octubre | 2022 | La Memoria Viva

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, PUBLICADA EN EL BOE, el 20/10/2022. En vigor a partir del 21/10/2022. https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/20

octubre 20, 2022

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17099 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
FELIPE VI , REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el
siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria
democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para
neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El
firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo
ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.
Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y
desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos
hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente
importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme
potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión,
diferencia y enfrentamiento. Por eso, la principal responsabilidad del Estado en el
desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora,
inclusiva y plural.
Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar
las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión
social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia
intolerante y fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para
fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes
de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o
antidemocráticas que crecen en su seno.
La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico
más significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores
democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y
constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de
nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de
los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un
deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los
valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria
con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron
sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura
franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un
inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La
historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El
conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de
nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre
nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.
II
Esta ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y
colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las
libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática que
surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. A lo largo de todo el siglo XIX y
gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la
implantación de un sistema democrático en nuestro país, en los mismos términos que se
estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno. Constituciones como la
de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto
momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad.
Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente
interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos,
tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la
Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue
interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de
unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos
Gobiernos, que intervinieron en territorio español y que fue identificada por la República
Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva,
que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras como
Italia, Alemania o la Unión Soviética y la política de no intervención de las principales
potencias occidentales. De esta manera, la Guerra de España sería prólogo de las
agresiones a otros Estados que posteriormente serían juzgadas y condenadas por el
Tribunal de Núremberg, conforme a la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ha pasado a formar parte del moderno
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de
la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los
hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se
cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se
estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición
política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo
de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración,
trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo
una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho
inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror
impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia
democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.
Frente a esta experiencia histórica, esta ley tiene un doble objetivo. Por un lado,
pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de
todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios,
fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron
llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático
de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones.
Por otro lado, esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de
la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un
derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el
establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la
repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo….