Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres”

septiembre 30, 2012

El exjuez de la Audiencia Nacional ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo en un multitudinario acto en Madrid en el que participaron los líderes sindicales, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, la actriz Pilar Bardem y la abogada laborista Cristina Almeida.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.EFE

Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.

“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.

El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente “vergüenza” porque no haya una “reparación” para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.

Nuevas vías en Argentina y México

“Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado”

El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.

La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.

Vergüenza

El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.

Sindicalistas en las fosas

A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.

Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: “Os hemos echado de menos mucho tiempo”

En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.

“Ley de memoria, insuficiente”

El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.

Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.

El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a “anular” las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.

Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, “siempre habrá heridas abiertas”, y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.

Garzón: “No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres” (enlace Público.es)


Unos al banquillo, otros al escaño…

abril 12, 2011

Baltasar Garzón no sólo será la primera y probablemente única persona juzgada por los crímenes del franquismo (por investigarlos, se entiende). También se va a convertir en el segundo en responder ante un tribunal por el caso Gürtel, después del portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna. Ambos reos, Garzón y Luna, dan la medida de la justicia en España: dos de las personas que investigaron y denunciaron la ponzoña de la Gürtel se sientan en el banquillo, mientras que los acusados de corrupción, que repiten en la listas del PP, se sentarán en los escaños de las cortes valencianas.

En el caso de Luna, su terrible pecado fue mostrar un informe policial donde se detallaba el cobro de comisiones a cuenta de la visita del Papa a Valencia, una carísima misa que supuestamente permitió a Correa afanar un millón de euros. El contenido de ese informe –que está bajo secreto de sumario– se conocía por los periódicos desde hace dos años, pero Luna cometió el error de mostrarlo en el Parlamento valenciano. Luna señaló la ídem, pero el PP se fijó en su dedo, y le acusa de un delito de encubrimiento por no desvelar quién se lo pasó (ha declarado que llegó en un sobre anónimo). La Fiscalía se opone porque no ve ningún delito, pero el juez lo ha procesado.

En cuanto a Garzón, los imputados de la Gürtel le acusan de prevaricar por grabar conversaciones con sus abogados, una orden que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía. El instructor de la Gürtel en Madrid, el juez Pedreira, también ha avalado esas escuchas y la Fiscalía ha calificado esa querella contra Garzón que el Supremo da por buena como un “fraude de ley”. Pese a todo, Garzón será procesado. ¿Y los responsables de la Gürtel? Pues ya veremos.


Recurso al portazo del Supremo a Miguel Hernández…

abril 12, 2011

La nieta del poeta ha presentado un recurso por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte

DIEGO BARCALA MADRID 12/04/2011

Miguel Hernández.

Miguel Hernández.

La nieta del poeta Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), María José Hernández Izquierdo, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte. El recurso considera contradictorio el rechazo de los jueces a analizar la nulidad del fallo pese a que considera “radicalmente injusta” e “ilegítima” la condena que llevó a la muerte en prisión al poeta.

El recurso de María José Hernández denuncia la incongruencia del Tribunal Supremo, que rechazó la admisión a trámite del recurso de nulidad porque la sentencia “carece actualmente de cualquier vigencia jurídica” y que, por tanto, es inexistente. Pero la familia del autor de El rayo que no cesa señala que ningún juez le ha declarado inocente y, por tanto, la condena sigue viva.

El Supremo se basa en la Ley de la Memoria para juzgar como “injusta” la decisión que llevó a la muerte a Hernández porque fue “política”. Sin embargo, el recurso señala que esta misma ley dice que lo determinado en sus artículos no es incompatible con ejercer acciones legales.

La familia del periodista Julián Zugazagoitia, fusilado en 1940 tras un juicio similar al de Hernández, estudia también presentar un recurso en el Tribunal Supremo por la nulidad del fallo.

Público.es


Los absurdos lógicos y jurídicos del auto judicial en el caso del poeta Miguel Hernández…

marzo 29, 2011


El auto del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2011 en el caso del poeta Miguel Hernández sirve para comprender los efectos perversos del modelo de impunidad español en el pensamiento jurídico y en los operadores judiciales, incluidos los que pretenden ser abogados de las víctimas.

Este Auto viene a sumarse a la  confusión de categorías de pensamiento, muchas veces intencionada, y mediante la cual se consigue genera un discurso que cambia las causas por sus consecuencias y cuya finalidad es que las asociaciones de víctimas desaparezcan en el marasmo de pensamiento que está provocado intencionalmente por los creadores y defensores de la denominada “Ley de la memoria”.

Se puede afirmar que estos procedimientos “brulote” son fraudes lógicos y doctrinales desde el punto de vista jurídico mediante los cuales se reduce el discurso en contra de la impunidad a una serie de propuestas falsas y destructivas.

De ahí que nuestro comentario no pretenda un análisis jurídico del Auto en cuestión, ya que sería esto un ejercicio absurdo que sólo legitimaría la confusión, sino puntualizar aquellos aspectos que desde el punto de vista doctrinal, del debido proceso, de los derechos humanos y de las libertades civiles son observables y calificables.

I) Es inentendible, y ética y deontológicamente observable, que la representación jurídica de la familia Hernández:

  • a) promueva el reconocimiento de los tribunales de excepción franquistas al aportar “copia de las diligencias y pruebas obrantes en el Sumario nº 4.487 incoado por el Juzgado Militar de Orihuela el 26 de Septiembre de 1.939”.
  • b) utilice un procedimiento de revisión, que tiene un uso extraordinario en el procedimiento español, basándose como “hecho nuevo” en el testimonio de un integrante de la Falange, con lo cual se da el absurdo jurídico de que el testimonio de un presunto criminal de guerra es utilizado para pedir la revisión de un tribunal militar franquista.
  • c) pretenda obtener la “absolución” de una condena a muerte pronunciada, y hay que remarcarlo, por un tribunal militar de excepción e ilegal.
  • d) reconozca la jurisdicción militar penal como la jurisdicción competente, no sólo de la revisión, sino de la continuidad de las sentencias del régimen franquista, cuando es sabido que en un estado de derecho la jurisdicción militar debe circunscribirse al ámbito estrictamente castrense, y, desde el punto de vista procesal, se debe exigir que sean los tribunales de la jurisdicción ordinaria los que juzguen.
  • e) diga y exprese que la denominada “Ley de la memoria” es un “hecho nuevo” para pedir una revisión y que la mera declaración de ilegitimidad es suficiente. Esta aseveración en un proceso penal debería ser motivo de observación deontológica, por cuanto, sea quien fuere el representante jurídico, debería éste saber que legitimidad no es lo mismo que legalidad.

II) Es absurdo e inentendible que la fiscalía diga “Por su parte, el Ministerio Fiscal alega en relación con los referidos avales personales que éstos no constituyen verdaderos elementos probatorios y menos aún pruebas indubitadas pues no pasan de ser meras opiniones personales prestadas por amigos del imputado cuya autoridad o solvencia no consta en absoluto, por lo que entiende debe denegarse la autorización para la interposición del recurso de revisión.”.

Con esta declaración la representación del Estado niega la representación de las víctimas del franquismo, acepta la legalidad de tribunales militares de excepción, acepta la continuidad jurídica del régimen franquista y acepta que hay un continuo jurídico desde 1939 hasta la fecha.

III) Es absurdo e inentendible que la Fiscalía y la parte recurrente en “concurso real” de proposiciones legales irrelevantes desde el punto de vista penal digan: “En cuanto a la alegación de la recurrente de que la Ley 52/2.007 debe ser considerada como un ‘hecho nuevo’ a los efectos de que sea autorizada la interposición del recurso de revisión, el Ministerio Fiscal niega esta posibilidad pero sostiene que a la vista de las declaraciones contenidas en dicho Texto Legal la sentencia que se pretende revisar carece hoy de toda vigencia jurídica debido a la declaración legal de su ilegitimidad por lo que acaba suplicando que se ‘acuerde declarar la nulidad de pleno derecho e inexistencia jurídica de la resolución recurrida con la consiguiente improcedencia de otorgar la autorización para interponer recurso de revisión‘.

Reproducimos lo que afirmamos el 30 de octubre de 2007 en un comunicado titulado “Una ley aberrante”

      • La cuestión central en relación con este proyecto de ley es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la IIGM, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

        La ley propuesta implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios (los responsables de los crímenes bajo el derecho internacional).

        La ley propuesta ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asablea General de la ONU (aprobadas en 1946), y que proclamaron que el Régimen de Franco fue ” fundado con el apoyo de las Potencias del Eje”, y que “En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini”. Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno, como es el hecho de declarar su “ilegitimidad”.

        La ley que se votará en el Congreso desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacional-socialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

        Es por lo tanto una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

IV) Es absurdo que se afirme que la presunta declaración de “ilegitimidad” que promueve la denominada “Ley de la memoria” sirva para declarar la ilegalidad de los procesos penales franquistas. Esta afirmación desconoce principios básicos del derecho y sólo puede ser usada desde la ignorancia más palmaria o desde la mala fe.

El 11 de enero de 2010 en un comunicado titulado “Ante el segundo aniversario de la Ley de la Memoria” afirmábamos al respecto:

      • El artículo 3 de la Ley proclama la “ilegitimidad” de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como “Código de Primo de Rivera”, y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que “El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad”.

        En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario “La Nación” de Madrid y titulado: “Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría”, explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

        Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, “Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas”.

        Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era “de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaba] del más rotundo vicio de ilegalidad”, consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son “ilegítimas” pero “legales”, en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

        Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

V) Este tipo de resoluciones judiciales son una afirmación desde las altas cortes del modelo español de impunidad y constituyen en sí mismas una humillación a las víctimas del franquismo. Al reafirmar que se mantiene la “seguridad jurídica” de la legislación franquista, suponen también un fraude ideológico desde el punto de vista de un estado de derecho

El 01 de septiembre de 2006 decíamos con relación a estas cuestiones en una declaración tituladad “Entre la cobaría moral y la ilegalidad”:

      • 5) La propuesta concreta de Proyecto de Ley, por tanto, no es sólo humillante para las víctimas al negarles el reconocimiento jurídico, es también profundamente inmoral y, por consecuencia, viola los principios básicos fijados por el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas de crímenes graves, como pueden ser los crímenes contra la humanidad.

        7) La denominada “seguridad jurídica” entendida, como hace el Gobierno, como el mantenimiento de la normativa de un régimen manifiestamente ilegal, plantea una cuestión de fondo con la que no coincidimos, dado que entendemos que el único medio válido para fortalecer la “seguridad jurídica” es un mayor grado de juridicidad en la regulación de las conductas de los ciudadanos, y no el mantenimiento de normas cuyo origen no sólo está fuera de la propia Constitución, sino que conllevan la negación de principios básicos propios de las libertades civiles, como los contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros: el derecho a un debido proceso y el derecho a un recurso judicial eficaz. No podemos admitir en un estado de derecho la interpretación de que existe “seguridad jurídica” sin garantizar la justicia. Ni tampoco podemos aceptar una interpretación de “seguridad jurídica” que lleva inexorablemente a una manifiesta y grave injusticia. El Gobierno pretende hacernos creer que la seguridad jurídica es incompatible con la justicia. Y este supuesto es falso de pura falsedad.

VI) Recordamos lo dicho en el documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” hecho público el 14 de abril de 2004, con relación a los actos legales franquistas, diciendo que creemos se debe hacer:

      • 2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
      • 3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

VII) Por último es de destacar el absurdo lógico y jurídico que significa, por un lado, aceptar que el poeta Miguel Hernández es culpable de rebelión, cosa que el mismo hecho de solicitar el procedimiento de revisión lleva implícito, y, por otro, que se acepte por parte de la representación de las víctimas, de la fiscalía y de los jueces que la denominada “Ley de la Memoria” es aplicable retroactivamente a hechos ocurridos en 1939, violando los más elementales principios del derecho penal como es la irretroactividad penal, con el agravante conceptual, si cabe, de tratar como penal a una ley que no lo es por propia voluntad del legislador.

VIII) Como conclusión, sólo queda decir que esperamos que con lo expuesto hasta aquí se entienda el porqué no es posible hacer un análisis jurídico del Auto denegatorio de la interposición del Recurso de Revisión contra la Sentencia de Consejo de Guerra en el caso Miguel Hernández de la Sala Militar del Tribunal Supremo. Sólo cabe un rechazo ético a los comportamientos de todos los operadores jurídicos y de aquéllos que deliberadamente defienden a la “Ley de la Memoria” como si fuera una ley penal que reconoce a las víctimas del franquismo y que con este tipo de procedimientos intentan engañar, una vez más, a las víctimas y a la opinión pública.

La verdad de los hechos, la verdad doctrinal y la verdad histórica únicamente pueden conducir a la afirmación de que la denominada “ley de la Memoria”, es una ley de impunidad que sólo puede ser calificada como “aberrante”.

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor
Charleroi y Madrid, 27 de marzo de 2011

Enlace:

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/miguel.html


Miguel Hernández era culpable…

marzo 24, 2011

23 mar 2011

RAMÓN SÁEZ

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo comunicó el mes pasado el auto por el que se niega a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, por el delito de adhesión a la rebelión. Sostienen que la sentencia ha perdido vigencia jurídica. Se frustran así las expectativas que había abierto la Ley de Memoria Histórica sobre la anulación de las sentencias de los tribunales de la represión franquista y de reparación de sus víctimas. Lo primero que sorprende es que la revisión de las resoluciones de los consejos de guerra sea competencia de una sala militar, una excepción heredada de la Transición, hoy inexplicable. Es la misma sala que ha venido denegando sistemáticamente la revisión de las condenas a muerte pronunciadas por aquellos infratribunales, con base en una falsa seguridad jurídica.

La familia del poeta esgrimió dos argumentos. El primero, que Miguel Hernández era inocente, como demostrarían las notas de recomendación de cuatro justos, amigos del escritor, que se atrevieron a testimoniar que era persona buena y honrada. Es una estrategia equivocada, en la que incurre también la Sala del Supremo al señalar que la sentencia tenía un “manifiesto sesgo político e ideológico”. Al mirar de frente al horror no se le puede reconocer racionalidad jurídica alguna. Miguel Hernández era culpable de haber defendido la legalidad democrática, con la palabra, la poesía y la propaganda, frente a los criminales que se habían alzado e impuesto un orden de terror. Claro que no se había rebelado. Ni él ni tantos que fueron condenados; ni tampoco las decenas de miles de personas, hombres y mujeres, asesinadas en aplicación del bando de guerra, ejecuciones extrajudiciales de las que el Estado todavía no ha dado cuenta; véase el vergonzoso caso de las 17 Rosas de Guillena, mujeres de entre 20 y 70 años fusiladas en octubre del 36, que siguen aguardando en una fosa común de Gerena (Sevilla), ahora localizada, una subvención económica para que sus familiares puedan identificar y recoger sus restos.
Lo esencial es que aquellos consejos de guerra no eran tribunales ni sus sentencias actos de justicia, sino piquetes de verdugos y hechos de barbarie. Como dijo el Tribunal de Núremberg en la causa contra los juristas nazis, “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del juez”.

También alegaron los familiares del poeta que la Ley de Memoria Histórica planteaba un hecho nuevo, al declarar la injusticia de las sentencias que dictaron los ilegítimos tribunales de la represión. Este motivo no ha sido analizado por la Sala Militar. Y parecía concluyente. Sostener que aquella sentencia carece de vigencia jurídica, como dice la exposición de motivos de la ley, es una constatación simple. El auto debió explicar qué alcance tiene la categoría vigencia, aplicada a la resolución radicalmente injusta de un tribunal ilegítimo, para impedir su anulación. La sentencia debió perder toda vigencia cuando el poeta murió en la soledad y la miseria del penal, hace ahora 69 años a causa, no lo olvidemos, de las condiciones infrahumanas del encierro que el Estado fascista impuso a los presos políticos. Hambre, frío y enfermedades, esa era la dieta para los que no fueron asesinados por las balas del pelotón de ejecución. La vigencia se refiere a la eficacia de un acto en el tiempo y en el espacio. La nulidad es la única manera de hacer justicia al condenado, expulsando la sentencia y estableciendo que nunca debió pronunciarse, como primera forma de reparación de un daño inconmensurable.

La seguridad jurídica vuelve a mencionarse a propósito de las resoluciones de los tribunales de excepción. En la sentencia que denegó la revisión del caso Grimau, fusilado en 1963, la Sala Militar dijo que “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere” y concluyó que “la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó (la sentencia de muerte) por considerarla ajustada a la ley, quedando firme”. Firme sigue y sin reparar el crimen. Valga recordar que la pretensión de mantenimiento de las sentencias del terror es antijurídica, no sólo porque ahora lo diga la ley, sino porque no hay interés que tutelar salvo el honor de las instituciones de la dictadura, un Estado ilegal según el derecho internacional. Nada pinta la seguridad para analizar dicha cuestión, que es de estricta (in)justicia.

Con todo, hay que advertir que si la sentencia sólo perdió la vigencia, es porque mantiene el estatuto de acto del derecho. El problema de fondo es el de una cultura jurídico política que sigue creyendo que la Transición se hizo de la ley a la ley, como alegó el Tribunal Supremo para no tramitar la recusación contra los magistrados que juraron lealtad a la dictadura; una cultura que se resiste a admitir que la instauración de un Estado de derecho ha de representar necesariamente un corte profundo con el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática.

Habrá de esperarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si no se estimaran las pretensiones de las víctimas, la decencia pública requerirá de una ley, como en Alemania respecto a los tribunales nazis, que anule las sentencias del horror. El daño causado por la condena a muerte del poeta Miguel Hernández sigue sin reconocimiento ni reparación. La presencia de aquellas sentencias infames compromete nuestro presente. Porque no son sentencias, sino crímenes de Estado.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional

Ilustración de Mikel Casal

Público.es


Miguel Hernández y las sentencias vitalicias…

marzo 24, 2011

17 feb 2011

El consejo de guerra al que fue sometido Miguel Hernández incluyó medio año de angustia hasta que se le conmutó la pena de muerte por 30 años de reclusión. El Tribunal Supremo ha negado ahora a la familia de Miguel Hernández la posibilidad de presentar un recurso de revisión para anular esa primera sentencia. Con ello, dicho tribunal se atiene a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, evitando que ese caso pueda servir de precedente al de otros miles de sentenciados que sufrieron la misma pena.

Leo que fue especialmente cruel el comportamiento como fiscal de Arias Navarro, “El carnicerito de Málaga”, a quien le bastaba la delación de un adicto al régimen o la de un cura para que un grupo de veinte o treinta personas detenidas un viernes fueran condenadas un lunes sin posibilidad alguna de defensa. Tras unos días en prisión, eran fusiladas en las tapias del cementerio de San Rafael, el mismo lugar donde fueron halladas hasta 18 fosas con más de 250 cadáveres en alguna de ellas.

La justicia en España tiene una deuda con esos miles de víctimas del franquismo y ha perdido dignidad al llevar a los tribunales al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar esos crímenes. Aparte de los asesinados sin ningún trámite, más de 4000 personas fueron fusiladas en la provincia de Málaga tras la celebración de juicios/farsa equivalentes al que condenó al poeta de Orihuela.

Hace algo más de un año firmé en Público un artículo (Miguel Hernández y Franco) en el que señalaba la gran paradoja de que Franco y Miguel Hernández, verdugo y víctima, compartieran el título de hijos predilectos de Alicante, pues una moción del PSOE para que se le retirara tal honor al extinto caudillo fue rechazada por el Partido Popular. Alegó el PP que un nombramiento así era vitalicio y no caducaba.

Lo mismo ocurre con las sentencias y condenas dictadas por razones políticas e ideológicas que la Ley de Memoria Histórica considera ilegítimas, pero no las anula. Sirva la voz de dos de nuestros mejores poetas víctimas de esa barbarie (García Lorca y Miguel Hernández) como mayor testimonio de tal ignominia.

Público.es


Sindicatos, el mundo de la cultura y asociaciones de memoria histórica se movilizan en defensa de Garzón

marzo 15, 2011

D.F.

El libro de visitas del Club Internacional de Prensa de Madrid se ha llenado hoy de palabras como memoria o represaliados. Términos incluidos en los nombres de alguna de la veintena de asociaciones a favor de la investigación de los delitos franquistas, que han suscrito la campaña “Solidarios con Garzón”, con la que piden el archivo de las causas contra el juez. Una iniciativa a la que se han sumado los sindicatos UGT y CCOO, partidos como IU, PCE, además de afiliados del PSOE y miembros del mundo de la cultura.

Hoy tocaba la presentación de la campaña, y para explicarla, adelantaron parte del manifiesto, leído parcialmente y con dificultades por la actriz Marisa Paredes, que se vio forzada a repetir su actuación hasta en tres ocasiones, al atascársele la palabra “criminalización”. En concreto, el texto denuncia “una persecución de la Sala segunda del Tribunal Supremo” contra el juez. Además, ha habido críticas hacia el PP, del que dicen “pretende que se olvide el franquismo”, y también al PSOE, por, según el poeta Luís García Montero, tener una “postura tímida y poco decidida en la Ley de Memoria Histórica”, pese a que muchos socialistas fueron víctimas de la represión franquista.

La campaña será presentada mañana en Barcelona y el sábado 19 en la Plaza Mayor de Madrid, donde miembros de la cultura como Pedro Almodóvar, Pilar Bardem, Tomás Segovia o Fernando León leerán el manifiesto y pedirán al Gobierno que aplique el Convenio Internacional contra las Desapariciones Fozadas, por el que se obliga a los estados a garantizar la investigación de las desapariciones durante las dictaduras.

Sobre la dictadura y la guerra civil han querido hablar Gervasio Puerta, miembro de la asociación Ex presos y Represaliados Políticos y Concha Carretero, de la Fundación Trece Rosas. Para el primero, “la verdad no se ha escrito en España y por ello los periodistas deben escribirla con letras grandes”, a lo que Concha responde que “vengo sin rencor pero sin resignación a conseguir la democracia por la que luchamos”. Al respecto se ha expresado también Tomás Segovia, para quien “no se puede hacer una transición desde una dictadura”, sino que hay que “romper con ella”. Afirmaciones que se mezclaban con las declaraciones de un público emocionado, muchos de ellos presos políticos, para quienes “en España más que transición lo que hubo fue una transacción”.

La presentación de “Solidarios con Garzón” llega días después de que el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, rechazase la petición de escuchar las conversaciones intervenidas a los imputados del ‘caso Gürtel’ con sus abogados en prisión, tal y como había pedido el magistrado suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y actual asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

EL BOLETIN.com

Garzón plantea su libro como su despedida como juez en España

El magistrado, suspendido de sus funciones, presenta ‘La fuerza de la razón’, un alegato de su inocencia

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID 15/03/2011

El escritor Manuel Rivas junto al exmagistrado Baltasar Garzón, ayer en el Círculo de Bellas Artes.. mónica patxot 

El escritor Manuel Rivas junto al exmagistrado Baltasar Garzón, ayer en el Círculo de Bellas Artes.. mónica patxot

 

Baltasar Garzón volvió a demostrar ayer que no es un juez típico. Con tres causas abiertas por prevaricación en el Tribunal Supremo, presentó su libro, La fuerza de la razón, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, como “despedida” de los que quizá “no vea más”. Y quiso que esa despedida fuera “no en una sala de justicia, sino en esta sala de columnas“.

Arropado por jueces de la Audiencia Nacional, abogados y políticos, como Gaspar Llamazares y Santiago Carrillo este último recibido con aplausos por los asistentes o Juan López de Uralde, líder de Equo, “el magistrado Baltasar Garzón”, como quiere que le sigan llamando , aunque esté suspendido de funciones, hizo pública toda una declaración de principios.

El magistrado niega haberse apartado de “la verdad, la justicia y la reparación”

“Todavía no sé por qué estoy aquí y cómo va a acabar, aunque me puedo hacer una idea según van ocurriendo las cosas. Pero sí estoy preparado para lo que me pueda ocurrir”, anunció al comienzo de su intervención, en la que repasó los tres procedimientos seguidos por el Supremo.El libro que presentaba arropado por los suyos, entre los que figuraban representantes de las víctimas de los crímenes franquistas, son sus reflexiones sobre la situación en la que se encuentra. “En esta pesadilla, este thriller, esta novela negra, se ha escuchado muy poco a Baltasar Garzón”, afirmó el escritor Manuel Rivas, para explicar por qué era necesaria la larga entrevista que hizo al magistrado por iniciativa de la cineasta Isabel Coixet. Por un accidente “no grave”, esta fue la gran ausente de la velada de apoyo al juez de la Audiencia Nacional.El hueco fue llenado con el alegato de Rivas a favor de Garzón, del que dijo que “el proceso de demolición, de deconstrucción” que sufre “es un intento también de demolición de todo aquello en lo que los seres humanos demócratas pueden confiar”. De ahí la importancia de esta obra “para contrarrestar a tantos ladrones del lenguaje y manipuladores”.

Manuel Rivas dice que “en este thriller, en esta pesadilla, no se ha oído al juez”

“Justicia cuanto antes”

Cuando le llegó su turno, Garzón no defraudó al auditorio. La obra, dijo, “es una denuncia de quien se siente injustamente tratado”, aunque él mismo admite que su caso sea incomparable con otras “injusticias”, con otras situaciones mucho más graves, como lo ocurrido en Japón, en Libia o “en España no hace muchos años”.”Hay unas denuncias y hay que investigarlas y lo único que pido es que esa acción de la justicia se produzca cuanto antes”, afirmó en un intento de eliminar esa imagen suya de víctima de una injusticia que presidía el acto, para cederle el protagonismo a las que le llevaron a investigar los crímenes franquistas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos.Tras señalar que hay prensa que “acuchilla con sus noticias” y recordar a un “viejo responsable político” que dijo que “Garzón, cuando más lejos de España mejor”, el magistrado aseveró que “nunca” se había “apartado un milímetro” del trinominio “verdad, justicia y reparación”.En el caso de la Memoria Histórica, el juez admitió que puede haber varias interpretaciones jurídicas. “Podemos acertar o equivocarnos, pero en ningún caso se puede criminalizar una interpretación del Derecho en crímenes contra la humanidad, como sin duda, sin ninguna duda, fueron los crímenes ocurridos en España desde el 36 hasta bastante entrada la posguerra”, aseguró.

75 años después

Con el bagaje que le proporciona el haber tenido contacto con muchas víctimas de distintos crímenes contra la humanidad, Garzón insistió en que el Derecho debe darles respuesta a su petición de Justicia. “No sé en qué medida, pero no puede ser vedada o sustraída, por prescripción o por amnistía. Porque no deben quedar desamparadas las víctimas”, reflexionó.Respecto a las otras causas abiertas en su contra por el Tribunal Supremo, que “tienen menor impacto en la opinión pública”, el juez ni las mencionó. “Una es más técnica y la otra he renunciado a tratar de entenderla”, dijo en referencia a la conocida como los cobros que recibió mientras estuvo en Nueva York y la abierta por ordenar las escuchas de los imputados presos en el caso Gürtel, cuando era su instructor.

 

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