Garzón: «No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres»

El exjuez de la Audiencia Nacional ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo en un multitudinario acto en Madrid en el que participaron los líderes sindicales, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, la actriz Pilar Bardem y la abogada laborista Cristina Almeida.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/09/2012

Baltasar Garzón acompañado de Cristina Almeida, izquierda, y Cándido Méndez y Toxo, a la derecha.EFE

Verdad, justicia y reparación. Este es el mensaje que el exjuez de la Audiencia Nacional, acompañado de los líderes sindicales y diversas personalidades de la justicia y la cultura, ha repetido hasta la saciedad en un acto organizado por la plataforma Solidarios con Garzón en el que han instado al Gobierno y a los parlamentarios a crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo y repare, “de manera integral”, a sus víctimas.

“El acto de hoy es una reivindicación de las víctimas del franquismo y también una manifestación de que no están siendo atendidas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos la creación de una Comisión por la Verdad. La investigación de los crímenes es algo que no debería preocupar a nadie tras 35 años de democracia. Sin embargo, hay una parte del espectro político español que de una forma absurda y negacionista se empeña en no reconocer los hechos del pasado y en no reconocer algo que nos reconciliaría a todos”, ha aseverado el exjuez durante el acto.

El juez, aclamado en todo momento por los centenares de asistentes al acto, ha instado a los asistentes a “no rendirse” y a no poner “punto y final” en su lucha. “Si en Argentina no lo hicieron, nosotros tampoco debemos de cejar en la lucha”, ha añadido Garzón, quien ha señalado que siente «vergüenza» porque no haya una «reparación» para las víctimas del franquismo después de 75 años, 35 de ellos en democracia. “En el único sitio donde se ha permitido hablar a las víctimas fue en el juicio contra mí. Y ese momento fue el único instante de dignidad del juicio”, ha señalado.

Nuevas vías en Argentina y México

«Hay un espectro político que de una forma absurda se empeña en no reconocer los hechos del pasado»

El exjuez, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por ordenar escuchas entre imputados y sus abogados de la trama Gürtel, ha asegurado que la vías judiciales para juzgar y condenar el franquismo no están muertas y que “hay muchas opciones, más allá de esta Comisión de la Verdad”. “Hay muchas demandas interpuestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ONU y el Comité de Derechos Humanos también ha exigido a España que investigue esos crímenes y se anule la Ley de Amnistía de manera que los ciudadanos puedan saber qué es lo que ocurrió”, ha denunciado.

La opción más viable y que más rápido está avanzando es la querella que numerosas asociaciones de memoria histórica y víctimas del franquismo interpusieron en Argentina para que se investigue la dictadura española. Asimismo, las asociaciones de memoria también tratarán de iniciar un proceso judicial en México. A pesar de estas posibles soluciones, Garzón ha aseverado que le “gustaría” que se pudiera juzgar al franquismo en España “sin ningún tipo de confrontación ni discusión”. “Ya ha pasado suficiente tiempo. Los que están en el poder deberían asumir lo que está pasando”, ha afirmado.

Vergüenza

El exjuez de la Audiencia Nacional ha calificado de “vergonzoso” el hecho de que se tenga que organizar un acto como el de la mañana de este domingo para reclamar la creación de una Comisión de la Verdad ya que esta debería constituirse por “unanimidad en el Congreso y en el Senado”. “Deberían de darse cuenta [los políticos] y recapacitar. Hay una deuda enorme con todas las víctimas del franquismo”, ha añadido Garzón, quien se ha definido como “defensor de las víctimas” y ha advertido de que está dispuesto a continuar en este lucha “aquí y fuera, en los tribunales y fuera de ellos”. “En esta batalla todos tenemos que ganar. No se puedo construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres. Necesitamos respuestas y corresponde al Estado darlas”, ha concluido.

Sindicalistas en las fosas

A la petición de la Comisión de la Verdad y el homenaje a Baltasar Garzón por iniciar una investigar contra los crímenes del franquismo, también se han unido los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo en recuerdo de los “sindicalistas y trabajadores que fueron vilmente asesinados por el régimen de Franco por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato de trabajadores”.

Una víctima al PSOE, UGT y CCOO: «Os hemos echado de menos mucho tiempo»

En este sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, ha avisado a aquellos que creen que el problema de la dictadura acabará con la desaparición de los últimos represaliados que la “lucha por la justicia, la verdad y la reparación” no es “cosa de viejos” sino que continúa viva en las nuevas generaciones. “Los viejos sufrieron tal humillación que pueden permanecer en silencio, pero sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no lo harán hasta que no se salde esta deuda que se mantiene con las víctimas”, ha advertido.

“Ley de memoria, insuficiente”

El momento más emotivo del acto lo protagonizó Francisca Maqueda, miembro de la asociación de memoria histórica y justicia de Sevilla y víctima de la dictadura de Franco. “Nadie nos va a parar en nuestra lucha. Avisamos, tenemos todo el tiempo del mundo. No somos sólo nosotros, son también nuestros hijos, nietos y bisnietos los que continuarán esta lucha. Y lucharemos siempre porque sabemos que tenemos razón”, ha exhortado.

Asimismo, Maqueda reprochado a los líderes sindicales y al PSOE el “escaso apoyo” que a su juicio han brindado a las asociaciones de memoria histórica y a las víctimas. “Lo digo con todo el respeto del mundo. Gracias por venir hoy aquí, pero PSOE, UGT y CCOO, os hemos echado de menos a lo largo de todo este tiempo”, ha recriminado Maqueda, quien ha criticado la Ley de memoria de 2006 por considerarla “insuficiente”.

El acto también ha contado con la participación de la actriz Pilar Bardem, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y la exdiputada y abogada laboralista Cristina Almedia, quien ha conducido el acto. Villarejo ha criticado que el Supremo se niegue a «anular» las sentencias de los Consejos de Guerra y ha denunciado que existen 2.311 fosas comunes en España en donde yacen miles de desaparecidos.

Por su parte, Cristina Almeida ha ejercido de presentadora y ha afirmado que mientras haya cadáveres enterrados en las cunetas, «siempre habrá heridas abiertas», y ha animado a la gente a que se unan a la petición de la Comisión.

Garzón: «No se puede construir el futuro sobre cientos de miles de cadáveres» (enlace Público.es)

Unos al banquillo, otros al escaño…

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  Escolar.net

  Por Ignacio Escolar

• Unos al banquillo, otros al escaño

Baltasar Garzón no sólo será la primera y probablemente única persona juzgada por los crímenes del franquismo (por investigarlos, se entiende). También se va a convertir en el segundo en responder ante un tribunal por el caso Gürtel, después del portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna. Ambos reos, Garzón y Luna, dan la medida de la justicia en España: dos de las personas que investigaron y denunciaron la ponzoña de la Gürtel se sientan en el banquillo, mientras que los acusados de corrupción, que repiten en la listas del PP, se sentarán en los escaños de las cortes valencianas.

En el caso de Luna, su terrible pecado fue mostrar un informe policial donde se detallaba el cobro de comisiones a cuenta de la visita del Papa a Valencia, una carísima misa que supuestamente permitió a Correa afanar un millón de euros. El contenido de ese informe –que está bajo secreto de sumario– se conocía por los periódicos desde hace dos años, pero Luna cometió el error de mostrarlo en el Parlamento valenciano. Luna señaló la ídem, pero el PP se fijó en su dedo, y le acusa de un delito de encubrimiento por no desvelar quién se lo pasó (ha declarado que llegó en un sobre anónimo). La Fiscalía se opone porque no ve ningún delito, pero el juez lo ha procesado.

En cuanto a Garzón, los imputados de la Gürtel le acusan de prevaricar por grabar conversaciones con sus abogados, una orden que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía. El instructor de la Gürtel en Madrid, el juez Pedreira, también ha avalado esas escuchas y la Fiscalía ha calificado esa querella contra Garzón que el Supremo da por buena como un “fraude de ley”. Pese a todo, Garzón será procesado. ¿Y los responsables de la Gürtel? Pues ya veremos.

Recurso al portazo del Supremo a Miguel Hernández…

La nieta del poeta ha presentado un recurso por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte

DIEGO BARCALA MADRID 12/04/2011

Miguel Hernández.

La nieta del poeta Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), María José Hernández Izquierdo, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por denegar la revisión de la sentencia que condenó a su abuelo a muerte. El recurso considera contradictorio el rechazo de los jueces a analizar la nulidad del fallo pese a que considera «radicalmente injusta» e «ilegítima» la condena que llevó a la muerte en prisión al poeta.

El recurso de María José Hernández denuncia la incongruencia del Tribunal Supremo, que rechazó la admisión a trámite del recurso de nulidad porque la sentencia «carece actualmente de cualquier vigencia jurídica» y que, por tanto, es inexistente. Pero la familia del autor de El rayo que no cesa señala que ningún juez le ha declarado inocente y, por tanto, la condena sigue viva.

El Supremo se basa en la Ley de la Memoria para juzgar como «injusta» la decisión que llevó a la muerte a Hernández porque fue «política». Sin embargo, el recurso señala que esta misma ley dice que lo determinado en sus artículos no es incompatible con ejercer acciones legales.

La familia del periodista Julián Zugazagoitia, fusilado en 1940 tras un juicio similar al de Hernández, estudia también presentar un recurso en el Tribunal Supremo por la nulidad del fallo.

Público.es

Los absurdos lógicos y jurídicos del auto judicial en el caso del poeta Miguel Hernández…

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El auto del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2011 en el caso del poeta Miguel Hernández sirve para comprender los efectos perversos del modelo de impunidad español en el pensamiento jurídico y en los operadores judiciales, incluidos los que pretenden ser abogados de las víctimas.

Este Auto viene a sumarse a la  confusión de categorías de pensamiento, muchas veces intencionada, y mediante la cual se consigue genera un discurso que cambia las causas por sus consecuencias y cuya finalidad es que las asociaciones de víctimas desaparezcan en el marasmo de pensamiento que está provocado intencionalmente por los creadores y defensores de la denominada «Ley de la memoria».

Se puede afirmar que estos procedimientos «brulote» son fraudes lógicos y doctrinales desde el punto de vista jurídico mediante los cuales se reduce el discurso en contra de la impunidad a una serie de propuestas falsas y destructivas.

De ahí que nuestro comentario no pretenda un análisis jurídico del Auto en cuestión, ya que sería esto un ejercicio absurdo que sólo legitimaría la confusión, sino puntualizar aquellos aspectos que desde el punto de vista doctrinal, del debido proceso, de los derechos humanos y de las libertades civiles son observables y calificables.

I) Es inentendible, y ética y deontológicamente observable, que la representación jurídica de la familia Hernández:

• a) promueva el reconocimiento de los tribunales de excepción franquistas al aportar «copia de las diligencias y pruebas obrantes en el Sumario nº 4.487 incoado por el Juzgado Militar de Orihuela el 26 de Septiembre de 1.939».
• b) utilice un procedimiento de revisión, que tiene un uso extraordinario en el procedimiento español, basándose como «hecho nuevo» en el testimonio de un integrante de la Falange, con lo cual se da el absurdo jurídico de que el testimonio de un presunto criminal de guerra es utilizado para pedir la revisión de un tribunal militar franquista.
• c) pretenda obtener la «absolución» de una condena a muerte pronunciada, y hay que remarcarlo, por un tribunal militar de excepción e ilegal.
• d) reconozca la jurisdicción militar penal como la jurisdicción competente, no sólo de la revisión, sino de la continuidad de las sentencias del régimen franquista, cuando es sabido que en un estado de derecho la jurisdicción militar debe circunscribirse al ámbito estrictamente castrense, y, desde el punto de vista procesal, se debe exigir que sean los tribunales de la jurisdicción ordinaria los que juzguen.
• e) diga y exprese que la denominada «Ley de la memoria» es un «hecho nuevo» para pedir una revisión y que la mera declaración de ilegitimidad es suficiente. Esta aseveración en un proceso penal debería ser motivo de observación deontológica, por cuanto, sea quien fuere el representante jurídico, debería éste saber que legitimidad no es lo mismo que legalidad.

II) Es absurdo e inentendible que la fiscalía diga «Por su parte, el Ministerio Fiscal alega en relación con los referidos avales personales que éstos no constituyen verdaderos elementos probatorios y menos aún pruebas indubitadas pues no pasan de ser meras opiniones personales prestadas por amigos del imputado cuya autoridad o solvencia no consta en absoluto, por lo que entiende debe denegarse la autorización para la interposición del recurso de revisión.».

Con esta declaración la representación del Estado niega la representación de las víctimas del franquismo, acepta la legalidad de tribunales militares de excepción, acepta la continuidad jurídica del régimen franquista y acepta que hay un continuo jurídico desde 1939 hasta la fecha.

III) Es absurdo e inentendible que la Fiscalía y la parte recurrente en «concurso real» de proposiciones legales irrelevantes desde el punto de vista penal digan: «En cuanto a la alegación de la recurrente de que la Ley 52/2.007 debe ser considerada como un ‘hecho nuevo’ a los efectos de que sea autorizada la interposición del recurso de revisión, el Ministerio Fiscal niega esta posibilidad pero sostiene que a la vista de las declaraciones contenidas en dicho Texto Legal la sentencia que se pretende revisar carece hoy de toda vigencia jurídica debido a la declaración legal de su ilegitimidad por lo que acaba suplicando que se ‘acuerde declarar la nulidad de pleno derecho e inexistencia jurídica de la resolución recurrida con la consiguiente improcedencia de otorgar la autorización para interponer recurso de revisión‘.

Reproducimos lo que afirmamos el 30 de octubre de 2007 en un comunicado titulado «Una ley aberrante»

• • La cuestión central en relación con este proyecto de ley es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la IIGM, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

    La ley propuesta implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios (los responsables de los crímenes bajo el derecho internacional).

    La ley propuesta ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asablea General de la ONU (aprobadas en 1946), y que proclamaron que el Régimen de Franco fue » fundado con el apoyo de las Potencias del Eje», y que «En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini». Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno, como es el hecho de declarar su «ilegitimidad».

    La ley que se votará en el Congreso desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacional-socialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

    Es por lo tanto una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

IV) Es absurdo que se afirme que la presunta declaración de «ilegitimidad» que promueve la denominada «Ley de la memoria» sirva para declarar la ilegalidad de los procesos penales franquistas. Esta afirmación desconoce principios básicos del derecho y sólo puede ser usada desde la ignorancia más palmaria o desde la mala fe.

El 11 de enero de 2010 en un comunicado titulado «Ante el segundo aniversario de la Ley de la Memoria» afirmábamos al respecto:

• • El artículo 3 de la Ley proclama la «ilegitimidad» de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como «Código de Primo de Rivera», y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que «El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad».

    En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario «La Nación» de Madrid y titulado: «Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría», explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

    Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, «Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas».

    Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era «de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaba] del más rotundo vicio de ilegalidad», consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son «ilegítimas» pero «legales», en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

    Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

V) Este tipo de resoluciones judiciales son una afirmación desde las altas cortes del modelo español de impunidad y constituyen en sí mismas una humillación a las víctimas del franquismo. Al reafirmar que se mantiene la «seguridad jurídica» de la legislación franquista, suponen también un fraude ideológico desde el punto de vista de un estado de derecho

El 01 de septiembre de 2006 decíamos con relación a estas cuestiones en una declaración tituladad «Entre la cobaría moral y la ilegalidad»:

• • 5) La propuesta concreta de Proyecto de Ley, por tanto, no es sólo humillante para las víctimas al negarles el reconocimiento jurídico, es también profundamente inmoral y, por consecuencia, viola los principios básicos fijados por el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas de crímenes graves, como pueden ser los crímenes contra la humanidad.

    7) La denominada «seguridad jurídica» entendida, como hace el Gobierno, como el mantenimiento de la normativa de un régimen manifiestamente ilegal, plantea una cuestión de fondo con la que no coincidimos, dado que entendemos que el único medio válido para fortalecer la «seguridad jurídica» es un mayor grado de juridicidad en la regulación de las conductas de los ciudadanos, y no el mantenimiento de normas cuyo origen no sólo está fuera de la propia Constitución, sino que conllevan la negación de principios básicos propios de las libertades civiles, como los contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros: el derecho a un debido proceso y el derecho a un recurso judicial eficaz. No podemos admitir en un estado de derecho la interpretación de que existe «seguridad jurídica» sin garantizar la justicia. Ni tampoco podemos aceptar una interpretación de «seguridad jurídica» que lleva inexorablemente a una manifiesta y grave injusticia. El Gobierno pretende hacernos creer que la seguridad jurídica es incompatible con la justicia. Y este supuesto es falso de pura falsedad.

VI) Recordamos lo dicho en el documento «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas» hecho público el 14 de abril de 2004, con relación a los actos legales franquistas, diciendo que creemos se debe hacer:

• • • 2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
    • 3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

VII) Por último es de destacar el absurdo lógico y jurídico que significa, por un lado, aceptar que el poeta Miguel Hernández es culpable de rebelión, cosa que el mismo hecho de solicitar el procedimiento de revisión lleva implícito, y, por otro, que se acepte por parte de la representación de las víctimas, de la fiscalía y de los jueces que la denominada «Ley de la Memoria» es aplicable retroactivamente a hechos ocurridos en 1939, violando los más elementales principios del derecho penal como es la irretroactividad penal, con el agravante conceptual, si cabe, de tratar como penal a una ley que no lo es por propia voluntad del legislador.

VIII) Como conclusión, sólo queda decir que esperamos que con lo expuesto hasta aquí se entienda el porqué no es posible hacer un análisis jurídico del Auto denegatorio de la interposición del Recurso de Revisión contra la Sentencia de Consejo de Guerra en el caso Miguel Hernández de la Sala Militar del Tribunal Supremo. Sólo cabe un rechazo ético a los comportamientos de todos los operadores jurídicos y de aquéllos que deliberadamente defienden a la «Ley de la Memoria» como si fuera una ley penal que reconoce a las víctimas del franquismo y que con este tipo de procedimientos intentan engañar, una vez más, a las víctimas y a la opinión pública.

La verdad de los hechos, la verdad doctrinal y la verdad histórica únicamente pueden conducir a la afirmación de que la denominada «ley de la Memoria», es una ley de impunidad que sólo puede ser calificada como «aberrante».

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor
Charleroi y Madrid, 27 de marzo de 2011

Enlace:

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/miguel.html

Miguel Hernández era culpable…

23 mar 2011

RAMÓN SÁEZ

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo comunicó el mes pasado el auto por el que se niega a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, por el delito de adhesión a la rebelión. Sostienen que la sentencia ha perdido vigencia jurídica. Se frustran así las expectativas que había abierto la Ley de Memoria Histórica sobre la anulación de las sentencias de los tribunales de la represión franquista y de reparación de sus víctimas. Lo primero que sorprende es que la revisión de las resoluciones de los consejos de guerra sea competencia de una sala militar, una excepción heredada de la Transición, hoy inexplicable. Es la misma sala que ha venido denegando sistemáticamente la revisión de las condenas a muerte pronunciadas por aquellos infratribunales, con base en una falsa seguridad jurídica.

La familia del poeta esgrimió dos argumentos. El primero, que Miguel Hernández era inocente, como demostrarían las notas de recomendación de cuatro justos, amigos del escritor, que se atrevieron a testimoniar que era persona buena y honrada. Es una estrategia equivocada, en la que incurre también la Sala del Supremo al señalar que la sentencia tenía un “manifiesto sesgo político e ideológico”. Al mirar de frente al horror no se le puede reconocer racionalidad jurídica alguna. Miguel Hernández era culpable de haber defendido la legalidad democrática, con la palabra, la poesía y la propaganda, frente a los criminales que se habían alzado e impuesto un orden de terror. Claro que no se había rebelado. Ni él ni tantos que fueron condenados; ni tampoco las decenas de miles de personas, hombres y mujeres, asesinadas en aplicación del bando de guerra, ejecuciones extrajudiciales de las que el Estado todavía no ha dado cuenta; véase el vergonzoso caso de las 17 Rosas de Guillena, mujeres de entre 20 y 70 años fusiladas en octubre del 36, que siguen aguardando en una fosa común de Gerena (Sevilla), ahora localizada, una subvención económica para que sus familiares puedan identificar y recoger sus restos.
Lo esencial es que aquellos consejos de guerra no eran tribunales ni sus sentencias actos de justicia, sino piquetes de verdugos y hechos de barbarie. Como dijo el Tribunal de Núremberg en la causa contra los juristas nazis, “el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del juez”.

También alegaron los familiares del poeta que la Ley de Memoria Histórica planteaba un hecho nuevo, al declarar la injusticia de las sentencias que dictaron los ilegítimos tribunales de la represión. Este motivo no ha sido analizado por la Sala Militar. Y parecía concluyente. Sostener que aquella sentencia carece de vigencia jurídica, como dice la exposición de motivos de la ley, es una constatación simple. El auto debió explicar qué alcance tiene la categoría vigencia, aplicada a la resolución radicalmente injusta de un tribunal ilegítimo, para impedir su anulación. La sentencia debió perder toda vigencia cuando el poeta murió en la soledad y la miseria del penal, hace ahora 69 años a causa, no lo olvidemos, de las condiciones infrahumanas del encierro que el Estado fascista impuso a los presos políticos. Hambre, frío y enfermedades, esa era la dieta para los que no fueron asesinados por las balas del pelotón de ejecución. La vigencia se refiere a la eficacia de un acto en el tiempo y en el espacio. La nulidad es la única manera de hacer justicia al condenado, expulsando la sentencia y estableciendo que nunca debió pronunciarse, como primera forma de reparación de un daño inconmensurable.

La seguridad jurídica vuelve a mencionarse a propósito de las resoluciones de los tribunales de excepción. En la sentencia que denegó la revisión del caso Grimau, fusilado en 1963, la Sala Militar dijo que “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere” y concluyó que “la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó (la sentencia de muerte) por considerarla ajustada a la ley, quedando firme”. Firme sigue y sin reparar el crimen. Valga recordar que la pretensión de mantenimiento de las sentencias del terror es antijurídica, no sólo porque ahora lo diga la ley, sino porque no hay interés que tutelar salvo el honor de las instituciones de la dictadura, un Estado ilegal según el derecho internacional. Nada pinta la seguridad para analizar dicha cuestión, que es de estricta (in)justicia.

Con todo, hay que advertir que si la sentencia sólo perdió la vigencia, es porque mantiene el estatuto de acto del derecho. El problema de fondo es el de una cultura jurídico política que sigue creyendo que la Transición se hizo de la ley a la ley, como alegó el Tribunal Supremo para no tramitar la recusación contra los magistrados que juraron lealtad a la dictadura; una cultura que se resiste a admitir que la instauración de un Estado de derecho ha de representar necesariamente un corte profundo con el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática.

Habrá de esperarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; si no se estimaran las pretensiones de las víctimas, la decencia pública requerirá de una ley, como en Alemania respecto a los tribunales nazis, que anule las sentencias del horror. El daño causado por la condena a muerte del poeta Miguel Hernández sigue sin reconocimiento ni reparación. La presencia de aquellas sentencias infames compromete nuestro presente. Porque no son sentencias, sino crímenes de Estado.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional

Ilustración de Mikel Casal

Público.es

Miguel Hernández y las sentencias vitalicias…

17 feb 2011

El consejo de guerra al que fue sometido Miguel Hernández incluyó medio año de angustia hasta que se le conmutó la pena de muerte por 30 años de reclusión. El Tribunal Supremo ha negado ahora a la familia de Miguel Hernández la posibilidad de presentar un recurso de revisión para anular esa primera sentencia. Con ello, dicho tribunal se atiene a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, evitando que ese caso pueda servir de precedente al de otros miles de sentenciados que sufrieron la misma pena.

Leo que fue especialmente cruel el comportamiento como fiscal de Arias Navarro, “El carnicerito de Málaga”, a quien le bastaba la delación de un adicto al régimen o la de un cura para que un grupo de veinte o treinta personas detenidas un viernes fueran condenadas un lunes sin posibilidad alguna de defensa. Tras unos días en prisión, eran fusiladas en las tapias del cementerio de San Rafael, el mismo lugar donde fueron halladas hasta 18 fosas con más de 250 cadáveres en alguna de ellas.

La justicia en España tiene una deuda con esos miles de víctimas del franquismo y ha perdido dignidad al llevar a los tribunales al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar esos crímenes. Aparte de los asesinados sin ningún trámite, más de 4000 personas fueron fusiladas en la provincia de Málaga tras la celebración de juicios/farsa equivalentes al que condenó al poeta de Orihuela.

Hace algo más de un año firmé en Público un artículo (Miguel Hernández y Franco) en el que señalaba la gran paradoja de que Franco y Miguel Hernández, verdugo y víctima, compartieran el título de hijos predilectos de Alicante, pues una moción del PSOE para que se le retirara tal honor al extinto caudillo fue rechazada por el Partido Popular. Alegó el PP que un nombramiento así era vitalicio y no caducaba.

Lo mismo ocurre con las sentencias y condenas dictadas por razones políticas e ideológicas que la Ley de Memoria Histórica considera ilegítimas, pero no las anula. Sirva la voz de dos de nuestros mejores poetas víctimas de esa barbarie (García Lorca y Miguel Hernández) como mayor testimonio de tal ignominia.

Público.es

Sindicatos, el mundo de la cultura y asociaciones de memoria histórica se movilizan en defensa de Garzón

D.F.

El libro de visitas del Club Internacional de Prensa de Madrid se ha llenado hoy de palabras como memoria o represaliados. Términos incluidos en los nombres de alguna de la veintena de asociaciones a favor de la investigación de los delitos franquistas, que han suscrito la campaña “Solidarios con Garzón”, con la que piden el archivo de las causas contra el juez. Una iniciativa a la que se han sumado los sindicatos UGT y CCOO, partidos como IU, PCE, además de afiliados del PSOE y miembros del mundo de la cultura. Hoy tocaba la presentación de la campaña, y para explicarla, adelantaron parte del manifiesto, leído parcialmente y con dificultades por la actriz Marisa Paredes, que se vio forzada a repetir su actuación hasta en tres ocasiones, al atascársele la palabra “criminalización”. En concreto, el texto denuncia “una persecución de la Sala segunda del Tribunal Supremo” contra el juez. Además, ha habido críticas hacia el PP, del que dicen “pretende que se olvide el franquismo”, y también al PSOE, por, según el poeta Luís García Montero, tener una “postura tímida y poco decidida en la Ley de Memoria Histórica”, pese a que muchos socialistas fueron víctimas de la represión franquista. La campaña será presentada mañana en Barcelona y el sábado 19 en la Plaza Mayor de Madrid, donde miembros de la cultura como Pedro Almodóvar, Pilar Bardem, Tomás Segovia o Fernando León leerán el manifiesto y pedirán al Gobierno que aplique el Convenio Internacional contra las Desapariciones Fozadas, por el que se obliga a los estados a garantizar la investigación de las desapariciones durante las dictaduras. Sobre la dictadura y la guerra civil han querido hablar Gervasio Puerta, miembro de la asociación Ex presos y Represaliados Políticos y Concha Carretero, de la Fundación Trece Rosas. Para el primero, “la verdad no se ha escrito en España y por ello los periodistas deben escribirla con letras grandes”, a lo que Concha responde que “vengo sin rencor pero sin resignación a conseguir la democracia por la que luchamos”. Al respecto se ha expresado también Tomás Segovia, para quien “no se puede hacer una transición desde una dictadura”, sino que hay que “romper con ella”. Afirmaciones que se mezclaban con las declaraciones de un público emocionado, muchos de ellos presos políticos, para quienes “en España más que transición lo que hubo fue una transacción”. La presentación de “Solidarios con Garzón” llega días después de que el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, rechazase la petición de escuchar las conversaciones intervenidas a los imputados del ‘caso Gürtel’ con sus abogados en prisión, tal y como había pedido el magistrado suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional y actual asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. EL BOLETIN.com Garzón plantea su libro como su despedida como juez en España El magistrado, suspendido de sus funciones, presenta ‘La fuerza de la razón’, un alegato de su inocencia ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID 15/03/2011   El escritor Manuel Rivas junto al exmagistrado Baltasar Garzón, ayer en el Círculo de Bellas Artes.. mónica patxot   Baltasar Garzón volvió a demostrar ayer que no es un juez típico. Con tres causas abiertas por prevaricación en el Tribunal Supremo, presentó su libro, La fuerza de la razón, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, como «despedida» de los que quizá «no vea más». Y quiso que esa despedida fuera «no en una sala de justicia, sino en esta sala de columnas«. Arropado por jueces de la Audiencia Nacional, abogados y políticos, como Gaspar Llamazares y Santiago Carrillo este último recibido con aplausos por los asistentes o Juan López de Uralde, líder de Equo, «el magistrado Baltasar Garzón», como quiere que le sigan llamando , aunque esté suspendido de funciones, hizo pública toda una declaración de principios. El magistrado niega haberse apartado de «la verdad, la justicia y la reparación» «Todavía no sé por qué estoy aquí y cómo va a acabar, aunque me puedo hacer una idea según van ocurriendo las cosas. Pero sí estoy preparado para lo que me pueda ocurrir», anunció al comienzo de su intervención, en la que repasó los tres procedimientos seguidos por el Supremo.El libro que presentaba arropado por los suyos, entre los que figuraban representantes de las víctimas de los crímenes franquistas, son sus reflexiones sobre la situación en la que se encuentra. «En esta pesadilla, este thriller, esta novela negra, se ha escuchado muy poco a Baltasar Garzón», afirmó el escritor Manuel Rivas, para explicar por qué era necesaria la larga entrevista que hizo al magistrado por iniciativa de la cineasta Isabel Coixet. Por un accidente «no grave», esta fue la gran ausente de la velada de apoyo al juez de la Audiencia Nacional.El hueco fue llenado con el alegato de Rivas a favor de Garzón, del que dijo que «el proceso de demolición, de deconstrucción» que sufre «es un intento también de demolición de todo aquello en lo que los seres humanos demócratas pueden confiar». De ahí la importancia de esta obra «para contrarrestar a tantos ladrones del lenguaje y manipuladores». Manuel Rivas dice que «en este thriller, en esta pesadilla, no se ha oído al juez» «Justicia cuanto antes» Cuando le llegó su turno, Garzón no defraudó al auditorio. La obra, dijo, «es una denuncia de quien se siente injustamente tratado», aunque él mismo admite que su caso sea incomparable con otras «injusticias», con otras situaciones mucho más graves, como lo ocurrido en Japón, en Libia o «en España no hace muchos años».»Hay unas denuncias y hay que investigarlas y lo único que pido es que esa acción de la justicia se produzca cuanto antes», afirmó en un intento de eliminar esa imagen suya de víctima de una injusticia que presidía el acto, para cederle el protagonismo a las que le llevaron a investigar los crímenes franquistas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos.Tras señalar que hay prensa que «acuchilla con sus noticias» y recordar a un «viejo responsable político» que dijo que «Garzón, cuando más lejos de España mejor», el magistrado aseveró que «nunca» se había «apartado un milímetro» del trinominio «verdad, justicia y reparación».En el caso de la Memoria Histórica, el juez admitió que puede haber varias interpretaciones jurídicas. «Podemos acertar o equivocarnos, pero en ningún caso se puede criminalizar una interpretación del Derecho en crímenes contra la humanidad, como sin duda, sin ninguna duda, fueron los crímenes ocurridos en España desde el 36 hasta bastante entrada la posguerra», aseguró. 75 años después Con el bagaje que le proporciona el haber tenido contacto con muchas víctimas de distintos crímenes contra la humanidad, Garzón insistió en que el Derecho debe darles respuesta a su petición de Justicia. «No sé en qué medida, pero no puede ser vedada o sustraída, por prescripción o por amnistía. Porque no deben quedar desamparadas las víctimas», reflexionó.Respecto a las otras causas abiertas en su contra por el Tribunal Supremo, que «tienen menor impacto en la opinión pública», el juez ni las mencionó. «Una es más técnica y la otra he renunciado a tratar de entenderla», dijo en referencia a la conocida como los cobros que recibió mientras estuvo en Nueva York y la abierta por ordenar las escuchas de los imputados presos en el caso Gürtel, cuando era su instructor.   Público.es

La falta de pruebas dificulta la investigación del robo de niños…

ADOPCIONES ILEGALES.

La Fiscalía comenzó ayer a atender los 261 casos que una asociación ha denunciado en toda España.

Los indicios de la denuncia conjunta presentada ante Conde Pumpido son insuficientes para juzgar a los. culpables

Diego Barcala MADRID 12/03/2011

 

Remedios Toledano, de 78 años, ayer tras testificar al fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid.-EFE

La supuesta red de adopciones ilegales que operó en España durante décadas dejó pocas pruebas que permitan reparar el dolor causado. Fiscales de diversos puntos de España comenzaron ayer a investigar los indicios que apuntan a un robo masivo de bebés en clínicas y hospitales durante más de tres décadas desde 1950, pero que todavía está lejos de convertirse en una causa judicial. Los representantes del Ministerio Público aseguran que la falta de pruebas documentales dificulta tanto llevar a los posibles culpables a un banquillo como conectar a las madres robadas con sus posibles hijos perdidos.

«Hay que tener en cuenta que estos casos eran considerados abortos y no hacía falta registrarlos», explicó ayer a este diario el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón. No obstante, recordó que la labor de la Fiscalía es investigar «a fondo» y luego considerar «si se archiva, ha prescrito o no». Esteban ha coordinado a seis fiscales que durante todo marzo reclamarán pruebas a 84 denunciantes de supuestos delitos similares cometidos en Madrid. «El objetivo es ayudar a estas familias a esclarecer sus sospechas», resumió.

«Casusa impresión y podría ser verdad», reaccionó el fiscal de Castellón

Una de las madres afectadas, Remedios Toledano, de 78 años, despachó con el fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid. «Han comprado bebés como si fueran muebles», aseguró Remedios. Esta mujer fue una de las cuatro personas que comenzaron ayer a construir el caso judicial en la capital. Toledano dio a luz hace 53 años «a una hija sana» en una casa del Auxilio Social en la calle de Serrano en Madrid. «Pregunté por la noche a las enfermeras y no me contestaron. Al día siguiente le dijeron a mi marido que la niña había muerto y se la enseñaron, pero esa no era mía, porque la que enseñaron era un bebé más grande», explicó, informa Efe.

Casos complejos

«Son casos muy complejos pero la labor de la justicia también es ayudar a estas personas que han sufrido durante tanto tiempo», señaló Esteban. La dificultad se basa en la falta de pruebas, como admitieron otros de los denunciantes que acudieron ayer a la Audiencia Provincial. Los hermanos Ángel y Alfonso Casero buscan a su hermano nacido en 1967 en Madrid pero que su madre nunca vio. «La fiscal se ha quedado dudosa», resumieron tras asegurar que tienen pocas pruebas porque no consta ningún documento del nacimiento o la defunción del bebé. «Pido que por lo menos lo investiguen y a los culpables que se les caiga la cara de vergüenza», demandó Ángel.

«Subrayaron que yo era madre soltera», destaca una denunciante

«Algunos de los nombres de los ginecólogos y las religiosas se repiten y habrá que investigar la conexión aunque, de momento, parece difícil que existiera una red en toda España con médicos desplazándose a otras provincias», comentó el fiscal jefe de Madrid.

El fiscal general del Estado ha puesto en manos de una fiscal la coordinación de todas las investigaciones abiertas desde ayer en España. Cumple así con lo que le solicitó la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir) el pasado 27 de enero cuando presentaron 261 casos.

La Fiscalía de Barcelona comenzó ayer a investigar 34 denuncias. La mayor parte, como en el resto de España, son de madres que sospechan que sus hijos fueron dados en adopción sin su permiso. Pero también hay casos aislados de hijos que han descubierto que sus padres adoptivos les robaron en una adopción irregular. Es el ejemplo del presidente de Anadir, Antonio Barroso, de 41 años, que descubrió hace apenas seis años que sus padres habían pagado 200.000 pesetas por él y que le habían engañado sobre su paternidad, como demostró gracias a una prueba genética.

«La fiscal se ha quedado dudosa», afirmaron dos hermanos

Médicos, curas y monjas

Barroso busca ahora a su verdadera madre. «Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no las querían», explicó a Europa Press. En su opinión, el avance de la investigación podría implicar a «médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del Registro Civil e incluso personas de los cementerios».

La Fiscalía de Castellón también comenzó ayer a recapitular testimonios de los afectados. «Se llegará hasta el fondo», afirmó el fiscal Juan Salom. «Esta situación humana que causa impresión podría ser verdad», añadió. Esta Fiscalía investiga cuatro casos. Dos de ellos pertenecen a la denuncia conjunta de Anadir y los otros dos han sido añadidos por otros dos particulares que han decidido llevar sus sospechas al fiscal.

«Algunos nombres de ginecólogos se repiten», advierte el fiscal jefe de Madrid

Las denuncias no son nuevas. El fiscal jefe de Madrid explicó que antes de la de Anadir contaban con una denuncia aislada. De hecho, en Andalucía ya han comenzado a investigarse varios casos vinculados a hospitales concretos de Sevilla y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Historias parecidas

El caso de Felisa Sosa, a quien aseguraron en el hospital Virgen del Rocío (antiguo García Morato) que sus hijas nacieron muertas, fue el primero en llegar a la Fiscalía de Sevilla. «Cuando comencé a escuchar historias parecidas a la mía empecé a atar cabos. Ni yo ni nadie de mi familia vimos a las niñas a pesar de que mi suegra y mi madre se lo pidieron a los médicos, porque mi marido estaba en la mili. Era el año 1977. Hace unos meses fuimos al cementerio y nos dijeron que sólo constaba un feto hembra, aunque luego nos han dicho que dos. Es muy raro. Así que decidimos presentar la denuncia directamente», afirma esta mujer de la localidad sevillana de Utrera, informa Olivia Carballar.

«En el cementerio sólo había un feto hembra», explica una afectada

Felisa, que después se sumó a la denuncia colectiva de Anadir, mantuvo un encuentro con la fiscal jefe, María José Segarra, el pasado enero. Allí, según cuenta, llevó el historial clínico, un legajo de aborto y el certificado del cementerio. Ahora, el número de denuncias asciende a 22 y muchas familias ya han sido llamadas a declarar. «Ya se están investigando los casos, pero nosotros, hasta el momento, no hemos sido informados de nada más», añade Felisa, que hace dos días, junto a una treintena de familias, se hizo pruebas de ADN para cotejarlas con el perfil genético de supuestos niños robados, hoy ya adultos.

Público.es

El agravio comparativo con los familiares de los fusilados

Los fiscales de toda España recibieron la consigna de investigar las denuncias de adopciones irregulares aunque pudieran considerar que se trata de delitos prescritos

D. B. MADRID 12/03/2011 08:00

Exhumación en una fosa.

Los fiscales de toda España reunidos la pasada semana en Sevilla recibieron la consigna de investigar las denuncias de adopciones irregulares aunque pudieran considerar que se trata de delitos prescritos. Algunos fiscales consideran que investigar las denuncias forma parte de su trabajo y que aquella advertencia procedente de la Fiscalía General del Estado era innecesaria.

Sin embargo, al observar algunos precedentes recientes, como las denuncias obviadas por jueces y fiscales de toda España de los familiares de los fusilados en la Guerra Civil y el franquismo, se percibe cierto agravio comparativo. «Parece que pesa más el impacto mediático de un caso que la gravedad del delito», lamenta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

La ARMH lleva diez años exigiendo al poder judicial que se encargue de las pruebas genéticas necesarias para identificar los restos exhumados de las fosas comunes cavadas por los franquistas en cunetas y tapias de cementerios. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, puso a disposición de las familias que denuncian las adopciones irregulares el Instituto de Toxicología para hacer pruebas de ADN.

«El Estado tiene que ayudar a estas personas. Por supuesto. Pero también a nosotros, que tenemos que buscar por nuestra cuenta los laboratorios genéticos para ayudar a gente a la que le queda poco tiempo de vida», reclama Silva, que critica el «doble rasero» de Justicia.

El juez Baltasar Garzón se encuentra procesado por prevaricación por abrir una investigación sobre las fosas del franquismo a sabiendas de que era injusta, tal y como señalan lo jueces del Tribunal Supremo.

Público.es

Un poeta malagueño acusa a Franco por la muerte de Miguel Hernández…

El dictador ordenó dejarlo morir «lentamente» en la cárcel «porque no quería otro Lorca»

EL PLURAL / ANDALUCÍA

El Tribunal Supremo ya ha negado a los herederos del poeta alicantino Miguel Hernández la posibilidad de recurrir la condena que se le impuso en 1939: treinta años de cárcel por adhesión a la rebelión militar. Según argumentó la Sala, ese fallo ya ha sido declarado «como radicalmente injusto» por la sociedad. Pero hay un vate malagueño que no se resiste a que la muerte del oriolano quede sin castigo: Miguel Arance, escritor local, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra Francisco Franco, dictador español desde 1939 hasta 1975, por el asesinato de Hernández

Según publica hoy el diario «La Opinión de Málaga», Garzón pretendía investigar los delitos cometidos por el Caudillo durante la postguerra y no podía dejar de conocer que el ferrolano murió el 20 de noviembre de 1975. Claro que por aquello está acusado ahora de prevaricación, pero el poeta malagueño ha decidido seguir los pasos del magistrado jiennense.

La denuncia: el caudillo ordenó su muerte

En su denuncia, asegura que Franco ordenó el delito de asesinato en la persona de Miguel Hernández Gilabert, quien falleció el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante, tras haber combatido con su pluma a las tropas nacionales que combatieron a la República. Falleció de tuberculosis, tras una penosa estancia en el establecimiento penitenciario, a los 31 años.

Ante la justicia militar

En una declaración judicial ante el juez militar, adjuntada a la denuncia, Hernández relata que se alistó en el Partido Comunista y que luchó junto al Campesino en el frente de Pozuelo de Alarcón. Fue propagandista, como tantos otros intelectuales. En las postrimerías de la guerra, escapó a Sevilla y posteriormente a Portugal, donde fue detenido. Tras breves estancias en dos presidios, fue puesto en libertad para ser internado poco después en la prisión de Alicante.

«No quiero otro Lorca»

El poeta malagueño sostiene en su denuncia que los emisarios de Franco trataron de hacer que Hernández se retractara de lo que había escrito contra el Generalísimo, a lo que éste se negó. Después, el dictador pronunció la siguiente frase: «Muy bien, que se pudra, que se muera lentamente, no quiero otro Lorca».

Asesinato

Ello es calificado por el artista local como asesinato. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía recuerdan que no se puede proceder penalmente contra quien ha fallecido: «Se ha extinguido la responsabilidad penal», lo que rebate Arance recordando que este episodio podría ser calificado como un crimen de lesa humanidad, con lo que jamás prescribiría. «Suplico y pido justicia post mortem para la persona íntegra, honrada, legal que fue Miguel Hernández Gilabert, para que le sea repuesta su dignidad. Fue un luchador por la defensa y la legalidad vigente de la República, elegida soberana y democráticamente por el pueblo español».

«Hay que juzgarlo»

«Sé que la sentencia sólo puede ser post mortem pero no por ello se debe dejar de condenar a Franco por el crimen cometido». En su opinión, el dictador ordenó dejar fallecer al autor de Perito en lunas «sin los cuidados médicos mínimos necesarios». El autor, que ha escrito un libro donde relata su pasión por la vida del escritor, entiende que, pese a la muerte del reo, en este caso Francisco Franco, «hay que juzgarlo, eso no se puede tapar con ninguna ley».

Se archivará

Arance, de 64 años y con dos poemarios publicados, defiende una postura similar a la mantenida por los colectivos de la Memoria Histórica, a los que da su aliento. En cualquier caso, fuentes judiciales explicaron que, casi con seguridad, la denuncia será archivada. «Ruego y pido justicia para que la orden asesina de Francisco Franco no quede impune, sin juicio y sin un justo castigo o sentencia», indica el artista local, quien ha aportado a la causa el famoso proceso 21.001 que significó la reclusión mortal de Hernández.

El Plural.com

Con Franco se reparaba mejor…

Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha declarado tras conocer la negativa del Supremo a revisar la condena a muerte del poeta que la ley de Memoria Histórica es “un disparate”. Razón no le falta. La ley es un quiero y no puedo, un pastiche pensado para no molestar demasiado, que busca reparar a las víctimas del franquismo con una declaración genérica de ilegitimidad de quienes les juzgaban y con un diploma para los represaliados. Impide, como es el caso, que las condenas se revisen y niega la responsabilidad patrimonial del Estado. Todo ello en aras de una pretendida seguridad jurídica, moralmente insostenible.

La dictadura defendía mejor a los suyos. Un decreto de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1940 se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra.  En julio de 1941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña para subsidiar a sus familiares.

Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934”, a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1939 se había aprobado ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración.

Respecto a la localización de víctimas, una orden de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “de cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. En contraste, la democracia se ha tomado más de 30 años para elaborar una ley disparatada y para retirar la última estatua ecuestre de Franco, mientras los muertos siguen en las cunetas.

Público.es

Juan Carlos Escudier

 

El calvario de Garzón…

El Tribunal Supremo teme que el juicio sobre la Memoria Histórica se vuelva en su contra

Política | 06/02/2011 –

La Memoria Viva

El calvario de Baltasar Garzón, al que algunos ya ven como la estrella caída desde el cielo de la justicia a la miseria del delincuente, alcanzará su cenit el día que se siente en el banquillo para ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo, se supone que sin tener derecho para hacerlo. La carrera de Garzón puede acabar en una retahíla de juicios de gran interés, pero el asunto se ha complicado entre las bambalinas de la justicia. La preocupación se instala ahora entre los que tienen que juzgarle.

El asunto preocupa por varias razones: si no se produce un golpe de efecto que cambie el programa, el primer proceso al que se verá sometido Garzón –hay dos casos más que le afectan– será el de la Memoria Histórica, es decir, el de la investigación de los centenares de miles de desapariciones forzosas del franquismo. Esa ponzoña consiste en tener que regresar al más oscuro pasado español en la sala de un tribunal en la que se hablará de la magnitud de una tragedia que, según investigaciones en curso, ya se acerca a las 300.000 personas asesinadas o desaparecidas.

Debe tenerse en cuenta que cuando Garzón se inhibió de la causa, el censo que manejó rozaba los 140.000 nombres, cifra que sorprendió por lo elevada y que, entre otros elementos, fue argumento para poder hablar de genocidio planificado, circunstancia que anularía la amnistía vigente en España que perdona los desmanes de la dictadura. Pero el tribunal se encontrará con una cifra que crece y, además, con nuevos datos que ponen en la picota al régimen anterior. Con esos elementos, será moralmente muy difícil para el tribunal sostener que la amnistía lo cubría todo y que el juez Baltasar Garzón prevaricó al intentar buscar a los miles de desaparecidos causados por una política diseñada por Franco.

El juzgador juzgado. ¿Qué preocupa en el Tribunal Supremo? Pues que el juicio a un juzgador se convierta en un proceso al franquismo y de rebote a los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En ese supuesto, el procesado aparecería como una víctima de la dictadura que en cierta forma representarían los magistrados que le juzgarán. Obviamente es un papel que no apetece representar aunque alguno de los jueces, como el ponente, Adolfo Prego, no oculte vinculación con la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) o publique en la revista del Valle de los Caídos.

Estaba previsto que Baltasar Garzón afrontara el proceso de la Memoria Histórica durante la segunda semana este mes de febrero, pero una recusación de su defensa contra varios magistrados ha causado un retraso de tal suerte que en los pasillos del Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo se habla de mediados de marzo como fecha probable para el juicio con la posibilidad –esperada– por más de uno, de alcanzar abril o mayo para dar tiempo a que Garzón sea juzgado antes por las escuchas de Gürtel. Un cambio deseado.

El efecto del cambiazo. Garzón está también acusado de autorizar escuchas presuntamente ilegales de conversaciones de los presos de Gürtel con sus abogados. Esta causa debe juzgarse después de la Memoria Histórica. Se trata de un juicio muy rápido, tan sólo de una mañana de duración, pues Garzón se ha quedado solo con su acusación, ya que el Supremo no consideró acusar a los policías que investigaban, a las fiscales que intervenían, o al juez que prolongó las escuchas después de Garzón. Así pues, el temor a efectos perniciosos para la justicia española a cuenta del caso de los crímenes del franquismo ha provocado conversaciones entre jueces, calificadas para este diario por las fuentes informantes de “informales, especulativas y de charlas de café entre amigos”, en las que se plantea la búsqueda de una fórmula que permita juzgar a Garzón antes por Gürtel que por la Memoria Histórica.

¿El motivo? Pues si a Garzón le condenaran por las escuchas Gürtel perdería su fuero y el caso de la Memoria Histórica pasaría a un juzgado ordinario de Madrid. Es una obviedad que, si se diera este supuesto, el juicio al franquismo perdería fuelle, pues ya no sería una Sala del Tribunal Supremo del Reino de España la que se las tendría que ver con un proceso con visos de histórico.

En todo caso, el asunto nace enturbiado, dado que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa mientras que las acusaciones particulares son el sindicato ultraManos Limpias y la nostálgica asociación Libertad e Identidad.

Los otros acusadores. El Tribunal Supremo evitó que Falange Española participara como acusación, así como el hijo de Francisco Gómez-Jordana, ministro de Exteriores de Franco durante la Segunda Guerra Mundial.

Apenas ha trascendido, pero el hijo del ministro trató de personarse por injurias contra su padre, como si Gómez-Jordana, que aparece citado en el auto de inhibición de Garzón como uno de los responsables políticos de las matanzas, hubiera sido un hombre ajeno a los desmanes del franquismo inicial. Pero Gómez-Jordana, que llegó a pasar por anglófilo, amigo de Estados Unidos y tolerante tuvo una doble cara pues firmó, el 10 de febrero de 1943, un pacto secreto con los nazis, que –tal como reveló La Vanguardia en verano del 2005– sorprendió a los aliados. Asimismo, Gómez-Jordana, hostigó a los embajadores españoles que salvaron judíos por su cuenta, después de que el gobierno al que pertenecía rechazara por dos veces consecutivas la oferta formal nazi de salvar del holocausto a los judíos de origen español. Este dato histórico, trascendente, fue revelado por La Vanguardia en la serie de reportajes sobre el holocausto publicados entre el 25 de mayo y el 9 de junio del 2008.

La duda: exterminio planificado. La duda histórica que afecta al caso de Garzón es si Franco planeó un supuesto exterminio. Las nuevas cifras de víctimas con las que cuentan los investigadores permiten pensar que sólo un plan explica su magnitud. Pero hay más datos históricos para incluir en el debate y según se interpreten implicarían que Garzón no habría prevaricado. Por ejemplo, Fritz Kolbe, alias Woods, el mejor espía alemán de toda la guerra reveló a Estados Unidos (véase ‘La Vanguardia’ del 19/VII/2005) que el 5 de febrero de 1944 Franco dijo a los alemanes “que se estaba creando una lista de rojos y enemigos del gobierno y que se tomarían medidas extremas para deshacerse de estas personas”. El dato figura en la “Nota secreta serie Boston, número 130”, de la Oficina de Servicios de Estratégicos (OSS). El receptor de la información fue Alan Dulles, director de la futura CIA.

Las cifras. Los investigadores calculan que las desapariciones forzadas en España alcanzan las 300.000 personas. No obstante, por ahora y hasta que su trabajo finalice, hay dos censos a los que ha tenido acceso este diario. Uno, con una relación de víctimas que tiene 2.914 páginas y 126.350 nombres, y otro, algo más completo, de 3.731 páginas con 138.037 nombres. Ambos, obviamente, provisionales.

La Vanguardia vía google noticias

 

Villarejo: «El sesgo franquista pervive en el Supremo»

I. Z. – Valencia – 03/02/2011

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción, no se muerde la lengua. Tiene abierta una causa en la Audiencia Provincial de Madrid por críticas anteriores y a pesar de ello ayer insistió en que «el sesgo franquista pervive en el Tribunal Supremo». Solo así se entiende, afirmó, el proceso que se sigue contra el juez Baltasar Garzón en la Sala Segunda del alto tribunal.

Villarejo participaba en la presentación en Valencia de La solidaridad con el juez Garzón (Páramo), obra colectiva coordinada por el ex fiscal que recoge las reacciones nacionales e internacionales ante el proceso abierto contra el magistrado de la Audiencia Nacional por intentar perseguir los crímenes de la dictadura, así como los autos que dictó antes de tener que dejar el caso.

En una abarrotada sala del colegio mayor Rector Peset (a quien Villarejo recordó como una de las víctimas de la represión) de la Universitat de València, Matías Alonso, portavoz de la plataforma valenciana de apoyo al juez Garzón, recalcó la paradoja de que el magistrado vaya a ser «el único juzgado en setenta y tantos años por los crímenes del franquismo». «No se puede aceptar la autoamnistía», añadió el juez José María Tomás i Tío, «hacer justicia es el más fundamental de los derechos humanos».

El País.com (Edición Comunidad Valenciana)

Fotografía del Juez Villarejo en un acto de apoyo a Garzón, del archivo de Público.es

El Supremo cree que los magistrados que juzgarán a Garzón pueden estar ‘contaminados’

El TS tramita la recusación de cinco magistrados, que resolverá la Sala del 61

03/02/2011

Baltasar Garzón.PUBLICO ELOY ALONSO

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El Tribunal Supremo ha admitido parcialmente a trámite las recusaciones presentadas por Baltasar Garzón contra cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, a los que acusa de falta de imparcialidad en la causa por su investigación de los crímenes del franquismo.

Así se señala en el auto dado a conocer este jueves por el instructor de las recusaciones, el magistrado Julián Sánchez Melgar, que ha estimado parcialmente la petición de Garzón para no ser juzgado por Juan Saavedra Ruiz, Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Sánchez Melgar ha decidido admitirla parcialmente a trámite porque considera que puede existir algún tipo de contaminación en los magistrados que van a formar en principio la sala que juzgará a Garzón, según explicaron a Servimedia fuentes del Alto Tribunal.

La contaminación podría haberse producido por la participación de los cinco magistrados recusados en aspectos puntuales de la fase de instrucción, en concreto en tres autos dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El juez desestima que los magistrados hubiesen mostrado un interés indirecto en la causa

Garzón presentó el pasado 17 de diciembre un escrito de 44 folios ante el Alto Tribunal con el que recusó, además de a Saavedra, a los magistrados de la Sala de lo Penal Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

El juez, suspendido cautelarmente, aseguraba en el escrito que estos magistrados no pueden participar en el juicio que se celebrará contra él por «haber mostrado un interés indirecto en la causa» y por «haber participado en la instrucción».

El instructor admite a trámite las recusaciones por este segundo motivo, mientras que desestima el primero de los argumentos, en el que Garzón aseguraba que los magistrados habían mostrado un interés indirecto en la causa. Esta es la misma postura que defendió la Fiscalía en el informe que presentó la semana pasada sobre las recusaciones.

El magistrado Sánchez Melgar ha dado diez días a las partes -la defensa de Garzón, la Fiscalía y la acusación ejercida por Manos Limpias y Libertad e Identidad- para que presenten las pruebas que consideren oportunas. Una vez transcurrido este plazo, el incidente de recusación será elevado a la Sala del 61, el órgano especial del Alto Tribunal que se encargará de resolver definitivamente el caso y decidirá si aparta o no a los cinco magistrados.

Garzón se encuentra a las puertas de ser juzgado por su investiación de los crímenes del franquismo, una causa en la que Manos Limpias y Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación para él, al acusarle de un delito de prevaricación. El único trámite que quedaba pendiente era que el Alto Tribunal señalase fecha para la celebración del juicio.

Público.es

La Fiscalía del Estado rechaza abrir una investigación nacional por el robo de niños…

Conde-Pumpido cree que las fiscalías provinciales deben analizar caso a caso.

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 02/02/2011

Familiares de niños robados concentrados ante la Audiencia Nacional el pasado 27 de enero.- ULY MARTÍN

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no abrirá una investigación sobre los 261 casos de robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) dejó sobre su mesa la semana pasada, según fuentes de la fiscalía.

Cándido Conde-Pumpido Tourón

Considera que no hubo un plan sistemático en todo el país

Pumpido cree que el robo de niños no obedecía a un plan sistemático a nivel nacional, y que los posibles implicados no están relacionados entre sí, por lo que es partidario de que cada fiscalía territorial analice los casos denunciados provincia a provincia. La denuncia presentada la semana pasada recoge posibles robos de niños en todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria. Madrid y Andalucía son las que tienen un mayor número de casos documentados.

El modus operandi, sin embargo, si coincidía en casi todos los robos, como los testimonios de las madres que han denunciado el robo de sus hijos y que repiten, desde distintas ciudades, que en las clínicas en las que dieron a luz les dijeron que su bebé había muerto, que ellos se encargaban de todo y que era mejor que no lo vieran porque estaba deformado o muy deteriorado.

El fiscal general del Estado no se pronunciará sobre la posible prescripción de los delitos denunciados: falsificación en documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo), secuestro y detención ilegal, y dejará en manos de los fiscales territoriales esa interpretación.

La denuncia que Anadir presentó en la Fiscalía del Estado incluía un listado de las pruebas que podría aportar a los fiscales provinciales, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; de un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; de una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y de otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.

Anadir aún no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la Fiscalía. No obstante, el abogado de la asociación, Enrique Vila, asegura que si Pumpido decide enviar los casos a todas las fiscalías, «será un éxito, porque ese era precisamente nuestro objetivo, que se abrieran por toda España investigaciones como las que ya ha abierto la Fiscalía de Cádiz».

En caso de que no se abran esas investigaciones, por considerar los fiscales que los delitos han prescrito, Anadir piensa acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El País.com

Nota de la Redaccion de La Memoria Viva:

Al conocer esta noticia, nuestro amigo y colaborador Francisco González de Tena nos envía el siguiente comentario :

TIRAR PIEDRAS CONTRA EL PROPIO TEJADO PRODUCE GOTERAS

 ¡Y luego nos quejamos de la falta de eficacia de la Justicia!  Para poder adelantarse un poco a los acontecimientos no hace falta ninguna bola de cristal, basta con observar atentamente los movimientos de los estrategas.  Advertí en un artículo mío anterior que Garzón, a pesar de ser una pieza importante (por su significación jurídica y simbólica) no era ni mucho menos el objeto principal del pulso a la Justicia, y su dignidad, por parte de grupos muy bien situados de poder real, dentro y fuera de la judicatura. Y también mostraba mi preocupación por el efecto negativo que una clara división entre los grupos de víctimas por enfoques contrapuestos con la excusa ideológica y la pervivencia, o no, del llamado franquismo sociológico.

 Hoy hemos tenido la respuesta a mis preocupaciones. Conde-Pumpido ha usado con total contundencia la excusa que los entusiastas de “médicos carentes de ética, y otro personal vinculado, se limitaron a robar a título individual, sin la más mínima posible vinculación a componentes ideológicos”. En otras palabras, no existe para estos observadores –además, miembros de plataformas de afectados– ningún dato que pruebe que la impunidad de que han disfrutado (y siguen disfrutando) estos delincuentes pueda enmarcarse ni de lejos en una continuidad del franquismo sociológico. 

 Tenemos, pues, un cortafuego perfecto para impedir que esta llegada masiva de casos por la puerta falsa de la Audiencia Nacional pudiese ofrecer, siquiera de lejos, un elemento a la defensa legítima del magistrado Garzón. Blanco y en botella.

 Creo que los entusiastas de la teoría “puramente de intereses económicos” tienen muy poco de lo que enorgullecerse.

 Francisco González de Tena

1 de febrero, 2011