
El general Pizarro, abuelo del diputado del PP, ejecutó la matanza.
Los cuerpos de 12 republicanos fusilados por la Guardia Civil en 1947 y enterrados en una fosa común en la sierra de Gúdar (Teruel) reposan desde ayer en paz.
La Asociación Pozos de Caudé, que se encarga de recuperar la memoria de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura en la provincia de Teruel, entregó ayer en la pequeña localidad de Aliaga los restos de estas víctimas a sus familiares.
En un homenaje celebrado en el Ayuntamiento, los descendientes de estos represaliados también recibieron un informe forense, en el que se detalla todo el proceso de identificación de los cadáveres, que ha resultado largo y laborioso debido al mal estado que presentaban los cuerpos.
«Hemos perdonado, porque no queda otro remedio, pero es algo que no se puede olvidar porque sería un acto de bajeza y de cobardía. Forma parte de nuestra historia y, por muy dura que sea, no se puede perder en la memoria», explicó Isidro Guía, quien fue alcalde del PSOE en Andorra (Teruel) durante 20 años y senador en dos legislaturas.
Fue él quien, después de una búsqueda que duró 55 años, localizó la fosa de Gúdar donde se hallaban enterrados cuatro familiares suyos. Gracias a su tesón y a una investigación paciente y constante que comenzó en 1947, cuando aún era adolescente, fue posible encontrar el lugar donde la Guardia Civil asesinó a 12 vecinos de la zona, acusados de colaborar con los guerrilleros antifranquistas, también llamados maquis.
Este sangriento episodio está documentado por numerosos historiadores y expertos en el tema.
Tiro en la nuca
El 28 de septiembre de 1947, un grupo de guardias civiles al mando del general Manuel Pizarro Cenjor (abuelo del diputado del PP y ex presidente de Endesa Manuel Pizarro) encarceló, torturó y fusiló a 24 hombres acusados de ayudar a los maquis.
Primero fueron trasladados a la casa cuartel de Alcalá de la Selva, donde fueron torturados y vejados. Después, ya malheridos, los dividieron en dos grupos: la mitad fueron enviados a Mora de Rubielos y la otra mitad a Gúdar. Todos ellos, excepto uno que logró escapar, fueron asesinados y rematados con un tiro de gracia.
Los guardias colgaron los cadáveres en un pinar para asustar a la población
Una vez muertos, los guardias los colgaron en un pinar para asustar a la población. Fueron enterrados en dos fosas comunes en medio del monte. Once cadáveres permanecen aún hoy en la fosa de Mora de Rubielos. La otra tumba, en Gúdar, fue descubierta por Isidro Guía en 2002. Junto a los esqueletos se encontraron casquillos y balas de pequeño calibre. Fue en 2006 cuando se procedió a exhumar los cadáveres que ayer recibieron sepultura.
«Fue todo por venganza», recuerda el presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez. Pocos días antes de la matanza, una partida de los maquis ocupó Gúdar, donde mataron a ocho personas, entre ellos tres niños, para vengar la muerte de la mujer de un guerrillero.
La respuesta de la Guardia Civil y el Ejército fue inmediata y terrible: por cada víctima de los maquis serían asesinadas tres personas. «Detuvieron a 24 hombres bajo la acusación formal de colaborar con la guerrilla, pero no pudieron demostrar nada.
El único objetivo de las autoridades franquistas era aterrorizar a la población y darles a entender lo que les podía ocurrir si ayudaban a la gente del monte», relata Sánchez. No hubo juicio, ni consejo de guerra ni ningún otro tipo de proceso penal. «Les tocó a ellos por el simple hecho de ser militantes de izquierdas y defensores de la causa republicana. Sin más», cuenta un familiar. La mayoría de los muertos eran mineros, pero también había maestros, practicantes o masoveros.
Han pasado 62 años desde que se cometió aquel crimen. El silencio se impuso en los pueblos y, aún hoy, son muchos quienes prefieren ni oír hablar de aquel suceso. Los amigos y familiares de las víctimas se acostumbraron a vivir con el miedo sobre ellos. Tanto, que muchos emigraron a las ciudades por temor a posibles represalias. Mientras, los verdugos y los delatores de los fusilados gozaron de una impunidad total.
Fuente: Público.es. RAMIRO VAREA – Madrid – 31/05/2009 .
EL GENERAL PIZARRO Y EL MAQUIS TUROLENSE:
Ante el creciente auge de la actividad guerrillera antifranquista en la provincia de Teruel, el régimen designó el 28 de julio de 1947 al general Manuel Pizarro Cenjor gobernador civil de la misma. Pizarro llegó a Teruel con el mandato expreso de Franco de sofocar el movimiento guerrillero, al igual que ya había hecho antes en las provincias de León y Granada. De este modo, Pizarro asumió plenos poderes civiles y militares ya que, además de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, cargo que ocupó hasta 1954, era también Jefe de la V Región de la Guardia Civil. Manuel Pizarro, estrecho colaborador del Franco, razón por la cual se vanagloriaba de ser de los pocos que podían llamar con familiaridad (y en su presencia) “Paco” al dictador, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Recuerdo que me contaron como, en cierta ocasión, Pizarro ordenó a un funcionario de un municipio de la sierra de Cucalón que se comiese en su presencia un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia dado que el general-gobernador le reprochaba haber incumplido una de sus disposiciones en él publicadas. Pero mucho mas duro fue Pizarro en la lucha contra el maquis. Unos meses antes de su nombramiento como Gobernador de Teruel, el régimen había aprobado el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (18-IV-1947). Recordemos también que una Circular de la Dirección General de Seguridad (11-III-1947) prohibía expresamente utilizar el término de “guerrilla” o “guerrillero”, ordenando que se emplease el de “bandolerismo” o “bandolero”. Estas circunstancias van a ser utilizadas por Pizarro para, investido de plenos poderes, y tras militarizar todo el territorio provincial considerándolo “zona de guerra”, iniciar lo que Mercedes Yusta define como “una guerra personal contra el maquis”, a los que el general llamaba despectivamente “forajidos”. Pizarro que, en su “cruzada” particular contó con el apoyo de numerosos contingentes de la Guardia Civil, y, también de la Policía Armada, voluntarios de Falange y somatenistas, intentó controlar los refugios naturales de la guerrilla, esto es, las serranías. Para ello, ordenó el desalojo de todas las masías para así cortar el apoyo y los suministros al maquis, utilizó nuevas tácticas de contraguerrilla (guardias disfrazados de maquis que roban y torturan indiscriminadamente) y de “tierra quemada” (quema de cosechas) para así minar los apoyos civiles al maquis. Igualmente, bajo su mandato se vivió una situación de auténtico terror entre la población sospechosa de simpatizar con la guerrilla utilizando métodos de enorme dureza: las palizas, los fusilamientos simulados para lograr confesiones, el envenenamiento de víveres o la implacable aplicación de represalias y de la fatídica “ley de fugas”, fueron frecuentes. Además, como testigos mudos de tanto sufrimiento, ahí quedaron nuevas fosas comunes, como las existentes en Alcalá de la Selva, Mora, Monroyo, Civán y otros lugares de triste recuerdo. La ofensiva de Pizarro se inició el 9 de agosto de 1947 con el ataque, mediante un bombardeo con morteros y el posterior incendio del pinar en que se refugiaban, del campamento guerrillero de La Cerollera, en el que tenía su base de operaciones el Sector 17 del AGLA al mando de Angel Fuertes (“Antonio”). Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Guardia Civil asaltó el campamento del maquis en Monte Camarracho, cercano a Cabra de Mora y, dos días después, el objetivo fue el campamento-escuela del Sector 11 del AGLA de monte Rodeno, situado en el término de Valdecuenca. Aunque en 1948 tuvo lugar la llamada “ofensiva de primavera” del AGLA, ésta se hallaba muy debilitada por la acción represiva de Pizarro. No obstante, el maquis mantuvo una cierta actividad hasta finales de 1949, fecha en la cual murió cerca de Alcañiz Pelegrín Pérez (“Ricardo”), máximo responsable del AGLA, y el 7 de noviembre era asaltado el importante campamento de Santa Cruz de Moya, localidad conquense convertida en la actualidad en un auténtico memorial de la lucha guerrillera antifranquista. Nuestra provincia de Teruel, que tanto sufrió durante la guerra civil, así como con la represión de posguerra y el período del maquis, donde la huella del general-gobernador Pizarro quedó marcada a sangre y fuego, tiene todavía una deuda pendiente con todos aquellos tenaces combatientes antifranquistas, con aquellos guerrilleros, unos conocidos, otros anónimos, con todos los enlaces civiles que, en circunstancias bien difíciles apoyaron su lucha por intentar abrir nuevos horizontes de libertad y de progreso social para España. En este sentido, además de iniciativas personales, familiares y asociativas, resulta importante destacar el marco legal que, pese a sus limitaciones en otros aspectos, abre la nueva Ley de la Memoria Histórica. También es justo destacar algunas iniciativas de instituciones municipales, comarcales o autonómicas para recuperar con dignidad esta página de nuestra historia turolense. En este sentido, diversas actuaciones del Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón han asumido este deber cívico y moral y han abierto horizontes nuevos en lo referente al compromiso institucional con este amargo capítulo de nuestra historia colectiva que durante tanto tiempo pretendió ocultarnos (o tergiversar) la derecha sociológica y política. José Ramón Villanueva Herrero (Diario de Teruel, 11 enero 2008)