Se le acusa de impedir la celebración de un homenaje a un falangista y la jueza le pide una fianza de 22.000 €
La concejal de Participación Ciudadana de Sevilla, Josefa Medrano, denegó un local público para la celebración de un homenaje a un falangista, autor de la letra del “Cara al Sol”, Agustín de Foxá.
Los convocantes denunciaron y, ahora, en el proceso de instrucción le piden 22.000 € de fianza. Se trata de una medida cautelar injusta y desproporcionada, en un procedimiento que ha sido recurrido a la Audiencia Provincial, ante la imputación, nada menos, que de delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Menuda paradoja.
Medrano no hizo más que respetar la ley de la Memoria Histórica, evadiendo la apología del fascismo, de los criminales de guerra y su exaltación.
“Demandarle una fianza de 22.000 euros, como si se tratara de una connotada terrorista o una peligrosa delincuente, viene a ahondar más en esta tremenda injusticia que se realiza contra nuestra compañera”.
Por eso hemos abierto una cuenta de solidaridad para reunir, antes del 14 de diciembre los 22.000 euros que la juez le pide como fianza. Cuando se resuelva favorablemente e procedimiento en la Audiencia devolveremos su aportación a quienes hayan colaborado en reunir esta cifra.
Para ello es necesario que en el ingreso se indique “quien” realiza la transferencia y que incluya en el concepto del ingreso “Fianza Pepa Medrano”. Cualquier cantidad vale. Gracias anticipadas.
IU VE “INJUSTA Y DESPROPORCIONADA” LA FIANZA IMPUESTA A LA COMPAÑERA JOSEFA MEDRANO
El Consejo Local manifiesta su “sorpresa y estupor” ante la medida cautelar, al no guardar relación alguna con las peticiones de las partes
Ante la fianza de 22.000 euros impuesta a la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Josefa Medrano, como medida cautelar incluida dentro del auto de apertura del juicio oral que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto contra ella, el Consejo Local de Izquierda Unida de Sevilla manifiesta su “sorpresa y estupor”, al entender que se trata de una decisión “absolutamente desproporcionada” y que no guarda relación alguna con las peticiones planteadas por las partes personadas en este caso, a cuenta de la no cesión de un local para un homenaje al falangista Agustín de Foxá en un centro cívico.
Desde Izquierda Unida estimamos “a todas luces exagerada e injusta” esta medida cautelar y volvemos a ratificarnos en los argumentos ya expuestos en el recurso de apelación que la representación jurídica de nuestra compañera presentó en octubre pasado contra el auto de la juez Mercedes Alaya, en el que se le imputaban, nada más y nada menos, que los delitos de prevaricación y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
En dicho recurso, que fue admitido a trámite ante la Audiencia Provincial, se pide el archivo del procedimiento, “toda vez que no existen indicios razonables de delito alguno y el hecho denunciado tampoco constituye ningún delito”. Para empezar, en el escrito aludido se deja claro que la delegada de Participación Ciudadana no desautorizó ni prohibió ningún homenaje, sino que se limitó a denegar el uso de un local para la celebración de un acto, en cuya solicitud no se aportaba programa ni explicación alguna, ni se concretaba que tendría un carácter literario, como después se ha asegurado. Una denegación a la que, por cierto, las asociación afectada no presentó reclamación administrativa, habiéndosele ofrecido la oportunidad desde la Delegación de Participación Ciudadana de cara a una posible revisión de la decisión adoptada.
En IU creemos que la vía escogida para dirimir este asunto por las acusaciones particulares no ha sido la adecuada. Tal vez, sí la más mediática y con mayor resonancia ante la opinión pública, pero no la que corresponde en derecho, pues tal y como se apunta en el mencionado recurso, los conflictos que el ciudadano, las asociaciones y entidades tengan con la administración pública “deben resolverse ante la jurisdicción competente”.
De modo que, en este caso, el colectivo denunciante debería haber recurrido en vía administrativa y, si lo creía necesario, acudir al procedimiento de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. “Pero la jurisdicción penal aquí carece de competencias”.
En el recurso también se demuestra que la revocación del permiso no respondía a “razones ideológicas”, como se sostiene en el auto de imputación, pues no consta motivación expresa ni escrita al respecto. Y eso “no autoriza a suponerla y mucho menos a deducirla de los artículos periodísticos que se publicaron en aquellas fechas de los que la acusación particular ha contaminado indebidamente el proceso… y que desde luego vienen a confundir la labor del juzgador con juicios paralelos”.
Para IU, Josefa Medrano “hizo lo que debía hacer” y actuó de forma “bastante razonable”, al revocar la autorización de uso del local, tras tener conocimiento de la cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos que en los días previos se habían recibido en la Delegación de Participación Ciudadana para exigir que no se celebrara el acto en virtud de la ideología fascista de Agustín de Foxá. Una decisión que desde IU vemos “acertada” y, sobre todo, “prudente”, en tanto que su único fin era evitar los posibles enfrentamientos y altercados que podían producirse dentro del centro cívico con ocasión del mencionado homenaje.
El único delito cometido por Josefa Medrano, por tanto, fue ajustarse al espíritu de la Ley de Memoria Histórica, ya que con dicha medida “pretendía suprimir elementos de división entre los ciudadanos, para salvaguardar los valores y principios constitucionales”.
Por todo ello, desde IU consideramos que no hay razón alguna para procesar a Josefa Medrano y, mucho menos, para someterla a la injusta pena social de banquillo a la que se la está tratando de someter, con un claro menosprecio a su presunción de inocencia y con el evidente objetivo de deteriorar la imagen pública de una mujer que lleva toda su vida luchando por las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores de este país, antes como sindicalista de Tabacalera y ahora desde el cargo de concejal por Izquierda Unida que ostenta en el Ayuntamiento de Sevilla.
Demandarle una fianza de 22.000 euros, como si se tratara de una connotada terrorista o una peligrosa delincuente, viene a ahondar más en esta tremenda injusticia que se realiza contra nuestra compañera.
Ante tal situación, Izquierda Unida no puede más que mostrar su total disconformidad con esta medida cautelar y expresar todo su apoyo y solidaridad a Josefa Medrano. Porque, como bien dijo recientemente nuestro coordinador general andaluz, Diego Valderas, “hay imputaciones que dignifican”, y ésta no nos cabe duda es una de ellas.
Consejo Local IU Sevilla ciudad
http://www.larepublica.es/spip.php?article22335
Escrito por jordicarreno 
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