algo dentro, todos los miembros del equipo tuvimos algún momento así. Creo que la sociedad española debe dejar de gritar y empezar a escuchar a estas personas, se darían cuenta de lo absurdas que son la mayoría de las cosas que dicen.

N.T: ¿Qué valor tiene este archivo cara a generaciones futuras?

L.M.C: Creo que es importantísimo y lo puedo resumir tal vez con una anécdota de una estudiante salvadoreña, Cristina González, que en una sesión muy emotiva en la biblioteca explicó su experiencia trabajando con los testimonios. Cristina dijo que había leído muchos libros de la Guerra Civil en clase (novelas, monografías de historia, etc.), pero no había entendido realmente lo que había pasado hasta no ver los testimonios, porque “los libros ni lloran ni te enseñan a luchar con dignidad”. Creo que el archivo es una lección de humildad para cualquier docente, porque te das cuenta de que hay muchas cosas que no puedes transmitir en la clase o con una lectura, que los entrevistados son portadores de un conocimiento histórico único. Por eso, creo que lo que está en juego no es sólo, y no sería poco, recordar una historia olvidada, sino que los testimonios hacen que los estudiantes jóvenes puedan empezar a imaginarse otro modelo de sociedad, otro modelo económico, otro futuro afuera de los estrechos márgenes de nuestras democracias capitalistas occidentales. He visto a muchos estudiantes muy jóvenes, sentirse engañados después de trabajar con los testimonios, cambiar de carrera y de orientación política al entender que lo que les habían contado que era la democracia es simple y llanamente una mentira. Y quiero insistir en esto, hay mucha gente dentro del movimiento memorialista que piensa que todas estas iniciativas tienen por objeto ampliar y mejorar la democracia liberal que tenemos. Mis estudiantes me han probado muchas veces que esa no es la única lectura que se puede hacer. No porque no sean demócratas sino porque se dan cuenta de que la democracia de 1931, “una república de trabajadores libres de toda clase” está a años luz de la democracia constitucional monárquico capitalista que tenemos. La memoria para ellos desestructura y rompe este consenso, apunta hacia otros futuros posibles y otros modelos de sociedad.

N.T: Con el trabajo realizado hasta ahora, el proyecto ¿queda definitivamente terminado o está abierto a nuevas aportaciones?

L.M.C: Jamás podremos terminar porque faltan muchos nombres, todos los que ya nos han dejado sin poder contar su historia y sin ningún reconocimiento. Cada vez va quedando menos gente, pero sería posible continuar, si alguien está dispuesto a colaborar con nosotros a financiar una ronda más de entrevistas, estamos dispuestos a seguir. Estaría bien, por ejemplo poder ir a México y entrevistar a alguno de los brigadistas de la Lincoln aquí en Estados Unidos. Sigo recibiendo emails de gente que quiere donar sus testimonios y no podemos atender, porque la universidad ha dado por terminado el proyecto.

De ahora en adelante trataremos de sacar proyectos pedagógicos, videos más cortos y otras iniciativas similares para difundir y divulgar estas historias. Ahora mismo, estamos colaborando con Joan Garcés yFernando Magán en una demanda que están tratando de llevar a la Corte Europea de Derechos Humanos. Ya hicimos un video para ellos y estamos trabajando en otros materiales que apoyen la demanda. Estamos aquí para ayudar y servir al público en general y al movimiento memorialista en particular, para eso seguimos siendo una universidad pública, al menos de nombre y en espíritu.

N.T: Resulta sorprendente que la universidad pública española no haya llevado a cabo una iniciativa similar (falta de recursos, dicen). ¿O falta de interés?

L.M.C: Yo creo que se trata claramente de falta de interés y de miedo a pagar el precio político que suponga emprender una iniciativa de este tipo. Si yo recuerdo bien lo que me contaron Emilio SilvaAriel Jérez es que en la Complutense fueron los decanos y el rectorado quienes echaron abajo el proyecto. Tuvimos también algunos contactos con la Carlos III que tampoco prosperaron. En España se ha gastado un montón de dinero en vinos de honor, conferencias universitarias y volúmenes académicos que, pudiendo ser importantes, sirven sobre todo para que el profesor de turno haga progresar su carrera académica (entre paréntesis ninguno de los estudiantes ni yo hemos utilizado este proyecto para medrar académicamente) o para que el político de turno convenza a su electorado de que está haciendo algo por la memoria histórica. En lugar de gastar para que parezca que se está haciendo algo habría que haber invertido en un mapa general de fosas, una oficina de atención a los familiares que facilitara el acceso a los archivos, el procesamiento de demandas legales cuando hubiera lugar, un archivo nacional de testimonios y, sobre todo, haber impulsado decisivamente la apertura de fosas.

N.T: Supongo además que el hecho de que haya sido una Universidad norteamericana le da una dimensión internacional a la Guerra Civil y la Dictadura en España poniendo en conocimiento de la opinión pública mundial la visión de lo que pasó desde la óptica de los ‘vencidos’.

L.M.C: Como dije antes, creo que la Guerra Civil siempre tuvo una dimensión internacional clara. Por supuesto que hemos utilizado a nuestro favor el prestigio de la Universidad de California. Este prestigio contribuye a difundir las historias de los “vencidos” apoyándose en las nuevas tecnologías. A los medios les gusta enfatizar este aspecto, es verdad que con este tema han sido casi siempre los historiadores y las universidades extranjeras los que han venido a sacarnos las castañas del fuego. Pero tampoco hay que mitificar ni a los Estados Unidos ni a la Universidad de California. Han apoyado el proyecto porque creen que es una memoria que no les atañe. Si el proyecto tratara de recopilar testimonios de las personas que sufrieron la violencia política de los supremacistas blancos en California tendrían muchos más problemas. Tal y como documenta un importante libro de Mike DavisJustin Ackers ChacónNo one is Illegal, desde principios del siglo pasado distintos grupos paramilitares, apoyados por una coalición de políticos y empresarios, han dirigido su violencia exterminadora sobre agricultores latinos, trabajadores filipinos y afroamericanos, líderes sindicales, comunistas y socialistas y en general todos aquellos que trataron de oponerse a sus privilegios e intereses económicos. Esta historia sería mucho más incómoda, tal vez una Universidad española quiera animarse a documentarla. Lo digo para provocar, pero también para mostrar que no es una cuestión sólo de naciones o instituciones, sino de estar o no estar con los de abajo, con los explotados y los oprimidos y buscar estratégicamente desde dónde y cómo pelear.

N.T: ¿Cree que la Ley de Memoria Histórica de 2007 no es suficiente tal y como denuncia el colectivo memorialista?

L.M.C: Creo que el colectivo memorialista tiene toda la razón. La Ley de la Memoria Histórica es un reconocimiento simbólico a los vencidos, pero es sobre todo una ley de punto final para poder pasar página y no ocuparse nunca más del asunto, un cálculo político. ¿Por qué? En primer lugar porque el preámbulo de la ley glorifica, una vez más, la transición a la democracia como un proceso modélico. ¿Cómo va ser modélico un proceso político que consolidó el olvido y la impunidad de un genocidio político? ¿Cómo va a ser modélico un proceso que dejó miles de muertos en las cunetas y a miles de españoles en el más absoluto desamparo legal? Que en aquel momento la izquierda aceptase la ley de amnistía de 1977, el rey y muchas otras cosas no significa que hoy no se pueda abrir un proceso de reflexión sosegado sobre las cosas que se hicieron mal. Si el Estado continúa identificándose con un proceso conducido por las elites del aparato político del franquismo para consolidarse en el poder, eso sólo puede significar que continúan apegados al régimen que heredaron.

Segundo, la ley sigue sin anular efectivamente los juicios sumarios y las condenas pseudolegales del franquismo, aduciendo que tal cosa pone en peligro la seguridad jurídica del Estado. No entiendo qué pueda significar preservar la seguridad jurídica del Estado si no es preservar el aparato jurídico del Estado franquista. La negativa a anular clara y rotundamente estas condenas es una injusticia perpetuada en el tiempo que tiene consecuencias muy serias. Como denunciaba hace poco el poeta Marcos Ana el Estado sigue sin anular, por ejemplo, la condena a muerte del poeta comunista Miguel Hernández. En lugar de anular la condena el Ministerio pretendía entregarle a la familia un certificado honorífico. Esto es una vergüenza, no necesitamos diplomas de honor y dignidad, porque nunca perdimos ni el honor ni la dignidad, necesitamos justicia. La impunidad tiene además consecuencias económicas. Este verano, durante una de las entrevistas con Carles Vallejo, Presidente del Memorial de los obreros de la SEAT, me contaba que uno de los problemas que surgen ahora con los compañeros y compañeras represaliados y encarcelados es que tienen que trabajar más años y reciben una pensión más pequeña porque no cotizaron durante los años que estuvieron encarcelados o exiliados. Se pueden seguir enumerando consecuencias.

Y Tercero, muy en línea con los tiempos que corren, la ley de memoria ha privatizado de facto la exhumación de fosas comunes y el duelo. En lugar de hacerse cargo directamente o de coordinar y financiar los esfuerzos que ya existían en la sociedad civil, creando, por ejemplo, un protocolo de exhumaciones, el Estado se ha dedicado a subcontratar a las asociaciones de memoria para que lleven a cabo este trabajo. Usted quiere desenterrar un abuelo rojo, muy bien pida una subvención al Ministerio de la Presidencia mediante una asociación y usted se encarga de buscarlo, desenterrarlo y devolvérselo a los familiares y aquí paz y después gloria. Que se sigan desenterrando fosas gracias al esfuerzo voluntario de asociaciones y arqueólogos forenses sin ninguna presencia de jueces o autoridades estatales es una vergüenza. Cuando se lo explico a mis estudiantes les digo, imagínense que jugando al fútbol en ese campo de ahí aparece un hueso y una fosa común, ¿ustedes se imaginan que empezáramos a desenterrar la fosa entre estudiantes voluntarios y un arqueólogo forense de la universidad sin que venga la policía, sin que se levante un acta, sin que se investigue quiénes son las personas que están ahí y quién las asesinó? ¡Esto sí que pone en peligro la seguridad jurídica de un país!

N.T: ¿Qué le parece el proceso contra el juez Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo?

L.M.C: Pues más de lo mismo, otro paso más en la dirección de la consolidación de la impunidad y el olvido, y conste que no soy fan del Juez Garzón, cuyas actuaciones en el País Vasco, por ejemplo, me parecen más que cuestionables. Hagamos un ejercicio comparativo, en Chile hay aproximadamente 3.000 desaparecidos, en Argentina hay 30.000. En España, según el documento que las asociaciones memorialísticas entregaron a Garzón, hay unos 114.000 desaparecidos. En estos dos países ha habido comisiones de verdad y hay juicios abiertos contra los responsables de la represión y la desaparición. En el caso de España no sólo no se han emprendido ninguna de estas medidas, sino que además al único juez que ha tratado de abrir un tímido proceso legal, se le ha expulsado de la judicatura. ¿Qué significa esto? Pues que los vencedores de la guerra siguen imponiéndonos su victoria, su justicia y su modelo de sociedad. Me podía imaginar, supongo que incluso Garzón podía, que el proceso no iba a prosperar, lo que no me imaginaba de ninguna manera es que Manos Limpias se saliera con la suya.

En este sentido cabe decir, que pese a nuestro complejo de superioridad y nuestra costumbre de ir dando lecciones de democracia por América Latina, todavía estamos a años luz de países como Argentina y, en menor medida, de Chile. Por otro lado, creo que hay demasiado énfasis mediático en la figura de Garzón; que un juez con su perfil haya sido disciplinado y expulsado de la judicatura es gravísimo, pero mucho más grave aún es que haya miles de familias que no sepan dónde están enterrados sus familiares, estos son los verdaderos protagonistas de una situación de desamparo legal que se sigue perpetuando en el tiempo. La desaparición forzada, el robo de niños y el genocidio (es claro en los documentos de Franco que se trataba de extirpar el “cáncer marxista”) no prescriben ni pueden ser amnistiados. Los mismos jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior que hoy se oponen a juzgar los crímenes contra el franquismo en España no tenían ningún problema con estos argumentos legales cuando se trataba de Pinochet. España está vulnerando la legislación internacional en materia de derechos humanos y no hay ley de punto final que les pueda eximir de esta responsabilidad. Igual que Miguel de Unamuno le dijo a Millán Astray hace más de setenta años, hoy le podemos decir a Varela: vencerán, pero no convencerán, porque ni la ley ni la razón están de su lado, lo único que tienen es la fuerza bruta de un aparato legal heredado del franquismo.

N.T: ¿Cuáles son a su juicio las asignaturas pendientes?

L.M.C: Todas las que he ido diciendo antes. Mapa de fosas, apoyo claro y decidido a las exhumaciones, reapertura de los procesos legales, anulación de la sentencia contra Garzón, anulación de las condenas del franquismo, apertura completa de los archivos militares, incautación de los archivos de la Fundación Francisco Franco y cierre de la misma, desarrollo integral de un currículum crítico que explique la Guerra Civil y el franquismo en colegios, Institutos y universidades. Y puestos a pedir cosas imposibles, sacar a Franco y a José Antonio del Valle de los Caídos y, como propone Sánchez Albornoz, entregárselos a sus familias para que los entierren cristianamente o como les plazca. Mientras Franco siga enterrado en el Valle de los Caídos, el pasado ominoso de la dictadura, sigue encriptado en el corazón de la sociedad española, la ley del padre se sigue cumpliendo. España necesita transformar estos lugares en lugares de memoria, como se ha hecho en Argentina con la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) o en Chile con el centro de torturas Villa Grimaldi. El Valle de los caídos fue un campo de concentración y eso debería quedar marcado, en lugar de sólo prohibir que levanten la mano los falangistas en el recinto. Por el camino de la expropiación de los lugares de la represión la antigua Dirección de Seguridad de la Puerta del Sol, donde miles de militantes antifranquistas fueron torturados, como Julián Grimau, y muchos otros murieron de las torturas, debería ser también un centro para las asociaciones de presos políticos, un lugar desde donde enseñar esta historia de manera crítica en lugar de ocultarla y repetirla. Es muy probable que todos estos cambios sólo sucedan si hay una revolución, pero no hay razón para pensar que las políticas de la memoria no puedan conducir a cambios estructurales profundos que permitan vivir en una sociedad más justa y más igualitaria.

Al finalizar esta entrevista, Luis Martín-Cabrera, ha querido hacer un reconocimiento a algunas de las personas que han colaborado en el proyecto, entre ellas el investigador de la UCSD Scott BoehmOmar Pimienta. Especial atención presta a algunas de las mujeres que han trabajado con él y que “no reciben ningún reconocimiento público por la cantidad ingente de horas que han dedicado al proyecto”, lamenta. Entre ellas cita a las mexicanas Jessica Córdova, Viviana Macmanus, Elize Mazadiego y Marcella Vargas; y a Andrea Davis y Jodi Eisenberg, de origen judío.

“Teníamos ya una deuda impagable con el México de Cárdenas y hoy otra vez seguimos teniendo que agradecerle a todos estos estudiantes que en principio no tenían nada que ver con España su entrega y su solidaridad con la memoria republicana, es algo que me conmueve y me hace sentirme orgulloso, sin paternalismos, de haber empujado este proyecto durante los últimos cuatro años”, concluye.

Nueva Tribuna:

http://www.nuevatribuna.es/noticia/42579/sociedad/ley-memoria-historica-ley-punto-final-calculo-politico.html


La impunidad consentida…

noviembre 17, 2010

Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.

Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera,se estableciera un tribunal para juzgarlos.

El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.

A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.

Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.

A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente

Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.

No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo,la impunidad sigue esencialmente vigente.

Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.

Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:

En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.

Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.

Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.

Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores

Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.

En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.

Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.

Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen

Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.

Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.

A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.

Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.

En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.

*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
Público.es

 


Alcaldía y PSOE enfrentados por aplicar la Ley de Memoria Histórica en Los Corrales…

octubre 17, 2010

Toribio considera prioritario realizar mejoras en las calles del casco urbano mientras que los socialistas apelan al cumplimiento de acuerdos plenarios…

 

Urbanización de La Condesa, una de las más grandes de Los Corrales de Buelna. :: CAVIA

 

17.10.10 –

NACHO CAVIA | LOS CORRALES DE BUELNA

 


¿Qué es prioritario para los ciudadanos de Los Corrales de Buelna, solucionar el problema del grave deterioro de las aceras en la urbanización La Condesa o dar vía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?. Esa es la cuestión en torno a la que giran los últimos enfrentamientos entre el equipo de gobierno municipal que preside Mercedes Toribio Ruiz (PP), y el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Óscar del Val. Éste último apela al cumplimiento de un acuerdo plenario que no acaba de formalizarse, especialmente en el cambio de nombre de una decena de calles sobre el que había un principio de acuerdo, o al menos una aproximación de posturas.
Mercedes Toribio mantiene lo que viene diciendo desde el inicio del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica: que no es prioritaria o al menos que no lo es frente a lo que considera necesidades acuciantes de los ciudadanos.
Y ahí vuelven a enfrentarse los dos portavoces. Porque Mercedes Toribio apela a que es más urgente el arreglo de las aceras de la urbanización La Condesa, una de las zonas más populosas y desde luego la más céntrica de Los Corrales de Buelna, diseñada por el concejal y también arquitecto Óscar del Val. En la actualidad, según la alcaldesa de Los Corrales, el mal estado de estas aceras está costando mucho dinero a las arcas municipales en concepto del pago de indemnizaciones a las personas que sufren daños personales.
Con cierta ironía, el portavoz socialista y arquitecto contesta que él dibujó rectas las aceras y que quizás el problema reside en que en los últimos dieciséis años el Ayuntamiento de Los Corrales no ha hecho nada por arreglar zonas públicas como es el caso de esas calles.
Para Mercedes Toribio sería conveniente conocer qué es más importante para los ciudadanos, mientras que para Óscar del Val la cuestión es que con ese debate se intenta desviar la atención consiguiendo retrasar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ocultando así una mala gestión del gobierno popular.
Medio millón de euros
La alcaldesa de Los Corrales señala una cifra: medio millón de euros que el Ayuntamiento necesita para solucionar el deterioro de las aceras de La Condesa. Óscar del Val aporta un hecho: ni se aplica la ley, ni se mejoran las aceras, ni se convoca ninguna de las comisiones donde tratar alguno de esos dos temas.
Eso sí, la alcaldesa ha señalado que se convocará la Comisión Especial de Aplicación de la Ley de Memoria Histórica cuando llegue el momento. Todo hay que decirlo, sin coste para las arcas municipales, porque los concejales renunciaron a cobrar por asistencia a esa comisión especial.

El Diario Montañés vía google noticas

LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRSE…

Una vez más aparece la controversia de la adecuación o no sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Por desgracia y en los tiempos que corren, puede parecer  para aquellos que sufren de amnesia histórica o no tienen familiares afectados por la represión franquista, o si los tienen les importa un comino, una frivolidad el utilizar recursos públicos en la aplicación de susodicha ley.

Para que no queden dudas al respecto, me gustaría enumerar una serie de circunstancias y de factores que argumentan el por qué es conveniente que la Ley de la Memoria Histórica (sin entrar en más disquisiciones de si es o no una ley apropiada) se aplique en su totalidad y en todo el Estado.

Si nos atenemos al derecho y la justicia sobran argumentos, pero el principal sería que las leyes están precisamente para ser cumplidas y no discutidas y puestas en entredicho continuamente dependiendo de a quiénes o no favorecen. Y en el caso de que no se consideren adecuadas, hay mecanismos legislativos y jurídicos para poder modificar o derogar las mismas. Pero mientras no sea así, éstas deben ser cumplidas sin excepción y excusas, sino se está cometiendo una falta o delito premeditado, además de poner en riesgo todo el sistema de libertades, derecho y justicia.

Claro está que todo tiene un origen, y las leyes no van a ser menos, por eso cuando se legisla y se aprueba una ley, ésta debe ir acompañada de los medios necesarios para que su aplicación sea factible y real con el fin de no hacer inoperante la misma, es decir, debe contar con las herramientas necesarias para su práctica y uso, tanto humanas como materiales y económicas, si no es así, es que algo falla en el sistema.

Un país que se pretende moderno, democrático y sobre todo aspirante a ser una potencia europea y mundial en muchos aspectos, no puede ni debe obviar su historia, el derecho y los acuerdos internacionales que tiene firmados y ratificados con los diversos entes jurídicos y legislativos mundiales, saltándose todas las recomendaciones y leyes que a éste efecto se le han hecho desde los diversos estamentos y que van en contra del Constitucionalismo Internacional. Y cuanto menos, no puede moralmente exigir a otros países el cumplimiento internacional de leyes si él mismo es incapaz de aplicarse el cuento.

Como colofón final, no me gustaría pasar por alto lo que a mi modo de entender es más importante que los puntos anteriores, y que no es más que el derecho de las víctimas y sus familiares a ser reconocidos, a que sea condenado y por tanto reparado el mal causado por el régimen absolutista, dictatorial y criminal de Franco, el cual aplicó el concepto de limpieza ideológica premeditado, planificado y sistemático después de haberse alzado ilegalmente contra un gobierno electo y legitimado por el sufragio universal y haber sido precursor y provocador de una Guerra Civil. Debería ser el propio Estado el valedor y encargado de proteger a las víctimas, así como el promotor de trabajar para recuperar la memoria histórica del país en su totalidad, creando los espacios, museos, archivos y políticas educativas que mantengan vivo el recuerdo de un pasado que no debería repetirse nunca. Y para ello hay que recordar y divulgar la propia historia, no como un modo de venganza y escarnio de lo acontecido, sino con el sentido pedagógico y educativo que requiere un acontecimiento tan importante en los anales de nuestra historia. ¿Se imaginan a una Alemania anclada en el olvido del nazismo y la II Guerra Mundial?

España tiene una importante deuda histórica, jurídica y moral con ella misma, y un país que arrastra un lastre pretérito tan pesado  es muy difícil que avance hacia un futuro con buen ritmo y paso, sobre todo, cuando es incapaz tan siquiera de hacer cumplir sus propias leyes. Lo dicho controversias a parte, las leyes están para cumplirse.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


“Hay riesgo de que la gente empiece a abrir fosas por su cuenta”…

octubre 16, 2010

Juristas y forenses alertan sobre la posibilidad de que personas no cualificadas se lancen a realizar exhumaciones cuando se publique el mapa de fosas…

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 14/10/2010

Juristas, historiadores, forenses y familiares de víctimas de la represión franquista hicieron balance el jueves en la Universidad Carlos III de Madrid de los 10 años que han pasado desde que Emilio Silva exhumó los restos de su abuelo, fusilado en 1936, y arrancó el llamado movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Todos reclamaron la presencia de jueces en las exhumaciones y una mayor implicación del Estado.

El médico forense Francisco Etxeberria, que ha abierto más un centenar de fosas del franquismo en la última década, lanzó una alarma: “El Gobierno está a punto de publicar el mapa de fosas y hay un riesgo de que gente no cualificada intente abrirlas porque todavía no se ha terminado el protocolo de exhumaciones”.

Etxeberria se sumó a la petición de que los jueces acudan a las fosas, “porque las identificaciones que hacemos carecen de validez judicial y administrativa. Si a Garzón le hubiesen dejado continuar, lo primero que iba a hacer era solucionar esto”.

Luis Ríos, profesor de Antropología física de la Universidad Autónoma de Madrid, comentó que en su laboratorio habían llegado a tener 370 restos de personas exhumadas. “¡Y somos solo tres en el departamento!”, explicaba. “Debería haber una autoridad judicial detrás. El Ministerio de Justicia tiene a profesionales muy cualificados con bases de datos profesionales para analizar todo esto”.

José Ignacio Casado, coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos aseguró que ante el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta al primero que avisan es al juez, “pero luego nunca se presentan”. “¿Y si no intervienen, qué hacemos? Yo soy partidario de seguir adelante porque, si nosotros no hacemos lo que nosotros hemos hecho, nadie lo va a hacer”.

Guillermo Fouce, profesor de la Universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras en Madrid, opinó que “una de las debilidades” del movimiento para la recuperación de la memoria histórica “es que ha hecho menos política de la que debería haber hecho. Porque política es reclamar ante la dejación de funciones del Estado, salir a la calle para protestar por el enjuiciamiento de Garzón…”

Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aseguró que la situación había cambiado mucho desde que Emilio Silva empezó a excavar. “En el Bierzo, donde se hizo la primera exhumación, ahora todo son facilidades. Hay alcaldes del PP que nos ayudan y eso era impensable hace 10 años”.

Amnistía Internacional denuncia “el retroceso de España en la lucha contra la impunidad”

El País.com vía google noticias

La periodista Natalia Junquera en su intervención en las jornadas celebradas en la Universidad Carlos III. Fotografía La Memoria Viv@


El silencio de los desaparecidos es el silencio administrativo…”Carta al Excmo. Sr. Alcalde de Madrid”

octubre 16, 2010

 

 

Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid

 

Los Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid, escribimos una carta al Alcalde de Madrid el 12 de abril de 2008, que fue registrada junto con miles de firmas de apoyo, demandando un Memorial junto a las tapias del Cementerio del Este, donde poderles llevar flores y nuestros mejores sentimientos. Aún no hemos recibido contestación alguna, ni se espera.

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sr. Alcalde:

Nos dirigimos a usted, como familiares de las cerca de 3.000 víctimas fusiladas entre los años 1939 y 1945 en las tristemente famosas tapias del Cementerio del Este (hoy Cementerio de La Almudena). Sus restos fueron inhumados allí y transcurridos diez años se exhumaron para ser trasladados al Osario común, en el caso de no ser reclamados por sus familiares (opción esta escasamente empleada por un sinfín de “circunstancias” imaginables).

Hemos querido encabezar la carta con esta información oficial que nos transmitió personalmente el Sr. Abánades, Director Comercial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, para que resulten más fáciles de entender nuestras demandas.

El hecho, irremediable ya, de no poder disponer de sus restos para ubicarlos en un lugar físico donde poder visitar y honrar a nuestros familiares, hace más necesario aún para nosotros el emplazamiento, en el recinto de la Necrópolis, de un memorial digno, espacio dedicado nominalmente o monumento, que nos sirva de referencia para su merecido y
obligado recuerdo.

Dada la magnitud de esta tragedia ocurrida en Madrid y que, además, los familiares de las víctimas llevamos decenas de años sin poder siquiera depositar unas flores en un lugar expresamente dedicado, entendemos que debería ser el propio Ayuntamiento quien, al igual que ha sucedido en otros municipios españoles, acometiera las actuaciones necesarias para su realización.

En el mismo Cementerio de La Almudena, se da la circunstancia de que ya existen otras placas, esculturas y monumentos dedicados incluso a aviadores que sembraron de destrucción esta capital, lo que sonrojaría a cualquier demócrata. Suponemos que compartirá este sentimiento de injusticia e irracionalidad.

Sin embargo, nos consta que algunos proyectos encaminados a la creación de un memorial en La Almudena a las republicanas y republicanos allí fusilados, no han contado con las autorizaciones necesarias por parte de la corporación que usted preside.

Los abajo firmantes, esperamos contar con su colaboración para que la creación de este necesario memorial, pueda ser celebrado también por los, cada vez menos, supervivientes de la represión franquista.

Atte.

 

El silencio de los desaparecidos es el silencio administrativo…

No hay mayor impotencia y dolor para los familiares de las víctimas que la indiferencia de aquél o aquellos que deberían proteger y velar por los intereses de las mismas, es decir, el desamparo de las instituciones gubernamentales, sean éstas municipales, provinciales, autonómicas o nacionales.

En el caso de las víctimas de la represión franquista aún la afrenta es mayor, no únicamente por los más de 70 años de olvido forzado, sino porque además todavía nos vemos obligados a combatir el olvido de nuestros seres con todo tipo de trabas y argucias legales, con el  agravio comparativo que hay entre nuestros muertos y represaliados y los que hubo en el bando nacional, además de la indefensión que sufrimos al ser obviados tanto por el derecho y la justicia española así como por el Gobierno o gobiernos autónomos al no tener en consideración las recomendaciones y resoluciones internacionales a tal efecto de Naciones Unidas y de los distintos estamentos jurídicos y penales.

Y como dice el sabio refranero español, para muestra un botón, el caso de “Los Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid”, no deja de ser por desgracia uno más de entre los miles de documentos, rogativas, misivas, etc., remitidas a algún cuerpo gubernamental, archivo público, etc., que se queda sin respuesta. lo más triste de este proceder, es que nosotros lo sabemos, de ahí el final de la cabecera al pie de foto…Aún no hemos recibido contestación alguna, ni se espera”, pero es nuestra obligación aún así seguir insistiendo, denunciando, investigando y movilizando a la sociedad civil, cuerpo jurídico y clase política para intentar conseguir en el grado más alto posible los objetivos memorialistas de “Verdad, Justicia y Reparación”. El silencio de nuestros desaparecidos no es el de las fosas, el del olvido, el del miedo, es el silencio administrativo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


Garzón pide al Tribunal Supremo que le juzgue “cuanto antes” por su investigación de la Memoria Histórica…

octubre 5, 2010

ALBACETE, 5 (EUROPA PRESS)

El juez Baltasar Garzón ha manifestado, sobre el proceso que tiene pendiente en relación con su investigación sobre la Memoria Histórcia, que está esperando a que se resuelva “el último recurso, que ya debería estar resuelto, y que se señale el juicio”, por lo que pide al Tribunal Supremo que se le “juzgue cuanto antes” para poder demostrar su “inocencia”.

“Lo que pido es que sea cuanto antes, porque no es agradable estar en una situación de suspensión, y creo que tengo ese derecho, que se me juzgue cuanto antes, que yo pueda exponer mis argumentos y demostrar mi inocencia. Ésa es la petición que le hago al Tribunal Supremo”.

Garzón, que ha participado en Albacete en las VI Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo sobre los Derechos Humanos, se ha referido, a preguntas de los periodistas antes de su ponencia, a la investigación sobre los crímenes del Franquismo, sobre la que ha explicado que “hay dos ámbitos diferentes, la acción del Estado y la acción de los colectivos de víctimas”.

Así, ha indicado que “la acción de los colectivos siempre ha ido por delante en cualquier país, cuando debería ser al revés”. “España no es la excepción, hay alrededor de 150.000 personas aún desaparecidas desde la Guerra Civil y años posteriores, es una asignatura pendiente con las víctimas que España tiene: conseguir que aparezcan, que se restaure a cada víctima en lo que es su derecho”, ha añadido.

Para Garzón, “eso es una obligación del Estado en todos sus ámbitos”. De este modo, Garzón ha dicho que actualmente se encuentra en esta situación “por pensar e interpretar la ley de una forma determinada, interpretación que creo que tiene peso y que sigo manteniendo”. “Es obligación de todos contribuir a que esa situación cese”, ha apostillado.

ETARRAS EN VENEZUELA

Por otro lado, Baltasar Garzón se ha referido también a la formación que han podido estar recibiendo los etarras en Venezuela. Sobre ello, el juez ha apuntado que “es el ejemplo de que una organización terrorista, cualquiera, cuando se siente acosada o investigada en una zona, en un territorio como España y Francia, busca nuevos escenarios y lugares donde hacer lo mismo que estaba haciendo con más impunidad y tranquilidad”.

En ese sentido, considera que “hay suficientes elementos objetivos para afirmar que, en determinadas zonas de Venezuela, podría estar ocurriendo esto” y ha indicado que “tanto el Gobierno español como venezolano deben cooperar, sobre todo el venezolano, para conseguir que eso no sea así”.

“Y si hay personas que han ayudado a otras a hacer cursos de armamento, deben perseguirlos; si no lo hacen se equivocan, están contribuyendo a que esas organizaciones terroristas que atacan a los derechos de las personas permanezcan”, ha recalcado.

Ante esta situación, ha defendido que “la llamada debe ser de concordia y cooperación entre estados, y tener muy claro que no se puede estar impasible frente a temas como el terrorismo”.

PENAL INTERNACIONAL

También se ha referido el juez a su labor actual en la Corte Penal Internacional y ha defendido que, “en determinados crímenes es cuestión pendiente la responsabilidad penal de los estados, pero cada vez más los estados se han convencido de que hay que unir fuerzas para combatir esos crímenes”.

En ese sentido, ha subrayado que la Corte Penal Internacional “está haciendo un trabajo importante”. “yo estoy allí ahora y puedo afirmar que es así, eso es lo importante, cerrar espacios a la impunidad”.

Garzón ha avanzado también el contenido de su intervención en las jornadas, en la que ha lanzado el mensaje de que “todos estamos comprometidos en la lucha por los Derechos Humanos” y ha señalado que no es algo que tengan que hacer aquellos que se mueven “en el ámbito del Derecho Internacional”, ya que “es una obligación de todos, y principalmente de aquellos que ahora se están formando en la universidad”.

De este modo, ha incidido en que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) “es pionera en ámbitos de cooperación, de compromiso y responsabilidad y lucha por derechos humanos”.

Garzón ha recordado que los escenarios en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos están “donde esas violaciones se producen” y “ningún país y ninguna zona del mundo está libre de que esas violaciones acontezcan, a veces de forma más masiva” y ha añadido que “desgraciadamente son demasiadas en cualquier continente”.

Para el juez, “la cuestión es asumir que esto es así; hay que aglutinar esfuerzos y combatir terrorismo, crímenes masivos contra la humanidad, genocidio, y velar por aquellos casos en que se quebranten garantías fundamentales y también derechos sociales de los trabajadores” porque “es muy amplio el espectro”.

Por ello, y en relación a las consecuencias que puede acarrear la disminución de la inversión de los estados en cooperación al desarrollo, Baltasar Garzón ha concluido diciendo que “los gobiernos deberían ser conscientes de que disminuir las inversiones en esa área contribuye a dificultar que los espacios de violaciones de derechos se achiquen”. De hecho, cree que “deberían invertir la escala de valores y tener en agenda el tema de desarrollo y ayuda en primera línea”.

Qué.es vía google noticias