Hernando (PP) dice que las víctimas del franquismo han hecho “el ridículo” al denunciarle

diciembre 20, 2013

El diputado se jacta de que el Juzgado haya archivado la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo”, dijo en televisión

EP Madrid 20/12/2013

El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que el archivo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra él por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras un comentario sobre el uso de subvenciones por parte de las víctimas del franquismo, revela que “todo era una mentira”.

Sin embargo, la grabación es clara. En la tertulia del programa ‘Cascabel al gato’ de 13TV del pasado 4 de noviembre, cuando se hablaba de las peticiones de exhumación de víctimas del franquismo, Hernando dijo textualmente: “Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser que cuando había subvenciones para encontrarlo. Sí, esto ha pasado. Esto ha sido”.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, Hernando ha manifestado que “cuando a uno se le denuncia atribuyendo unas declaraciones que no ha hecho es normal que hagan el ridículo en los tribunales” y que “los jueces desestimen” la demanda.

El juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa por errores formales y por la condición de aforado del parlamentario ‘popular’, quien, en todo caso, debería ser investigado por el Tribunal Supremo.

Pese a ello, el portavoz adjunto en el Congreso ha considerado que la denuncia ha reunido “defectos de todo tipo”, especialmente cuando “lo que pone en el entrecomillado no es lo que yo he pronunciado en ningún momento”, según ha comentado.

En cualquier caso, Hernando ha insistido en que “cuando se va a los tribunales reclamando presuntas ofensas en base a cosas que no se han dicho y que son mentira, pues al final los tribunales ponen a cada uno en su sitio”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a la mayoría de las víctimas del franquismo, presentó el pasado noviembre una denuncia contra Hernando al entender que las manifestaciones que vertió en un programa de televisión atentan contra la “dignidad” de los afectados. Según el texto de la denuncia, Hernando señaló en la tertulia que los familiares de las víctimas “solo se acuerdan de ellas cuando hay subvenciones”; un extremo que el diputado ha rechazado siempre.

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La hermana de Puig Antich y otras víctimas del franquismo viajan a Argentina para declarar ante la juez

diciembre 1, 2013

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo

EUROPA PRESS Madrid 28/11/2013

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto hace unos días. EFE/Paco Campos

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Una treintena de víctimas del franquismo, entre ellas la hermana del joven Salvador Puig Antich, viajarán esta madrugada hasta Argentina para declarar ante la jueza María Servini que investiga los crímenes y las desapariciones ocurridas entre 1936 y 1977 y para recabar apoyos sociales e institucionales en el país.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha informado de que los afectados harán 10.000 kilómetros en un periplo que se alargará hasta el 7 de diciembre y que una docena de querellantes serán los que presten declaración ante la magistrada.

Entre los viajeros se encuentran algunos de los que tenían previsto declarar desde España a través de las videoconferencias que fueron paralizadas el pasado mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es el caso de Pablo Mayoral, Merçona Puig Antich y Andoni Txasko, que imputan a los exministros Fernando Suarez Gonzalez, Jose Utrera Molina y a Rodolfo Martin Villa, respectivamente. La plataforma considera sus interrogatorios “claves” para lograr su extradición.

Sin embargo, la plataforma lamenta que no todos los que debían realizar las videoconferencias podrán desplazarse a Argentina. “Por este motivo, una de las misiones de este viaje es trasladar a la jueza la urgencia e importancia de retomar un calendario de videoconferencias que se cumpla”, destaca.

La delegación española ha concertado además una serie de reuniones para impulsar la investigación. Unas se celebrarán en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y otras con las Abuelas de Plaza de Mayo, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel o con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños, Pablo Parenti.

http://www.publico.es/485422


El Gobierno da luz verde a la extradición de dos torturadores franquistas

diciembre 1, 2013

Será la Audiencia Nacional quien decida en una vista pública si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, aborta el proceso.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/2013

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

Víctimas del franquismo se manifiestan frente al Consulado argentino en España (ARCHIvo)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde para continúe el procedimiento de extradición a Argentina de los presuntos torturadores del régimen franquista Jesús Muñecas, ex guardia civil; y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ex inspector de la Brigada Político y Social. Los dos imputados por la Justicia argentina deben pasar ahora a disposición judicial y será la Audiencia Nacional quien decida, en una vista abierta en la que puede personarse el Estado argentino, si entrega a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechaza la extradición pero juzga a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebra ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España debido a la Ley de amnistía.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía dada la gravedad de los crímenes imputados y confiamos en que por parte de la Audiencia Nacional se acuerde el juzgamiento en España de los reclamados o su extradición argentina”, ha declarado Carlos Slepoy, abogado de la acusación, nada más conocer la noticia a Público.

“Celebramos esta decisión del Gobierno. Es la que correspondía”, dice Carlos Slepoy, abogado de la acusación

Según el comunicado hecho público el Ministerio de Justicia, la petición de extradición argentina llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición. Por ello, la continuación del procedimiento de extradición decidida hoy sólo afecta a González Pacheco y Muñecas Aguilar.

La Justicia Argentina ha imputado a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, por un delito de torturas que cometió, supuestamente, sobre trece personas en el tiempo de su detención entre 1971 y 1975. A Muñecas Aguilar, por su parte, se le acusa de otro delito de torturas cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa).

La continuación del proceso

La primera acción que debe efectuar el juez Ruz, según marca la legislación española, a partir de este momento será llamar a declarar a los dos acusados para que, acompañados de sus abogados, sean informados de que existe una orden de extradición contra ellos, así como de los delitos de los que se les acusa. Asimismo, la ley prevé que el Ministerio de Justicia comunique al Ministerio del Interior esta resolución para que los imputados sean detenidos y puestos a disposición del juez Ruz, que, también, debe determinar si acuerda que continúen detenidos mientras dura el proceso judicial o bien adopta alguna medida cautelar como prohibir la salida del país a los imputados, retirar el pasaporte o la custodia policial.

Acto seguido, la Audiencia Nacional debe celebrar una vista pública, en la que puede personarse el Estado argentino, en la que los magistrados de la Justicia española deben decidir qué hacer con las peticiones de extradición llegadas desde Argentina.

Una vez en este punto, las opciones de la Audiencia Nacional serían tres: entregar a los dos presuntos torturadores a la Justicia argentina para que sean juzgados; rechazar la extradición pero juzgar a los dos imputados en España; o, por el contrario, rechazar la extradición y no celebrar ningún juicio en España argumentando que los delitos por los que se imputa a Muñecas y a Billy el Niño ya han prescrito en España. Esta última posibilidad tendría como antecedente jurídico la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa instruida por Baltasar Garzón.

En el supuesto de que la Audiencia Nacional decida la extradición de los dos imputados, según marca la Ley de extradición pasiva española, la última palabra la volvería a tener el Gobierno, quien reunido en Consejo de Ministros, puede ratificar la decisión de la Audiencia o puede rechazarla alegando diferentes causas como el “interés público nacional”.

Nuevas imputaciones

En tanto, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), acompañados de varios diputados y alcaldes del Estado español, se encuentra ya en Buenos Aires donde se disponen a declarar en el marco de la causa que investiga la magistrada María Servini y pedirán nuevas imputaciones de mandatarios y funcionarios de la dictadura franquista.

http://www.publico.es/485895/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-dos-torturadores-franquistas


Víctimas de primera y víctimas de segunda

octubre 26, 2013

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España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas

 RAMÓN LOBOA, 24/10/2013

Anda caliente el asunto de Estrasburgo y de la ya fenecida Doctrina Parot. En España ha provocado una tormenta de sentimientos, no de ideas; es lo habitual: insultos, demagogias en vez de hechos. La etarra Inés del Río ha salido de prisión tras 26 años en la cárcel, pero muchos hablan de impunidad. Fue juzgada y condenada conforme a las leyes vigentes. Está judicialmente en paz, aunque no sus víctimas, que para ellas no hay reparación posible. Se puede discutir si aquellas leyes eran justas, proporcionadas, suficientes. Son preguntas que deberían formularse a los legisladores de entonces. El Tribunal de Derechos Humanos no ha tumbado la ley en sí misma, o su interpretación, sino su aplicación con carácter retroactivo.

La socióloga serbia Milena Dragicevic me explicó en Belgrado que uno de los problemas de los Balcanes es que estaba habitado por pueblos de tradición oral, donde los mitos se transmitían de generación en generación. El progreso había reemplazado aquella tradición oral, casi familiar, por su divulgación en masa a través de la televisión. El nuevo medio repite la verdad histórica mítica mezclada con otra nueva convertida en verdad incuestionable. Decía Dragicevic que Gutemberg nunca pasó por los Balcanes: la costumbre de la lectura, la comprobación de los hechos, la demostración empírica.

España es como los Balcanes: una olla de mentiras, medias verdades, odio y mitos. No existe un relato común. Lejos de buscar uno se le añaden los mitos periféricos.

Los críticos de la sentencia de Estrasburgo blanden el dolor de las víctimas para airear su escándalo. Sienten que esas víctimas les pertenecen, son parte de su discurso. Hablamos de las víctimas de ETA porque para ellos las víctimas del franquismo son invisibles, inexistentes. España se divide entre víctimas útiles y víctimas molestas.

Argumentan que lo ocurrido en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo es una herida que no se debe reabrir. España tiene unos 130.000 desaparecidos forzosos documentados, el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya. Más del doble que la suma de los desaparecidos de Guatemala, Argentina y Chile.

Veremos qué dice Estrasburgo en el fututo sobre este asunto. La sentencia sobre la matanza de Katyn, en 1940, es una pista que ha pasado desapercibida en la prensa española. El tribunal de la UE ha condenado a la Rusia de Vladimir Putin por no investigar aquellos hechos: el asesinato de 20.000 oficiales polacos.

Clarificar la memoria colectiva, asentar un relato común, es uno de los deberes del Estado para sostener la cohesión de ese mismo Estado; también para acompañar a las víctimas sin importar su afiliación, ayudarles a recorrer el duelo, a recobrar en la medida de lo posible su vida. Ese relato común, que ahora debería estar construyéndose en el País Vasco, es difícil de alcanzar, pero sin él es imposible una verdadera reconciliación, la única manera de poner fin a un conflicto.

Argentina, Chile y Sudáfrica resolvieron su pasado con comisiones de la verdad. Es célebre la argentina dirigida por el escritor Ernesto Sábato. En los dos primeros países se aprobaron leyes de amnistía que eran contrarias a las leyes internacionales rubricadas por los mismos países. Sucede también en España.

Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La desaparición, tampoco; es un delito permanente mientras no se descubran los restos.

Sudáfrica creó una comisión de la verdad dirigida por Desmond Tutu. No fue su condición de religioso, de líder espiritual –es obispo anglicano–, la clave, sino su relevancia como referente moral indiscutible. Fueron sesiones ejemplares y emocionantes; un intento honesto de cerrar heridas, de escuchar la verdad, de generar paz a las víctimas.

A Alemania le impusieron la condena del nazismo, el relato común que se estudia en las escuelas. Negar el Holocausto está penado en numerosos países europeos. A nadie se le ocurre negar en estos dos países los crímenes del apartheid y del nazismo.

Aleksandar Vuco, psiquiatra serbio experto en traumas colectivos, sostenía en el caso de su país que era urgente una generación de dirigentes políticos con el coraje de decir la verdad a sus conciudadanos: Serbia empezó cuatro guerras balcánicas en los años noventa y las perdió todas. La verdad es la mejor cura, el mejor instrumento para superar el pasado y ganar el futuro.

El magistrado español José Ricardo de Prada fue juez en el tribunal de Derechos Humanos de Sarajevo. Sostiene que en una lucha como Bosnia-Herzegovina, donde los crímenes fueron masivos, es imposible una justicia completa, capaz de llegar a cada víctima. Se calcula que en Bosnia hay 10.000 criminales de guerra. A pesar del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, que juzga a los jefes, y del tribunal de Sarajevo, habrá miles que quedarán impunes. Es un precio difícil de digerir para las víctimas, como lo es ahora la derogación de la Doctrina Parot.

La justicia o la sensación de justicia se logra con el procesamiento de los jefes, como son los casos de Radovan Karadzic y Ratko Mladic en Bosnia. También es esencial escuchar el relato de las víctimas. En Sierra Leona, una comisión de la verdad impulsada por la ONU recorrió el país para recolectar los relatos sobre los diez años de guerra civil. De ese viaje surgió un gran informe sobre la guerra, pero solo unos miles de los cientos de miles de víctimas pudieron contar su historia, sentir que se hacía justicia.

Las víctimas silenciadas del franquismo no han podido contar su historia; sigue enterrada en cientos de fosas comunes. Justicia no es juzgar a los que ya murieron, sino reparar a los vivos, permitirles devolver el nombre y la dignidad a los asesinados. Las víctimas de ETA tienen a sus deudos, hubo entierros, han podido narrar su dolor. Los criminales fueron detenidos, juzgados y condenados. No hay motivo para sentir tanta injusticia. Sí lo hay para sentir dolor, rabia, incluso odio.

La clase política española, sobre todo el PP, ha utilizado a esas víctimas en beneficio político. Las han secuestrado. No a todas, que hay muchas madres andaluzas de guardias civiles que no tienen derecho a un foco reservado a las víctimas útiles para la estrategia de la tensión permanente. El PP auspició y alentó ocho manifestaciones contra Zapatero. El domingo habrá otra en Madrid. La utilización política de una parte sustancial de las víctimas de ETA impide a esas víctimas vivir el duelo, que se suavice el dolor extremo de los primeros días. Se las tiene a fuego lento para que el odio no amaine. Son dos veces víctimas.

Si se lee a Américo Castro se comprobará que la tara es anterior al franquismo; procede de la Edad Media donde no se resolvió la cuestión del Estado, sus fronteras interiores. Este es un país en el que siempre vencieron las sombras a las luces. El problema esencial, como el de los Balcanes, pasa por Gutemberg.

El etnólogo y antropólogo serbio Ivan Colovic escribió La mitología en el lenguaje político. En él desnuda la manipulación de Slobodan Milosevic y del nacionalismo que destruyó Yugoslavia. Debería ser de lectura obligada en España; también en Catalunya y en el País Vasco. El único problema es que está en inglés, un idioma poco hablado en el país de las sombras.

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/10/23/victimas_primera_victimas_segunda_8935_1023.html


Martín Villa sobre la querella de crímenes del franquismo: “Secreto de sumario”

octubre 16, 2013
Europa Press, 09-10-2013 – 11 octubre 2013

martin-villa-fascista-webEn la querella Argentina se solicitan órdenes de detención internacional contra él

 MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –

QUERELLA INTERPUESTA EN ARGENTINA

“Secreto de sumario”, ha respondido el exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa, al ser preguntado por Europa Press sobre la querella interpuesta en Argentina en la que se solicitan órdenes de detención internacional contra él, que fue nombrado ministro tras la muerte del general Franco, así como dos ministros franquistas, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura española.

Así se ha expresado Martín Villa, al término de un coloquio organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el que ha participado como ponente. Martín Villa fue ministro tras la muerte de Franco y miembro de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo para acabar siendo vicepresidente con este último.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute también a los ministros José Utrera Molina –suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y Fernando Suárez; así como a los exjueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los exagentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y José Ignacio Giralte González, contra el exescolta Celso Galván Abascal y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por “consentir” torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

El pasado mes de septiembre, la magistrada argentina María Servini dictó una resolución en la que recogía la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para Muñecas Aguilar, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

DEBATE EN EL SENADO

Precisamente hoy, representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado en el Pleno del Senado que el nuevo Código Penal profundice en el castigo a la apología del franquismo, durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.

Durante la sesión se ha debatido sobre la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-martin-villa-querella-crimenes-franquismo-secreto-sumario-20131009191913.html / A través del Foro por la Memoria


Gays represaliados por el franquismo denuncian que Interior oculta fichas penitenciarias para no indemnizarlos

marzo 3, 2013

El Gobierno argumenta que desconoce las causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos

PATRICIA CAMPELO Madrid 09/02/2013

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli, presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.

Cuando en 2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus arrestos.

Pero así sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración paradenegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a homosexuales quepadecieron cárcel y represión durante el franquismo. Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que “no quedaba probada” la motivación de los mismos. Y le denegaron la indemnización en septiembre de ese mismo año.

Ahora, Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero, ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje publicado en la revistaInterviú en 1982 sobre agresiones policiales a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne, que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue víctima de uno de esos ataques.

En 1970, Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de “peligro social”

“Cada vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni al salir; tampoco tuve nunca un juicio”, asevera la víctima. En 1970, año del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de transexual, algo que le catalogaba de “peligro social”. Después de cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.

“Conocí a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es algo que se haga de un día para otro”, defiende su amiga Carla Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales]. “En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa documentación?”, se pregunta. “Algo tendrán cuando me han certificado por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel”, remacha Elianne.

El hecho de que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación. “Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber custodiado esos datos”, avanza Antonelli. “La dictadura ha sido el periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado”, añade. “Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos para no indemnizar a las víctimas”, reflexiona la diputada socialista.

111 indemnizados de 100.000 afectados

El Gobierno del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes favorablemente.

La ley de Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la mera apariencia homosexual

“Las investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados; la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión; tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además, ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos”, subraya Federico Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. “Es el Estado quien tiene toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado”, recalca.

Los ex presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos. “He intentado buscar mi expediente pero solo dejan acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos”, explica Elianne.

Las víctimas pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del primero.

“Los motivos de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido misteriosamente”

En el caso de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza, el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.

“Sigo con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB; necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin obtener repuestas coherentes”, asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por cuestiones familiares.

Residencia de mayores para gays represaliados

Al margen de las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado. “Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar una vida digna al menos al final de sus días”, concreta Armenteros.

Las personas afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38 (Madrid). Tel: 900 50 30 55.

http://www.publico.es/450395/gays-represaliados-por-el-franquismo-denuncian-que-interior-oculta-fichas-penitenciarias-para-no-indemnizarlos

 


El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936

diciembre 4, 2012

Enero 2012 delante del TS

Fausto en medio de compañeros portando fotos de  Nuestros desaparecidos delante del TS

Fausto con la foto de su padre Valerico, en medio de compañeros portando fotos de Nuestros desaparecidos,  delante del TS en enero 2012. Foto LMV.

 

PATRICIA CAMPELOMadrid04/12/2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.

La formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.

“La decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano”, sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.

En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

Valerico Canales Jorge, padre de Fausto. Foto cedida a La M V por Fausto.

“A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración”

“A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”, según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se alegaba “falta de diligencia debida”. En ese caso, la respuesta calificó como “tardía” la demanda de los familiares de Dorado Luque por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender acciones legales. “Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas”, denuncia Lydia Vicente, miembro de RIS.

Para anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de “diligencia debida”, el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto español. “Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos”, lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público. “A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen ninguna consideración”.

“El TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”, añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de los caídos.

Canales, que rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de su padre pero “nadie nos atendía”. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. “Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión”, enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.

“Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata”

El equipo de RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta última respuesta tendrán “muy difícil” el aprovechamiento de esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. “Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una comunicación individual al Comité de derechos humanos”, aclara Vicente.

“La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda”, apunta la abogada.

La indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité de desapariciones forzadas de la ONU.

Miembros de este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo. “Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación”, recuerda.

RIS fue invitado por Exteriores para participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que participen estas asociaciones.

España ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. “Pero una desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo”, apunta Fausto Canales.

http://www.publico.es/espana/446811/europa-cierra-la-ultima-puerta-a-las-victimas-del-franquismo#5

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

Foto de 1959 (aprox) de EFE: En ella se vé claramente la caja 198.

En nuestro blog podéis consultar:

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2011/05/05/%c2%a1-el-valle-de-los-caidos-atrapados-estamos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/05/22/los-restos-de-133-personas-sacados-del-valle-de-los-caidos-en-febrero-de-1980/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/06/el-valle-de-los-caidos-en-cnn/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/07/09/dos-jueces-devuelven-a-garzon-la-causa-contra-franquismo/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/09/03/en-pajares-de-adaja-avila-homenaje-a-diez-asesinados-por-la-barbarie-fascista-un-encuentro-lleno-de-emocion/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/10/01/el-gobierno-elaborara-un-censo-de-los-republicanos-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/12/11/fausto-canales-galardonado-v-distinciones-pablo-iglesias-de-la-ugtavila/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/2009/02/04/vivencias-y-actividad-relacionadas-con-la-desaparicion-forzada-de-mi-padre-valerico-canales-jorge/

http://jordicarreno.wordpress.com/2008/12/04/fausto-canales-y-la-lucha-interminable/

https://lamemoriaviva.wordpress.com/?s=Fausto+Canales