Manifestación este domingo 29 01 2012, a las 12h, en apoyo al Juez Garzón y contra la impunidad de los crímenes del franquismo.
enero 26, 2012AUDIENCIA PÚBLICA EN EL TRIBUNAL SUPREMO
enero 26, 2012Algunos compañeros me han animado a publicar en el círculo más próximo una breve nota, conocedores que he asistido tanto a las tres jornadas de la audiencia pública de la pasada semana como a la celebrada hoy contra el magistrado Baltasar Garzón. La prensa de mañana será mucho más extensa y con toda seguridad más exacta, pero eso no me impedirá volcar unas rápidas impresiones de lo que ha sido un enjuiciamiento inicuo, en tres fases bien coordinadas, que nunca debió producirse en un estado de Derecho.
Comenzó la primera sesión por los crímenes del franquismo con una exposición de las cuestiones previas. Destacar que en esa intervención de Martínez-Fresneda ha tocado dos temas de interés: la descripción de la chapucera intervención del magistrado Luciano Varela, en su papel de instructor (y por demostrado reconvertido en asesor jurídico descarado de los dos grupúsculos de extrema derecha que acusan), y la queja por el rechazo reiterado a todas las pruebas requeridas por la defensa. Las dos actuaciones ha señalado el abogado defensor conducían al mismo resultado: una situación de clara indefensión de Baltasar Garzón. En base a esos dos principios, más la solicitud de una segunda instancia que no está actualmente reconocida para los procedimientos abreviados en el Tribunal Supremo (como es este caso), la defensa ha solicitado el archivo de la causa por concurrir en otros defectos insalvables.
El abogado de la acusación popular puso en evidencia cual será el punto central de su actuación: reclamar que sólo se tenga en cuenta la legislación española, aduciendo que es el único marco que ellos reconocen y en el que ha sido sustanciado todo el proceso. En una muestra de las aguas carcundas en las que esta tribu del Valle de los Caídos está empeñada en navegar contra corriente fue su referencia sorprendente al Derecho Romano ¡y hasta se remontó a Heródoto!, cuya actividad poco documentada se centró hace dos mil quinientos en la Historia oral y no en el Derecho. Ni una sola mención a la Ley de Amnistía de 1977.
La contundente exposición del ministerio público, representado por el Fiscal de Sala Luis Navajas, ha desarmado los argumentos expuestos y los intuidos de la acusación. Ha descrito paso a paso la funesta intervención del magistrado Varela llegando a afirmar que “no se ha evidenciado que de la actuación de Garzón se haya derivado daño alguno para los querellantes (el pseudo sindicato “Manos Limpias” y la fantasmal asociación “Libertad e Identidad”) y sin embargo la actuación del magistrado Luciano Varela sí ha tenido unos efectos devastadores para el magistrado Garzón”. Terminó pidiendo, en nombre del ministerio público el archivo inmediato de la causa.
A estas alturas de ambos procesos la conclusión más grosera e inmediata de los hechos expuestos en las sesiones es que no existe en ninguna de las dos causas unos perjudicados que justificasen ni de lejos las querellas que dieron lugar a estos juicios. Las causas que podrían motivar una admisión a trámite justa son tan débiles que no soportan un mínimo juicio de valor. En la primera de las causas (que ya está claro que se puso en marcha para anular todo lo descubierto en la trama de corrupción Gürtel que afectan tan de lleno al PP) el abogado iniciador de las querellas encadenadas, Ignacio Peláez, evidenció tanto en su intervención como acusación como cuando declaró como testigo a requerimiento del abogado defensor, Baena Bocanegra, que su presencia en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entrevistándose con Francisco Correa no reunía ni uno sólo de los requisitos que justificasen esa presencia. No pudo demostrar haber sido llamado por el encarcelado (ni un simple papel) ni ostentaba en esos momentos representación alguna de imputados (su personación como defensor de Uribarri se produjo días después) ni tenía el preceptivo permiso para visitar la cárcel que extiende el Colegio de Abogados ni, finalmente, contaba con la autorización obligatoria en estos casos del magistrado instructor el señor Garzón. Por tanto todas sus teatrales quejas de que se habían vulnerado sus sacrosantos derechos constitucionales a la intimidad y al secreto de las estrategias de defensa (¿de quién, si no representaba a nadie?) caían pro los suelos cuando el propio acusado en su intervención le retó a que señalara ni una sola palabra del abogado Peláez que fuera utilizada en ningún momento posterior, entre otras razones “porque las estrategias de defensa no le importaban lo más mínimo al instructor toda vez que él sabía desde el primer momento que toda la causa sería seguida en otra instancia al inhibirse él”.
Ante esta doble experiencia es obligado analizar la situación y, como antecedentes lógicos, las bases jurídicas que se han pretendido que sostenían las querellas. Lo primero que salta a la vista es la burda estrategia de adelantar el juicio de la trama Gürtel anticipándolo al que abría la serie de los acosos judiciales a Garzón. Por prudencia procesal el fiscal Navajas se abstuvo de señalar de forma explícita (aunque quedó flotando en la sala la posible imputación) el que el magistrado Varela habría incurrido en prevaricación, con resultados “catastróficos” e irremediables para la carrera judicial, el honor y la propia seguridad jurídica del magistrado Garzón. Pero la evidencia sigue ahí. El tema, teóricamente más sensible y espinoso de las escuchas en prisión de los imputados (que no directamente a sus interlocutores, abogados o mediadores), que estaba en la base del primero de los procesos sustanciado en el tiempo con una semana de antelación, debió parecerles a los interesados en el hundimiento personal y profesional de Garzón como más apetitoso para sus fines. La contundente línea de defensa del interés público en evitar el blanqueo y evasión de capitales, la claridad de los testigos policiales y la presencia en todo momento del avala del ministerio público, sin duda ha debido de alterar, esperemos que sustancialmente, lo que se preveía como una sentencia ya redactada de condena. Ahora, a la vista de todas las intervenciones en ambos juicios, lo que parece estar fuera de toda duda es que ambos tribunales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el hecho de su constancia posterior a efectos de jurisprudencia, van a tener muy difícil la redacción de las sentencias. Además las posturas contundentes en ambos juicios de la Fiscalía exigiendo poco menos que la anulación de lo actuado serán otros tantos argumentos para aumentar esa dificultad de forma honrosa para los catorce magistrados componentes de ambos tribunales.
En la sesión inaugural de la causa contra la investigación de los crímenes franquistas el montaje es tan grosero que ofende un mínimo sentido de la Justicia. Para empezar habrá que recoger la protesta implícita de la Fiscalía: ”¿cómo se atreven los querellantes a suplir las funciones del ministerio público?” Como es tradicional en la derecha reaccionaria que “disfrutamos” el patio está lleno de salva- patrias, que se consideran depositarios únicos de las esencias. Fruto de esa obnubilación es la permanente centinela de un nazi que hace mucho tiempo debería estar apartado de la sociedad, por higiene democrática, Miguel Bernard “manos sucias”. Los guardianes de esa facción, apolillada y embalsamada, le han premiado recientemente por sus “servicios a favor del franquismo”, en un homenaje en un restaurante de El Pardo. ¿La democracia no tiene nada que objetar a estos cómplices de los nazis y del fascio? Parece que toda la fuerza se distrae en enjuiciar hasta su eliminación a un magistrado que intentó proteger a las víctimas, en aplicación de algo que se quiere ignorar deliberadamente (me remito a las diatribas del abogado de la acusación, Joaquín Ruíz Infante, invocando el Derecho Romano para apuntar en dirección contraria), el Derecho Penal Internacional.
He dejado deliberadamente para el final una reflexión sobre el referente que en esta sesión se ha evitado, y que estuvo en el origen de esa reacción aparente en defensa de las “esencias”, la llamada Ley de Amnistía de 1977. En su artículo 1 reza literalmente:
I. Quedan amnistiados:
- Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
- Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
- c. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.
La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.
Me he permitido resaltar en negrita lo que entiendo que desarma toda pretensión de impunidad del franquismo. Hay que recordar que lo que constituía en las Cortes de 1977 el núcleo duro de AP, antecedente del PP, luchó denodadamente para impedir la aprobación de esta Ley. Encabezaba ese grupo de exministros franquistas Manuel Fraga y el más tenaz opositor fue el bizco Licinio de la Fuente, cuyos argumentos han quedado en el Diario de Sesiones como una prueba irrefutable de fidelidad al Movimiento Nacional y sus principios nacionalsindicalista. ¿Cómo tiene ahora la caverna la osadía de esgrimir esta Ley como coartada y supremo argumento jurídico para amnistiar los crímenes de lesa humanidad del franquismo?. Está claro que la caverna sólo entiende de su propia impunidad eterna.
Francisco González de Tena (sociólogo)
Madrid, 24 de enero de 2012.
La farsa del juicio contra Garzón. 24 01 2012.
enero 24, 2012Esta mañana ha empezado el juicio contra Garzón por su intento de investigar las desapariciones de 114.266 personas a manos de los franquistas.
Numerosos colectivos de recuperación de la Memoria y familiares de esas víctimas han estado dentro de la Sala Segunda del TS de Madrid (al completo) y delante de esta sede del TS.
La calle plagada de medios de comunicación y de agentes de seguridad ha sido el escenario del multitudinario y ruidoso apoyo al Juez Garzón mientras se desarrollaba el juicio. Los allí congregados han sido bloqueados por la policía en sus diferentes intentos de desplazamientos alrededor del Tribunal. No obstante según testigos dentro de la sala se escuchaba claramente los apoyos a Garzón vitoreados desde el exterior.
Pancartas , fotografías de los desaparecidos y una reproducción fotográfica de tamaño real de la fosa de la Andaya ,han permanecido en diferentes espacios para reclamar Verdad, Justicia y Reparación.
Algunas imágenes de este día :

Obligados por la Policia a quitar "los nuestros" de la acera (...por seguridad...), las mismas fotos en manos de familiares y amigos. Foto La Memoria Viva

Nuestras compañeras vestidas de negro y con el pañuelo en signo de duelo, entrevistadas por Gonzo. Foto La Memoria Viva

A la derecha con cabello claro el Juez Garzón a su salida del TS, aropado por los manifestantes y sus pancartas. Foto La Memoria Viva
Información del día en :
http://www.publico.es/espana/418466/el-fiscal-no-he-visto-nada-igual-en-36-anos-de-carrera
http://www.publico.es/418442/fosas-cerradas-heridas-abiertas
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/24/actualidad/1327411828_684909.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/24/actualidad/1327405361_430716.html
¡114.266 personas desaparecidas , víctimas del franquismo, son suficientes argumentos para absolver al Juez Garzón ¡
enero 23, 2012Los familiares de esas víctimas, con el dolor incrustado en la médula desde hace 75 años, los 40.000 niños robados durante el franquismo, y este país sembrado de fosas comunes exigen Verdad Justicia y Reparación. El T.S. de Madrid , en una farsa de justicia sembrada de inaceptables errores como el asesoramiento en el acta de acusación de los demandantes (Manos Limpias) por parte del propio instructor, es el instrumento de un linchamiento al Juez Garzón sometido a un acoso inverosímil. Numerosos juristas nacionales e internacionales, especialistas en Derecho Penal, una avalancha de artistas e intelectuales y notorias personalidades del mundo político y cultural, medios de comunicación del mundo entero, Amnistía Internacional y una gran parte de la población española están escandalizados por esta situación: ¡Garzón sentado en el banquillo de los acusados¡
La propia Fiscalía del Estado exculpa a Garzón.
Parte de los jueces que participan en esta farsa, están contaminados (judicialmente hablando) : son instructores en una de las dos otras causas abiertas simultáneamente contra Garzón y son los que le juzguen en cualquiera de los tres juicios…
La puerta está abierta a la acción popular para cargarse a un Juez sin que esta esté directamente concernida y sin el visto bueno de la Fiscalía.
Y todo esto detrás del parapeto de la Ley de Amnistía del 1977: una ley que lejos de actuar en favor de los vencidos ha servido de para esconder los crímenes de los vencedores y exculpar a sus asesinos.
¡ Que país y que Justicia.¡
114.266 argumentos , entre ellos la desaparición de mi abuelo Wenceslao en 1936 a manos de la barbarie franquista, avalan la justa y necesaria investigación que el Señor Baltasar Garzón emprendió con sentido de Justicia y queriendo dar amparo judicial a los familiares de esas víctimas del franquismo que se lo pidieron.
Durante el juicio que empieza mañana 24 de enero 2012 a las 10h, estaremos a las puertas del TS de Madrid para apoyar a Garzón y seguiremos con nuestras demandas de Verdad Justicia y Reparación.
Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos. Presidente de la A.I. La Memoria Viva.
Más información de interés en :
El ‘Azor’ ya es chatarra histórica…
enero 21, 2012El artista Fernando Sánchez Castillo desguaza el barco de Franco y lo manda al Matadero, convertido en una escultura abstracta
PEIO H. RIAÑO MADRID 21/01/2012
El barco es ahora una gran montaña de acero y aluminio pasada por el desguace. fernando sánchez
Es posible que Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) sea el artista que más veces ha descuartizado a Francisco Franco. En esta ocasión, su obsesión por analizar la exaltación y el miedo que tiene este país con los mitos de la Guerra Civil y la dictadura, le ha llevado a comprar el Azor, la embarcación de recreo del dictador, que hasta el momento se encontraba varado como reclamo turístico del Mesón El Labrador (km. 223), en el pueblo burgalés de Cogollos. Y la ha troceado.
Sólo ha dejado intactos y reconocibles el mástil, los asientos y las letras con el nombre del barco. Con esta acción ha logrado que uno de los últimos referentes vivos (aunque abandonado) haya perdido todo su significado al transformarlo en una gran montaña de acero y aluminio pasada por el desguace, un prisma sin carga emotiva. Ahora descansa en paz, arrugado, en la nave frigorífica del Matadero de Madrid, convertido en una escultura mini-malista gigante.
La intervención artística se ha titulado ‘Síndrome de Guernica’
Hasta el momento, Fernando ha protagonizado las reflexiones más incisivas y molestas sobre las imágenes legadas del pasado, porque como él mismo dice “tenemos un problema con nuestra historia”. Es difícil olvidar trabajos como la visita con invidentes a un almacén para tocar una escultura de Franco, retirada gracias a la Ley de la Memoria Histórica. Pero en realidad, lo que aquel trabajo demostró, al negarle el acceso a cientos de imágenes salvo el permiso del Ayuntamiento de Barcelona, fue la incapacidad de este país para tratar con normalidad ciertos elementos de su historia más reciente. La sombra del silencio es tan alargada que oprime a la democracia.
Sánchez Castillo, el destructor de tabúes, ha titulado a su intervención Síndrome de Guernica. “El barco ha cambiado de estado, ha pasado del campo del mito y la memoria a la órbita de la estética moderna. Por primera vez Picasso utilizó en el Guernica un lenguaje formal como el cubismo para meterse en un asunto real y cruel. Mi proceso fue a la inversa: pase la historia a una paz formal, como el cubo. Es una forma abstracta que no suelo utilizar porque soy más figurativo”, explica a este periódico el artista.
“Responsabilidad histórica”
Sánchez Castillo ya ha reflexionado otras veces sobre las imágenes del pasado
Con sus palabras quiere aclarar que no tiene “responsabilidad histórica” por haber desguazado el barco. “Tengo una responsabilidad estética. No soy polemista, no lo considero una destrucción. Se destruye cuando el barco deja de ser barco, pero ahora hay una memoria de lo que fue el barco”. De hecho, el destino de la nave era la destrucción por decreto ley, pero la orden no se llegó a cumplir nunca.
“El mayor tabú es que yo estoy actuando como el Estado, que oculta las esculturas de Franco”, recuerda el artista en referencia a la falta de normalidad democrática en la gestión de la memoria histórica de las instituciones. Es más, la burocracia, las úlceras, las negativas son parte de su proceso democrático al demostrar que 35 años no han sido suficientes para la Transición.
Reconoce que con la transformación en chatarra del Azor se enfrenta a varios momentos de la vida del barco, que coinciden con los de la historia contemporánea española. “La vida como barco en la dictadura, donde Franco determina el heredero al trono y prueba a los ministros; la Transición que ordenó su destrucción, pero que Felipe González usa un verano; y el momento postcapitalista, cuando se intenta rescatar por la vía comercial y convertirlo en un hotel flotante en Marbella, lo que choca con la orden del Estado que quiere ocultarlo y hacerlo desaparecer, pero no lo consigue”, resume el artista.
El artista ha quitado así el significado a uno de los últimos referentes franquistas
Sánchez Castillo retoma las palabras de Picasso al responder a los nazis cuando le recriminaban el Guernica: “No, no, esto lo han hecho ustedes”. “Pues esto lo hemos hecho entre todos. La autoría no es solamente mía, el artista es un catalizador, un acelerador de procesos”, cuenta en alusión a la conservación que hace la sociedad de la memoria. “El barco está mejor preservado que nunca”.
Fernando ha reciclado el paisaje intelectual del país, ha desmenuzado durante una semana el barco con ayuda de los recuperadores del metal (a quienes pertenecen los bloques que se amontonan en Matadero). Compró el barco por algo más que al peso, pagó por la historia. No quiere desvelar por cuánto, pero asegura que cualquier ciudadano español podría haberlo hecho antes que él, pero “no interesaba a nadie”. “Franco ya no era rentable económicamente”, asegura.
El último viaje
El último propietario del Azor explica que el arte contemporáneo no es una labor terapéutica, porque “no hay consuelo, ni es algo positivo”. Menos aún si se está ante uno de sus trabajos, donde el espectador entra en conflicto con su propio pasado, con su propia definición e identidad. Reconoce que ha sido un proyecto de alto riesgo, que ha actuado con un secretismo casi militar y que esta visión multiplica las preguntas, sin responder ninguna. Remata en un lacónico “los artistas somos gente molesta”, sólo superado con un determinante “si pudiera, me exiliaría”.
El último viaje del Azor fue al desguace. La metáfora del penúltimo signo del franquismo. “El último es el Valle de los Caídos, pero eso se caerá solo”, afirma, porque, según cuenta, la piedra caliza que se empleó era de baja calidad y se está resquebrajando sin remedio. El Azor se ha despedido sin odas ni cantares, parecía indestructible y en su nueva vida es jugo de un artista. Ya no está, aunque se siente.
Público.es
La sombra de Isabelita Perón recorre Madrid…
enero 21, 2012REPORTAJE: LA CLAUSURA DE MARÍA ESTELA MARTÍNEZ…
La tercera esposa de Juan Domingo Perón asumió la presidencia argentina tras enviudar. Detenida por una junta militar, fue liberada en 1981. Desde entonces reside en españa, donde trata de huir de sus fantasmas entre timbas con pastas, misas de precepto y reflexiones astrales con su amigo Octavio Aceves.
JUAN JESÚS AZNÁREZ 21/01/2012
Mario Rotundo, pícaro albacea de los bienes del expresidente argentino Juan Domingo Perón (1895-1974), se declaró testigo de la pesadilla supuestamente sufrida en España por la segunda viuda del caudillo gaucho: María Estela Martínez, Isabelita, que en 1973 accedió a la jefatura del Gobierno del país sudamericano por voluntad de Perón y sin otra preparación que la propia incompetencia. Los militares la derrocaron en 1976, y desde principios de los ochenta Madrid se convirtió en su residencia habitual.
Congenió con Pilar Franco, frecuentó al Opus Dei y saraos de Madrid y Marbella
“Sufrió mucho al ser detenida en 2007; necesitó ayuda psicológica”, dice Aceves
“Ella dice que no entendía de política, que fue puesta en la presidencia por designio de Dios”
Verdades, misterios y fabulaciones convergen sobre la evanescente María Estela Martínez Cartas, de 80 años, que no sabe, no contesta, o se hace la loca cuando la prensa indaga sobre los episodios y responsabilidades de su pasado personal y político. La pesadilla mencionada por el albacea argentino habría ocurrido en los noventa: una noche madrileña, Isabelita despertó a Rotundo, que en esos años era su amigo, con el apremio de que acudiera a toda prisa a su domicilio de la calle de Casado del Alisal. Cuando entró en el dormitorio de la compatriota, la encontró de pie sobre la cama, pálida, desencajada, dando aterradores gritos. La alucinada habría dicho a Rotundo que durante media hora la habitación fue tomada por una luz cenital, intensa, envolvente, que salía de la cómoda donde guardaba el sudario de Eva Duarte de Perón, Evita (1919-52), primera viuda del general.
Rotundo, de 61 años, debió llevarse el mueble para que la perturbada dejara de chillar, según afirmó. “Por eso me da la risa cuando leo o escucho que López Rega [José, exministro y secretario privado de Isabel Perón, alias El Brujo] hacía acostar a Isabel junto al cadáver de Eva para pasarle su alma”.
El delirio narrado por Rotundo, presidente de la nebulosa Fundación por la Paz y Amistad de los Pueblos, viene recogido en el libro El heredero del general, publicado en mayo del año pasado por el periodista Miguel Prenz, que no entra en valoraciones sobre la veracidad del relato. “En la historia que cuento, quienes podrían confirmarla o negarla murieron o prefieren callar”, dice el autor, profesor de la escuela de periodismo TEA de Buenos Aires.
Analfabeta políticamente, el desgobierno de 632 días de Martínez de Perón, que sentó a militares gorilas en el Consejo de Ministros, facilitó el cuartelazo de 1976 y un terrorismo de Estado cuyos desmanes aún estremecen.
María Estela Martínez, bailarina de vocación, se casó con Juan Domingo Perón en España en 1961, donde habían decidido establecerse. El amancebamiento de la pareja repelía a las sotanas y monaguillos de la democracia orgánica, apostólica y romana de Franco. Fue nombrada vicepresidenta de Argentina el 12 de octubre de 1973, y el fallecimiento del fundador del peronismo en julio del año siguiente la colocó directamente en la presidencia, donde fue presa fácil de los conspiradores castrenses. La historiadora argentina María Sáenz Quesada dice en una biografía sobre su trayectoria que la Isabelita joven nunca representó al feminismo moderno y, contrariamente, exhalaba “un sabor añejo, casi machista”. “Miren qué linda la señora, ¿qué me dicen de su vestido?”, comentaba Juan Domingo Perón al paso de su señora por el Senado.
La presidenta, derrocada en marzo de 1976, arrancó su prolongada residencia española en el año 1983, cobijada por un franquismo residual deudor de Perón que había sido despachante de carne de la Pampa hacia la madre patria cuando esta padecía subdesarrollo. Isabelita congenió con Pilar Franco, hermana del Generalísimo; frecuentó sacristías del Opus Dei, mesas petitorias y alcurnias de otro siglo; hubo saraos y abolengos de Madrid y Marbella que se disputaron su presencia para vestir las tertulias. María Estela Martínez vivió en una mansión de Puerta de Hierro hasta su venta para sufragar el juicio por la herencia de Perón promovido por las hermanas de Evita, a las que debió pagar cerca de cuatro millones de euros. Al objeto de impedir que los bienes del caudillo almacenados en la casona, desde el sudario del desvarío hasta el capote de gala del general, pudieran ser objeto de nuevas reclamaciones, María Estela Martínez optó por donarlos ante notario madrileño a Mario Rotundo. La viuda se arrepintió pronto y quiso anular el trato, pero no pudo. Para entonces, el taimado adulador de Perón, quien supuestamente le había nombrado su albacea, ya había puesto a buen recaudo el patrimonio. Actualmente vende los objetos, más de 14.000, por Internet. El sudario fue comprado en 2004 en una subasta por el español Antonio Mata, entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, para regalarlo al Congreso argentino.
El itinerario existencial de la señora discurre hoy plácido, monacal, encarrilado en el conservadurismo y en una rutina de ancianidad apenas rota por esporádicas merendolas y reuniones con amigas y comadres de salón de belleza. Coqueta y frugal, juega a cartas, charla con su amigo Octavio Aceves y sus asesores fiscales y abogados la tienen al día. Ocasionalmente, pega la hebra con las caritativas damas del rastrillo Nuevo Futuro, en cuya mesa de famosos colabora con donativos y filantrópicas manualidades. Leandro de Borbón, hijo natural del rey Alfonso XIII, ha sido compañero de cuestación. La embajada argentina asegura saber poco sobre los hábitos de una mujer que cumplió seis años de reclusión en su país tras la asonada de los generales genocidas. “Los militares la quisieron asesinar mientras estuvo detenida”, afirma un argentino que la frecuenta. “Fue después de una intervención quirúrgica de ovarios. Se llegó a decir que la vaciaron y le dejaron las gasas del quirófano dentro para que se muriera”.
La clausura de la anciana en Villanueva de la Cañada sufrió un sobresalto el 12 de enero de 2007, cuando la policía acudió a su domicilio después de que la justicia argentina hubiera pedido su extradición por supuestos delitos de lesa humanidad durante su presidencia. Denegada la entrega, Isabelita, ciudadana española desde 2000, pudo regresar a su cenobio madrileño, a las misas de precepto y a las timbas con pastas y reflexiones astrales. “Sufrió mucho al ser detenida y necesitó ayuda psicológica. Ese proceso le pareció inverosímil y la consumió”, se duele el hispano-argentino Aceves, con despacho profesional de vidente. “La conozco desde hace más de 30 años. Fue una víctima de las circunstancias. Contrariamente a lo que algunos creen, es muy culta y divertida, muy afectiva, que ayuda a los amigos. A mí me ha ayudado mucho, incluso económicamente”. El adivino es generoso, superlativo, en el elogio de la amiga y en la negación de que fuera bailarina de cabaré y de teatrillos de tercera cuando conoció a Perón en Panamá en 1955. “Isabel ha bailado danza clásica desde que era jovencita. Llegó a bailar en el teatro Colón. Todavía es capaz de hacerme posturas de ballet con 80 años. Le pides hoy en día que te haga una pose y te la hace. Pone los pies donde hay que ponerlos y levanta la pierna hasta la altura del hombro. Camina erguida, y se mantiene guapa. Tiene una agilidad fantástica”, agrega Aceves.
Pero si María Estela Martínez Cuartas nunca rebatió públicamente las calumnias de quienes casi la llamaron furcia de garito, tampoco se manifestó muy combativa en la defensa de su inocencia política. Le llovieron las acusaciones y demandas de quienes atribuyen a su nulidad como presidenta, cuando no a la complicidad por acción u omisión, el nacimiento de la criminal Triple A (Alianza Anticomunista Argentina): los escuadrones ultraderechistas concebidos por quien fuera su ministro de Bienestar Social José López Rega, El Brujo, responsables de cientos de atentados y asesinatos. Les tomaron el relevo los verdugos uniformados de la dictadura militar (1976-1983), que acabaron con la vida de más de 20.000 personas en los calabozos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires y otras dependencias castrenses.
El abogado argentino Carlos Slepoy piensa que María Estela Martínez de Perón se hace la pendeja y la enferma bipolar, y establece una analogía entre la postración física y psiquiátrica esgrimida por sus abogados durante las citaciones judiciales de hace cinco años y los argumentos de la defensa de Augusto Pinochet en Londres, en 2000, para evitar su entrega a Chile. Nada más aterrizar en Santiago, el dictador chileno saltó de la silla de ruedas.
“Ella dice que no se enteraba de nada, que no entendía de política, que fue puesta en la presidencia por designio de Dios”, dice Slepoy. “Pero de ninguna manera puede alegar desconocimiento. Sabía perfectamente lo que ocurría en Argentina”. Baltasar Garzón la citó como testigo en 1997 y llegó a la conclusión de que María Estela Martínez de Perón poco pudo decidir porque otros, fundamentalmente los generales y sus cómplices en la vida civil, lo hicieron en su nombre.
Para el abogado español Antonio Hierro, que fue miembro del Tribunal Supremo y la defendió hace cuatro años, el capítulo reabierto por la justicia argentina está cerrado. “Las resoluciones de la Audiencia Nacional denegando la extradición ganaron firmeza con arreglo a nuestras leyes y, como usted entenderá, se acabó el asunto”. No acabó para los jóvenes argentinos de la asociación HIJOS, víctimas de la Triple A y de la dictadura militar, que un día empapelaron los accesos a su chalé en la urbanización Mocha Chica de Villanueva de la Cañada con exigencias de juicio y castigo: “Aquí vive una genocida”, escribieron en un afiche.
María Estela Martínez todavía es pieza apetecible para aquellos que, como Rotundo, pleitean por el resto de los bienes de Perón y por los millones supuestamente ingresados en cuentas suizas y españolas. De hecho, la jueza Pilar Saldaña, del Juzgado de Instrucción de Móstoles, ordenó en 2007 el embargo de los bienes de Isabelita en respuesta a una reclamación judicial del albacea. “La jueza Saldaña no va a decir nada, pero, de todas formas, su sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional, y una resolución definitiva puede tardar tiempo”, precisan fuentes de ese juzgado.
Como el tiempo es valioso, Isabelita lo aprovecha virtuosamente, según sus amigos. Le encanta hablar sobre ópera y música de cámara, y se conserva estupendamente para su edad. No camina como una abuela, sino erguida, ágil, cuentan. Isabelita fue una víctima de las circunstancias. ¿Y por qué no atiende a la prensa para explicarse? “Pues porque está harta de que le pregunten sobre Perón”. Está harta de que le pregunten por Juan Domingo Perón y, muy a su pesar, por los asesinatos cometidos por pistoleros con licencia para matar durante su Gobierno.
El País.com
El derecho a la memoria…
enero 20, 2012“No basta que callemos, y además no es posible…” Luis Rosales.
Vivimos en un extraño país en el que resulta más cómodo ser verdugo, que juez o víctima. “Aquí nunca se hará justicia…” Las mañanas de algunos sábados de mi infancia subíamos, como muchos madrileños, a la Sierra de Madrid, a Guadarrama, a Cercedilla, en busca del frescor y el oxígeno que la capital nos negaba. Nosotros siempre llegábamos más tarde que los demás porque mi padre daba un tremendo rodeo para evitar pasar por El Valle de los Caídos (Cuelgamuros lo llamaban ellos…). Atrás dejábamos aquella cruz que se cernía amenazadora sobre el paisaje, y que ensombrecía el rostro de mi abuela y hacía que mi padre masticara entre dientes frases que yo no lograba descifrar. “Aquí nunca se hará justicia…” de esa frase sí que me acuerdo. Y de que mi abuela me apretaba la mano con fuerza mientras su mirada triste se perdía por caminos que conducían a un antiguo dolor, a una cicatriz que yo heredé más tarde cuando supe por qué nunca visitábamos aquel lugar, ni siquiera de paso…
Los derechos humanos no prescriben en la memoria de los que han sufrido ni de aquellos, que amándolos, los han visto sufrir. Las lágrimas de mi abuela, los juramentos contenidos de mi padre, las viejas fotos donde mi abuelos y mis bisabuelos sonríen ajenos a todo lo que se les venía encima, y las miles de historias, los miles de rostros desconocidos que sufrieron durante décadas la humillación, el silencio, la sinrazón, la barbarie, la venganza programada y sistemática, no prescriben.
Los niños judíos con su pijama de rayas mirando entre las rejas de los campos de concentración, no prescriben. Las caravanas de exiliados cruzando las fronteras arrastrando penas y maletas, no prescriben. Los presos torturados esperando la muerte en celdas nauseabundas, no prescriben. Los niños arrancados de sus madres y entregados a familias afectas al régimen de turno, no prescriben. El miedo cocinado a fuego lento durante años no puede prescribir. Pasemos página, sí, dejemos descansar a los muertos, sí. Pero leamos todos juntos la página para poder pasarla, con tolerancia, con respeto, con compasión y empatía por los que han sufrido; y luego, que cada uno descanse todo lo en paz que le permita su conciencia.
Textos : Marisa de la Peña
22 testigos en el juicio sobre el franquismo…
enero 20, 2012http://www.larioja.com/v/20120120/espana/testigos-juicio-sobre-franquismo-20120120.html
Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos…
enero 20, 2012El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España
Madrid.- El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.
Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.
Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.
Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.
Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.
Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias.
Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..
En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.
Información adicional
Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.
Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes.
La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.
A. I
Nueve organizaciones se movilizan en apoyo de Baltasar Garzón
enero 20, 2012Garzón y la Transición…
enero 20, 2012Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.
La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.
Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.
Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.
No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.
¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).
Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4598/garzon-y-la-transicion/
Asociaciones españolas se unen a la causa contra el franquismo abierta en Argentina…
enero 20, 2012Por Agencia EFE – hace 21 horas
Madrid, 19 ene (EFE).-
Varias asociaciones de intelectuales y artistas españoles, así como de recuperación de la Memoria Histórica, anunciaron hoy su personación como acusación en la causa por los crímenes del franquismo abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría.
La Agrupación Ateneista Juan Negrín, la Federación de Artistas del Estado Español y la Unión de Actores de la Comunidad de Madrid, entre otras, se adhirieron a la demanda presentada en 2010 en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo en virtud del principio de justicia universal.
En conferencia de prensa, los representantes de estas asociaciones destacaron la importancia de que se abriera esta causa en Argentina, después de que el único juez español que lo intentó, Baltasar Garzón, fuera suspendido de sus funciones y esté ahora procesado acusado de prevaricación.
“Es una coincidencia lamentable que anunciemos hoy nuestra decisión de sumarnos a la causa, cuando el único juez que ha tratado de llevar los crímenes del franquismo a los tribunales españoles está ahora siendo juzgado”, dijo Jorge Bosso, argentino y secretario general de la Federación de Artistas del Estado español.
Vicente Cuesta, secretario general de la Unión de Actores de la Comunidad de Madrid, lamentó también el hecho de que “en España no se pueda todavía enjuiciar al franquismo”, y destacó que la querella presentada en Argentina es “una justa respuesta” a la investigación iniciada por Garzón en España y que después fue desviada a los tribunales provinciales tras el apartamiento del juez.
También José María Coronas, de la Agrupación Ateneista Juan Negrín, calificó de “vergonzoso” el juicio a Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo, a raíz de una querella de agrupaciones de ultraderecha.
El abogado argentino Carlos Slepoy, que representará en la causa a los familiares de las víctimas y desaparecidos, destacó que la querella se presentó en Argentina cuando el Tribunal Supremo español paralizó la investigación llevada a cabo por Garzón.
Slepoy subrayó la contradicción entre la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo al ex militar y represor argentino Adolfo Scilingo, de más de mil años de prisión por crímenes contra la Humanidad, en virtud de la justicia universal, y lo ocurrido después con Garzón.
“Cuando se trató de investigar los crímenes cometidos en España por españoles contra españoles se paraliza todo y se procesa al juez instructor”, lamentó.
El letrado argentino dijo que con esta querella en su país “se trata de que las víctimas del franquismo tengan un lugar donde puedan declarar, ya que en España no pueden”.
“Es una devolución del enorme favor que la Justicia española, y Garzón en particular, hizo a las víctimas argentinas. Las escuchó y determinó que vinieran a declarar, terminó por quebrar la Ley de Obediencia Debida y la de Punto Final”, agregó.
Slepoy recordó que “cuando vinieron a declarar las Abuelas de la Plaza de Mayo, y hablaban de 500 niños robados, eso causaba estupefacción en España. Pero de acuerdo a las investigaciones posteriores de Garzón, aquí son 30.000 los niños apropiados de una manera legalizada, eran sustraídos a madres republicanas para entregárselos a familias del régimen”.
“Es inconcebible que estos hechos no hayan sido juzgados”, subrayó el letrado.
En el acto, los actores españoles Paca Gabaldón y Alberto San Juan leyeron un manifiesto de adhesión a la querella, en el que exigen “la inmediata colaboración del Estado español en la identificación de los victimarios, el esclarecimiento de los hechos y el destino sufrido por cientos de miles de personas”.
El pasado 26 de diciembre, la jueza Servini pidió a España nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hsyOeN7gnnQt0TR5UsgcPComwZbA?docId=1697409
La Transición contada a nuestros padres…
enero 20, 2012Publicado el 17 enero, 2012
por Juan Carlos Monedero:
Hay algunos dicen que por qué no le dijimos a Fraga lo que pensábamos mientras vivía. Siempre lo hemos hecho. Desde que tenemos memoria. Recuerdo cuando protestamos, como estudiantes, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Políticas, en su clase de despedida. El tipo que obligó al ABC a publicar unos falsos diarios para encubrir el asesinato del estudiante Enrique Ruano no tenía derecho, entendimos, a despedirse como si hubiera sido una persona de bien. No le bastó querer presentar el asesinato como suicidio, sino que amenazó a sus padres diciéndole que a su hija podía pasarle lo mismo. Fraga era un franquista, mal tipo, energúmeno, oportunista, agresivo y cómplice de asesinato. ¿Celebrar qué?
Dejo aquí el artículo que salió en Público en abril de 2010. Para los desmemoriados.
A la memoria de Pepín Vidal Beneyto.
Mil veces oímos una petición de silencio que hoy resuena con cuento de furia y ruido: “Abuelo, deje de contar batallas”. Ignoraban los guardianes de los tiempos apacibles que la verdadera batalla no era esa que los viejos apuntaban. Era otra, apenas susurrada, que se contaban a ellos mismos en un silencio de décadas, con complicidad de café, trinchera y cuitas compartidas. “¡Deje de contar batallas, abuelo!”. Y los apaciguadores, al tiempo, contaban incontables veces su cuento incontinente: “La democracia nos la inventamos nosotros”. Lo dijeron, lo escribieron, lo repitieron, lo exportaron y, quizá –sólo quizá–, hasta se lo creyeron. Sociólogos corrieron a decir que antes de la Transición no hubo democracia y que, de pronto, ya éramos iguales al resto de Europa; filósofos cambiaron panfletos contra el todo por panfletos por lo que me caiga; historiadores oficiales dieron el pasado como inocuo pasto abierto sólo a anticuarios; sabedores de la política hicieron taxonomías borgianas para que encajara la democracia con un campo sembrado de fosas comunes y desmemoria; matemáticos trazaron la topología que permitía transitar en vez de retornar a la democracia perdida; periodistas y filólogos encontraron en el decir “consenso” una palabra mágica que contentaba a tirios y troyanos (a unos porque no cuestionaba ningún fruto de su victoria; a otros, porque les entregaba una excusa perfecta para explicar por qué eran tan vociferantes y tan poco consecuentes). Burlón este espíritu de la Transición democrática.
La Transición redujo la explicación dolida del pasado a un problema de derechos humanos. En la distancia, todos somos bienintencionados. Por eso era relevante explicar aquella época como una locura colectiva fruto del calor y los tiempos duros. Otras explicaciones sacan el hilo al ovillo y llegan hasta palacios reales, catedrales, cámaras bancarias y mansiones donde siguen los que nunca se fueron. Recuerdo de la madre. Hija robada por la posguerra a un herrero anarquista –linchado cabeza abajo, colgando de un olivo, por el jefe de Falange, luego alcalde del pueblo–. Nueva vida en Madrid. Pudo estudiar. Su colegio tenía dos puertas, una principal para las niñas ricas y otra lateral para las hijas de la caridad. Recuerdo a la madre subiendo, junio de 1977, la calle del colegio donde estudiaban sus hijos. A suplicar un precio en los caros ejercicios espirituales. Carteles electorales en las paredes. Entendí cuando el cura afirmó: “Si no podéis permitíroslo, buscad otro colegio”. El franquismo fue una dictadura de clase. Pero nunca acepté el tuteo arrogante a la madre derrotada. Porque los mataron mil veces. En aquellos años de la guerra y la posguerra, y también en cada humillación, durante cuatro interminables décadas (las cartas que llegaron y las que no llegaron; compartir mesa con el verdugo; suplicar trabajo o limosna de lo que fue el propio patrimonio; los labios mordidos; pisar el suelo donde reposan los abandonados; las placas santas ensalzando al sayón; la impunidad de los togados, los purpurados, los condecorados; el interminable usted no sabe con quién está hablando…). “Con la Transición, los demócratas vencimos”, y le cargaron al búnker toda la memoria del franquismo. Derrotado el búnker, derrotado el franquismo. ¿Un nuevo inicio? ¿Sin restitución? Hasta que un juez quiso llevar a juicio aquella etapa y se cayeron las caretas. El juicio al franquismo ha separado a los demócratas gratuitos de los demócratas con todas las consecuencias. “Las virtudes de la Transición son los vicios de la democracia” se reescribe: “Los vicios de la Transición son los vicios de la democracia”. Un sistema electoral indigno; Bartolín llamando a la Guardia Civil desde un maletero porque lo había secuestrado ETA. Cospedal y la Caudillesa gritando ¡golpe de Estado! por una reunión política en sede universitaria; un juez escondiendo residuos franquistas bajo alfombras progresistas; el filósofo de la ética para adolescentes recibiendo el premio literario más amañado de la historia de los premios; el ministro de Información de Franco, el que afirmó tras el asesinato en la Puerta del Sol de Julián Grimau que ese “caballerete” merecía morir, redactando la Constitución de la democracia que apuntaló a un rey de origen franquista, a comisarios de origen franquista, a catedráticos de origen franquista, a periodistas de origen franquista e, incluso, a franquistas de origen franquista. Ahí reposa nuestro miedo. Franco es más peligroso muerto que vivo. Vivo por lo menos se le veía venir. Dudo de que la Transición hubiera podido ser radicalmente diferente. En 1973 fue el golpe contra Allende. Unos meses después, la Revolución de los Claveles alertó a los guardianes de la guerra fría. Y 40 años de exilio, represión y miedo.
Lo reprochable es la falta de honestidad de sus voceros. No decir: “Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos”. Esconderlo tras “nos corresponde la mayor hazaña democrática de la historia de España”. Una Transición perfecta que no deja entender una democracia tan imperfecta. Lo han tenido que recordar desde fuera: aquí hubo un propósito de genocidio. Hubo guerra porque los franquistas, aun ayudados por Hitler y Mussolini, no tuvieron la fuerza suficiente. Cuando ganaron, la intención genocida se consumó. Hoy se siguen repartiendo culpas con la excusa de la guerra. Para una lectura democrática, los luchadores por la República dieron todo para frenar el genocidio. Y los olvidamos. Por eso, abuela, abuelo, perdonad por lo que no os dejaron hablar en estos años. Y contadme otra vez, desde el principio, todas aquellas batallas.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
ILustración de Federico Yankelevich
Memoria Pública Público.es “Amenazaban con llevarte a manos de Melitón Manzanas”
enero 8, 2012La asociación La Comuna reivindica la investigación de las torturas del franquismo
DIEGO BARCALA MADRID 08/01/2012
Tan sólo dos años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre él, qué sabía de su vida… La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.
El próximo 21 de enero se presenta la asociación de expresos del franquismo La Comuna. Militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que reclaman la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más allá de un simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia. “Los tres presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden Público o represión en vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el Tribunal Supremo y los 11 jueces acabaron haciendo sus carreras en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales”, ejemplifica José María Galante, militante de la Liga Comunista Revolucionaria que fue detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.
“Los presidentes del TOP se reintegraron en el Supremo”, denuncia Galante
Como asociación tienen un símbolo. No es otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel, por donde pasaron miles de presos políticos y ahora mismo no hay una simple placa que los recuerde. “Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba diciendo que corría mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo un solar. Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros”, explica Galante, conocido por todos como Chato.
“Lo mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos”, recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros Luis Roncero, de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años detenido en la cárcel de Carabanchel. Miles de militantes antifranquistas como Roncero, condenados por los tribunales ilegales e ilegítimos durante los años sesenta y setenta, nunca han confiado en la Justicia española para reclamar responsabilidades por las tropelías franquistas. “Estamos encandilados con la querella de Argentina porque es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que no la va a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena que se da por causa juzgada”, opina Galante.
Las torturas sufridas por esta generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres derrotados en la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han quedado impunes. “Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque me pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que por bien no venga”, ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique Guesalaga.
“Me libré de las palizas porque me pegaron un tiro”, recuerda Guesalaga
“En mi pueblo, en Eibar, donde todo el mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo hablabas y antes de cada partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara al sol. Esa es nuestra generación”, explica Guesalaga, condenado en el proceso de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley de Amnistía de 1977 salió en libertad. “La gran trampa de la Transición”, califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62 años. “Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron aprobar una ley de punto final”, añade Ibargutxi.
Detenido en coma
Una selección de expresos reunidos en un bar irlandés junto a la antigua sede del TOP, ahora Tribunal Supremo, en Madrid, describen a Público cómo fueron sus detenciones. “Yo caí detenido como activista en abril de 1968, antes incluso del mayo francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización había decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo español. Fui a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que pudiera pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso evité las torturas de la comisaría”, describe Ibargutxi.
“La trampa de la Transición fue que el sistema perduró”, opina Puig
Cuando recuperó sus facultades, Josu fue sometido a los temidos interrogatorios. “Como no cantaba todo lo que querían, me amenazaban con hacerme pasar por las manos de Melitón Manzanas, el temido torturador franquista, que en agosto la organización decidió ejecutar”, recuerda. El Gobierno de José María Aznar condecoró en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito Civil.
El grado de las palizas dependía del momento de la detención. Valentín García, de 68 años, fue detenido el 29 de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte días antes del estudiante antifranquista Enrique Ruano. “Estuve 15 días detenido e incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas eran”, recuerda.
Los expresos del tardofranquismo se reconocen a sí mismos como una organización huérfana de padres políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE “se olvidó de los suyos”, como destaca Galante. “La frase que define ese olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado a sus muertos”, explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE había “enterrado sus muertos y sus rencores”). “¡Con todos los que todavía tienen desaparecidos en cunetas!”, exclama Guesalaga.
Aznar condecoró al torturador Manzanas en 2001 como víctima de ETA
Tres décadas después de la Ley de Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han debatido hasta ahora. “Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos gente joven, nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos romper con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación social. La Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema”, analiza Acacio Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.
Puig pide un té y sonríe a Chato al recordar sus tiempos entre rejas. “Tomábamos siempre té. Era como un ritual”, recuerda de sus días en Carabanchel. Acacio cayó en 1973 en un piso de Vallecas donde su organización tenía un almacén de propaganda electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. “Me metieron 13 años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron terrorismo porque les interesaba por haber sido un juicio militar”, concluye.
Si hay algún personaje de los calabozos que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la Brigada Político Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978 después de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras condecoraciones. “Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran muy borricos y este refina los métodos”, añade Puig.
“Yagüe refinó las torturas en la Brigada Político-Social”, dice un ex preso
Perfil del funcionario
“El perfil del jefe de las prisiones cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a fusilar cada día a un puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se puede hacer eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía tener equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido, nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas consecutivas”, apunta Chato. “Nuestra gran reclamación era el estatuto del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como presos políticos”, matiza Ibargutxi.
Con un proceso de anulación de una sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la manta de miembros de la brigada político social, guardias civiles o incluso de jefes de prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones como represores: “Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos”.
“El PSOE no tenía presos y el PCE se olvidó de ellos”, denuncia Chato
Todos coinciden en señalar que las peores experiencias que se vivieron en las cárceles fueron sufridas por los jóvenes. “Éramos unos 15 presos políticos de menos de 20 años. Nos juntaron con el resto de presos comunes que nos hicieron la vida imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener ni la comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad”, recuerda Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel.

Escrito por dropev 






















