Jueces e historiadores reclaman en Ponferrada que se investiguen los crímenes del franquismo…

La abogada Ana Messuti, el magistrado del Tribunal Supremo, José María Martín Pallín y el magistrado de la Audiencia Nacional Rafael Sáez, en el X Aniversario de la ARMHMarina Redondo

VICKY BOLAÑOS – Enviada especial a Ponferrada (León) 24.10.2010

“En marzo por fin enterramos a mi tío abuelo, Manuel Blanco Pascual”. Este fotógrafo gallego nacido en Lleida, que luchó en el frente asturiano durante laGuerra Civil y que fue torturado, permaneció desde entonces en una fosa común cercana a Sigüeya (León). Su nieta, Mª Josep Rovira, ha contado a RTVE.es cómo emprendió la búsqueda de su abuelo, por casualidad, hace unos años. Después de muchos viajes de Lleida a León y una ardua investigación, localizaron la fosa y le desenterraron. Mª José ha acudido este fin de semana a Ponferrada (León), como otras familias y expertos a las jornadas del X aniversario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Fue precisamente muy cerca de esta localidad leonesa donde se llevó a cabo la exhumación de la primera fosa común con víctimas de la represión franquista. Fue un 23 de octubre de 2000, y se recuperaron los restos detrece civiles republicanos, asesinados en 1936 en la localidad de Priaranza del Bierzo. Uno de los impulsores de esta exhumación, Emilio Silva, es actualmente el presidente de la ARMH y reconoce que en estos diez años se ha avanzado muchísimo. “Sin sede, ni apenas recursos hemos conseguido exhumar a 1.400 personas, que se abra el debate y se homenajee a republicanos. Del pasado no te puedes escapar”, relata.

La AMRH quiere recuperar la historia de una forma natural

Y es que, afirma, son 12.000 las familias que han recurrido a la asociación para solicitar ayuda para buscar a sus desaparecidos. “Continuamente recibimos correos de gente que empieza a buscar a sus familiares, es un engranaje que no va a parar”, manifiesta y aclara que su asociación no pretende “abrir heridas” ni “buscar venganza”, sino recuperar la historia de una “forma natural” con el objetivo de mejorar la democracia. A su juicio, los años de silencio de la dictadura y la posterior transición -en 1977 se aprobó la Ley de Amnistía por la que se extinguen las responsabilidades por cualquier crimen anterior-, impidieron hacer la labor de reparación que exigen las leyes internacionales de Derechos Humanos.

Revisión de la historia española

“Es posible que haya que pasar la página, pero antes hay que leerla”. Así ha concluido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, su intervención en las jornadas de Ponferrada. En su opinión y en la de los expertos y familiares presentes, sigue existiendo la necesidad de revisar la historia, desenterrar a las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra españolas  y condenar los crímenes cometidos durante 40 años de dictadura franquista. “La Ley de Amnistía se puede y se tiene que derogar”, ha solicitado Martín Pallín, quien también opina que la justicia española debe implicarse y hacer cumplir la ley, tanto la Ley de Memoria Histórica como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Rafael Sáez, ha reivindicado la necesidad de que la Justicia actúe y el trabajo de los movimientos por la memoria. “Hubo un golpe de estado y en la mitad del país no hubo guerra, sino un genocidio. El dictador era un criminal, el más grande criminal de nuestra historia democrática y además, ha quedado impune”, ha subrayado.

Las víctimas reclaman justicia

Por su parte, la abogada Ana Messuti, quien ha acudido como representante de los abogados que han presentado una querella contra la impunidad de los crímenes del franquismo ante la justicia argentina, ha sentenciado que es “impostergable” investigar los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos entre 1936 y 1977. Su querella incluye los fundamentos de la causa iniciada en 2008 por el juezBaltasar Garzón por las desapariciones del franquismo, que fue paralizada por Tribunal Supremo y por la que será juzgado por un presunto delito de prevaricación.

Las víctimas españolas deben denunciar su caso

“No se ha hecho justicia, y ni los archivos ni los libros pueden reclamarla”, ha dicho, al tiempo que reclama a todos los familiares de las víctimas que denuncien su caso -ya llevan 600– a la justicia argentina. Aunque ha reconocido que el proceso podría ser largo, ha explicado que el Gobierno español se ha mostrado dispuesto a colaborar y están esperando a quealgún juzgado comience a investigar la causa.

“El silencio debe romperse”

Muy contundente se ha mostrado en las jornadas sobre Memoria Histórica el catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, quien ha vivio exiliado en Europa y en EE. UU. 40 años. “Hay que desenterrar la historia de este país y que se conozca. El silencio es admitir la continuación de una historia en la que los fusilados, torturados y exiliados son los malos”, ha afirmado el catedrático, “el pueblo resistió con pocas armas y recursos durante tres años, mientras que el lado que venció no hubiera ganado sin Hitler ni Mussolini. Esto fue un genocidio y así lo ha reconocido la ONU”.

Quien también ha expresado sus ganas de romper ese silencio es la leonesa Nancy Prada. Ha contado a RTVE.es que su bisabuelo, Pío Alonso Cerejido, alcalde republicano, fue fusilado después de permanecer dos años escondido. El cura de su pueblo lo delató junto a otros compañeros. Nancy se lamenta de que en 2010 siga sin poder hablar con su familia del asesinato de su pariente, al que no ha conseguido encontrar. Y, después de expresar su deseo de que se conozca entre los jóvenes la reciente historia española, afirma:  “Estoy orgullosa de ser republicana”.

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