Recurso al portazo del Supremo a Miguel Hernández…

La nieta del poeta ha presentado un recurso por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte

DIEGO BARCALA MADRID 12/04/2011

Miguel Hernández.

La nieta del poeta Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), María José Hernández Izquierdo, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte. El recurso considera contradictorio el rechazo de los jueces a analizar la nulidad del fallo pese a que considera «radicalmente injusta» e «ilegítima» la condena que llevó a la muerte en prisión al poeta.

El recurso de María José Hernández denuncia la incongruencia del Tribunal Supremo, que rechazó la admisión a trámite del recurso de nulidad porque la sentencia «carece actualmente de cualquier vigencia jurídica» y que, por tanto, es inexistente. Pero la familia del autor de El rayo que no cesa señala que ningún juez le ha declarado inocente y, por tanto, la condena sigue viva.

El Supremo se basa en la Ley de la Memoria para juzgar como «injusta» la decisión que llevó a la muerte a Hernández porque fue «política». Sin embargo, el recurso señala que esta misma ley dice que lo determinado en sus artículos no es incompatible con ejercer acciones legales.

La familia del periodista Julián Zugazagoitia, fusilado en 1940 tras un juicio similar al de Hernández, estudia también presentar un recurso en el Tribunal Supremo por la nulidad del fallo.

Público.es

Miguel Hernández era culpable…

23 mar 2011

RAMÓN SÁEZ

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo comunicó el mes pasado el auto por el que se niega a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, por el delito de adhesión a la rebelión. Sostienen que la sentencia ha perdido vigencia jurídica. Se frustran así las expectativas que había abierto la Ley de Memoria Histórica sobre la anulación de las sentencias de los tribunales de la represión franquista y de reparación de sus víctimas. Lo primero que sorprende es que la revisión de las resoluciones de los consejos de guerra sea competencia de una sala militar, una excepción heredada de la Transición, hoy inexplicable. Es la misma sala que ha venido denegando sistemáticamente la revisión de las condenas a muerte pronunciadas por aquellos infratribunales, con base en una falsa seguridad jurídica.

La familia del poeta esgrimió dos argumentos. El primero, que Miguel Hernández era inocente, como demostrarían las notas de recomendación de cuatro justos, amigos del escritor, que se atrevieron a testimoniar que era persona buena y honrada. Es una estrategia equivocada, en la que incurre también la Sala del Supremo al señalar que la sentencia tenía un “manifiesto sesgo político e ideológico”. Al mirar de frente al horror no se le puede reconocer racionalidad jurídica alguna. Miguel Hernández era culpable de haber defendido la legalidad democrática, con la palabra, la poesía y la propaganda, frente a los criminales que se habían alzado e impuesto un orden de terror. Claro que no se había rebelado. Ni él ni tantos que fueron condenados; ni tampoco las decenas de miles de personas, hombres y mujeres, asesinadas en aplicación del bando de guerra, ejecuciones extrajudiciales de las que el Estado todavía no ha dado cuenta; véase el vergonzoso caso de las 17 Rosas de Guillena, mujeres de entre 20 y 70 años fusiladas en octubre del 36, que siguen aguardando en una fosa común de Gerena (Sevilla), ahora localizada, una subvención económica para que sus familiares puedan identificar y recoger sus restos.
Lo esencial es que aquellos consejos de guerra no eran tribunales ni sus sentencias actos de justicia, sino piquetes de verdugos y hechos de barbarie. Como dijo el Tribunal de Núremberg en la causa contra los juristas nazis, “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del juez”.

También alegaron los familiares del poeta que la Ley de Memoria Histórica planteaba un hecho nuevo, al declarar la injusticia de las sentencias que dictaron los ilegítimos tribunales de la represión. Este motivo no ha sido analizado por la Sala Militar. Y parecía concluyente. Sostener que aquella sentencia carece de vigencia jurídica, como dice la exposición de motivos de la ley, es una constatación simple. El auto debió explicar qué alcance tiene la categoría vigencia, aplicada a la resolución radicalmente injusta de un tribunal ilegítimo, para impedir su anulación. La sentencia debió perder toda vigencia cuando el poeta murió en la soledad y la miseria del penal, hace ahora 69 años a causa, no lo olvidemos, de las condiciones infrahumanas del encierro que el Estado fascista impuso a los presos políticos. Hambre, frío y enfermedades, esa era la dieta para los que no fueron asesinados por las balas del pelotón de ejecución. La vigencia se refiere a la eficacia de un acto en el tiempo y en el espacio. La nulidad es la única manera de hacer justicia al condenado, expulsando la sentencia y estableciendo que nunca debió pronunciarse, como primera forma de reparación de un daño inconmensurable.

La seguridad jurídica vuelve a mencionarse a propósito de las resoluciones de los tribunales de excepción. En la sentencia que denegó la revisión del caso Grimau, fusilado en 1963, la Sala Militar dijo que “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere” y concluyó que “la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó (la sentencia de muerte) por considerarla ajustada a la ley, quedando firme”. Firme sigue y sin reparar el crimen. Valga recordar que la pretensión de mantenimiento de las sentencias del terror es antijurídica, no sólo porque ahora lo diga la ley, sino porque no hay interés que tutelar salvo el honor de las instituciones de la dictadura, un Estado ilegal según el derecho internacional. Nada pinta la seguridad para analizar dicha cuestión, que es de estricta (in)justicia.

Con todo, hay que advertir que si la sentencia sólo perdió la vigencia, es porque mantiene el estatuto de acto del derecho. El problema de fondo es el de una cultura jurídico política que sigue creyendo que la Transición se hizo de la ley a la ley, como alegó el Tribunal Supremo para no tramitar la recusación contra los magistrados que juraron lealtad a la dictadura; una cultura que se resiste a admitir que la instauración de un Estado de derecho ha de representar necesariamente un corte profundo con el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática.

Habrá de esperarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si no se estimaran las pretensiones de las víctimas, la decencia pública requerirá de una ley, como en Alemania respecto a los tribunales nazis, que anule las sentencias del horror. El daño causado por la condena a muerte del poeta Miguel Hernández sigue sin reconocimiento ni reparación. La presencia de aquellas sentencias infames compromete nuestro presente. Porque no son sentencias, sino crímenes de Estado.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional

Ilustración de Mikel Casal

Público.es

«Yo también fui militarizado»

Bajo el mando del ejército. Desde 1968 son varias las empresas que, por decisión gubernamental, han sido controladas por las autoridades castrenses

IÑIGO ADURIZ MADRID 09/01/2011

Carteros, ferroviarios, policías municipales, conductores de metro y, por último, controladores aéreos. Todos comparten una misma experiencia: en algún momento los militares se han convertido en sus máximos jefes.

La tajante decisión del Gobierno de militarizar a los gestores del espacio aéreo con la declaración del estado de alarma el pasado 5 de diciembre fue la última, pero no la única medida de estas características adoptada en España. Durante los últimos años del franquismo, y en los primeros de la Transición, la militarización se convirtió en un instrumento de presión recurrente por parte del Estado para sofocar las movilizaciones que reclamaban mejoras salariales y laborales, por un lado, y nuevas libertades y avances sociales, por otro.

En la Transición el Gobierno intentó evitar protestas en sectores esenciales

Entre 1968 y 1979, los militares estuvieron en algún momento al frente de Correos, Renfe, los astilleros Bazán, la eléctrica Endesa, la Guardia Urbana de Barcelona y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

«Negociábamos el primer convenio de la empresa, que hablaba de libertad y de amnistía y, en respuesta, la dirección decidió no dejar entrar a los astilleros a los miembros de la junta sindical», explica el histórico dirigente de CCOO Ángel Porto, que trabajaba en la ferrolana Bazán cuando fue militarizada. Aquel mes de marzo de 1972, la plantilla del astillero respondió a la decisión de la dirección con un plante que la policía repelió «con disparos al aire».

Los cargos sindicales fueron despedidos y la fábrica se llenó de carteles que explicaban «con detalle» la equiparación del rango militar con las distintas categorías profesionales, agrega Porto. Él y otros siete compañeros fueron condenados a cuatro años de cárcel por un consejo de guerra que les atribuyó un delito de sedición. «Durante nueve días recibí tres palizas diarias en las que estaba presente incluso el juez militar que me había condenado», recuerda.

Algunos afectados debían llevar una insignia con la M de militar

De los profesionales militarizados consultados por PúblicoPorto fue el que recibió mayores represalias. En los demás casos la militarización se quedó en un susto, pero consiguió paralizar sus reivindicaciones, aunque sólo mientras duró la situación excepcional.

El 9 de enero de 1976 Francisco Benítez y sus compañeros de Correos recibieron un carné militar en cuyo reverso les recordaba que sus actuaciones estaban sujetas a la jurisdicción militar. Llevaban nueve días de huelga «ilegal», reconoce, en protesta por los bajos salarios que recibían, las horas extras que jamás llegaban a cobrar y los duros castigos a los que estaban sometidos «a veces incluso por hacer bromas». No vieron a los militares en las instalaciones de sus oficinas, aunque desde la dirección les insistieron en que al mando estaba un coronel.

Mantuvieron las protestas

Pese al miedo, una vez desmilitarizados, «después de varios meses», mantuvieron sus protestas y ya en 1978 celebraron las primeras elecciones sindicales. Algo similar sucedió en Renfe un año antes. A fuerza de movilizaciones, finalmente se creó el Pleno de Representantes Ferroviarios que fue el organismo encargado de negociar con la empresa los sucesivos convenios colectivos.

A los afectados se les obligaba a llevar una insignia con la «M de militar»

«Nuestra generación fue a la que le tocó luchar y la que consiguió los derechos de los que ahora disfrutamos», reivindica Luis Muñoz, por aquel entonces oficial de telecomunicaciones y actual miembro de la ejecutiva federal del sector ferroviario de CCOO. La militarización de Renfe, en enero de 1976, llegó por el temor de la dirección de la empresa ante las primeras negociaciones colectivas.

Según relata Muñoz, cada ferroviario recibió una «M de militar» que debía llevar en todo momento en un lugar visible. «De todas formas la gente mantuvo sus protestas. Hubo incluso quien se ponía la insignia del revés, para simular la W de water«, recuerda. Al cabo de unos seis meses, todo acabó con un laudo «que establecía unos acuerdos mínimos entre trabajadores y patronal».

«Una vez fallecido el dictador Franco, hubo una ebullición de movilizaciones», añade Julio Varela, que en 1978 trabajaba en el mantenimiento de Endesa, creada tan sólo dos años antes. En octubre de ese año, dos meses antes de la aprobación de la Constitución, los empleados secundaban una huelga indefinida y, «con la intención de garantizar el abastecimiento de electricidad», Endesa se militarizó. «De vez en cuando aparecían algunos militares en las centrales, pero su presencia era muy discreta», rememora Varela.

Donde se produjo una movilización masiva fue en las empresas municipales de Madrid y Barcelona entre 1976 y 1979. El caso más llamativo fue el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital. Se dio la curiosa situación de que, desde el 27 de octubre de 1976 y durante varias semanas, los autobuses de la capital estuvieran conducidos por militares. El motivo de ello fue que los trabajadores no acudían a sus puestos.

La militarización de Renfe o Correos pretendió evitar mejoras laborales

«Se creó una plataforma sindical unitaria para negociar mejoras salariales que no fue aceptada por la dirección y los trabajadores reaccionaron», rememora Julián López, que en los años de la Transición participaba activamente en la negociación de las mejoras salariales de sus compañeros conductores. En Metro de Madrid esas mismas protestas provocaron su militarización en 1976.

La Policía Municipal de la capital estuvo bajo la autoridad militar al menos en dos ocasiones, según explica Miguel Gómez Orcajo, quien durante años se encargó de vigilar la llamada zona azul de pago de aparcamiento de la ciudad. La primera se produjo en 1968. «Existía un malestar general y empezaban los movimientos en las fábricas», señala. Pero antes de que llevaran a cabo cualquier tipo de protesta los militares de Franco se apoderaron de los cuarteles. «Nos leyeron el Código Penal militar y nos amenazaron con condenarnos a pena de muerte si protestábamos», lamenta. La segunda militarización llegó en 1977 por la negociación del convenio.

En 1976, en Barcelona, las reivindicaciones de Guardia Urbana y bomberos finalizaron en militarizaciones. El consistorio se había negado a aceptar los convenios que proponían las juntas sindicales y se agudizaron las protestas, relata Fabriciano Alepuz, líder sindical en el momento. Tres años más tarde, la negociación de las condiciones laborales en el metro de la capital catalanaacabaron también con la empresa en manos del ejército.

Público.es

 

El control militar durante la dictadura e incluso la Transición fue otro modo de represión desde los estamentos e instituciones públicas

El impacto del franquismo en el Alto Palancia…

El final de la guerra civil dio paso a una represión cruel contra quienes en 1936 se habían decidido por la defensa de la Constitución y la Segunda República. El periodista e historiador Ramón Marín analiza en La represión franquista en el Alto Palancia el impacto de esa violencia de Estado sobre los que perdieron la guerra y las claves de la represión: las fosas, los campos de concentración, los consejos de guerra, los fusilamientos, las cárceles, el exilio, la represión económica y el exterminio del maquis.

La obra se presentará al público el 10 de diciembre, a las 19.00, en el casino de la localidad de Segorbe.

 

El Caudillo y Dictador Francisco Franco Bahamonde, artífice de llevar a cabo el Golpe de Estado contra la II República, dirigir el bando Nacional durante la Guerra Civil y máximo responsable de la represión de su régimen (Fotografía de archivo)

«Nos avergonzaba matar»

Eduardo Uriarte, condenado en el juicio de Burgos y amnistiado en 1977, recuerda 40 años después por qué fue clave un proceso del que la dictadura quiso hacer una causa ejemplar

LUIS R. AIZPEOLEA 05/12/2010

La decisión de matar a Melitón Manzanas se tomó en nuestro entorno. Pero nunca supimos ni quisimos saber quién había sido su autor. Nos daba vergüenza matar porque no lo teníamos asumido y porque todavía aquella organización repudiaba el asesinato». Así se pronuncia Eduardo Uriarte a los 40 años del Proceso de Burgos, que juzgó en un tribunal militar constituido en la capital castellana a 16 militantes de ETA por el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, la policía política del dictador Franco, el 2 de agosto de 1968.

 

Seis de los acusados en el proceso de Burgos. Arriba, Arana, Gorostidi y Onaindia. Abajo, Abrisketa, Larena y Gesalaga.-

Para seis de ellos, incluido Uriarte, que entonces tenía 24 años, el fiscal militar pidió la pena de muerte. Los otros cinco condenados a la pena máxima fueron Francisco Javier Izko, Mario Onaindia, José María Dorronsoro, Jokin Gorostidi y Francisco Javier Larena.

El juicio se inició el 3 de diciembre de 1970 y terminó el 30 del mismo mes. Los condenados a muerte fueron indultados por el dictador. El Proceso de Burgos marcó un hito en la historia del franquismo. La dictadura quiso aprovechar el que fue el primer atentado mortal asumido por una ETA que tenía menos de 10 años de existencia para reforzar el régimen autoritario y neutralizar a las corrientes democráticas que emergían en la sociedad española.

Pero se le volvió en contra. Hubo movilizaciones inéditas contra la dictadura en las calles españolas, sobre todo en el País Vasco, donde tuvo gran seguimiento una huelga general. La Iglesia española se despegó del régimen y este recibió presiones de los países democráticos europeos que pidieron el indulto a Franco. Nunca hasta entonces la oposición a la dictadura había alcanzado aquellos niveles de protesta, que llevó a declarar el estado de excepción en el País Vasco y posteriormente en toda España.

«Si ETA hubiera abandonado la violencia en la transición, habría sido un referente del antifranquismo»

Eduardo Uriarte recuerda que aquella ETA no tenía que ver con la de ahora. De hecho, la decisión de matar al jefe de la Brigada Político Social no fue el resultado de una estrategia, sino la venganza por la muerte del líder de ETA Txabi Etxebarrieta, de 25 años, el 7 de junio de 1968 por la Guardia Civil. «Nos roían las ganas de venganza y, sobre todo, la necesidad de dar una respuesta que demostrara que ETA no estaba acabada».

Todos los procesados en Burgos fueron detenidos en 1969, y en la etapa que pasaron en la cárcel hasta la celebración del juicio, en diciembre de 1970, la mayoría evolucionó desde el nacionalismo a posiciones de izquierdas, muy en boga tras el mayo de 1968, y alejadas del recurso al terrorismo. «Evolucionamos en la cárcel. El nacionalismo presente en ETA se había dejado seducir por el discurso marxista y antiimperialista. En nuestros discursos en la sala del juicio abogábamos por la solidaridad internacionalista y a veces nos declaramos marxistas-leninistas, lo que molestó a los nacionalistas del exterior».

Uriarte está convencido de que el régimen de Franco trató de utilizar el incipiente uso de la violencia de aquella ETA para demonizar a la oposición democrática con un enorme despliegue propagandístico de sus acciones en los medios de comunicación, controlados por el régimen.

«Pero el resultado fue contrario a sus intereses. Logró que para mucha gente, no solo en el País Vasco, los jóvenes de ETA fuéramos unos héroes contra la dictadura cuando la realidad era que ETA en ese momento era una organización muy debilitada y dividida internamente». También contribuyó a este resultado la estrategia de los procesados de plantear un juicio político. «Había que aprovechar la ocasión para denunciar ante el mundo la dictadura de Franco». El Proceso de Burgos dio tal prestigio a ETA que aumentó muchísimo su afiliación, recuerda Uriarte.

Uriarte tiene claro que el juicio de Burgos marcó «el principio del fin de la caída del régimen de Franco, que vivía una contradicción insalvable, entre un liberalismo económico y un régimen autoritario». Un sector del régimen, liderado por el almirante Carrero Blanco, quiso utilizar el proceso para garantizar la continuidad del régimen tras la muerte de Franco y mostrar a Estados Unidos que España se encontraba ante una seria amenaza que requería una respuesta política autoritaria.

El régimen cometió además otro profundo error, señala Uriarte, porque no solo respondió con represión desproporcionada -las fuerzas de orden público mataron a tiros a un manifestante de 19 años, Roberto Pérez Jáuregui, e hirieron de bala a otros-, sino que recuperó el discurso más fascista de los años de posguerra. Entonces, Europa descubrió que la España de Franco era una asignatura pendiente tras la victoria aliada contra el fascismo. Europa pidió clemencia a Franco, e incluso lo hizo el presidente de Estados Unidos Richard Nixon. También se sumó a esta petición el Vaticano, y la Iglesia española, al hilo del proceso, comenzó a desmarcarse del régimen. Un sector del Ejército reconocería posteriormente que se había sentido utilizado.

Los procesados contaron con las simpatías de la izquierda española. Entre sus abogados figuraron socialistas, como Gregorio Peces-Barba y José Manuel Moreno Lombardero, y comunistas, como Josep Solé Barberá.

La otra cara de la moneda fue la puesta en marcha del mecanismo de la violencia. «Es verdad que allí se incubó el virus de los elementos perversos que posteriormente hemos conocido y sufrido. La ETA posterior al Proceso de Burgos se quedó con lo peor de nosotros al hacer de la violencia el centro de su política e ideología». Uriarte sitúa el inicio del terrorismo de ETA en el atentado de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol de Madrid, en septiembre de 1974. Costó la vida a 14 personas e hirió a decenas.

Los condenados a muerte en el Proceso de Burgos pasaron siete años en la cárcel. Fueron amnistiados en 1977, tras la reinstauración de la democracia. De los seis, dos de ellos ya han fallecido: Onaindia, en 2003, y Gorostidi, en 2006.

Solo uno de los 16 condenados, Jesús Abrisketa, volvió a ingresar en ETA. Una mayoría se vinculó a la extinta Euskadiko Ezkerra y algunos prolongaron su travesía hasta el PSE, como Onaindia y Uriarte. Una minoría -Gorostidi, Itziar Aizpurua y Julen Kalzada- se unió a Herri Batasuna. Uriarte lo explica así: «Todo lo que nos sucedió, incluido el Proceso de Burgos, fue una catarsis para casi todos nosotros. Salimos bastante tocados por la experiencia vivida. Aunque jugamos el papel de héroes en el proceso, reflexionamos sobre la tragedia que supone la violencia».

Cuarenta años despúes, Uriarte cree que hay que entender el proceso en el contexto de la dictadura. «No es sorprendente que en un país en efervescencia un grupo de jóvenes cayera en la dinámica de la violencia frente a una dictadura que negaba a los ciudadanos los derechos más elementales». Y respecto a ETA, «si hubiera tenido la difícil clarividencia de haber abandonado su actividad violenta al inicio de la transición, hubiera sido una referencia de la resistencia al franquismo». No lo hizo. «Fue más un movimiento nacionalista radical que antifranquista. Y al final ha sentido la humillación de ser rechazada por todos los demócratas a escala internacional».

El País.com Domingo

La Junta aportará 18.000 euros para digitalizar la documentación de tribunales militares en la Guerra Civil…

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) –

La Junta de Extremadura firmará un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura y con el Ministerio de Defensa para la organización, descripción y digitalización de la documentación judicial de las provincias de Cáceres y Badajoz, generadas por los tribunales militares durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Este convenio ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que aportará 18.000 euros, según informa en nota de prensa.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, el Gobierno regional ha diseñado un programa de investigación en archivos, tanto locales como provinciales y nacionales para documentar el periodo histórico comprendido entre 1930-1975 en Extremadura.

Así, explica que en el Archivo General Militar de Ávila se custodian los legajos provenientes de los tribunales militares de las provincias de Cáceres y Badajoz, un material necesario y fundamental para la investigación y estudio del periodo de referencia.

Este periodo y las distintas fases represivas ocurridas en la región forman parte fundamental del citado proyecto de investigación, apoyado en el convenio firmado por las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, la Universidad y la Junta de Extremadura.

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-aportara-18000-euros-digitalizar-documentacion-tribunales-militares-guerra-civil-20101203120229.html

PROCESO DE BURGOS: «Es triste que 40 años después sigamos discutiendo sobre ETA y la violencia»

Antton Karrera fue uno de los 16 militantes de ETA del Proceso de Burgos. Hoy se cumplen cuatro décadas del inicio de un juicio que, según el dirigente de EB, probó que «el franquismo era una dictadura fascista»

03.12.10 –

ANTTON IPARRAGUIRRE | SAN SEBASTIÁN.

Antton Karrera. :: LOBO ALTUNA

Antton Karrera, coordinador de Ezker Batua-Berdeak en Gipuzkoa, fue uno de los dieciséis miembros de ETA que fueron detenidos en 1969 -él lo fue el 15 de marzo-, y que fue juzgado en el proceso de Burgos, del que hoy se cumplen cuarenta años de su inicio.

Karrera subrayó ayer, en declaraciones a este periódico, que «en la actividad normal no me acuerdo mucho del proceso de Burgos, pero si empiezo a recordar podría pasarme horas hablando». En su opinión, «Franco pretendía juzgar todo lo que significaba ETA, descabezar la organización y dar un escarmiento al mundo que representaba». Afirma que entre los compañeros de banquillo había de todo, «desde dos curas -Julen Kalzada y Juan Etxabe-, hasta dirigentes de ETA». Sin embargo, considera que la vista «resultó todo lo contrario a lo que quería Franco. Lo controlamos y lo convertimos en un juicio político, en el que ninguno de los dieciséis procesados improvisó durante su declaración».

Destaca que la repercusión en la calle fue contundente y visible con la huelga general que se convocó en esos días en Euskadi, al igual que las movilizaciones de protesta en varias ciudades españolas y en el extranjero. Karrera asegura que «el juicio supuso un éxito porque significó mucho tanto a nivel de Euskadi, como de España y el mundo». «Fue una prueba de la debilidad del franquismo y demostró lo que significaba, una dictadura fascista», agrega. En su opinión, también constituyó «un paso para la consolidación de la democracia posteriormente».

Karrera, que tenía entonces 28 años, admite que aquellos días temieron por sus vidas «ya que había seis procesados que fueron condenados a muerte, y podía haber algunos más, y luego ser ejecutados».

Tampoco olvida que dos días antes del inicio de la vista fue secuestrado en San Sebastián el cónsul alemán Eugene Beihl, que sería liberado el 24 de diciembre. El dirigente de EB recuerda que los 16 procesados fueron reunidos en el sótano de la Capitanía General de Burgos para debatir sobre este asunto. «Ganamos los que votamos a favor de condenar el secuestro, porque perjudicaba a las movilizaciones y porque estábamos en contra de la violencia. Considerábamos que la lucha armada no era el camino, como defendieron los que respaldaron el secuestro», afirma. «Es triste que cuarenta años después seguimos discutiendo sobre lo mismo», asevera. Señala que muchos de los que en aquellos años eran miembros de ETA ahora pertenecen a partidos que van del PNV al PSE, «e incluso del PP».

De entre los recuerdos, le ha quedado marcado que en su celda había 16 grados bajo cero, y que con aquella gélida temperatura jugaban al fútbol en el patio y no podían ducharse porque las cañerías estaban congeladas. También rememora que al ser detenido sufrió torturas, «mientras negaba que fuera de ETA», y estuvo nueve días incomunicado, sin que su familia conociera su arresto.

El tribunal militar hizo públicas las sentencias el 28 de diciembre, y Karrera fue condenado a doce años de prisión por un delito de «rebelión militar». Ayer recordaba que salió de la cárcel el 3 de marzo de 1976, «precisamente el mismo día de la matanza de Vitoria».

Con la llegada de la democracia y tras la Ley de Amnistía, el resto de procesados fueron excarcelados en 1977. Cinco de los seis condenados a muerte fueron expulsados a Bruselas en mayo de 1977, y el sexto, Xabier Izko de la Iglesia, fue extrañado a Oslo en junio de ese año. Fueron amnistiados al año siguiente.

LAS CONDENAS

Teo Uriarte: Dos condenas a muerte y 60 años de prisión.

Jokin Goristidi: Dos condenas a muerte y 30 años de prisión.

Xabier Izko de la Iglesia: Dos condenas a muerte y 27 años de prisión.

Mario Onaindia: Una condena a muerte y 51 años de prisión.

Javier Larena: Una condena de muerte y 30 años de prisión.

José María Dorronsoro: Una condena a muerte.

Víctor Arana: 70 años de prisión.

Josu Abrizketa: 62 años de prisión.

Enrique Gesalaga: 50 años de prisión.

Juan Etxabe: 37 años de prisión.

Gregorio López Irasuegi: 30 años de prisión.

Julen Kalzada: 18 años de prisión.

Itziar Aizpurua: 15 años de prisión.

Juana Dorronsoro: 15 años de prisión.

Antton Karrera: 12 años de prisión.

Arantxa Arruti: Absuelta.

El Diario Vasco.com