José Cabañas: ´Los jueces que eluden investigar el franquismo incurren en prevaricación´

diciembre 5, 2010

“El Gobierno ha dado un trato justo a las víctimas del terrorismo pero poco ha hecho por los represaliados” . “Los políticos se mueven por la presión del movimiento de la memoria”

Hasta el momento, ninguno de los seis juzgados gallegos en los que el juez Baltasar Garzón delegó las investigaciones del franquismo -Aranga, Mondoñedo, Portomarín, Baiona, O Porriño y San Andrés de Xeve- han acatado el requerimiento del magistrado. Para el historiador José Cabañas, que mañana presentará ‘La Bañeza 1936. La vorágine de julio’ en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña, los jueces que no investigan los ‘paseos’ del régimen de Franco pueden incurrir en “prevaricación”

R. PRIETO A CORUÑA

¿Cómo surgió el libro La Bañeza 1936. La vorágine de julio?

-Siendo descendiente, nieto y sobrino, de dos de las 17 víctimas del franquismo habidas en mi pueblo. Jiménez de Jamuz, desde el interés particular y familiar en saber de lo sucedido a los tuyos vas entrando en el interés colectivo, pasando de la memoria particular a la pública. Vas conociendo la falsificación histórica perpetrada y el silencio, el desconocimiento y el olvido de lo sucedido y empiezas a sentir la necesidad de contar lo que vas descubriendo. Como por ejemplo que entre los muchos represaliados con prisión de aquella tierra estaba un coruñés de Arzúa, Manuel Saavedra Carril, de 44 años, casado, médico de Villamontán de la Valduerna. Es un intento de restaurar en lo posible la verdad y poner en su merecido y justo lugar la bonhomía de las víctimas y la desfachatez de los verdugos.

-La ley de memoria histórica aprobada hace ya tres años, ¿ha sido suficiente?

-Ha sido y sigue siendo insuficiente, aunque ha supuesto un paso en el camino. Insuficiente también desde el punto de vista comparativo con el trato dado a las otras víctimas, a las de la violencia republicana, y de la equidad entre unas y otras víctimas. Y también con el justo y adecuado tratamiento dado a las actuales víctimas del terrorismo y lo poco que se ha hecho hasta la fecha por las víctimas del terrorismo de Estado que sin duda fue la violencia del franquismo. Hay deficiencias estruendosas, como que todavía queden tantos asesinados en las cunetas y tantas injustas e ilegítimas sentencias de la justicia al revés del franquismo sin anular.

-De no haber sido por la investigación de los historiadores y colectivos de la memoria histórica, ¿habría habido esta ley?

La ley y las actuaciones de los políticos han ido siempre a remolque y movidas por la presión y las reivindicaciones del movimiento de memoria.

-¿El Gobierno debería asumir la exhumación de las fosas?

-Desde luego. Y no solo por que el franquismo recuperó y honró a sus víctimas con medios y dinero público en un escenario de atroces penurias en los años de la posguerra sino también por las de la legislación internacional en derechos humanos y de las víctimas de sus incumplimientos.

-Para los que no están de acuerdo con la apertura de fosas, investigar el pasado solo abre heridas.

-De ningún modo. Quienes venimos participando desde hace años en exhumaciones de víctimas del franquismo solo encontramos en los familiares de tales víctimas sentimientos de perdón a los victimarios, de piedad, sentimientos de humanitarismo como es el de enterrar dignamente a los muertos, y sensaciones de serenidad y de sosiego personal y familiar después de cerrar con ellas una etapa dolorosa y un duelo por sus deudos suspendido e irrealizado por tantos años. Nunca hemos visto en nadie el más leve sentimiento de revancha, ni siquiera de resentimiento. Las exhumaciones no abren heridas, sino que vienen a cerrar las sangrantes que por mucho tiempo han permanecido y permanecen en tantas familias de represaliados del franquismo.

-¿Cuándo darán por cerrado este capítulo de la historia de España?

Cuando se puedan dar por cumplidas, al menos en un grado suficiente, las exigencias que la legislación internacional en derechos humanos señala para situaciones históricas como las que se dieron en nuestro país: las de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, cuando de modo suficiente se de a conocer la verdad de lo sucedido; las sentencias de la injusticia del franquismo sean anuladas, y no quede ni un solo asesinado en nuestros montes y cunetas.

-Los juzgados territoriales de Galicia en los que Garzón ha delegado la investigación de las desapariciones del franquismo han dado carpetazo a los asuntos. ¿Qué le parece que ningún juzgado gallego haya abierto investigación por estos hechos?

-Cuando en Galicia y en cualquier otro lugar se exhuma una fosa común y aparecen unos restos humanos con signos de violencia, la justicia viene habitualmente, y salvo contadas excepciones, incumpliendo la obligación de intervenir con una investigación sobre los hechos que dieron pie a la existencia allí de dichos restos que señala la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto sí que pudiera suponer prevaricación por parte de quienes desde los juzgados competentes omiten tales actuaciones. Por el contrario, la Justicia de nuestro país ha encausado por prevaricación al único juez que tímidamente y con mesura pretendió abrir un proceso por la represión franquista.

-¿La Audiencia Nacional debería investigar estos hechos o se trata de un delito que ya prescribió?

La Audiencia Nacional o la Instancia que corresponda de la Justicia española debería de hacerse cargo de la investigación de unos hechos delictivos que serían imprescriptibles y no amnistiables, por serlo de genocidio y de lesa humanidad. Tal es la tesis que han mantenido y mantienen muchos y muy reconocidos juristas como Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, o Jiménez Villarejo, ex fiscal general.

La Opinión de Coruña.es


‘Damnatio memoriae’ y desmemoria histórica…

noviembre 28, 2010

La proximidad de los hechos no nos permite juzgarlos con objetividad, distancia y en su contexto histórico

26.11.2010 –

PEDRO MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ PROFESOR TITULAR DE FILOLOGÍA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
'Damnatio memoriae' y desmemoria histórica
GASPAR MEANA

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre lo terrible que debía de ser en la antigua Roma una sentencia de ‘damnatio memoriae’ o «condena de la memoria». La dictaba el Senado contra una personalidad notable de la vida pública cuya actuación, ‘post mortem’, reprobaba. Su aplicación suponía la consideración del individuo como enemigo del Estado, la anulación de los honores recibidos en vida y la destrucción de cuantos indicios quedaran de su existencia en la tierra. Hay muchos ejemplos del rigor con que se llevaba a cabo tal ‘damnatio’: inscripciones de todo tipo dedicadas a un nombre borrado, pinturas familiares en que falta la cara del afectado, monedas con nombres raspados e ilegibles, noticias de la quema de sus obras, prohibición de usar su nombre, etcétera. Empleóse contra todo tipo de personajes públicos de infausto recuerdo o malquerencia posterior; sobre todo, contra emperadores o ministros, mandatarios únicos: Sejano, Nerón, Galba, Otón, Domiciano, Cómodo y otros muchos. También contra algunas mujeres, como la famosa Mesalina, cónyuge del emperador Claudio, más reputada por su furor uterino que por sus cualidades como esposa de tan alto dirigente. Pero en la práctica rara vez se logró borrar del todo la memoria del condenado; unas veces porque fue restituido a la muerte de su detractor, otras porque, tratándose de esos personajes, era del todo imposible consumar el cometido: perduraron muchas monedas, referencias de escritores o la propia fama, transmitida boca a boca y luego registrada.
Si miramos hacia tiempos y países más actuales, observamos que todos los dictadores anhelan perpetuarse en estatuas, libros, monedas, nombres de calles o monumentos, quizá sabedores de lo que les espera después. Cuando caen, por las buenas o las malas, y las cosas vuelven a su sitio, los pueblos suelen restituir lo que el tirano les cambió o quitó. Pero no por eso dejan de formar parte de una historia que, como toda ella, debe ser recordada y mucho. Por ejemplo, no hay que olvidar a Hitler, ni a Mussolini, ni a Franco; tampoco a Stalin, Ceausescu, Pinochet, Fujimori o Fidel Castro, entre otros. Recordarlos deber ser un estímulo para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones como las que en su día los propiciaron, incluso con el apoyo de sus pueblos. A la hora, sin embargo, de los desagravios conviene andar con tiento, si aún quedan cercanos, pues suelen levantarse ampollas de unos o de otros. Así, en España, la reciente Ley de la Memoria Histórica, pese a sus buenas intenciones de «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles», no parece haber acertado ni en la oportunidad ni en la forma. En la oportunidad porque, tal como todos los días noticia la prensa, su aplicación muestra que las heridas, efectivamente, no están cerradas. Y, lejos de restañar, al hurgar en ellas se ve que sangran más. Y eso, pese a que parecía que ya nadie se acordaba o quería acordarse de ellas. Y cuando digo «nadie» me refiero a la memoria colectiva, pues en muchas familias hay todavía, entre los suyos, alguna víctima no resarcida, o de unos o de otros. Por otro lado, están las formas. Hasta ahora se habían ido aplicando disposiciones concretas tendentes a reparar daños personales y situaciones injustas. Tal vez hubiera sido un camino más seguro, por la discreción que entrañan, que el de toda una señora ley, proclamada a bombo y platillo, cuyo ámbito de actuación se circunscribe al periodo de la Guerra Civil y el franquismo. Se demuestra así que la proximidad de los hechos no nos permite juzgarlos con objetividad, distancia y en su contexto histórico.
Si repasamos algunos hechos más lejanos, en cambio, no dejaremos de sorprendernos de lo tolerantes que somos con el pasado. Así, por ejemplo, en Oviedo existe una plaza dedicada a Primo de Rivera, padre. Su cambio de nombre se discute; pero, ojo, no entra en la ley, ya que su protagonismo es anterior a la Guerra Civil y al franquismo. La memoria de tal dirigente está muy vinculada a la de su cómplice Alfonso XIII, rey complaciente, blando, tornadizo y de más capricho que criterio. Aunque, en realidad, el primer Directorio, al menos, gozó del visto bueno de todos en la época, pues la situación era caótica. ¿Merecería el rey Alfonso XIII una ‘damnatio memoriae’ por consentir a un golpista? La abuela de Alfonso XIII, Isabel II, fue reina y causa por ello nada menos que de la primera Guerra Carlista. No tuvo la culpa, claro. Pero no fue una reina modelo. De hecho, acabó en el exilio después del éxito de la Revolución de 1868 y, tras ella y el efímero rey Amadeo I, llegó la I República, proclamada por monárquicos. Sin embargo, su recuerdo pervive en nombres de obras (como el canal que impulsó en Madrid), calles, parques o indirectamente en pintorescas manifestaciones gastronómicas, como el famoso Desarme ovetense que cada 19 de octubre conmemora la ingenua pérdida de armas de las tropas carlistas en la ciudad, a la manera, ‘mutatis mutandis’, del caballo de Troya. (Ojo, carlistas, si alguno habéis: no comáis garbanzos ese día, pues no está bien celebrar la causa del rival). Luego, gracias a otro golpista, el general Arsenio Martínez Campos, se restituyó la monarquía actual en la persona de Alfonso XII, en quien la reina había abdicado en París. Paz y gloria. ¿Se ha planteado cambiar, por ejemplo, el nombre de la calle Isabel II en Madrid, acordado en 1838? ¿Y derribar la estatua ecuestre del golpista que acabó con la democrática I República? Más atrás nos encontramos a ese gran alcalde de Madrid, a costa del dinero de todos, el absoluto ilustrado rey Carlos III. Y los españoles vamos a la capital y veneramos la famosa Puerta de Alcalá, construida a instancias de quien, entre otros méritos, firmó la ‘Pragmática Sanción’, o sea, nada menos que la expulsión de los jesuitas de España: golpe definitivo a la educación patria. ¿Quién arrebataría al Museo del Prado su retrato pintado por Goya? ¿Y sus numerosas calles, como la de, sin ir más lejos, Gijón?
Todavía antes de todo esto podemos buscar agravios en la figura del mismísimo fundador de la Universidad de Oviedo, Fernando Valdés Salas, Gran Inquisidor de España, promotor del más famoso ‘Índice de libros prohibidos’, perseguidor de los de Erasmo, redactor de las ‘Instrucciones al Santo Oficio’, instructor de procesos contra luteranos… ¿Habrá que perdonarle esos pecadillos, como decía Fermín Canella, al defender la estatua que se asienta en el patio del Edificio Histórico, en conmemoración del 3er Centenario de la Universidad, a cambio de valorar su mecenazgo en esta y otras empresas culturales o, por el contrario, habremos de condenarlo al exilio del olvido?
Hay muchos ejemplos de que la Historia está llena de oprobios. Pero no molestan cuando quedan lejos. ¿No sería mejor dejar, entonces, que algunas cosas maceren en paz y atender solo a aquello que es urgente? Tiempo habrá para revisarlo todo y ponerlo, cuando enfríe, en su sitio. Está claro que a nosotros nos quema.


“La Ley de Memoria Histórica es una ley de punto final, un cálculo político”

noviembre 23, 2010
Panfleto del PCE. Imprenta Lenin. 15/12/1937.
ISABEL G. CABALLERO

Coordinador del Archivo Digital de la Guerra Civil Española y de la Dictadura Franquista (el mayor que se conoce en el mundo) de la Universidad de California, San Diego, el profesor de Literatura Luis Martín-Cabrera cuenta lo que ha supuesto este proyecto que incluye 124 testimonios orales de víctimas del franquismo. Asegura que se ha emocionado con algunas de estas entrevistas: “Es imposible escuchar estas historias sin que se te mueva algo dentro”, dice.
NUEVATRIBUNA.ES 21.11.2010

Nuevatribuna.es: Su principal tarea ha sido adaptar tecnológicamente el archivo inicial de la colección de Herbert Southword aportando testimonios audiovisuales para que puedan estar disponibles en Internet. Cuéntenos cómo es esa colección privada y qué documento histórico recopilado por este historiador resaltaría.

Luis Martín-Cabrera: Bueno, en primer lugar, la colección es ahora pública, pertenece a una universidad pública la Universidad de California, San Diego (UCSD). En su momento, era la colección privada del periodista e historiador Herbert Southword. Fue el historiador y profesor de esta misma universidad Gabriel Jackson quien convenció a Southword de que donara los materiales a la biblioteca y, a partir de ese momento, la colección ha ido adquiriendo nuevos materiales para complementar la donación inicial. Tal vez resulte muy exótico que la Universidad de California, San Diego tenga esta colección, pero lo cierto es que UCSD tiene una conexión histórica muy fuerte con España. Carlos Blanco Aguinaga, profesor de literatura e hijo de exiliados vascos es profesor emérito del departamento de Literatura y también fueron profesores aquí Claudio Guillén, hijo del poeta Jorge GuillénDiego Catalán, uno de los grandes expertos en el romancero español. Ramón J. Sender, autor del Réquiem por un campesino español fue profesor también de nuestra vecina Universidad San Diego State University. Tiene sentido que eligieran este lugar, al fin y al cabo la región San Diego/Tijuana es el lugar donde el Norte se junta y choca con el sur.

En una colección tan grande es difícil elegir un documento específico, si tuviera que resaltar algo, resaltaría la colección de panfletos del Partido Comunista Español durante la defensa de Madrid. los panfletos son a veces de una cuartilla o más pequeños y contienen desde arengas políticas a instrucciones específicas para proteger a la población civil de los bombardeos de la aviación franquista y sus aliados fascistas. En conjunto, estos panfletos son un testimonio a la valentía y el coraje político del PCE durante la guerra. Aprovecho para decir que hay en estos panfletos una tesis de historia cultural esperando a que alguien quiera emprender esta tarea.

N.T: ¿Qué grado de conocimiento tiene la opinión pública norteamericana de la Guerra Civil española?

L.M.C: Estados Unidos es un país muy heterogéneo y con un acceso profundamente desigual a la cultura y la educación por culpa del racismo y el clasismo estructurales. En círculos universitarios yo diría que hay un conocimiento más o menos general de la Guerra Civil y una conciencia clara de la brutalidad de la represión franquista. Esto es así porque casi todos los departamentos de español y de historia contemporánea ofrecen cursos sobre la Guerra Civil (cosa por cierto que no pasa en España). En círculos políticos comprometidos, que los hay, hay una gran admiración por el anarquismo español durante la guerra, en parte impulsada, por figuras como Noam Chomsky y un gran desconocimiento del papel del Partido Comunista Español, en parte por la guerra fría. Al mismo tiempo, gracias a los veteranos de la Abraham Lincoln Brigade, a películas comoThe Good Fight o a escritores como los afroamericanos Langston HughesPaul Robertson, hay una admiración muy profunda hacia la lucha del pueblo español contra el fascismo y una conciencia clara de que fue el único pueblo que se resistió activamente el avance del fascismo en Europa.

La población civil en general, sobre todo las personas sin acceso a la educación superior y la cultura, casi nunca han oído hablar de la Guerra Civil. Hace un par de años un grupo de estudiantes de mi clase de la Guerra Civil hizo un pequeño documental entrevistando a profesores y estudiantes de enseñanza media, la Guerra Civil figuraba en el currículo como una nota a pie de página que nunca cubrían. Fue el año además que salió El Laberinto del Fauno pero ninguno de los estudiantes ni de los profesores relacionaba la película con los sucesos históricos que narra. Creo que este desconocimiento es en buena medida impuesto, porque el apoyo tácito primero y explícito más tarde de los Estados Unidos a Franco rompe con la narrativa maestra de la II Guerra Mundial como la guerra buena dónde los norteamericanos derrotaron al fascismo. Si los Estados Unidos estaban contra el fascismo ¿por qué apoyaron rápidamente a un dictador con vínculos tan claros con HitlerMussolini?

N.T: ¿Qué objetivos se planteó cuando le hicieron la propuesta? ¿Con qué problemas se encontró?

L.M.C: Los objetivos eran limitados, ya sabíamos que llegábamos tarde y que muchas personas no podrían ser entrevistadas porque fallecieron en el más absoluto abandono. La verdad es que me parece increíble retrospectivamente que a nadie se le haya ocurrido hacer esto, si no en el año 75, al menos si en los 80 con un gobierno socialdemócrata en el poder. El gran desafío era encontrar financiación privada, el dinero público que recibimos siempre fue concebido como un puente para conseguir financiación privada, pero en mitad del proceso estalló la crisis y fue imposible encontrar una fundación privada que se adecuara al perfil político del proyecto y que quisiera dar el dinero (no estábamos dispuestos a aceptar tampoco dinero que traicionara el espíritu y la identidad de los entrevistados).

Pero más allá de eso, el problema es que en Estados Unidos y en España, aunque en menor medida, la universidad abdica de su función pública y esto tiene consecuencias desastrosas. Hay proyectos que, como este, que jamás van a ser financiados con dinero privado. ¿A qué filántropo le interesan estas historias de luchadores anti-fascistas, de anarquistas, de comunistas, de testigos de violencia extrema? El discurso hegemónico de los derechos humanos quiere VICTIMAS pasivas, vida abstracta, una condena general de la violencia sin pensar en las consecuencias políticas que tiene ahora ni en los culpables, les interesa una aproximación utilitaria a la memoria para solidificar la reconciliación por encima de la justicia y por encima de la necesidad imperante de remover conciencias y hacer preguntas incómodas.

N.T: De las grabaciones que se han hecho, ¿qué testimonio o testimonios se te han quedado grabados en su retina?, ¿cuál ha sido el perfil de los entrevistados?

L.M.C: Para mí fue impactante una entrevista que hicimos este verano en Santa Coloma de Gramenet a Antonio Nieto(todavía no está en la página web), militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Antonio creció en San Fernando, Cádiz, su padre fue militante comunista, después de la Guerra Civil vivían, como muchos otros en Andalucía, en la pobreza más extrema. Las autoridades franquistas decidieron en los años cuarenta retirarle la custodia de los hijos a los padres y mandarles a un hogar de Auxilio Social para reeducarles en los valores del franquismo, en este hogar Antonio fue abusado por uno de los curas. Cuando sale del hospicio se alista en el ejército, en la marina. Tras el servicio militar, abandona el ejército y se pone a trabajar de soldador en un taller de Barcelona, allí oyendo por las noches Radio Tirana desde Albania, empieza a politizarse cada vez más hasta que entra en el FRAP. Si no recuerdo mal, es detenido mientras planeaba con su célula tirar unos cócteles molotov durante una visita deCarrero Blanco a la ciudad. En Via Laietana lo torturan brutalmente y de ahí empieza a pasar por casi todas las cárceles del Franquismo, La Modelo en Barcelona, el Penal de Burgos etc. Cuando terminamos la entrevista era muy difícil marcharse. Antonio, como muchas otras personas que hemos entrevistado, fue extremadamente generoso y nos invitó a comer. Para mí, y él me lo confirmó después, era como si nos conociéramos de toda la vida. La lección que extraemos de estas experiencias es que la poca democracia que hay en España no se la debemos a Suárez o al Rey, sino a los miles de militantes como Antonio que lo dieron todo para tumbar a la dictadura y hoy están completamente olvidados.

Otro testimonio que fue muy impactante fue el de Felicidad García BienzobasEmilio Silva, Presidente de la ARMH, me había insistido mucho en que fuera yo quien entrevistara a Felicidad, porque era de Candelario, un pueblo cerca del mío, Béjar, en la provincia de Salamanca. Yo, con los líos de la coordinación me olvidé un poco del asunto, pero uno de los fines de semana que fui a visitar a mi familia a Béjar no me podía quitar el nombre Bienzobas de la cabeza y no sabía por qué hasta que llegué a Madrid y miré la agenda. Felicidad fue detenida en Candelario al principio de la guerra, su padre y su tío eran miembros del Partido Comunista en Salamanca y, por eso, toda la familia fue detenida por la Falange de Béjar y trasladados al Palacio Ducal donde fueron interrogados y torturados. A Felicidad, que no tenía más de 14 años, la acusaron de haberse vestido de de la II República y de llevar las uñas pintadas de rojo (¡Cómo si el color de las uñas tuviera algo que ver con la ideología!). Felicidad vio como torturaban a su padre en ese Palacio Ducal que después se transformó en el Instituto de Enseñanza Media, dónde yo curse mis estudios y dónde, por cierto, no hay ni una mísera placa que reconozca que eso fue un centro de tortura. Sin caer en el discurso emotivo fácil, debo decir que cuando llegué a casa me eché a llorar desconsoladamente. Es imposible escuchar estas historias sin que se te mueva algo dentro, todos los miembros del equipo tuvimos algún momento así. Creo que la sociedad española debe dejar de gritar y empezar a escuchar a estas personas, se darían cuenta de lo absurdas que son la mayoría de las cosas que dicen.

N.T: ¿Qué valor tiene este archivo cara a generaciones futuras?

L.M.C: Creo que es importantísimo y lo puedo resumir tal vez con una anécdota de una estudiante salvadoreña, Cristina González, que en una sesión muy emotiva en la biblioteca explicó su experiencia trabajando con los testimonios. Cristina dijo que había leído muchos libros de la Guerra Civil en clase (novelas, monografías de historia, etc.), pero no había entendido realmente lo que había pasado hasta no ver los testimonios, porque “los libros ni lloran ni te enseñan a luchar con dignidad”. Creo que el archivo es una lección de humildad para cualquier docente, porque te das cuenta de que hay muchas cosas que no puedes transmitir en la clase o con una lectura, que los entrevistados son portadores de un conocimiento histórico único. Por eso, creo que lo que está en juego no es sólo, y no sería poco, recordar una historia olvidada, sino que los testimonios hacen que los estudiantes jóvenes puedan empezar a imaginarse otro modelo de sociedad, otro modelo económico, otro futuro afuera de los estrechos márgenes de nuestras democracias capitalistas occidentales. He visto a muchos estudiantes muy jóvenes, sentirse engañados después de trabajar con los testimonios, cambiar de carrera y de orientación política al entender que lo que les habían contado que era la democracia es simple y llanamente una mentira. Y quiero insistir en esto, hay mucha gente dentro del movimiento memorialista que piensa que todas estas iniciativas tienen por objeto ampliar y mejorar la democracia liberal que tenemos. Mis estudiantes me han probado muchas veces que esa no es la única lectura que se puede hacer. No porque no sean demócratas sino porque se dan cuenta de que la democracia de 1931, “una república de trabajadores libres de toda clase” está a años luz de la democracia constitucional monárquico capitalista que tenemos. La memoria para ellos desestructura y rompe este consenso, apunta hacia otros futuros posibles y otros modelos de sociedad.

N.T: Con el trabajo realizado hasta ahora, el proyecto ¿queda definitivamente terminado o está abierto a nuevas aportaciones?

L.M.C: Jamás podremos terminar porque faltan muchos nombres, todos los que ya nos han dejado sin poder contar su historia y sin ningún reconocimiento. Cada vez va quedando menos gente, pero sería posible continuar, si alguien está dispuesto a colaborar con nosotros a financiar una ronda más de entrevistas, estamos dispuestos a seguir. Estaría bien, por ejemplo poder ir a México y entrevistar a alguno de los brigadistas de la Lincoln aquí en Estados Unidos. Sigo recibiendo emails de gente que quiere donar sus testimonios y no podemos atender, porque la universidad ha dado por terminado el proyecto.

De ahora en adelante trataremos de sacar proyectos pedagógicos, videos más cortos y otras iniciativas similares para difundir y divulgar estas historias. Ahora mismo, estamos colaborando con Joan Garcés yFernando Magán en una demanda que están tratando de llevar a la Corte Europea de Derechos Humanos. Ya hicimos un video para ellos y estamos trabajando en otros materiales que apoyen la demanda. Estamos aquí para ayudar y servir al público en general y al movimiento memorialista en particular, para eso seguimos siendo una universidad pública, al menos de nombre y en espíritu.

N.T: Resulta sorprendente que la universidad pública española no haya llevado a cabo una iniciativa similar (falta de recursos, dicen). ¿O falta de interés?

L.M.C: Yo creo que se trata claramente de falta de interés y de miedo a pagar el precio político que suponga emprender una iniciativa de este tipo. Si yo recuerdo bien lo que me contaron Emilio SilvaAriel Jérez es que en la Complutense fueron los decanos y el rectorado quienes echaron abajo el proyecto. Tuvimos también algunos contactos con la Carlos III que tampoco prosperaron. En España se ha gastado un montón de dinero en vinos de honor, conferencias universitarias y volúmenes académicos que, pudiendo ser importantes, sirven sobre todo para que el profesor de turno haga progresar su carrera académica (entre paréntesis ninguno de los estudiantes ni yo hemos utilizado este proyecto para medrar académicamente) o para que el político de turno convenza a su electorado de que está haciendo algo por la memoria histórica. En lugar de gastar para que parezca que se está haciendo algo habría que haber invertido en un mapa general de fosas, una oficina de atención a los familiares que facilitara el acceso a los archivos, el procesamiento de demandas legales cuando hubiera lugar, un archivo nacional de testimonios y, sobre todo, haber impulsado decisivamente la apertura de fosas.

N.T: Supongo además que el hecho de que haya sido una Universidad norteamericana le da una dimensión internacional a la Guerra Civil y la Dictadura en España poniendo en conocimiento de la opinión pública mundial la visión de lo que pasó desde la óptica de los ‘vencidos’.

L.M.C: Como dije antes, creo que la Guerra Civil siempre tuvo una dimensión internacional clara. Por supuesto que hemos utilizado a nuestro favor el prestigio de la Universidad de California. Este prestigio contribuye a difundir las historias de los “vencidos” apoyándose en las nuevas tecnologías. A los medios les gusta enfatizar este aspecto, es verdad que con este tema han sido casi siempre los historiadores y las universidades extranjeras los que han venido a sacarnos las castañas del fuego. Pero tampoco hay que mitificar ni a los Estados Unidos ni a la Universidad de California. Han apoyado el proyecto porque creen que es una memoria que no les atañe. Si el proyecto tratara de recopilar testimonios de las personas que sufrieron la violencia política de los supremacistas blancos en California tendrían muchos más problemas. Tal y como documenta un importante libro de Mike DavisJustin Ackers ChacónNo one is Illegal, desde principios del siglo pasado distintos grupos paramilitares, apoyados por una coalición de políticos y empresarios, han dirigido su violencia exterminadora sobre agricultores latinos, trabajadores filipinos y afroamericanos, líderes sindicales, comunistas y socialistas y en general todos aquellos que trataron de oponerse a sus privilegios e intereses económicos. Esta historia sería mucho más incómoda, tal vez una Universidad española quiera animarse a documentarla. Lo digo para provocar, pero también para mostrar que no es una cuestión sólo de naciones o instituciones, sino de estar o no estar con los de abajo, con los explotados y los oprimidos y buscar estratégicamente desde dónde y cómo pelear.

N.T: ¿Cree que la Ley de Memoria Histórica de 2007 no es suficiente tal y como denuncia el colectivo memorialista?

L.M.C: Creo que el colectivo memorialista tiene toda la razón. La Ley de la Memoria Histórica es un reconocimiento simbólico a los vencidos, pero es sobre todo una ley de punto final para poder pasar página y no ocuparse nunca más del asunto, un cálculo político. ¿Por qué? En primer lugar porque el preámbulo de la ley glorifica, una vez más, la transición a la democracia como un proceso modélico. ¿Cómo va ser modélico un proceso político que consolidó el olvido y la impunidad de un genocidio político? ¿Cómo va a ser modélico un proceso que dejó miles de muertos en las cunetas y a miles de españoles en el más absoluto desamparo legal? Que en aquel momento la izquierda aceptase la ley de amnistía de 1977, el rey y muchas otras cosas no significa que hoy no se pueda abrir un proceso de reflexión sosegado sobre las cosas que se hicieron mal. Si el Estado continúa identificándose con un proceso conducido por las elites del aparato político del franquismo para consolidarse en el poder, eso sólo puede significar que continúan apegados al régimen que heredaron.

Segundo, la ley sigue sin anular efectivamente los juicios sumarios y las condenas pseudolegales del franquismo, aduciendo que tal cosa pone en peligro la seguridad jurídica del Estado. No entiendo qué pueda significar preservar la seguridad jurídica del Estado si no es preservar el aparato jurídico del Estado franquista. La negativa a anular clara y rotundamente estas condenas es una injusticia perpetuada en el tiempo que tiene consecuencias muy serias. Como denunciaba hace poco el poeta Marcos Ana el Estado sigue sin anular, por ejemplo, la condena a muerte del poeta comunista Miguel Hernández. En lugar de anular la condena el Ministerio pretendía entregarle a la familia un certificado honorífico. Esto es una vergüenza, no necesitamos diplomas de honor y dignidad, porque nunca perdimos ni el honor ni la dignidad, necesitamos justicia. La impunidad tiene además consecuencias económicas. Este verano, durante una de las entrevistas con Carles Vallejo, Presidente del Memorial de los obreros de la SEAT, me contaba que uno de los problemas que surgen ahora con los compañeros y compañeras represaliados y encarcelados es que tienen que trabajar más años y reciben una pensión más pequeña porque no cotizaron durante los años que estuvieron encarcelados o exiliados. Se pueden seguir enumerando consecuencias.

Y Tercero, muy en línea con los tiempos que corren, la ley de memoria ha privatizado de facto la exhumación de fosas comunes y el duelo. En lugar de hacerse cargo directamente o de coordinar y financiar los esfuerzos que ya existían en la sociedad civil, creando, por ejemplo, un protocolo de exhumaciones, el Estado se ha dedicado a subcontratar a las asociaciones de memoria para que lleven a cabo este trabajo. Usted quiere desenterrar un abuelo rojo, muy bien pida una subvención al Ministerio de la Presidencia mediante una asociación y usted se encarga de buscarlo, desenterrarlo y devolvérselo a los familiares y aquí paz y después gloria. Que se sigan desenterrando fosas gracias al esfuerzo voluntario de asociaciones y arqueólogos forenses sin ninguna presencia de jueces o autoridades estatales es una vergüenza. Cuando se lo explico a mis estudiantes les digo, imagínense que jugando al fútbol en ese campo de ahí aparece un hueso y una fosa común, ¿ustedes se imaginan que empezáramos a desenterrar la fosa entre estudiantes voluntarios y un arqueólogo forense de la universidad sin que venga la policía, sin que se levante un acta, sin que se investigue quiénes son las personas que están ahí y quién las asesinó? ¡Esto sí que pone en peligro la seguridad jurídica de un país!

N.T: ¿Qué le parece el proceso contra el juez Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo?

L.M.C: Pues más de lo mismo, otro paso más en la dirección de la consolidación de la impunidad y el olvido, y conste que no soy fan del Juez Garzón, cuyas actuaciones en el País Vasco, por ejemplo, me parecen más que cuestionables. Hagamos un ejercicio comparativo, en Chile hay aproximadamente 3.000 desaparecidos, en Argentina hay 30.000. En España, según el documento que las asociaciones memorialísticas entregaron a Garzón, hay unos 114.000 desaparecidos. En estos dos países ha habido comisiones de verdad y hay juicios abiertos contra los responsables de la represión y la desaparición. En el caso de España no sólo no se han emprendido ninguna de estas medidas, sino que además al único juez que ha tratado de abrir un tímido proceso legal, se le ha expulsado de la judicatura. ¿Qué significa esto? Pues que los vencedores de la guerra siguen imponiéndonos su victoria, su justicia y su modelo de sociedad. Me podía imaginar, supongo que incluso Garzón podía, que el proceso no iba a prosperar, lo que no me imaginaba de ninguna manera es que Manos Limpias se saliera con la suya.

En este sentido cabe decir, que pese a nuestro complejo de superioridad y nuestra costumbre de ir dando lecciones de democracia por América Latina, todavía estamos a años luz de países como Argentina y, en menor medida, de Chile. Por otro lado, creo que hay demasiado énfasis mediático en la figura de Garzón; que un juez con su perfil haya sido disciplinado y expulsado de la judicatura es gravísimo, pero mucho más grave aún es que haya miles de familias que no sepan dónde están enterrados sus familiares, estos son los verdaderos protagonistas de una situación de desamparo legal que se sigue perpetuando en el tiempo. La desaparición forzada, el robo de niños y el genocidio (es claro en los documentos de Franco que se trataba de extirpar el “cáncer marxista”) no prescriben ni pueden ser amnistiados. Los mismos jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior que hoy se oponen a juzgar los crímenes contra el franquismo en España no tenían ningún problema con estos argumentos legales cuando se trataba de Pinochet. España está vulnerando la legislación internacional en materia de derechos humanos y no hay ley de punto final que les pueda eximir de esta responsabilidad. Igual que Miguel de Unamuno le dijo a Millán Astray hace más de setenta años, hoy le podemos decir a Varela: vencerán, pero no convencerán, porque ni la ley ni la razón están de su lado, lo único que tienen es la fuerza bruta de un aparato legal heredado del franquismo.

N.T: ¿Cuáles son a su juicio las asignaturas pendientes?

L.M.C: Todas las que he ido diciendo antes. Mapa de fosas, apoyo claro y decidido a las exhumaciones, reapertura de los procesos legales, anulación de la sentencia contra Garzón, anulación de las condenas del franquismo, apertura completa de los archivos militares, incautación de los archivos de la Fundación Francisco Franco y cierre de la misma, desarrollo integral de un currículum crítico que explique la Guerra Civil y el franquismo en colegios, Institutos y universidades. Y puestos a pedir cosas imposibles, sacar a Franco y a José Antonio del Valle de los Caídos y, como propone Sánchez Albornoz, entregárselos a sus familias para que los entierren cristianamente o como les plazca. Mientras Franco siga enterrado en el Valle de los Caídos, el pasado ominoso de la dictadura, sigue encriptado en el corazón de la sociedad española, la ley del padre se sigue cumpliendo. España necesita transformar estos lugares en lugares de memoria, como se ha hecho en Argentina con la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) o en Chile con el centro de torturas Villa Grimaldi. El Valle de los caídos fue un campo de concentración y eso debería quedar marcado, en lugar de sólo prohibir que levanten la mano los falangistas en el recinto. Por el camino de la expropiación de los lugares de la represión la antigua Dirección de Seguridad de la Puerta del Sol, donde miles de militantes antifranquistas fueron torturados, como Julián Grimau, y muchos otros murieron de las torturas, debería ser también un centro para las asociaciones de presos políticos, un lugar desde donde enseñar esta historia de manera crítica en lugar de ocultarla y repetirla. Es muy probable que todos estos cambios sólo sucedan si hay una revolución, pero no hay razón para pensar que las políticas de la memoria no puedan conducir a cambios estructurales profundos que permitan vivir en una sociedad más justa y más igualitaria.

Al finalizar esta entrevista, Luis Martín-Cabrera, ha querido hacer un reconocimiento a algunas de las personas que han colaborado en el proyecto, entre ellas el investigador de la UCSD Scott BoehmOmar Pimienta. Especial atención presta a algunas de las mujeres que han trabajado con él y que “no reciben ningún reconocimiento público por la cantidad ingente de horas que han dedicado al proyecto”, lamenta. Entre ellas cita a las mexicanas Jessica Córdova, Viviana Macmanus, Elize Mazadiego y Marcella Vargas; y a Andrea Davis y Jodi Eisenberg, de origen judío.

“Teníamos ya una deuda impagable con el México de Cárdenas y hoy otra vez seguimos teniendo que agradecerle a todos estos estudiantes que en principio no tenían nada que ver con España su entrega y su solidaridad con la memoria republicana, es algo que me conmueve y me hace sentirme orgulloso, sin paternalismos, de haber empujado este proyecto durante los últimos cuatro años”, concluye.

Nueva Tribuna:

http://www.nuevatribuna.es/noticia/42579/sociedad/ley-memoria-historica-ley-punto-final-calculo-politico.html


La impunidad consentida…

noviembre 17, 2010

Reflexionaba Séneca: Hay cosas que no hacemos porque parecen imposibles, pero son imposibles porque no nos atrevemos a hacerlas.

Hasta hace pocas décadas parecía irreal que se establecieran normas para sancionar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Lo normal, y naturalizado, durante toda la historia, fue su absoluta impunidad. Debió ocurrir el Holocausto para que, por vez primera,se estableciera un tribunal para juzgarlos.

El Tribunal Militar de Nüremberg, que fue severamente criticado por diversas razones: haberse constituido por las potencias vencedoras, establecerse con posterioridad a los hechos, crear un Estatuto especial para juzgar a los responsables, etc., dio sin embargo respuesta, aunque parcial y limitada, a la aspiración de justicia, abrió un fructífero camino e inició una nueva etapa en el Derecho Penal Internacional.

A partir del mismo, y debido en fundamental medida al tesón y exigencia de las víctimas, se multiplicaron tratados, resoluciones y recomendaciones, internacionales y regionales, destinados a la prevención y el castigo de estos crímenes y se constituyeron en esos ámbitos consejos y comisiones para la vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fundamentales.

Se crearon tribunales ad hoc que han dictado numerosas e importantes sentencias. Se establecieron también tribunales permanentes en distintos continentes y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.

A pesar de los avances, la impunidad sigue esencialmente vigente

Siguiendo a Gastón Bachelard o Jacques Derrida podríamos decir que fue vencido un obstáculo epistemológico, que es el que dificulta o impide al pensamiento imaginar una realidad distinta a la que se tiene.

No es mi propósito analizar ahora las profundas limitaciones y condicionamientos que, a pesar de su importancia, tienen los instrumentos antes referidos. Sólo constatar que, a pesar de los enormes avances producidos en poco más de medio siglo,la impunidad sigue esencialmente vigente.

Una de las razones fundamentales que lo posibilitan desde el ámbito jurídico es la falta de castigo a quienes la promueven y consienten.

Ha sido y seguirá siendo objeto de discusión la naturaleza y el fin de la sanción penal. Sobre lo que no existe debate alguno es acerca de su necesidad por, al menos, dos poderosas razones:

En primer lugar, su efecto disuasorio: los denominados delitos comunes se siguen produciendo a pesar de que todas las legislaciones del mundo prevén una pena para quienes los cometen. Se multiplicarían si ésta no fuera aplicada efectivamente. Quienes perpetran este tipo de delitos saben que a la transgresión de las leyes que los sancionan seguirá ineluctablemente el castigo. Se lesiona un bien de quien comete un delito: su libertad, su patrimonio, su facultad de ejercer cargos públicos o administrar sus bienes, etc., como respuesta a la vulneración de otros bienes jurídicos que éste lesionó previamente.

Sólo excepcionalmente, por ineficacia de la administración de justicia u otras circunstancias ajenas al propósito de las instituciones de los Estados de dejarlas sin castigo, la sanción no se produce. Algo enteramente distinto, e inverso, ocurre en relación con los grandes crímenes contra la humanidad. Sus autores saben que lo más probable es que no sean castigados. No porque consigan sustraerse a la acción de la justicia sino porque en la mayoría de los casos, a través de distintos y deliberados mecanismos, quedan protegidos por la impunidad.

Esta es la realidad que tenemos: la sanción de los delitos comunes es tarea que, como fundamental, asume todo Estado. La no penalización de los crímenes más atroces, en cambio, es la regla.

Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores

Si con su punición efectiva se evita la proliferación de los delitos ordinarios, con la ausencia de sanción de los crímenes contra la humanidad se favorece su desarrollo. Ocurrirían en mucha menor medida si, como ocurre con aquellos, fueran castigados. El corolario es que, a cuanto mayor impunidad de los responsables de crímenes que lesionan a la humanidad, más crímenes.

En segundo lugar, la defensa y promoción de un valor social: cuando una ley penal establece una sanción para reprimir una conducta ilícita, ampara un bien que se entiende estimable. El que atenta contra el mismo lo hace contra un derecho respecto del cual existe el consenso social de que debe ser protegido. Si la ley no reprochara su conducta a quien lesiona ese bien, dicha conducta no sería antijurídica pero, además, el bien lesionado no sería, o dejaría de ser, valioso socialmente . La intención de la pena es, en este sentido, defender y promover el valor social de determinados bienes o derechos: a la vida, la libertad, la integridad corporal, la propiedad, etc. Si se reprime su vulneración es porque se los entiende dignos de ser defendidos. Si no fueran objeto de protección significaría que son desdeñables. De igual modo ocurre cuando la ley penal existe pero no se aplica.

Esto último es lo que sucede generalizadamente respecto de los grandes crímenes contra la humanidad. Existen leyes en cada país, y también internacionales, para castigar a sus responsables pero, o no se aplican, o sólo limitadamente, o en casos excepcionales. Se establece así un profundo disvalor social: el mensaje es que los derechos de las víctimas de estos crímenes y los de las sociedades que los padecen no merecen ser tutelados.

Es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen

Estas elementales constataciones producen indignación y desasosiego.

Cuanto más grave es el crimen, más impunes resultan sus autores; cuanto más importante es el valor social que hay que realzar, más se lo desprecia.

A pesar de la evidencia de que es la impunidad la que favorece y perpetúa el crimen, es tan reiterada y universal su práctica que parece estar en el orden natural de las cosas. Hasta quienes la establecen parecen no tener conciencia de que están delinquiendo. Es preciso hacérselo saber.

Las normas jurídicas vigentes tienen respuesta para sancionar a quienes al promover la impunidad prevarican y encubren los crímenes contra la humanidad. Sólo hace falta que se apliquen y para ello el primer paso es tomar conciencia de que se puede y se debe. Como siempre ha ocurrido, junto a iniciativas judiciales en distintos lugares, un amplio movimiento social es quien podrá garantizarlo.

En este sentido, de igual modo que sólo con el denodado esfuerzo de miles de personas y cientos de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo fue posible el nacimiento de tratados y resoluciones que condenan los crímenes contra la humanidad, es fundamental lograr ahora el de instrumentos internacionales que de modo explícito declaren que la impunidad es un delito y que los responsables de promoverla o consentirla deben ser juzgados. Se daría así un gigantesco paso para combatir las masivas violaciones de los derechos humanos.

*Carlos Slepoy es abogado especializado en derechos humanos y ha trabajado en la querella interpuesta desde Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo.
Público.es

 


Alcaldía y PSOE enfrentados por aplicar la Ley de Memoria Histórica en Los Corrales…

octubre 17, 2010

Toribio considera prioritario realizar mejoras en las calles del casco urbano mientras que los socialistas apelan al cumplimiento de acuerdos plenarios…

 

Urbanización de La Condesa, una de las más grandes de Los Corrales de Buelna. :: CAVIA

 

17.10.10 –

NACHO CAVIA | LOS CORRALES DE BUELNA

 


¿Qué es prioritario para los ciudadanos de Los Corrales de Buelna, solucionar el problema del grave deterioro de las aceras en la urbanización La Condesa o dar vía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica?. Esa es la cuestión en torno a la que giran los últimos enfrentamientos entre el equipo de gobierno municipal que preside Mercedes Toribio Ruiz (PP), y el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Óscar del Val. Éste último apela al cumplimiento de un acuerdo plenario que no acaba de formalizarse, especialmente en el cambio de nombre de una decena de calles sobre el que había un principio de acuerdo, o al menos una aproximación de posturas.
Mercedes Toribio mantiene lo que viene diciendo desde el inicio del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica: que no es prioritaria o al menos que no lo es frente a lo que considera necesidades acuciantes de los ciudadanos.
Y ahí vuelven a enfrentarse los dos portavoces. Porque Mercedes Toribio apela a que es más urgente el arreglo de las aceras de la urbanización La Condesa, una de las zonas más populosas y desde luego la más céntrica de Los Corrales de Buelna, diseñada por el concejal y también arquitecto Óscar del Val. En la actualidad, según la alcaldesa de Los Corrales, el mal estado de estas aceras está costando mucho dinero a las arcas municipales en concepto del pago de indemnizaciones a las personas que sufren daños personales.
Con cierta ironía, el portavoz socialista y arquitecto contesta que él dibujó rectas las aceras y que quizás el problema reside en que en los últimos dieciséis años el Ayuntamiento de Los Corrales no ha hecho nada por arreglar zonas públicas como es el caso de esas calles.
Para Mercedes Toribio sería conveniente conocer qué es más importante para los ciudadanos, mientras que para Óscar del Val la cuestión es que con ese debate se intenta desviar la atención consiguiendo retrasar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ocultando así una mala gestión del gobierno popular.
Medio millón de euros
La alcaldesa de Los Corrales señala una cifra: medio millón de euros que el Ayuntamiento necesita para solucionar el deterioro de las aceras de La Condesa. Óscar del Val aporta un hecho: ni se aplica la ley, ni se mejoran las aceras, ni se convoca ninguna de las comisiones donde tratar alguno de esos dos temas.
Eso sí, la alcaldesa ha señalado que se convocará la Comisión Especial de Aplicación de la Ley de Memoria Histórica cuando llegue el momento. Todo hay que decirlo, sin coste para las arcas municipales, porque los concejales renunciaron a cobrar por asistencia a esa comisión especial.

El Diario Montañés vía google noticas

LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRSE…

Una vez más aparece la controversia de la adecuación o no sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Por desgracia y en los tiempos que corren, puede parecer  para aquellos que sufren de amnesia histórica o no tienen familiares afectados por la represión franquista, o si los tienen les importa un comino, una frivolidad el utilizar recursos públicos en la aplicación de susodicha ley.

Para que no queden dudas al respecto, me gustaría enumerar una serie de circunstancias y de factores que argumentan el por qué es conveniente que la Ley de la Memoria Histórica (sin entrar en más disquisiciones de si es o no una ley apropiada) se aplique en su totalidad y en todo el Estado.

Si nos atenemos al derecho y la justicia sobran argumentos, pero el principal sería que las leyes están precisamente para ser cumplidas y no discutidas y puestas en entredicho continuamente dependiendo de a quiénes o no favorecen. Y en el caso de que no se consideren adecuadas, hay mecanismos legislativos y jurídicos para poder modificar o derogar las mismas. Pero mientras no sea así, éstas deben ser cumplidas sin excepción y excusas, sino se está cometiendo una falta o delito premeditado, además de poner en riesgo todo el sistema de libertades, derecho y justicia.

Claro está que todo tiene un origen, y las leyes no van a ser menos, por eso cuando se legisla y se aprueba una ley, ésta debe ir acompañada de los medios necesarios para que su aplicación sea factible y real con el fin de no hacer inoperante la misma, es decir, debe contar con las herramientas necesarias para su práctica y uso, tanto humanas como materiales y económicas, si no es así, es que algo falla en el sistema.

Un país que se pretende moderno, democrático y sobre todo aspirante a ser una potencia europea y mundial en muchos aspectos, no puede ni debe obviar su historia, el derecho y los acuerdos internacionales que tiene firmados y ratificados con los diversos entes jurídicos y legislativos mundiales, saltándose todas las recomendaciones y leyes que a éste efecto se le han hecho desde los diversos estamentos y que van en contra del Constitucionalismo Internacional. Y cuanto menos, no puede moralmente exigir a otros países el cumplimiento internacional de leyes si él mismo es incapaz de aplicarse el cuento.

Como colofón final, no me gustaría pasar por alto lo que a mi modo de entender es más importante que los puntos anteriores, y que no es más que el derecho de las víctimas y sus familiares a ser reconocidos, a que sea condenado y por tanto reparado el mal causado por el régimen absolutista, dictatorial y criminal de Franco, el cual aplicó el concepto de limpieza ideológica premeditado, planificado y sistemático después de haberse alzado ilegalmente contra un gobierno electo y legitimado por el sufragio universal y haber sido precursor y provocador de una Guerra Civil. Debería ser el propio Estado el valedor y encargado de proteger a las víctimas, así como el promotor de trabajar para recuperar la memoria histórica del país en su totalidad, creando los espacios, museos, archivos y políticas educativas que mantengan vivo el recuerdo de un pasado que no debería repetirse nunca. Y para ello hay que recordar y divulgar la propia historia, no como un modo de venganza y escarnio de lo acontecido, sino con el sentido pedagógico y educativo que requiere un acontecimiento tan importante en los anales de nuestra historia. ¿Se imaginan a una Alemania anclada en el olvido del nazismo y la II Guerra Mundial?

España tiene una importante deuda histórica, jurídica y moral con ella misma, y un país que arrastra un lastre pretérito tan pesado  es muy difícil que avance hacia un futuro con buen ritmo y paso, sobre todo, cuando es incapaz tan siquiera de hacer cumplir sus propias leyes. Lo dicho controversias a parte, las leyes están para cumplirse.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@


“Hay riesgo de que la gente empiece a abrir fosas por su cuenta”…

octubre 16, 2010

Juristas y forenses alertan sobre la posibilidad de que personas no cualificadas se lancen a realizar exhumaciones cuando se publique el mapa de fosas…

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 14/10/2010

Juristas, historiadores, forenses y familiares de víctimas de la represión franquista hicieron balance el jueves en la Universidad Carlos III de Madrid de los 10 años que han pasado desde que Emilio Silva exhumó los restos de su abuelo, fusilado en 1936, y arrancó el llamado movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Todos reclamaron la presencia de jueces en las exhumaciones y una mayor implicación del Estado.

El médico forense Francisco Etxeberria, que ha abierto más un centenar de fosas del franquismo en la última década, lanzó una alarma: “El Gobierno está a punto de publicar el mapa de fosas y hay un riesgo de que gente no cualificada intente abrirlas porque todavía no se ha terminado el protocolo de exhumaciones”.

Etxeberria se sumó a la petición de que los jueces acudan a las fosas, “porque las identificaciones que hacemos carecen de validez judicial y administrativa. Si a Garzón le hubiesen dejado continuar, lo primero que iba a hacer era solucionar esto”.

Luis Ríos, profesor de Antropología física de la Universidad Autónoma de Madrid, comentó que en su laboratorio habían llegado a tener 370 restos de personas exhumadas. “¡Y somos solo tres en el departamento!”, explicaba. “Debería haber una autoridad judicial detrás. El Ministerio de Justicia tiene a profesionales muy cualificados con bases de datos profesionales para analizar todo esto”.

José Ignacio Casado, coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos aseguró que ante el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta al primero que avisan es al juez, “pero luego nunca se presentan”. “¿Y si no intervienen, qué hacemos? Yo soy partidario de seguir adelante porque, si nosotros no hacemos lo que nosotros hemos hecho, nadie lo va a hacer”.

Guillermo Fouce, profesor de la Universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras en Madrid, opinó que “una de las debilidades” del movimiento para la recuperación de la memoria histórica “es que ha hecho menos política de la que debería haber hecho. Porque política es reclamar ante la dejación de funciones del Estado, salir a la calle para protestar por el enjuiciamiento de Garzón…”

Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aseguró que la situación había cambiado mucho desde que Emilio Silva empezó a excavar. “En el Bierzo, donde se hizo la primera exhumación, ahora todo son facilidades. Hay alcaldes del PP que nos ayudan y eso era impensable hace 10 años”.

Amnistía Internacional denuncia “el retroceso de España en la lucha contra la impunidad”

El País.com vía google noticias

La periodista Natalia Junquera en su intervención en las jornadas celebradas en la Universidad Carlos III. Fotografía La Memoria Viv@


El silencio de los desaparecidos es el silencio administrativo…”Carta al Excmo. Sr. Alcalde de Madrid”

octubre 16, 2010

 

 

Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid

 

Los Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid, escribimos una carta al Alcalde de Madrid el 12 de abril de 2008, que fue registrada junto con miles de firmas de apoyo, demandando un Memorial junto a las tapias del Cementerio del Este, donde poderles llevar flores y nuestros mejores sentimientos. Aún no hemos recibido contestación alguna, ni se espera.

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sr. Alcalde:

Nos dirigimos a usted, como familiares de las cerca de 3.000 víctimas fusiladas entre los años 1939 y 1945 en las tristemente famosas tapias del Cementerio del Este (hoy Cementerio de La Almudena). Sus restos fueron inhumados allí y transcurridos diez años se exhumaron para ser trasladados al Osario común, en el caso de no ser reclamados por sus familiares (opción esta escasamente empleada por un sinfín de “circunstancias” imaginables).

Hemos querido encabezar la carta con esta información oficial que nos transmitió personalmente el Sr. Abánades, Director Comercial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, para que resulten más fáciles de entender nuestras demandas.

El hecho, irremediable ya, de no poder disponer de sus restos para ubicarlos en un lugar físico donde poder visitar y honrar a nuestros familiares, hace más necesario aún para nosotros el emplazamiento, en el recinto de la Necrópolis, de un memorial digno, espacio dedicado nominalmente o monumento, que nos sirva de referencia para su merecido y
obligado recuerdo.

Dada la magnitud de esta tragedia ocurrida en Madrid y que, además, los familiares de las víctimas llevamos decenas de años sin poder siquiera depositar unas flores en un lugar expresamente dedicado, entendemos que debería ser el propio Ayuntamiento quien, al igual que ha sucedido en otros municipios españoles, acometiera las actuaciones necesarias para su realización.

En el mismo Cementerio de La Almudena, se da la circunstancia de que ya existen otras placas, esculturas y monumentos dedicados incluso a aviadores que sembraron de destrucción esta capital, lo que sonrojaría a cualquier demócrata. Suponemos que compartirá este sentimiento de injusticia e irracionalidad.

Sin embargo, nos consta que algunos proyectos encaminados a la creación de un memorial en La Almudena a las republicanas y republicanos allí fusilados, no han contado con las autorizaciones necesarias por parte de la corporación que usted preside.

Los abajo firmantes, esperamos contar con su colaboración para que la creación de este necesario memorial, pueda ser celebrado también por los, cada vez menos, supervivientes de la represión franquista.

Atte.

 

El silencio de los desaparecidos es el silencio administrativo…

No hay mayor impotencia y dolor para los familiares de las víctimas que la indiferencia de aquél o aquellos que deberían proteger y velar por los intereses de las mismas, es decir, el desamparo de las instituciones gubernamentales, sean éstas municipales, provinciales, autonómicas o nacionales.

En el caso de las víctimas de la represión franquista aún la afrenta es mayor, no únicamente por los más de 70 años de olvido forzado, sino porque además todavía nos vemos obligados a combatir el olvido de nuestros seres con todo tipo de trabas y argucias legales, con el  agravio comparativo que hay entre nuestros muertos y represaliados y los que hubo en el bando nacional, además de la indefensión que sufrimos al ser obviados tanto por el derecho y la justicia española así como por el Gobierno o gobiernos autónomos al no tener en consideración las recomendaciones y resoluciones internacionales a tal efecto de Naciones Unidas y de los distintos estamentos jurídicos y penales.

Y como dice el sabio refranero español, para muestra un botón, el caso de “Los Familiares y amigos de las Víctimas del franquismo en Madrid”, no deja de ser por desgracia uno más de entre los miles de documentos, rogativas, misivas, etc., remitidas a algún cuerpo gubernamental, archivo público, etc., que se queda sin respuesta. lo más triste de este proceder, es que nosotros lo sabemos, de ahí el final de la cabecera al pie de foto…Aún no hemos recibido contestación alguna, ni se espera”, pero es nuestra obligación aún así seguir insistiendo, denunciando, investigando y movilizando a la sociedad civil, cuerpo jurídico y clase política para intentar conseguir en el grado más alto posible los objetivos memorialistas de “Verdad, Justicia y Reparación”. El silencio de nuestros desaparecidos no es el de las fosas, el del olvido, el del miedo, es el silencio administrativo.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de la A. I. La Memoria Viv@