Los ‘niños de la guerra’ “ruegan” a Rajoy que recupere la subvención que les retiró Zapatero…

noviembre 22, 2013

El Centro Español de Moscú denuncia que sin la ayuda del Estado español están condenados a desaparecer. El ayuntamiento de Moscú ha denegado toda ayuda al Centro y ha reiterado la subida del alquiler de un 100%. Vladimir Putin también desoyó sus peticiones de auxilio.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 22/11/2013

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

Foto de familia de los llamados “niños de la guerra” civil española, que siguen residiendo en Moscú. EFE

El Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE en la URSS y punto de encuentro desde 1965 de los niños de la Guerra Civil española que fueron traslados al Estado soviético, continúa en una situación agónica, cercana al cierre. La subida del alquiler del 100% por parte del Ayuntamiento de Moscú hace “prácticamente imposible el mantenimiento del Centro” y las llamadas de socorro de los hoy nonagenarios niños de la guerra son constantes. Tras pedir ayuda, sin éxito, al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Centro reclama al Gobierno que atienda su petición de recuperar la subvención de la que fue receptor hasta el año 2010, cuando se le fue retirada por “no haber sido justificada convenientemente”.

“No disponemos de la suma de dinero que nos pide el Ayuntamiento ruso y tampoco de la subvención que nos envió España durante muchos años. Así, nos será imposible seguir manteniendo abierta esta casa de todos los españoles que residen en Rusia. Necesitamos ayuda”, señalaba ayer a este medio Francisco Mansilla, presidente del Centro Español en Moscú.

En una misiva dirigida al Imserso, los niños de la guerra “ruegan” a las autoridades españolas retomar la subvención de 21.000 euros que durante tanto tiempo estuvieron recibiendo y que fue cancelada en el año 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La Administración alegó que el Centro no estaba utilizando la totalidad de los fondos enviados a mantener el normal funcionamientos del Centro y sí hay a otros fines. Desde el Centro Español de Moscú explican que esos fondos fueron utilizados para pagar los “entierros y medicinas” de algunos miembros españoles del Centro Español que no tenían nada.

“La situación en Rusia es muy dura y las pensiones son muy bajas. Hubo casos de españoles que murieron y que no disponían de ningún dinero para ser enterrados y el Centro sufragó los gastos”, señala a Público Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio, y apoderado del Centro en España.

Para recuperar la subvención, el Centro Español de Moscú se ofrece a reintegrar la cantidad de dinero, más los intereses, que el Imserso considera que ha sido “mal utilizado”: 25.554 euros, en un plazo de diez años, a través de cuotas extraordinarias a los socios y donativos desinteresados de la ciudadanía. Sin embargo, la oferta del Centro, que se encuentra en una situación desesperada, no ha sido atendida por el Gobierno hasta el momento.

“Un mes después de ser enviada la carta contestó [julio] el Imserso y nos dijo que pasaba la petición a Hacienda. Desde entonces no sabemos nada. Hacienda no nos ha contestado, ni tampoco dado acuse de recibo. Nos parece hasta de mala educación”, se lamenta Dolores Cabra, que se queja de lo “inhumano” del trato de la Administración cuando antes “todos los presidentes del Gobierno y hasta el príncipe habían acudido a visitar al Centro”.

Subida de alquiler de un 100%

La situación que vive el Centro Español de Moscú, ya delicada de por sí, se ha agravado tras la decisión del ayuntamiento de Moscú de casi duplicar el precio del alquiler del local con efectos retroactivos desde el pasado enero. El coste de la sede ha pasado de 1.236 euros al mes a algo más de 2.400 euros. La única explicación del ayuntamiento de Moscú ha sido una vaga referencia a un “acuerdo suplementario” con fecha del 23 de agosto.

Ante la quiebra económica de la entidad que supondría este dramático cambio en las condiciones del arrendamiento, el Centro pidió al ayuntamiento de Moscú pagar un “alquiler simbólico” de “un rublo al mes” por el local que arrendan en el centro de la capital rusa. La histórica institución trataba de acogerse a los privilegios que el ayuntamiento moscovita sí ha concedido a otras organizaciones como el Circo de Moscú.

Sin embargo, la respuesta de Moscú llegó esta misma semana: No. El Centro debe pagar el doble de lo pagado hasta el momento desde el mes de enero de 2013. “Es tremendo que el país que los mandó para allá cuando eran niños y el país que los recogió se olviden de ellos ahora que son nonagenarios. Es una vergüenza”, prosigue Cabra.

El único alivio para las arcas del Centro Español ha llegado desde Euskadi. El Gobierno de Patxi López (PSOE) aprobó una ayuda de urgencia de 10.000 euros que fue ratificada y hecha efectivo por el Gobierno de Urkullu (PNV) tras las elecciones. “Con los 5.000 euros del segundo pago de la subvención y las aportaciones desinteresadas de los ciudadanos pagaremos la deuda contraída con el Ayuntamiento, pero en las arcas ya no queda nada. La situación es insostenible”, zanja Cabra.

 

‘Los niños de la guerra’

La larga travesía hacia el olvido de estos españoles en perpetuo exilio comenzó en 1937. Alrededor de 3.000 menores españoles llegaron a Rusia huyendo de la Guerra Civil y fueron alojados en las llamadas ‘Casas de niños españoles’, residencias donde recibían educación y alimentos. La Unión Soviética procuró una carrera universitaria al que deseara estudiar y un oficio industrial a los que prefirieron trabajar. A pesar de las circunstancias, muchos de ellos reconocen haber sido unos privilegiados por el trato recibido de las autoridades soviéticas, sobre todo si se compara con los derechos del pueblo ruso.

La tragedia, sin embargo, iba por dentro. Han vivido la Guerra Civil cuando aún eran demasiado pequeños para entender qué estaba ocurriendo, pero también padecieron el horror de la II Guerra Mundial. Muchos de ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que trabajar en la construcción de aviones y armamento militar en la Unión Soviética. Se trataba de derrocar al fascismo, y la victoria de la URSS también les acercaría a su victoria personal: regresar a casa junto a papá y a mamá.

La comunidad española de ‘niños de la guerra’ fue la única familia para la mayoría de ellos y el Centro Español de Moscú, antigua sede del PCE reconvertida en centro cultural en 1965, su último suelo patrio. De los tres mil niños de la guerra que salieron de España con rumbo a la URSS durante y después de la Guerra Civil, quedan hoy en Rusia 105 personas (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades), 20 menos que a principios de enero de 2012.

Donaciones
Si quiere hacer una donación en apoyo al Centro Español de Moscú, puede hacerlo a través de la siguiente cuenta:

SOS Centro Español Moscú: CC/ 2013 064612 0200708987

La asociación acreditada para recoger fondos es Archivo, Guerra y Exilio (AGE).

http://www.publico.es/484094/los-ninos-de-la-guerra-ruegan-a-rajoy-que-recupere-la-subvencion-que-les-retiro-zapatero

 


La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica…

diciembre 4, 2011

La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica

El ecosocialista Joan Saura.

Antonio Fernández  04/12/2011 

Algo huele mal en el Memorial Democrático. El Gobierno catalán investiga desde el pasado mes de febrero unas supuestas irregularidades dentro de este organismo, creado para salvaguardar la memoria histórica y bajo control directo del ecosocialista Joan Saura en el último Gobierno. Cargos de la Consejería, trabajadores del Memorial, proveedores y asesores han ido desfilando por los despachos oficiales para declarar durante este tiempo.

Paralelamente, la Sindicatura de Cuentas descubrió actuaciones sospechosas durante los últimos años que apuntan a favoritismo hacia una empresa determinada y el gasto de millones de euros que no parecen tener suficiente justificación. “Al menos de forma indiciaria, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”, dice el informe, que ha sido enviado a Fiscalía.

El informe detalla los favores realizados a la compañía Stoa Propostes Culturals i Turístiques. Esta empresa participó en la elaboración de las bases para conceder las subvenciones de la Dirección General del Memorial Democrático de la Consejería de Interior entre los años 2008 y 2010 sin ningún tipo de contrato que sustentase esta intervención. La fiscalización, no obstante, se circunscribe sólo al año 2009, cuando se destinaron al Memorial Democrático alrededor de 2 millones de euros. Stoa, además, efectuaba la valoración de los proyectos presentados. Su puntuación se sumaba a la que le concedía la propia Dirección General y se sacaba la media aritmética. Paralelamente, sin embargo, asesoraba a algunos de los entes locales que presentaban proyectos a subvencionar (y que lógicamente la propia empresa calificaba). Miembros de la Consejería y el administrador de la empresa también participaron en reuniones con posteriores beneficiarios de las ayudas públicas.

Por si esto fuera poco, Stoa fue beneficiaria de la adjudicación de varios proyectos subvencionados. En otro de los puntos, el informe de la Sindicatura señala que existen indicios “de que en la licitación del contrato por la reproducción, realización y postproducción de la exposición Derecho a la Memoria, por 203.000 euros, se podría haber favorecido a la empresa Wasabi”.

La historia es cuando menos curiosa: los técnicos de la Consejería dieron más puntuación a la empresa Mercuri Sociedad General de Producción que a Wasabi para organizar esta exposición. Pero los técnicos de Stoa le dieron la vuelta al marcador al calificar con una nota mayor a Wasabi que a Mercuri, por lo que la primera se llevó el contrato.

Empresas vinculadas

Sin embargo, todo era una trampa, ya que, según especifica la Sindicatura, “Wasabi Produccions comparte tres socios fundadores con la empresa asesora [Stoa]”. Esta particularidad implica un indicio muy serio de responsabilidad penal. Paralelamente a esta adjudicación, el mismo día se le concedió otro contrato a Stoa por 66.120 euros para “el comisariado, coordinación y contenidos” de la misma exposición. Para aparentar legalidad, a este concurso se presentaron tres empresas, dos de las cuales estaban vinculadas entre sí. Una vez adjudicado, se subcontrataron algunas de las funciones sin comunicarlo a la Administración. Además, una de estas subcontrataciones fue al director del Museo del Memorial en el Exilio (Mume), que facturó a la compañía 2.000 euros.

La guinda de las irregularidades se produjo en el año 2009, cuando tres técnicos de Stoa fueron contratados directamente por la Consejería “y formaron parte de la comisión de evaluación de los proyectos que optaban a subvención, mientras que la sociedad continuaba asesorando a los entes locales que presentaban proyectos”. Esta relación de los antiguos trabajadores de Stoa decidiendo sobre los proyectos a subvencionar, según fuentes consultadas por este diario, “hace daño a la vista. No puede ser que los ex trabajadores de una empresa evalúen los proyectos en los que participa la misma empresa que les pagaba hasta días antes. Su decisión habría de estar, necesariamente, contaminada debido a las relaciones laborales que habían tenido hasta ese momento”.

“Amistades personales”

Fuentes de la Administración catalana señalaron a El Confidencial que al margen de la denuncia por las irregularidades del año 2009, “la investigación interna sigue su curso, ya que hay cosas que estéticamente no pintan muy bien, más allá de las amistades personales que pudiera haber en adjudicaciones sospechosas”. Porque, además de la concesión de poder de decisión a una empresa determinada o el encargo de trabajos a esta misma empresa, el Gobierno quiere saber, por ejemplo, porqué se construyeron “cinco espacios de la memoria en el Ebro y de ellos sólo está abierto al público uno. Son decisiones desconcertantes de los anteriores responsables

El Periódico de Cataluña vía Google Noticias


Financiados siete proyectos sobre memoria histórica…

diciembre 4, 2011
RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE PRESIDENCIA:

Las ayudas del Gobierno central rondan los 250.000 euros en total. En toda España se han otorgado fondos para 178 iniciativas de recuperación.

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A. IBÁÑEZ 04/12/2011

El Ministerio de Presidencia ha aprobado esta semana conceder definitivamente las ayudas económicas para sufragar proyectos de recuperación de la Memoria Histórica. De los más de cinco millones de euros destinados para 178 proyectos en toda España, algo más de 250.000 euros se destinarán a siete proyectos aragoneses. La mayoría de los proyectos están relacionados con la exhumación de varias fosas y la identificación de restos humanos.

Otros proyectos que tendrán financiación tienen como objetivo realizar estudios y prospecciones con fines culturales sobre los hechos históricos de la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de la Guerra Civil y que se desarrolló en los límites provinciales de Tarragona y Zaragoza. Otros tres proyectos se han rechazado por incumplir los criterios que establecía la convocatoria de las ayudas. Todos los beneficiarios de estas ayudas van a tener un año para culminar sus trabajos.

Desde hace cinco años, el Gobierno central ha invertido más de 24 millones en la recuperación de la Memoria Histórica, un programa de dignificación y reparación de los daños a las víctimas que será revisado con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, crítico con este proyecto de ley aprobado por Zapatero.

Uno de los planes aragoneses que recibirá más cuantía, con un total de 60.000 euros, es la exhumación de cinco fosas comunes en la localidad turolense de Olba, a cargo de la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo. Otros 39.000 irán destinados a la localización y exhumación de los restos de otra fosa común en la comarca del Campo de Belchite, donde hay soldados enterrados. En este caso no se financiará la identificación de los restos a través del ADN. Otros 20.000 euros serán para las excavaciones de una fosa en el cementerio de Calatayud y otros 40.000, cuyo beneficiario es la Asociación Rebellar, se invertirán en la exhumación de los restos de un vecino de Sos del Rey Católico y otro de Los Pintanos.

Asimismo, la Asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938, recibirá 49.014 euros para iniciar la segunda fase de la localización y documentación de restos de soldados muertos en la zona de Fayón y Mequinenza durante la batalla del Ebro. Además, 43.000 euros irán para dos proyectos documentales y de investigación de recuperación de parajes en los que se produjo la batalla del Ebro, entre Tarragona y Zaragoza.

 El Periósico de Aragón vía Google Noticias


De las 594 fosas localizadas en Aragón solo se ha actuado en 20…

octubre 9, 2011

La asociación pide al Gobierno de Aragón que cumpla con los convenios. El PP no da por cerrada la continuidad del programa.

P. C. F. 05/10/2011

La Asociación por la recuperación de la Memoria Histórica en Aragón compareció ayer en la Comisión de Peticiones Ciudadanas en las Cortes de Aragón donde pidieron al Gobierno de Aragón su compromiso para el cumplimiento firmado con el anterior Ejecutivo, así como, “dignificar las fosas para hacer justicia con las familias afectadas”, reclamó el presidente de la asociación, Enrique Gómez.

Desde que entrara en vigor la Ley de la Memoria Histórica, en Aragón se han localizado 594 fosas y de ellas, solo se ha actuado en una veintena. “Reclamamos que se logre el objetivo firmado con el anterior Gobierno y se acabe la acción dignificadora”, enunció Gómez. Estas actuaciones consisten en homenajear con placas aquellas fosas comunes que no pueden ser exhumadas para “sacar del olvido a los desaparecidos”.

Además de pedir la señalización y dignificación de estos lugares, la Asociación por la Memoria Histórica reclamó a los partidos la reactivación de los convenios de cooperación para “hacer justicia con los más de 10.000 desaparecidos en Aragón”.

La reacción más esperada tras la comparecencia de la asociación era la del actual equipo de gobierno formado por PP y PAR. El diputado popular Fernando González difirió con la forma en que se tienen que abordar este tipo de asuntos y arremetió por “la politización que se le ha dado a este tema, vinculando lo que paso en la Guerra Civil a ciertos partidos políticos”, indicó González. Además, el popular se negó a hablar de posibles actuaciones que el nuevo Ejecutivo abordará respecto a la Memoria Histórica e indicó que “ya se verá que presupuesto se le otorga”. Por su parte, el regionalista Manuel Blasco habló del Memorial de Torrero en Zaragoza como ejemplo a seguir. “Eso se hizo sin presión mediática y con el acuerdo entre todos los partidos políticos”, indicó.

Nieves Ibeas de CHA reclamó la unión de todos los partidos políticos para “por lo menos aplicar una norma que a nuestro entender se queda corta”. El PSOE hizo repaso de las actuaciones llevadas a cabo con el programa Amarga Memoria y apostó por “dar a conocer la historia sin ningún interés de revancha, para reflexionar y conocer lo sucedido”, explicó María Victoria Broto.

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El Gobierno rechaza indemnizar a los hijos de un fusilado en 1936…

octubre 9, 2011
José Castilla (derecha), durante el homenaje a su padre, Virgilio Castilla, en la Diputación de Granada en 1984.

José Castilla (derecha), durante el homenaje a su padre, Virgilio Castilla, en la Diputación de Granada en 1984.

El Gobierno de España ha rechazado indemnizar a los hijos de un político fusilado en 1936. Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada durante la II República, fue asesinado el 2 de agosto de 1936 por los golpistas y multado y expoliado tras su fusilamiento. Su familia pretendía que el Estado asumiera la reparación patrimonial. La negativa del Gobierno enfría las expectativas de miles de familias víctimas de la rapiña franquista. Unas 200.000 familias sufrieron represión económica hasta 1945.

Virgilio Castilla (PSOE) fue condenado a muerte el 1 de agosto del 36 por un consejo de guerra que lo declaró culpable de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo lo consideraba parte de “un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas”. Fue fusilado al día siguiente en la tapia del cementerio de San José. Su expediente pasó a un Tribunal de Responsabilidades Políticas, que declaró la incautación de sus bienes como garantía del pago de una multa de 250.000 pesetas. Para afrontarla, los Castilla (entonces una viuda con tres hijos) tuvieron que disolver la sociedad familiar, Luis y Virgilio Castilla Confecciones SL.

José Castilla, de 81 años, y su hermana Carmen, de 76, los dos hijos de Virgilio que quedan con vida, solicitaron el 21 de octubre del pasado año al Gobierno 262.832 euros. Según una pericia realizada para la familia por el catedrático de Economía Rafael Moreno, es la cantidad equiparable hoy a las 250.000 pesetas que le fueron impuestas en concepto de multa.

Los Castilla invocan un antecedente, el del gobernante republicano Juan Negrín. Tras una larga batalla, sus herederos lograron que en 1995 el Consejo de Ministros aprobase un decreto que obligaba al Estado a abonarles 287 millones de pesetas. Este dinero serviría para compensarlos por los “daños y perjuicios” por la “incautación […] de los bienes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera [padre del político] por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939”.

En el caso de Castilla, el Estado se lava ahora las manos en lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere. La Abogacía del Estado se pronunció en contra de la admisión del recurso y de hecho el Ministerio de Justicia lo inadmitió. Como última baza, la familia Castilla presentó recurso. La respuesta del ministerio, ya imposible de recurrir, fechada el 15 de julio y a la que ha tenido acceso Público, cierra definitivamente la vía administrativa y aboca a los Castilla a los tribunales. “Estamos acabando un recurso contencioso-administrativo. Llegaremos hasta donde haga falta, incluso a Estrasburgo”, afirma José.

Argumentos

¿Qué argumentos ofrece el ministerio para negar la responsabilidad patrimonial del Estado español por el expolio de los bienes de un ciudadano cometido por el Estado español 75 años atrás? Básicamente dos. El primero es la prescripción. El artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de 1992, señala que “el derecho a reclamar [una indemnización] prescribe al año”.

El segundo argumento lo ofrece la propia Ley de Memoria Histórica, de 2007, que en su artículo 4.5 recoge que la declaración de ilegitimidad de los tribunales y consejos de guerra franquistas no constituye “título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica”.

Memoria Pública (Público.es)


La Junta de Andalucía pone más dinero para exhumaciones…

octubre 9, 2011

OLIVIA CARBALLAR Sevilla 02/10/2011

La Junta de Andalucía destinará este año 150.560 euros en ayudas a 25 proyectos y actuaciones sobre la recuperación de la memoria histórica, según el listado provisional de subvenciones adjudicadas por la Consejería de Gobernación y Justicia. La cifra supone un 58% menos que el año anterior, cuando se concedieron 358.686 euros a 60 proyectos. No obstante, a diferencia de la anterior convocatoria, este año la mayor parte del dinero se invertirá en la exhumación de fosas frente a las actividades de investigación y difusión, que, junto con los monolitos, coparon el 94% del importe total subvencionado en 2010.

En concreto, de los 150.560 euros de presupuesto, 119.310 euros –el 79%– irán destinados a exhumaciones e identificación de restos –el año pasado se concedieron sólo 20.916 euros, el 5,83% del total de las subvenciones–. Entre estos proyectos se encuentra la identificación, el traslado y la inhumación de los casi 3.000 restos recuperados en el cementerio San Rafael de Málaga, que recibirá, según la propuesta de resolución provisional, los 40.000 euros solicitados por la asociación Contra el Silencio y el Olvido.

17 mujeres de Guillena

Otro proyecto aceptado es la exhumación de la fosa de las 17 mujeres de Guillena (Sevilla), las 17 rosas andaluzas, en el cementerio del municipio vecino de Gerena. La Junta destina a este proyecto 40.000 euros de los 41.459 solicitados por la Asociación 19 Mujeres de Guillena. Las 17 rosas andaluzas fueron fusiladas tras ser paseadas por el pueblo con las cabezas rapadas y obligadas a ir a misa. La exhumación, actualmente, está parada a la espera de la ayuda.

La Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática recibirá, también según el listado provisional, los 8.000 euros solicitados para exhumar la fosa de los mineros de Huelva que acudieron a Sevilla a reprimir el golpe franquista. El pasado verano, el alcalde de Camas, el socialista Rafael Recio, se comprometió a apoyar la apertura de la fosa, ubicada bajo un parque de educación vial para niños, tras la reiterada petición de Pilar Comendeiro y Nelly Bravo, sobrinas de uno de los represaliados, José Palma Pedrero. Son su única familia y ambas residen en América.

El resto de actividades exhumatorias que cumplen con los requisitos para recibir la subvención son: la localización y la exhumación de los restos de una persona a instancias del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), con 3.000 euros asignados; la identificación de los restos exhumados en la fosa común de Castro del Río y Marmolejo (Córdoba), a petición del Foro Ciudadano de Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, con 15.000 euros; y la intervención en el cementerio de Villanueva de Cauche (Málaga), solicitada por la asociación de Antequera y Comar, con 13.310 euros.

Sobre las actividades de investigación y difusión, la Junta destina inicialmente 31.250 euros.

De las 178 solicitudes presentadas, la Junta ha denegado en esta propuesta de resolución provisional 153. Once de ellas se refieren a exhumaciones, entre las que destaca la fosa de La Puebla de Cazalla (Sevilla), cuyos restos ya exhumados esperan apilados financiación para poder ser identificados.

Público.es


Francisco Etxeberria. forense

julio 6, 2011

«Abriendo fosas abrimos mentes»

04/07/2011 M. ROMERO | león

MÁS INFORMACIÓN

Se trata de un referente mundial en la ciencia forense y en la identificación de víctimas mortales. Participó en la exhumación de Salvador Allende y colaboró con las autoridades chilenas en la identificación de las víctimas desaparecidas a partir de 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Identificó los restos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y ahora, además de presidir la Sociedad de Ciencias Aranzadi, este profesor de Medicina Legal y Forense en la Universidad del País Vasco/EHU lidera el proyecto científico de mayor envergadura sobre el levantamiento de las fosas del franquismo. En una entrevista telefónica, el profesor Etxeberria se muestra convencido de que la exhumación de fosas ha propiciado una consolidación de la democracia, sobre todo porque se visualiza a las víctimas y ha establecido nuevos valores.

-¿Para qué ha servido la exhumación de fosas?

-Abriendo fosas hemos abierto la mentalidad que existía respecto a las tragedias de este país en fechas recientes, tragedias que vieron nuestros padres. Incluso se puede decir que se ha normalizado una historia que permanecía oculta y que para muchos españoles también era trágica, porque precisamente ellos eran víctimas y nunca lo habíamos reconocido.

-¿Qué han aportado los forenses?

-Objetividad e imparcialidad haciendo una serie de informes técnicos que persiguen buscar la máxima información para conocer la verdad. Creo que el balance final es que todo lo que estamos haciendo sirve para consolidar la propia democracia. Mejor dicho, los valores democráticos. Con ello, aunque sea político, estamos construyendo más democracia todos los días. Lo digo frrente a quienes se oponen o creen que esto es reabrir heridas cuando exactamente es todo lo contrario.

-¿De qué manera y por qué es necesario consolidar la democracia?

-Hay una serie de valores cívicos y democráticos que se encierran en la obligación que tenemos todos cuando pensamos en las víctimas. Las víctimas cada vez están más presentes en el contexto diario. Hace años no nos acordábamos de ellas, ni siquiera el derecho penal se ocupaba de atenderlas suficientemente. Lo que estamos haciendo recuerda que hay tragedias que hay que atender porque las víctimas tienen todo el derecho a ser reparadas.

-¿Un forense con su experiencia aún puede sentir conmoción ante la apertura de una fosa?

-En una exhumación realizada en Semana Santa me impresionó mucho el hijo de un asesinado que no se explicaba lo que le había ocurrido con once años, cuando fue apedreado junto a su madre el día que dicieron llevar un ramo de flores a la fosa de su padre. Digo esto porque, para ese niño, lo más trágico de su infancia no es que mataran a su padre, sino cómo su madre y él fueron tratados de manera tan injusta. Todo esto nos lleva a pensar que se producen dobles victimaciones y que los que sufren son los vivos.

-¿Han servido de mucho las subvenciones del Ministerio de Presidencia?

-Se había estado haciendo mucho trabajo sin financiación y eso no posibilita hacer las cosas adecuadamente; no se puede resolver todo desde el voluntarismo, que sigue existiendo, y mucho. Quiero decir que para que una persona investigue en un arvhivo hay que pagarle los honorarios que correspondan, los desplazamientos… De la misma manera, a la persona que está en un laboratorio. Por lo tanto, la financiación del Ministerio de Presidencia en los últimos años ha posibilitado que se hagan más cosas y con mayor cualificación, y también con mayor nivel de exigencia. A partir de ahí, siempre se puede hacer mucho más.

Enlace Diario de León:

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=616785


Una de cada tres fosas sigue oculta por falta de testigos y medios…

mayo 16, 2011
Exhumación de cadáveres en una fosa de la Guerra Civil en Santoyo (Palencia). | Manuel Brágimo

Exhumación de cadáveres en una fosa de la Guerra Civil en Santoyo (Palencia). | Manuel Brágimo

  • Castilla y León es la tercera Comunidad con más localizadas, 187

  • Las asociaciones se marcan el reto de abrir todas en cinco años

Almudena Álvarez | Palencia

El mapa de fosas de la memoria histórica, publicado por el Gobierno la primera semana de mayo, recoge 187 fosas en Castilla y León, donde se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior.

“Un número inicial sobre la que trabajar”, pero sólo un tercio de las fosas que puede haber en esta Comunidad, asegura el historiador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Palencia, Pablo García Colmenares.

A partir de este número “mínimo” de fosas, hay que seguir trabajando, investigando y buscando documentación y testimonios para localizar los restos de las 15.000 personas a las que las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad han puesto nombres y apellidos, aunque la cifra real que desvele el verdadero impacto de la represión en Castilla y León ni siquiera esté todavía cerrada.

Restos encontrados en el Parque de la Carcavilla, Palencia. | Brágimo

Restos encontrados en el Parque de la Carcavilla, Palencia. | Brágimo

Los trabajos realizados hasta ahora por las asociaciones, todas provinciales, barajan esta cifra aproximada de víctimas, con Valladolid y León a la cabeza con más de 3.000 en cada caso, seguidas de Burgos, con más de 2.500, Palencia con 1.500, Salamanca con 1.300, Zamora con más de un millar, Ávila, con 500, y Segovia y Soria con 358 y 298 respectivamente.

Precisamente estas dos últimas provincias son las únicas que tienen cerrado su mapa de víctimas, ya que en el resto se siguen haciendo trabajos de investigación e incorporando datos que permitan concluir los estudios, siempre provinciales, con el número definitivo de víctimas y a ser posible la localización de sus restos.

El problema es que hasta ahora, tan sólo se ha recuperado y enterrado los restos de un 5% de los represaliados, como mucho, según afirma García Colmenares.

Apenas 750 personas han sido devueltas a sus lugares de origen, lo que da idea de la “ingente labor que todavía resta por hacer”.

‘Ni todas las víctimas

El objetivo que se marcan las asociaciones para los próximos cinco años es exhumar las 187 fosas que figuran en el mapa pintado por el Gobierno en Castilla y León, aunque son conscientes de que nunca encontrarán todas, ni todas las víctimas, por falta de medios y de testimonios. O porque en muchos casos se ha removido la zona de enterramientos o se ha construido encima, como es el caso de la A-62 en Torquemada.

De hecho se han propuesto colocar hitos informativos en todos aquellos lugares donde reposan restos de represaliados y es prácticamente imposible recuperar sus huesos.

El caso es que aunque se exhumen la mayor parte de las fosas, no se podrá pasar de un 25% de las víctimas, afirma Colmenares. La explicación es que las fosas que se están exhumando “son fosas pequeñas, con entre 4 y 10 víctimas”, mientras que el mayor número de fusilados fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios de las capitales, cuya intervención se escapa de las posibilidades de las asociaciones.

Colmenares considera necesaria la intervención de las administraciones, del Gobierno, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos, para hacer posible la exhumación de miles de cadáveres que descansan sin identificar en los cementerios de las grandes ciudades.

Precisamente, éste es el punto en que las asociaciones son más críticas con el Gobierno, porque entienden que debería ser la administración la que coordinase todos estos trabajos.

El PP ha anunciado que retirará las ayudas actuales, por lo que la dificultad para seguir rastreando los restos de muchas víctimas será cada vez mayor, según el historiador, quien lamentó que la línea abierta por el PSOE haya sido “insuficiente” y que lo que venga con el PP sea “peor”.

El Mundo.es vía google noticias


Víctimas del franquismo piden a Caamaño ayuda para buscar a los desaparecidos

abril 11, 2011

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha remitido una carta al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para pedirle que su Departamento se responsabilice de la búsqueda de los desaparecidos durante el franquismo.

En la misiva, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, confía en que el Ministerio de Justicia ayude con recursos públicos a facilitar las identificaciones mediante pruebas de ADN y apoye a los equipos que trabajan en las exhumaciones.

Desde hace más de diez años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica busca a los desaparecidos que se encuentran en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, recuerdan en el escrito remitido al ministro.

“Durante 35 años de democracia -señala la ARMH-, desde la muerte del dictador Francisco Franco, las familias de esos hombres y mujeres, que desaparecieron forzosamente, no han podido ejercer los derechos que tiene el deber de garantizarles un Estado democrático”.

Este colectivo lamenta la desprotección, el abandono y el maltrato que sufren las víctimas por parte del Estado español debido a la ausencia de medidas para paliar su sufrimiento.

A su juicio, “el Estado español vive ajeno al drama de miles de familias que buscan a sus seres queridos y esa forma degradante de tratarlas, como si fueran insignificantes, poco tiene que ver con los derechos que debe garantizar, para situaciones tan graves, una justicia democrática”.

Los familiares de los 113.000 hombres y mujeres que todavía se encuentran en fosas comunes consideran en la carta “una gravísima discriminación” que hace unas semanas el ministro de Justicia haya ofrecido a las familias de los bebés robados durante el franquismo el acceso a los recursos para la identificación mediante pruebas de ADN con los que cuenta su Ministerio.

Para la ARMH, la decisión no parece derivada de la limitación de recursos y el consiguiente establecimiento de prioridades, sino del impacto mediático del delito de tráfico de bebés.

Ahora, la asociación espera que el ministro de Justicia garantice la igualdad en el acceso a los recursos públicos dedicados a la justicia y le insta a aplicar el derecho para que los familiares de los desaparecidos puedan enterrar dignamente a sus seres queridos.

Como ejemplo le adjuntan la biografía de Jesús Pueyo Maisterra, un hombre natural de la localidad zaragozana de Uncastillo, que tiene siete familiares directos desaparecidos, entre ellos su padre.

Pueyo nació el 21 de agosto de 1921, vive en Hendaya y a pesar de haberse dirigido desde hace décadas a numerosas instituciones públicas del Estado español nunca ha recibido la ayuda a la que tiene derecho, resalta la ARMH.

ADN.es vía google noticias


Cultura concede tres becas para el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca…

abril 11, 2011

Foto de la Noticia

Foto: EP

SALAMANCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Ministerio de Cultura ha publicado hoy  en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden por la que se conceden las becas ‘FormARTE’ de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del citado Departamento Ministerial y del Colegio de España en París, correspondientes al año 2011.

Con el fin de “formar especialistas en archivística” y dentro del subprograma ‘Becas de Archivística’, el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede en Salamanca, acogerá tres becados entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del año en curso.

Los becarios llevarán a cabo un programa de actividades teórico-prácticas y contarán con el asesoramiento, formación y seguimiento de un tutor o responsable perteneciente a la institución, según la Subdelegación del Gobierno de Salamanca.

Finalizado el período de vigencia de la beca, los beneficiarios que lo hayan cumplido íntegramente recibirán el correspondiente diploma. La dotación de cada una de las becas es de 980 euros brutos mensuales.

Europa Press vía google noticias


El botín de la Memoria Histórica…

enero 30, 2011

Un informe del senador del PP, Joan Huguet, destapa cómo y entre quién se ha repartido el dinero de esta ley.

PALOMA CERVILLA |  MADRID
Día 30/01/2011


Desde que en diciembre de 2007 se aprobó la polémica Ley de Memoria Histórica, el Gobierno de Zapatero ha concedido 13.459.000 euros para la aplicación de esta normativa, que han ido destinados a la financiación de actividades como exhumación de fosas, estudios, homenajes o documentales, a través de subvenciones adjudicadas a asociaciones, fundaciones, agrupaciones familiares, sindicatos y universidades. Un total de 439 entidades subvencionadas, una gran parte vinculadas a la izquierda ideológica, según el informe que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó en el Senado el pasado 9 de diciembre.
El hecho de que una pequeña parte del presupuesto, solo un 25 por ciento, se haya destinado a la exhumación de fosas para localizar a los fallecidos antes, durante y después de la Guerra Civil, llevó al senador del Grupo Popular, Joan Huguet, a bucear sobre el origen de las entidades que han recibido el dinero y el destino real del mismo. Fruto de estas investigaciones ha sido un completo informe sobre la aplicación real de esta Ley, al que ha tenido acceso ABC, y que ofrece una radiografía sobre el destino de estos millones de euros y sobre lo que hay detrás de las entidades que lo han recibido.
La primera conclusión a la que llega el senador popular es que la aplicación de esta Ley ha sido «sectaria» porque ha beneficiado, principalmente, a entidades vinculadas a la izquierda, como el propio Partido Socialista, Partido Comunista y a sindicatos como UGT, CC.OO. o CGT.
Antes de entrar a analizar en profundidad las entidades vinculadas a la izquierda, Huguet apunta la extrañeza que le produce el hecho de que en el reparto del dinero estén beneficiadas al menos cinco entidades vinculadas a León, ciudad natal de Zapatero, que reciben 594.732 euros.
UGT y el PCE
Uno de los datos más destacados de este análisis es que las entidades vinculadas al PSOE han recibido, al menos 617.346 euros. Entre estas entidades y particulares hay que destacar la Asociación de descendientes del exilio español, presidida por Ludivina García, ex diputada por Asturias y eurodiputada, que recibió en 2008 dos subvenciones por importe de 65.900 euros; la Fundación Ferrocarriles Españoles, cuyo director gerente es Jaime Barreiro, ex portavoz del PSOE en el Senado, al que se le han concedido tres subvenciones en sucesivos años por importe de 40.000, 45.000 y 26.826 euros; .
La UGT también ha recibido al menos 207.976. Una de las más elevadas es la de la Fundación Progreso y Cultura de la UGT de Madrid, con 30.050 euros en 2008 y 23.500 en 200. Pero no solo el PSOE, sino varias organizaciones vinculadas al PC han recibido subvenciones, como la Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 30.500 euros en 2008, 18.000 en 2009 y 12.671 en 2010.

De la Guardia Roja a Pilar Bardem

ASOCIACIÓN GUARDIA ROJA
29.906 euros
Esta asociación recibió esta subvención para un trabajo de recopilación, conservación y difusión del patrimonio escrito y fotográfico de dicha formación
FUNDACIÓN MESTIZAJE
93.000 euros
La Fundación Contamíname Mestizaje Cultural de Pedro Guerra organiza actividades culturales en las que participan asiduamente Pilar Bardem, Almudena Grandes o Juan Diego Botto
FUNDACIÓN L´ ALTERNATIVA
10.000 euros
Esta entidad recibió este dinero para un proyecto con el que trataban de difundir los valores republicanos. Los Joves de Esquerra tuvieron 18.500 euros para difundir «La revolución y el deseo»
Desde que en diciembre de 2007 se aprobó la polémica Ley de Memoria Histórica, el Gobierno de Zapatero ha concedido 13.459.000 euros para la aplicación de esta normativa, que han ido destinados a la financiación de actividades como exhumación de fosas, estudios, homenajes o documentales, a través de subvenciones adjudicadas a asociaciones, fundaciones, agrupaciones familiares, sindicatos y universidades. Un total de 439 entidades subvencionadas, una gran parte vinculadas a la izquierda ideológica, según el informe que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó en el Senado el pasado 9 de diciembre.
El hecho de que una pequeña parte del presupuesto, solo un 25 por ciento, se haya destinado a la exhumación de fosas para localizar a los fallecidos antes, durante y después de la Guerra Civil, llevó al senador del Grupo Popular, Joan Huguet, a bucear sobre el origen de las entidades que han recibido el dinero y el destino real del mismo. Fruto de estas investigaciones ha sido un completo informe sobre la aplicación real de esta Ley, al que ha tenido acceso ABC, y que ofrece una radiografía sobre el destino de estos millones de euros y sobre lo que hay detrás de las entidades que lo han recibido.
La primera conclusión a la que llega el senador popular es que la aplicación de esta Ley ha sido «sectaria» porque ha beneficiado, principalmente, a entidades vinculadas a la izquierda, como el propio Partido Socialista, Partido Comunista y a sindicatos como UGT, CC.OO. o CGT.
Antes de entrar a analizar en profundidad las entidades vinculadas a la izquierda, Huguet apunta la extrañeza que le produce el hecho de que en el reparto del dinero estén beneficiadas al menos cinco entidades vinculadas a León, ciudad natal de Zapatero, que reciben 594.732 euros.
UGT y el PCE
Uno de los datos más destacados de este análisis es que las entidades vinculadas al PSOE han recibido, al menos 617.346 euros. Entre estas entidades y particulares hay que destacar la Asociación de descendientes del exilio español, presidida por Ludivina García, ex diputada por Asturias y eurodiputada, que recibió en 2008 dos subvenciones por importe de 65.900 euros; la Fundación Ferrocarriles Españoles, cuyo director gerente es Jaime Barreiro, ex portavoz del PSOE en el Senado, al que se le han concedido tres subvenciones en sucesivos años por importe de 40.000, 45.000 y 26.826 euros; .
La UGT también ha recibido al menos 207.976. Una de las más elevadas es la de la Fundación Progreso y Cultura de la UGT de Madrid, con 30.050 euros en 2008 y 23.500 en 200. Pero no solo el PSOE, sino varias organizaciones vinculadas al PC han recibido subvenciones, como la Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 30.500 euros en 2008, 18.000 en 2009 y 12.671 en 2010.

ABC. es vía google noticias


Asociación andaluza pide a la Junta que amplíe el plazo para mujeres vejadas porque puede haber más casos…

enero 16, 2011

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) ha instado este jueves a la Consejería de Gobernación y Justicia a ampliar el plazo para la presentación de solicitudes abierto a raíz del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros.Seguir leyendo el arículo

La vicepresidenta de esta asociación andaluza, Francisca Maqueda, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el plazo, que ha concluido este jueves día 13 de enero y dentro del cual la Junta ha recibido un total de 206 solicitudes –de las que ya han sido aprobadas 94–, “debería estar abierto siempre”, pues, según ha avanzado, “puede haber muchos más casos” de mujeres vejadas “que podrían presentar” sus respectivas solicitudes.

En este sentido, Maqueda, que se ha mostrado sorprendida no obstante por el número de solicitudes recibidas por la Administración autonómica, ha puesto de manifiesto que, aunque valora el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, “no hay suficiente dinero en el mundo que pague el sufrimiento padecido por estas mujeres”, las cuales, junto a sus familiares, “jamás han solicitado dinero”. “No se puede pagar de ninguna manera lo que estas mujeres han pasado”, ha apostillado”.

De igual modo, la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia ha abundado en la idea de que “este reconocimiento, que se circunscribe al ámbito de lo privado, debería ir acompañado de un homenaje público”, de manera que en los plenos de los ayuntamientos andaluces en los que viven o vivían estas mujeres “se lean sus nombres en alto y se reconozca el papel que han jugado como transmisoras y donantes de memoria”. “Este reconocimiento público sería mucho más efectivo que dar 1.800 euros y contribuiría a limpiar realmente su imagen”, ha sentenciado.

LA JUNTA VALORA AMPLIAR EL PLAZO

Y es que la Consejería de Gobernación y Justicia ha recibido un total de 206 solicitudes, de las que ya han sido aprobadas 94, a raíz del decreto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno sobre una indemnización de 1.800 euros a las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. El consejero del ramo, Luis Pizarro, ha dado a conocer estos datos en rueda de prensa a raíz de que este jueves culmine el plazo para la presentación de la solicitudes, apuntando que se va a estudiar la posibilidad de una ampliación del mismo.

De las 94 solicitudes que ya han sido aprobadas, según el consejero, cinco son de la provincia de Almería; seis, de Cádiz; 34, de Córdoba; seis, de Granada; siete de Huelva; siete, de Jaén; 14, de Málaga, y 15, de la provincia de Sevilla. Por otro lado, se han denegado 25 de las 206 solicitudes porque se referían a personas que no están censadas en la comunidad, y otras 37 por no cumplir los objetivos que se refieren a padres y familiares directos. Asimismo, hay 50 solicitudes a las que se han demandado ampliación de documentación.

Europa Press via Yahoo! España Noticias

Fotografía de archivo


Artículos combinados: “El terror franquista en Andalucía…”

diciembre 29, 2010

Andalucía desvela pueblo a pueblo el terror franquista

La Junta publica un mapa con 614 fosas comunes en 359 municipios

F. ARTACHO / F. GRIMALDI SEVILLA 29/12/2010

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El goteo de puntos negros mancha el mapa más al oeste que al este, más al sur que al norte, en un dibujo que ilustra la ferocidad del avance inicial de las fuerzas golpistas. Todos los puntos son redondos y de igual tamaño. Pero unos esconden más muerte que otros. En Órgiva (Granada) hay 11 puntos. Se desconoce el número de muertos que hay tras la mayoría de ellos. Sí se cree que tras uno hay 196 víctimas. Tras otro, más de 5.000. Órgiva tiene hoy 5.800 habitantes. Quizás sume casi tantos muertos en sus fosas como vivos en sus casas. Para comprobarlo, habría que excavar.

La Consejería de Justicia de Andalucía presentó ayer su mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista. Le salen 614 más que en ninguna otra comunidad en 359 de los 711 municipios andaluces. La mayoría son enterramientos de los primeros meses de la guerra. Pero hay posteriores. El último, en Sierro (Almería), es de 1947.

El dato oficial de víctimas asciende a 47.349, pero se queda corto

La Junta pone sobre la mesa como dato oficial 47.349 víctimas de la represión franquista [ver infografía], de las que se conocen los nombres y apellidos de aproximadamente la mitad. “Seguramente sean más”, opina Arcángel Bedmar, historiador especializado en el caso cordobés. En las dos fosas de la capital cordobesa la Junta sitúa 1.473 y 811 cuerpos. Bedmar advierte que estos datos, sacados de los libros de cementerio, son aproximaciones “por debajo de la realidad”. “Así se comportan las dictaduras, borrando huellas”, concluye. Se calcula que en España hay unas 2.000 fosas. En Violencia roja y azul, el historiador Francisco Espinosa cifra en 130.199 los represaliados por el franquismo en España.

Los datos del mapa andaluz salen de archivos civiles y judiciales, ayuntamientos, cementerios, testimonios… Han sido recopilados por las asociaciones de memoria, que han cargado con el grueso del trabajo. El resultado es aproximativo. Hay fosas que no están en la lista porque hay pueblos donde la represión no se ha estudiado. Tampoco es seguro que cada uno de los puntos identificados sean fosas. “Para saberlo con total certeza, hay que abrir”, explica Cecilio Gordillo, coordinador de Todos los Nombres. Pero el trabajo sí es una aproximación fidedigna y un buen punto de partida.

Hay localizadas incluso fosas, como la de El Rubio (Sevilla), que figuran en el mapa aunque los cuerpos ya han sido trasladados a otro lugar. Otras, también en el mapa, podrían estar vacías si fueron excavadas para llevar los restos al Valle de los Caídos.

“Para tener certezas, hay que excavar”, recuerda Cecilio Gordillo

El mapa de la Junta, en un formato digital interactivo que pronto se publicará en la web de Justicia, permite al usuario consultar las fosas pueblo a pueblo. Con un link en un punto rojos todos ellos en el mapa de la Junta se despliega un menú con fotografías del lugar e información sobre el episodio represivo, la fecha y el número de víctimas. El trabajo supone un avance en cantidad, profundidad y accesibilidad de la información sobre víctimas del franquismo en España. Andalucía se suma a Catalunya, País Vasco y Asturias, las tres pioneras.

“Terroristas de Franco”

Un punto corresponde, por ejemplo, al mayor enterramiento ya excavado en España, el del cementerio de San Rafael, en Málaga, con más de 4.000 cuerpos y casi 3.000 a la espera de identificación. Otro, al de la fosa del cementerio de Huelva, donde se cree que hay 5.000.

“Hay pueblos en los que los terroristas de Franco mataron en un día tantas personas como los terroristas de ETA en toda su historia”, afirma Juan Gallo, comisario andaluz de Memoria Histórica. Ahí está mayor fosa de Nerva (Huelva), donde se cree que hay 1.500 cuerpos. O la de Los Pozos, en Alfacar (Granada), donde podría haber 900, no lejos de donde hace un año se buscó a Lorca.

Memoria pública. Público.es

Localizadas en Andalucía 614 fosas con 47.399 asesinados en la Guerra

La mitad de las víctimas enterradas en 359 pueblos están identificadas

RAÚL LIMÓN – Sevilla – 29/12/2010

Cientos de días de documentación e investigación de los horrores de la Guerra Civil a partir, en el 90% de los casos, de testimonios de supervivientes, familiares o investigadores locales han dado resultado: la localización de 614 fosas en 359 pueblos donde fueron asesinados y enterrados 47.399 andaluces.

La mayoría de paredones (350) se encuentran en Sevilla, Huelva y Cádiz, donde primero ganó el golpe militar fascista. Pero también hay del otro bando. Casi todas las fosas (80%) son de 1936, cuando la ley imperante era el “bando de guerra” y la ejecución se sucedía al denominado “paseo”, que consistía en sacar a los vecinos de sus casas o escondites, llevarlos al cementerio (el 71% de los enterramientos han sido localizados en los camposantos o sus alrededores) y fusilarlos.

Estos son algunos de los datos del Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía, el trabajo finalizado por las asociaciones memorialistas y las universidades andaluzas a través del Comisariado para la Memoria Histórica de Andalucía. En este trabajo se detallan una a una las fosas localizadas, el contexto histórico en el que se crearon, imágenes y actuaciones realizadas.

El objetivo del trabajo es claro, evitar que el miedo, la represión o la autocensura dejen ocultos episodios clave para conocer un conflicto que, según el estudio que acompaña el mapa, “se convirtió en un deliberado y metódico exterminio del enemigo político (…) que se sirvió de la guerra como contexto y pretexto (…) y dejó un legado de miles de víctimas”. En Andalucía, los represaliados por el franquismo suman 130.199.

El resultado ha sido un necesario mapa del horror en el que se detallan asesinatos, violaciones, escarnios, saqueos, esclavitud, exilio y muchas otras formas de represión. “La más cruel”, explica el informe, “y la más directamente orientada a borrar la memoria del enemigo fue la del asesinato sin causa judicial y el enterramiento en fosas comunes”.

Una de las conclusiones de este ejercicio de memoria es que la guerra dibujó su propio mapa y calendario de muerte. De esta forma, la instauración de los consejos de guerra y del Tribunal de Responsabilidades Políticas, a partir de 1937, supuso que el número de fosas se redujese de 565 a 49. La distribución geográfica también tiene las huellas de la evolución del enfrentamiento. Por eso las provincias occidentales concentran más enterramientos que las que quedaron al Este de la línea entre Peñarroya (Córdoba) y Motril (Granada), donde se estabilizó el frente de guerra.

La mayoría de estas ejecuciones, consideradas penalmente como “desapariciones forzosas”, tuvieron lugar en lugares públicos, como los cementerios. Pero un 30% ocurrió junto a carreteras, caminos y vaguadas. Sobre 17 de ellas se edificó posteriormente.

El mapa es significativo porque el 40% de estas fosas han permanecido ignoradas hasta ahora.

El País (Andalucía)

 


Listado provisional de víctimas republicanas de la Guerra Civil y la Posguerra enterradas en el cementerio de Cáceres…

diciembre 27, 2010

La Asociación Pro Memorial en el Cementerio de Cáceres (PROMECECA) persigue, entre otros objetivos, el reconocimiento y homenaje público de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra que fueron enterradas en el cementerio de Cáceres.

El primer paso para conseguir dicho objetivo es saber quiénes fueron estas personas, conocer su nombre y apellidos, su localidad de origen y residencia y otros datos, cuyo conocimiento resulta fundamental.

Desde PROMECECA ponemos a disposición de toda persona interesada un LISTADO PROVISIONAL para confirmar, completar o corregir estos datos. Esperamos la colaboración de todos.

Este enlace lo encontraréis también en nuestras páginas en: “Listados de desaparecidos”

https://lamemoriaviva.wordpress.com/enlaces-adicionales/


Tres años de “Memoria Histórica” institucional…

diciembre 21, 2010

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitud hacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible.

Grupo Memoria Libertaria Valladolid | 20-12-2010   www.kaosenlared.net/noticia/tres-anos-memoria-historica-institucional

La llamada Ley de “Memoria Histórica”, propuesta por el actual gobierno, entró en vigor tras ser publicada el 26 de diciembre de 2007 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llevamos pues tres años de “Memoria Histórica” institucional y, pese a ello, no sólo sigue siendo una materia pendiente la rehabilitación institucional (jurídica) de las víctimas de la represión franquista sino que la búsqueda de las “enterradas en cunetas” continúa realizándose con cuentagotas y sin ser asumida oficialmente por el Estado.

Pese a las declaraciones y promesas del Gobierno socialista, su actitudhacia las víctimas y sus familiares ha sido y sigue siendo incongruente e inadmisible. No sólo porque, a pesar de sus declaraciones y propuestas aparentemente favorables a ellas, en la práctica ha actuado con lentitud y tibieza sino también de forma totalmente contradictoria o negativa cuando se ha tratado de su reparación moral y política.

Tal es el balance de estos tres años de vigencia de dicha Ley. En vez de actos concretos, para responder a las principales reivindicaciones morales, políticas y jurídicas de las Asociaciones de Memoria y de los familiares de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno se ha limitado a gestos y anuncios publicitarios que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones. Gestos y anuncios publicitarios cuyo único objetivo es el de hacer creer que se está haciendo o se quiere hacer algo en favor de ellas y del reconocimiento político-histórico de su lucha; pero que, en realidad, se hacen para seguir escamoteando las reivindicaciones morales, políticas y jurídica.

Gestos y anuncios publicitarios, para salvar las apariencias y dejar pasar el tiempo. Como esta iniciativa para que la UNESCO consideré como “Memoria de la Humanidad” el Archivo de la represión franquista que se encuentra actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. O esta otra similar: la proposición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de crear una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños, para que “estos niños o sus familiares puedan tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos”.

Un desfase total entre las palabras y los hechos del Gobierno, y ello por su porfía en no enajenarse las “simpatías” de los poderes fácticos y del PP. Así se ha podido ver, recientemente, con el destino a dar al único gran monumento que sobrevive de los construidos como símbolos por los regímenes fascistas del siglo XX: la monumental Cruz y a la basílica del Valle de los Caídos. Pues, mientras varios Foros por la Memoria piden la voladura de esa gigantesca cruz, la desacralización de la basílica y que los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y entregados a sus familiares, Jáuregui, el flamante ministro de Presidencia, informa que las obras de rehabilitación de la basílica, en las que se han invertido más de 100.000 euros, están llegando a su fin y que los monjes benedictinos pronto podrán dar nuevamente misas en ella. Además, para ratificar la equidistancia política implícita en la Ley de “Memoria Histórica”, Jáureguiprecisa que, de acuerdo con dicha ley, el Ejecutivo tiene la intención de servirse de ese recinto para “honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política, de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles”.

Las cifras de la Ley de “memoria Histórica”

Siguiendo en esta línea, de sacrificar la ética y la justicia a las “circunstancias” políticas e históricas y a los costos monetarios, Jáuregui acaba de presentar el balance de la aplicación de esta Ley, anunciando que en el próximo trimestre se pondrá en marcha “un portal de Memoria Histórica” y será accesible por internet “el mapa de las fosas”. Afirmando, además, que esta Ley ha permitido a 151.400 hijos y nietos de exiliados recuperar la nacionalidad española y a 21 brigadistas internacionales obtenerla. También ha informado que 849 personas (viudas, hijos y demás familiares de españoles fallecidos en la guerra civil) se han beneficiado de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social. Que otras 57 han obtenido indemnizaciones por concepto de haber sufrido prisión y 382 se han beneficiado de la exención del pago del IRPF por esas indemnizaciones. Que de las 183 solicitudes recibidas en la Comisión de Evaluación para la indemnización a familiares de ejecutados, 48 han sido concedidas, y que de las 143 solicitudes de indemnización para quienes fueron internados por su condición de homosexuales, 82 fueron resueltas positivamente, 44 negativamente y 13 no fueron admitidas, mientras que otras 4 siguen en tramitación. A lo que se debe agregar las 2.196 personas que se han podido beneficiar de las prestaciones aprobadas para los llamados “niños de la guerra” que fueron desplazadas al exterior durante la guerra civil.

A este balance contable, de prestaciones monetarias para las víctimas o familiares de las víctimas del franquismo, de estos tres años de “Memoria Histórica” institucional, Jáuregui ha añadido con mucho énfasis los 855 títulos honoríficos expedidos por el Ministerio de Justicia como reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, resaltando que entre ellas había personalidades tan conocidas como el presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys o el poeta Miguel Hernández. Concluyendo su informe afirmando que hasta el día de hoy se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos relacionados con la “recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral de las víctimas”, y que, para 2011, el Gobierno prevé dedicar a esos proyectos 5.253.850 euros, aunque, con una enmienda presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos, podrá contarse con un millón de euros más.

El precio de la “Memoria Histórica”

Así pues, tanto para el Gobierno del Sr. Zapatero como para el PSOE, la recuperación de la “Memoria Histórica” debe ser compatible con la amnesia deliberada que hizo posible la “Transición” y con la España que la Dictadura y la “Transición” han forjado. Por eso, para ellos, esta recuperación debe quedar limitada a esas prestaciones materiales y a esos títulos honoríficos. Nada de revisión de juicios y anulación de sentencias. Nada de cambiar el entramado jurídico de la Dictadura que no se cambió al momento de la “Transición”. Por eso, hace poco, los “socialistas” con la ayuda de los “populares” han tumbado una moción de ERC reclamando al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo, por sí mismo o bien a través de la Fiscalía del Estado, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo. Sentencias declaradas “ilegítimas” por la Ley de Memoria Histórica; perocuya “ilegitimidad” es puramentesimbólica, puesto que tal declaración no anula la jurisprudencia en vigor, en la que sigue presente como testimonio de su pasado franquista.

El Gobierno y los socialistas saben que no se pide la nulidad por temor a consecuencias judiciales, puesto que la Ley de amnistía de 1976 las hace imposibles. Que se pide porque es una vergüenza que tal estigma figure aún en una jurisprudencia que se pretende democrática.

Lo saben, y por eso el Gobierno se ve obligado a recurrir a malabarismos retóricos para justificar su cobardía moral y política a poner fin a esa vergüenza. Malabarismos retóricos que han obligado al ministro de Justicia, Caamaño, a recurrir a un sofisma para pretender que la petición de anulación de juicios del franquismo es un “imposible jurídico”:puesto que : “La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos”. O sea que, para él y el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos dichos juicios y, en consecuencia, no tiene sentido alguno pedir su anulación. Pero que no tenga sentido para ellos no quiere decir que no lo tenga para los que fueron víctimas de tales juicios, para sus familiares y para cuantos lo consideran un deshonor impropio de una Democracia que se pretende, además, un modelo de Estado de Derecho.

¿Cómo pues no indignarse ante tal falta de ética y de responsabilidad política de un Gobierno y un Partido que, además de proclamarse demócratas, se reclaman del socialismo? Un Gobierno y un Partido que ya desde la constitución de la comisión nombrada por la Presidencia del Gobierno, para preparar el borrador de la Ley de Memoria Histórica, le señalaron a ésta que su misión no era de recuperación de la memoria histórica sino de “reconocimiento de las víctimas de la guerra civil” para “cerrar las heridas que ésta había producido en los dos bandos” -como lo ha reconocido recientemente el historiador José Álvarez Junco, encargado de redactar dicho borrador.

Pues bien, e independientemente de que poner a los “vencedores” de la guerra civil en el mismo plano que los “vencidos” es mostrar una enorme insensibilidad ética y democrática, ¿cómo olvidar que fueron aquellos quienes se vieron obligados a aceptar la soberanía popular por la que luchaban éstos? ¿Por qué pues imponer ahora una equiparación simétrica de las dos Españas que los “vencedores” negaron bárbaramente a los “vencidos” durante casi cuarenta años? ¿Acaso no son las heridas de los vencidos las que siguen sin cerrar?

Es obvio que sí; pero sabemos que, desde el proceso transicional, la estrategia política de los socialistas ha sido la del olvido de la memoria y de la rentabilidad institucional que proporcionaba el nuevo Régimen. No debemos extrañarnos pues que, para ellos, la recuperación de la Memoria Histórica quede reducida al balance contable presentado por Jáuregui, y que los 19.475.985 euros gastados en estos tres años, más los 5.253.850 o 6.253.850 euros para 2011, sea el precio de la Memoria Histórica made in PSOE. Aunque siendo honestos, debemos reconocer que ese es también el precio de nuestra renuncia a la verdaderarecuperación de la memoria histórica.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article214