Los juzgados ni siquiera llaman a declarar a los familiares. Estas son algunas de las historias que los juzgados han preferido no escuchar.
PERE RUSIÑOL / DIEGO BARCALA / ÁNGEL MUNÁRRIZ MADRID/SEVILLA 30/05/2010
Claudio Sánchez Salset.
El Tribunal Supremo ha apartado a Garzón, y 26 de los 46 juzgados españoles que ‘heredaron’ su causa han archivado ya los casos. Pero nadie ha podido borrar las historias que motivaron las denuncias. Las familias empujan para localizar los restos de las víctimas, exhumarlos y tratar que se haga justicia y que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Los juzgados ni siquiera llaman a declarar a los familiares de las víctimas. Estas son algunas de las historias que los 26 juzgados han preferido no escuchar.
Claudio Sánchez. El alcalde que quiso quedarse con su gente
Llegó a alcalde de su pueblo, Arroyo de San Serván (Extremadura), y los fascistas no sólo le mataron: quisieron arrancar su nombre de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. La familia de Claudio Sánchez Salset, fusilado a los 40 años el 19 de septiembre de 1936, sigue esperando el acta de defunción, un registro, un papel.
Todo el mundo sabe ya que los restos no se encontrarán. Su propio hijo, entonces con 14 años, fue a buscar leña y se encontró con los zapatos y calcetines del padre, junto a sus restos, devorados por la jauría. Aquel mismo día, el chico mismo fue detenido y vejado por falangistas. Claudio, ebanista y militante del PSOE, era concejal cuando estalló la guerra. El alcalde huyó y él lo sustituyó: quiso quedarse con su gente.
Su bisnieta, Libertad Sánchez, cuenta que tras el golpe de Estado contra la República, «los falangistas locales fueron encerrados en la Casa del Pueblo y algunos exaltados querían matarlos». «Mi bisabuelo fue de los que lograron disuadirlos de esta atrocidad recalcando que eran vecinos, que tenían familias y que no se podía matar a las personas por su ideología», explica Libertad. Y añade: «Muchos le dijeron: ‘Aquellos a los que salvas hoy, mañana te darán muerte». Y así fue.
Tras la muerte, el acoso a la familia, el robo de sus pertenencias, el saqueo permanente. Y la presión para que la viuda, Isidora, firmara el acta de defunción de Claudio, donde tenía que reconocer que su marido había fallecido por muerte natural en su casa. No lo hizo y las represalias continuaron durante décadas, implacablemente.
El ex alcalde que sirvió al Estado y nunca abandonó a los suyos sigue sin existir para la España democrática de 2010. Libertad y toda su familia sigue a la espera del acta de defunción.
Es ella, la bisnieta, quien ha ido a los tribunales: se niega a aceptar que en 2010 el Estado mantenga borrado el nombre de Claudio Sánchez Salset y de los 4.000 fusilados en Mérida.
La Audiencia Provincial de Badajoz ya ha sepultado sus esfuerzos y el de las asociaciones de memoria. Eso sí, archivó tras loar el «indudable interés histórico y antropológico» de su propósito.
Jerónima Blanco. «Jugaron al tiro al plato con su hijo pequeño»
Los falangistas acudieron como cada noche a casa de Isaac Cabo para detenerlo por ser un sindicalista buscado. Su mujer Jerónima, embarazada de 6 meses, y su hijo Fernando aseguraron que no estaba desde el interior del hogar. A las tres de la mañana, los pistoleros perdieron la paciencia y rompieron la puerta a culatazos de fusil. Sacaron a la calle a Jerónima y la asesinaron a tiros. «La vecina de enfrente pudo verlo todo a través de la ventana y siempre me contó cómo al niño lo tiraban al aire y lo tiroteaban como si fuera tiro al plato», relata Abel, el sobrino nieto de Jerónima.
La fuente principal con la que ha contado Abel para recuperar los detalles de la muerte de Jerónima ha sido la memoria de su abuela Amalia y los recuerdos de la vecina que presenció la masacre. «El único que ha intentado hacer algo en este país para saber qué pasó ha sido el juez Baltasar Garzón y mira los palos que le están cayendo», señala el familiar.
Tras el archivo del juzgado de Ponferrada, Abel se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para tratar de exhumar los cuerpos de Jerónima y Fernando. «Estaban en la parte de atrás de la finca donde estaba la casa donde los mataron. Recuperamos incluso la medallina del niño», cuenta.
La ARMH entregó los restos analizados genéticamente de Jerónima y Fernando a la familia de Abel el pasado febrero. «Una semana después del entierro, como si fuera el destino, murió mi abuela Amalia, que pidió que la enterráramos con Jerónima y el niño. Y eso hemos hecho», explica Abel.
El único homenaje público que recibieron estas víctimas fue una calle en León con su nombre. La calle de Jerónima Blanco y Fernando Cabo está situada en la misma vía de la ciudad donde fueron fusiladas miles de personas durante la represión desatada tras el golpe de Estado de 1936. Entre los que murieron allí está registrada la muerte del capitán
Lozano, abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se mantuvo fiel a la legalidad republicana. Abel lamenta que el Ayuntamiento de Ponferrada (PP), donde está el lugar del delito, no contribuyera al homenaje.
Rufino Balbás. Quedó libre, pero los falangistas lo asesinaron
Rufino Balbás nunca escondió su militancia: fue un miembro destacado de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, en la provincia de Burgos. Por esto los falangistas se ensañaron con él.
El día después del golpe, una quincena de fascistas le fueron a buscar a casa y se lo llevaron en camioneta. Se volvió a saber de él el 27 de julio, en la prisión provincial de Burgos. Pero para sorpresa de los más exaltados, el 19 de agosto quedó libre y sin cargos.
Y aquí volvieron los falangistas, a terminar lo que habían empezado: lo localizaron en el autobús que le llevaba de regreso a casa y se lo llevaron a Villarcayo, a una escuela que habían convertido en prisión. Esa misma noche fue fusilado, junto a otros republicanos, y enterrado en una fosa en la cueva de Humarraña, en Merinidad de Montija.
En junio de 2009, meses antes de que Falange se querellara contra el juez Baltasar Garzón, activistas del Foro por la Memoria encontraron restos humanos en la cueva. Ahí estaba la hija, de 90 años, con la esperanza de dar sepultura digna a Baltás. Y llegó la jueza de guardia, Eva Cevallos. Según el Foro de la Memoria, todos tuvieron que soportar «un comportamiento insultante. La jueza se mofó del trabajo que hacíamos con sarcasmos y risas».
El auto de archivo llegó muy poco después. Sin ni siquiera diligencias, pese a los restos encontrados. Y ya firmado por el juez titular.
María Labarga. Una madre que aún busca a su verdadera madre
María Labarga, de 42 años, siempre dudó de que su madre fuera realmente su madre. Y poco después de dar a luz ella misma, empezó a investigar.Primera sorpresa: la dirección de Tortosa donde consta su nacimiento es una pensión y la dueña de siempre dice que allí nunca nació nadie.
Segunda sorpresa: la hija de la dueña de la pensión aparece en las fotos del bautizo. Ante la evidencia, balbucea «nerviosa» excusas sin sentido, cuenta Labarga. Más sorpresas: la comadrona que certificó el parto admite que no lo atendió y que firmó porque se lo pidió una amiga comadrona, ya fallecida. Por si fuera poco, todos los que aparecen en las fotos del bautizo resultan ser parientes de la comadrona fallecida.
Los historiadores estiman en miles los niños fueron robados por el régimen franquista, ya sea para reeducarlos o simplemente con fines lucrativos. Pero al juzgado de Burgos no le interesan las sorpresas que descubrió Labarga.
Juan Bort. «Mi abuela intentó evitar que se lo llevaran»
Nacido en Rociana del Condado (Huelva) alrededor de 1907, Juan Bort Picón, tonelero de profesión, murió fusilado el 7 de septiembre de 1936 en un lugar aún por determinar.
«Los falangistas lo montaron en un coche y lo llevaron a Almonte. Su esposa intentó evitarlo poniéndose ante el coche, pero le dijeron que igual les daba matar a uno que a dos. Fue asesinado porque era un comunista más o menos destacado», cuenta su nieto Francisco Palomo, de 42 años. Dejó a su muerte una esposa embarazada, Carmen Padilla, que al poco tiempo alumbró una niña, Juana Bort Padilla, de 73 años ahora, y en cuyo nombre continúa luchando Francisco Palomo. No es fácil. Toda la familia tiene dudas entre si está enterrado en La Palma o en Niebla.
«Mi abuela siempre dijo que era en La Palma, aunque no podemos saberlo. Es sobre todo una lucha simbólica», asegura. La forma de saberlo, dice, es investigar ambas fosas. «Pero no podrá ser. Se han archivado los dos casos», asegura Palomo, que aún confía en la vía administrativa.
El juzgado de La Palma, apoyado por la fiscalía, archivó la investigación. La Asociación Andaluza de la Memoria Histórica lo recurrió ante la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso con los mismos argumentos que el juzgado: la prescripción del delito. El juzgado de Moguer tampoco investiga la fosa de Niebla.
Luisa Muñoz. «El cura la denunció por un lío en la procesión»
«Poco antes del 18 de julio se encaró con el cura de Santa Amalia en Semana Santa y le recriminó su vestimenta porque incumplía una especie de orden del Gobierno republicano. Eso bastó para marcarla porque fue el mismo párroco el que la denunció».
Esa versión es la que Pedro Díaz, de 63 años, tiene de la muerte de su suegra, Luisa Muñoz, tiroteada hasta la muerte junto a su hijo de 17 años, José Cerrato, en 1936.El hijo de Muñoz fue herido por los falangistas cuando trataba de requisar trigo de una finca por orden de la República. Fue llevado a un hospital de Mérida y cuando se recuperó volvió junto a su madre Luisa al pueblo, que ya había sido tomado por los golpistas.
Llegando a pie por un camino a Santa Amalia, los falangistas les asaltaron, mataron y enterraron junto a un camino.El mismo cura que denunció a Luisa bautizó años después a sus hijos supervivientes e incluso llegó a casar a Pedro. El yerno de Luisa lucha ahora para que la propietaria de la finca donde está enterrada junto a su hijo permita la exhumación de sus restos.
«Se niega en rotundo porque dice que a ella le mataron los rojos a un familiar. La diferencia es que ella pudo recuperar el cuerpo y ahora no permite que los demás hagamos exactamente lo mismo. Y eso que han pasado 70 años», explica resignado Pedro.
Familia Tornero. «Enterraron a mi familia como si fueran perros»
Los pistoleros de Falange se ensañaron en el verano de 1936 con la familia de Lucio García Tornero. “Asesinaron a mi abuela Florentina, a dos de mis tías y a otro tío”, explica este extremeño de 67 años. “Todos eran jornaleros del campo, todos analfabetos. No sé qué compromiso político tuvieron, pero seguro que mi abuela no pertenecía a ningún partido”, reivindica.
Las mujeres de la familia Tornero Quintana sufrieron la peor de las represiones. “Las detuvieron, las sacaron a barrer las calles, les raparon la cabeza y les dieron aceite de ricino”, explica Lucio. Todo el pueblo pudo ver la humillación de sus tías y su abuela, que además fueron puestas a recolectar yerbajos en los bordes de los caminos.
“En el caso de mi familia, fueron los propios falangistas del pueblo los que se encargaron de fusilarlas. Y encima no lo hicieron de madrugada como en otros asesinatos sino que lo hicieron a plena luz del día. Mi familia vivió siempre en el pueblo conviviendo con los verdugos que los enterraron como perros y ahora no nos han dejado llorar”, lamenta.
Lucio sólo ha podido sacar una conclusión de la reconstrucción histórica del drama familiar: “Los falangistas buscaban lo que les pidió el general Mola, sembrar el terror haya donde hubiera enemigos. Si no, no se explica”
Arsenio Fuertes.»Sólo era secretario municipal, no era político»
Arsenio Fuertes era un simple secretario municipal de La Robla (León) que cumplía estrictamente con su función pública. “El ayuntamiento estaba en manos de la CEDA y había un auténtico despilfarro. Mi tío no pertenecía a ningún partido pero denunció el asunto al gobernador de León y eso le pasó factura tras el golpe de 1936”, explica Lourdes Morete, de 51 años de edad.
Arsenio, a sus 56 años, fue llamado a presentarse en el cuartel de la Guardia Civil. “De ahí no salió. Le dijo a mis tías y mi abuelo que no se preocuparan que él no había hecho nada”, destaca Lourdes. La represión en La Robla se llevó por delante al farmacéutico, al médico y demás personas destacadas del pueblo. La familia Fuertes, entre las que había dos maestras emigraron al Bierzo.
Lourdes Morete consiguió encontrar el pasado 4 de febrero sus restos, pero no ha podido identificarlos por su mal estado debido a la acidez del terreno y la humedad. “Conseguimos encontrar el lugar exacto de El Rabizo donde fueron enterrados porque encontramos el valioso testimonio de un hombre que estaba esos días haciendo el servicio militar en la zona. Al parecer presenció el enterramiento. Incineraremos juntos a todos los que fueron asesinados”, explica.
Público.es
Escrito por jordicarreno 
La subsecretaria del Ministerio de Cultura ha presentado hoy el proyecto de difusión del patrimonio documental sobre las víctimas de la guerra y represaliados del Franquismo. Este portal se constituye como un «memorial virtual» en el que se pueden consultar los nombres de aquellas personas que sufrieron la conculcación de sus derechos fundamentales desde 1936 hasta 1977.
La Memoria Viva 