Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho “el ridículo” al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”, dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que “todo era una mentira”.

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: “Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido”.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que “cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales” y que “los jueces desestimen” la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido “defectos de todo tipo”, especialmente cuando “lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento”, según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que “cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la “dignidad” de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas “solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones”; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Víctimas de primera y víctimas de segunda

octubre 26, 2013

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España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas

 RAMÓN LOBOA, 24/10/2013

Anda caliente el asunto de Estrasburgo y de la ya fenecida Doctrina Parot. En España ha provocado una tormenta de sentimientos, no de ideas; es lo habitual: insultos, demagogias en vez de hechos. La etarra Inés del Río ha salido de prisión tras 26 años en la cárcel, pero muchos hablan de impunidad. Fue juzgada y condenada conforme a las leyes vigentes. Está judicialmente en paz, aunque no sus víctimas, que para ellas no hay reparación posible. Se puede discutir si aquellas leyes eran justas, proporcionadas, suficientes. Son preguntas que deberían formularse a los legisladores de entonces. El Tribunal de Derechos Humanos no ha tumbado la ley en sí misma, o su interpretación, sino su aplicación con carácter retroactivo.

La socióloga serbia Milena Dragicevic me explicó en Belgrado que uno de los problemas de los Balcanes es que estaba habitado por pueblos de tradición oral, donde los mitos se transmitían de generación en generación. El progreso había reemplazado aquella tradición oral, casi familiar, por su divulgación en masa a través de la televisión. El nuevo medio repite la verdad histórica mítica mezclada con otra nueva convertida en verdad incuestionable. Decía Dragicevic que Gutemberg nunca pasó por los Balcanes: la costumbre de la lectura, la comprobación de los hechos, la demostración empírica.

España es como los Balcanes: una olla de mentiras, medias verdades, odio y mitos. No existe un relato común. Lejos de buscar uno se le añaden los mitos periféricos.

Los críticos de la sentencia de Estrasburgo blanden el dolor de las víctimas para airear su escándalo. Sienten que esas víctimas les pertenecen, son parte de su discurso. Hablamos de las víctimas de ETA porque para ellos las víctimas del franquismo son invisibles, inexistentes. España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas.

Argumentan que lo ocurrido en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo es una herida que no se debe reabrir. España tiene unos 130.000 desaparecidos forzosos documentados, el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya. Más del doble que la suma de los desaparecidos de Guatemala, Argentina y Chile.

Veremos qué dice Estrasburgo en el fututo sobre este asunto. La sentencia sobre la matanza de Katyn, en 1940, es una pista que ha pasado desapercibida en la prensa española. El tribunal de la UE ha condenado a la Rusia de Vladimir Putin por no investigar aquellos hechos: el asesinato de 20.000 oficiales polacos.

Clarificar la memoria colectiva, asentar un relato común, es uno de los deberes del Estado para sostener la cohesión de ese mismo Estado; también para acompañar a las víctimas sin importar su afiliación, ayudarles a recorrer el duelo, a recobrar en la medida de lo posible su vida. Ese relato común, que ahora debería estar construyéndose en el País Vasco, es difícil de alcanzar, pero sin él es imposible una verdadera reconciliación, la única manera de poner fin a un conflicto.

Argentina, Chile y Sudáfrica resolvieron su pasado con comisiones de la verdad. Es célebre la argentina dirigida por el escritor Ernesto Sábato. En los dos primeros países se aprobaron leyes de amnistía que eran contrarias a las leyes internacionales rubricadas por los mismos países. Sucede también en España.

Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La desaparición, tampoco; es un delito permanente mientras no se descubran los restos.

Sudáfrica creó una comisión de la verdad dirigida por Desmond Tutu. No fue su condición de religioso, de líder espiritual –es obispo anglicano–, la clave, sino su relevancia como referente moral indiscutible. Fueron sesiones ejemplares y emocionantes; un intento honesto de cerrar heridas, de escuchar la verdad, de generar paz a las víctimas.

A Alemania le impusieron la condena del nazismo, el relato común que se estudia en las escuelas. Negar el Holocausto está penado en numerosos países europeos. A nadie se le ocurre negar en estos dos países los crímenes del apartheid y del nazismo.

Aleksandar Vuco, psiquiatra serbio experto en traumas colectivos, sostenía en el caso de su país que era urgente una generación de dirigentes políticos con el coraje de decir la verdad a sus conciudadanos: Serbia empezó cuatro guerras balcánicas en los años noventa y las perdió todas. La verdad es la mejor cura, el mejor instrumento para superar el pasado y ganar el futuro.

El magistrado español José Ricardo de Prada fue juez en el tribunal de Derechos Humanos de Sarajevo. Sostiene que en una lucha como Bosnia-Herzegovina, donde los crímenes fueron masivos, es imposible una justicia completa, capaz de llegar a cada víctima. Se calcula que en Bosnia hay 10.000 criminales de guerra. A pesar del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, que juzga a los jefes, y del tribunal de Sarajevo, habrá miles que quedarán impunes. Es un precio difícil de digerir para las víctimas, como lo es ahora la derogación de la Doctrina Parot.

La justicia o la sensación de justicia se logra con el procesamiento de los jefes, como son los casos de Radovan Karadzic y Ratko Mladic en Bosnia. También es esencial escuchar el relato de las víctimas. En Sierra Leona, una comisión de la verdad impulsada por la ONU recorrió el país para recolectar los relatos sobre los diez años de guerra civil. De ese viaje surgió un gran informe sobre la guerra, pero solo unos miles de los cientos de miles de víctimas pudieron contar su historia, sentir que se hacía justicia.

Las víctimas silenciadas del franquismo no han podido contar su historia; sigue enterrada en cientos de fosas comunes. Justicia no es juzgar a los que ya murieron, sino reparar a los vivos, permitirles devolver el nombre y la dignidad a los asesinados. Las víctimas de ETA tienen a sus deudos, hubo entierros, han podido narrar su dolor. Los criminales fueron detenidos, juzgados y condenados. No hay motivo para sentir tanta injusticia. Sí lo hay para sentir dolor, rabia, incluso odio.

La clase política española, sobre todo el PP, ha utilizado a esas víctimas en beneficio político. Las han secuestrado. No a todas, que hay muchas madres andaluzas de guardias civiles que no tienen derecho a un foco reservado a las víctimas útiles para la estrategia de la tensión permanente. El PP auspició y alentó ocho manifestaciones contra Zapatero. El domingo habrá otra en Madrid. La utilización política de una parte sustancial de las víctimas de ETA impide a esas víctimas vivir el duelo, que se suavice el dolor extremo de los primeros días. Se las tiene a fuego lento para que el odio no amaine. Son dos veces víctimas.

Si se lee a Américo Castro se comprobará que la tara es anterior al franquismo; procede de la Edad Media donde no se resolvió la cuestión del Estado, sus fronteras interiores. Este es un país en el que siempre vencieron las sombras a las luces. El problema esencial, como el de los Balcanes, pasa por Gutemberg.

El etnólogo y antropólogo serbio Ivan Colovic escribió La mitología en el lenguaje político. En él desnuda la manipulación de Slobodan Milosevic y del nacionalismo que destruyó Yugoslavia. Debería ser de lectura obligada en España; también en Catalunya y en el País Vasco. El único problema es que está en inglés, un idioma poco hablado en el país de las sombras.

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/10/23/victimas_primera_victimas_segunda_8935_1023.html


Martín Villa sobre la querella de crímenes del franquismo: “Secreto de sumario”

octubre 16, 2013
Europa Press, 09-10-2013 – 11 octubre 2013

martin-villa-fascista-webEn la querella Argentina se solicitan órdenes de detención internacional contra él

 MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –

QUERELLA INTERPUESTA EN ARGENTINA

“Secreto de sumario”, ha respondido el exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, al ser preguntado por Europa Press sobre la querella interpuesta en Argentina en la que se solicitan órdenes de detención internacional contra él, que fue nombrado ministro tras la muerte del general Franco, así como dos ministros franquistas, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura española.

Así se ha expresado Martín Villa, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el que ha participado como ponente. Martín Villa fue ministro tras la muerte de Franco y miembro de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo para acabar siendo vicepresidente con este último.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute también a los ministros José Utrera Molina –suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los exjueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los exagentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el exescolta Celso Galván Abascal y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

El pasado mes de septiembre, la magistrada argentina María Servini dictó una resolución en la que recogía la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para Muñecas Aguilar, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

DEBATE EN EL SENADO

Precisamente hoy, representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado en el Pleno del Senado que el nuevo Código Penal profundice en el castigo a la apología del franquismo, durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.

Durante la sesión se ha debatido sobre la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-martin-villa-querella-crimenes-franquismo-secreto-sumario-20131009191913.html / A través del Foro por la Memoria


Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 


El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936

diciembre 4, 2012

Enero 2012 delante del TS

Fausto en medio de compañeros portando fotos de  Nuestros desaparecidos delante del TS

Fausto con la foto de su padre Valerico, en medio de compañeros portando fotos de Nuestros desaparecidos,  delante del TS en enero 2012. Foto LMV.

 

PATRICIA CAMPELOMadrid04/12/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.

La formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.

“La decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano”, sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.

En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

“A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración”

“A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”, según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se alegaba “falta de diligencia debida”. En ese caso, la respuesta calificó como “tardía” la demanda de los familiares de Dorado Luque por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender acciones legales. “Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas”, denuncia Lydia Vicente, miembro de RIS.

Para anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de “diligencia debida”, el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto español. “Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos”, lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público. “A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen ninguna consideración”.

“El TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”, añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de los caídos.

Canales, que rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de su padre pero “nadie nos atendía”. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. “Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión”, enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.

“Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”

El equipo de RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta última respuesta tendrán “muy difícil” el aprovechamiento de esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. “Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una comunicación individual al Comité de derechos humanos”, aclara Vicente.

“La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda”, apunta la abogada.

La indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité de desapariciones forzadas de la ONU.

Miembros de este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo. “Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación”, recuerda.

RIS fue invitado por Exteriores para participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que participen estas asociaciones.

España ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. “Pero una desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo”, apunta Fausto Canales.

http://www.publico.es/espana/446811/europa-cierra-la-ultima-puerta-a-las-victimas-del-franquismo#5

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

En nuestro blog podéis consultar:

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/05/%c2%a1-el-valle-de-los-caidos-atrapados-estamos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/05/22/los-restos-de-133-personas-sacados-del-valle-de-los-caidos-en-febrero-de-1980/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/06/el-valle-de-los-caidos-en-cnn/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/09/dos-jueces-devuelven-a-garzon-la-causa-contra-franquismo/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/09/03/en-pajares-de-adaja-avila-homenaje-a-diez-asesinados-por-la-barbarie-fascista-un-encuentro-lleno-de-emocion/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/10/01/el-gobierno-elaborara-un-censo-de-los-republicanos-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/12/11/fausto-canales-galardonado-v-distinciones-pablo-iglesias-de-la-ugtavila/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/

http://jordicarreno.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-y-la-lucha-interminable/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/?s=Fausto+Canales


LA CAUSA DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO LLEGA A ESTRASBURGO

octubre 19, 2012

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Presentada en el TEDH la denuncia por un caso de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del siguiente paso tras la investigación de Garzón frustrada por el Supremo.

Público.es / PATRICIA CAMPELO / 16-10-2012

Cuando en febrero de este año el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación penal de los crímenes franquistas en España, abrió al mismo tiempo una ventana. Con la sentencia que absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de un caso de prevaricación por tratar de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, el Alto Tribunal fulminó cualquier posibilidad de recabar justicia en los tribunales españoles. Se daba, de este modo, el último paso de un itinerario obligado antes de llamar a las puertas de Europa. Ahora, una de las víctimas que formaba parte del sumario de Garzón acaba de demandar al estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936, ha interpuesto la denuncia ante el TEDH “por la falta de investigación en la desaparición forzada de su padre”, según informa Right International Spain (RIS), el colectivo que integra al equipo de juristas que representa a Canales en este proceso.

El escenario en el que llega esta demanda es bien distinto al que existía cuando otras víctimas interpusieron, sin éxito, denuncias similares ante el tribunal europeo. “Se trata de la primera demanda que se presenta después de la sentencia del Supremo de 27 de febrero por la cual Garzón queda absuelto de un delito de prevaricación y, al mismo tiempo, se anula cualquier posibilidad de realizar una investigación judicial en este sentido”, aclara Lydia Vicente, jurista miembro de RIS. Agotada la vía penal en los tribunales españoles, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo. En caso de que el tribunal europeo no admitiese a trámite la demanda y no entrase en el fondo de la cuestión “desaparecerá toda posibilidad de poner fin a las violaciones de derechos y a la obtención de reparación para el demandante”, señala RIS.

Agotada la vía penal en España, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo

Pero la formulación de la demanda, en forma y plazo según los requisitos del TEDH, otorga esperanzas al hijo de Valerico Canales.

La víctima fue sacada a la fuerza de su casa a las dos de la madrugada por un grupo de falangistas y sus restos, según sospecha la familia, podrían estar en la caja 198 de la cripta del Valle de los Caídos. Su hijo Fausto no ha cejado nunca en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su padre y circunstancias de la desaparición. En diciembre de 2007, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con la esperanza, al igual que otras víctimas, de “que se aplicaran los mismos principios de derecho internacional utilizados con anterioridad para investigar crímenes y reparar víctimas de otras dictaduras, como la argentina o la chilena”.

Fuente: http://www.publico.es/espana/443938/la-causa-de-garzon-contra-el-franquismo-llega-a-estrasburgo

Nota de La Memoria Viva: en nuestras páginas encontrareís bastante información sobre Fausto y lo ocurrido a su padre Valerico: https://lamemoriaviva.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-la-dignidad-reflejada-en-un-hombre-sencillo/#comments

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/


Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres”

septiembre 30, 2012

El exjuez de la Audiencia Nacional ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo en un multitudinario acto en Madrid en el que participaron los líderes sindicales, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, la actriz Pilar Bardem y la abogada laborista Cristina Almeida.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.EFE

Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.

“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.

El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente “vergüenza” porque no haya una “reparación” para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.

Nuevas vías en Argentina y México

“Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado”

El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.

La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.

Vergüenza

El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.

Sindicalistas en las fosas

A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.

Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: “Os hemos echado de menos mucho tiempo”

En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.

“Ley de memoria, insuficiente”

El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.

Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.

El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a “anular” las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.

Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, “siempre habrá heridas abiertas”, y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.

Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres” (enlace Público.es)


Claves para entender qué es la Justicia Transicional…

septiembre 23, 2012

Joana Lumbierres. United Explanations, 19/09/2012 – 20 septiembre 2012

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta un pasado donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

JOANA LUMBIERRES

Transcurrido más de un año desde la caída de los regímenes autoritarios de Ben Ali y Hosni Mubarak, Túnez y Egipto se encuentran en pleno proceso de transición hacia la democracia. Entre muchas de las cuestiones a las que deben enfrentarse está la de cómo afrontar las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes anteriores.

Esta cuestión no es particular de Túnez ni de Egipto, sino que surge en todo proceso de transición cuando un Estado se encamina hacia la democracia.

Una aproximación al concepto de Justicia Transicional

¿Qué sucede cuando un Estado se enfrenta a la superación de un conflicto, una revolución o un pasado autocrático donde se han producido grandes violaciones de derechos humanos?

Una primera reacción podría ser no encararse con ese pasado, hacer “tabula rasa” y sólo enfocar el futuro. Sin embargo, parece difícil volver a empezar y alcanzar una reconciliación sin afrontar las causas que llevaron al conflicto y sin que las víctimas se hayan visto reparadas. Los retos que debe afrontar el Estado son enormes y son cruciales cada uno de los pasos hacia la construcción de una democracia sólida. Se trata de una encrucijada donde los equilibrios deberán ser manejados con destreza ya que hay muchos intereses en juego y unas víctimas que buscaran reparación en un contexto institucional muy frágil.

Es en este contexto que entra en juego el concepto de Justicia Transicional. El Centro Internacional de Justicia Transicional, organismo clave en la materia, define la Justicia Transicional como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.”

La variedad de mecanismos que se plantean y las múltiples experiencias a las que han hecho frente los Estados han generado un gran interés entre los expertos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, quienes han debatido sobre qué es exactamente la Justicia Transicional y cuando empezó.

Las decisiones que tiene que tomar el Estado en el proceso de transición vendrán marcadas, entre otras cosas, por cómo de represivo era el régimen saliente, cómo se ha producido dicho cambio de poder- si el régimen ha sido derrocado de manera violenta o se han producido una salida negociada-, cómo ha conseguido organizarse la sociedad civil y cómo ha sido la respuesta de la Comunidad Internacional.

Los desafíos del Estado en transición

El Estado debe afrontar la reconstrucción de una sociedad que ha quedado dividida, y en la que se ven unos a otros con recelo.

La finalidad de la reconstrucción es que no se vuelvan a repetir las violaciones de derechos humanos cometidas y que el conflicto no vuelva a iniciarse. Para ello, deberán indagar en las causas que dieron lugar al conflicto y reformar aquellas instituciones que se vieron implicadas.

Eso representa un gran desafío si además se tiene en cuenta que un Estado que sale de un conflicto a menudo no cuenta con los recursos económicos, materiales y personales suficientes para atender las necesidades que en ese momento requiere la población: reconstrucción de hospitales y escuelas, acceso a alimentos de primera necesidad y a agua, reintroducción al mundo laboral. Además, sus instituciones y fuerzas de seguridad son frágiles y muchas veces aún controladas, en parte, por aquellos que causaron los abusos.

Por ello, en muchos de los procesos de transición que conocemos se ha implicado la Comunidad Internacional, que ha suplido las carencias del Estado en cuestión. Por ejemplo, en los casos de Túnez y Egipto las Naciones Unidas está ayudando a las instituciones nacionales en el proceso de redacción de una nueva Constitución, en la organización de nuevas elecciones, en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad, fomentando políticas de empleo para los jóvenes, etc.

Cómo reparar a las víctimas, un tema a debate

Y en el centro de todo Proceso de Justicia Transicional: las víctimas, que tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, a que se les reparen por el daño sufrido y que los culpables sean procesados y rindan cuentas, para poder así restituirles la dignidad. Y es en este terreno donde se producen los dilemas que más han interesado a los estudiosos del  tema.

Una de las cuestiones que más se ha discutido es si en estos períodos de transición se deben conceder amnistías a los responsables de las violaciones de derechos humanos en aras de no poner en peligro el proceso de paz y la estabilidad del país. Este clásico dilema dio un giro de 180 grados cuando en el año 1998 se aprobó el Estatuto de Roma por el cual se creaba la Corte Penal Internacional que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2002.

A partir de ese momento, quedó establecido que los responsables de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, deben ser juzgados y sancionados, si es el caso. Las amnistías totales ya no son aceptadas en el Derecho Internacional. La cuestión ahora es valorar si sólo con esta persecución penal los derechos de las víctimas quedan satisfechos y éstas se sienten efectivamente reparadas.

Un destacado caso de amnistía total es el de España, muchas veces puesto como ejemplo de transición exitosa. En 1977 se dictó la famosa ley de amnistía por la cual todos los actos de intencionalidad política y cualquiera que fuera el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 eran amnistiados.

Por otra parte, difícilmente un Estado podrá juzgar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos acaecidas. En la mayoría de casos, muchos son los implicados y pocos los recursos que se pueden destinar a su enjuiciamiento. Por ello, hay que buscar formas alternativas de reparación de las víctimas. Entre estas fórmulas destacan, por la importancia que han tenido en diferentes procesos, las Comisiones de la Verdad.

Comisiones de la Verdad

Las Comisiones de la Verdad permiten a las víctimas contar su parte de la historia, descubrir qué pasó con sus seres queridos, quien estuvo implicado y profundizar en las causas que llevaron al estallido del conflicto.

El caso paradigmático de Comisión de la Verdad que contribuyó de forma decisiva a la reconciliación social fue la de Sudáfrica después del apartheid. En ese caso, a los responsables que comparecían frente a la Comisión y relataban lo ocurrido se les garantizaba que no serían perseguidos penalmente.

Muchas de esta Comisiones de la Verdad tienen un efecto catártico en la sociedad ya que permiten la construcción de un pasado común y una comprensión pública de las violaciones de derechos humanos. En algunas ocasiones los Informes que elaboran dichas Comisiones incluyen recomendaciones al Estado o son la base para posteriores persecuciones penales.

La búsqueda del equilibrio: un enfoque holístico de la Justicia Transicional

Visto lo anterior, está claro que existen múltiples instrumentos. No obstante, la Justicia Transicional debe alejarse de las concepciones que sólo abogan por las persecuciones penales o aquellas que sólo dan valor a las Comisiones de la Verdad. Más bien se trata de buscar el equilibrio entre los distintos elementos: acciones penales, las reparaciones de las víctimas – ya sean de tipo económico o simbólico en forma de disculpa pública o memoriales-, las reformas de las instituciones y la destitución de los funcionarios implicados en las violaciones y la creación de Comisiones de la Verdad.

Asimismo, es imprescindible recordar que cada proceso de transición es único y deberá circunscribirse a las particularidades del contexto concreto para poder tener unas mínimas garantías de éxito, no repetición del conflicto y máximo apoyo de los nacionales del país.

Los nuevos retos de la Justicia Transicional

Se podría considerar que hemos entrado en una nueva etapa en la concepción de la Justicia Transicional marcada por la globalización, y los importantes retos de las relaciones internacionales y el Estado de derecho en el siglo XXI: la inmigración, la lucha contra el narcotráfico, el comercio de seres humanos, el crimen organizado, etc. Nuevos actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales tienen un papel relevante en la construcción de esta nueva concepción de la Justicia Transicional.

Prueba de ello es que Naciones Unidas en los últimos tiempos ha realizado un amplio trabajo alrededor de la noción de Estado de Derecho y de Justicia Transicional, realizando incluso una terminología común sobre el tema y uniéndolo de manera inseparable a los derechos humanos. Se han superado antiguos dilemas y surgen otros. Veamos si la Comunidad Internacional es capaz de lidiar con ellos y construir una visión holística de la Justicia Transicional que tenga en cuenta todos sus elementos.

http://www.unitedexplanations.org/2012/09/19/claves-para-entender-que-es-la-justicia-transicional/#.UFj8baf_fVE.facebook


La apertura de fosas del franquismo resiste a la crisis y al desdén judicial

agosto 11, 2012
El Periódico, 04-08-2012 – 10 agosto 2012

Los jueces continúan sin hacerse cargo de las exhumaciones pese al mandato del Supremo

Las víctimas de la dictadura temen que el proceso se ralentice en el 2013 por culpa de los recortes

Fosa común del cementerio de Paterna (Valencia) con restos de represaliados fusilados durante la dictadura franquista. MIGUEL LORENZO

Sábado, 4 de agosto del 2012
PATRICIA MARTÍN
MADRID
Gracias a las asociaciones memorialistas, el empeño de los damnificados y la ayuda de un buen número de forenses, la recuperación de los restos de represaliados durante la guerra civil y el franquismo enterrados en fosas comunes sigue abriéndose paso. La crisis no ha conseguido, de momento, ralentizar los trabajos. Sin embargo, los colectivos de afectados temen que, dada la delicada situación económica que atraviesa España, el Gobierno no convoque las ayudas presupuestadas, y la dignificación de los asesinados durante la dictadura se ralentice, por tanto, a partir del próximo año.
Desde el año 2000 se han exhumado 348 fosas y se han recuperado 6.420 víctimas (2.840 en el cementerio de San Rafael, en Málaga), según los datos de Francisco Etxeberria, profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco y uno de los mayores expertos en la apertura de fosas. Aunque la cifra parece abultada, aún faltan muchos restos por recuperar. El cómputo facilitado por los familiares de las víctimas al juez Baltasar Garzón, cuando el extogado de la Audiencia Nacional inició su investigación de los crímenes del franquismo, cifraba en 113.000 el número de represaliados.

LA INICIATIVA / En estos años, la recuperación de restos de las cunetas se ha realizado a iniciativa de los damnificados y los colectivos memorialistas. «Y mucho me temo que así seguirá siendo», lamenta Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien subraya que su asociación seguirá adelante con las exhumaciones aunque el Gobierno elimine las subvenciones que instauró José Luis Rodríguez Zapatero.

Los presupuestos para este año recortaron un 60% la partida destinada a memoria histórica, que pasó de 6,2 millones de euros en el 2011 a 2,5 millones. Sin embargo, el PP sacó pecho durante la tramitación parlamentaria y rechazó las enmiendas que exigían más dinero para investigar el franquismo con el argumento de que el dinero presupuestado se destinará íntegramente a exhumaciones, lo que supone 300.000 euros más para estos trabajos. De momento, las convocatoria de ayudas aún no se ha convocado y la ARMH teme que, debido a los recortes, la partida se destine a otros usos.

Etxeberria advierte de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de marzo, que puso fin a un largo proceso judicial concluyendo que son los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional los encargados de ordenar y supervisar las exhumaciones, obliga al Estado a facilitar la recuperación de restos. «Sin embargo -afirma con resignación este profesor-, con la que está cayendo a nadie le extrañaría que no se convoquen las ayudas, lo que ralentizará los trabajos».

Los damnificados se quejan, además, de la escasa colaboración judicial. El número de jueces que han colaborado en exhumaciones no supera la veintena, aparte de la conocida investigación abierta por Garzón que le llevó hasta el banquillo del Supremo, aunque finalmente fue absuelto por esta causa. «Siempre que aparecen restos -explica el presidente de la ARMH- ponemos la correspondiente denuncia. Pero el 99% de los jueces no hacen nada. Ni antes ni ahora tras la sentencia del Supremo», afirma indignado. Silva carga también contra los gobiernos de uno y otro color: «Si un puñado de asociaciones nos hemos buscado la vida, el Estado podría, de un plumazo, dar a la mayoría de desaparecidos correcta sepultura. Es lo que hacen otros países con democracias infinitamente más jóvenes».

LA PECULIARIDAD CATALANA / Capítulo aparte merece la situación en Catalunya, la única comunidad con una ley de fosas que, sin embargo, solo ha facilitado la investigación de 21 enterramientos comunes. Se han recuperado un total de 67 víctimas, la mayoría de las cuales gracias a que yacían prácticamente en la superficie. La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya no ha querido actuar de oficio, como sus compañeros del resto de España, porque considera que la justicia o las administraciones públicas son las que deben asumir las exhumaciones. Además, la norma catalana, aprobada en abril del 2008, exige que los trabajos sean coordinados por Govern.

«El problema es que para la Generalitat, dados los aprietos presupuestarios, no es una prioridad», denuncia el presidente del colectivo catalán, Manel Perona. Este se felicita, no obstante, de que el Govern haya nombrado «por fin» al presidente del comité técnico que debe supervisar las exhumaciones y confía que este paso sirva para dar un impulso a la apertura de fosas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/apertura-fosas-del-franquismo-resiste-crisis-desden-judicial-2178889


18 de Julio: LA BRUTAL INDEFENSIÓN Y OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y SUS FAMILIAS EN ESPAÑA

julio 22, 2012

(por Isidro López Miera)

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA ES HEDERERA DEL TERRORISMO FRANQUISTA

Existe acuerdo tácito entre algunos organismos internacionales para entender que víctima es toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones que constituyan una violación manifiesta de las normas del Derecho Internacional.

En España, desde 1939 a 1979 existió una dictadura criminal. Desde entonces hasta hoy no ha habido una democracia plena, porque ese sistema se ha utilizado para cubrir todos los crímenes del régimen anterior. No ha sido así, por fortuna, en Argentina.

También, en los casos en que corresponda y de conformidad con el derecho interno de cada país, el término comprende a la familia o personas a cargo de la víctima y que hayan sufrido daños como perseguidos, retenidos, apresados o torturados.

NINGÚN MILITAR FRANQUISTA FUE PROCESADO POR SUS CRÍMENES EN ESPAÑA, COMO VIDELA EN ARGENTINA

Las víctimas, unidas por el dolor y por los daños causados a sus vidas por acción de una dictadura, comparten el mismo origen y como integrantes de la población civil son los que, por tanto, tienen que ser protegidos de la arbitrariedad, tortura y malos tratos de un régimen criminal. Y contra algo aún más miserable: el olvido histórico.

Bajo una dictadura, se violentan los derechos y una vez recuperadas las libertades las víctimas y sus allegados deben tener el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El ejercicio de estas prerrogativas ha de ser garantizado por el Estado a través de sus instituciones y de los tratados internacionales, asegurando a las víctimas y a sus familias un acceso igual y efectivo a la justicia, una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y acceso a información pertinente, de manera de que los procedimientos jurídicos y administrativos que ellas deban enfrentar para obtener verdad, justicia o una reparación, no den lugar a un nuevo trauma.

La desinformación general, junto con la ausencia de la protección del Estado desde 1939 en adelante, han llevado a la terrible situación de injusticia en la que se encuentran desde hace décadas las víctimas del terrorismo franquista, que no son reconocidas como tales ni gozan de ningún derecho. Y el Estado español, con gobiernos socialistas y populares, les deniega expresamente su acceso a la justicia.

CIENTOS DE MILES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN FOSAS COMUNES QUE LA MONARQUÍA BORBÓNICA QUIERE IGNORAR

Hoy su dolor se repite nuevamente por los daños sufridos y por la desidia voluntaria de los gobernantes.

Por eso, aplaudimos la valentía, coraje y sentido ético del gobierno argentino en su constante trabajo por reparar el daño causado por los militares asesinos de la dictadura, asi como por la persecución de los culpables de tanto crimen.

En España, desgraciadamente, la transición supuso el silencio sobre los culpables y la desaparición de miles de personas, raptadas,  masacradas, enterradas vivas, fusiladas, a las que ni a ellas ni a sus familiares, 72 años después de la proclamación de la dictadura de Franco, se les ha negado no solo la reparación moral, económica y jurídica, sino la verdad histórica.

Quienes silencian el pasado terrorista de Franco y sus sucesores, serán ante la historia culpables del genocidio al que el pueblo español fue sometido durante más de 40 años. Mientras esas víctimas del terrorismo sigan olvidadas, sumergidas en el ostracismo y la mentira, no habrá otras.

http://tenacarlos.wordpress.com/2012/07/18/18-de-julio-la-brutal-indefension-y-olvido-de-las-victimas-del-terrorismo-y-sus-familias-en-espana-por-isidro-lopez-miera/


La querella argentina contra los crímenes del Franquismo…

julio 22, 2012

Cabecera análisis de Carlos Slepoy

Perturba la pasividad internacional ante la clamorosa impunidad de que gozan los autores y cómplices de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX
| 20/julio/2012
La querella que se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 para investigar los crímenes cometidos por y durante la dictadura franquista se fundamenta en el principio de justicia o jurisdicción universal. Este principio jurídico se basa en la sencilla noción de que quienes cometen crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos, por los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el tiempo y lugar en que los hubieran perpetrado.

En aplicación del mismo actuaron en su día, y lo siguen haciendo, los tribunales españoles respecto de crímenes contra la humanidad en distintos lugares del mundo, entre ellos los cometidos por y durante la dictadura argentina. Sus decisiones cumplieron un rol fundamental para poner en evidencia la impunidad entonces reinante en Argentina y fueron determinantes para darle fin.

Paradójicamente, y por razones de todos conocidas, cuando se trató de investigar crímenes de igual tenor cometidos en España, por españoles contra españoles, el Tribunal Supremo español no sólo procesó al juez que pretendió hacerlo sino que ha decidido que dichos crímenes no deben ser investigados penalmente y sus autores no pueden ser sometidos a la justicia.

Asesinatos, torturas y desapariciones
La dictadura franquista no sólo produjo  con su alzamiento contra las instituciones elegidas democráticamente una Guerra Civil, motivo ya suficiente para procesar y juzgar a todos los que formaron parte de la misma mientras duró,  sino que planificó el exterminio de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, etc., que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación. Durante su largo reinado se aplicó en la represión y eliminación de todo tipo de disidencia a través de asesinatos, torturas y desapariciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación y sustitución de menores de edad. Utilizó como fuerza de trabajo esclavo a miles de presos políticos. Provocó el exilio de cientos de miles de ciudadanos. Sus tribunales juzgaron y condenaron a decenas de miles de personas a penas de muerte o de larguísimos años de prisión.

Ninguna de las víctimas del franquismo en cambio ha recibido hasta hoy el amparo de la justicia.

La equiparación que se pretende desde algunos sectores entre quienes se levantaron contra el orden democrático y quienes lo defendieron y el deliberado intento de soslayar que, durante décadas, los primeros fueron enaltecidos y los segundos perseguidos, juzgados y asesinados, es un oprobio para la justicia española y para la justicia internacional.

Sin embargo, como ha ocurrido en otros procesos históricos en los que la impunidad y el olvido parecían consolidados e inamovibles, la protección de que disfrutan los criminales cesará finalmente.

La infamia de la impunidad
Y esto ha de garantizarlo el vasto y creciente movimiento social que no se resigna a la infamia de la impunidad. Ya ha logrado que se frustrara el propósito de olvido y silencio. Por doquier han ido surgiendo miles de personas y cientos de asociaciones que claman por verdad, justicia y reparación.

La querella argentina es hija de esta magnífica movilización social.

Lo  llamativo no es que un tribunal de justicia de un país distinto a aquel en que se cometieron los crímenes se interese por su investigación y pretenda enjuiciar a sus responsables. Lo que perturba es la pasividad de la comunidad internacional ante la clamorosa impunidad de que gozan los autores y cómplices de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX. Lo que debería asombrar no es que exista una querella en marcha en Argentina, sino que a ella no se sumen los juzgados y tribunales de otros países. Si otros se implicaran, ¡qué distinto sería el futuro de justicia, y qué cercano!

Ha de ocurrir. Dentro y fuera de España se seguirán alzando voces e iniciativas para poner fin al escarnio que constituye la impunidad de los crímenes del franquismo.

La querella argentina es una de ellas. Ya se han sumado a la misma más de cien querellantes y, a diario, son recibidas querellas y denuncias de víctimas, represaliados y asociaciones. La jueza María Servini de Cubría,  a cargo de la misma, tras haber requerido de las autoridades españoles para que le informen acerca de las investigaciones judiciales en curso y haber recibido la falaz contestación de que éstas se estaban realizando, resolvió pedir datos sobre distintos aspectos del plan criminal, la localización de fosas comunes, el número de personas desparecidas, los niños que fueron apropiados y privados de su identidad, los responsables vivos de los crímenes cometidos, las empresas estatales y privadas beneficiarios del trabajo esclavo, etc. Nuevamente las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General del Estado, como era de esperar, negaron la información solicitada y hasta tuvieron el inigualable cinismo de solicitarle que remitiera sus actuaciones a España para ser incorporadas a supuestos expedientes judiciales.

Estas medidas son apenas el comienzo del proceso. La próxima e inmediata, prevista para el mes de septiembre, será el traslado de la jueza a España para tomar declaraciones a aquellos que deseen prestarlas y su participación en distintas actividades relacionadas con la causa.

Víctimas reparadas, criminales castigados
Para un futuro próximo, y en atención a la numerosa prueba ya colectada en el procedimiento y a la que cotidianamente se va incorporando,  se prevé la imputación de numerosos represores vivos: ministros, jueces, asesinos, torturadores, etc., el librado de órdenes internacionales de detención contra los mismos a efectos de que sean aprehendidos donde se los encuentre y la solicitud de su extradición para ser juzgados en Argentina.

La previsible negativa de las autoridades españolas a extraditar a quienes se encuentren en España pondrá de manifiesto que el único lugar del mundo en el que tienen refugio seguro es aquél en que cometieron los crímenes, revelará quiénes los protegen y encubren, se convertirá en un formidable alegato contra la impunidad y estimulará a las víctimas y a quienes sin serlo en forma directa con ellas se solidarizan, dentro y fuera de las fronteras españolas.

Cada avance que se produzca en el procedimiento permitirá que se profundice en la investigación de la verdad, acercará y ensanchará el camino de la justicia y agrietará, hasta romperlo, el muro de impunidad.

Si así ocurre, y ocurrirá, las víctimas serán reparadas y los criminales recibirán el castigo que merecen en la medida que la justicia humana puede hacerlo, se fortalecerá el principio fundamental para el futuro de los seres humanos de que los responsables de crímenes contra la humanidad no pueden ni deben quedar impunes y, también, se respirará mejor en el mundo.

Carlos Slepoy Prada  es abogado integrante del equipo jurídico que impulsa la querella argentina

(Para mayor información y formas de participación en las distintas modalidades en la querella, tanto de personas individuales como de asociaciones, puede consultarse la documentación de la “Campaña de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo” que está siendo distribuida por la recientemente creada “Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo”  en http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/2012/06/14/campana-de-apoyo-a-la-querella-argentina-contra-los-crimenes-del-franquismo/)

http://www.elplural.com/2012/07/20/la-querella-argentina-contra-los-crimenes-del-franquismo/


Amnistía Internacional presentará en Argentina un informe sobre víctimas del franquismo en España…

mayo 8, 2012
Amnistía Internacional entregará a un juzgado argentino un informe que “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España”.

nuevatribuna.es

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

La jueza federal argentina María Servini de Cubría

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) entregará en un juzgado argentino una copia de un informe sobre casos de víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo, ha anunciado la organización no gubernamental en Madrid.

La copia del informe “Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“, será presentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que tramita la única investigación abierta sobre esos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal.

El alto tribunal consideró la decisión de Garzón “errónea” pero no prevaricadora, pero el magistrado había sido inhabilitado como juez días antes, el 9 de febrero, en otra causa, por haber ordenado escuchas entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados.

AI afirma que el informe que presentará el próximo miércoles en el juzgado de Buenos Aires “muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España“.

Un grupo de ex presos del franquismo viajó a la capital argentina el pasado 21 de abril para testificar ante la jueza Servini en la querella abierta por genocidio o delitos de lesa humanidad cometidos durante esa etapa en España.

La querella, presentada en abril de 2010 por “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal, y muchas víctimas del franquismo se han ido sumando a la querella en Argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitado en febrero de este año por el caso de las escuchas.

La delegación de Amnistía Internacional estará integrada por el director de AI en España, Esteban Beltrán; la directora de la organización en Argentina, Mariela Belski, y el consejero jurídico del Secretariado Internacional de AI con sede en Londres, Hugo Relva.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2012-05-07/ai-presentara-en-argentina-un-informe-sobre-victimas-del-franquismo-en-espana/2012050715553900472.html


Garzón ataca a la justicia española “agazapada en el rincón de la vergüenza”…

abril 15, 2012

El exjuez pide en un discurso enviado a varios actos de homenaje a fusilados una comisión de la verdad para los crímenes del franquismo.

Madrid 14 ABR 2012 –

Homenaje a las víctimas de la represión franquista hoy en la tapia del cementerio del Este en Madrid. / Cristóbal Manuel

Frente a la tapia del cementerio de La Almudena (Madrid) donde fueron fusiladas 2.684 personas, entre ellas las conocidas como 13 rosas, familiares y supervivientes han rendido hoy, 81 aniversario de proclamación de La República, un emocionado homenaje a las víctimas del franquismo. Durante el acto, se ha leído un discurso del exjuez Baltasar Garzón, quien ha propuesto la creación de una comisión de la verdad de los crímenes franquistas en España.

“La gran mayoría de las instituciones y en particular la justicia han permanecido silentes, agazapadas en el rincón de la vergüenza, acudiendo a los más diversos pretextos para no acudir en defensa de las víctimas”, critica Garzón. “Ahora, después de haber perseguido y privado de su jurisdicción al juez que trató de investigar esos hechos y que se atrevió a calificar los crímenes como de lesa humanidad, lo único que queda es el calvario que tendrán que sufrir para conseguir hacer mínimante efectivo el derecho a la reparación que en forma universal e indiscutible les corresponde en el escaso margen que el Tribunal Supremo les ha dejado”.

El juez añade que sigue “pidiendo justicia por la dignidad de las víctimas, contra la impunidad y contra la indiferencia de quienes quieren ser sordos y ciegos ante la necesidad de la reparación”, aunque advierte: “el tiempo se agota y el olvido anida en las mentes de quienes no quieren saber nada de la memoria”.

El discurso ha sido leído por Ana Messuti, abogada en la querella que los familiares de los fusilados interpusieron en Argentina contra los crímenes del franquismo “tras el portazo de la justicia española”. Para Garzón, esa querella se ha convertido en “el faro de esperanza”  de las víctimas españolas, “como en su día lo fue para Argentina el juicio seguido en España por los crímenes horrendos de la dictadura de las Juntas Militares. Entonces, la justicia española fue ejemplo de compromiso y responsabilidad al aplicar los principios de jurisdicción universal, pero ahora, ese lugar de excelencia, imitado en otros países,  se ha convertido en una oprobiosa negación, de hecho, de la jurisdicción universal”.

Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura presentaron la querella contra los crímenes del franquismo hace hoy dos años. “La causa no se detiene. La juez argentina vendrá en junio a España para conocer los testimonios de las víctimas”, ha dicho Messuti, antes de animar a los allí presentes (un centenar de personas) a sumarse a la querella en Buenos Aires. “No vamos a bajar los brazos”.

En el acto estaban presentes varias supervivientes del campo de concentración nazi de Ravensbruck, que al abandonar el cementerio atravesaron muy emocionadas un pasillo de aplausos dispuesto por los asistentes. Después, Ángeles, de 94 años, compañera de prisión de las 13 rosas -“Yo estaba en la celda 6 y ellas en la siete”- ha leído un poema-homenaje a las 13 chicas fusiladas  el 5 de agosto de 1939 en la tapia del cementerio, que hoy se ha cubierto de claveles rojos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334408729_020506.html