Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos…

enero 20, 2012

El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España

Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.

Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.

Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias. 

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..

En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.

Información adicional

Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.

Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes. 

La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.
 A. I

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/caso-garzon-nadie-debe-ser-juzgado-por-investigar-violaciones-de-derechos-humanos-1/


Piden que se investiguen desapariciones de la Guerra Civil por la entrada en vigor de una convención de la ONU…

enero 4, 2011

MADRID/TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo) ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investigue las desapariciones que se produjeron en 1936 en el Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), al considerar que el tribunal es competente para abrir un procedimiento por estos hechos debido a la entrada en vigor de una convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.

El colectivo ha presentado este lunes un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que defiende su competencia para abrir un procedimiento judicial sobre estos hechos –tal y como hizo su antecesor, Baltasar Garzón, que por esta actuación será juzgado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación–, y recurre en reforma su decisión de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera.

El recurso, elaborado por el abogado Fernando Magán, recuerda que el pasado 23 de diciembre entró en vigor en España la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que recoge que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” al tratarse de “un delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político”.

Tras recordar que los hechos del Cortijo El Marrufo “no han sido esclarecidos judicialmente”, la asociación señala que el artículo 20 de la Convención establece que el Estado Parte garantizará a los allegados de la persona privada de libertad “el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición”. “Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia”, añade.

“PLAN PRECONCEBIDO”

A su entender, esta disposición impone a la Audiencia Nacional “la obligación de continuar practicando diligencias” para esclarecer estos hechos, que la asociación enmarca en “un plan único, preconcebido y sistemático” llevado a cabo por el general Franco y los sublevados para “destruir las instituciones del Estado y ocasionar el exterminio radical de una parte importante de la población nacional española, como solución final a la democracia entonces vigente”.

Según la asociación, los hechos del Cortijo El Marrufo constituyeron “una bárbara masacre” contra hombres, mujeres y niños que intentaban alcanzar una zona segura en la provincia de Málaga y fueron interceptados por tropas mercenarias que cruzaron el Estrecho y se adentraban en el territorio peninsular. Según las cifras manejadas por este colectivo, estos hechos tendrían conexión con las desapariciones que se produjeron en toda España durante la Guerra Civil, que se elevarían a un total de 156.232.

Europapress vía google noticias


Bruselas se abstiene de juzgar la memoria histórica del Este de Europa…

diciembre 26, 2010

Seis países solicitaron a la Comisión que equiparara la negación del Holocausto con la de los crímenes cometidos por los antiguos regímenes comunistas

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO – Bruselas – 24/12/2010

Un grupo de húngaros ondea la enseña nacional sobre un tanque soviético en Budapest en 1956.- AP

La Comisión Europea ha rechazado una petición de seis países de la Europa Central y Oriental de sancionar la negación de los crímenes cometidos por el comunismo del mismo modo que en algunos países europeos es delito negar el Holocausto. El Ejecutivo comunitario reconoce que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado” es un deber colectivo, pero remite la papeleta a los Gobiernos de la Unión, que deberían ser quienes por unanimidad decidan incluir aquellas atrocidades en la lista de los sancionables a escala comunitaria. La imposibilidad de alcanzar semejante consenso deja las cosas como están: cada país puede adoptar para sí mismo la legislación que considere.

    Comisión Europea

    Búlgaros, húngaros, letones, lituanos, checos y rumanos firman la petición

La UE recomienda “mantener viva la memoria de los horrores”

Los ministros de Exteriores de Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía enviaron recientemente una carta a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, en la que reclamaban una iniciativa legislativa para castigar la “aprobación pública, minusvaloración o negación de los crímenes totalitarios”.

La carta fue promovida por el jefe de la diplomacia lituana, Audronius Azubalis, quien, como muchos políticos de países antaño sometidos al dominio de la Unión Soviética, se lamenta de que los europeos estén perfectamente al tanto de las atrocidades cometidas por los nazis (Alemania, Austria, Francia y Hungría incluso han criminalizado la negación del Holocausto) e ignoren las perpetradas por los comunistas. La negación o condonación de tales delitos “debe ser sometida a los mismos estándares [que se aplican a los crímenes nazis] para evitar el resurgimiento de la ideología totalitaria”, dicen los signatarios.

Karel Schwarzenberg, ministro checo perteneciente a una familia aristocrática acosada por el comunismo, mantiene que los crímenes de los totalitarismos son perfectamente equiparables, que Hitler y Stalin fueron asesinos de masas y que quienes colaboraron con ellos fueron cómplices.

La carta era la última manifestación de un activismo de base que se encarnó en abril del año pasado en una resolución del Parlamento Europeo, jurídicamente no vinculante, en la que se dice que “Europa no estará unida hasta que sea capaz de establecer una visión común sobre su historia, reconozca el nazismo y el estalinismo y los regímenes fascistas y comunistas como un legado común”. Condenaban, además, sus euroseñorías “todos los crímenes contra la humanidad (…) perpetrados por todos los regímenes totalitarios y autoritarios” y pedían que el 23 de agosto se convirtiera en “Día Europeo conmemorativo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios”.

Los propios Gobiernos de la Unión dieron a finales de 2008 dos años de plazo a la Comisión para que evaluara si hacía falta un instrumento jurídico específico para abordar la cuestión. Bruselas encargó entonces un estudio sobre cómo se trata en los Veintisiete la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa y ese trabajo de casi 500 páginas, dirigido por el politólogo español Carlos Closa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha servido ahora de base al informe de la Comisión que frustra las expectativas de los seis ministros.

Closa y sus colaboradores establecen con lujo de detalles que los distintos países emplean un amplio abanico de métodos e instrumentos para tratar con la memoria de los totalitarismos; que cada Estado ha adoptado su propia combinación de legislación y políticas para abordar la cuestión, y que el negacionismo sobre uno u otro extremo suscita diferente respuestas: once países no tienen legislación sobre el particular y solo dos (República Checa y Polonia) consideran delito negar los crímenes del comunismo.

Recuerda la Comisión que el artículo 83 del Tratado de Lisboa fija claramente las infracciones penales y sanciones en ámbitos delictivos que pueden ser objeto de directivas (terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de moneda, delincuencia informática y organizada) y hace notar que “la condonación, negación o flagrante trivialización públicas del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra infligidos a grupos de personas identificados por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico no entra en esas áreas”.

El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los Gobiernos de los Veintisiete: “La relación de áreas [sobre la que se puede preparar una directiva] puede ser ampliada por unanimidad por el Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo en función de la evolución de los delitos”. Y cierra el caso: “En estos momento las condiciones no se cumplen” para adoptar una iniciativa que satisfaga a los seis ministros.

Expuesta la argumentación jurídica, la Comisión concluye que “mantener viva la memoria de los horrores del pasado es nuestro deber colectivo como señal de tributo y respeto a todas las víctimas que han sufrido y perecido y como un modo de asegurarse de que no volverá a ocurrir”.

El País.com vía google noticias

 


“No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo”

diciembre 26, 2010

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

PATRICIA CAMPELO Madrid 25/12/2010

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

Desaparecidos durante la represion de la dictadura.EFE

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir “un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936”.

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición “continúan” y por ello “superan la Ley de Amnistía”

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad” resultados de una práctica “generalizada y sistemática” y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, “lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar”, indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: “A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito”. La ARMH considera que los delitos de desaparición “continúan cometiéndose”, por lo que “superan la Ley de Amnistía de 1977” y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan “sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial”, según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, “ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional”.

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: “Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada”. “Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un “deber de facilitar la búsqueda a las víctimas”, es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que “el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo”.

Por último, la asociación espera “que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención” y, de este modo, “garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353359/prescribir/crimen/sigue/cometiendo/memoria/historica/desaparecidos


Tres años de “Memoria Histórica” institucional…

diciembre 21, 2010

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitud hacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible.

Grupo Memoria Libertaria Valladolid | 20-12-2010   www.kaosenlared.net/noticia/tres-anos-memoria-historica-institucional

La llamada Ley de “Memoria Histórica”, propuesta por el actual gobierno, entró en vigor tras ser publicada el 26 de diciembre de 2007 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llevamos pues tres años de “Memoria Histórica” institucional y, pese a ello, no sólo sigue siendo una materia pendiente la rehabilitación institucional (jurídica) de las víctimas de la represión franquista sino que la búsqueda de las “enterradas en cunetas” continúa realizándose con cuentagotas y sin ser asumida oficialmente por el Estado.

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitudhacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible. No sólo porque, a pesar de sus declaraciones y propuestas aparentemente favorables a ellas, en la práctica ha actuado con lentitud y tibieza sino también de forma totalmente contradictoria o negativa cuando se ha tratado de su reparación moral y política.

Tal es el balance de estos tres años de vigencia de dicha Ley. En vez de actos concretos, para responder a las principales reivindicaciones morales, políticas y jurídicas de las Asociaciones de Memoria y de los familiares de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno se ha limitado a gestos y anuncios publicitarios que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones. Gestos y anuncios publicitarios cuyo único objetivo es el de hacer creer que se está haciendo o se quiere hacer algo en favor de ellas y del reconocimiento político-histórico de su lucha; pero que, en realidad, se hacen para seguir escamoteando las reivindicaciones morales, políticas y jurídica.

Gestos y anuncios publicitarios, para salvar las apariencias y dejar pasar el tiempo. Como esta iniciativa para que la UNESCO consideré como “Memoria de la Humanidad” el Archivo de la represión franquista que se encuentra actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. O esta otra similar: la proposición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de crear una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños, para que “estos niños o sus familiares puedan tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos”.

Un desfase total entre las palabras y los hechos del Gobierno, y ello por su porfía en no enajenarse las “simpatías” de los poderes fácticos y del PP. Así se ha podido ver, recientemente, con el destino a dar al único gran monumento que sobrevive de los construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX: la monumental Cruz y a la basílica del Valle de los Caídos. Pues, mientras varios Foros por la Memoria piden la voladura de esa gigantesca cruz, la desacralización de la basílica y que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y entregados a sus familiares, Jáuregui, el flamante ministro de Presidencia, informa que las obras de rehabilitación de la basílica, en las que se han invertido más de 100.000 euros, están llegando a su fin y que los monjes benedictinos pronto podrán dar nuevamente misas en ella. Además, para ratificar la equidistancia política implícita en la Ley de “Memoria Histórica”, Jáureguiprecisa que, de acuerdo con dicha ley, el Ejecutivo tiene la intención de servirse de ese recinto para “honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política, de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles”.

Las cifras de la Ley de “memoria Histórica”

Siguiendo en esta línea, de sacrificar la ética y la justicia a las “circunstancias” políticas e históricas y a los costos monetarios, Jáuregui acaba de presentar el balance de la aplicación de esta Ley, anunciando que en el próximo trimestre se pondrá en marcha “un portal de Memoria Histórica” y será accesible por internet “el mapa de las fosas”. Afirmando, además, que esta Ley ha permitido a 151.400 hijos y nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española y a 21 brigadistas internacionales obtenerla. También ha informado que 849 personas (viudas, hijos y demás familiares de españoles fallecidos en la guerra civil) se han beneficiado de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social. Que otras 57 han obtenido indemnizaciones por concepto de haber sufrido prisión y 382 se han beneficiado de la exención del pago del IRPF por esas indemnizaciones. Que de las 183 solicitudes recibidas en la Comisión de Evaluación para la indemnización a familiares de ejecutados, 48 han sido concedidas, y que de las 143 solicitudes de indemnización para quienes fueron internados por su condición de homosexuales, 82 fueron resueltas positivamente, 44 negativamente y 13 no fueron admitidas, mientras que otras 4 siguen en tramitación. A lo que se debe agregar las 2.196 personas que se han podido beneficiar de las prestaciones aprobadas para los llamados “niños de la guerra” que fueron desplazadas al exterior durante la guerra civil.

A este balance contable, de prestaciones monetarias para las víctimas o familiares de las víctimas del franquismo, de estos tres años de “Memoria Histórica” institucional, Jáuregui ha añadido con mucho énfasis los 855 títulos honoríficos expedidos por el Ministerio de Justicia como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, resaltando que entre ellas había personalidades tan conocidas como el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys o el poeta Miguel Hernández. Concluyendo su informe afirmando que hasta el día de hoy se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos relacionados con la “recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral de las víctimas”, y que, para 2011, el Gobierno prevé dedicar a esos proyectos 5.253.850 euros, aunque, con una enmienda presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos, podrá contarse con un millón de euros más.

El precio de la “Memoria Histórica”

Así pues, tanto para el Gobierno del Sr. Zapatero como para el PSOE, la recuperación de la “Memoria Histórica” debe ser compatible con la amnesia deliberada que hizo posible la “Transición” y con la España que la Dictadura y la “Transición” han forjado. Por eso, para ellos, esta recuperación debe quedar limitada a esas prestaciones materiales y a esos títulos honoríficos. Nada de revisión de juicios y anulación de sentencias. Nada de cambiar el entramado jurídico de la Dictadura que no se cambió al momento de la “Transición”. Por eso, hace poco, los “socialistas” con la ayuda de los “populares” han tumbado una moción de ERC reclamando al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo, por sí mismo o bien a través de la Fiscalía del Estado, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo. Sentencias declaradas “ilegítimas” por la Ley de Memoria Histórica; perocuya “ilegitimidad” es puramentesimbólica, puesto que tal declaración no anula la jurisprudencia en vigor, en la que sigue presente como testimonio de su pasado franquista.

El Gobierno y los socialistas saben que no se pide la nulidad por temor a consecuencias judiciales, puesto que la Ley de amnistía de 1976 las hace imposibles. Que se pide porque es una vergüenza que tal estigma figure aún en una jurisprudencia que se pretende democrática.

Lo saben, y por eso el Gobierno se ve obligado a recurrir a malabarismos retóricos para justificar su cobardía moral y política a poner fin a esa vergüenza. Malabarismos retóricos que han obligado al ministro de Justicia, Caamaño, a recurrir a un sofisma para pretender que la petición de anulación de juicios del franquismo es un “imposible jurídico”:puesto que : “La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos”. O sea que, para él y el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos dichos juicios y, en consecuencia, no tiene sentido alguno pedir su anulación. Pero que no tenga sentido para ellos no quiere decir que no lo tenga para los que fueron víctimas de tales juicios, para sus familiares y para cuantos lo consideran un deshonor impropio de una Democracia que se pretende, además, un modelo de Estado de Derecho.

¿Cómo pues no indignarse ante tal falta de ética y de responsabilidad política de un Gobierno y un Partido que, además de proclamarse demócratas, se reclaman del socialismo? Un Gobierno y un Partido que ya desde la constitución de la comisión nombrada por la Presidencia del Gobierno, para preparar el borrador de la Ley de Memoria Histórica, le señalaron a ésta que su misión no era de recuperación de la memoria histórica sino de “reconocimiento de las víctimas de la guerra civil” para “cerrar las heridas que ésta había producido en los dos bandos” -como lo ha reconocido recientemente el historiador José Álvarez Junco, encargado de redactar dicho borrador.

Pues bien, e independientemente de que poner a los “vencedores” de la guerra civil en el mismo plano que los “vencidos” es mostrar una enorme insensibilidad ética y democrática, ¿cómo olvidar que fueron aquellos quienes se vieron obligados a aceptar la soberanía popular por la que luchaban éstos? ¿Por qué pues imponer ahora una equiparación simétrica de las dos Españas que los “vencedores” negaron bárbaramente a los “vencidos” durante casi cuarenta años? ¿Acaso no son las heridas de los vencidos las que siguen sin cerrar?

Es obvio que sí; pero sabemos que, desde el proceso transicional, la estrategia política de los socialistas ha sido la del olvido de la memoria y de la rentabilidad institucional que proporcionaba el nuevo Régimen. No debemos extrañarnos pues que, para ellos, la recuperación de la Memoria Histórica quede reducida al balance contable presentado por Jáuregui, y que los 19.475.985 euros gastados en estos tres años, más los 5.253.850 o 6.253.850 euros para 2011, sea el precio de la Memoria Histórica made in PSOE. Aunque siendo honestos, debemos reconocer que ese es también el precio de nuestra renuncia a la verdaderarecuperación de la memoria histórica.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article214

 


El archivo de la represión…

diciembre 11, 2010

FÉLIX POBLACIÓN

El Gobierno de España va a solicitar a la Unesco que el archivo de la represión franquista, ubicado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sea declarado Memoria de la Humanidad. Conformarían esa memoria los tres millones y medio de fichas policiales que, una vez concluida la Guerra Civil, contribuyeron a generar la dura y masiva represión que caracterizó a la dictadura. Si se tiene en cuenta que la población de nuestro país apenas superaba entonces los 26 millones de habitantes, la magnitud proporcional de ese archivo es ciertamente considerable.

La puesta en marcha de tan exhaustiva, intensa y profusa tarea represora partió de la creación en 1938 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por parte del bando rebelde. Su objeto fue apropiarse de la incautación de todo tipo de material documental, verificada por el ejército franquista a medida que avanzaba militarmente y dominaba aquellos territorios conquistados a la República. En su mayor parte pertenecía a instituciones, asociaciones y demás entidades comprometidas con la defensa del régimen legal y democráticamente constituido. Posteriormente (1944), ese órgano administrativo pasó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargada de elaborar esos tres millones y medio de fichas en los que constaban los antecedentes políticos de quienes iban a comparecer en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En ese fichero se encuentran todos aquellos ciudadanos que, con anterioridad al golpe de Estado de 1936 o durante el desarrollo del conflicto armado, estaban afiliados a sindicatos obreros, partidos de izquierda, logias masónicas, asociaciones laicas, ateneos libertarios, casas del pueblo y demás entidades consideradas delictivas a partir de la imposición del régimen franquista. Bastaba una carta, un carné, una fotografía de grupo, una colaboración en un periódico, o hasta la posesión de un boleto en una rifa significada por su carácter ideológico, para ingresar en ese fichero. También se especifica en cada tarjeta el desempeño militar ejercido durante la Guerra Civil.
Tan escrupulosa y concienzuda labor represora contó con el asesoramiento de la Gestapo y las SS, según un acuerdo suscrito en julio de 1938 por el general Martínez Anido y Himmler, algo en lo que Franco estaba muy interesado desde el año anterior. Su objetivo era crear una policía política similar a la impuesta por el nazismo en Alemania, calificada por los Tribunales de Núremberg como “la más perversa y cruel de las conocidas en el siglo XX”. Según cuenta Ros Agudo en su libro La guerra secreta de Franco, Himmler visitó España en 1940 y el Estado franquista reconoció su colaboración con la concesión de la Gran Cruz Imperial del Yugo y las Flechas.

La vida de más de tres millones de españoles y sus respectivas familias quedó marcada en la larga posguerra por la existencia de esas fichas, cuya existencia y significación ignoraron muchos de los afectados. Para no pocos, esa documentación comportó la muerte ante los pelotones de fusilamiento, epílogo funesto que siguió a la resentida y cruel paz proclamada por los vencedores, mientras que para una gran mayoría supuso años de cárcel, destierro e inhabilitación profesional. Bien está, por lo tanto, que un material que tantísimo sufrimiento amordazado gestó en los hogares de los vencidos ocupe por fin el lugar que merece en la Memoria de la Humanidad, pues sólo la memoria de quienes se opusieron a la privación de la democracia y la libertad debe ser reconocida como honroso patrimonio del ser humano.

Sucede, sin embargo, que la declaración del archivo de la represión franquista como Memoria de la Humanidad tendría que soportar una insólita paradoja por su lugar de emplazamiento. Ciertamente, Salamanca y su Centro Documental de la Memoria Histórica son la ciudad y entidad más idóneas para que dicho archivo esté localizado y sea motivo de recordación y difusión. Pero la capital del Tormes es hasta el día de hoy una de las pocas en España que dispensa a Francisco Franco el título de alcalde de honor y medalla de oro de la ciudad, gracias a la resistencia del Partido Popular que la gobierna y que por cuatro veces se opuso con su voto a la propuesta del Partido Socialista para que se le retirara al dictador tal título y concesión, según se acaba de hacer en Ávila con la abstención del PP. Asimismo, la efigie de Franco tallada en piedra figura entre los medallones de reyes y otras figuras eminentes de la historia que caracterizan las arcadas de la Plaza Mayor, sin que el alcalde de la ciudad parezca dispuesto a cumplir con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. (Cada 20-N, el medallón es preservado con un plástico a modo de envase al vacío, para evitar los potenciales botes de pintura/protesta que pueda originar su permanencia).

Estamos, por lo tanto, ante la inconcebible y esperpéntica paradoja de que el archivo de la represión, sito en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, pueda ser declarado Memoria de la Humanidad por la Unesco y que el Ayuntamiento del Partido Popular de Salamanca siga dispensando honras al represor, artífice máximo de ese archivo con la colaboración de las agencias de represión “más perversas y crueles del siglo XX”.

Félix Población es Escritor y periodista

Ilustración de Mikel Casal

Público.es vía google noticias

 


Entrada en vigor de convención histórica contra las desapariciones forzadas…

diciembre 9, 2010

Amnistía Internacional, 25 Noviembre 2010 – 6 Diciembre 2010

España es uno de los 20 Estados que la ha ratificado

Índice AI: PRE01/390/2010

Ante la noticia de que va a entrar en vigor un tratado histórico dirigido a impedir las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional ha pedido hoy a todos los Estados que se comprometan a poner fin a esta práctica.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entrará en vigor el 23 de diciembre, tras haberse convertido Irak el pasado miércoles en el vigésimo país que la ratifica.

La Convención tiene por objeto conseguir que se establezca la verdad de las desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

“Es un importante paso en la lucha contra las desapariciones forzadas, que causan tremendo sufrimiento a las víctimas y a sus familias y comunidades”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, estamos todavía muy lejos de haber relegado a la historia esta práctica generalizada –ha añadido Salil Shetty–. Aunque las 20 ratificaciones marcan un hito para la aplicación de la Convención, aún tiene que contraer el compromiso de ocuparse de las desapariciones forzadas casi el 90 por ciento de la comunidad internacional.”

Se produce desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por un Estado o por agentes de éste y las autoridades niegan luego que esa persona se halle recluida u ocultan su paradero, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.

Las ramificaciones de las desapariciones forzadas son graves. Las personas sometidas a ellas suelen sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En muchos casos, se mata a la víctima en secreto y se ocultan sus restos, por lo que sus familiares y sus allegados no saben que le ha ocurrido ni si está viva o muerta. Además, sometidas a presión por el temor de la gente a que se la asocie con la persona desaparecida, pueden quedar fracturadas comunidades enteras.

Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a realizar investigaciones para localizar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables y garantizar una reparación a los supervivientes y a sus familias.

La entrada en vigor de la Convención traerá, además, consigo el establecimiento de un nuevo órgano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada.

Este órgano independiente e imparcial, vigilará la aplicación de la Convención y podrá recibir denuncias de víctimas o en nombre de víctimas cuando las autoridades nacionales no cumplan con sus obligaciones para con ellas.

Sin embargo, a fin de que el Comité pueda recibir y examinar denuncias de víctimas o de sus representantes, los gobiernos de sus países deben hacer una declaración accediendo a ello. De los 20 Estados que han ratificado la Convención, 14, incluido Irak, no la han hecho.

Amnistía Internacional llevaba más de un cuarto de siglo haciendo campaña en favor del establecimiento de una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo.

“En el marco de nuestra campaña por la justicia internacional, en los próximos años emprenderemos acciones para conseguir que los demás Estados ratifiquen también la Convención sin demora y reconozcan la competencia del nuevo comité para examinar denuncias de particulares”, ha afirmado Salil Shetty.

“Instamos a todos los Estados a que revisen su legislación interna para asegurarse de que pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por este horrendo delito ante sus tribunales nacionales.”

Nota para los medios de comunicación

Los 20 Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son:

Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.

TEXTO DE LA CONVENCIÓN

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/entra-en-vigor-convencion-contra-desapariciones-forzadas-2010-11-25

Enlace a través del Foro por la Memoria:

http://www.foroporlamemoria.info/2010/12/entrada-en-vigor-de-convencion-historica-contra-las-desapariciones-forzadas/